R. 398-2017-SERVIR-TSC-Segunda Sala

• Presidenda
del Consejo de Ministros
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
RESOLUCIÓN Nº 003Cl 8 -2017-SERVIR/TSC-Segunda Sala
EXPEDIENTE
1M PUGNANTE
ENTIDAD
RÉGIMEN
MATERIA
291-2017-SERVIR/TSC
EGIDIO LOZANO CANDIA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 06
LEY Nº 29944
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
AMONESTACIÓN ESCRITA
SUMILLA: Se declara la NULIDAD del acto administrativo contenido en el Oficio N!!
1474-2016/UGEL N~ 06/DIR-ARH, del 26 de octubre de 2016 y de la Resolución
Directora/ N!! 09337, del 7 de diciembre de 2016, emitidas por la Jefatura del Área de
Recursos Humanos y la Dirección de Programa Sectorial 11 de la Unidad de Gestión
Educativa Local N!! 06; por vulneración al debido procedimiento administrativo y al
principio de tipicidad
Lima, 15 de marzo de 2017
ANTECEDENTES
l. Mediante Informe Nº 169-2014/UGEL06/GAIE/MOV-PERS-CP, el Responsable de
Control de Personal informó al Encargado del Equipo de Movimiento de Personal
de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 06, en adelante la UGEL Nº 06, que con
Informe Nº 1494-2014/J-AGAIE/MOV- PERS/PLLAS, del 12 de noviembre de 2015,
el Equipo de Planillas devolvió los Expedientes de Consolidados de Asistencia
remitidos extemporáneamente por los Directores de diversas Instituciones
Educativas, entre los cuales se encontraba el señor EGIDIO LOZANO CANDIA, en su
condición de Director del I.E.T 129 "Yamaguchi", en adelante el impugnante;
asimismo, en el mencionado informe se indicó que la relación de las referidas
Instituciones Educativas debía ser remitida a la Comisión de Procesos
Administrativos de la UGEL Nº 06 para que emita pronunciamiento al respecto.
2. Con Memorando Nº 2429-2014/UGEL06/J-AGAIE/J-MOV.PERS., del 23 de
diciembre de 2014, la Jefatura del Área de Gestión Administrativa, Infraestructura
y Equipamiento remitió, a la Comisión de Procesos Administrativos de la UGEL Nº
06, los expedientes presentados de forma extemporánea, a fin de que emita
pronunciamiento.
3. Con Informe Preliminar Nº 302-2015-UGEL.OG/ARH/ST-CPPADD, del 11 de
diciembre de 2015, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos
Disciplinarios para Docentes, puso en conocimiento de la Dirección de la UGEL Nº
06 que existían indicios suficientes que el impugnante y otros se rvidores, habrían
incurrido en falta administrativa disciplinaria, al haber presentado sus
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Autoridad Nadonal
del Servido Civil
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consolidados de Asistencia de Personal extemporáneamente, generándose un
pago sin documentación sustentatoria en el mes respectivo.
4. Posteriormente, mediante Oficio Nº 1474-2016/UGEL Nº 06/DIR-ARH, del 26 de
octubre de 2016 1 , la Jefatura del Área de Recursos Humanos de la UGEL Nº 06,
comunicó al impugnante que tenía el plazo de diez días hábiles para absolver el
siguiente cargo:
"( ... ) presuntamente habría incurrido en falta administrativa disciplinaria por haber
presentado sus consolidados de Asistencia de Personal Docente y Administrativo
extemporáneamente, establecido en el inciso q) del Artículo 40º de la Ley Nº 29944
Ley de Reforma Magisteriaf2. 11 (Sic)
S. Con Resolución Directora! Nº 09337, del 7 de diciembre de 2016 3 , la Dirección de
Programa Sectorial 11 de la UGEL Nº 06 resolvió imponer sanción de amonestación
escrita al impugnante y a otros servidores, señalando lo siguient e:
"(. . .) IMPONER SANCION DE AMONESTACION ESCRITA a los siguientes servidores
( ... ), Lic. EGID/0 LOZANO CANO/A, Director de la /.E. T. 129 "YAMAGUCH/ 11 del
distrito de Santa Anito, quienes habrían incurrido en Falta Administrativa
Disciplinaria, al haber presentado el consolidado de Asistencia del Personal
Docente y Administrativo a su cargo en forma extemporánea, plasmado en el
Título 11 Numeral4 DISPOSICIONES GENERALES de la Resolución Ministerial Nº 571-
94-ED, Los Directores o Jefes de las dependencias, comunicaran al equipo de
control de personal, dentro de los cinco días del mes siguiente, las tardanzas,
inasistencias y permisos justificados e injustificados de los trabajadores a su cargo
o efecto de la aplicación de los descuentos correspondientes. En los Centros y
Programas Educativos, lo hará el Director del Plantel, a la correspondiente USE o
dependencia inmediata superior, falta administrativa Disciplinario, establecido en
el inciso q) del Artículo 402 de la Ley Nll 29944 - Ley de Reforma Magisterial (. .. ). 11
(Sic)
TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN
6. El17 de enero de 2017, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la
Resolución Directora! Nº 09337, en base a los siguientes argumentos:
1
Notificado al impugnante el 28 de octubre de 2016.
2
Ley N2 29944 - Ley de Reforma Magisterial
"Artículo 4011.- Deberes
Los profesores deben:
a)( ...)
q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia."
3
Notificada al impugnante el 30 de diciembre de 2016.
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(i) Presentó el consolidado de inasistencias dentro del plazo de ley.
(ii) Se vulneró su derecho de defensa al no notificársele personalmente el Oficio
Nº 1474-2016/UGEL Nº 06/DIR-ARH, conociendo de éste tiempo después.
7. Mediante Oficio Nº 899-2017 /UGEL Nº.06/AAJ, la UGEL Nº 06 remitió al Tribunal
del Servicio Civil, en lo sucesivo el Tribunal, el recurso de apelación interpuesto
por el impugnante, así como los antecedentes que dieron lugar a la emisión del
acto impugnado.
ANÁLISIS
De la competencia del Tribunal del Servicio Civil
8. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023 4 , modificado
por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final la Ley Nº 29951- Ley
del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 5 , el Tribunal tiene por
función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del
Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: acceso
al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y
terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa.
9. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución
de Sala Plena Nº 001-2010-SERVIR/TSC 6 , precedente de observancia obligatoria
sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda
y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados
4
Decreto Legislativo N!! 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
"Artículo 172.- Tribunal del Servicio Civil
El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que
tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema.
El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.
Conoce recursos de apelación en materia de:
a) Acceso al servicio civil;
b) Pago de retribuciones;
e) Evaluación y progresión en la carrera;
d) Régimen disciplinario; y,
e) Terminación de la relación de trabajo.
El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas
únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contencioso administrativa.
Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable
de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal".
5
Ley N!! 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
"CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto legislativo N!! 1023, Decreto
Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos".
6
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el17 de agosto de 2010.
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ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen
sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior.
10. Sin embargo, cabe precisar que en el caso de las entidades del ámbito regional y
local, el Tribunal únicamente es competente para conocer los recursos de
apelación que correspondan a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo
establecido en el artículo 90º de la Ley Nº 30057 - Ley del Servicio CivW, y el
artículo 95º de su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-
2014-PCM8; para aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del1 de julio
de 2016, conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y
publicado en el Diario Oficial 11 EI Peruano" 9 , en atención al acuerdo del Consejo
Directivo de fecha 16 de junio del 2016 10 .
7
ley N2 30057 - ley del Servicio Civil
"Artículo 902.- La suspensión y la destitución
La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y
cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de
suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien
haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del
jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio
Civil.
La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o
quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada
por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por
resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil".
8
Reglamento de la ley N!! 30057, aprobado por Decreto Supremo N!! 040-2014-PCM
"Artículo 952.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia
De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio
Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente
para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil,
con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida
por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley.
La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía
administrativa".
9
El1 de julio de 2016.
10 Decreto Legislativo N!! 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil,
Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos
"Artículo 16!!.- Funciones v atribuciones del Consejo Directivo Son funciones v atribuciones del
Consejo Directivo:
a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general;
b) Aprobar la política general de la institución;
e) Aprobar la organización interna de la Autoridad, dentro de los límites que señala la ley y el
Reglamento de Organización y Funciones;
d) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del
sistema;
e) Nombrar y remover al gerente de la entidad y aprobar los nombramientos y remociones de los
demás cargos directivos;
f) Nombrar, previo concurso público, aceptar la renuncia y remover a los vocales del Tribunal del
Servicio Civil;
g) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil;
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15. En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que
concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y
garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos "los derechos de
los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la
Ad m inistración" 12 .
16. Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración
pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos
lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y
legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento
jurídico y desincentivar la realización de infracciones. El procedimiento
sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que
todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de
sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En
ese sentido, el artículo 230º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, modificado por Decreto Legislativo Nº 1272, establece
cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.
17. Por su parte, el numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú
establece, como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido
proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha
señalado que estos principios "( .. .) no sólo se limitan a las formalidades propias de
un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos
administrativos sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como
el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que
deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos,
incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda
afectarlos (. .. )" 13 .
18. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional manifiesta que "( .. .) en reiterada
jurisprudencia, e/ Tribunal Constitucional ha sostenido que el derecho reconocido
1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías
implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo
enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los
cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a
producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión
motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a
impugnar las decisiones que los afecten.
La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible
con el régimen administrativo.( ... )".
12 RUBIO CORREA, Marcial. El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribuno/ Constitucional. Lima:
2006, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p. 220.
13 Fundamento 2º de la sentencia emitida en el expediente Nº 02678-2004-AA/TC.
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en la referida disposición "( ... ) no sólo tiene una dimensión, por así decirlo,
'Judicial", sino que se extiende también a sede "administrativa" y, en general,
como la Corte Interamericano de Derechos Humanos lo ha sostenido, a "cualquier
órgano del Estado que ejerza de carácter materialmente jurisdiccional (el que}
tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido
proceso legal, en los términos del artículo 89 de la Convención Americana (. .. }" 14 .
19. Con re lación al derecho de defensa, el numeral 14 del artículo 139Q de la
Constitución Política del Perú, dispone que nadie puede ser privado de este
derecho en ningún estado del proceso; sobre este aspecto, el Tribunal
Constitucional ha señalado que "( .. .) el debido proceso y los derechos que
conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un
proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo
( •.. )" 15 ; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual
"(. . .)se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión
y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir
en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o
procedimiento, o en el caso de un tercero con interés" 16 .
20. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional manifiesta que "( ... ) el derecho de
defensa consiste en la facultad de toda persona de contar con el tiempo y los
medios necesarios para ejercerlo en todo tipo de procesos, incluidos los
administrativos, lo cual implica, entre otras cosas, que sea informada con
anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra" [Exp. N9 0649-2002-AA/TC
FJ 4}"17.
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)
21.
22.
Agrega el referido Tribunal que: "( ... ) queda clara la pertinente extrapolación de la
garantía del derecho de defensa en el ámbito administrativo sancionador y con ello
la exigencia de que al momento del inicio del procedimiento sancionador se
informe al sujeto pasiva de los cargos que se dirigen en su contra, información que
debe ser oportuna, cierta, explícita, precisa, clara y expresa con descripción
suficientemente detallada de los hechos considerados punibles que se imputan, la
infracción supuestamente cometida y la sanción a imponerse, todo ello con el
propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa" 18 .
Por su parte, en relación al principio de legalidad y a la tipificación de las
conductas sancionables o infracciones, los numerales 1 y 4 del artículo 23QQ de la
Ley NQ 27444, modificados por el Decreto Legislativo NQ 1272, señalan que sólo
por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora
14 Fundamento 3º de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC.
15 Fundamento 13º de la sentencia emitida en el expediente Nº 8605-2005-AA/TC.
16 Fundamento 14º de la sentencia emitida en el expediente Nº 8605-2005-AA/TC.
17 Fundamento 4º de la sentencia emitida en el expediente Nº 2659-2003-AA/TC.
18 Fundamento 14º de la sentencia emitida en el expediente Nº 02098-2010-PA/TC.
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de
sanción son posibles de aplicable a un administrativo; y que sólo expresamente en
normas con rango legal mediante su tipificación como tales, sin admitir
interpretación extensiva u análoga. Por lo que las entidades sólo podrán sancionar
la comisión de conductas que hayan sido previamente tipificadas como ilícitas,
mediante normas que describan de manera clara y específica el supuesto de
hecho infractor y la sanción aplicable 19 .
23. Asimismo, respecto al principio de legalidad y tipicidad, el Tribunal Constitucional
ha señalado que "( .. .) el primero, se satisface cuando se cumple con la previsión de
las infracciones y sanciones en la ley, mientras que el segundo, se constituye como
la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta, resultando
éste el límite que se impone al legislador penal o administrativo, a efectos de que
las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas,
estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita comprender sin
dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción de una
determinada disposición legal" 20 .
24. De modo que, por el principio de legalidad, las entidades deben prever de manera
clara qué conductas son ilícitas y sancionables, mientras que por el principio de
tipicidad, existe una obligación por parte de las entidades públicas, tanto al
momento de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, como al
momento de resolver la imposición de una sanción, de señalar de manera expresa
cuál es la norma o disposición que se ha incumplido; y asimismo, se debe precisar
cuál es la correspondiente falta que se ha cometido, la misma que debe tener
correlato con la sanción a imponerse.
25. En consecuencia, por el principio de tipicidad, el cual constituye un límite a la
potestad sancionadora, se debe precisar cuál es la conducta que se considera
como falta administrativa, disciplinaria o penal. En ese sentido, existe una
obligación por parte de las entidades públicas, tanto al momento de iniciar un
procedimiento administrativo disciplinario, como al momento de resolver la
imposición de una sanción, de señalar de manera expresa cuál es la norma o
disposición que se ha incumplido. Asimismo, se debe precisar cuál es la
correspondiente falta que se ha cometido, la misma que debe tener correlato con
la sanción a imponerse.
26. Por otro lado, debemos agregar que la debida motivación en proporción al
contenido y conforme al ordenamiento jurídico constituye, de conformidad con lo
19
VERGARAY, Verónica y Hugo GÓMEZ APAC. La Potestad Sancionadora y los Principios del Derecho
Sancionador. En: Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General, libro Homenaje a José
Alberto Bustamante Belaunde, lima: 2009. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, p. 403.
2
°Fundamento 11 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 06301-
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dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 27444 21 , un requisito de validez del acto
administrativo que se sustenta en la necesidad de "permitir apreciar su grado de
legitimidad y limitar la arbitrariedad en la actuación pública" 22 .
27. Sobre el particular, es necesario considerar que la exigencia de motivación de las
resoluciones administrativas ha sido materia de pronunciamiento expreso del
Tribunal Constitucional, que ha precisado su finalidad esencial del siguiente modo:
"La motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de
sustento a una resolución de la Administración, siendo un mecanismo que permite
apreciar su grado de legitimidad y limitar la arbitrariedad de su actuación.
Evidentemente, tal exigencia varía la intensidad según la clase de resolución,
siendo claro que ella deberá ser más rigurosa cuando se trate, por ejemplo, de
decisiones sancionadoras, como ocurre en el caso sub exámine" 23 .
En tal sentido, en la interpretación del Tribunal Constitucional:
"Un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional
legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciac10n
individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano
administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han
conducido a adoptar tal decisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivar una
decisión no sólo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se
expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente exponer las razones de
hecho y el sustento jurídico que justifican lo decisión tomada" 24 •
28. En este mismo sentido, el artículo 6º de la referida norma 25 , señala que la
motivación deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los
21 Ley N2 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto legislativo
N21272
"Artículo 32.- Requisitos de validez de los actos administrativos
Son requisitos de validez de los actos administrativos:
l. (-..)
4. Motivación,- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y
conforme al ordenamiento jurídico. ( __.)".
22 Morón Urbina, Juan (2009) Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo Generar Octava
Edición. Lima, Gaceta Jurfdica_ p. 157.
23 Fundamento 92 de la Sentencia recaída en el Expediente N!! 4289-2004-AA/TC
24 Fundamento 342 de la Sentencia recaída en el Expediente N!! 0090-2004-AA/TC.
25 Ley Nll 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por Decreto Legislativo
N!! 1272
"Artículo 6!!.- Motivación del acto administrativo
6.1la motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados
relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia
directa a los anteriores justifican el acto adoptado.
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hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones
jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto
adoptado.
29. En esta línea, acerca del derecho a la motivación de las decisiones de la
administración, el Tribunal Constitucional 26 señala, en términos exactos, lo
siguiente:
"Cabe acotar que la Constitución no establece una determinada extensión de la
motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista
fundamentación, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese
una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa o
se presenta el supuesto de motivación por remisión.
La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los
razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de
actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto
respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.
El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el
ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el
juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los
ámbitos de inmunidad jurisdiccional.
Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del
principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se
debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y
6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de
anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto.
Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al
administrado conjuntamente con el acto administrativo.
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de
fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad,
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.
No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el
acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios
probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación
distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado.
6.4 No precisan motivación los siguientes actos:
6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento.
6.4.2 Cuando ia autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no
perjudica derechos de terceros.
6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales,
bastando la motivación única."6.4.1 Las decisiones de mero trámite que impulsan el procedimiento.
6.4.2 Cuando la autoridad estima procedente lo pedido por el administrado y el acto administrativo no
perjudica derechos de terceros.
6.4.3 Cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales,
bastando la motivación única"
26 Fundamento 92 de la Sentencia recaída en el Expediente N2 0091-2005-PA/TC.
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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación
suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la
decisión administrativa.
En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su
insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una
condición impuesta por la Ley Nº 27444. Así, la falta de fundamento racional
suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías
del debido procedimiento administrativo".
En virtud a lo expuesto, se puede afirmar que el derecho a la debida motivación de
las decisiones de la administración radica en la existencia de congruencia entre lo
pedido por el administrado y lo resuelto por la administración y, en una suficiente
justificación de la decisión adoptada.
30. Finalmente, el Tribunal Constitucional señala respecto a los límites de la potestad
administrativa disciplinaria, que "(. .. ) está condicionada, en cuanto a su propia
validez, al respeto de la Constitución, los principios constitucionales y, en particular
de la observancia de los derechos fundamentos. Al respecto, debe resaltarse la
vinculatoriedad de la Administración en la prosecución de procedimientos
administrativos disciplinarios, al irrestricto respeto del derecho al debido proceso y,
en consecuencia, de los derechos fundamentales procesales y de los principios
constitucionales (v.gr. legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, interdicción de la
arbitrariedad) que lo conforman" 27 •
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31. Por lo que se puede concluir que las entidades públicas al hacer ejercicio de su
potestad sancionadora, están obligadas a respetar los derechos constitucionales
señalados anteriormente, tales como el derecho de defensa y el debido
procedimiento administrativo. De lo contrario, el acto administrativo emitido
soslayando tales derechos carecería de validez.
32.
En el presente caso, se aprecia que mediante Oficio N2 1474-2016/UGEL
Nº 06/DIR-ARH, del 26 de octubre de 2016, la Jefatura del Área de Recursos
Humanos de la UGEL Nº 06, dispuso el inicio de procedimiento administrativo
disciplinario al impugnante por presuntamente haber presentado
extemporáneamente los consolidados de asistencia de personal docente y
administrativo, incumpliendo con su deber previsto de lo dispuesto en el literal q)
del artículo 40º de la Ley N2 29944- Ley de Reforma Magisterial.
33.
Al respecto, se debe tener en cuenta que, a fin que se garantice el respeto al
debido procedimiento administrativo, de forma previa a la imposición de la
sanción, la UGEL debió señalar de manera expresa la falta o faltas administrativas
en que habría incurrido el impugnante, situación que no se ha podido evidenciar
27 Fundamento 6!! de la sentencia emitida en el expediente N!! 1003-98-AA/TC.
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Jesús Mari•
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en el presente caso, toda vez que la Entidad únicamente precisó el incumplimiento
de obligaciones y/o deberes por parte del impugnante, vulnerando así el principio
de tipicidad.
34. Asimismo, al momento de la solicitud de descargos al impugnante, la UGEL no
señaló de manera precisa cuáles eran las obligaciones incumplidas, ya que sólo se
hizo mención al literal q) del artículo 40º de la Ley Nº 29944 - Ley de Reforma
Magisterial, el mismo que señala como deberes "Otros que se desprendan de la
presente ley o de otras normas específicas de la materia"; vulnerándose de este
modo el derecho de defensa del impugnante.
35. De igual manera, cabe precisar que en el Oficio Nº 1474-2016/UGEL Nº 06/DIR­
ARH, a través del cual se solicitó al impugnante absolver los cargos en su contra,
no se señaló la imputación del numeral 4 del Título 11 de la Resolución Ministerial
Nº 571-94-ED, norma por la que posteriormente se le sancionó al impugnante, a
través de la Resolución Directora! Nº 09337, hecho que constituye una vulneración
a su derecho defensa.
36. Tal situación, a criterio de esta Sala, constituye una inobservancia por parte de la
UGEL Nº 06 de las garantías con las cuales se encuentra premunido todo
administrado, en tal sentido, el Oficio Nº 1474-2016/UGEL Nº 06/DIR-ARH, del 26
de octubre de 2016, y la Resolución Directora! Nº 9337, del 7 de diciembre de
2016, se encuentran afectadas por la causal de nulidad prevista en el numeral 1
del artículo 10º de la Ley Nº 27444 28 , al contravenir el numeral14 del artículo 139º
de la Constitución Política del Perú, y los numerales 1 y 2 del literal 1 del Artículo
IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, modificado por Decreto Legislativo Nº
1272.
37. En consecuencia, el Oficio Nº 1474-2016/UGEL Nº 06/DIR-ARH, del 26 de octubre
de 2016, y la Resolución Directora! Nº 9337, del 7 de diciembre de 2016 deben ser
declaradas nulas por este Tribunal a fin de que la UGEL Nº 06, cumpla con imputar
al impugnante, de forma clara, la falta administrativa en la que hubiera incurrido y
por la cual se le inicia el procedimiento administrativo, así como, de ser el caso,
precisar los literales en los cuales se enmarquen las presuntas inconductas
atribuidas al impugnante, y precisar los hechos imputados, de modo tal que pueda
hacer ejercicio adecuado de su derecho de defensa.
2 8 Ley N2 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por el Decreto Legislativo
N!! 1272
"Artículo 10!!.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
l. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias( ... )"
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38. Finalmente, esta Sala estima que habiéndose constatado la vulneración del debido
procedimiento administrativo, deviene en innecesario pronunciarse sobre los
argumentos esgrimidos en el recurso de apelación sometido a conocimiento.
En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº
1023, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil;
RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar la NULI DAD del acto administrativo contenido en el Oficio Nº
1474-2016/UGEL Nº 06/DIR-ARH, del 26 de octubre de 2016, y de la Resolución
Directora! Nº 9337, del 7 de diciembre de 2016, emitidas por la la Jefatura del Área de
Recursos Humanos y la Dirección de Programa Sectorial 11 de la UNIDAD DE GESTIÓN
EDUCATIVA LOCAL Nº 06, respectivamente; por vulneración al debido procedimiento
administrativo y al principio de tipicidad.
SEGUNDO.- Retrotraer el procedimiento al momento previo a la solicitud de
descargos, debiendo la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 06 tener en
consideración al momento de calificar la conducta del señor EGIDIO LOZANO CANDIA,
así como al momento de resolver, los criterios señalados en la presente resolución.
TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor EGIDIO LOZANO CANDIA y a la
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 06, para su cumplimiento y fines
pertinentes.
CUARTO.- Devolver el expediente a la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Nº 06,
debiendo la entidad considerar lo señalado en el artículo 11º de la Ley Nº 27444- Ley
del Procedimiento Administrativo General, modificado por Decreto Legislativo Nº
1272.
QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional
(www.servir.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MIRANDA HURTADO
VOCAL
CARLOS GUILLERMO
MORALES MORANTE
PRESIDENTE
ROLANDO ATIERRA
CO BINA
VOCAL
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