VEREDICTO. ponen el ejemplo. juicios orales y públicos. Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal

VEREDICTO
®
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
juicios orales
y pÚblicos
www.veredicto.com.mx
Precio $40
tarahumaras
ponen el ejemplo
Año 1 • Número 12 • 2010
>EXPEDIENTE >cide >durango
102 años de cárcel,
la sentencia más alta
en juicio oral, por
triple homicidio
Falta de difusión adecuada,
el mayor problema del
nuevo sistema de justicia
penal en Chihuahua
"Hay confianza en el sistema
de justicia por parte de las
víctimas y de los imputados"
Apolonio Betancourt

02
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

editorial
Dora Villalobos Mendoza
Directora General
direccion@veredicto.com.mx
Oksana Volchanskaya
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Rolando Nájera
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Francisco Javier Pizarro
Víctor González Castro
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Luz Esthela Castro
Jaime Flores Lerma
Corrección
Froilán Meza
Impresión
Carmona Impresores S.A de C.V
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VEREDICTO ®
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia
Año 1, número 12, julio 2010.
Es una publicación mensual, editada y publicada
por DIXI Editorial, S.C.,
VEREDICTO, revista mensual junio de 2010.
Editora Responsable: Dora Villalobos Mendoza.
Número de Certificado de Reserva otorgado
por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:
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Número de Certificado de Licitud de Título en trámite.
Número de Certificado de Licitud de Contenido en trámite.
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Chihuahua, Chihuahua, México.
Impreso en Carmona Impresores, Calzada Lázaro Cárdenas
850, Torreón, Coahuila.
Llegamos al primer
aniversario
Con la revista que tiene usted en sus manos, Veredicto llega
a su primer aniversario.
Si dijéramos que ha sido fácil, mentiríamos porque hacer
una revista especializada en el sistema acusatorio adversarial es
un reto mayúsculo si tomamos en cuenta que la difusión, justo lo
que más necesita este modelo, aunque parezca contradictorio, es la
tarea más difícil y complicada.
Son muchas las razones. La principal, que más allá de una reforma
jurídica, implica un cambio cultural de gran envergadura que
requiere tiempo y paciencia para convencer a propios y extraños de
las ventajas que tiene este modelo.
Y otra razón, igual de poderosa, es la violencia desbordada que
enfrenta México y particularmente Chihuahua, estado donde empezó
la reforma penal integral. Rebasadas, las autoridades correspondientes,
no han logrado convencer a la población de que el nuevo
sistema de justicia penal no es la causa de esta violencia.
Como decíamos, el reto es difícil, pero apasionante porque se
trata de un cambio histórico. Quienes hacemos Veredicto estamos
convencidas y convencidos de que el sistema acusatorio adversarial
es la mejor vía para tener una justicia más transparente.
Pero nuestro compromiso con los operadores de este modelo no
es incondicional. Al contrario, justo porque se trata de un sistema
transparente, una de las principales tareas de Veredicto es cuestionar
el mal desempeño de los agentes del Ministerio, defensores,
coadyuvantes, policías ministeriales y por supuesto jueces que tienen
a su cargo la administración y procuración de justicia.
Dora Villalobos Mendoza
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Teléfono (614) 426-67-21
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SE PROHIBE la reproducción parcial o total
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VEREDICTO / Año 1 • Número 12 03

VEREDICTO
contenido
>Expediente
>Expertos
Diana Cristal
González Obregón
hace evaluación del
nuevo sistema en
Durango
[32]
102 años de prisión
por tres homicidios
y otros tres en grado
de tentativa, en
hechos ocurridos
en Atascaderos,
municipio de
Guadalupe y Calvo
[16]
>CIDE
Urge difundir a la
sociedad metas y
alcances del nuevo
sistema
[22]
>UACJ
Firman convenio
con Poza Rica
[38]
>Indígenas
Ponen el ejemplo en los juicios
orales y públicos que desde hace
siglos representan su forma de
impartir justicia
[6]
>Opinión
Jaime Flores Lerma ...... 42
Víctor González Castro ...... 43
04
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

VEREDICTO
>Baja California
Visitan Chihuahua defensores
públicos previo a la entrada en
vigor del nuevo sistema
en Mexicali
[26]
>Durango
Apolonio Betancourt
habla sobre la
consolidación del modelo
acusatorio
[28]
>Procuraduría
Se gradúan policías
ministeriales en
Procuración de Justicia
[40]
>UACh
Octavio Rodríguez
Gaytán imparte
litigación oral
[36]
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 05

INDÍGENAS
Juicios orales
Los tarahumaras
YANNEDH VILLALOBOS
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
JUAN LUIS SARIEGO
Rodríguez
ALFREDO RAMírez
Hernández
ana cely palma
loya
Chihuahua, Chih.- Fundamentos
del nuevo sistema de justicia
penal, como la oralidad,
la transparencia y la reparación
del daño, son práctica constante de
los tarahumaras desde hace tres siglos.
Sus juicios tradicionales han sido
tema de estudio de numerosos antropólogos
y sociólogos.
El sistema de gobierno que opera actualmente
entre los tarahumaras se instauró
cuando llegaron los misioneros a
estas tierras. Igual sucedió en la generalidad
de los pueblos indígenas en toda la
Nueva España, comenta el doctor en antropología
Juan Luis Sariego Rodríguez,
catedrático e investigador de la Escuela
Nacional de Antropología e Historia
(ENAH).
Los tarahumaras adoptaron el sistema
de gobierno que en esa época tenían
los ayuntamientos en España, es por
ello que muchos nombres de cargos coinciden,
por citar el alaguachi que es el
alguacil y los sontarsi que son los soldados.
Algunos eran cargos de orden
militar para controlar a la gente.
06
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

y públicos
ponen el ejemplo
vÍctor martínez
Jaime Enríquez
Aída Isela González
DiaZ
Desde hace siglos los indígenas han
impartido justicia en juicios orales y
públicos para dirimir conflictos en sus
comunidades.
Los tarahumaras, etnia radicada en el
estado de Chihuahua, manejan una filosofía
muy similar a la justicia restaurativa, ya
que en primer lugar buscan la reparación
del daño y no el castigo. Para ellos, la
finalidad del juicio no es encontrar
culpables, sino restablecer la armonía
y el tejido social.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 07

INDÍGENAS
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Audiencia pública para dirimir conflictos en la comunidad
Juan Luis Sariego desmiente a
quienes afirman que los sistemas de
gobierno que subsisten con los indígenas
son tribales, pues asegura que
a partir de descripciones de los misioneros
se sabe que antes de la llegada
de los españoles no tenían un
sistema centralizado. Operaban más
a nivel de comunidad, y los líderes
eran personas con conocimientos
sobre la vida y la muerte, o lo que
comúnmente se llaman chamanes o
curanderos. Tan es así, que estas personas
siguen siendo respetadas por
los indígenas.
Luego de la conquista, los españoles
vieron necesario instaurar un
sistema de gobierno con el único objetivo
de ejercer un control sobre los
indígenas. Lo irónico es que algunos
grupos étnicos, entre ellos los tarahumaras,
se apropiaron tan bien de
esos sistemas, que al día de hoy los
utilizan para defenderse y mantener
sus tradiciones.
Los tarahumaras tienen una organización
social que conjunta varias
comunidades bajo el mando de uno
o hasta tres gobernadores dependiendo
del área de influencia, señala
Alfredo Ramírez Hernández, director
de Albergues Escolares Indígenas
de la Comisión de Desarrollo de
los Pueblos Indígenas
De tal suerte que en la sierra tarahumara
existen delimitaciones políticas
muy claras regidas por sus gobernadores
tradicionales, así como
otras autoridades, aún y cuando esos
territorios van más allá de límites
municipales y de ejidos, pues se trata
de circunscripciones muy antiguas.
Sin embargo, de pueblo a pueblo no
existen delimitaciones territoriales
como mojoneras o algo parecido,
pues el gobernador o warú siriame
(el portador de la lanza) gobierna
personas, no kilómetros cuadrados.
Por ejemplo, una parte del pueblo
Tegüerichi está en el municipio
de Bocoyna, otra en Carichí y otra
en Guachochi, abunda Sariego Rodríguez.
A diferencia de otros grupos
étnicos que fueron más aguerridos
contra los conquistadores, la
forma de gobierno de los tarahumares
carece de Estado, es decir
no tienen un poder central, ningún
gobernador es más que otro y ningún
gobernador puede ejercer justicia
en otro pueblo que no sea el
suyo, asegura Sariego Rodríguez.
Sin embargo, no por carecer
de Estado tienen un sistema menos
complejo, aclara el antropólogo.
Como ejemplo, pone el caso
de Norogachi, donde presiden tres
gobernadores, entre ellos una mujer.
Esta región tiene a sus órdenes
diez capitales y cada uno está a
cargo de un territorio, con un alguacil
o alaguachi que lo apoya.
Estas son las autoridades civiles,
las cuales son sustituidas por
las de las fiestas de Semana Santa,
cuando entran figuras como el
mayordomo, los abanderados y los
fiesteros.
Los tarahumaras tienen un sistema
político de democracia directa,
pues ellos eligen a sus autoridades.
El pueblo decide si reelige o
remueve a sus gobernantes.
“El pueblo es la autoridad
máxima”, enfatiza Ana Cely Palma
Loya, secretaria particular del
coordinador estatal de la Tarahumara.
En la misma tesitura, quien
no participa en la vida activa de
la comunidad, para los rarámuris
es un lastre, igual que quien comete
alguna conducta antisocial.
Tiene sentido esta consideración,
pues su entorno generalmente tiene
que ver con grupos pequeños,
que conviven y se apoyan mutuamente.
Cada una de las personas
tiene o juega un papel importante
dentro de su comunidad, enfatiza
Alfredo Ramírez.
Dentro de su sistema de gobierno,
una de las funciones más
importantes de los gobernadores
tradicionales es la de hacer justicia,
resalta Sariego Rodríguez.
El objetivo primordial del sis-
08 VEREDICTO / Año 1 • Número 12

Consejo de ancianos escucha el problema
>>>Los tarahumaras
manejan una filosofía
muy distinta de justicia
que los occidentales
o chabochis como los
nombran ellos, pues
buscan en primer orden
la reparación del daño
y no el castigo
tema de justicia de los rarámuris es
recuperar la armonía en su sociedad,
al interior de los habitantes de su
pueblo, recalca Víctor Martínez, antropólogo
de Sierra Madre A.C.
En términos generales, los tarahumaras
manejan una filosofía muy
distinta de justicia que los occidentales
o chabochis como los nombran
ellos, pues buscan en primer orden la
reparación del daño y no el castigo.
Es por ello que en el idioma rarámuri
no existe la palabra castigo,
pues la finalidad del juicio no es encontrar
culpables, sino restablecer la
armonía. “La justicia no tiene un fin
castigador”, insiste el antropólogo de
Sierra Madre A. C.
A diferencia de la justicia occidental,
los rarámuris consideran
graves delitos que en apariencia no
traen mayores consecuencias, como
el chisme y el robo, explica Víctor
Martínez, pues estas conductas antisociales
que pueden dañar de manera
seria la convivencia en la comunidad.
Juzgan delitos como la envidia e
infidelidad, señala Juan Luis Sariego,
al indicar que muchas veces juzgan
delitos que para los mestizos son ridículos;
sin embargo, en comunidades
pequeñas son conductas que en
definitiva cobran importancia, pues
pueden dañar la paz social.
Jaime Enríquez, titular de la Coordinación
Estatal de la Tarahumara,
enfatizó que los rarámuri, si bien no
tienen un catálogo preciso de las conductas
antisociales que se llevan a la
justicia tradicional, por lo general se
trata de robo de animales, golpes, riñas,
agresiones, falta de respeto a las
autoridades tradicionales y la omisión
de cuidados de niños, personas
desvalidas y ancianos. “Son acciones
que van en contra del respeto y cordialidad
que debe prevalecer en la
comunidad”, hace ver.
Los tarahumaras toman tesgüino
sólo en fiestas y es para agradar
a Dios. Juzgan y califican como alcohólico
a quien toma fuera de esta
norma y a quien se atreva a adulterar
el tesgüino por medio de bebidas con
alto grado de contenido de alcohol,
abunda Jaime Enríquez.
Sin embargo, en algunas comunidades
ya no juzgan esta conducta,
sobre todo en las más cercanas a expendios
de bebidas y licores, reconoce
el titular de la Coordinación Estatal
de la Tarahumara.
Necesariamente debe haber una
acusación, los delitos no se persiguen
de oficio. Generalmente, el afectado
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 09

INDÍGENAS
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
>>>Los juicios se
hacen públicos no sólo
para dar participación
a la comunidad, sino
también para
evidenciar a aquella
persona que se está
portando mal, opera
la vergüenza pública
expone su causa al gobernador. Dependiendo
del caso, es posible que
éste cite al acusado y se pueda llegar
a un acuerdo y evitar el juicio, explica
Víctor Martínez.
Cuando no se logra un acuerdo
entre las partes, ya sea porque el acusado
no acuda a la cita, o simplemente
el acusador no quiso negociar, se
emplaza a juicio, siempre en domingo
después del nawesari (sermón que
expresa el gobernador a la comunidad
después de misa). Si el acusado
no acude, el gobernador manda a los
soldados a traerlo.
El proceso de los juicios varía de
pueblo a pueblo. Sin embargo, existen
ciertos principios que son comunes:
son públicos, orales y en general
opera la reparación del daño.
Con bastante anticipación, el gobernador
comunica a toda la comunidad
sobre el juicio, a efecto de que
todo el pueblo esté presente. Toda la
gente tiene derecho a la palabra en
el juicio, se presentan alegatos de las
dos partes y testigos a favor y en contra
del enjuiciado.
En los juicios, el gobernador o
gobernadores presiden, con la asesoría
de exgobernadores o de gente
que ellos consideran sabia. Toda la
comunidad participa, unos acusan,
otros defienden. Empieza a hablar
la gente, incluso al mismo tiempo,
las autoridades observan, escuchan.
Al final, algunas de las pláticas van
venciendo a otras, se van quedando
permanentes hasta que ya se dicta
sentencia. Generalmente se pide la
reparación del daño”, expone Alfredo
Ramírez.
“Todo lo que perturbe la paz social
es asunto en el que debe participar
la voluntad de la comunidad y
del gobernador”, subraya el antropólogo
Víctor Martínez.
Los especialistas en este tema coinciden
en que los juicios se hacen
públicos no sólo para dar participación
a la comunidad, sino también
para evidenciar a aquella persona
que se está portando mal, opera la
vergüenza pública.
“Para nosotros no hay más castigo
que la evidencia, ante los demás
hermanos, ante la propia familia”,
señaló Ana Cely Palma.
Además de ser públicos, los juicios
son orales. “De hecho, toda la
cultura de los rarámuri es completamente
oral”, subraya Sariego Rodríguez.
En el mismo tenor, la palabra es
muy importante para los rarámuris,
enfatiza Víctor Martínez: “La palabra
basta, la palabra se dice con verdad,
a diferencia de nuestra sociedad”.
Dada su cultura oral, es de entenderse
que las formas de hacer
juicios se transmiten de generación
en generación, es por ello que acude
toda la familia. Los adultos hombres
y mujeres son los únicos que pueden
participar. Los niños observan.
Como parte imprescindible de la
justicia se aplica la reparación del
daño, sin este requisito no se restablece
el tejido social. “Es como cocer”,
subraya Alfredo Ramírez.
Aunque la pena de cárcel, no es
una constante en los juicios tradicionales,
sí se da. Esta pena no se impone
en la generalidad de las comunidades
rarámuri, pues cada pueblo tiene sus
propias reglas, se puede decir que no
existe un patrón general para los juicios,
enfatiza Alfredo Ramírez.
10
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

Donde se dan penas de cárcel la
casa de la comunidad o komérachi
opera como reclusorio, se trata de
un cuarto que muchas veces no tiene
puerta y cuando la tiene no tiene cerradura.
Sin embargo, el preso se queda
ahí por el tiempo que haya decidido
la comunidad y sus autoridades.
“Es una vergüenza para ellos estar en
el komérachi”, señala Jaime Enríquez.
La más terrible y vergonzosa pena
que puede recibir un rarámuri es la
expulsión. “Es una vergüenza tal que
llegan en ocasiones hasta el suicidio”,
asegura el titular de la Coordinación
Estatal de la Tarahumara.
Esta sentencia se aplica cuando la
persona cometió un delito que ellos
consideren grave o es reincidente.
Definitivamente, los tarahumaras
no llevan delitos graves a sus juicios
tradicionales, es muy posible que
esta regla se aplique desde tiempos
de los misioneros, señala Sariego
Rodríguez. Ellos los llaman delitos
de sangre. Por ejemplo, asesinatos,
lesiones graves y violaciones.
Cuando un indígena comete un
delito de sangre, el mismo gobernador
acude a las autoridades occidentales
a entregar al acusado, siempre
sin oponer resistencia, enfatiza Jaime
Enríquez.
“Existen muy pocos indígenas
prófugos de la justicia, la verdad es
que ellos mismos vienen y se entregan
a las autoridades. El indígena
es muy respetuoso de la vida de las
personas y de su cultura, de la vida
de sus hermanos porque para ellos
todos somos sus hermanos”, asegura
el coordinador estatal de la Tarahumara.
Platica Enríquez que antes, los rarámuri
emitían sentencias de azotes,
los desnudaban y apedreaban. Señala
que es muy posible que los gentiles
sigan manteniendo un poco estas
prácticas, sobre todo en los lugares
más alejados de la civilización
Alfredo Ramírez, enfatiza que
la entrega de los sujetos que cometen
delitos de sangre opera también
como una especie de expulsión, pues
el mismo pueblo no los quiere por
violentos.
>>>Cuando un
indígena comete un
delito de sangre el
mismo gobernador
acude a las
autoridades a
entregar al acusado
A diferencia de los mestizos que
buscan siempre darle la vuelta al
pago, los rarámuri cumplen cabalmente
con las sentencias que se emiten
en los juicios tradicionales; en
definitiva no existe el incumplimiento,
subraya Jaime Enríquez.
Dentro de los juicios tradicionales
existe el mayora, que es una especie
de juez especial para los problemas
familiares, encargado de juzgar a los
niños y problemas matrimoniales,
explica el doctor Juan Luis Sariego.
Tepehuanes
Para hablar del sistema de justicia
tepehuana se tiene que empezar por
mencionar que tiene todo un sistema
de gobierno propio y complejo, enfatiza
la antropóloga Aida Isela González
Díaz, directora de Alianza Sierra
Madre, A.C.
El sistema de gobierno y de justicia
de los ódami es muy similar al
de los tarahumares. También tienen
la figura del gobernador o kaigi y
sonoana kiakami (segundo gobernador).
Los juicios son orales, públicos
y la reparación del daño es una constante
en las sentencias.
Sin embargo, existe una diferencia
importante pues los ódami sí
tienen un Estado. El Moyi o Capitán
General es la autoridad máxima, está
por encima de los gobernadores.
Una figura interesante del sistema
de justicia tepehuana es el oigarra
biakami o defensor, quien opera
como defensor público y sin él es
imposible que se realice el juicio. En
este sistema existe además la figura
del gibadami o castigador, quien se
encarga de ejecutar los veredictos.
La antropóloga de Alianza Sierra
Madre, A. C. puntualiza que los tepehuanes,
igual que los tarahumaras,
están muy conscientes y respetan la
interacción de dos sistemas de justicia,
el tradicional y el occidental, por
ello no juzgan delitos graves, lo que
ellos llaman hechos de sangre.
Igual que en el sistema rarámuri,
los niños pueden ser enjuiciados solo
que con el permiso del papá.
Los juicios se desarrollan a partir
del 9 de septiembre hasta un día
antes del jueves de Corpus, esto relacionado
con la siembra y con festejos
sagrados, pues consideran que
los pleitos afectan la armonía y traen
tensiones.
Isela González considera que
los sistemas de gobierno de los pueblos
indígenas han persistido y han
recuperado formas de organización
propias, a pesar de varios siglos de
colonización y de la imposición de
un modelo político hegemónico en
este país.
Enfatiza que reconocer los gobiernos
indígenas y sus sistemas de
impartición de justicia sería verdaderamente
reconocer la pluriculturalidad
de la nación mexicana.
“Creo que al sistema judicial le
ayudaría muchísimo que los sistemas
de impartición indígena estuviesen
reconocidos, porque les descargaría
muchísimo trabajo, está demostrado
que tienen capacidad para gobernarse,
capacidad para impartir justicia
y en consecuencia, coadyuvar en el
orden social, entonces al sistema de
justicia mexicano le ayudaría a descargar
trabajo en delitos menores que
son los que ellos juzgan”, subraya.
La antropóloga criticó que aún
no se ha aprobado una ley integral
de los derechos indígenas, requisito
indispensable para el reconocimiento
de sus derechos.
“La única limitación que debería
haber para reconocer el sistema del
derecho indígena sería la violación a
los derechos humanos, pero eso debe
ser para cualquier cultura y cualquier
sociedad”, concluyó.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12
11

INDÍGENAS
RELATOS
Alfredo Ramírez
Director de Albergues
Escolares Indígenas de la
Comisión de Desarrollo de
los Pueblos Indígenas
Sucedió en Arareko. No recuerda la
fecha exacta. Le tocó asistir a un juicio
donde una mujer visiblemente enojada
acusaba a un joven chofer de un camión
por atropellar a su perro.
El juicio se desarrolló después de misa.
La mujer quería que el joven le pagara
el perro. Pronto se armó la discusión en
grande, todos los asistentes opinaban, la
mujer reclamaba por qué le había matado
a su perro. El joven decía que había
sido un accidente porque el perro se le
atravesó.
La mujer y algunos de los presentes
cuestionaron al joven por qué no se detuvo.
Otros más culpaban al perro. Al final
como sentencia le suspendieron el manejo
del camión por varios días, lo previnieron
para que no lo volviera a hacer y
se le dio el respectivo sermón por parte
del gobernador.
Víctor Martínez
Antropólogo de
Sierra Madre,
A.C.
Ocurrió en Munerachi
durante una tesgüinada. Un
hombre ya alcoholizado mató
a otro, al parecer eran hasta
amigos. Sin embargo, la fiesta
continuó.
Ya en el juicio, el homicida
reconoció su acto y la sentencia
de las autoridades fue en el
sentido de que se hiciera cargo
de la familia de la víctima hasta
que la esposa encontrara a
otro hombre o hasta que los
hijos crecieran. Sin embargo,
el caso llegó a las autoridades
chabochis de Batopilas y
fueron por el asesino. Todo el
pueblo quedó muy triste y manifestando
su inconformidad,
pues encarcelaron al asesino y
dos familias se vieron perjudicadas.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
12
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

Felipe Ruiz Becerra
Coordinador General de la
Comisión de Solidaridad
y Defensa de los Derechos
humanos A. C
Allá por 1978 en un pueblo de la alta
tarahumara en una tesguinada, ya en
la madrugada, dos mujeres empiezan a
bailar, una de ellas en una acción desinhibida
se quitó su blusón o napachi y
traía a su bebé amarrado en la espalda,
bailando. Empezó a gritar y se hizo de
palabras en una especie de juego con
otra mujer.
Un borrachito, pensando que la situación
era de pleito, interviene, y como las
mujeres no le hicieron caso, le aventó un
leñazo a la mujer medio desnuda. Ella,
para esquivar el golpe se agachó y el leño
pego contra el bebé y lo mató.
Al día siguiente, ya todos buenos y
sanos le hicieron juicio al homicida. El
hombre aceptó su responsabilidad. “Lo
hice sin querer, solo quería separarlas”,
argumentó. La mamá del bebé en el juicio
dijo que nadie le iba a regresar a su
hijo y pidió tres vacas. Así se resolvió el
caso. El hombre pagó.
Juan Luis Sariego
Catedrático e
investigador de la
ENAH
Un juicio se desarrolló en San Ignacio
de Arareko. Dos señoras
fueron con el gobernador a pedir juicio
contra un borracho que se trepó
a un cerro y empezó a tirar piedras
grandes a un valle. De tantas piedras
que tiró mató a algunas vacas. Las
dueñas de los animales exigían un
pago.
El juicio duró hora y media porque
el hombre no quería reconocer
su culpabilidad. Las mujeres alegaban
y alegaban. Llevaron testigos.
Finalmente el acusado reconoció su
responsabilidad. El gobernador le
puso una regañada, le dio un sermón
o nawesari, diciéndole pórtate bien y
lo obligó a reponer el daño.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 13

INDÍGENAS
JUAN LUIS
SARIEGO
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
“El sistema de justicia de los rarámuri
ha demostrado su eficacia
por varios siglos, aún y cuando no
ha sido reconocido por el Estado.
El hecho de que siga existiendo demuestra
que tiene su funcionalidad,
que tiene su razón de ser, es un sistema
que permite la sociabilidad. Si
el sistema de justicia tradicional de
los tarahumares desapareciera, las
comunidades de este pueblo serían
mucho más conflictivas, debería ser
reconocido por el Estado Mexicano
y particularmente el Estado de Chihuahua.
No veo por qué ese sistema
tenga que ser visto como un sistema
en conflicto con el sistema de la justicia
nacional, más bien lo veo como
un sistema que contribuye. En el estado
de Oaxaca aprobaron la Ley de
Usos y Costumbres, la cual ha sido
muy polémica, pues establece que
para la elección de autoridades deben
prevalecer los usos y costumbres
y deja a un lado a los partidos políticos.
Al igual que sucede en otros
estados de la República, aquí excluyen
a los indígenas del gobierno municipal,
estatal y federal. Cuántos alcaldes
indígenas se conocen, cuántos
diputados indígenas, en la historia de
Chihuahua creo que han habido dos
diputados indígenas, y eso hace mucho
tiempo, entonces de facto están
prácticamente excluidos del sistema
político y quizá ellos tampoco quieren
participar, Aquí el asunto no es
convertirlos en el tipo de autoridades
nuestras, sino a respetar su sistema
político. Los gobernadores rarámuri
no quieren ser alcaldes, sino simplemente
que el Estado les reconozca
sus atribuciones, entre ellas una de
las más importantes que es la de
aplicar justicia. Si la justicia indígena
fuera reconocida, beneficiaría mucho
la aplicación de la justicia general, si
los jueces y los agentes del Ministerio
Público se apoyaran más en los gobernadores
de los pueblos indígenas
habría mayores posibilidades para
ejercer la justicia en el territorio de
la sierra, lo mismo digo si la administración
pública municipal, estatal
y federal, porque si eso sucediera
los programas de apoyo y en general
para cualquier política pública
que los involucre tendría mayor
eficacia. Es común que se den situaciones
de interculturalidad, es
decir cuando alguna de las partes
se vale de la ley no indígena para
acusar, por ejemplo se presentan
muchos casos de acusaciones de
violación. Cuando un joven y una
jovencita empiezan a tener relaciones
sexuales como suele suceder
en la cultura tarahumara, y
si la familia de la joven no está
de acuerdo con la relación, acusa
al joven de violación, es decir se
apoyan en leyes occidentales para
acusar de un delito que en lógica
indígena no es delito.
14
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

JAIME
ENRÍQUEZ
“El sistema de justicia de los tarahumares
es magnífico, es tan bueno y
efectivo porque contempla la justicia
restaurativa, igual que está pasando
con el nuevo sistema de justicia
penal en Chihuahua y que lo está
adoptando toda la República, es un
sistema donde predomina el respeto
a las personas y a sus pertenencias, a
su cultura y a su identidad, es simplemente
magnífico”.
ALFREDO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ
“Sin importar lo que los mestizos
piensen sobre el sistema de justicia
de los rarámuri, es completamente
funcional, permite a la gente seguir
unida, sería bueno que todos buscáramos
conocer cómo ellos solucionan
sus conflictos, sin duda aprenderíamos
mucho, aún y cuando ellos
están educados en un esquema social
muy distinto”.
VÍCTOR
MARTÍNEZ
ANA CELY
PALMA LOYA
Joven tarahumara
“Para mí es una de las formas
de hacer justicia más humanas que
puede existir, porque no se pierde
de vista que se juzga a personas
que, igual que uno, pueden cometer
errores. Además se concientiza
sobre los daños que se cometen
ya sean físicos, morales o materiales.
No se busca castigar, decimos
nosotros por qué hacerle daño a
una persona que es igual que yo,
que es una persona que siente,
que tiene valores, sentimientos,
por eso se busca más bien sanar el
daño, no borrarlo, pero si sanarlo.
Esto te ayuda a crecer como persona
y a vivir en paz porque en
el rarámuri no cabe la venganza,
el odio, el rencor o la envidia”.
“En el sistema de justicia de los
tarahumares lo importante es la persona
y la comunidad y por eso va
mucho más allá de un esquema que
busca solamente el castigo, tenemos
mucho que aprender de estos pueblos,
particularmente en cuanto a
la aplicación de la justicia, donde
el objetivo es la recuperación de la
armonía, el estar bien con todos,
consigo mismo, con los demás y con
quien vive arriba, con quien dio la
vida, bien vale la pena que los sistemas
de justicia estatal y federal
volteen la mirada, abran la mente y
el corazón hacía lo que nos pueden
enseñar los pueblos indígenas en
Chihuahua y en todo México”.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 15

expediente
102 años de prisión por tres homicidios
y otros tres en grado de tentativa
La sentencia
más alta
en juicio oral
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Chihuahua, Chih.- En una decisión histórica,
la sentencia más alta impuesta por un
tribunal -102 años-, fue emitida y aplicada
individualmente a tres ofensores juzgados
en mayo y junio pasados en el Tribunal de
Juicio Oral del Distrito Judicial Morelos, con la
cabecera en la capital de Chihuahua.
16
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

Héctor Javier
Talamantes Abe
Aram Delgado García
Mario Alberto de
la Rosa Fierro
Se trata de José Luis Gamboa
Arballo, Juan Raúl
Javier Olivas, alias “El Chichí”
o “Chacho”, y de Adalberto
Cornejo Rojas, alias “El Güero”,
a quienes se les sumaron
en forma consecutiva diferentes
condenas.
Recibieron ellos una primera
sentencia de 31 años de confinamiento
carcelario por habérseles
encontrado culpables de
Froilán Meza rivera
homicidio agravado y calificado
por ventaja y alevosía en contra
de un menor. Se les agregó una
segunda pena de 42 años, por
el doble delito de homicidio calificado
por ventaja y alevosía,
cometido en perjuicio de otras
dos de sus víctimas.
Por el injusto de tentativa de
homicidio agravado y calificado
por ventaja y alevosía, en perjuicio
de dos menores, se les
impuso pena de 11 años por
cada víctima, y a fin de cuentas
un total de 22 años de prisión, a
cada uno de los imputados.
Y finalmente, en cuanto al ilícito
de tentativa de homicidio calificado
por ventaja y alevosía en
perjuicio de otra de las víctimas,
les fueron impuestos siete años
de pena de cárcel.
El total resultó en 102 años
para cada uno de los acusados.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12
17

EXPEDIENTE
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
>>> El argumento de
los juzgadores para
la acumulación de
las penas fue que se
atendió a la naturaleza
de las acciones típicas
y a la magnitud de los
resultados dañosos
que se produjeron de
la acción criminal
El argumento de los juzgadores
para la acumulación de las penas fue
que se atendió a la naturaleza de las
acciones típicas y a la magnitud de
los resultados dañosos que se produjeron
de la acción criminal, porque
el hecho se perpetró en contra de un
grupo de personas en el que figuraban
menores de edad, uno de ellos de
escasos once años.
¿Cuáles fueron los hechos?
¿Cómo se generó el ataque armado
que resultó en una masacre?
Una Verdadera Masacre
Del 28 de mayo al 15 de junio
de 2010 se constituyó el tribunal de
juicio oral integrado por el juez presidente
Aram Delgado García y los
jueces Mario Alberto de la Rosa Fierro
y Héctor Javier Talamantes Abe,
para actuar en contra de José Luis
Gamboa Arballo, Juan Raúl Javier
Olivas y Adalberto Cornejo Rojas.
Se aclaró que, aunque el territorio
en el que se realizaron las acciones
delictivas no corresponde al
Distrito Judicial Morelos, el Poder
Judicial tuvo a bien hacer el cambio
de adscripción hacia la capital del estado,
en razón a la gravedad de los
hechos.
El 2 de julio del año 2009, entre
las ocho y media y nueve de la noche,
en un lugar conocido como El Arbolito,
de la sección municipal de Atascaderos,
en municipio Guadalupe y
Calvo, las víctimas AOP (menor de
edad), Víctor Isaías, Rigoberto (todos
de apellidos Olivas Peña), Jorge
Manuel Alderete Ayala y los menores
JCCA y AOC, se bajaron del vehículo
en que viajaban -una Cherokee color
verde-, para hacer sus necesidades
fisiológicas.
En ese momento arribó al lugar,
en sentido contrario, otro vehículo,
también Cherokee, en el que venían
varias personas, entre ellos los acusados.
Juan Raúl Javier Olivas gritó:
“Manos arriba, acomódense ahí”.
Pero las víctimas no hicieron exactamente
como se les ordenó, y de pronto
empezó a rugir la metralla.
Los agredidos se encontraban
desarmados y con la sorpresa no supieron
bien qué hacer para defenderse.
Pero los acusados lograron privar
de la vida a Isaías Olivas Peña, al menor
AOP y a Jorge Manuel Alderete
Ayala, en virtud de la gravedad de las
heridas. Trataron asimismo los atacantes
de asesinar a Rigoberto Olivas
Peña y a los menores AOC y JCCA,
sin haberlo logrado porque éstos pudieron
huir del lugar de la emboscada
y se refugiaron en algunas piedras
que hay a un lado del arroyo.
Todavía así, Rigoberto Olivas
Peña y el menor JCCA sí alcanzaron
a ser lesionados por los proyectiles.
Valoración
El Estado como representante
de los intereses de las víctimas en
boca del fiscal, presentó material demostrativo
para valorar el delito de
homicidio. Entre los elementos que
aportó se cuentan:
1.- El hecho de la previa existencia
de las vidas humanas;
2.- La posterior supresión de esas
vidas por las acciones de los imputados,
que es el tipo de delito descrito
en el artículo 15 del Código Penal;
3.- Que el sujeto activo en el delito,
conociendo la ilicitud de sus actos,
haya querido obtener el resultado
típico de su acción. En este caso
aplica la definición de dolo descrita
en el artículo 18, fracción I del Código
Penal:
4.- Asimismo, se tomó en cuenta
la minoría de edad en una de las
víctimas.
Por otro lado, la tentativa de dicho
ilícito se acreditó al quedar cumplidos
los elementos que configuran
dicha modalidad de grado, en los siguientes
argumentos:
a) Se ejecutaron los actos tendientes
y eficaces que deberían provocar
la muerte de Rigoberto Olivas Peña y
de los menores con iniciales AOC y
JCCA, actos que consisten en haber
disparado en repetidas ocasiones di-
18
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

versas armas de fuego en su contra,
y con el consiguiente daño corporal
que se produjo en el primero y en el
tercero de los citados;
b) Para acreditar la tentativa,
asimismo, se ejercitaron comportamientos
que pusieron en grave riesgo
el bien jurídico de las víctimas;
c) Sólo que por una causa ajena a
los designios de los agresores (como
el hecho de que huyeran y se hayan
escondido en unas piedras) no se
pudo consumar la tentativa de homicidio;
y
d) En el caso concurre también la
calidad específica de minoría de edad
en algunas de las víctimas.
El Ministerio Público, en sus alegatos,
rebatió las tesis de la defensa,
que iban en el sentido de que los
ofensores actuaron al calor de una
serie de rencillas familiares e incluso
de la existencia de rencores mutuos
que han desembocado en agresiones
de dos grupos familiares.
El Ministerio Público, en su alegato
de cierre, por ejemplo, argumentó
que en los hechos citados, se
privó de la vida a un menor de edad,
y que además se desplegaron actos
tendientes e idóneos con el mismo
propósito, que pusieron en riesgo la
vida de otros dos menores, lo que en
su opinión, actualizó la hipótesis prevista
en el artículo 126 del Código
Penal, en el primer caso en grado de
hecho consumado, y en los dos restantes
como tentativa de delito que
quedó suficientemente acreditada.
Es decir, que lo acreditado quedó
en tres homicidios consumados, más
tres en grado de tentativa.
En los testimonios, más allá de
algunas inconsistencia que resultaron
a la postre ser de menor cuantía,
se rescató el momento del atentado,
cuando los agredidos regresaban en
la camioneta del poblado de Atascaderos,
habiéndoseles hecho noche en
el camino, y se detuvieron para orinar.
En eso llegó el vehículo con los
atacantes, y quedó claro que los estaban
persiguiendo para matarlos.
Se bajaron con rifles y pistolas y les
profirieron insultos para en seguida
comenzar a dispararles. Que Juan
Raúl (Javier Olivas) fue el que empezó
a “tirar”, y los demás lo siguieron.
Viendo los atacantes que no todos
habían muerto, preguntó Adalberto
Cornejo Rojas a Juan Raúl: “¿Qué?
¿qué hacemos con éstos?”.
El testigo, Rigoberto Olivas, explicó
que faltaba él. Y entonces le
contestó el segundo atacante a su interlocutor:
“Órale, que a todos, que
a todos, mátenlos”.
El relator observó que a su hermano
ya muerto (el menor de iniciales
AOP), y que fue entonces que se
tiró él al barranco para salvar la vida.
Estando escondido en la oscuridad,
posteriormente escuchó ruido de automotores,
y vio que su padre venía
con agentes de la Policía Ministerial,
quienes le prestaron auxilio para ser
trasladado a Guadalupe y Calvo para
recibir atención médica por sus heridas.
Habiendo desahogado los testimonios,
y habiendo identificado las
armas que intervinieron en la agresión.
Acreditación del Delito y de las
Agravantes
Para acreditar la tipificación de
los delitos base no hubo gran problema,
aunque la defensa se resistió
ante los esfuerzos del fiscal por demostrar
los agravantes.
Por un lado, los actos eficaces y
directos para causar la muerte, en el
caso de los homicidios consumados,
así como para los casos del grado de
tentativa también para homicidio,
fueron acreditados fuera de toda
duda.
Y apareció probado que los agresores
eran superiores por las armas
empleadas, así como porque anularon
la defensa de las víctimas al sorprenderlas
con la llegada de improviso,
de manera que las calificativas de
ventaja y alevosía quedaron asimismo
debidamente acreditadas.
>>> ¿Qué? ¿qué
hacemos con
éstos?”
Y entonces le
contestó el segundo
atacante a su
interlocutor: “Órale,
que a todos, que a
todos, mátenlos”
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 19

EXPEDIENTE
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Para acreditar la alevosía, el fiscal
recurrió a una prueba de esta calificativa,
consistente en un caso clásico que
sentó jurisprudencia y que se asentó en
la legislación del estado de Puebla, que
dice en su Código de Defensa Social:
“La condena penal por alevosía requiere,
de acuerdo al artículo 329... prueba
fehaciente de que el inculpado se valió
de acechanzas, ataque de improviso o
de otros medios que no dan al ofendido
la oportunidad de defenderse ni de
evitar el ser lesionado, con la intención
específica de obtener la supremacía que
implica el uso de cualquiera de esas circunstancias
objetivamente constitutivas
de la calificativa de que se trata”.
La calificativa de ventaja se acreditó
asimismo, en el ya referido código del
estado de Puebla, y que requiere que el
sujeto activo esté consciente de su superioridad
sobre la víctima.
El Ministerio Público aportó medios
de prueba suficientes y eficaces para tener
por demostrada, al margen de toda
duda razonable, la plena participación
culpable y penada por la ley, de los acusados
Gamboa Arballo, Cornejo Rojas
y Javier Olivas (Javier aquí funge como
apellido).
Interviene la Defensa
Ahora bien, de la información que
fluyó en las audiencias se destacaron
antecedentes de conflictos previos entre
las familias de las víctimas y acusados,
relativos a la posesión de inmuebles y
de ganado, la pertenencia legítima de
un derecho agrario, la muerte de uno
de los hermanos Olivas Peña, que atribuyen
a un familiar cercano de uno de
los acusados (Guillermo Quiñones), y
la agresión ocasionada a la testigo Florencia
Quiñones Olivas, cuyo origen se
imputa a familiares cercanos a Isaías
Olivas Calderón, se desprendió el argumento
de la defensa, en el sentido de
que los atacantes actuaron al influjo de
ofensas relativamente recientes.
Los dichos argumentos fueron refutados
por el fiscal con los elementos ya
citados de la premeditación, de la alevosía,
de la ventaja, y de que dispusieron
de tiempo suficiente para planear
la acción, así como los medios
idóneos, así como la voluntad
para efectuar las ofensas motivo
de este juicio.
El mismo hecho de que los
acusados no hayan resistido la detención
por parte de la policía ministerial,
y que fue presentado por
el defensor como un atenuante, en
nada benefician ni minimizan la
acreditación ni la calificación de
los delitos, ya que en forma aislada
no se puede tomar esto como un
signo de inocencia, sino que valida
la hipótesis de que tenían la firme
convicción de que no existía ningún
señalamiento en su contra.
Cómo se Determinó la Cuantía
de la Pena
En el criterio de los juzgadores,
conforme a las circunstancias
y hechos que se acreditaron durante
la última audiencia del juicio,
se reveló que la culpabilidad
es de “alto grado”. Dijeron que se
debían tener en cuenta los parámetros
contenidos en los artículos
65, 67 y 68 del Código Penal.
En lo que toca a las circunstancias
exteriores de ejecución, el
tribunal precisó que aparece demostrado
que la acción delictiva
se realizó con premeditación y reflexionando
serenamente sobre la
manera en que la llevarían a cabo,
dado que horas antes algunos de
los acusados y otra persona acudieron
al domicilo de una de las
familiares de las víctimas para
posteriormente salir a buscarlos a
los caminos, habiendo conformado
para ello un grupo armado de
siete personas.
Asimismo, se realizaron actos
para sorprender de improviso a
las víctimas, facilitando con ello
la ejecución de los delitos
de homicidio
y de homicidio
en grado
de tentativa.
También se destacó que los atacantes
aprovecharon su situación de ventaja
porque iban armados.
La culpabilidad, pues, fue de alto
grado de intensidad.
Iguales circunstancias concurrieron
en las tentativas.
Por todo lo anterior, el tribunal
emitió su resolutiva de sanción en
base a culpabilidad máxima de los
acusados, una vez que se acreditó el
homicidio y su tentativa como agravados
y calificados.
Sin embargo, como la legislación
penal del estado de Chihuahua impide
la ejecución de penas mayores
de 60 años de cárcel, los 102 años se
conmutaron de manera automática
en el dicho tope máximo.
>>> En el criterio
de los juzgadores,
conforme a las
circunstancias
y hechos que
se acreditaron
durante la última
audiencia del juicio,
se reveló que la
culpabilidad es de
“alto grado”
20
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

Para unas excelentes periodistas
Dora y Oksana
Los compromisos de servicio y sensibilidad social no siempre son
comprendidos en todo su alcance. Por ello, el trabajo que ustedes realizan en
la difusión y socialización del nuevo modelo de persecución y enjuiciamiento
penal debe ser digno de reconocimiento, aún más porque proviene de
profesionales que no pertenecen al ámbito jurídico.
¡Felicidades!
Lic. Héctor Javier Talamantes Abe
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12
21

ENTREVISTA
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
22
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

José Antonio Caballero Juárez
Director de la División de Estudios Jurídicos del
Centro de Investigación y Docencia Económicas
Urge difundir
a la sociedad metas
y alcances de la
reforma penal
OKSANA VOLCHANSKAYA
Chihuahua, Chih.- Después de tres años y medio de
la reforma penal integral, Chihuahua sigue siendo
el centro de estudio y análisis de los expertos en
el sistema acusatorio adversarial. Tal es el caso de
José Antonio Caballero Juárez, director de la División de
Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia
Económicas (CIDE), quien hace una evaluación en la cual
el tema de la percepción pública y difusión cobran una
especial importancia.
Además, señala el factor de publicidad del nuevo sistema,
argumentando que de un modelo tradicional y opaco
se transita a otro en el cual los errores se ven fácilmente lo
que en ocasiones hace sobredimensionar las cosas.
VEREDICTO / Año 1 • Número 12
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
23

entrevista
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
José Antonio Caballero Juárez,
junto con otros dos investigadores
del CIDE, Guadalupe Barrena y Fernando
Meneses, ha visitado Chihuahua
recientemente para realizar el
proyecto de evaluación institucional
y medición de resultados de la Procuraduría
General de Justicia del Estado
(PGJE) en el nuevo sistema de
justicia penal.
“Creo que el primer problema
tiene que ver con la percepción pública
sobre el funcionamiento del
sistema de justicia, es decir, cómo la
anécdota puede generar una realidad
que no necesariamente se equipara
con lo que está pasando en la calle,
pero que en el imaginario de quien
la escucha puede implicar una representación
mucho más amplia. Esto
no sólo tiene que ver con falta de
información sobre el funcionamiento
cotidiano del sistema, sino también
con las expectativas y las razones por
las que se realiza el cambio”, subraya
Caballero Juárez.
Al respecto, recomienda trabajar
más en el tema de difusión sobre
los objetivos y metas de la reforma,
“que lo sepa el ciudadano común y
corriente, que los medios de comunicación
tengan una idea clara del porqué
se reformó, qué se espera de este
cambio”. Es decir, hay que empezar
a encontrar un valor intrínseco en los
elementos de la reforma.
El experto agrega que ciertamente
habrá roces entre las distintas instituciones
y algunos problemas de
coordinación, pero esto le parece lo
menos preocupante. “En términos
generales, las instituciones parecen
estar bastante comprometidas con el
tránsito hacía el proceso penal acusatorio,
entre los funcionarios se percibe
la convicción en ese sentido”,
asegura.
Un reto mucho más complicado
de una reforma profunda es enfrentarse
a una crisis de seguridad pública
la cual eleva muchísimo la dificultad
para un proyecto tan ambicioso,
señala el investigador.
Aún así, considera que la apuesta
que hicieron en Chihuahua de reformar
y caminar hacía un sistema de
justicia acusatorio penal, en términos
generales, se está ganando.
De la Opacidad a la Publicidad
La publicidad es otro tema en
el que abunda Caballero Juárez. “El
sistema de justicia deja de ser opaco,
hoy por hoy es muy fácil enterarse
dónde hace cortocircuito, dónde se
produce una respuesta inadecuada
porque los operadores del sistema se
equivocan también”.
Pero la misma publicidad hace
que esas equivocaciones se magnifiquen.
“En un sistema opaco los
errores ocurren con mucha más
frecuencia, pero no tenemos claro
qué hay detrás de esto porque no
nos enteramos”, argumenta.
En cambio, la publicidad hace
visible todo, y efectivamente los
errores se magnifican y los aciertos,
por lo general, no son tanta nota
porque es un funcionario público
realizando su trabajo, y es lo menos
que podemos esperar de él. “Nos
tenemos que acostumbrar a atender
la publicidad precisamente con
esos términos, y está bien: quien se
equivoca merece el reproche público,
quien acierta también merece el
reconocimiento público, pero hay
que seguir difundiendo para tratar
de que tanto ciudadanos como operadores
hablen el mismo idioma en
cuanto a los objetivos del sistema”,
insiste el director de División de Estudios
Jurídicos del CIDE.
Otro objeto de crítica que resalta
el investigador es el cambio de
las expectativas que tenemos como
sociedad. “En principio, parece que
nuestras expectativas están sobredimensionadas
en relación a lo que
queremos del sistema de justicia penal”.
A manera de ejemplo menciona:
“Cuando se empieza a discutir si
40 años es poco y se debiera dar 60
años, o si 60 no es suficiente y es mejor
dar 120 años de cárcel, son cuestiones
que exceden una expectativa
razonable de lo que debemos esperar
de un sistema de justicia”.
Algo similar sucede en la aplicación
de la prisión preventiva, “hay
que pensar qué casos merecen una
prisión preventiva y cuándo debe ser
efectivamente empleada”.
En el sistema anterior la prisión
preventiva era la regla y no excepción,
por lo tanto los incentivos para
no presentarse a la justicia eran muy
amplios porque para una persona es
muy caro vivir a salto de mata, indica
Caballero Juárez.
“Cuando el sistema lo único que
me ofrece es una prisión preventiva
con una razonable prevención de
culpa, mis incentivos para correr son
muy altos. En cambio, si el sistema
24
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

me ofrece la perspectiva de un juicio
justo y libertad durante el proceso,
probablemente me lo voy a pensar
mucho más antes de abandonar a mi
familia, dejar mi trabajo y el tipo de
cosas que hago”, ejemplifica.
En ese sentido, se trata de modificar
los incentivos y la sociedad tiene que
entender que parte de la reforma es racionalizar
este tipo de situaciones.
“En otras entidades encontramos
gente presa por cantidades irrisorias
y nos tenemos que preguntar con mucha
seriedad si una sociedad como la
nuestra realmente puede estar satisfecha
con eso”, plantea el analista.
Transformación Institucional
En mayo de este año, los académicos
e investigadores del Centro de
Investigación y Docencia Económica
(CIDE), Guadalupe Barrena, Rodrigo
Meneses y José Antonio Caballero
Juárez empezaron el proyecto de evaluación
institucional con la expectativa
de hacer un análisis muy puntual
sobre el desarrollo de las actividades
al interior de la Procuraduría General
de Justicia del Estado en la transición
hacia el sistema acusatorio
adversarial.
“La Procuraduría es la que se encarga
de traducir en un lenguaje jurídico
esa transformación y de generar
un material que eventualmente va a
alimentar a la impartición de justicia
penal, es decir a los juicios; el reto de
transformar una institución tan compleja
como la Procuraduría es de los
más complejos”, subraya.
La idea que plantea el experto
es que si una procuraduría no tiene
capacidad de transformar su cultura
institucional y la manera en la que
opera, así como modificar los patrones
de comportamiento de sus funcionarios,
es altamente probable que
una reforma hacía un sistema de justicia
penal acusatorio, tenga un éxito
mucho más limitado.
“Aquí (en México) teníamos procuradurías
con inercias muy arraigadas,
con problemas, con complejidades
de larga duración y el reto
fundamental era de hacer un corte
de tal manera que puedas modificar
los patrones que hay adentro de tu
institución”, explica el investigador.
Sin embargo, subraya que el cambio
cultural es muy complicado: “Es
como si yo llego a tu casa y te digo:
hoy dejas de comer fruta y toda tu
vida has comido fruta, a partir de
mañana vas a comer verdura, y te
puede sonar sensato si yo soy nutriólogo
y te convenzo de que debes
hacerlo en esos términos, pero de la
noche a la mañana no dejas de ir al
mercado a comprar fruta; entonces,
para que tú dejes de comprar frutas,
tienes que modificar los patrones incluso
de a qué mercado vas o en qué
puesto compras, tendrás que buscar
un puesto de verduras con el que te
entiendes mejor, determinar qué verduras
quieres comprar, etc.”
Asegura que el cambio institucional
es similar: cambiar patrones
y formas de trabajo, lo que requiere
modificar la manera en que se genera
la información al interior de una
institución, el tipo de reportes que
se utilizan, el tipo de estándares para
saber si un funcionario realiza su labor
o no, todo eso cambia dramáticamente.
Además, estos cambios tienen que
responder a la lógica del nuevo sistema
“que trata de tener un enfoque
muy específico hacía la víctima”.
“Estamos para medir eso, tratando
de ver en muy buena medida qué
objetivos y en qué medida se han
obtenido”, describe el proyecto que
están realizando los investigadores
del CIDE.
Este análisis institucional no sólo
>>> Que lo sepa el
ciudadano común
y corriente, que los
medios tengan una
idea clara del porqué
se reformó, qué se
espera de este cambio
se va a centrar en una función pública
determinada, en este caso el
servicio de procuración de justicia,
sino también qué tipo de realidad enfrenta,
quiénes son las personas que
trabajan ahí y en qué condiciones.
La aproximación metodológica
de este proyecto es sencilla: hace algunos
años el estado de Chihuahua
decidió iniciar una reforma muy
compleja, esto implicaba transformar
diversas instituciones y se fijaron
una serie de objetivos, entre ellos
mejorar el sistema de procuración e
impartición de justicia, dar una posición
mucho más responsiva hacía
las víctimas y que sus condiciones
sean escuchadas, generar una investigación
mucho más científica, quitar
las prácticas atentatorias de los derechos
humanos en el funcionamiento
de los integrantes de las corporaciones
y tratar en términos generales de
adaptar un sistema que permita que
todos tengan más garantías.
A nivel de la Procuraduría, especifica,
esto puede traducirse en preguntas
concretas como, por ejemplo,
si los cursos de capacitación tuvieron
un impacto en mejorar la manera en
la que los agentes se desempeñan en
el campo.
“No vamos a sacar una regla y
conseguir una escala para cada una
de las acciones que realizó la Procuraduría,
pero vamos a tratar de documentar
en distintos aspectos qué
objetivos se plantearon, cuáles fueron
logrados y en qué medida, y desde
luego cuáles son los aspectos que
todavía requieren un espacio mejor”,
indica.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12
25

BAJA CALIFORNIA
En vísperas del arranque del nuevo sistema,
Se preparan defensores
YANNEDH VILLALOBOS
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Defensores públicos de Baja California en su visita a los tribunales
de justicia de Chihuahua
Chihuahua, Chih.- Después de
tres suspensiones, el 11 de
agosto del 2010 por fin arranca
el nuevo sistema de justicia penal
en Baja California, en el distrito judicial
del Valle de Mexicali como su
primera etapa.
En principio, la entrada en vigor
del sistema acusatorio adversarial
estaba programada para junio del
2009. Se pospuso para el 1de febrero
del 2010 por un retraso en la construcción
de las instalaciones necesarias
para su implementación.
Por circunstancias similares, se
aplazó de nuevo para el 3 de mayo
del 2010. La última prorroga se debió
al sismo registrado el 4 de abril
en Mexicali y que obstaculizó la conclusión
de algunas obras.
Debido a esta postergación, los
operadores incluso han podido reforzar
su capacitación, destacó el
coordinador de los defensores públicos
Francisco Fabián García García,
durante su estadía en Chihuahua, en
vísperas del arranque del nuevo sistema
en Baja California.
García García lideró una delegación
de 15 defensores públicos de
Baja California que visitaron recientemente
la capital de Chihuahua.
Asistieron a varias audiencias y
juicios en los tribunales de justicia
penal e hicieron recorridos en las
instalaciones de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Chihuahua.
La Defensoría Publica del Nuevo
Sistema en Baja California se
compone por 20 operadores, los
cuales recibieron una capacitación
de aproximadamente dos años: “Se
sigue planeando cómo seguir desarrollando
cátedras, talleres, ir consiguiendo
ponentes para continuar con
el aprendizaje”.
García García señaló que a causa
del terremoto se elaboró un manual
para comunicaciones, la infraestructura
y tecnología para hacer frente
a cualquier tipo de contingencias y
siniestros. Además, se invirtió en un
innovador sistema informático creado
especialmente para el nuevo sistema,
de tal suerte que toda la agenda
de audiencias y juicios se manejará
por una red central.
Crecen Posibilidades de Defensa
En Baja California, la Defensoría
Publica depende del Poder Ejecutivo,
de la Secretaría General de Gobierno
y directamente de la Subsecretaría de
Enlace en Asuntos de Justicia.
Fabián García puntualizó que
han dado la importancia que merece
la Defensoría Pública con instalaciones
de primer mundo, adecuadas al
trabajo que desempeñarán en el modelo
acusatorio adversarial.
“Veo que el defensor tiene muchas
posibilidades en este nuevo
sistema; en primer lugar, por su dinámica,
la mayoría de los actos se llevan
a cabo en las audiencias públicas
donde existe la posibilidad de que el
defensor en base al estudio previo de
la tarjeta de investigación puede aplicar
toda una estrategia de litigación”,
destacó.
Resaltó que en el rubro de las medidas
cautelares el defensor público
cuenta con una gran gama de figuras
jurídicas para que la persona a la que
representa pueda evitar la prisión
preventiva.
“Se busca que las personas tengan
la posibilidad de continuar con
sus actividades normales, incluso se
pueden lograr salidas alternas. Sucede
todavía en el sistema tradicional
que los acusados, por no tener el dinero
para pagar la fianza, tienen que
26
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

visitan Chihuahua para conocer experiencia
públicos para el cambio
>>> El defensor tiene
muchas posibilidades en
este nuevo sistema, en
el rubro de las medidas
cautelares el defensor
cuenta con una gran
gama de figuras jurídicas
para que su defendido
pueda evitar la prisión
preventiva
continuar el proceso privados de la
libertad, y en este nuevo sistema es
una de las grandes virtudes que el
imputado queda en libertad con una
medida cautelar diversa, puede ser
venir a firmar o no salir de la localidad,
y más importante aún, puede
trabajar, juntar dinero y lograr un
acuerdo reparatorio o una suspensión
de proceso a prueba, siendo de
gran provecho tanto para la víctima
como para el imputado”, explicó.
Otra de las grandes bondades de
la nueva forma de hacer justicia que
subrayó Fabián García, es que se antepone
la necesidad de la víctima ya
que se busca la reparación del daño,
así como ayudar al imputado con la
imposición de condiciones u obligaciones
que le ayuden a mejorar su
calidad de vida.
A manera de ejemplo, cita: “Una
persona que comete un delito derivado
de una dependencia tiene la posibilidad
de la suspensión de proceso a
prueba y que se le ponga la condición
de que durante un tiempo se esté tratando
en un centro de rehabilitación,
lo que le abonará una mejor calidad
de vida y de esa manera se prevendrá
que esa persona vuelva a delinquir”.
Experiencia de Chihuahua
A la delegación le pareció muy interesante
lo práctico que es el nuevo
sistema en Chihuahua en comparación
con el sistema tradicional, señaló
el coordinador de los defensores.
“Hay audiencias que se tramitan
en diez minutos, y es destacable que
los jueces no emplean tantos formalismos,
sino escuchan a las partes y
de manera rápida resuelven la materia
que está en controversia”, aludió.
Este fue el primer viaje que hizo
la Defensoría de Baja California al
interior de la República con el objetivo
de aprender de las prácticas de
sus homólogos. Ya habían realizado
tres viajes a Estados Unidos y está en
puerta otro a la ciudad de San Diego,
California, para asistir al taller de
Litigación Avanzada con el apoyo de
defensores de aquella localidad.
Junto con el coordinador Fabián
García García, visitaron Chihuahua
los defensores públicos: José Fernando
Acevedo Chavira, Gustavo Arturo
Carrillo Alfaro, Sofía Alejandra
Carrillo Márquez, Verónica Carolina
Cataño González, Ana Gabriela
Contreras García, Yolanda Lucía
Colio Llorénz, Miguel Ángel Gaxiola
Zayas, Patricia Moreno Galván, Elia
María Niebla García, Oscar Núñez
Torres, Lourdes Karla Pereira Ladín,
María de Jesús Romero Cruz, Jesús
Alejandro Santos Díaz, J. Guadalupe
Vázquez Corona.
Los otros seis abogados de la Defensoría
Pública de Baja California
que no pudieron visitar Chihuahua
son Gisela Fontes García, Marisela
García Tovar, Elena Higareda Anguiano,
Margarita Sampedro Sapién,
Claudia Pamela Tom Jiménez y Tania
Guadalupe Vega Gordillo.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 27

durango
Se reúnen presidentes de Tribunales Superiores de
Justicia y procuradores de todo el país en Durango
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Apolonio Betancourt Ruiz
Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Durango
28 VEREDICTO / Año 1 • Número 12

Se consolida sistema
de justicia penal
Candelaria García
Durango, Dgo.- En Durango se
ha logrado la consolidación
del nuevo sistema de justicia
penal. De 137 asuntos sólo se han promovido
siete amparos, pero dos no se
admitieron, mientras que con el sistema
anterior en materia penal, por cada
juicio se promovía un amparo, destaca
el magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia de Durango, Apolonio
Betancourt Ruíz.
Explica que esos siete amparos representan
menos del cinco por ciento
del total de las causas, y como dos de
ellos ni siquiera fueron admitidos, sólo
están en trámite cinco.
En cuanto a las apelaciones que se
van a segunda instancia, sólo llega al
15 por ciento, cuando en el sistema
tradicional, el 99 por ciento de causas
son apeladas, recurridas a segunda instancia.
“Esto significa que hay confianza en
el sistema de justicia penal, tanto por
parte de las víctimas como de los imputados,
lo que nos lleva a una consolidación,
a una expansión, por este resultado
importante que se refleja en la
práctica del juicio de amparo”, señala
Betancourt Ruiz.
El titular del Poder Judicial de Durango
comenta que el juzgado de Distrito
pidió en los amparos que fueran
transcritas las audiencias orales, contrariando
lo que en otros estados, que
tienen el nuevo sistema, ya se había
superado. “Pero ya se resolvió por el
Tribunal Colegiado que no deben de
pedirse transcripciones, sino que el
juez de Distrito debe atender a la naturaleza
del juicio oral y con los videos se
debe de resolver el amparo”, indica.
En 2010, gracias a la confianza que
se ha ido generando en la justicia alternativa,
el porcentaje de los juicios
mercantiles en Durango ha bajado del
52 al 48 por ciento, asegura.
Llevan Dos Juicios Orales
A más de ocho meses de que se implementó
en Durango el nuevo sistema
de justicia penal, se llevaron dos casos
en juicio oral, uno de homicidio y el
segundo de violación, éste último concluyó
con una sentencia de más de 16
años de prisión.
“Lo importante es que en siete meses
se tiene una resolución definitiva
en casos de homicidio y de violación,
asuntos que en el sistema tradicional
se estaban tardando de un año y medio
a dos o tres años, para emitir la sentencia
de primera instancia”, detalla
Apolonio Betancourt.
Y asegura que el nuevo sistema de
justicia penal tiene características y
elementos para consolidarlo debidamente.
Por primera vez en la historia, “en
Durango tenemos un código comentado
propio, pero además, está en proceso
que dos comentaristas vuelvan a
retomar el tema para hacer sus comentarios
del Código Penal, una persona
de fuera y un juez, que es doctor en
derecho en materia penal”.
Ambos están preparando los comentarios
sobre el Código Procesal Penal
del nuevo sistema de justicia penal de
Durango, lo que hace que la cultura de
la justicia penal se consolide tanto en
abogados como en académicos y en la
sociedad.
Hasta ahora en Durango, comenta
Betancourt Ruiz, se llevan invertidos
más de 150 millones de pesos exclusivamente
en el Primer Distrito Judicial.
A nivel nacional hay una bolsa para
repartir de 196 millones de pesos para
la implementación del nuevo sistema
en los estados.
>>> Hay confianza en
el sistema de justicia
penal, tanto por parte
de las víctimas como
de los imputados, lo
que nos lleva a una
consolidación
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 29

DETENCIÓN
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Infraestructura
Refiere que se necesitan cuando
menos diez millones de pesos para
la remodelación sencilla del edificio
Durango, de seis pisos y una superficie
de cuatro mil 500 metros cuadrados,
que fue donado por el Ejecutivo
Estatal, Ismael Hernández Deras, y
también los recursos, para operar e
implementar el nuevo sistema de justicia
penal.
Hasta ahora, aquí se han invertido
más de cinco millones de pesos. Se
dejó acondicionada la base, porque
tenía una escalera y una distribución
que no daba para lo que requieren,
prácticamente dejaron la obra civil en
buenas condiciones para remodelar y
hacer las salas de juicios orales.
Para la creación de la Ciudad Judicial
en Durango se cuenta con una superficie
de 35 mil metros cuadrados,
entre los Poderes Judiciales Federal y
del Estado, comenta Betancourt Ruiz y
precisa que de ese serán 15 mil metros
cuadrados para el Poder Judicial Federal
y 20 mil para el Poder Judicial del
Estado de Durango.
En el caso de la Judicatura Federal,
ya terminaron su proyecto técnico,
arquitectónico. El Poder Judicial del
Estado requiere recursos para hacer su
proyecto arquitectónico, que costaría
unos cinco millones de pesos.
Actualmente, se trabaja en la escrituración
del terreno. “Es una gran oportunidad
de que los abogados tengan un
área común para evitar trasladarse de
un lugar a otro para litigar en materia
federal o del fuero común”, dice.
El terreno se encuentra en el Bulevar
San Ignacio de esta ciudad.
Durango mandó su propuesta al
gobierno federal, ante la Secretaría
Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema
de Justicia Penal en México, para que
le proporcionen recursos para capacitación
y tecnología, toda vez que no
contemplaron infraestructura.
La respuesta se espera para este mes
de agosto sobre qué recursos les asignarán
del presupuesto federal.
“La implementación del sistema de
justicia penal tiene muchas implicaciones,
que en Durango se están cubriendo
de manera armónica con todos los
sectores de la sociedad”, asegura Betancourt
Ruiz.
Definirán Sobre la
Ley Vs. Narcomenudeo
Durango será sede de la X Reunión
de la Conferencia Nacional de Procuradores
Generales de Justicia y de Presidentes
de los Tribunales de Justicia
de todo el país, el 24 y 25 de agosto
próximo, donde se tratarán los temas
del nuevo sistema de justicia penal y
el narcomenudeo, ahora que este último
tema pasará al conocimiento de los
estados.
“Estos temas son de vital importancia
a nivel nacional porque la implementación
del nuevo sistema de justicia
penal no se ha dado con la velocidad
que se pensaba, ni se han liberado
los recursos para apoyar a los estados
como lo establece la Constitución General
de la República”, subraya Apolonio
Betancourt.
Tampoco se han tenido recursos federales
para la implementación del
>>> Durango
será sede de la
X Reunión de la
Conferencia Nacional
de Procuradores
Generales de Justicia
y de Presidentes de
los Tribunales de
Justicia de todo el
país
conocimiento del narcomenudeo, particularmente
lo que se refiere al tratamiento
de adictos a través de la Secretaría
de Salud tanto a nivel federal
como estatal, agrega.
Además, se habla de hospitales especializados
para la atención de adictos y
no hay suficientes.
En esta reunión nacional se tomará
una definición respecto al tema de la
Ley Narcomenudeo, toda vez que se
considera muy compleja su aplicación,
estima el presidente del Tribunal Superior
de Justicia en el estado de Durango.
Es un tema polémico que han tratado
los presidentes de los Tribunales de
Justicia y los procuradores en las últimas
reuniones y que aquí, en Durango,
se va a dar un punto culminante.
De momento, la Procuraduría General
de la República (PGR) ha asumido
el conocimiento de todos los casos,
hasta que las legislaciones de los estados
asuman la parte que les corresponde
y adecuen sus leyes estatales.
Durango todavía no ha hecho esta
adecuación, pero será un punto de partida
para que se agilice en todas las entidades
federativas, asevera Betancourt
Ruíz.
30 VEREDICTO / Año 1 • Número 12

EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO
Felicita de manera sincera a la revista
VEREDICTO
®
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Al cumplir su primer aniversario,
pero de manera especial a su Directora General
Dora Villalobos Mendoza
y a su Directora Editorial
Oksana Volchanskaya
Así como a todas aquellas personas que hacen posible la edición y circulación de esta revista, que es la primera
a nivel nacional en especializarse en el Nuevo Sistema de Justicia Penal que se está implementando en todo el país,
contribuyendo así de manera positiva a la socialización de esta nueva forma de impartir justicia en beneficio de los
ciudadanos.
Deseamos muchos años más de éxitos y que continúe por el mismo rumbo de informar y orientar a la comunidad
jurídica y a la sociedad en general sobre este cambio cultural que es el más importante en la vida jurídica de México.
Victoria de Durango, Dgo. Agosto de 2010.
Sinceramente
LIC. J. APOLONIO BETANCOURT RUIZ
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Durango.

expertos
Diana Cristal
González
Obregón hace
evaluación del
nuevo sistema
en Durango
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
32
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

“Abogado que
no se prepare,
no podrá estar
en un juicio oral”
Candelaria García
Durango, Dgo.- “La teoría del caso todavía no
se aborda con el razonamiento que necesita el
sistema acusatorio”, considera la coordinadora
de Capacitación en Juicios Orales, Diana
Cristal González Obregón, quien asegura que el abogado
que no se prepare, no va a poder estar en un juicio oral.
Los abogados litigantes tienen que tener siempre en
mente que en un sistema acusatorio, específicamente del
juicio oral, el rol activo lo tienen nada más el Ministerio
Público y la defensa para que los jueces puedan llegar a
una resolución, resalta la experta.
Por tanto, el abogado que no haga una buena teoría
del caso, no va a poder desarrollarse exitosamente en un
juicio oral: “No se le debe olvidar que el sistema es adversarial,
las dos teorías del caso deben ser fuertes, de
tal manera que permitan contrastar cada uno de los elementos,
es decir, la parte fáctica, promotora y jurídica,
que le permitan al juez llegar a una resolución objetiva
y adecuada”.
Aún y cuando se ve el esfuerzo de grandes abogados
que sí se preparan, González Obregón comenta que se
está enfrentando con un cambio cultural muy fuerte y
señala que el abogado debe ir más allá de lo que se tiene
en el código.
“Es cierto que el código habla de cuál es la organización,
los actos que se deben de presentar en un juicio
oral, pero el abogado debe prepararse de manera estratégica,
yo diría que no en un cien sino en un quinientos por
ciento, para un juicio oral.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12
33

EXPERTOS
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
La experta destaca también la importancia
de que los agentes del Ministerio
Público tomen conciencia de
su gran responsabilidad no sólo al ser
los que tienen la carga de la prueba,
sino que son los representantes de la
víctima y de la sociedad.
“Me parece que varios de ellos han
hecho una excelente labor, pero tenemos
que crear la conciencia en los
dos, tanto en los agentes del Ministerio
Público como en los defensores, en
el sentido de que si uno de los dos no
hace bien su trabajo en la presentación
de un caso, el sistema no puede funcionar”,
indica.
Los dos tienen que tener un componente
muy importante para que entonces
los jueces que tienen que fundar y
motivar, “apliquen los principios de la
lógica, la sana crítica, las máximas de
la experiencia, los conocimientos científicos
y estén convencidos más allá de
toda duda razonable”.
El sistema acusatorio trae ventajas
porque aquí el juez no lee el expediente,
como se hacía anteriormente, sino
vive la audiencia, ve las pruebas en un
juicio oral, ve el desahogo y la contraposición
que le ponen las partes, pero
si el abogado no prepara una adecuada
teoría del caso, entonces cómo va
a ayudar a que los jueces puedan dar
una resolución objetiva y de acuerdo a
los principios que deben valorar libremente,
se pregunta la especialista.
“En México Estamos
Aprendiendo Todos”
González Obregón menciona
la experiencia de Chile donde ya
había un Código Penal redactado
y luego se comenzó a socializar
el modelo acusatorio:
“Me parece una experiencia
muy importante, son líderes
a nivel internacional, pero
México empieza de una
manera distinta”.
“En México estamos
aprendiendo todos, a la
par que estamos con una
reforma que estableció
ocho años para su implementación,
todavía
>>> Los abogados
deben de ir más
allá, no sólo saber
su teoría del caso
sino dominar los
medios de prueba
no hay un Código Procesal Penal, sino
que cada entidad con su realidad y con
sus recursos está haciendo un esfuerzo
impresionantemente valioso para implementar
la reforma”.
A la par de redactar leyes, señala
Diana Cristal, el país está capacitando,
lo está difundiendo, está preparando
los espacios, la estructura y la infraestructura,
lo cual no es cosa fácil.
Pero en la parte de litigio, González
Obregón señala algunas deficiencias.
“Coadyuvando con el esfuerzo impresionante
que hacen los estados de la
República, hace falta que los litigantes
se pongan las pilas y emprendan una
tarea fenomenal que es la preparación
exhaustiva en un juicio oral”.
La especialista asegura que no se
debe de leer, porque no sólo existe una
definición de lo que es la oralidad, más
no la verbalidad en los Códigos de los
estados, sino que también la propia
Constitución lo dice en el artículo 20,
que el proceso penal deberá ser acusatorio
y oral.
Entonces, hay una confusión en
que el abogado al no sentirse seguro,
al no tener la capacitación y no sentirse
preparado, al no conocer el caso, al
llegar a leer a la mera hora, cree que es
propio leer.
Aquí el abogado tiene que decir: yo
tengo un caso y las pruebas no me van
a llegar solas, la dirección de la investigación
me la va a dar, tengo que meterme
en un cien por ciento y ver qué necesito
para crear una teoría del caso.
El sistema acusatorio tiene una lógica
muy interesante, indica González
Obregón. En el sistema anterior, antes
de la reforma del 2008, se hablaba de
que la etapa de investigación se tenía
que acreditar para efecto de que se hiciera
la orden de aprehensión, acreditar
para la forma de prisión, acreditar
para la sujeción a proceso.
Ahora, el cambio es de 180 grados,
ya que la etapa de investigación es desformalizada,
carece de valor probatorio
para efectos del juicio oral y el objetivo
de esta etapa, que es la primera de tres,
es únicamente que las partes empiecen
a elaborar su teoría del caso.
El sistema acusatorio es muy
sabio en esto, recalca la entrevistada.
No es loable ni
es adecuado que el abogado
del Ministerio Público reciba
pruebas y diga recibo
un parte informativo de un
policía, recibo una declaración
de un testigo, recibo
un medio de prueba que
voy a llevar a analizar con
un perito y que el juez resuelva.
“Esto es del sistema
anterior; ahora yo,
34
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

ministerio público, tengo que decir:
policía reúnete conmigo, me das este
parte informativo, voy a analizar las
fortalezas y las debilidades de lo que
me das, voy a ver datos que podemos
corroborar juntos, a ver esa entrevista
que el policía le hizo a un testigo que
iba pasando por el lugar de la comisión
del delito. Hay que ver qué es lo que
se puede analizar, para qué me sirve,
en qué perjudica, todo eso el abogado
debe razonar antes de presentarse a
una audiencia”, detalla.
De manera que el abogado litigante,
tanto el ministerio público como el
defensor, debe llegar a las audiencias
no para investigar, sino demostrar lo
que ya investigó y lo que obtuvo como
prueba, lo que previamente ya analizó
y que apoya fuertemente su teoría del
caso.
“Los jueces en Durango han hecho
una excelente labor, muchos de ellos jóvenes,
así como los magistrados, pero
los abogados tienen que contribuir en
la labor que ha hecho el Tribunal Superior
de Justicia, deben estar más preparados,
deben saber qué demostrar a un
juez, cómo defenderse de una objeción
que le hace la contraparte”, precisa.
Dominar los Medios de Prueba
Además, los abogados deben de ir
más allá: no sólo saber su teoría del caso,
sino dominar los medios de prueba.
Si como defensa recibe copia de
un medio de prueba que le da el agente
del Ministerio Público, pero no se
toma la molestia de prepararse previa
la audiencia y de analizar cuáles son
las fortalezas y debilidades, no podrá
el defensor conocer la estrategia de su
contrincante ni podrá atacarlo en una
objeción, asegura Diana Cristal González.
En cuanto al desempeño de abogados
litigantes -agentes del Ministerio
Público y defensores-, así como jueces,
considera que aún se requiere que sigan
con una mayor capacitación, preparación,
pero la propia práctica de los
operadores en las audiencias permite
que salgan muchas dudas y cuestiones
interesantes que son normales y que
son propias de la experiencia, de la entidad.
En ese sentido, le parece muy adecuado
de parte del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de Durango, estar
capacitando constantemente a su
personal, a pesar de que ya se implementó
el sistema.
González Obregón insiste en una
urgente capacitación para defensores
que ya están operando el sistema, así
como para agentes del Ministerio Público
y los jueces, porque ellos tienen
que estar al día, la práctica día a día les
va a exigir más.
Se dice sorprendida de la excelente
capacitación que han tenido hasta
ahora los jueces y abogados en las
audiencias: “Pero estoy segura de que
ellos pueden dar más, se deben preparar
más, porque la práctica de las audiencias
les va a demandar mucho más
agilidad, más dinamismo”.
Diana Cristal González Obregón
califica el Código Procesal Penal del
Estado de Durango como innovador y
un ejemplo a nivel nacional.
Es importante destacar que Durango
es la primera entidad que habla
de la Teoría del Caso, pero el abogado
litigante debe ir más allá de lo que le
dice el Código. ¿Cómo presentamos
un buen alegato de apertura? ¿Cómo
manifestarle a un juez por primera vez
mi teoría del caso, de manera clara, lógica,
cronológica y persuasiva?
En el desarrollo del juicio oral,
abunda la especialista, son importantes
las estrategias de litigio. Primero
se abre a una solicitud de las partes,
el juez presidente les pregunta si hay
alguna solicitud previa, por ejemplo si
están presentes los testigos, si alguno
de ellos desea ponerse de pie para hacer
alguna práctica; además, si el abogado
desea pasar algún audiovisual, si
desean hacer algún alegato, interrogatorio
o inclusive si pide que la audiencia
sea de manera privada o pública, o
parcialmente privada.
Posteriormente, los abogados hacen
alegato de apertura, tanto el agente del
Ministerio Público como el defensor,
después de lo cual el juez presidente
le indica al acusado si es su deseo o no
declarar en ese momento.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 35

CAMPUS
Octavio Rodríguez Gaytán,
catedrático de la Facultad de Derecho
y juez de Garantía
Imparte
litigación oral
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
YANNEDH VILLALOBOS
Chihuahua, Chih.- “La litigación
oral es la esencia, el
cuerpo de este procedimiento
penal acusatorio”, enfatiza Octavio
Rodríguez Gaytán, al hablar sobre
una nueva clase que imparte en la Facultad
de Derecho de la Universidad
Autónoma de Chihuahua (UACh).
La nueva materia se titula precisamente
“Litigación Oral”, con la
cual se busca preparar a los futuros
abogados para que con el estudio,
la aplicación de la inteligencia a través
del conocimiento de normas y
métodos apliquen estrategias para
hacer resaltar cada uno los intereses
que protegen, ya sea por parte
del defensor o por parte de la víctima.
“La litigación es algo muy importante.
Un abogado que se precie
de serlo en materia penal, y sobre
todo en este procedimiento penal,
debe de tener una buena litigación.
Hay estrategias, hay normas para
esta litigación oral que es de lo que
se compone el curso que ya estamos
impartiendo”, explica el catedrático.
En el procedimiento penal siempre
ha existido la litigación oral, sin
embargo en el sistema tradicional
ya estaba muy restringida, pues
prevalecía el procedimiento escrito,
recuerda Rodríguez Gaytán.
De tal suerte que audiencias que
debieron ser eminentemente orales,
en la práctica se fueron convirtiendo
en audiencias por escrito, como
la audiencia final, las audiencias en
los incidentes no especificados y en
los diversos incidentes nominativos
que contemplaba el Código Procesal
Penal, todo se hacía por escrito.
Con la entrada en vigor del sistema
de justicia penal acusatorio, el
sistema dio un giro de 180 grados,
pues lo oral se convirtió en la esencia
del nuevo procedimiento. Y lo escrito,
en la excepción.
“Por lo tanto, los alegatos, los debates,
las exposiciones de las partes
en las diversas audiencias sean del
ministerio público, defensor, imputado
o la víctima deben de ser orales.
Nada de que traigo aquí un escrito
y me voy a poner a leerlo, eso está
prohibido. La exposición debe de ser
espontánea”, puntualiza Rodríguez
Gaytán.
La excepción es que los intervinientes
pueden consultar notas, datos,
cifras, direcciones, domicilios y
teléfonos, es decir, datos difícilmente
retenibles por la memoria.
El alcance de la litigación oral,
refiere Rodríguez Gaytán, va más
allá de un simple alegato. Son los
argumentos que con inteligencia,
con una teoría del caso debidamente
planeada, las partes exponen normalmente
en la audiencia de debate de
juicio oral. Es decir, en la audiencia
que se celebra en la última parte del
procedimiento ante el Tribunal del
Juicio Oral compuesto por tres jueces
orales: el presidente, el redactor
y el vocal.
“Ahí es donde eminentemente se
da esta litigación oral”, resalta el catedrático
de la Facultad de Derecho.
En las otras etapas del procedimiento
también se aplica la litigación
oral, desde la vinculación a proceso,
en medidas cautelares o en la audien-
36
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

cia de debate a juicio oral para resolver
si procede o no, indica.
Rodriguez Gaytán recuerda que
antes, en la enseñanza del derecho
no se incluían materias de práctica y
definitivamente era algo muy importante
que faltaba.
“Con esta materia vamos a capacitar
a los estudiantes tanto con
la teoría cuando estudien el nuevo
proceso oral, como con la práctica
con la materia de litigación oral”,
resaltó.
La litigación oral es parte del
derecho procesal penal, no un
complemento, precisa el catedrático.
De ahí que se tengan que aplicar
estrategias para la defensa de
las partes.
“Porque si queremos como defensores
llevar el asunto así nomás,
bueno, no necesitamos ni estudiarlo.
Simplemente manifestamos así
nomás lo que consideremos que
sea benéfico a los intereses de nuestro
defendido, sin hacer mayor realce,
ni establecer una estrategia, ni
estudiarla debidamente, o sea, ser
un defensor chambón nada más, y
no se trata de eso”, subraya.
La materia de litigación oral se
imparte en el séptimo semestre, es
decir, antes de que los estudiantes
elijan una especialización.
En el estado actualmente se
aplica en el derecho laboral y en el
procedimiento penal acusatorio.
En otros estados la litigación
oral se aplica también en el derecho
familiar y esa es la tendencia a
nivel nacional, por ello Rodríguez
Gaytán no descarta que en un futuro
no muy lejano sea igual en Chihuahua.
Es importante mencionar que
Rodríguez Gaytán ya daba algo de
litigación oral a sus alumnos dentro
de la clase de procesal penal.
En la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Chihuahua,
Octavio Rodríguez Gaytán
actualmente imparte las clases de
derecho penitenciario, criminología,
criminalística y derecho procesal
penal litigación oral
Rodriguez Gaytán tiene una
larga trayectoria dentro del Poder
Judicial del Estado y actualmente
es juez de Garantía en el nuevo sistema
de justicia penal.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 37

CAMPUS
UACJ se coloca a la vanguardia en el estudio
de sistemas Mcroelectromecánicos
Firman convenio
con Poza Rica
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Ciudad Juárez, Chih.- En el marco
de un convenio de colaboración
firmado con la empresa Dowell
Schlumberger y el Instituto Mexicano
del Petróleo, la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez inició
el proyecto “Monitoreo de fractura
hidráulico” usando materiales inteligentes
para la empresa paraestatal
Petróleos Mexicanos (PEMEX).
El estudio que se inició el 26 de
mayo del 2010, en Poza Rica, Veracruz,
contempla la detección de
fractura en los pozos y el volumen
del petróleo con el uso de la nanotecnología,
informó el rector de la
UACJ, Jorge Quintana Silveyra.
Este proyecto contempla un presupuesto
de 140 millones de pesos
y tendrá una duración de tres años,
indicó.
El rector destacó la confianza que
tienen las empresas y el sector gubernamental
en la Universidad Autónoma
de Ciudad Juárez, la pionera en el
estudio de sistemas microelectromecánicos
(MEMS).
Para este proyecto la institución
desarrollará chips inteligentes, los
cuales se introducen a los pozos y
proporcionan información muy específica
que permite la toma de decisiones.
Esta tecnología es única en
el mundo.
“Estamos trabajando en proyectos
que tienen que ver con los materiales,
con el diseño de software, y
estamos trabajando con Laboratorios
Nacionales Sandia de Nuevo México.
En otras áreas con CONAGUA, en la
La firma del convenio
referenciación y estudios de hidrología
que permiten estudiar las avenidas
para aprovechar el agua que vaya
al río y evitar inundaciones”.
Por su parte, José Enrique Villa
Rivera, director general del Instituto
Mexicano del Petróleo, dijo que la
Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez es la que tiene una capacidad
en equipamiento importante en este
centro de investigación en microelectrónica
(el Centro de Investigación
en Ciencia y Tecnología Aplicada).
El papel que va a jugar la universidad
es generar todos los microcomponentes
que se requieren para poder
detectar las variables que se van
a requerir en la operación de monitoreo
de fractura y dentro del pozo.
La firma del convenio se desarrolló
en el aula magna del Instituto
Mexicano del Petróleo en la ciudad
de Poza Rica, Veracruz, y se contó
con la presencia de José Enrique Villa
Rivera, director general del Instituto
Mexicano del Petróleo; Jorge Quintana
Silveyra, rector de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez; Manuel
Delgado Amador, director general de
Dowell Schlumberger; Juan Manuel
Riaño Taraza, gerente de Proyectos
de Explotación Norte; Leopoldo Vilchis
Ramírez, secretario técnico de
Fondo Sectorial de CONACYT de
la Secretaria General de Energía e
Hidrocarburos, y Pedro Silva López,
subdirector técnico de PEMEX Exploración.
>>> El rector Jorge
Quintana Silveyra
destaca la confianza
que tienen las
empresas y el sector
gubernamental
en la UACJ
38
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

39

PROCURADURÍA
Hijas y esposa del agente caído, Omar Contreras, reciben título post mortem
La procuradora Patricia González congratula
Se gradúan policías
ministeriales en
Procuración de Justicia
Entrega de títulos en la graduación celebrada en la capital de Chihuahua
En julio de este año, 224 agentes
de la Agencia Estatal de
Investigaciones se graduaron
de la licenciatura en Procuración de
Justicia. Con esto, la Procuraduría
General de Justicia del Estado de
Chihuahua se coloca a la vanguardia
en la profesionalización de sus policías
ministeriales a nivel nacional.
De los graduandos, 166 policías
ministeriales, incluyendo a los 16
elementos que recibieron su título
post mortem, son de la Zona Centro
(Chihuahua) y Zona Norte (Ciudad
Juárez); 35 de Zona Occidente
(Cuauhtémoc) y 23 de Zona Sur (Hidalgo
del Parral).
En total son 254 policías ministeriales,
de tres generaciones, que se
preparan como profesionales en la
investigación criminal en el marco
40
VEREDICTO / Año 1 • Número 12

a los nuevos licenciados de Cuauhtémoc
La generación de graduandos de Parral entrega reconocimiento a la procuradora
Graduandos de Cuauhtémoc
La ceremonia en la ciudad de Hidalgo del Parral
del nuevo sistema de justicia penal.
La Procuraduría de Chihuahua es la única en
el país que tiene institucionalizada la profesionalización
de los policías, con una licenciatura
en Procuración de Justicia impulsada desde hace
cuatro años en la capital de Chihuahua, Ciudad
Juárez, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Nuevo
Casas Grandes y dirigida a los integrantes de la
Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
El gobernador del estado, José Reyes Baeza
Terrazas, y la procuradora de Justicia del Estado,
Patricia González Rodríguez, encabezaron
la ceremonia de graduación de los 166 elementos
de Chihuahua y Juárez que culminaron la
licenciatura en Procuración de Justicia en tres
generaciones diferentes.
Con una especial emotividad se hizo el reconocimiento
y la entrega de títulos a los familiares
–hijos, esposos, padres- de los 16 policías
caídos en el cumplimiento de su deber.
De igual manera, se celebraron las ceremonias
de graduación en las ciudades de Cuauhtémoc
y Parral, con 35 y 23 nuevos licenciados,
respectivamente.
En su mensaje, la procuradora Patricia González
hizo el llamado de respaldar los actos de
heroismo de los policías que han sido “auténticas
víctimas de la violencia ilegítima del crimen
organizado”. Asimismo conminó a los graduandos
a no detener su desarrollo profesional
ni a caer en la provocación de imprimirle más
violencia a la violencia, y más bien continuar
utilizando la inteligencia como la mejor herramienta
del ser humano y el uso racional y enérgico
de la ley.
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 12 41

opinión
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
¿Afecta una defensa pasiva los
intereses del justiciable?
Mucho se ha cuestionado si el silencio
por parte de un imputado
dentro de su proceso puede afectarle
para el fallo final. Sin embargo, he
de aclarar que ello representa el ejercicio
de una garantía constitucional consagrada
en el artículo 20 apartado B, fracción
II, de nuestra Carta Magna.
Bajo esa tesitura, la defensa pasiva por
parte del defensor no obliga a la presentación
de la teoría del caso. En la especie
para la Suprema Corte de Justicia de
la Nación no existe un fundamento legal
que desde el punto de vista del derecho de
defensa y el debido proceso haga exigible
que la defensa exponga su teoría del caso
en la fase inicial del juicio.
El silencio no necesariamente implica
que ello derive en una situación adversa
para el imputado, sino que, por el contrario,
dependiendo de las circunstancias
concretas de la causa, puede ser que le
represente beneficios.
La defensa pasiva debe ser interpretada
como una estrategia en protección de
los intereses del imputado. Ello, cuando
es una táctica previamente ponderada
por el abogado defensor, ya que en un
sistema acusatorio y adversarial el Estado,
a través del órgano acusador, tiene la
obligación de acreditar fehacientemente y
más allá de toda duda razonable, que ha
ocurrido un hecho tipificado como delito
por la ley penal y que el inculpado es responsable
de dicho ilícito.
Esta facultad no constituye una restricción
del derecho a la defensa o del debido
proceso en un juicio penal oral. La estrategia
en comento da la oportunidad de conocer
la teoría del caso del agente del Ministerio
Público y estar en la oportunidad
de reconsiderar su estrategia de defensa.
En ese tenor no se ve afectada la credibilidad
ni del imputado ni del abogado
defensor; al contrario, con el cambio de
estrategias o declaraciones como ocurría
en el sistema tradicional, únicamente se
lograba perder totalmente la credibilidad
ante el Órgano Jurisdiccional, y ello sí
representaba un grave perjuicio para el
imputado.
A manera de ejemplo de una inadecuada
defensa, podemos establecer tres
hipótesis que ocurrían sobre todo ante
la revocación constante de defensores,
cuando cada uno de ellos planteaba una
estrategia diferente.
a).- Yo me encontraba en lugar diverso
al de donde ocurrieron los hechos.
b).- Bueno, sí participé, pero lo hice
en legítima defensa porque me quería
matar.
c).- Sí estuve presente pero no tuve
participación alguna.
Al replantear tres hipótesis discrepantes
de defensa, se pierde la credibilidad
del imputado ante Órgano Jurisdiccional,
virtud de ello es que la defensa pasiva al
guardar silencio no vulnera ningún derecho
y sí por el contrario le asiste el principio
de presunción de inocencia, aun y
cuando durante todo el proceso el inculpado
guarde silencio total.
Es dable concluir que en el nuevo sistema
de justicia penal, el silencio no
constituye una restricción del derecho a
la defensa o del debido proceso, pues se
mantiene intacto el reconocimiento de
inocencia para el imputado, y como titular
de dicho derecho, el Estado debe garantizarlo
a lo largo del proceso hasta que
no se dicte sentencia en contrasentido.
Jaime
Flores
LERMA
Defensor Público de
Menores Infractores del
Poder Judicial del Estado
de Durango
42 VEREDICTO / Año 1 • Número 12

Visita relator de la ONU salas de
juicios orales en Chihuahua
El relator especial sobre Promoción
y Protección del Derecho
a la Libertad de Opinión y Expresión
de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Frank La Rue,
visitó la ciudad de Chihuahua y se
entrevistó con representantes de los
tres poderes así como con organismos
autónomos constitucionales.
Frank La Rue viajó a esta entidad
acompañado de la relatora especial
de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Catalina Botero, quien
también cumplió una apretada agenda
en la entidad.
Entre los temas de interés que serán
analizados por los relatores de acuerdo
a su agenda fueron entre otros,
acceso a la información, protección
de periodistas y lucha contra la impunidad,
pluralismo y diversidad en el
debate público y el proceso comunicativo,
entre otros.
El visitante, acompañado de un
grupo de personas de Relaciones Exteriores,
sostuvo una reunión con el
magistrado presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, Rodolfo
Acosta Muñoz, con quien intercambió
ideas sobre los avances del
nuevo sistema de justicia penal.
Así, los visitantes tuvieron la inquietud
de conocer cómo se aplica en esta
entidad el nuevo sistema de justicia
penal, para lo cual estuvieron presentes
en dos audiencias, una de ellas Tribunal
Oral, en la cual se pudo observar
el cumplimiento de los principios
rectores de este sistema penal, como
lo es el de publicidad y oralidad, con
lo cual pudieron constatar el avance
que se tiene en este tema y el cual proviene
de sistemas democráticos.
El magistrado presidente del Supremo
Tribunal de Justicia en la entidad,
Rodolfo Acosta Muñoz, planteó a La
Rue los avances que se han tenido en
el sistema acusatorio, el cual se ha
aplicado en nuestra entidad desde el
año 2007, habiéndose realizado más
de 28 mil audiencias ante los jueces
de garantía con la presencia de más
de 12 mil imputados que se encuentran
involucrados en cerca de diez mil
causas penales.
La presencia de estos dos personajes
internacionales en territorio chihuahuense
habla bien de la organización,
toda vez que no se dejan llevar
por expresiones, muchas veces distorsionadas,
sobre lo que sucede en esta
entidad.
Se ha expresado que la violencia
que se ha presentado en todo el país
se trata de circunstancias de coincidencia
con la puesta en marcha del
sistema penal, puesto que el narcotráfico
además de ser un fenómeno
mundial, éste debe ser combatido con
políticas más eficaces, como la Ley
de Extinción de Dominio del Estado
de Chihuahua, publicada el pasado
siete de abril del año 2010 y la cual
sin duda, representa un paso que permitirá
la perdida de derechos sobre
bienes por hechos ilícitos como el secuestro,
robo de vehículos y trata de
personas.
Víctor
González
Castro
Titular de la Unidad de
Información del Supremo
Tribunal de Justicia
del Estado de Chihuahua
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
VEREDICTO / Año 1 • Número 11
43

VEREDICTO / Año 1 • Número 12 45

Se complace a felicitar a
VEREDICTO
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
por su primer aniversario en el esfuerzo constante y continuo
de difundir acerca del funcionamiento y los alcances del nuevo
sistema de justicia penal tanto en Chihuahua como en los demás
estados que han implementado o están en vías de implementación
del modelo acusatorio adversarial.
La información objetiva y oportuna siempre abona
a la transparencia en todos sus ámbitos.
¡Enhorabuena!
Lic. Fernando Antonio Herrera Martínez
Consejero Presidente

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Procuraduría General de
Justicia del Estado de Durango
Felicita en su primer
aniversario a
VEREDICTO
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
por su destacada labor en la cobertura informativa y difusión del nuevo
sistema de justicia penal, a través de un periodismo profesional y
objetivo, lo que sustancialmente contribuye a la socialización del modelo
acusatorio adversarial y a su mayor entendimiento
¡Enhorabuena!
Lic. Daniel García Leal
Procurador General de Justicia del Estado de Durango

Poder Judicial del Estado de Chihuahua
¡Enhorabuena!
VEREDICTO
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Por su primer aniversario que sólo es el primer peldaño de
una gran obra periodística que tanto se requiere para
promover un modelo de justicia más transparente y
democrático
Lic. Rodolfo Acosta Muñoz
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Chihuahua
Lic. Felipe Holguín Bernal
Secretario General

Federación Estatal
Chihuahuense de Colegios
de Abogados A.C.
Felicita a
VEREDICTO
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
por su primer aniversario
La implementación del sistema de justicia penal de corte acusatorio adversarial en Chihuahua
obedeció principalmente a la incorporación por parte de nuestro estado a un sistema democrático
que ha de enfrentar la justicia penal, respetando los derechos fundamentales tanto del imputado
como de la víctima, partiendo de la base que la legalidad debe prevalecer sobre la ilegalidad.
Es necesario que a los ciudadanos se les dé a conocer de manera efectiva y asertiva las características
de este sistema, para que de esta manera puedan comprender que un sistema basado en el respeto a
los derechos fundamentales siempre será mejor a un sistema
que tienda a la violación sistemática de esos derechos.
En este contexto destaca la labor que ha estado haciendo
ya durante un año consecutivo la revista Veredicto en la
divulgación de los preceptos y el funcionamiento del nuevo
sistema de justicia, poniendo en su justa dimensión tanto sus
beneficios como los errores que se cometen en la aplicación
práctica.
Por ello, le deseamos a Veredicto y a las personas que la
hacen posible el mejor de los éxitos.
¡Enhorabuena!
Lic. José Alfredo Fierro Beltrán
Presidente Federación Estatal Chihuahuense de
Colegios de Abogados A.C.

Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres
Compañer@s de
VEREDICTO
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Gracias
Por compartir nuestros sueños
de justicia para las mujeres con
visión de género

A directivos, personal y colaboradores de la Revista
VEREDICTO
Revista Especializada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Estimados amigos:
La transparencia y publicidad son principios consustanciales del sistema penal acusatorio y
adversarial, vigente en nuestro Estado y en proceso de implementación en toda la República.
Ambos, junto al de oralidad y otros, dan sustento al debido proceso, la certeza jurídica y el
respecto a los derechos humanos y garantías legales de las partes en conflicto y/o litigio.
Son también premisas ineludibles para impulsar una nueva cultura jurídica sustentada en la
presunción de inocencia y la prueba, así como para su socialización.
La revista VEREDICTO, a partir de estos principios y a lo largo de este año ha contribuido
de manera significativa a divulgar de manera documentada, objetiva y oportuna los
principios, objetivos y bondades del sistema penal acusatorio y adversarial y a ubicar
también con el mismo profesionalismo, los errores que se han cometido en su operación.
Me es muy grato por ello extender a quienes la hacen posible una felicitación por este
esfuerzo con motivo de su primer aniversario.
Hago votos por que este proyecto editorial, que ya es un referente obligado de los
profesionales del derecho, lo sea también de la comunidad toda en bien de la justicia y la
democracia.
Sinceramente
MDP Patricia González Rodríguez
Procuradora General de Justicia del Estado
Chihuahua, Chihuahua, 5 de agosto de 2010.