Aluminio 65

i. Incentivar cursos de acción a los fines de garantizar el debido
cumplimiento de los convenios de la OIT ratificados por el país.
j. Promover la priorización del diálogo social como mecanismo natural de
solución de conflictos.
La necesidad de un diálogo social tripartito
El diálogo y la negociación entre los actores sociales es continuo y permanente en
tiempos normales como los que actualmente se viven en nuestro país.
La incorporación del sector gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, le da una
configuración más valiosa en cuanto representa el respaldo de la autoridad respecto del
debate y de las eventuales conclusiones de ese diálogo.
No obstante, en nuestro caso en particular y en las actuales circunstancias, cualquiera
sea el sector político que participe, se requiere la intervención decisiva final de los
poderes legislativos que deberán dar curso a las medidas consensuadas.
También debe tenerse en cuenta que el diálogo social no abarca las materias de índole
política que lo condicionan fuertemente y que solamente pueden ser objeto de debate
en el ámbito parlamentario.
En este caso la materia a debatir es la inherente a las normas internacionales del
trabajo, aunque podría considerarse que las reglas internas permitirían ser abarcadas
por su estrecha relación con el encuadre de los convenios y resoluciones de la
Organización Internacional del Trabajo.
Las partes sociales están haciendo esfuerzos desde hace mucho tiempo para encontrar
un camino superador de las continuas emergencias y crisis que exceden los avatares
propios de la actividad privada; pero las sucesivas conducciones políticas, en todos
los niveles, no han ayudado a configurar un marco que promueva las empresas
sustentables.
El excesivo gasto público, su aplicación indudablemente ineficiente, la consiguiente
presión impositiva asfixiante, el endeudamiento público consiguiente y otras muchas
materias, superan la disponibilidad de un diálogo social satisfactorio.
De todos modos, la medida que se ha adoptado está en una dirección correcta
y debe ser acompañada por la búsqueda de consensos con los sectores políticos
representativos.
Todos percibimos, sin embargo, que cualquier acción correctiva implica el
reconocimiento de errores pasados. Y no hay partido político que admita ser
responsable de las causas de los problemas graves que sufre la sociedad y que deben
ser corregidas haciendo lo contrario, o lo muy diferente, de lo que se ha hecho en las
oportunidades en que se ha tenido la responsabilidad de conducir.
En consecuencia, lo primero que deberían enfocar los actores sociales es un reclamo
conjunto de compromisos de todo el arco político, para que cualquiera sea el que
se alterne en los diferentes poderes de gobierno, mantenga una línea de acción
conducente a superar el grado de deterioro social y económico que padecemos,
derivado de largos años de ensayos ineficaces. u
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