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Carlos Rodríguez Garcés & Geraldo Bladimir Padilla FuenteIntroducciónAl 2015 el sistema de educación superior en Chile es un complejo entramado de 126instituciones de orientaciones, naturaleza y características muy diversas, que pone en tensiónlos criterios de calidad, justicia y excelencia que eventualmente debiesen inspirarlo.La orientación liberal del movimiento de contrarreformas sociales de la década de los80’ le dio al sistema educativo un giro social, político y económico difícil de revertir (Alarcón,Frites y Gajardo, 2015). Se abrió el sistema terciario a la competencia de mercado con laparticipación de privados, se limitó la intervención estatal y flexibilizaron los criterios deconformación de nuevas instituciones. Además, se cambió el régimen de financiamiento,otrora de inversión pública, por uno arancelario fijado por la institución con cargo alestudiante y su familia, situación que ha conllevado un acelerado proceso de endeudamiento ysegmentación. La educación superior creció en cobertura y matrícula, y se diversificó eninstituciones y programas con base a los atributos sociales y educativos de su alumnado.Para las universidades del Estado se establecieron instrumentos de financiamientoinstitucional que aseguraban predilección, sin embargo los cambios que germinaron de lareforma han convertido el financiamiento hacia los estudiantes, en especial los créditos, en laclavija que sostiene el sistema. En la medida que los fondos siguen a los alumnos, se instalóuna fuerte competencia entre instituciones, tanto por matrícula como por reconocimiento, loque convirtió mercantilización y privatización en sinécdoques del sistema educativo superior(Bellei, 2015). Las condiciones de funcionamiento que perduran en el sistema obstaculizan laequidad en la provisión del servicio educativo, campo que difícilmente puede responder a lasleyes de oferta y demanda o a las elecciones racionales del estudiante, ahora consideradocliente (Corvalán y García-Huidobro, 2015). Con el rol del Estado limitado a alimentar lalógica de “subsidio a la demanda” (Páez y Kremerman, 2016), transversal al sistemaeducativo, el mecanismo de financiamiento público es maleable y fácil de caer eninconsistencias respecto de su fin (Améstica, Gaete y Llinas, 2014).Si bien el eje entre sectores es la provisión del servicio educativo, las diferencias entreambos parecen irreconciliables, y el argumento de permitirles seguir conviviendo alcanzaaristas profundas sobre pertinencia, utilidad y rol cumplido por cada uno. La idea de un sectorpúblico selectivo y elitista se ha implantado fuertemente en la discusión privada sobreeducación (CUP, 2016), mientras que las dudosas propiedades académicas, de excelencia y28 Revista Paradigma, Vol. XXXVIII, Nº 2, Diciembre de 2017 / 27- 47
La Privatización del Financiamiento Público en Chile …certificación que exhiben algunas instituciones privadas se ha esgrimido como una situacióninsostenible por el sector público (Zolezzi y De los Ríos, 2008).En lo administrativo el sistema de educación superior se estructura con base a tres tiposde institución, Centros de Formación Técnica (CFT), Institutos Profesionales (IP) yUniversidades. Organismos que cumplen con propósitos complementarios asociados a lapreparación técnica en oficios y labores de alta demanda laboral, entrega de certificacionesprofesionales, grados académicos, docencia e investigación (Sverdlick, Ferrari y Jaimovich,2005).Este juego de taxonomías sustenta y da justificación a un enrevesado y cuestionadosistema público de financiamiento y provisión del derecho social de educación en Chile(OCDE, 2009). Los discursos y prácticas a las que da lugar su funcionamiento, aun cuandoparecen irrisorios y visiblemente obsoletos (Williamson, 2008; Cáceres, 2008; Kremerman,2013), tienen la entereza suficiente para mantener la lógica estructural de mercado que ladictadura cívico-militar le impregnó hace un par de décadas. Su revisión y exposición a la luzde las políticas públicas venideras cobra una relevancia particular, máxime si consideramosque nuestro país cuenta con el financiamiento privado de educación más alto de los países dela OCDE (85,4%), es decir, las familias cubren monetariamente gran parte de este gastoeducativo.En busca de paliar situaciones como esta, el Estado subsidia aportando fondoseconómicos al sistema que permiten a estudiantes emprender carreras que de otro modo y porotros medios les sería difícil mantener. Dos son las vías de inyección de recursos públicos alsistema educativo superior, en resumen, directo a las instituciones e indirecto vía matrículaestudiantil (Marcel y Tokman, 2005; Donoso, 2002). Se reciben fondos por la naturaleza oactividad de la institución, o mediante becas y créditos que se asignan a los alumnos. Si bien asimple vista pareciera que se subsidia tanto oferta como demanda por igual, la cuantía de ladistribución de estos fondos pondría en entredicho esta premisa.A la primera vía o financiamiento público institucional, pertenecen el Aporte FiscalDirecto (AFD) en sus dos modalidades, AFD 95% Y AFD 5%, el Aporte Basal porDesempeño (ABD) y el Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Exceptuando el AFI, que se extiendetambién a las privadas, estos fondos solo se reparten entre universidades pertenecientes alConsejo de Rectores de las Universidades de Chile (CRUCH). A la segunda vía oRevista Paradigma, Vol. XXXVIII, Nº 2, Diciembre de 2017 / 27- 47 29
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