boletin

Y NO podrán subvencionar los siguientes gastos:
• El Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto General Indirecto Canario ni el Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación que se devenguen en la adopción de soluciones de digitalización,
de conformidad con el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
• Las actividades excluidas en el artículo 11.2 de la Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre.
No serán subvencionables aquellas actuaciones que no respeten plenamente las normas y prioridades de la
Unión Europea en materia climática y medioambiental:
a) Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, salvo en los casos debidamente justificados
conforme con la Comunicación de la Comisión Europea 2021/C 58/01.
b) Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en las cuales
se prevean emisiones equivalentes de CO2 que no sean sustancialmente inferiores a los parámetros de
referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos.
c) Compensación de costes indirectos del sistema de comercio de derechos de emisión.
d) Actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento biológico
mecánico que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil.
e) Actividades en las que la eliminación de desechos puede causar daños a largo plazo al medio ambiente.
• Los impuestos sobre las rentas de personas físicas o sociedades, así como otros tributos y tasas, de tipo
nacional, autonómico o local.
• Los intereses de las deudas.
• Los intereses de mora, los recargos y las sanciones administrativas y penales.
• Los gastos derivados de procedimientos judiciales.
• Gastos financieros.
• Gastos de infraestructura y obra civil.
• Terrenos.
• Hardware.
• Servicios de telecomunicación y conectividad a Internet.
• Los gastos relativos a la compensación por labores prestadas por terceros para la obtención de las
presentes ayudas (gastos por prestación de servicios de asesoría, de gestoría o de similar naturaleza).
LAS MICROEMPRESAS Y LOS AUTÓNOMOS, SOLOS ANTE EL CONCURSO
El procedimiento especial para microempresas busca reducir los costes, eliminando todos los trámites
innecesarios y ciñendo la participación de profesionales e instituciones a aquellos supuestos en que sean
imprescindibles, o pagados voluntariamente por las partes.
Los concursos de acreedores siguen aumentando en España mientras el proyecto de Ley para la Reforma de
la Ley Concursal se prepara para ser implementado, con suerte antes de que finalice el período estival, salvo
lo referente al procedimiento especial para pequeños negocios que tendrá que esperar a 1 de enero de 2023.
La vulnerabilidad económica de la pyme ha sido un mal endémico en nuestro país, y el paréntesis pandémico
que hemos sufrido ha agravado esta situación. Muchos negocios han sustituido la financiación circulante por
préstamos a devolver y como consecuencia de ello tendrán mayores problemas de liquidez.
Las cifras son claras, según el 'Estudio sobre Concursos y Disoluciones' realizado por Informa D&B, el
incremento en el número de concursos ha sido del 34%, se trata de la cantidad más elevada alcanzada desde
2014, y las disoluciones por su parte crecieron un 20% en estos últimos 12 meses. Hay que remontarse hasta
el año 2013, para encontrar una cifra mayor.
El pasado sábado 14 de enero de 2022 el Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el Proyecto de Ley
de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal. que introduce un nuevo procedimiento de insolvencia
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