Revista Metales

RECUPERACIÓN & RECICLAJE
La industria del reciclaje solicita una reducción
urgente de las cargas administrativas
La Federación Española de la Recuperación
y el Reciclaje (FER) ha remitido
sendas misivas a los ministerios de Interior
y Medio Ambiente y a las CC. AA. en
los que informa a sus responsables que
las cargas administrativas que impone la
Administración a los gestores de residuos
pone en serio riesgo la viabilidad de las
empresas que se dedican a la conversión
de residuos en recursos en España.
A través de su directora general, Alicia
García-Franco, la federación lamenta en
la carta remitida que “pese a todos los
llamamientos realizados por parte de
la Administración General del Estado,
de la OCDE y de la Unión Europea –por
ejemplo, el pasado 14 de julio el Ministerio
de Hacienda y las patronales CEOE
y CEPYME firmaron el octavo convenio
de colaboración para la reducción de
las cargas administrativas que soportan
las empresas–, hemos constatado que,
tristemente, en el ámbito de la gestión de
residuos la carga burocrática es cada vez
mayor”.
“Además, en las últimas normas y
adaptaciones legislativas de importancia
en el ámbito de los residuos no solo
no se reducen esas cargas, sino que se
incrementan exponencialmente”, añade
García-Franco. Tal es el caso del Real
Decreto 110/2015 de RAEE y su extraordinariamente
profuso y complejo archivo
cronológico, así como de la reciente aplicación
del Real Decreto de traslado a los
traslados internos de residuos realizados
dentro de las CCAA.
Estimación de costes
En la misiva que ha remitido FER a Interior,
Medio Ambiente y a las CC. AA., la
patronal del reciclaje adjunta un estudio
propio en el que se analizan los costes
derivados de las cargas burocráticas y
administrativas para las empresas, en relación
a los datos obtenidos en el registro
de obligaciones burocráticas por razón
de normativa ambiental y en cumplimentar
el archivo cronológico (artículo 40 de
la Ley 22/2011).
En cuanto al volumen de operaciones,
una gran parte de las empresas (el 33%)
reporta más de 10.000 apuntes al año,
otro 35% menos de 10.000 operaciones y
destacan algunas que llevan a cabo más
de 100.000 apuntes anuales.
Lógicamente, apunta la directora
general de FER, todas estas cargas
burocráticas “se traducen en un elevado
numero de horas de trabajo por parte del
personal, que supone un elevado coste
para las empresas”.
FER ha estimado que los gastos derivados
de estos trámites suponen para
cada empresa, independientemente de
su volumen de facturación en un sector
formado mayoritariamente por pymes,
unos 20.000 euros anuales. “Es una cifra
que pudiera no parecer desorbitada”,
advierte García-Franco, “pero el trabajo
de las empresas recuperadoras no es el
de reportar datos, sino el de gestionar
adecuadamente los residuos, por lo
que estos gastos suponen una carga
impuesta”.
Soluciones urgentes
La federación, cita la vigente Ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y su
artículo 129 “Principios de buena regulación”,
en virtud del cual, por el principio
de proporcionalidad, las iniciativas
que se propongan deberán atender la
necesidad a cubrir tras constatar que no
existen otras medidas menos restrictivas
de derechos, o que impongan menos
obligaciones a los destinatarios y en
aplicación del principio de eficiencia, la
iniciativa normativa debe evitar cargas
administrativas innecesarias o accesorias
y racionalizar, en su aplicación, la gestión
de los recursos públicos.
Además, para evitar esa duplicidad y
carga administrativa innecesaria, señala
la carta enviada por FER, la propia Ley
22/2011, desde hace ya más de cinco
años, en su disposición adicional sexta,
“Control de actividades de gestión de
residuos relevantes para la seguridad
ciudadana”, contempla que realizar un
registro único sería el método idóneo
para satisfacer sus necesidades de información,
sin imponer cargas innecesarias
y desproporcionadas a las empresas:
“1. El Ministerio del Interior y el Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino determinarán de forma
conjunta mediante orden ministerial,
las actividades de gestión de residuos
que son relevantes para la seguridad
ciudadana, a los efectos previstos
en el artículo 12 de la Ley Orgánica
1/1992, de 21 de febrero, de Protección
de la Seguridad Ciudadana.
2. Reglamentariamente se determinará
la información complementaria
sobre estas actividades que, en su
caso, deberá incluirse en el Registro
de producción y gestión de residuos y
en el Archivo cronológico, establecidos
en los artículos 39 y 40.
La información contenida en el Registro
de producción y gestión, y en los
Archivos cronológicos permanecerá a
disposición de las autoridades competentes
a efectos de inspección y control”.
FER considera imperativa y urgente la
aplicación de esa disposición y se pone a
disposición de ambos ministerios y de las
diferentes CC.AA. para estudiar las vías
por las que se puedan agilizar los trámites
que acaben con las actuales cargas burocráticas
y administrativas.
Por último, Alicia García-Franco denuncia
que frente a esta situación, en la
que las empresas legales que cumplen
con sus obligaciones tiene cada vez más
costes y trabas burocráticas, las empresas
ilegales operan al margen de estos
registros y obligaciones administrativas y
sus costes derivados, “pues quien actúa
sin autorización tampoco se preocupa de
cumplir con ellas y operan en el mercado
de la recuperación ejerciendo una clara
competencia desleal frente a los gestores
autorizados y con grave peligro para el
medio ambiente”.
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