boletin

Boletín Informativo
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NUEVA CONVOCATORIA
Ayudas Directas a Autónomos y Empresas afectadas por la Covid – Decreto Ley 7/2021
Línea de ayudas a fondo perdido dirigida a autónomos y empresas de Extremadura cuya actividad se ha visto más
afectada negativamente por la pandemia provocada la Covid-19
Estas ayudas van dirigidas a apoyar la solvencia y reducir el endeudamiento, de modo que los beneficiarios de las mismas deberán destinarlas
a cubrir deudas y pagos pendientes con proveedores y acreedores financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos.
Las deudas se tienen que haber devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y deben proceder de contratos anteriores
al 13 de marzo de 2021.
Se abre una nueva convocatoria de AYUDAS COVID 19 con modificaciones importantes incluyendo numerosas actividades y sectores que pueden
resultar beneficiarios, así como más conceptos subvencionables.
¿Qué requisitos deben cumplir los beneficiarios?
Tener su domicilio fiscal en Extremadura si la empresa ha tenido un volumen de operaciones en 2020 de hasta 10 millones de euros. Si el
volumen de operaciones ha superado ese importe se exige que el domicilio fiscal, al menos, esté en España.
Haber desarrollado la actividad subvencionable en 2019 y 2020 y continuar desarrollando la misma a fecha de presentación. Si la actividad
se ha iniciado con posterioridad al 31 de marzo de 2020 el expediente no es subvencionable.
Deben estar al corriente con Hacienda del Estado, Seguridad Social y Comunidad Autónoma.
No debe haber declarado pérdidas en 2019, No obstante, este requisito no se exige en los siguientes casos:
Si el autónomo o la empresa ha iniciado su actividad en 2019.
O bien, si en la empresa, habiendo obtenido resultados positivos en 2018 y 2017, en 2019 se han producido pérdidas debido a
circunstancias excepcionales como catástrofes naturales, daños graves a instalaciones o cultivos, obras, ampliación de plantillas,
regularizaciones y cambios contables o fiscales, nuevos sistemas regulatorios o por cualquier otra causa ajena a la actividad de la
empresa.
Debe haber reducido su volumen de operaciones en más de un 30% entre 2019 y 2020. Este requisito no se exige en los siguientes
supuestos:
Si la empresa está en Régimen de estimación objetiva del IRPF en 2019 o 2020.
Si ha iniciado su actividad o ha sufrido un cambio estructural de la sociedad a partir del 1 de enero de 2019.
Tener deudas y pagos pendientes a proveedores y acreedores financieros y no financieros, generados entre el 1 de marzo de 2020 y el 30
de septiembre de 2021, y que procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
¿Qué gastos son subvencionables?
Las ayudas tienen carácter finalista, por lo que deben destinarse a satisfacer deudas y pagos pendientes con proveedores y acreedores
financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos que tenga el solicitante, y que cumplan los siguientes
requisitos:
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:
Destinar las ayudas a pagar, de manera bancaria, las deudas y pagos pendientes declarados en la solicitud en el plazo de dos meses y
presentar la documentación justificativa en otros dos meses adicionales.
Mantener la actividad hasta el 30 de junio de 2022.
No podrán repartir dividendos durante los ejercicios 2021 y 2022.
CUANTÍA DE LA AYUDA:
El importe de la ayuda se calcula, según la circunstancia de cada solicitante, por varios métodos. Pero siempre su importe a conceder queda
condicionado por la cuantía que la empresa tenga de deudas y pagos pendientes.
Supuestos que pueden darse:
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1. Si la empresa está en el Régimen de Estimación Objetiva en el IRPF, ya sea en 2019 o en 2020 o en ambos ejercicios, la ayuda
máxima será de 3.000 euros, limitada por el importe de deudas y pagos pendientes.
2. Si la empresa está en otro régimen fiscal diferente la ayuda se determinará aplicando una de estas dos fórmulas:
a. Si la empresa tiene hasta 10 empleados se aplicará el 40% de la caída del volumen de operaciones del 2020 respecto al 2019
que supere el 30% mínimo exigido.
b. Si tiene más de 10 empleados se aplicará el 20% de la caída del volumen de operaciones del 2020 respecto al 2019 que supere
el 30% mínimo exigido.
En ambos casos la cuantía de la ayuda no podrá ser superior a 200.000 euros, ni inferior a 4.000 euros, condicionado en todo caso al importe de
deudas y pagos pendientes que la empresa tenga. Es decir, si a una empresa por cualquiera de las dos fórmulas le sale una ayuda inferior a
4.000 euros, la cuantía de la ayuda se incrementaría hasta el límite mínimo de los 4.000 euros, siempre que tenga deudas por ese importe.
Para aquellas empresas que hayan iniciado su actividad a partir del 1 de enero de 2019 o bien han realizado un cambio estructural en la
sociedad a partir de esa fecha, la ayuda se determinará en función de las deudas y pagos pendientes que tenga, con un límite de 3.000 euros
si está en Régimen de Estimación Objetiva en IRPF y de 20.000 euros si está en otro Régimen Fiscal.
PLAZO DE SOLICITUD: termina el 14-10-2021.
SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI)
El pasado 29 de septiembre se publicó el Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2021.
Surtirá efectos durante el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, procediendo, en consecuencia, el
abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de septiembre de 2021.
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los
trabajadores, queda fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses.
Por tanto, las cantidades vigentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021 se les aplicará una subida de 15 euros
mensuales con carácter retroactivo al 1 de septiembre de 2021.
AYUDAS A AUTÓNOMOS
Se mantienen hasta finales de febrero de 2022 y se recogen en el título II del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de
medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo
A partir del 1 de octubre de 2021, los trabajadores autónomos que a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo la prestación por cese de
actividad compatible con el trabajo por cuenta propia regulada en el artículo 7 del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, y no hubieran
agotado los periodos de prestación previstos en el artículo 338.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, podrán continuar percibiéndola.
Estas nuevas medidas incluyen exoneraciones por un periodo de cuatro meses de las cuotas a la Seguridad Social para los autónomos que han
estado protegidos en el anterior periodo (comprendido entre los meses de junio a septiembre). Estas serán del 90 % en octubre, 75 % en
noviembre, 50 % en diciembre y 25 % en enero de forma consecutiva.
La prestación extraordinaria por suspensión de actividad continuará vigente y está dirigida a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión
de su negocio como consecuencia de una resolución administrativa. La cuantía de la prestación se mantiene en el 70 % de la base mínima de
cotización, con exoneración de las cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo contará como cotizado. Asimismo, será compatible con
ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el Salario Mínimo Interprofesional. Se endurecen las condiciones al acceso a esta
prestación extraordinaria, puesto que los autónomos han de acreditar una caída del 75 % en sus ingresos en el cuarto trimestre del año, respecto
al mismo periodo de 2019, mientras que hasta ahora ese descenso debía ser del 50 %. Además, no han de tener unos ingresos netos computables
en el segundo semestre del año superiores al 75 % del SMI (antes del 100 % del SMI).
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Los autónomos de temporada mantienen también su prestación, del 70 % de la base mínima, siempre que no tengan ingresos superiores a 6.725
euros en el tercer y cuarto trimestre del año.
Se ha creado una nueva prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.
Aquellos trabajadores por cuenta propia que se vean obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de este suceso
podrán recibir la prestación por cese de actividad, sin que los primeros cinco meses de percepción le computen.
AMPLIACIÓN DE LOS ERTES. ERTES DE FORMACIÓN
Fruto del acuerdo con los agentes sociales en la Mesa de Diálogo Social se ha aprobado una ampliación de los ERTE que mantendrán sus
condiciones actuales y a partir de noviembre se priorizará la formación de los trabajadores para mejorar su cualificación.
Esta prórroga de los ERTE y de las ayudas a los autónomos se ha recogido en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas
urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. Contiene importantes medidas para
empresas y trabajadores que a continuación resumimos:
Se prorrogan hasta el 31 de octubre las ayudas actuales, así se da tiempo a las empresas que lo soliciten tener tiempo para solicitar una nueva
prórroga y se añade la posibilidad de carácter voluntario de dar formación a los trabajadores que tengan en ERTE y en consecuencia recibir las
consiguientes ayudas.
Cotizaciones sociales en octubre, se establece:
- Empresas que tengan su actividad limitada por medidas administrativas:
Exoneración del 75% si tienen menos de 50 trabajadores
Exoneración del 65% si tienen más de 50 trabajadores.
- Empresas con la actividad suspendida:
Exoneración del 100% si tienen menos de 50 trabajadores;
Exoneración del 90% si tienen más de 50 trabajadores:
Cotizaciones sociales en noviembre, se establecen en función de la formación que faciliten a sus trabajadores en ERTE:
Exoneración del 80% entre noviembre y febrero 2022: Empresas con menos de 50 trabajadores si realizan acciones formativas, si
no realizan formación: exoneración del 50%.
Exoneración del 80% entre noviembre y febrero 2022: Empresas con más de 50 trabajadores si realizan acciones formativas, si no
realizan formación: exoneración del40%.
Exoneración 100% para empresas con todos los trabajadores en ERTE de suspensión total por medidas administrativas.
Aumentan los créditos para la formación:
Empresas con una plantilla con hasta 9 trabajadores: 425€ por persona
Empresas con plantilla de 10 a 49 empleados: 400€ por persona
Empresas con 50 o más empleados: 320€ por persona.
Duración de la formación hasta el 28 de febrero 2022:
Empresas con menos de 50 trabajadores: 30 horas de formación mínima para empleados en ERTE.
Empresas con más de 50 trabajadores: 40 horas de formación mínima para empleados en ERTE.
Prórroga de las medidas de protección por desempleo extraordinarias para las personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos
fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas. La duración de esta prestación extraordinaria se extenderá desde el día siguiente a la
finalización de la campaña de actividad o del agotamiento de la prestación contributiva hasta el 28 de febrero de 2022.
Prohibido despedir a los trabajadores en ERTE. Se mantiene que no podrán despedir por lo menos hasta 6 meses de finalizar el ERTE.
Se mantiene igualmente la no admisión de horas extra ni subcontratar la actividad en empresas con ERTE.
Prohibido repartir dividendos. Las compañías que se acojan a las ayudas públicas de los ERTE no podrán repartir dividendos del año en el
que tomaron la medida ni tampoco tendrán exoneraciones en las cotizaciones sociales las empresas con sede central en un paraíso fiscal.
Se mantiene el derecho de los trabajadores en ERTE a que no consuman tiempo de prestación por desempleo. El llamado "contador 0" se
prórroga hasta diciembre de 2022) Y, además, la cuantía de la protección se mantendrá en el 70% después de los seis meses de prestación.
También, se prorroga hasta el 28 de febrero, la prestación extraordinaria para los trabajadores vinculados con el arte y los espectáculos.
Silencio administrativo positivo. En cualquier caso, las empresas tendrán todo el mes de octubre para solicitar un ERTE o la prórroga del
mismo a partir del 1 de noviembre. La Administración tendrá 10 días para contestar. Si no contesta en ese plazo, la solicitud de la empresa se
admitirá automáticamente.
Tratamiento especial ERTE para Canarias. También podrán acogerse a un ERTE con todas las ventajas mencionadas, las empresas y
trabajadores afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Es un ERTE específico para La Palma y el conjunto
de las Islas Canarias.
Se incluye en este RD, Programas de inserción laboral de los mayores de 45 años, preferentemente desempleados de larga duración que
tendrán preferencia al acceso a las subvenciones públicas de incentivo a la contratación.
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Se prorroga el Plan Me Cuida hasta el 28 de febrero 2022, os recordamos las dos posibilidades que ofrece:
La adaptación de la jornada laboral, sin que esta suponga la pérdida de salario, al mantenerse la jornada: distribución del tiempo o cambio
de centro de trabajo, por ejemplo.
La reducción de jornada: supone una pérdida de ingresos que puede llegar al 100% si se reduce la totalidad de la jornada.
DISPONE HASTA EL 11 DE OCTUBRE PARA REVISAR SU PROGRAMA DE CONTABILIDAD Y
EVITAR SANCIONES
Si es autónomo y está usando un programa de contabilidad en su negocio, tenga especial cuidado. La reciente prohibición de los softwares de
doble uso puede acarrear multas de hasta 150.000 euros para los infractores.
Llevar la contabilidad de forma correcta y ajustada a la realidad es una responsabilidad básica en todo negocio. Sin embargo, hay quien recurre
al software de doble uso para manipular los “números” con el fin de esquivar el pago de impuestos. Ahora esta mala praxis tiene los días contados,
el Gobierno acaba de aprobar una ley que prohíbe utilizar estos programas.
El pasado 10 de julio el Boletín Oficial del Estado, publicó la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta nueva
norma tiene por objeto la transposición de la Directiva UE/2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior y la adaptación de la normativa ante
problemáticas fiscales no directamente contempladas.
De entre las novedades incluidas en esta Ley destaca la introducción de una nueva obligación, dirigida a los fabricantes, productores y
comercializadores de programas informáticos de contabilidad y gestión empresarial, así como a los usuarios de estos. Se pretende que los
softwares que soportan procesos contables, de facturación o de gestión empresarial cumplan los requisitos de integridad, conservación,
trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Esta nueva imposición, establecida en el artículo 29.2, apartado j), de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, trata de evitar la manipulación de datos contables y de gestión que permitan la llevanza de una doble contabilidad
o la falta de registro de operaciones. Implica nuevas obligaciones para los contribuyentes, al venir acompañada de un régimen sancionador, que
se regula a través del nuevo artículo 201 bis de la Ley General Tributaria.
¿Qué son los programas de doble uso?
Los programas de doble uso permiten llevar una doble contabilidad. Los más desarrollados admiten incluso la posibilidad de emitir tickets con el
importe íntegro de una compra, pero sin que esta quede reflejada en la contabilidad oficial.
El uso de este tipo de programas se ha extendido a lo largo de los años, de modo que es difícil precisar la cuantía de los recursos que han dejado
de pagar “impuestos”. No obstante, se estima que el empleo del software de doble uso produce unas pérdidas de ingresos públicos de varios
miles de millones de euros.
Hacienda calcula que hasta 200.000 millones de euros se vienen ocultando a la Agencia Tributaria mediante la utilización de estos programas
que permiten crear una caja B con la que evadir impuestos.
Los más habituales son conocidos con el nombre de Phantomware que es un software oculto instalado en el TPV. El empresario accede al
programa pulsando un botón o introduciendo una combinación de teclas.
Otro de los más usados, se denomina Zipper. En este caso se trata de un programa externo que se almacena en dispositivos extraíbles, como
CD y USB.
Nuevas obligaciones
Ante este descontrol, el legislador ha prohibido el uso de este software mediante un sistema de vigilancia, obligando a los autónomos a disponer
de una certificación otorgada por el Ministerio de Hacienda. Se considera infracción tributaria la fabricación, producción, comercialización e incluso
o simple tenencia de sistemas informáticos que no cumplan las especificaciones exigidas por la normativa vigente.
Se introduce una nueva obligación tributaria en el artículo 29 de la LGT:
j) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que
soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad,
conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no
quede la debida anotación en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos
sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.
A partir de ahora debe poner el foco no sólo en la legalidad de los registros contables y de las facturas emitidas como era y es habitual sino
también en el programa que utilizan para llevar dichos registros.
La falta de cumplimiento de esta obligación será constitutiva de infracción tributaria grave de acuerdo con el nuevo artículo 201 bis de la LGT:
Sanciones
Cualquier autónomo que no actualice sus programas informáticos de acuerdo con la nueva certificación aprobada por el Gobierno será
sancionado. Es decir, queda totalmente prohibido el uso de programas de contabilidad de doble uso. Los profesionales que los usen en su negocio,
o todavía no los hayan desinstalado, incurrirán en multas de hasta 50.000 euros.
Además, esta sanción se podría triplicar en los casos en que se oculten ingresos y no se cumplan las especificaciones técnicas señaladas: los
autónomos podrían incurrir en multas de hasta 150.000 euros por cada ejercicio económico en el que se hayan producido las ventas ocultas.
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