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Aunque el proceso político de descentralización iniciado en el año 1992
con el Acuerdo para el Mejoramiento de la Educación Básica (ANMEB) 4
tuvo un resultado diferente en cada entidad, en términos generales la
división que establece la ley es muy clara. Podemos decir que a nivel
federal se establecen las grandes líneas de la política educativa, mientras
que los estados son los encargados de implementar esas políticas
en última instancia. La federación determina los contenidos y criterios
generales de enseñanza para alumnos y maestros. Los estados implementan
esos contenidos y criterios. Desde luego, el arreglo institucional
para la determinación e implementación de la política educativa incluye
un fuerte componente de participación de los distintos sindicatos magisteriales.
5 Esa participación sin duda forma parte de las restricciones
institucionales para cualquier esfuerzo de mejora. Operar cambios en el
margen de esas restricciones es una característica común a los sistemas
educativos de prácticamente todos los países, incluso aquéllos con
sistemas educativos desarrollados.
Aun cuando los recursos están etiquetados en su mayoría y la asignación
de los distintos fondos incorpora consideraciones políticas, la federalización
del grueso del gasto educativo implica que los estados ejercen
control directo sobre dicho gasto. La asignación de los recursos educativos
incorpora elementos importantes de compensación en favor de
los estados y regiones donde se observan mayores rezagos de calidad e
infraestructura. Esas reglas de asignación incorporan también, aunque
de manera incipiente, incentivos favorables a la mejora de la calidad.
Finalmente, dado que uno de los principales retos educativos en los
próximos diez años es alcanzar en nivel medio superior los niveles universales
de cobertura y eficiencia terminal que ya se observan en nivel
primaria y secundaria, la participación de los gobiernos estatales se
vuelve crucial.
La regla general de división de facultades entre la federación y los estados
consiste en que las facultades que no estén expresamente concedidas
por la Constitución a los funcionarios federales, se encuentran
reservadas para los estados. En el caso de la educación pública a nivel
básico (preescolar, primaria y secundaria), la Constitución da facultad
expresa al Congreso de la Unión para determinar mediante una ley federal
cuáles facultades corresponden a la federación y cuales a los estados.
Es decir, se faculta al Congreso Federal para distribuir facultades
entre la federación y los estados.
30 ¿Dónde quedó la bolita? Del federalismo de la recriminación al federalismo de la eficacia.
La Ley General de Educación (LGE) establece que corresponde a la federación
definir lineamientos, planes y programas en educación básica
y normal. En concurrencia con las autoridades educativas locales, la
federación define el calendario escolar, la elaboración y producción de
libros de texto gratuitos, así como la planeación y evaluación nacional.
A las autoridades educativas locales, les corresponde la prestación de
los servicios de educación inicial, básica, especial y normal, así como
la capacitación, actualización y superación profesional de maestros de
educación básica.
De conformidad con la Ley General de Educación, las facultades que
corresponden a la federación y las que corresponden a los estados se
resumen en la siguiente tabla.
Tabla 2.1 Distribución de las Facultades en materia educativa
Facultades exclusivas de la federación en materia educativa –
Secretaría de Educación Publica (art. 12 LGE)
• Determinar planes y programas de estudio para la educación preescolar,
primaria, secundaria y normal y para la formación de maestros
de educación básica.
• Establecer el calendario escolar aplicable a toda la República.
• Elaboración y actualización de los libros de texto gratuito.
• Autorización del uso de otros libros de texto.
• Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo.
• Regular el sistema nacional de formación de maestros de educación
básica.
• Realización de exámenes de evaluación para certificar educadores y
autoridades educativas.
• Fijar requisitos pedagógicos de los planes de educación que formulen
los particulares.
• Regular el sistema nacional de créditos, revalidación y equivalencias.
• Regular coordinar y operar un padrón nacional de alumnos, docentes,
instituciones y centros escolares.
• Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativa
nacional.
• Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países e intervenir
en la formulación de programas de cooperación internacional.
4. Cecilia Fierro Evans, Guillermo Tapia García y Flavio Rojo Pons. Descentralización educativa en México. Un recuento analítico. OCDE. Octubre 2009. p. 10.
5. Ibíd., p. 30.