Enriquecimiento sin justa causa

MÓDULO XII
ENRIQUECIMIENTO
SIN JUSTA CAUSA
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Por Johana Farfán Mejía

Enriquecimiento
sin justa causa
Por regla general, el enriquecimiento sin causa, y en consecuencia la actio de in rem verso, que en nuestro
derecho es un principio general, tal como lo dedujo la Corte Suprema de Justicia a partir del artículo 8º de la ley
153 de 1887, y ahora consagrado de manera expresa en el artículo 831 del Código de Comercio, no pueden ser
invocados para reclamar el pago de obras, entrega de bienes o servicios ejecutados sin la previa celebración de
un contrato estatal que los justifique por la elemental pero suficiente razón consistente en que la actio de in rem
verso requiere para su procedencia, entre otros requisitos, que con ella no se pretenda desconocer o contrariar
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una norma imperativa o cogente.
1. Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo – Sala Plena Sección Tercera Consejero ponente JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA, Bogotá D.C, diecinueve (19) de noviembre de dos mil doce
(2012). Radicación número: 73001-23-31-000-2000-03075-01(24897)

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993 los contratos estatales
son solemnes puesto que su perfeccionamiento exige que consten por escrito, excepción hecha
de ciertos eventos de urgencia manifiesta en que el contrato se torna consensual ante la
imposibilidad de cumplir con la exigencia de tal solemnidad (Ley 80 de 1993 artículo 41 inciso
4º).
No se olvide que las normas que exigen solemnidades constitutivas son de orden público e
imperativas, y por lo tanto inmodificables e inderogables por el querer de sus destinatarios. En
consecuencia, sus destinatarios, es decir todos los que pretendan intervenir en la celebración
de un contrato estatal, tienen el deber de acatar la exigencia legal del escrito para
perfeccionar un negocio jurídico de esa estirpe sin que sea admisible la ignorancia del
precepto como excusa para su inobservancia.

La autonomía de la actio de in rem verso se centra en que el enriquecimiento se produce sin una
causa que lo justifique y que como quiera que no hay causa justificante se carece de la
correspondiente acción que daría la justa causa si esta existiere. Emerge por consiguiente que
la actio de in rem verso, más que una propia y verdadera acción, es una pretensión restitutoria
de un enriquecimiento incausado, enriquecimiento éste que a no dudarlo constituye un daño
para el empobrecido y que por lo tanto es equitativo que aunque no exista causa al amparo de
la cual pueda exigirse la restitución esta se conceda en aplicación de la regla que prohíbe
enriquecerse a expensas de otro.
Son presupuestos de la teoría del enriquecimiento sin causa: un enriquecimiento de la parte
beneficiada; un correlativo empobrecimiento de la parte afectada; una relación de causalidad
y la ausencia de causa jurídica.

Mediante la llamada acción de reparación directa que consagra el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso puede pretenderse el reconocimiento del enriquecimiento
sin causa y la consiguiente restitución en todos aquellos casos en que resultaría procedente,
puesto que esta acción está prevista precisamente para poder demandar directamente la
reparación del daño cuando provenga, entre otros eventos, de un hecho de la administración.
Lo único que podrá pedir mediante esa acción es el monto del enriquecimiento y nada más y
esta circunstancia en manera alguna desfigura o enerva la acción de reparación directa puesto
que lo sustantivo prevalece sobre lo adjetivo o procedimental.

El Consejo de Estado admite la hipótesis en las que resultaría procedente la actio de in rem
verso sin que medie contrato alguno pero, se insiste, estas posibilidades son de carácter
excepcional y por consiguiente de interpretación y aplicación restrictiva, y de ninguna manera
con la pretensión de encuadrar dentro de estos casos excepcionales, o al amparo de ellos,
eventos que necesariamente quedan comprendidos dentro de la regla general que antes se
mencionó.
Los casos en donde, de manera excepcional y por razones de interés público o general,
resultaría procedente la actio de in rem verso a juicio de la Sala, serían entre otros los
siguientes:

a) Cuando se acredite de manera fehaciente y
evidente en el proceso, que fue exclusivamente
la entidad pública, sin participación y sin culpa
del particular afectado, la que en virtud de su
supremacía, de su autoridad o de su imperium
constriñó o impuso al respectivo particular la
ejecución de prestaciones o el suministro de
bienes o servicios en su beneficio, por fuera del
marco de un contrato estatal o con
prescindencia del mismo.

) En los que es urgente y necesario adquirir bienes, solicitar servicios, suministros, ordenar
obras con el fin de prestar un servicio para evitar una amenaza o una lesión inminente e
irreversible al derecho a la salud, derecho este que es fundamental por conexidad con los
derechos a la vida y a la integridad personal, urgencia y necesidad que deben aparecer de
manera objetiva y manifiesta como consecuencia de la imposibilidad absoluta de planificar y
adelantar un proceso de selección de contratistas, así como de la celebración de los
correspondientes contratos, circunstancias que deben estar plenamente acreditadas en el
proceso contencioso administrativo, es decir, verificando en todo caso que la decisión de la
administración frente a estas circunstancias haya sido realmente urgente, útil, necesaria y la
más razonablemente ajustada a las circunstancias que la llevaron a tomar tal determinación.

c) En los que debiéndose legalmente declarar
una situación de urgencia manifiesta, la
administración omite tal declaratoria y procede
a solicitar la ejecución de obras, prestación de
servicios y suministro de bienes, sin contrato
escrito alguno, en los casos en que esta
exigencia imperativa del legislador no esté
excepcionada conforme a lo dispuesto en el
artículo 41 inciso 4º de la Ley 80 de 1993.

Equilibrio económico
del contrato
El equilibrio económico del contrato corresponde a la ecuación contractual que surge una vez las partes
celebran el negocio jurídico, de conformidad con la cual las prestaciones a cargo de cada una de las partes se
miran como equivalentes a las de la otra.
Así, el contratista cuya propuesta fue acogida por la administración, considera que las obligaciones que asume
en virtud del contrato que suscribe, resultan proporcionales al pago que por las mismas pretende recibir, toda vez
que al elaborar dicha oferta, ha efectuado un análisis de costo-beneficio, fundado en los estudios y
proyecciones que realizó en relación con los factores determinantes del costo de ejecución de las prestaciones
a su cargo y la utilidad que pretende obtener a partir de la misma.

Una vez las partes suscriben el contrato, éste se convierte en ley para ellas y se torna obligatorio
su cumplimiento en los términos pactados, de acuerdo con el principio pacta sunt servanda (art.
1602, C.C.), lo que no descarta que situaciones extraordinarias, posteriores a la celebración del
contrato, imprevistas e imprevisibles, ajenas a las partes (en el caso de la teoría de la
imprevisión) o imputables a una actuación legal de la contratante (en el caso del hecho del
príncipe), puedan alterar la ecuación financiera del mismo en forma anormal y grave, de tal
manera que sin imposibilitar su ejecución, la hagan mucho más onerosa para la parte afectada,
en lo que se conoce como el rompimiento del equilibrio económico del contrato, caso en el cual,
en virtud del principio rebus sic stantibus, surge el deber de restablecerlo, bien sea mediante
una indemnización integral de perjuicios, en el caso del hecho del príncipe, en el cual la
afectación de la ecuación contractual proviene de una medida de carácter general proferida
por la misma persona de derecho público contratante, o llevando al contratista a un punto de
no pérdida (art. 5º, Ley 80/93), mediante el reconocimiento de los mayores costos en los que
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incurrió, por hechos imprevistos e imprevisibles para las partes.
2. Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth, Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014)
Radicación número: 25000-23-26-000-1998-03066-01(20912)

El equilibrio económico y financiero del contrato puede tener su génesis u origen en las
siguientes circunstancias imputables o atribuibles: i) a la administración contratante a partir de
potestades derivadas del propio contrato. ii) al Estado, en virtud de su imperium, o a iii)
circunstancias imprevistas posteriores a la celebración del contrato externas y ajenas a los
contratantes. En estos eventos, el desequilibrio de la ecuación económica o financiera se
desencadena del ejercicio de un poder exorbitante o una cláusula excepcional al derecho
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común por parte de la administración contratante.
Se trata de aquellos escenarios en los que –en el ejercicio legítimo y lícito– de una cláusula
excepcional el contrato termina impactado en su ecuación financiera, circunstancia por la que
es imperativo que se reequilibre, toda vez que el contratista no se encuentra compelido u
obligado a soportar ese hecho.
3. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera – Subsección C, Consejera ponente: Olga Mélida Valle de De La Hoz, Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil quince (2015).
Radicación número: 05001-23-31-000-1995-00271-01(31837)

Se trata de aquellos escenarios en los que –en el ejercicio legítimo y lícito– de una cláusula
excepcional el contrato termina impactado en su ecuación financiera, circunstancia por la que
es imperativo que se reequilibre, toda vez que el contratista no se encuentra compelido u
obligado a soportar ese hecho.
Si bien los contratos – incluidos los contratos estatales– parten de la aplicación del principio
pacta sunt servada, según el cual lo pactado es obligatorio, lo cierto es que la propia ley 80 de
1993, marco normativo del contrato estatal, ha sostenido la aplicación implícita o tácita de la
máxima del rebus sic stantibus, es decir, “estando así las cosas”, lo que implica que una
modificación significativa de las condiciones primigenias del contrato puede generar dos
consecuencias jurídicas: i) la imposibilidad de cumplimiento en virtud de una fuerza mayor o
caso fortuito y, por lo tanto, la exculpación, o, ii) el desequilibrio financiero o económico del
contrato que suponga una revisión del mismo.

El equilibrio contractual se define como la equivalencia entre las obligaciones y derechos que
corresponden a cada parte dentro del contrato; a su turno, el desequilibrio contractual consiste
en el desbalance de las prestaciones de las partes, originado en la alteración de las
condiciones existentes al momento de la contratación.
En orden a articular la distribución de riesgos con la figura del equilibrio económico del
contrato, imperioso resulta advertir que la fractura de la ecuación financiera puede tener
cabida en el escenario de un contrato con matriz de riesgos, cuando la concreción de la causa
generadora de la misma desborde los límites de la asunción de quien lo padece.
Resulta que el desequilibrio económico del contrato comporta el desbalance de la carga
prestacional en las condiciones pactadas al suscribir el negocio jurídico, de suerte tal que, al
concebir el riesgo asumido como parte integral de esas condiciones convenidas de inicio por
las partes, su concreción dentro del margen acordado y aceptado no habría de tener vocación
para impactarlas negativamente.

Por contera, si el riesgo que acontece se enmarca dentro de los linderos de la respectiva
tipificación, valoración y asignación, no habrá lugar a alegar la ruptura del equilibrio económico
del contrato por cuenta de su ocurrencia, bajo la comprensión de que el mismo ya fue cubierto
por la respectiva matriz y corresponderá asumirlo a quien allí se haya dispuesto en la estimación
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acordada.
La ecuación contractual se expresa mediante la formulación del precio del contrato definido
como equivalente a la prestación objeto del mismo, se establece por las partes al cierre del
procedimiento de contratación y gobierna el acuerdo contractual en orden a mantener la
equivalencia de prestaciones durante su vigencia.
4. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico, Bogotá D.C., veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017),
expediente 51.526

Se debe respetar la voluntad de las partes al pactar que el contrato sería a precio fijo sin
fórmula de reajuste; sin embargo, se aclara que, aunque en él no se haya acordado tal fórmula,
en el evento en el que se llegare a romper la ecuación contractual el contratista puede acudir
a la figura de la revisión de precios, tanto ante la administración como ante el juez, para que se
le restablezca su derecho, es decir, el contrato sin fórmula de reajuste no excluye la revisión de
aquellos, dado que, como se viene explicando, cuando se da un alza en los mismos que afecte
el equilibrio económico del contrato el contratista puede acudir a esas figuras (reajuste o
revisión) para que se estudien las repercusiones en la relación y, si es del caso, se proceda a los
correctivos necesarios, para lo cual el contratista deberá probar que efectivamente se dio una
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variación económica que afectó el negocio convenido.
5. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis
(2016), expediente 36.430

Se puede puntualizar que en tratándose de contratos onerosos, la legislación reconoce el
interés del contratista en obtener una ganancia o utilidad, como característica natural de la
formación del precio, ofrecido o aceptado por él, la cual se considera, entonces, legítima y por
lo tanto incluida dentro de la ecuación contractual. El desequilibrio económico del contrato
estatal da derecho al restablecimiento cuando se presenta en grado tal que produce la ruptura
de la ecuación contractual, salvo que obedezca a circunstancias atribuibles a la parte
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afectada o que se encuentre obligada a soportar.
Tanto el artículo 16 como el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 prevén que en los casos de
alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para
restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y
forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello
hubiere lugar”.
6. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercer A - Subsección A Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón Bogotá D.C., Dos (2) De Julio de Dos Mil Quince (2015), Expediente
(34518)

Luego, si las partes, habida cuenta del acaecimiento de circunstancias que pueden alterar o
han alterado ese equilibrio económico, llegan a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o
prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir
tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes,
reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las
circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.
Y es que el principio de la buena fe lo impone porque, como ya se dijo y ahora se reitera, la
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buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia
lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de
lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en
desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar
que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en
buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”.

En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración (sic)
del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o
prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se
convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea,
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improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual .
Toda reclamación o salvedad relativa al equilibrio económico del contrato al momento de
suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales,
otrosíes, etc., supone no sólo que quién se esté viendo afectado con la alteración de las
condiciones económicas del contrato consigne en el acta o documento respectivo la
reclamación o salvedad sino también, y ante todo, que exprese de forma clara y expresa de
cuáles son las condiciones o circunstancias que en la ejecución del contrato están afectando
su economía y en qué forma.
7. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 20 de octubre de 2014, Exp: 24.809

Luego si quien se ésta viendo afectado económicamente en la ejecución del contrato no
expresa de manera clara y precisa esas condiciones o circunstancias que lo están afectando ni
en qué forma, al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo
contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., ya posteriormente no podrá formular
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reclamación alguna .
El desequilibrio financiero del contrato es un asunto técnico y por ende su prueba debe ser
rigurosa, objetiva y debidamente soportada; no bastan simples planteamientos doctrinales o
jurisprudenciales; se hace necesario prueba idónea, adecuada y pertinente que evidencie en
concreto, la magnitud del desajuste económico del negocio y su impacto en la conmutatividad
del mismo.
8. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete
(2017), expediente 55.836

Resulta en consecuencia menester, que la prueba aportada permita materializar no solo el
hecho causante o generador del desequilibrio del negocio, sino también configurar, ente otras
cosas, sus efectos graves y dañinos, por ejemplo, en relación con el valor intrínseco del contrato,
la pérdida económica sufrida, los efectos económicos y financieros de todo orden y magnitud
que devengan de la ruptura de la igualdad o equivalencia surgidos al momento de proponer o
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contratar etc.
En conclusión, para que proceda el restablecimiento judicial de la ecuación financiera del
contrato es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
9. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 18 de marzo de 2015, Expediente. 33.223

1.- Que la ruptura de la ecuación financiera del contrato (menoscabo) sea de carácter GRAVE.
2. Que a través del medio probatorio idóneo se encuentre acreditada la relación entre la
situación fáctica alegada como desequilibrante y la ruptura grave del equilibrio económico.
3. Que la situación fáctica alegada como desequilibrante no corresponda a un riesgo propio de
la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales.
4.- Que se realicen las solicitudes, reclamaciones o salvedades de los hechos generadores de
la ruptura del equilibrio financiero, dentro de los criterios de oportunidad que atiendan al
principio de buena fe objetiva o contractual, esto es que, una vez ocurrido tal hecho, se
efectúen las solicitudes, reclamaciones o salvedades al momento de suscribir las suspensiones,
adiciones prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc.
5. Que las solicitudes, reclamaciones o salvedades se realicen de manera específica y concreta
en cuanto a su concepto, tiempo y valor. Es decir, no tienen validez las salvedades formuladas
en forma general o abstracta.
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10. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 18 de marzo de 2015, Expediente. 33.223

MÓDULO XII
ENRIQUECIMIENTO
SIN JUSTA CAUSA
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
Por Johana Farfán Mejía