AMNISTÍA INTERNACIONAL

Pese a la adopción de legislación nueva y
progresista contra la discriminación, las
minorías vulnerables seguían sufriendo
discriminación de forma generalizada.
Continuaban las amenazas y agresiones
contra periodistas y contra la libertad de los
medios de comunicación. El Tribunal Penal
Internacional para la ex Yugoslavia dictó
varias sentencias en relación con delitos
cometidos durante el conflicto de 1992 a
1995 pero, en el ámbito nacional, el acceso
de las víctimas civiles de la guerra a justicia
y reparación seguía siendo limitado.
INFORMACIÓN GENERAL
En febrero, Bosnia y Herzegovina presentó su
solicitud de ingreso en la Unión Europea, que
fue aceptada en septiembre.
Las autoridades de la República Srpska,
una de las dos entidades constitutivas del
país, se negaron a aplicar una sentencia del
Tribunal Constitucional de Bosnia y
Herzegovina según la cual su Ley de
Vacaciones, que designaba el 9 de enero
como Día de la República Srpska, era
inconstitucional y discriminatoria hacia la
población no serbia de la entidad.
Las elecciones municipales que se
celebraron en octubre en todo el país
estuvieron marcadas por un discurso cada
vez más nacionalista. En junio se publicaron
los resultados de un censo realizado en
2013, el primero desde la guerra; sin
embargo, la República Srpska puso en duda
la metodología empleada para recopilar los
datos del censo, así como sus resultados.
DISCRIMINACIÓN
El Consejo de Ministros adoptó en abril el
primer Plan de Acción para la Prevención de
la Discriminación, y en junio la Asamblea
Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina
aprobó una serie de reformas de la Ley de
Prevención de la Discriminación. El nuevo
texto, que gozó de una amplia aceptación
entre la sociedad civil, enumeraba motivos
específicos de discriminación —entre ellos la
orientación sexual— y ampliaba
considerablemente los motivos prohibidos de
incitación a la discriminación, que en el texto
original se limitaban a los de raza, religión y
nacionalidad.
El Parlamento de la Federación de Bosnia
y Herzegovina, la otra entidad constitutiva del
país, aprobó reformas en su Código Penal
para tipificar como delito los crímenes de
odio, cuya definición incluía una gran
cantidad de motivos prohibidos; sin embargo,
las sanciones previstas para el delito de
incitación al odio, discurso de odio y violencia
seguían aplicándose únicamente a los
motivos de nacionalidad, etnia y religión, y
excluían el discurso de odio contra otros
grupos marginados.
La exclusión social y la discriminación, en
especial de las personas romaníes y de
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e
intersexuales, seguía siendo generalizada.
Aunque se redujo el número de romaníes sin
documentos de identidad y mejoró
ligeramente su acceso a la vivienda, seguían
encontrando barreras sistémicas en el
acceso a la educación, la atención médica y
el empleo. La Estrategia Nacional de
Inclusión de la Población Romaní y su
correspondiente Plan de Acción finalizaron
en 2016 sin haber cumplido muchos de sus
objetivos. El Consejo de Ministros reasignó
parte de los fondos inicialmente destinados a
respaldar la aplicación del Plan.
Las lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero e intersexuales continuaban
sufriendo discriminación e intimidación.
Grupos de la sociedad civil documentaron
casos de agresiones verbales y físicas y
discriminación, que en su mayoría no se
investigaron de forma exhaustiva. En marzo,
un grupo de hombres jóvenes entró en una
cafetería y sala de cine frecuentada por la
comunidad LGBTI de la capital, Sarajevo, y
atacó e intimidó a la clientela. Aunque varias
personas sufrieron lesiones físicas, la policía
clasificó el incidente como un delito menor.
Tampoco llegaron a presentarse cargos
penales contra los perpetradores de una
agresión de 2014 contra los organizadores
del festival de cine LGTB “Merlinka”, cuya
edición de 2016 se celebró en medio de un
fuerte dispositivo policial de seguridad.
108 Informe 2016/17 Amnistía Internacional