Listín Diario 17-03-2023

6 SANTO DOMINGO, RD. VIERNES, 17 DE MARZO DE 2023 10 cm
La República
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Enfoque
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La crisis de Nicaragua exige
una respuesta regional audaz
TAMARA TARACIUK BRONER
JUAN PAPPIER
L
a crueldad del
gobierno de
Daniel Ortega
no tiene límites
y requiere
una respuesta firme de
los gobiernos latinoamericanos.
Un reciente informe
del Grupo de Expertos en
Derechos Humanos de la
ONU sobre Nicaragua documentó
evidencias sólidas
de crímenes de lesa
humanidad, incluyendo
asesinatos, encarcelamientos,
torturas, violencia
sexual, deportaciones
forzosas y persecución por
motivos políticos.
El 9 de febrero, la dictadura
de Ortega expulsó
a Estados Unidos a 222
presos políticos. Luego los
despojó a ellos y a otros
95 críticos de su nacionalidad,
dejando a muchos
apátridas. Muchos temen
por la seguridad de familiares
que están siendo vigilados
en Nicaragua. Un
ex preso político nos dijo
que “incluso la muerte
era mejor que estar allí”.
Se refería a la prisión “El
Chipote”, donde guardias
le arrancaron las uñas, le
aplicaron descargas eléctricas
y lo golpearon brutalmente.
Aún quedan 37 presos
políticos en el país, incluyendo
el obispo Rolando Álvarez,
quien permanece incomunicado
desde el 9 de
febrero. El 10 de marzo, el
papa Francisco comparó al
régimen nicaragüense con
dictaduras “groseras”. Dos
días después, el gobierno
anunció la “suspensión” de
relaciones diplomáticas con
la Santa Sede.
Algunos países de la región,
entre ellos Chile, Colombia,
Uruguay y Ecuador,
han emitido declaraciones
públicas condenando inequívocamente
los abusos
de Ortega, y 17 miembros
de la OEA criticaron la privación
de las nacionalidades.
México, Uruguay, Colombia,
Argentina, Chile,
Ecuador, Panamá y Brasil
ofrecieron su ciudadanía.
Si bien estos son pasos
positivos, la gravedad de la
crisis exige una acción regional
más contundente.
Los gobiernos democráticos
de América Latina deberían
establecer un “Grupo
de Amigos”, integrado por
gobiernos de todo el espectro
político, para contribuir
a una transición democrática
en Nicaragua. A través
de reuniones de alto nivel,
este mecanismo debería diseñar
una estrategia para
ejercer una presión concertada,
pública y privada, para
frenar los abusos, proporcionar
vías para la rendición
El régimen de Daniel Ortega expulsó a EEUU a 222 presos políticos. ARCHIVO /
de cuentas y promover elecciones
libres y justas. Como
parte de este esfuerzo, cada
gobierno debería liderar iniciativas
específicas.
Chile y Costa Rica, recién
elegidos miembros del
Consejo de Derechos Humanos
de la ONU, deberían
liderar los esfuerzos para
aprobar una resolución
sobre Nicaragua durante
la actual sesión del Consejo
en Ginebra. Brasil, Costa
Rica, Canadá, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay
y Perú han presentado un
proyecto de resolución para
prorrogar por dos años
el mandato del Grupo de
Expertos de la ONU que se
dedica exclusivamente a
investigar la situación en
Nicaragua. Otros miembros
regionales del Consejo,
como México, Argentina,
Honduras y Paraguay,
deberían apoyar esta resolución,
trabajar para obtener
los votos necesarios
para su aprobación y garantizar
que los expertos
reciban financiación adecuada.
Los miembros del Banco
Centroamericano de Integración
Económica (BCIE),
como Colombia, Costa Rica,
Argentina, República
Dominicana y Panamá, deberían
asegurarse de que
el financiamiento del banco
no contribuya a abusos
en Nicaragua. El BCIE, un
banco multilateral de desarrollo,
tiene 25 “préstamos
activos” para financiar al
gobierno, con fondos aprobados
por un total de más
de US$ 3,500 millones. Si
bien la mayoría están dirigidos
a proyectos de infraestructura,
parece haber
muy poca transparencia,
por parte del banco y del
gobierno nicaragüense, sobre
cómo se utilizan estos
fondos.
La Asamblea de Gobernadores
del BCIE, la máxima
autoridad del banco,
debería exigir una auditoría
externa independiente
de todos los fondos otorgados
a Nicaragua. Esta medida
garantizaría que los
fondos sólo se utilicen para
garantizar el ejercicio
de los derechos económicos
y sociales de los nicaragüenses.
También sería una
oportunidad para que Costa
Rica, República Dominicana
y Panamá muestren
compromiso con los objetivos
de su Alianza para el
Desarrollo en Democracia.
Ante la comisión de delitos
graves internacionales,
los gobiernos también deberían
promover investigaciones
penales aplicando
el principio de jurisdicción
universal. Este principio
permite enjuiciar a responsables
de ciertos delitos
graves, incluyendo tortu-
ras, independientemente
del lugar donde ocurran y
la nacionalidad de las víctimas
y los sospechosos. Es
clave para la rendición de
cuentas, dado que Nicaragua
es uno de los pocos países
de la región que no es
parte del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional.
Recientemente, Brasil
expresó su preocupación
por las violaciones de los
derechos humanos cometidas
por el gobierno nicaragüense.
El gobierno de
Lula, que busca posicionarse
como un líder global,
tiene un rol clave que
cumplir para exigir la liberación
de los presos políticos
y el restablecimiento
de garantías democráticas
en Nicaragua.
La crisis en Nicaragua
ha generado un consenso
inusual entre líderes de
distintas posiciones políticas
en la región. Ahora es
crucial establecer una estrategia
coordinada. Si
la región no logra trabajar
concertadamente para
apoyar al pueblo nicaragüense,
estará enviando el
peligroso mensaje a otros
gobiernos autoritarios de
que tienen vía libre para
cometer abusos graves y
flagrantes.
Taraciuk Broner, directora
en funciones para las Américas
de Human Rights Watch;
Juan Pappier, subdirector en
funciones para las Américas
de Human Rights Watch