Revista 1

El primero de tales mandatos dispone que la Agencia Estatal de
Investigación, piedra angular del sistema de evaluación y asignación de
recursos a la investigación, debía constituirse en el plazo máximo de un
año. Pese a las continuas denuncias en sede parlamentaria, lideradas por
el principal partido de la oposición, la Agencia no llegaría a ver la luz
hasta poco antes de las elecciones del 20D, más de cuatro años después
de aprobarse la Ley.
El segundo mandato tasado en el tiempo se refiere a la reorganización y
unificación de las escalas de personal científico de los organismos
públicos de investigación (OPIS). Un aspecto crucial de dicha
reorganización tiene que ver con la universalización de la evaluación del
desempeño, de forma que la actividad de todos los científicos sería
objeto de evaluación periódica por comisiones independientes,
atendiendo a criterios públicos y objetivos, cuyos resultados
condicionarían sus retribuciones. La Ley otorgaba al Gobierno un par de
años para implementar el sistema de evaluación, que debía empezar a
aplicarse –inexcusablemente- a partir del 1 de enero de 2014. Han pasado
más de cinco años y el sistema de evaluación aún no tiene visos de
establecerse, por lo que –obviamente- no pudo aplicarse en la fecha
prevista en la Ley, ni tampoco puede aplicarse en el día de hoy.