Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional

víctimas, la sociedad e incluso, la comunidad internacional; y la factibilidad o viabilidad de las
investigaciones.
Cualquier persona, grupo de personas u organización de la sociedad civil con personalidad jurídica,
dentro del segundo y tercer mes de la entrada en vigencia de la presente ley, con base en los
criterios anteriores, podrá hacer propuestas al Fiscal General de la República, sobre los casos que
podrían incluirse en la lista mencionada.
El Fiscal General de la República, deberá resolver sobre dichas propuestas, dentro de diez días
hábiles luego de transcurrido el plazo indicado en el inciso anterior, decisión que deberá ser
debidamente notificada a las personas u organizaciones de la sociedad civil peticionarias,
exponiendo las razones de hecho y de derecho que motivaron la resolución. Contra dicha decisión,
dentro del plazo perentorio de diez días hábiles, las personas u organizaciones peticionarias, podrán
presentar demanda de Amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la
cual deberá resolverse por el referido tribunal dentro del plazo de quince días hábiles. Con lo
resuelto se tendrán por agotadas todas las instancias.
Al no existir demandas de amparo pendientes de resolver por la Sala de lo Constitucional, el listado
de casos será cerrado y oficializado por el Fiscal General de la República, por medio de un Acuerdo
Administrativo, que hará publicar en el Diario Oficial. A partir de esta publicación cualquier persona
que se considere inculpada, podrá ejercer su derecho de defensa material y técnica.
Los casos previstos en la presente ley y que no queden comprendidos en la lista a que se refiere esta
disposición, quedarán sujetos a lo estipulado en el artículo 16 de esta ley.
Aplicación personal
Art. 6. Las medidas de investigación, juzgamiento y sanción de la presente ley son aplicables, a toda
persona que, independientemente del sector al que hubiere pertenecido durante el conflicto
armado, desde el 1 de enero de 1980 al 16 de enero de 1992, haya cometido crímenes de lesa
humanidad o crímenes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional
humanitario.
Está prohibido respecto de las personas señaladas en el presente artículo, la aplicación de la gracia
de amnistía.
Derecho sustantivo aplicable.
Art. 7. Las conductas delictivas objeto de investigación y juzgamiento de conformidad a las presentes
regulaciones, constituyendo por su naturaleza y características, ilícitos en la categoría de crímenes
de lesa humanidad y crímenes de guerra constitutivos de graves infracciones al derecho
internacional humanitario, serán juzgadas conforme a la normativa penal vigente al momento de su
comisión.
Derecho procesal aplicable