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Por lo general las propiedades mineras incluyen
enormes superficies y se encuentran en zonas remotas
donde el acceso es controlado por las compañías
mineras y su seguridad. Así, aun cuando grupos de
ciudadanos tienen los fondos necesarios para recolectar
y analizar muestras o realizar mediciones para verificar
las afirmaciones de la compañía, a menudo no se
les permite el acceso al sitio de la mina o a partes
“sensibles” de la operación.
Con frecuencia, es evidente que las agencias o
ministerios nacionales a cargo de otorgar los permisos
de minería son también (directa o indirectamente), los
responsables de la supervisión de las operaciones
mineras y actividades ambientales. A menudo, los
presupuestos de estas agencias y la calidad de su
personal son totalmente inadecuados para llevar a
cabo una supervisión fiable. Esto ocurre en muchos
países, las agencias reguladoras, por lo general, jamás
rechazan una propuesta de permiso de minería.
Así, la comunidad percibe que estas agencias trabajan
únicamente para la industria y no son un apoyo fiable
para sus intereses. Este problema de la falta de
confianza en las agencias o secretarías de supervisión
de la minería y los procesos públicos se ha convertido
en epidemia en numerosos países de América Latina,
África y Asia, a veces también en EEUU, Canadá,
Australia, etc.
Esta situación se torna especialmente sensible
políticamente en los siguientes ámbitos:
• Cuando se reúnen datos de referencia insuficientes para
determinar las ubicaciones pre-minería de manantiales (su
caudal y calidad de agua); la calidad de aguas superficiales
y subterráneas pre-minería; la presencia de peces sensibles
u otras especies biológicas, etc. Todos estos datos de
referencia deben ser estadísticamente válidos para ser
útiles. En la mayoría de los casos, tales datos no se ajustan
a este criterio. Por lo tanto, después del inicio de las
operaciones, no es posible determinar fiablemente si los
impactos (y pasivos) han ocurrido o no.
• A menudo, las compañías prefieren pagar por el desarrollo
de complejas simulaciones de computadora para hacer
predicciones, por ejemplo, del declive futuro en los niveles
de aguas subterráneas y los impactos en los manantiales
cercanos. Esto a menudo se hace en lugar de recolectar
datos de campo más útiles y reales, como por ejemplo,
mediciones del nivel de agua del acuífero, datos de
pruebas de bombeo del acuífero, etc. Esto posibilita
a los consultores de la compañía a realizar supuestos
convenientes y simplificadores que dan la impresión de
que pueden predecir los impactos futuros en forma realista.
Normalmente, el error en estos modelos cuantitativos de
predicción de los impactos futuros en la calidad y cantidad
de agua en sitios geológicos complejos es extremo, con
frecuencia más o menos varios cientos por ciento. El
público siempre debería buscar la presencia de datos
registrados reales en vez de predicciones que a menudo
son en gran parte políticas, en lugar de herramientas
técnicas cuando se utilizan de esta manera.
• Cuando los ciudadanos y las comunidades locales creen
que no han sido consultados adecuadamente acerca
de qué actividades se realizarán y sobre la potencial
compensación por la pérdida o el daño de recursos. Es
común que las compañías mineras formen sus propias ONG
para “manejar” estas interacciones con las comunidades,
dándoles una visión cuestionable sobre la apertura de estos
procedimientos.
• Ocasionalmente, las agencias gubernamentales conducen
análisis “independientes” de los impactos del proyecto,
pero estas opiniones son ignoradas u ocultadas.
• A menudo, las EIA están tan pobremente escritas y
desorganizadas (por consultores de la compañía) que el
público y los reguladores son incapaces de comprender
el panorama general y por lo tanto no son capaces de
gestionar en forma realista estas enormes operaciones.
Actualmente es común que las EIA para grandes
operaciones a cielo abierto se compongan por 5.000 a
10.000 páginas de información mal resumida, toda la cual
fue recogida por la compañía o sus consultores pagos.
Un borrador reciente de una EIA / DIS
en Alaska, EEUU incluyó más de 27.000
páginas, y ninguno de los datos técnicos
detallados fue presentado en formato
electrónico. Por lo tanto, no había forma
realista de que la sociedad civil o los
reguladores verificasen la fiabilidad de
tales datos sin tener que reintroducirlos
en computadoras, ¡de forma manual!
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