Diario Campo 1. Cuarta Época

También, cuando se trate de un gobierno federal y las materias de la Convención estén reconocidas
a las entidades federativas, “el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes,
conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades
puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención” (ibidem, artículo
28, inciso 2).
De igual manera, el artículo 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que
“las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados
federales, sin limitación ni excepción alguna”.
Queda claro pues que en materia de derechos humanos, en este caso culturales, no opera la
división competencial establecida en nuestra Constitución federal. 13 No obstante esta observación,
es importante advertir que el artículo 73 de la propia Carta Magna establece como facultades
regulatorias del Congreso de la Unión algunos derechos específicos; por lo mismo, su competencia es
federal o concurrente con la de los estados; en este caso la Secretaría de Cultura y los institutos que
forman parte de ella [inah, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (inbal) y el Instituto Nacional
de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (inehrm)]. De igual forma, la Secretaría de
Educación Pública (sep) y otras, como la del Medio Ambiente y Recursos Naturales o la del Trabajo y
Previsión Social, tienen atribuciones en materia de derechos culturales.
La competencia general que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
para que todas las autoridades respeten –en el ámbito de sus competencias particulares– los derechos
culturales deben repartirse entre éstas u otras instancias de gobierno según su competencia. A manera
de ejemplo, el artículo 14 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
establece que cada Estado que la haya firmado intentará “asegurar el reconocimiento, el respeto y
la valorización del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad mediante programas educativos, de
sensibilización y de difusión de información dirigidos al público, y en especial a los jóvenes; además
de programas educativos y de formación específicos en las comunidades y grupos interesados” (idem).
Esta obligación recae en la sep, porque es la instancia estatal con competencias en materia de
educación. Y así por el estilo.
Es importante señalar que no se trata de cualquier obligación, sino de cuatro específicas: promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; en el caso particular que ahora abordamos,
el derecho a la cultura. En lenguaje común, el término ‘promover’ se entiende como impulsar el
desarrollo o la realización de algo (rae, s.f.). De ahí que sea correcto entender que para promover el derecho
humano a la cultura el Estado impulse el desarrollo del mismo. La doctrina jurídica entiende el
término respetar como el deber del Estado de no realizar actos que violen la integridad de los individuos
o grupos, o que pongan en riesgo las libertades y derechos de éstos. Y entiende el término proteger
13. Para un análisis del reparto de competencias entre la federación y las entidades federativas se recomienda revisar:
Carpizo, Jorge (2009). Comentarios al artículo 124. Ciudad de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas–unam; y
los artículos 123-136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada y concordada. [25ª ed.,
tomo v] Ciudad de México: Porrúa–unam (p.40-p.46).
EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO Y LOS DERECHOS CULTURALES 93