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Algunas consideraciones acerca de la
adopción de niños en nuestro país
Cuando analizamos el tema de la
adopción de los niños que se encuentran
institucionalizados se impone
distinguir situaciones que son esencialmente
diferentes y que tienen características
y consecuencias jurídicas también
diferentes.
Nos centraremos en cuáles son las condiciones
necesarias para que un niño institucionalizado
pueda ser adoptado. Tales
“condiciones” no son un detalle menor,
sino que hacen a las circunstancias que
marcan las consecuencias jurídicas diferentes
a las que me refería al inicio y que
en general no son visualizadas por la
sociedad en su conjunto.
Con esto estoy haciendo referencia a ideas
generalizadas en el imaginario colectivo
que podríamos formular de la siguiente
manera: “¿Cómo puede ser que haya
que esperar tanto para adoptar un niño,
cuando hay un montón de niños abandonados?”
o “Es tan lento el proceso de
adopción que los niños en hogares se
hacen grandes y después nadie los quiere
adoptar” o “si adoptás un niño procurá
que sea recién nacido o tenga menos
de un año, porque los más grandes después
tienen muchos problemas”.
Seguramente mientras he ido formulando
estas preguntas o afirmaciones
ustedes han ido recordando otras tantas
que en el mismo sentido han escuchado
o incluso planteado. Lo que sucede
es que mirado desde afuera es sólo
lo que se ve. Sin embargo y contrariamente
a lo que en general se cree no
todos los niños institucionalizados están
esperando para ser adoptados, muy por
el contrario, la mayoría de ellos, no están
en condiciones de adopción.
Para explicar ésta última afirmación es
necesario recurrir a las normas constitucionales
esenciales en esta materia, en el
caso Convención de los Derecho del Niño.
En ella se expresa claramente que el niño
siempre que sea posible debe crecer al
amparo y bajo la responsabilidad de sus
padres. Ahora bien, existen situaciones
familiares en que es necesario separar al
niño de su familia porque ésta le causa
daño. Sin duda que separar a un niño de
su familia y albergarlo en una institución
sea esta del estado o de las organizaciones
de la sociedad civil, es una decisión
que toma el juez de familia fundadamente
y que, previo a ello, ha agotado
las alternativas de contención del niño
en su familia extensa o en su red social.
Ingresado el o los niños a la institución,
el Juez de Familia que dispuso tal medida
debe en primer lugar cumplir con el
mandato constitucional y, en consecuencia,
otorgar a la familia de origen
del niño toda la ayuda necesaria para
que,de ser posible, revierta la situación
que determinó la necesidad de la institucionalización
y apoyar a la misma en
el proceso de cambio con todo lo que
desde el Estado es posible aportar.
Obviamente será necesario contar con
la voluntad de la familia de producir esos
cambios y el tiempo que los mismos
demandan es variable dependiendo de
cada caso en particular. En ocasiones el
reintegro se produce rápidamente, otras
veces es reintegrado a su familia en la
persona de miembros de la familia extensa
en miras a la vuelta a la familia nuclear.
En otros casos la reinserción familiar
lleva tiempo o finalmente, y a pesar de
los esfuerzos, fracasa. Sin embargo, ese
lapso de tiempo al que nos referimos es
aquél en el que el niño está institucionalizado
y sin embargo no está en condiciones
de ser adoptado.
Comunicación Social
Por Melisa Valsi (*)
Los niños de estas familias, en estas condiciones,
no son niños desamparados, y
por lo tanto no están en condiciones de
ser adoptados. Ustedes preguntarán si
puede pasar mucho tiempo mientras transitan
este proceso, y les diría que sí, que
puede ser mucho tiempo mirado objetivamente,
pero es el tiempo de esta familia
y es necesario respetar el derecho de
ese niño de volver a su familia de origen..
En muchos casos se pone en juego, aquello
de la responsabilidad que mencioné
al principio, la que les cabe a los operadores
del derecho en la construcción del
futuro de estos niños. Y cuando hablo de
operadores de derecho, no me refiero sólo
a quienes tienen la responsabilidad de
tomar las decisiones, sino también a quienes
tienen la responsabilidad de mantener
al juez informado de las situaciones
por las que atraviesa el niño en la institución.
De nosotros como ciudadanos, y
no de ellos, depende hacer los esfuerzos
necesarios para que esos niños que han
sufrido primero la separación de su familia
–aún justificada pero no por culpa de
ellos- y luego un vida en familia ajena,
tengan la posibilidad de ser parte nuevamente
de una familia propia, que los
quiera, los cuide, los proteja, los integre,
en definitiva, los adopte.
Esta nota periodística es producto de un trabajo
de investigación realizado en la materia
Investigación Cuantitativa, de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Comunicación,
a cargo de la profesora Bibiana L. Fumaneri.
En esta ocasión se trabajó con personal de
“Casa del Sol” en Capital Federal, “Hogar Escuela
San Juan Bosco” y “Hogar de niñas Gregoria
Pérez de Dennis”, en Gualeguay, Entre Ríos.
Agradecemos tales colaboraciones.
(*) Alumna de la Licenciatura en
Comunicación Social
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