AMNISTÍA INTERNACIONAL

cargo. El activista juvenil Mohd Fakhrulrazi
fue condenado a ocho meses de prisión por
sedición tras pedir la excarcelación de Anwar
Ibrahim.
La Ley sobre Comunicaciones y Materiales
Multimedia se empleó cada vez más para
hostigar a personas críticas con el gobierno y
disidentes. En junio, el activista Fahmi Reza
fue acusado dos veces en aplicación de esta
ley por representar al primer ministro como
un payaso en una caricatura. Muhammad
Amirul Zakwan se declaró culpable de
publicar comentarios insultantes en
Facebook sobre el príncipe de Johor y fue
condenado a dos años de internamiento en
un reformatorio. Al menos otras tres personas
fueron acusadas, detenidas o investigadas
por publicar comentarios en las redes
sociales en los que criticaban al príncipe.
Se impuso la prohibición arbitraria de
viajar a tres personas críticas con el gobierno,
entre ellas el dibujante y activista político
Zunar.
LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE
ASOCIACIÓN
Se enjuició a activistas de derechos humanos
y a parlamentarios de oposición por
participar en protestas pacíficas. 3 En octubre,
manifestantes que recorrían el país en una
caravana para propugnar la reforma electoral
y sensibilizar sobre la manifestación Bersih 5
sufrieron agresiones físicas e intimidación,
así como amenazas de muerte contra sus
dirigentes. 4
DETENCIÓN Y RECLUSIÓN ARBITRARIAS
Continuaron empleándose leyes sobre la
detención preventiva para detener a
presuntos autores de delitos contra la
seguridad. La redacción de la Ley de
Prevención del Terrorismo era excesivamente
amplia y se prestaba a abusos; no definía a
qué personas hacía referencia la mención
“participantes en la comisión de actos
terroristas o que los apoyen”. Esta ley
permitía a las autoridades recluir a personas
hasta 60 días sin cargos ni juicio sin alegar
los motivos de la detención. La Ley de Delitos
contra la Seguridad (Medidas Especiales)
permitía efectuar detenciones de hasta 28
días sin cargos ni juicio.
En enero y febrero, la ONG de derechos
humanos Suara Rakyat Malaysia denunció
que, en aplicación de la Ley de Delitos contra
la Seguridad (Medidas Especiales), al menos
13 personas habían sido sometidas bajo
custodia a tortura u otros malos tratos tales
como darles golpes y pisotearlas y obligarlas
a desnudarse y a realizar actos sexuales ante
las autoridades. Al concluir el año, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos
continuaba investigando estos sucesos.
La Ley del Consejo de Seguridad Nacional,
que entró en vigor en agosto, otorgaba al
ejecutivo amplios poderes, entre ellos los de
detener, registrar y confiscar bienes sin orden
judicial e imponer toques de queda, así como
autoridad para eludir medidas de rendición
de cuentas, como las investigaciones de
muertes en zonas de seguridad. 5
En noviembre, Maria Chin Abdullah,
presidenta de Bersih, fue detenida en
relación con la organización de la
manifestación Bersih (véase supra) y recluida
en aplicación de la Ley de Delitos contra la
Seguridad (Medidas Especiales) por intentar
llevar a cabo actividades perjudiciales para la
democracia parlamentaria. Permaneció
recluida durante 11 días en régimen de
aislamiento, sin cargos ni acceso a un juez,
en condiciones deplorables en un lugar
desconocido.
POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD
Persistía la impunidad por las muertes bajo
custodia y el uso excesivo de la fuerza. En
abril, la Comisión de Integridad de las
Fuerzas del Orden concluyó que los agentes
de policía que habían interrogado a N.
Dharmendran, muerto bajo custodia policial
en 2013, eran responsables de su muerte
por fuerza física, y que posteriormente la
policía había falsificado pruebas para
encubrir el trato que éste había recibido
durante el interrogatorio. Pese a ello, en junio
la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de
Kuala Lumpur absolvió a los cuatro policías
acusados del asesinato. La viuda de N.
Informe 2016/17 Amnistía Internacional 293