Edición impresa HOY, sábado 24 de julio, 2021

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H OY
Sábado 24 de julio
de 2021
O PI N I Ó N
Ley 41-08 de función pública: desvinculación y vinculación
Solo 15,024 de los 700 mil empleados
públicos, son de carrera administrativa
LIBERATO PEREZ
Tradicionalmente nuestro debilitado
sistema político, los partidos una
vez que llegan al poder se consideran
dueños de la burocracia
estatal, y de su uso exclusivo, con derecho a
ingresar al tren del Estado a sus militancias,
aun no cuenten con los perfiles adecuados
para desempeñar con eficacia los cargos.
Esta enraizada y errada cultura política es
propia de un sistema público excesivamente
politizado, deficiente, infuncional y débil
institucionalmente, como el nuestro.
Debilidades que se han convertido en las
principales rémoras para alcanzar un sistema
público eficiente y competitivo, dando
como origen sustituir la antigua Ley
14-91 de Servicio Civil por la actual Ley
41-08 de Función Pública.
Ley promulgada en 2008 por el entonces
presidente Leonel Fernández Reyna, supuestamente
en interés de profesionalizar y optimizar
la Administración Publica con servidores
competentes y estables sus diferentes
cargos de carreras.
En primer momento cuando se promulgó
dicha ley, nosotros los profesionales de la
administración que siempre abogamos por
un Estado eficiente, profesionalizado y de
buenas prácticas, sentimos satisfacción por
ese nuevo instrumento jurídico. Pero hoy
con 13 años de aplicación, sus resultados
son muy limitados y con poco impacto en la
burocracia estatal y en la sociedad.
Pues según datos emitidos por el Ministerio
de Administración Publica, a marzo
de 2021 existían 700 mil servidores públicos,
61,088 (8.7%) son de carrera y 15,024
ya pasaron a la carrera administrativa, que
no podrán ser desvinculados sin algunas
causas justificadas.
Si de los 700 mil empleados solamente
15,024 son de carrera administrativa, entonces,
684,676 (97.85%) corresponden al
Servicio Civil, y pueden ser desvinculados
sin violar la ley, dejando espacios para que
el nuevo Gobierno emplee a su militancia si
cumplen con las competencias requeridas
por los cargos disponibles.
Esta estadística demuestra el poco avance
del país en materia de profesionalización
y estabilidad del servidor público profesional.
Lo que hoy en el cambio de gobierno
ha generado protestas y demandas de servidores
desvinculados y de otros que aspiran
a ser vinculados.
Entendemos que cuando se nombra una
persona, esta ingresa al Servicio Civil si
cumple con las condiciones que establece
el art. 33 de la ley 41-08. Entonces a partir de
esa etapa, el empleado inicia el proceso
hacia la “carrera administrativa”, siempre
que haya superado los instrumentos de
evaluación previstos en la ley.
¿Cuáles son esos instrumentos?: concurso
de oposición, aprobar las pruebas y
test con las calificaciones establecidas para
cada factor, (Supongo 70 ptos mínimo),
recibir equis cantidad de cursos de capacitación,
tener el perfil adecuado para el
cargo y haber tenido buen comportamiento
ético en la sociedad.
En adición a las condicionantes antes
mencionadas, consideramos que en la ley
deben contemplar otros importantes factores:
Responsabilidad, productividad,
cumplimiento laboral, comportamiento
ético, integración y asociatividad en el trabajo,
puntualidad en horario de entrada y
salida, aportes para mejoramiento del servicio
externo e interno, además demostrar
habilidades y destrezas para el trabajo.
Presupuesto
complementario
JCE
Exclusión del complementario
retrasará proyectos de la JCE
A 150 años del fracaso del
proyecto anexionista de nuestro
país a los Estados Unidos
MIGUEL PINEDA LOPEZ
pinedalop ezmiguel@gmail.com
De manera injusta el Poder Ejecutivo
excluyó a la Junta Central
Electoral en el llamado presupuesto
complementario enviado
recientemente al Congreso Nacional
para su conocimiento y natural aprobación,
lo que retrasará proyectos importantes
en esa institución.
Los reclamos en ese sentido hechos
por el presidente de la JCE, doctor
Román Jáquez Liranzo, son legítimos,
no obstante las precariedades económicas
del Gobierno con motivo de la
pandemia y su consecuente secuela en
términos financieros.
Como rectificar es de sabios y en
virtud de los contundentes argumentos
esgrimidos por el vocero de esa honorable
insti-
Los reclamos
hechos por el
presidente de la
JCE, doctor Román
Jáquez Liranzo, son
legítimos
tución, cuya
función no se
limita a organizar
elecciones,
entendemos
que por
un asunto de
c o m p re n s i ó n
los legisladores
corregirán esa exclusión.
Resulta hasta extraño que mientras
otras entidades oficiales han sido favorecidas
en ese presupuesto complementario,
la Junta Central Electoral fue
marginada en una acción totalmente discriminatoria
que envía una mala señal.
Con un déficit de 120 millones de
pesos mensuales y una serie de proyectos
en carpeta como el de la eliminación
del trámite de legalización de
actas del Estado Civil, la JCE requiere
recursos para su implementación, aunque
sea parcialmente por las propias
limitaciones del Gobierno.
Esperamos en consecuencia que la
Junta Central Electoral sea incluida en
ese prepuesto complementario por la
trascendencia e importancia de sus funciones
y compromiso con la institucionalidad
democrática del país.
Emotiva paternidad
Una paternidad responsable propicia
el camino a una sociedad más inclusiva
KEDMAY T. KLINGER BALMASEDA
klinger_psicología@yaho o.es
Senado de EUA rechazó la anexión
firmada por Báez y Ulises Grant
DIÓMEDES NÚÑEZ POLANCO
El próximo sábado, 31 de julio, se
conmemorará el 150 aniversario del
fracaso definitivo en el Senado de
los Estados Unidos del proyecto de
Anexión de la República Dominicana a ese
país. Ya el 30 de junio de 1870, ese mismo
cuerpo legislativo había manifestado, por
primera vez, su rechazo al mencionado
proyecto, que se había firmado en Santo
Domingo, el 29 de noviembre de 1869, con
el auspicio de los presidentes Buenaventura
Báez, dominicano, y Ulises Grant, estadounidense.
Ese día de 1869, firmaron
Manuel María Gautier, en nombre del Gobierno
dominicano, y Reymond H. Perry, en
representación del norteamericano.
En ocasión de esa efeméride, la Academia
Dominicana de la Historia ha organizado
varias actividades, entre las que
figuran: una conferencia del autor de este
artículo sobre el proyecto anexionista, y un
panel sobre el libro de Bernardo Vega
titulado La cuestión racial y el proyecto
dominicano de anexión a los Estados Unidos
en 1870, con la participación de Roberto
Cassá, Santiago Castro Ventura y
Eduardo Tejera. (En 1997, publiqué Anexionismo
y resistencia. Relaciones dominico-norteamericanas
en tiempos de
Grant, Báez y Luperón).
Con motivo de este importante aniversario,
iniciamos hoy la publicación de
varios artículos sobre el tema. El senador
Charles Sumner, presidente del Comité
de Relaciones Exteriores del Senado de
los Estados Unidos durante las discusiones
del Proyecto de Anexión, fue el
vocero de los legisladores norteamericanos
que se opusieron a la aprobación
del Tratado. Sin embargo, la Cámara de
Diputados aprobó retirar el nombre de la
avenida que lleva su nombre en la capital
dominicana, para colocar el del apreciado
Rafael Corporán de los Santos. De
acuerdo con el homenaje al extinto radiodifusor
y exalcalde del Distrito Nacional,
pero sin dejar de reconocer la
acción del senador Sumner en favor de la
causa dominicana.
Debido a la firmeza con que combatió
la anexión, perdió la presidencia del mencionado
comité.
Tanto en Haití como en la República
Dominicana se le recuerda, pues el plan
anexionista original del presidente Andrew
Johnson (1865-1869), el sucesor de Abraham
Lincoln, incluía también el territorio haitiano.
El proyecto de Grant no integró al
vecino país. Historiadores de ambos países
no se ahorran elogios y gratitudes. La gratitud
de Haití hizo que el Gobierno le ofreciera una
medalla de oro. Por ley del 27 de julio de 1871
su retrato adornó la sala de sesiones de las
Cámaras en Puerto Príncipe.
La admiración por las acciones de Sumner
en favor de la causa dominicana y
haitiana en aquellos días difíciles, no impide
que se enjuicien sus acciones de
hombre público. También hicieron causa
común con el senador de Massachussetts,
los congresistas Carl Schurz, Bayard, Morrill
Analizando el último informe de
Desarrollo Humano del PNUD RD
2017 veo que se reflejó que el 73%
de los padres realiza un aporte
económico voluntariamente, aunque no
conviva con la pareja. Pero todos sabemos
que, si bien la provisión económica es
fundamental para cubrir necesidades básicas
de los seres humanos, esto en realidad
no es suficiente. Y lamentablemente todavía
hay una gran parte de la población
masculina que entiende que aportando
económicamente ya cumple con su responsabilidad
como padre. Aunque no deja
de ser cierto que cada vez son más los padres
involucrados en el desarrollo de sus hijos,
aún es muy alto el porcentaje de parejas que
reportan no contar con esa corresponsabilidad
como padre de familia.
Por evidencias, entendemos que los niños
cuyos padres estuvieron comprometidos
con su crianza se caracterizan por
presentar mayor autoestima, mayor empatía,
mayor capacidad cognitiva y capacidad
de autocontrol.
Por lo que, una paternidad responsable
propicia el camino hacia una sociedad más
inclusiva, pero para esto es necesario la
implementación de políticas que promuevan
una transformación cultural a favor de
corresponsabilidad del cuidado y la conciliación
entre el trabajo y la familia, acompañado
de marcos legales que garanticen
permisos de paternidad por nacimiento y
por enfermedad, así como el reconocimiento
legal obligatorio de hijos/as.
La paternidad responsable debería ser
asumida como una forma de vida en la que
disminuyan las tensiones respecto del cuidado
del hogar y la crianza. Cuando los
padres se involucran mejora la calidad de
vida de las madres, y su influencia en la
experiencia del parto tiene una atribución
muy positiva.
Hay un modelo de “nuevo padre” (new
father) que lo define como aquel que se
compromete con los cuidados y la crianza de
sus hijos biológicos, y en el mismo se identificaron
tres áreas principales de comportamientos
donde actúan los nuevos padres:
– La interacción: caracterizándose por
y Paterson, entre otros.
Sumner y sus colegas representaban la
voz de los sectores políticos y económicos
que entendían que la anexión era lesiva
para los intereses de los Estados Unidos.
Entendían que adquirir Santo Domingo a
través de de aventureros dominicanos y
estadounidenses, con el amparo presidencial,
habría sido algo negativo. En la parte
norteamericana, el tema de la anexión debe
presentarse en un triángulo:
1. Los capitalistas opuestos a ella: consideraban
que la forma y circunstancias en
que se estaba llevando a cabo la harían
desembocar en un mal negocio.
2. Los aventureros: fracasados en la guerra
de Secesión y en sus incursiones en Cuba
y Centroamérica, buscaban cualquier oportunidad
que les permitiese convertirse en
inversionistas prósperos, gracias a que contaban
en el Caribe con aliados importantes
y con similar espíritu filibustero. Esos aventureros
no estaban dispuestos a someter sus
ansias desmedidas de enriquecimiento a las
reglas de juego y al ritmo del desarrollo que
llevaban los Estados Unidos.
3. La visión del presidente Grant: expuesta
en su discurso del 31 de mayo de
1870, de contribuir con la grandeza económica,
política y militar del país en base
a la adquisición de territorios, era coherente
con la tradición hegemonista y
expansionista de la historia norteamericana.
Posiblemente Grant se basaba en
que, tras el ensanchamiento de sus fronteras,
el gobierno y las Cámaras del país
habían utilizado en el pasado muchos
subterfugios en esa dirección. Como
buen militar se centró en el interés estratégico-político
de la anexión, sobre
todo ante las dificultades que habían
tenido para adquirir Cuba.
Los congresistas opuestos al Tratado
no eran antianexionistas por razones de
principios, sino por conveniencias coyunturales.
No se trataba, en este caso,
del dominio de las naciones latinoamericanas
a través del comercio. El liberalismo
británico, prefería controlar los
mercados en ultramar sin tener que desplazar
sus ejércitos.
ser el tiempo que el padre comparte con su
hijo realizando actividades conjuntas.
– La accesibilidad: por la posibilidad que
tiene el hijo de contar con el padre para
interactuar.
– La responsabilidad: haciendo referencia
a la función que asume el padre en lo
relativo a las actividades de los niños.
Para mí, la corresponsabilidad en los
cuidados y la crianza de los hijos es un paso
fundamental para lograr una sociedad más
justa tal como lo expresa la meta 5.4 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que busca
la igualdad de género, porque como bien
mencionan, la vinculación en la crianza y la
distribución equitativa de las tareas de
cuidado de los padres y madres, no solo
propicia un buen desarrollo biológico y
psicosocial de sus hijos/as, sino también
impacta en el acceso a oportunidades de
desarrollo de todo el hogar.
*LA AUTORA ES PSICÓLOGA CLÍNICA.