Reviillagigeo_Equilibrio_Esp

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En 2050, la población del mundo alcanzará
poco más de 9 500 millones de
personas. Se estima que este crecimiento
irá acompañado de un aumento en la
demanda por alimentos mayor al 70%. Como
es de esperarse, la demanda por productos
del mar sufrirá la misma suerte, pero debido
a los incentivos que producen las instituciones
que regulan la pesca en muchos países,
la continuidad de su oferta será posible sólo
si comenzamos a utilizar los recursos marinos
en forma responsable.
Sin lugar a dudas, el mayor reto a vencer
para lograr la conservación del océano es la
sobrepesca. Desde 1996, año en que la producción
pesquera global alcanzó su máximo
nivel histórico con 86.4 millones de toneladas
métricas extraídas del mar, la producción
global de captura ha decrecido en forma constante,
y también lo han hecho el número de
pesquerías en su máximo nivel sustentable.
De acuerdo con la Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), mientras en 1974 cerca de 90% de
las pesquerías se encontraba dentro de sus
niveles de explotación sustentable, en 2013
solamente 68% de ellas lo estaba. En ese
mismo año, más de 31% de las pesquerías
del mundo se encontraban sobreexplotadas.
Cabe notar que en ese mismo año, 58% de las
pesquerías se encontraba en su máximo nivel
sustentable, lo que significa que incrementos
en el esfuerzo pesquero podrían haber provocado
su sobreexplotación futura.
Las instituciones tradicionales de regulación
pesquera contribuyen con la sobreexplotación
del océano, principalmente porque
fueron construidas a partir del paradigma
de la abundancia infinita de recursos marinos.
Desde la perspectiva internacional, la
Convención de Naciones Unidas sobre la Ley
del Mar establece que el mar territorial de
las naciones comprende 12 millas náuticas
alrededor de sus costas, mientras que su
Zona Económica Exclusiva se extiende por
200 millas náuticas. De este modo, cerca
de 40% de la superficie total del océano,
aproximadamente 130 millones de kilómetros
cuadrados, se encuentran fuera
de la jurisdicción de alguna nación. A este
territorio se le conoce como “Altamar”, y
ahí ocurre un fenómeno conocido como
“La Tragedia de los Comunes”, en el que
el libre acceso a los recursos genera incentivos
individuales a sobreexplotarlos a
fin de maximizar las ganancias de hoy, aun
cuando ello vaya en contra de los intereses
futuros de quienes viven del mar.
“La Tragedia de los Comunes” también
ocurre dentro de los mares territoriales y
las aguas bajo la jurisdicción de aquellos
países en donde todavía existe “libre acceso”
a la pesca, o bien en la que los sistemas
de monitoreo y control son deficientes, lo
que incentiva la pesca furtiva que hoy se
estima es responsable de un tercio de la
captura global.
En muchos países, esta dinámica se profundiza
como resultado de los programas de
gobierno. Por ejemplo, ahí donde se otorgan
subsidios para subvencionar combustibles
y equipos de pesca cada vez más eficientes,
se promueve la sobreexplotación. Ello
es porque en buena medida, estos subsidios
han contribuido a incrementar la capacidad
de extracción de los recursos marinos en
todo el mundo. Hoy se estima que hay más
de 4.6 millones de embarcaciones pesqueras
con una capacidad de carga mayor (por
unidad de tiempo) a la que el océano puede
ofrecer en forma sustentable. Es decir, hoy
podemos pescar más rápido de lo que toma
al océano reponer los recursos.
En este sentido, atravesamos por un momento
clave en las decisiones de política
pública alrededor de la conservación del
océano. Por un lado, enfrentamos una dinámica
en la que muchos barcos persiguen
pocos peces, lo que a su vez promueve la
sobreexplotación de distintas especies. Por
otro, enfrentamos también un crecimiento
acelerado en la demanda por alimentos, por
lo que de no haber cambios de fondo en la
manera en la que pensamos y utilizamos
los recursos marinos, la tendencia a la sobreexplotación
solamente podrá aumentar.
Ello sucedería porque la escases de cualquier
bien incrementa su precio, y también
los ingresos esperados por su venta. En el
caso de los productos del mar, existe un
ejemplo contundente: en enero de 2017, el
primer atún aleta azul de la temporada (una
especie en inminente peligro de extinción) y
que pesó 212 kilos se vendió en el Mercado
de Tokio en 860 000 dólares, un precio de 4 057
dólares por kilo.