Enfermera Facultativa. Nmero 224

ENFERMERÍA FACULTATIVA
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LEGISLACIÓN
A VUELTAS CON EL REAL DECRETO 954/2015,
de 13 de octubre
Primera reflexión
FRANCISCO CORPAS. Director de la Asesoría Jurídica del CGE
La aprobación y publicación
dos meses después del denominado
Real Decreto de
Prescripción enfermera están
empezando a producir interpretaciones
torcidas y por
completo alejadas de la realidad
normativa, con la finalidad,
según estamos viendo de
tratar de no aplicar la nueva
reglamentación, sobre todo
por los perniciosos efectos del
artículo 3.2 en el sistema sanitario.
En varias comunidades autónomas
se ha instalado un
pretendido período de inaplicación
(a modo de vacatio legis)
que se busca justificar en
la disposición transitoria del
Real Decreto, pero que, en
modo alguno, se refiere a semejante
posibilidad.
La primera cuestión a destacar
estriba en que la indicada
disposición transitoria tiene
como único y exclusivo objeto
reglamentar el régimen transitorio
de obtención de las competencias
profesionales enfermeras
sobre indicación, uso y
autorización de dispensación
de medicamentos y productos
sanitarios de uso humano para
la acreditación de los enferme-
ros. No existe, por tanto, base
jurídica alguna para tratar extender
los efectos de la misma
al resto del contenido del Real
Decreto.
“Se están
empezando
a producir
lecturas
alejadas de
la realidad”
El hecho de que la citada
disposición transitoria establezca
un plazo para la adquisición
por los enfermeros de
las competencias requeridas,
no puede utilizarse para dejar
sin efecto el resto del texto,
incluyendo la preceptiva acreditación
exigida no sólo por
el Real Decreto, sino también
por el propio artículo 79 del
texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los
medicamentos y productos
sanitarios, aprobado por el
Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 de julio, o los
requerimientos que deben
cumplir los protocolos y guías
de práctica asistencial para su
validez y aplicación. En este
sentido, conviene recordar
que incluso el apartado 3, párrafo
segundo de la propia
disposición transitoria, mantiene
plenamente la exigencia
de los requisitos fijados en la
norma.
Por lo tanto, sólo cabe aclarar
que la disposición transitoria
comentada no contiene
ninguna exoneración o excepción
transitoria al respecto,
pues si hubiera querido permitir
la “indicación, uso y autorización”
sin cumplir los requisitos
del Capítulo II del
Real Decreto, tendría que haberlos
incluido para un período
transitorio, refiriéndolos
expresamente.
Las consecuencias de todo
ello se materializan en la imposibilidad
de mantener la
pervivencia de las situaciones
que hasta ahora se venían
produciendo, como la vigencia
de protocolos y guías, en
contra precisamente de las
afirmaciones que están realizando
algunas comunidades
autónomas.