Impreso miercoles 1 enero 2023

10 Opinión
El Nacional
M i é rco l es 1 de Fe b re ro de 2023
E D I TO R I A L
Arroz con mango
Al menos tres proyectos de
gran trascendencia se bailotean
en el Congreso Nacional
con la intención aparente
de convertirlos en leyes durante
la legislatura extraordinaria que concluye
el 15 de febrero, pero ninguno ha
podido alcanzar el deseado consenso
entre las fuerzas políticas representadas
en ambas cámaras.
Se trata de la nueva ley de Régimen
Electoral, Código Penal y el estatuto
referido al fideicomiso público-privado,
que por mucho tiempo navegan
entre comisiones y plenos sin arribar a
ninguna parte, quizás porque Gobierno
y partidos envían señales difusas a
sus legisladores con la intención de
imponer designios.
La Junta Central Electoral (JCE) ha
hecho todo lo posible para que esa ley
sobre Régimen Electoral se apruebe sin
mayores dificultades, pero temas relacionados
con transfuguismo, voto
electrónico y tope de financiamiento
electoral impiden arribar a consenso.
Ya se sabe que el Tribunal Constitucional
declaró nulo el artículo 99 de
la actual Ley Electoral referido al voto
electrónico y que el Tribunal Superior
Electoral invalidó el artículo 134 de esa
ley sobre transfuguismo, lo que obliga
al liderazgo político a retomar vía de
diálogo para identificar fórmulas de
Editado por Publicaciones ¡Ahora! S.A.S.
Desde el 11 de septiembre de 1966
Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa
CARTAS DE LOS LECTORES
El PLD y la ley 340-06
En el PLD están defendiendo
ahora la Ley 340-06 que su
propio líder político propició
quebrantar para poner en
marcha el plan de intervención
de todos los centros de
salud pública. Pero la violación
de la Ley sobre Compras y
Contrataciones no solo fue
vulnerada en el caso de la
construcción y remodelación
de los hospitales y su equipamiento
despreciando toda
regla de licitación, sino que los
tentáculos se extendieron a
través de numerosas instituciones
del Estado.
Durante la Administración
de Medina, las ramificaciones
de estos grupos abarcaban a la
Policía Nacional, con la venta
avenencia .
El Senado ha retomado el proyecto de
nuevo Código Penal con la intención
de que la comisión de justicia emita un
informe favorable con la inclusión de
modificaciones aprobadas en la Cámara
de Diputados, a los fines de que
sea convertido en ley.
Desde el litoral oficial se pretende
conocer y aprobar esa pieza sin la
inclusión de las tres causales en las
cuales se permitiría el aborto, a lo que
se opone la bancada del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), razón
más que suficiente para sospechar que
ese proyecto retornará a su ataúd legislativo.
D i re cto r
S u b d i re cto r
Jefe de Redacción
Ad m i n i st ra d o ra
Bolívar Díaz Gómez
José Antonio Torres
Héctor Minaya
Gema Hidalgo
Miembro de la Sociedad Dominicana de Diarios, Inc
El estatuto sobre fideicomiso público-privado
tendría posibilidades de
sobrevivir porque la mayoría legislativa
del Partido Revolucionario Moderno
(PRM) lo declaró como ley ordinaria,
por lo que podría ser aprobado por
mayoría simple, aunque su destino
seria el Tribunal Constitucional.
La percepción que alberga la ciudadanía
es que la conjunción de intereses
políticos y económicos convertiría
el conocimiento de esos y otros
proyectos de innegable relevancia en
una especie de arroz con mango que se
pretende cocinar a todo vapor en las
dos semanas que restan de la legislatura
extraordinaria.
Redacción, administración y talleres:
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Teléfono 809-565-5581
re d a cc i o n @ e l n a c i o n a l . co m . d o
de 220 millones de pesos en
combustible, y al Fondo Patrimonial
de las Empresas Reformadas
(FONPER) en un
sinfín de contratos y licitaciones.
Igual ocurrió en el Ministerio
de Salud Pública con
el suministro de medicamentos
y en la OISOE con la asignación
en el equipamiento de
56 hospitales, por valor de
43,000 millones de pesos.
En la Empresa Distribuidora
de Electricidad del Este
(EDEESTE) se investigaron sobrevaluaciones,
contratos
amañados, asignaciones fraudulentas
y sobornos por montos
superiores a los 5,000 millones
de pesos y en la Unidad
de Electrificación Rural
(UERs), con adjudicaciones
fraudulentas de obras y sobornos.
Los casos llegaron
hasta el Ministerio de Obras
Públicas (MOPC), mediante el
suministro de cemento asfáltico
AC-30, por unos 3,500 millones
de pesos.
El alcance y sus implicaciones
comprenden un abanico
bastante amplio que iba
desde influyentes despachos
del Palacio Nacional, autorizando
exoneraciones de impuestos
aduanales e ITBIs, en
perjuicio de la Dirección General
de Aduanas (DGA) y la
Dirección General de Impuestos
Internos (DGII) por cientos
de millones de pesos. Hubo
maquillaje de auditorías de
muchas instituciones y Ministerios,
algo que consta en el
expediente de la Operación
Caracol, que involucra a pasados
jueces de la Cámara de
Cu e n t a s.
En este caso se investigó la
alteración de cubicaciones en
las que están implicados el
exministro de Hacienda, Donald
Guerrero, y el excontralor
general de la República,
Rafael Germosén Andújar,
en el pago irregular por parte
de la OISOE durante la transición
de gobierno, de 922
millones de pesos a la compañía
Domedical Supply, sin
la evidencia de recepción de
los equipos. El entramado facilitaba
el pago de expropiaciones
que involucran a la
Contraloría, Bienes Nacionales,
Catastro y el Banco de
Reservas, por más de 30,000
millones de pesos.
Mario Lara Valdez
Juan Taveras
H e r n á n d ez
J UA N T H 0 4 @ h ot m a i l . co m
O d e b re c ht
en apelación
La primera en advertirlo fue la hoy
Procuradora General de la República,
Miriam Germán Brito siendo
presidenta de la Sala Penal de la
Suprema Corte de Justicia: con ese expediente,
basado en especulaciones y conjeturas,
sin ningún elemento probatorio, será
imposible determinar responsabilidades.
La magistrada pagó un precio muy alto
al denunciar el carácter político del expediente:
“Por ejemplo, sucede que la
mayor parte de las pruebas que dice tener
el Ministerio Público son fruto de las
delaciones premiadas que se han vertido
en Brasil, pero una por una no contienen
afirmaciones precisas sobre actividades
tajantes de los imputados. Abundan el “yo
c re o”, “me parece”, y en algunos aspectos,
una categórica negativa”.
Los hechos posteriores a la denuncia del
soborno del Ministerio Público se encargarían
de darle la razón a la magistrada
Germán, que luego fue sacrificada en un
acto bochornoso por el ex presidente Danilo
Medina y su lacayo Jean Alain Rodríguez, ex
procurador preso acusado de corrupción.
La empresa brasileña Odebrecht admitió
haber pagado 92 millones de dólares en
sobornos para obtener cuantiosos contratos
durante los gobiernos de Hipólito
Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina.
(Solo el ex presidente Mejía habló desligándose
de cualquier acto de corrupción
y poniendo sus bienes y los de su familia a
disposición del Ministerio Público en caso
de hallar cualquier elemento que lo vincule
a hechos violatorios de la ley. Los
demás ex presidentes, Fernández y Medina,
a pesar de que durante sus gobiernos
se firmaron casi todos los contratos y que
la oficina de sobornos fue trasladada desde
Brasil a Santo Domingo, por razones de
seguridad y confiabilidad en las autoridades,
no dijeron nada. Tampoco fueron
investigados ni interrogados al respecto).
La mayoría de los imputados fueron descartados.
Algunos declarados inocentes o
“no culpables” por falta de pruebas. Al final
solo quedó el abogado Conrado Pittaluga,
que finalmente fue puesto en libertad.
Condenados sólo fueron el ex ministro de
Obras Públicas, el ingeniero Víctor Díaz Rúa
y el empresario Ángel Rondón, que apelaron
la sentencia. Díaz Rúa fue condenado
por “enriquecimiento ilícito” cuando fue
acusado por soborno, en tanto que Ángel
Rondón fue condenado por soborno.
Lo que no entiendo -al igual que muchas
otras personas- ¿cómo es que Díaz Rúa es
acusado de soborno y termina condenado
por enriquecimiento ilícito. Y ¿cómo es
que Rondón es condenado por soborno,
pero no aparece en el expediente un solo
sobornado? Es simple: el expediente fue
preparado desde un principio para que
nadie resultara condenado. Los sobornados
no aparecen. Los 92 millones de
dólares que Odebrecht admite que otorgó
en soborno, no aparecen. Nadie los recibió.
Ningún diputado, senador, ministro
y ningún presidente de la República.