Prof. Luis Francia Sánchez - Facultad de Derecho - Universidad de ...

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Luís E. Francia Sánchez / Los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
0
en el Sistema Penitenciario Peruano
FACULTAD DE DERECHO
EN ÉSTE NÚMERO:
Laura Zúñiga Rodríguez
(España)
Sídney Blanco
(El Salvador)
Jorge Vicente Paladines
(Ecuador)
Centro de Estudios de Derecho
Penitenciario
REVISTA ELECTRÓNICA
Carolina Dzimidas Haber
/Pedro Vieira Abramovay
(Brasil)
Luis A. Vergara Cisterna
(Chile)
José Ávila Herrera
(Perú)
Bruno Van der Matt
(Perú)
Luís Francia Sánchez
(Perú)
Percy C. Castillo Torres)
(Perú)
Wilfredo Pedraza Sierra
(Perú)
AÑO 1/ N° 1
2011
Luís E. Francia Sánchez
Los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en el Sistema
Penitenciario Peruano
DIRECTOR
Wilfredo Pedraza Sierra
CONSEJO
CONSULTIVO
Centro de Estudios de Derecho Penitenciario/USMP 0
Laura Zúñiga Rodríguez
José Ávila Herrera
José Luís Pérez G.
Miguel Huerta Barrón
www. derecho.usmp.edu.pe/centro_derecho_penitenciario

Luís E. Francia Sánchez / Los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
en el Sistema Penitenciario Peruano
1
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
EN EL SISTEMA PENITENCIARIO PERUANO
Luis E. Francia Sánchez
lfrancia@gmail.com
Al igual que todo lo ciudadano, la persona privada de libertad goza de un
conjunto de derechos, en tanto no exista una incompatibilidad con la
privación de la libertad, sea esta una medida coercitiva procesal o una pena
establecida en una condena condenatoria.
Efectivamente, los internos son titulares de los derechos fundamentales
contenidos en la Constitución, y reiterados en el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Protección de todas las
Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Asimismo se han desarrollado específicamente normas internacionales respecto
a los derechos de las personas privadas de libertad:
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en el Sistema Penitenciario Peruano
2
Los siguientes instrumentos internacionales, pese a que en estricto no obligan
al Estado peruano, contienen un conjunto de reglas y principios orientadores
de su accionar; facilitan el respeto de normas internacionales de derechos
humanos de carácter obligatorio a la vez que permiten determinar el grado de
adecuación de las políticas nacionales penitenciarias a tales estándares.
• Conjunto de Principios para la protección de todas las personas
sometidas a cualquier forma de detención o prisión
• Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
• Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos
• Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud,
especialmente los médicos, en la protección de personas presas y
detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes
• Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley.
• Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y uso de armas de fuego
por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley
• Reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados
de libertad
• Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores (Reglas
de Beijing)
• Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas
Privadas de Libertad en las Cárceles.
Dichos derechos son parte integrante del conjunto de derechos humanos,
habiendo sido desarrollados en los instrumentos internacionales generales
como específicos (como el caso de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos), como por la legislación nacional.
En el caso peruano estos derechos se encuentran contenidos en la propia
Constitución como en el Código de Ejecución Penal, su posterior Reglamento y
otras normas conexas. Pero adicionalmente han sido desarrollados por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, experiencia similar a la de otros
países, como el caso de la Corte Constitucional de Colombia.
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3
1. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD:
ASPECTOS GENERALES 1
1.1 La situación de especial vulnerabilidad de las personas privadas de
la libertad. La relación de especial sujeción del recluso a la
administración penitenciaria 2
El ingreso de una persona a la cárcel origina entre ella y la administración
penitenciaria una relación jurídica caracterizada por el hecho que el interno
queda sometido, en cierto grado, a la administración penitenciaria, en tanto
puede limitar el ejercicio de los derechos fundamentales del interno en base a
un conjunto de condiciones y reglas de conducta destinadas a mantener el
orden y la seguridad en los establecimientos penitenciarios, en tanto estas
medidas se ajusten a los principios de proporcionalidad y razonabilidad 3 .
Es necesario saber diferenciar que mientras algunos derechos fundamentales
de los internos son suspendidos o restringidos, muchos otros derechos se
conservan intactos y deben ser respetados íntegramente por las autoridades
penitenciarias.
Pero al mismo tiempo el Estado debe garantizar el pleno ejercicio de los
derechos fundamentales no suspendidos, así como el disfrute de los que les
han sido restringidos. Por ende debe abstenerse de realizar comportamientos
que vulneren el ejercicio de un derecho fundamental, en tanto que frente a
otros, se encuentre ante el deber de adoptar determinadas medidas concretas
a favor de los reclusos.
Así lo reconoce el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 4 y la
Corte Constitucional de Colombia, que han deducido dicho criterio de la
1 Las ideas contenidas en este apartado se encuentran desarrolladas por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional de Colombia.
2 Sentencia T-706/96 de la Corte Constitucional de Colombia.
3
Sentencia T-1030/03 de la Corte Constitucional de Colombia. Respecto al estado de
sujeción especial de los reclusos frente al Estado ver, entre otras, las sentencias T-596 de
1992; C-318 de 1995; T-705 de 1996; T-706 de 1996; y T-714 de 1996.
4 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 21 – “Trato humano de las
personas privadas de su libertad (artículo 10).
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condición de especial vulnerabilidad de una relación de especial sujeción entre
el interno y el Estado, en virtud de la cual éste debe actuar positivamente para
garantizar la satisfacción de los derechos fundamentales no sujetos a
restricciones legítimas por la medida privativa de la libertad. Efectivamente,
los internos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad que
impone especiales deberes al Estado. Dicho deber surge de la Constitución, la
ley, la jurisprudencia y el sistema de protección de derechos humanos.
En el contexto de un Estado social de derecho le está permitido al Estado
suspenderle a algunos ciudadanos, en condiciones muy especiales, su derecho
a la libertad, lo que implica, como contrapartida, que el Estado debe
garantizarle a los reclusos las condiciones para una vida digna 5 .
El Estado tiene deberes especiales para con los reclusos, con miras a que éstos
puedan ejercer plenamente los derechos fundamentales que no les han sido
suspendidos, y parcialmente aquéllos que les han sido restringidos.
Ello se deriva de la misma relación especial de sujeción de los internos frente
al Estado, y del hecho de que las condiciones que se imponen a los reclusos les
impide que puedan satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades
mínimas, cuya atención garantiza la posibilidad de llevar una vida digna. 6
Al respeto resulta de sumo interés la afirmación planteada por la Corte
Constitucional de Colombia:
“la reclusión de una persona en un establecimiento carcelario o penitenciario, le
impone al Estado una serie de deberes especiales directamente encaminados a
hacer efectivos los derechos de que goza el sujeto recluido. De otra manera,
tales derechos no pasarían de ser declaraciones retóricas sin ninguna eficacia.
En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha indicado que ‘el Estado tiene
deberes especiales para con los reclusos, con miras a que éstos puedan ejercer
5 Así lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia T-153 de 1998. En este caso se
declaró el estado de cosas inconstitucional en los centros penitenciarios de Colombia.
6 Acerca de los deberes especiales del Estado para con los reclusos ver, entre otras, las
sentencias T-522 de 1992, T-374 de 1993, T-388 de 1993, T-420 de 1994 y T-741 de 1996.
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plenamente los derechos fundamentales que no les han sido suspendidos, y
parcialmente aquellos que les han sido restringidos. Y estos deberes no implican
simplemente que el Estado no debe interferir en la esfera de desarrollo de estos
derechos - como ocurriría en el caso de la libertad religiosa -, sino también - y de
manera especial - que el Estado debe ponerse en acción para garantizarle a los
internos el pleno goce de otros derechos, tales como la dignidad, la salud, la
alimentación, el trabajo, etc. Esta conclusión se deriva de la misma relación
especial de sujeción de los penados frente al Estado, y del hecho de que las
condiciones que se imponen a los reclusos les impide que puedan satisfacer por
cuenta propia una serie de necesidades mínimas, cuya atención garantiza la
posibilidad de llevar una vida digna.’ 7 . En suma, la reclusión de una persona
apareja el surgimiento de una serie de deberes especiales a cargo del Estado - a
los que corresponden derechos a favor de la persona recluida -, a fin de que el
interno pueda realizar efectivamente los derechos que no le han sido
formalmente suspendidos ni limitados, pero cuyo ejercicio resulta imposible sin
la colaboración activa del Estado.” 8
1.2 Los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad:
restricciones por la administración penitenciaria
Algunos de los derechos fundamentales de las personas privadas de la
libertad pueden ser objeto de limitaciones significativas, como consecuencia
de su situación. No obstante, existe un conjunto de derechos que no puede
ser objeto de restricción como la vida, la integridad personal, la libertad de
conciencia o a la salud. Esta posición ha encontrado sustento en los sistemas
de protección de derechos humanos universal e interamericano.
“[e]l hecho de que ciertos derechos de los reclusos no están sujetos a
limitaciones legítimas, tales como la vida, la integridad personal y la salud,
también ha sido resaltado por los organismos internacionales de derechos
humanos. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
enfatizado que ‘es uno de los más importantes predicados de la responsabilidad
internacional de los Estados en relacón a los derechos humanos el velar por la
7 Sentencia T-153 de 1998.
8 Sentencia T-966 de 2000.
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vida y la integridad física y mental de las personas bajo su custodia’ [ Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, caso Tames contra Brasil, 1999,
párrafo 39.]; por su parte, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas ha explicado que ‘la obligación de tratar a las personas con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano comprende, entre otras cosas, la
prestación de cuidados médicos adecuados’ [ Comité de Derechos Humanos,
caso Kelly (Paul) c. Jamaica, párrafo 5.7, 1991], y que “incumbe a los Estados
garantizar el derecho a la vida de los detenidos y no a éstos solicitar protección.
(...) Corresponde al Estado parte, mediante la organización de sus centros de
detención, tener un conocimiento razonable del estado de salud de los
detenidos. La falta de medios financieros no puede atenuar esa
responsabilidad.” [Comité de Derechos Humanos, caso Lantsova c. la
Federación de Rusia, párrafo 9.2, 2002]” 9
Así, puede decirse que los derechos de los internos pueden dividirse de la
siguiente manera:
(i) Algunos, como la libertad personal o la libre locomoción, se encuentran
absolutamente limitados desde la captura 10 .
(ii) Otros, como el derecho a la intimidad personal y familiar, reunión,
asociación y libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión,
pese a que pueden llegar a ser limitados nunca podrán ser
completamente suspendidos.
(iii) Otros derechos no pueden ser objeto de restricción jurídica durante la
reclusión, como el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad
de conciencia, la dignidad, la igualdad, la libertad religiosa, el derecho al
reconocimiento de la personalidad jurídica, la salud y el debido proceso,
y el derecho de petición. 11
9 Sentencia T-851 de 2004
10 Sentencia T-966 de 2000.
11 Sobre el tema de los derechos de los reclusos ver, entre otras, las sentencias T-424 de
1992; T-522 de 1992; T-596 de 1992; T-219 de 1993; T-273 de 1993; T-388 de 1993; T- 437
de 1993; T-420 de 1994; T-705 de 1996.
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La limitación de estos derechos debe ser proporcional a la finalidad de la
medida privativa de la libertad, por lo que para que la restricción sea legítima
es necesario que tenga por finalidad coadyuvar a la resocialización del
interno, la conservación del orden, la disciplina o la convivencia dentro del
establecimiento penitenciario. La restricción debe ser necesaria, adecuada y
estrictamente proporcionada a la finalidad que pretende cumplir. La
discrecionalidad tiene el límite de la prohibición de la arbitrariedad, no
pudiendo servir de pretexto para la comisión de actos arbitrarios,
desproporcionados o irracionales que lesionen los derechos de los internos 12 .
La preservación de los objetivos propios de la vida penitenciaria determina que,
en cabeza de las autoridades administrativas, recaiga una serie de poderes que
les permiten modular e, incluso, limitar los derechos fundamentales de los
reclusos. Sólo son legítimas las restricciones a los derechos de los internos que
cumplan con las siguientes condiciones:
• Sea un derecho fundamental que, por su naturaleza, admita restricciones
en razón de las necesidades propias de la vida carcelaria;
• La autoridad penitenciaria debe estar autorizada, por vía legal o
reglamentaria, a llevar a cabo la restricción;
• El acto restrictivo este destinado al cumplimiento de los fines esenciales
de privación de la libertad: la resocialización y la conservación del orden,
la disciplina y la convivencia dentro de los establecimientos carcelarios;
• Conste en acto motivado y, en principio, público; y,
• Sea proporcionada a la finalidad que se busca alcanzar.
Facultades discrecionales de las autoridades 13
El vínculo entre la administración penitenciaria y los internos es una especie
dentro del ámbito más genérico de las relaciones administrativas. Mediante ella
el administrado (el interno) se inserta en la organización administrativa y queda
12 Sentencia T-966 de 2000.
13 Texto extraído de la sentencia de la Sentencia T-705/96.
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sometido a un régimen jurídico especial, caracterizado por la particular
capacidad de la Administración Penitenciaria en regular y modular sus derechos
y obligaciones. Pero dichas restricciones no pueden ser arbitrarias y deben
atender siempre a la finalidad específica para la cual fue establecida por el
ordenamiento legal esa relación de especial sujeción 14 .
El poder sancionador del Estado se debe desarrollar en base a lo que establece
la legislación, en tanto la cárcel no es un territorio sin ley, sino que por el
contrario debe de ser la expresión mas clara de la legalidad estatal frente a una
persona que violo la ley 15 .
Las potestades de la autoridad administrativa para limitar o restringir los
derechos fundamentales de las personas que se hallen vinculadas a la
Administración, a través de una relación de especial sujeción, debe estar
expresamente autorizada en la ley que regule su ejercicio. Lo anterior no obsta
para que las autoridades administrativas tengan un margen razonable de
apreciación para determinar la oportunidad y conveniencia en la adopción de
ciertas medidas restrictivas de los derechos de aquellas personas sujetas a una
relación de especial sujeción con la Administración. En todo caso, este tipo de
medidas deben ser razonables y proporcionadas y deben perseguir, como fin
único, el logro del objeto para el cual ha sido instituida por el ordenamiento esa
relación de especial sujeción.
1.3 La dignidad humana
Conforme lo señala el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos “toda persona privada de libertad será tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” ,
mientras que el numeral 3 consagra que “[e]l régimen penitenciario consistirá
en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación
social de los penados (…)”. De allí ha deducido el Comité de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas una serie de consecuencias, contenidas en la
14 Cfr. ST-596/92, ST-065/95 y SC-318/95.
15 ST-596/92.
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Observación General Nº 21 sobre personas el trato humano de las privadas de
la libertad:
(i) Todas las personas privadas de la libertad debe ser tratadas en forma
humana y digna, independientemente del tipo de detención al cual estén
sujetas, del tipo de institución en la cual estén recluidas 16 ;
(ii) Los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10.1
del Pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a las personas
privadas de la libertad a mayores penurias o limitaciones de sus derechos
que las legítimamente derivadas de la medida de detención
correspondiente 17 ; y
(iii) por tratarse de una “norma fundamental de aplicación universal”, la
obligación de tratar a los detenidos con humanidad y dignidad no puede
estar sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de recursos
materiales, ni a distinciones de ningún tipo 18 .
Una disposición similar se encuentra en el artículo 5.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos: Nadie debe ser sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes … toda persona privada de
libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser
humano”. Asimismo el inciso 6 determina que: Las penas privativas de la
16 “2. El párrafo 1 del artículo 10 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
es aplicable a todas las personas privadas de libertad en virtud de las leyes y autoridad del
Estado e internadas en prisiones, hospitales..., campos de detención, instituciones
correccionales o en otras partes. Los Estados Partes deben asegurarse que el principio en él
estipulado se observe en todas las instituciones y establecimientos bajo su jurisdicción en
donde las personas están internadas.”
17 “3. El párrafo 1 del artículo 10 impone a los Estados Partes una obligación positiva en
favor de las personas especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de la
libertad y complementa la prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes prevista en el artículo 7 del Pacto. En consecuencia, las personas privadas de
libertad no sólo no pueden ser sometidas a un trato incompatible con el artículo 7, incluidos
los experimentos médicos o científicos, sino tampoco a penurias o a restricciones que no sean
los que resulten de la privación de la libertad; debe garantizarse el respeto de la dignidad de
estas personas en las mismas condiciones aplicables a las personas libres. Las personas
privadas de libertad gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto, sin perjuicio de las
restricciones inevitables en condiciones de reclusión.”
18 “4. Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad
es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no
puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte. Esta norma debe
aplicarse sin distinción de ningún género...”
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libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de
los condenados.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Knights y
otros contra Jamaica, esta disposición es una de las “normas mínimas” que “se
aplican sin tener en cuenta la naturaleza del comportamiento por el cual la
persona en cuestión ha sido encarcelada independientemente del nivel de
desarrollo del Estado...”.
El principio de la dignidad humana constituye un deber positivo, o un
principio de acción, según el cual todas las autoridades del Estado deben
realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y
legales con el propósito de lograr las condiciones, para el desarrollo efectivo
de la protección de la dignidad humana identificados así: autonomía
individual, condiciones materiales de existencia, e integridad física y moral 19 .
Debemos recordar que nuestro texto constitucional recoge esta disposición al
señalar que:
Artículo 1°. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el
fin supremo de la sociedad y del Estado.
En dicho contexto, el ejercicio legítimo del poder punitivo sólo es legítimo en
tanto se respete la dignidad humana, siendo ello el pilar central de la relación
entre el Estado y la persona privada de la libertad. 20 El derecho a la dignidad
19 Sentencia T-900/05 de la Corte Constitucional de Colombia.
20 Sentencia T-851 de 2004, en la que se indicó: “Esta regla fundamental consta expresamente en
el artículo 10-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual ‘toda persona privada de
libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano’. De allí ha
deducido el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas –intérprete autorizado del Pacto- una serie
de consecuencias de gran importancia, contenidas en la Observación General No. 21 sobre personas el trato
humano de las privadas de la libertad, a saber: (i) todas las personas privadas de la libertad deberán ser
tratadas en forma humana y digna, independientemente del tipo de detención al cual estén sujetas, del tipo de
institución en la cual estén recluidas; (ii) los Estados adquieren obligaciones positivas en virtud del artículo 10-
1 del Pacto, en el sentido de propugnar por que no se someta a las personas privadas de la libertad a mayores
penurias o limitaciones de sus derechos que las legítimamente derivadas de la medida de detención
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humana del interno, como en toda persona debe ser respetado no
sometiéndoseles a condiciones de hacinamiento, o condiciones de reclusión
que afecten otros derechos 21 , ni a tratos crueles inhumanos y degradantes.
Los ámbitos de protección de la dignidad humana tienen tres campos
diferentes que han sido desarrollados:
(i) La entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital
y de determinarse según sus características (vivir como quiera).
(ii) La entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia
(vivir bien).
(iii) La entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales,
integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).” 22
Las normas establecen que los reclusos tienen el derecho a ser tratados en
una forma digna, de acuerdo con el valor que les confiere su calidad de
personas, y que el objeto de la pena es la resocialización.
1.4 Contenido mínimo de las obligaciones estatales frente a las
personas privadas de la libertad.
Existe un contenido mínimo de las obligaciones estatales que son imperativas
en su cumplimiento, independientemente de las particularidades del interno
(antecedentes, peligrosidad, etc.) o del nivel de desarrollo socioeconómico del
Estado 23 , el mínimo que debe satisfacer el Estado para garantizar la
correspondiente; y (iii) por tratarse de una ‘norma fundamental de aplicación universal’, la obligación de tratar
a los detenidos con humanidad y dignidad no puede estar sujeta, en su cumplimiento, a la disponibilidad de
recursos materiales, ni a distinciones de ningún tipo.”
21 Sentencia T-153 de 1998.
22 Corte Constitucional, sentencia T-881 de 2002. En este caso, en el cual la Corte analiza
el desarrollo jurisprudencial de la categoría constitucional ‘dignidad’, se consideró que la
decisión de la entidad accionada de haber suspendido el fluido eléctrico generó unas
condiciones existenciales tales [“(…) Imposibilidad de prestación del servicio médico y de correcto
funcionamiento del Hospital del Arenal (falta de energía, equipos médicos dañados por deficiencias en el fluido
eléctrico). Imposibilidad del funcionamiento del acueducto única fuente de agua potable del municipio (funciona
con motobombas). Ausencia de iluminación en los establecimientos de la fuerza pública en las horas de la
noche. (…)] que implicaron el ‘una incuestionable amenaza a sus derechos fundamentales a la
dignidad humana, a la salud por conexidad con la vida y a la integridad física.’
23 Sentencia T-851 de 2004.
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efectividad de los derechos fundamentales de los reclusos. Los derechos
fundamentales de los internos deben ser garantizados independientemente
de su condición jurídica 24
El Comité de Derechos Humanos ha sintetizado así el núcleo más básico de los
derechos de los reclusos:
“todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, de
instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo
alguno degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una
alimentación cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su
salud y de sus fuerzas. Debe hacerse notar que son estos requisitos mínimos, que
en opinión del Comité, deben cumplirse siempre, aunque consideraciones
económicas o presupuestarias puedan hacer difícil el cumplimiento de esas
obligaciones” 25 .
El Comité enumeró como los mínimos a satisfacer en todo tiempo por los
Estados, aquellos contenidos en las reglas 10, 12, 17, 19 y 20 de las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que establecen:
(i) el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y
dignos 26
(ii) el derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias
adecuadas a sus necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad
humana 27 ,
(iii) el derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido
personal 28 ,
(iv) el derecho de los reclusos a tener una cama individual con su ropa de
cama correspondiente en condiciones higiénicas 29 , y
(v) el derecho de los reclusos a contar con alimentación y agua potable
suficientes y adecuadas 30 .
24 Texto extraído de la sentencia de la Sentencia T-358/01 de la Corte Constitucional de
Colombia.
25 Comité de Derechos Humanos, caso de Mukong contra Camerún, 1994, parr. 9.3.
26 Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 10.
27 Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 12.
28 Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 17.
29 Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 19.
30 Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 20.
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En la misma providencia, el Comité notó que estos mínimos deben ser
observados, “cualquiera que sea el nivel de desarrollo del Estado parte de que
se trate”.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha añadido el
contenido en las reglas 11, 15, 21, 24, 25, 31, 40 y 41 de las Reglas Mínimas de
las Naciones Unidas 31 , que se refieren a:
(vi) la adecuada iluminación y ventilación del sitio de reclusión 32 ,
(vii) la provisión de los implementos necesarios para el debido aseo
personal de los presos 33 ,
(viii) el derecho de los reclusos a practicar, cuando ello sea posible, un
ejercicio diariamente al aire libre 34 ,
(ix) el derecho de los reclusos a ser examinados por médicos a su ingreso
al establecimiento y cuando así se requiera 35 ,
(x) el derecho de los reclusos a recibir atención médica constante y
diligente 36 ,
(xi) la prohibición de las penas corporales y demás penas crueles,
inhumanas o degradantes 37 ,
(xii) el derecho de los reclusos a acceder a material de lectura 38 , y
(xiii) los derechos religiosos de los reclusos 39 . 40
1.5 La finalidad resocializadora
El artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
establece que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya
finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El
31 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, casos de Thomas (J) contra Jamaica,
párrafo 133, 2001; Baptiste contra Grenada, parrafo 136, 2000; Knights contra Grenada,
párrafo 127, 2001; y Edwards contra Barbados, párrafo 195, 2001.
32 Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 11.
33 Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 15.
34 Reglas mínimas para el tratamiento de los Reclusos, No. 21.
35 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 24.
36 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 25.
37 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 31.
38
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 40.
39 Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, No. 41.
40 Sentencia T-851 de 2004.
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Comité de Derechos Humanos ha precisado el contenido de esta disposición
en su Observación General No. 21, al explicar que “ningún sistema
penitenciario debe estar orientado solamente al castigo; esencialmente, debe
tratar de lograr la reforma y la readaptación social del preso”.
La resocialización no consiste en imponer determinados valores a los
reclusos, sino en brindarles los medios para que, haciendo uso de su
autodeterminación, establezca cada interno el camino de su reinserción al
conglomerado social 41 .
La idea de resocialización se opone a penas y condiciones de cumplimiento
que sean en esencia, por su duración o sus consecuencias, desocializadoras. El
Estado debe brindar los medios y las condiciones para no acentuar la
desocialización del penado y posibilitar sus opciones de socialización. La
función de reeducación y reinserción social del condenado debe entenderse
como obligación institucional de ofrecerle todos los medios razonables para el
desarrollo de su personalidad, y como prohibición de entorpecer ese
desarrollo 42
Si bien actualmente se acepta que la penas no tienen un fin único, la función
primordial de debe ser la resocialización, en tanto materializa en mejor forma
la definición del Estado como social de derecho y el principio de la dignidad
de la persona humana. En tal sentido el análisis del sistema penitenciario
debe girar en torno de la pregunta sobre si éste cumple con la función
resocializadora y este es un criterio para interpretar las normas
penitenciarias.
En el caso peruano, al analizar la constitucionalidad de la cadena perpetua, el
Tribunal Constitucional afirma que el texto constitucional acoge la función de
prevención especial positiva de la pena, el cual es un mandato a ser
considerado por los poderes públicos comprometidos con la ejecución de la
pena, sea al determinar el monto como al regular las condiciones de su
41 Sentencia C-261 de 1996
42 Sentencia C-261 de 1996
Centro de Estudios de Derecho Penitenciario/USMP 14

Luís E. Francia Sánchez / Los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
en el Sistema Penitenciario Peruano
15
ejecución ( 43 ). Ello implica que la pena debe buscar reincorporar a la vida
comunitaria al condenado ( 44 ).
Para el Tribunal la finalidad resocializadora se vincula con el principio de
dignidad de la persona (artículo 1º de la Constitución), el cual es uno de los
fundamentos del texto constitucional. De ello deriva el mandato de no poder
considerar a la persona privada de libertad como un objeto:
186…. Dicho principio, en su versión negativa, impide que los seres humanos
puedan ser tratados como cosas o instrumentos, sea cual fuere el fin que se
persiga alcanzar con la imposición de determinadas medidas, pues cada uno,
incluso los delincuentes, debe considerarse como un fin en sí mismo, por cuanto
el hombre es una entidad espiritual moral dotada de autonomía.
Ello es de suma importancia, por implicar el respeto que debe tenerse para
con toda persona privada de libertad, debiéndose resguardarse su autonomía
individual. El carácter rehabilitador de la pena tiene la función de formar al
interno en el uso responsable de su libertad, “no la de imponerle una
determinada cosmovisión del mundo ni un conjunto de valores que, a lo mejor,
puede no compartir” 45 . El respeto a la identidad de la persona y su autonomía,
es de suma importancia, especialmente respecto de los internos
pertenecientes a las comunidades nativas o campesinas, considerándose que
regularmente se cuestiona que el tratamiento penitenciario que se les brinda
puede significar una forma de aculturación, es decir del abandono de sus
prácticas culturales. Resulta lógico deducir del planteamiento del Tribunal
que el hecho que una persona mantenga una cosmovisión y valores distintos a
los del conjunto de la sociedad, no debe ser necesariamente un elemento
determinante al evaluarse el grado de resocialización alcanzada. Dicha
evaluación es un elemento central para la concesión de beneficios
penitenciarios ( 46 ).
43 Sentencia del expediente N.º 010-2002-AI/TC, fundamentos 179 y 180.
44 Sentencia del expediente N.º 010-2002-AI/TC, fundamentos 182 y 183.
45 Sentencia del expediente N.º 010-2002-AI/TC, fundamentos 188.
46 El Código de Ejecución Penal señala que tanto en el caso de la semilibertad (artículo
49º inciso 5) y liberación condicional (artículo 49º inciso 5), se requiere de un Informe sobre
el grado de readaptación del interno, de acuerdo a la evaluación del Consejo Técnico
Penitenciario.
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16
2. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LA
LEGISLACION PERUANA
2.1 La Constitución y el Código de Ejecución Penal
Respecto a las personas privadas de libertad la Constitución de nuestro país
únicamente contiene dos menciones en su artículo 139°, referido a los
principios y derechos de la función jurisdiccional:
21. El derecho de los reclusos y sentenciados de ocupar establecimientos
adecuados.
22. El principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación,
rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
Como se observa el primero el primero se refiere a las condiciones de
detención, especialmente en relación a la infraestructura, pero se puede
interpretar que también incluye los servicios que ha de cumplir la
administración penitenciaria para con el interno. Por su parte el segundo se
refiere a la finalidad que ha de cumplir la privación de libertad.
Al no realizar mayores precisiones debe recordarse que la Constitución
reconoce a los instrumentos internacionales de derechos humanos una
aplicabilidad como normas que obligan al Estado peruano o como principios
que orientan su accionar en determinadas materias.
En efecto, el Artículo 3° señala que:
La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los
demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se
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Luís E. Francia Sánchez / Los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
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17
fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo,
del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.
Como se observa, la Constitución permite el desarrollo de derechos, en el
cumplimiento del deber que tiene el estado de garantizar la plena vigencia de
los derechos humanos (artículo 44°) y el hecho que los tratados celebrados
por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional (artículo 55°).
Siendo que las instrumentos internacionales específicos sobre derechos
humanos no tienen el rango de tratado (que si es de cumplimiento obligatorio
por el Estado) sino sólo de declaración (que implica sólo una norma
orientadora y que sirve de criterio de interpretación), no por ello pueden ser
desatendidos. Al respecto debe recordarse que de la revisión de la
jurisprudencia constitucional o la de cortes internacionales (como la de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos) utilizan estas declaraciones
(como las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos) como criterio
para evaluar si el Estado respeta el derecho de los internos.
Debemos recordar que la Cuarta Disposición Final y Transitoria señala:
Cuarta. Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por el Perú.
2.2 El Reglamento del Código de Ejecución Penal (Decreto Supremo Nº
015-2003-JUS)
Una de las particularidades de esta norma es que no sólo desarrolla las
disposiciones del Código de Ejecución Penal, sino que busca desarrollar las
disposiciones establecidas en las normas internacionales sobre derechos de
las personas privadas de libertad. En tal sentido contiene algunas
disposiciones específicas.
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18
El Artículo 10º del Reglamento establece que las actividades penitenciarias se
ejercen respetando la dignidad y derechos del interno, en tanto no hayan sido
restringidos por la Ley o la sentencia. Este debe ser considerado como criterio
de interpretación de la norma por las autoridades penitenciarias al momento
de interpretar y aplicar la legislación penitenciaria.
El artículo 11º del Reglamento señala un conjunto de derechos, que no deben
ser entendidos como un listado cerrado, sino sólo como aquellos que sirven
para subrayar los de especial importancia para toda persona privada de
libertad. Por lo tanto la autoridad penitenciaria debe considerar también
aquellos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, nuestro
ordenamiento jurídico nacional y los tratados o convenios internacionales.
Adicionalmente, el Reglamento realiza precisiones respecto a ciertos
derechos:
a. Respeto de la información y datos personales de los internos
(artículos 13º y 14º)
Garantía de confidencialidad de la información que se encuentra en las
fichas de identificación penologíca y expedientes personales, estando las
autoridades penitenciarias obligadas a a guardar secreto profesional sobre
ella, aún cuando culmine su relación laboral con la administración
penitenciaria.
Casos en los que se puede brindar dicha información.- a) cuando la misma
permita elaborar estadísticas o estudios criminológicos, pero sin que con ello
se pueda identificar al interno; b) en caso de existir mandato judicial; c)
cuando la solicite el interno para su uso personal; y d) cuando el interno
autorice, expresamente y por escrito, su entrega a una tercera persona. Si la
información de los archivos o ficheros penitenciarios tienen alguna
imprecisión, el interno tiene derecho a solicitar al Poder Judicial o a la
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autoridad administrativa que corresponda la rectificación correspondiente,
debiendo ser notificado del resultado en un plazo de 20 días (artículo 10º).
b. Internos extranjeros
El Reglamento ha introducido disposiciones relacionadas con las personas
privadas de libertad de nacionalidad extranjera, dando cumplimiento al
artículo 36º de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
El artículo 11º, establece que el interno extranjero tiene derecho a informar a
sus autoridades diplomáticas o consulares, sobre su ingreso o traslado a un
establecimiento penitenciario. Para ello la autoridad penitenciaria deberá
brindarle las facilidades que correspondan para el ejercicio de su derecho. Es
decir, acceso al teléfono o remisión de correspondencia. La misma norma,
establece como obligación del director del establecimiento penitenciario,
poner en conocimiento del consulado o representación diplomática
correspondiente, el ingreso de un interno extranjero a su establecimiento.
Además, con el propósito de brindar mayor orientación al interno extranjero,
se establece la obligación de informarle sobre la posibilidad de solicitar el
cumplimiento de su pena en su país de origen o de residencia habitual,
conforme a los tratados de la materia y a lo establecido en el artículo VII del
Título Preliminar del Código. Consideramos, que esta obligación, en principio,
debe recaer en el director del penal y, accesoriamente, en el abogado
integrante del Órgano Técnico de Tratamiento (artículo 12º).
c. Mujeres privadas de libertad
El Reglamento introduce un importante enfoque de género en toda su
extensión. Se refleja en la utilización de los términos de interno e interna
para hacer referencia al sexo de las personas privadas de libertad y en la
regulación de algunos aspectos propios de una mujer privada de libertad.
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Luís E. Francia Sánchez / Los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
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20
Por ejemplo, el artículo 8º establece el derecho a permanecer en el
establecimiento penitenciario con sus hijos, hasta que cumplan los tres años
de edad. Luego podrán ser entregados a un familiar o a una institución, según
corresponda. Como se observará más adelante, en los establecimientos
penitenciarios de mujeres o en el pabellón habilitado para ese fin, debe
acondicionarse un ambiente destinado como guardería para sus hijos;
asimismo, se dispone un tratamiento especial en la alimentación en el caso de
las mujeres gestantes y sus hijos y se prohíbe para ellas la aplicación de la
medida disciplinaria de aislamiento.
2.3 Manual de Derechos Humanos en la Función Penitenciaria
En mayo del 2008 el INPE aprobó el Manual de Derechos Humanos de la
Función Penitenciaria, documento elaborado por una Comisión integrada
funcionarios de diversas instituciones, que fue creada mediante la Resolución
Presidencial 486-2007-INPE y la Resolución Presidencial 023-2008-INPE/P
formada por representantes del INPE, el Comisedh y con el asesoramiento de
la Defensoría del Pueblo.
El Manual tiene por finalidad de ser una herramienta útil para el personal que
labora en penales de régimen cerrado, y se divide este documento en cuatro
partes:
• La primera presenta el marco teórico y normativo de los derechos
humanos,
tanto
de las personas privadas de libertad como de los servidores del INPE.
• La segunda se concentra en el rol de la seguridad en el sistema
penitenciario: la relación entre la seguridad y el uso de la fuerza.
• La tercera describe las responsabilidades de todas las áreas de
tratamiento involucradas en el proceso de resocialización de las
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Luís E. Francia Sánchez / Los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
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21
personas
privadas de libertad.
• La última describe el régimen disciplinario.
Este Manual constituye un elemento de suma importancia para concretar en
la actividad cotidiana del personal penitenciario la vigencia de los derechos
de las personas privadas de libertad.
3. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Ante la inexistencia de una judicatura especializada en materia
penitenciaria 47 , la defensa de los derechos de las personas privadas de
libertad se realiza judicialmente mediante un proceso constitucional de
Hábeas Corpus, conforme lo establece el Código Procesal Constitucional 48
47 La figura del Juez de Ejecución Penal se implanto en el Perú con la entrada en vigencia
del Código de Ejecución Penal (Decreto Legislativo 330), considerado como un magistrado
de Primera Instancia, integrante del Poder Judicial, dedicado en forma exclusiva a las
funciones que le asigne el Código (artículos 147° y 148º). La figura fue derogada por el
Código de Ejecución Penal del año 1991.
48 Incluso antes de la vigencia del Código Procesal Constitucional, el Tribunal había
considerado el Habeas Corpus como el mecanismo para proteger los derechos fundamentales
de las personas privadas de libertad vulnerados por las inadecuadas condiciones de reclusión.
Si bien la Ley Nº 23506 (Ley de Hábeas Corpus y Amparo) señalaba que dicha acción
procedía cuando se amenazara la libertad individual y el artículo 12° establecía los casos
en los que procedía, no incluyendo el supuesto de las personas privadas de libertad, el
Tribunal consideró que la norma no contenía una relación taxativa, pudiendo utilizarse
para proteger otros derechos reconocidos en la Constitución distintos a la libertad
personal, como la vida o la salud de las personas privadas de libertad. Al respecto ver
HUERTA GUERRERO: 2003 y FRANCIA SANCHEZ: 2004. Ambos textos sirven para el
desarrollo de los derechos de los internos reconocidos por la jurisprudencia
constitucional.
La evolución y consolidación de este criterio puede observarse en las sentencias del
expediente N° 0318-96-HC/TC y Nº 590-2001-HC/TC. En la sentencia del expediente Nº
726-2002-HC/TC el Tribunal consideró que mediante el hábeas corpus se puede
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Luís E. Francia Sánchez / Los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
en el Sistema Penitenciario Peruano
22
.
En diversas sentencias el Tribunal ha desarrollado un conjunto de derechos
de las personas privadas de libertad.
2.1 Derecho a la integridad personal
El Tribunal ha evaluado los regímenes penitenciarios, estableciendo que
ciertas restricciones de derechos constituyen una medida irrazonable y
desproporcionada, por lo que son una forma de trato cruel e inhumano ( 49 ).
Con ello establece límites a la restricción de derechos a los internos en virtud
a la clasificación en uno u otro régimen penitenciario, ya que no importando
cual sea éste, lo cierto es que en ningún caso puede significar la afectación del
derecho a la integridad personal.
garantizar derechos que puedan ser vulnerados con ocasión de una privación de libertad
judicialmente ordenada. En este sentido, el hábeas corpus procede:
• Cuando se amenace o lesione el derecho a la vida, integridad física y psicológica o
la salud de las personas privadas de libertad (Sentencia del expediente N° 590-2001-
HC/TC, fundamento 3.).
• Cuando se den acciones u omisiones que vulneren o amenacen el derecho al trato
digno y a no ser objeto de penas o tratos inhumanos o degradantes (Sentencia del
expediente N° 1429-2002-HC/TC, fundamento 1).
Asimismo se afirma que el hábeas corpus busca garantizar que las condiciones de
detención respeten los principios y valores constitucionales, especialmente la dignidad
de la persona, razonabilidad y proporcionalidad (Sentencia del expediente N° 622-2002-
HC/TC, fundamento 2, y en el mismo sentido la sentencia del expediente N° 726-2002-
HC/TC, fundamento 3).
Procede este tipo de hábeas corpus en todo caso de personas privadas de libertad, ya
sea que esto ocurra en un establecimiento penitenciario común o en uno penal militar, o
el internamiento se efectúe en un establecimiento público o privado (Resolución del
expediente N° 590-2001-HC/TC, fundamento 3). La privación de libertad puede deberse
al cumplimiento de una sentencia o una medida preventiva, o la existencia de una
especial relación de sujeción tuitiva, como el caso de las personas sometidas a
tratamiento en centros de rehabilitación o de estudiantes internados en dependencias
públicas o privadas (Sentencia del expediente N° 1429-2002-HC/TC, fundamento 2.
También la sentencia del expediente N° 590-2001-HC/TC, fundamento 3).
49 Sentencia del expediente Nº 010-2002-AI/TC, fundamentos 222 y 223.
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2.2 Derecho a la salud
Para el Tribunal, el derecho a la salud es la facultad inherente a todo ser
humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional, física y
psíquica, o restituirlo ante una situación de perturbación, constituyendo uno
de los derechos constitucionales de mayor importancia, al vincularse a otros
como el derecho a la vida, integridad física y el principio de dignidad ( 50 ).
Especialmente importante la consideración del derecho a la salud como un
derecho fundamental, a pesar de no estar incluido en la relación que establece
como tal la Constitución, en virtud a su conexión con el derecho a la vida e
integridad, y el principio de dignidad de la persona. Esta consideración es una
innovación a la concepción que se ha tenido regularmente sobre este derecho,
especialmente en lo que concierne a las personas privadas de libertad,
conforme puede observarse en la siguiente cita:
“14. Si bien el derecho a la salud no está contenido en el capítulo de derechos
fundamentales, su inescindible conexión con el derecho a la vida (art. 2°), a la
integridad (art. 2°) y el principio de dignidad (art. 1° y 3°), lo configuran como
un derecho fundamental indiscutible, pues, constituye "condición indispensable
del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar
individual y colectivo" (art. I, Título Preliminar de la Ley N.° 26842, General de
Salud). Por ello, deviene en condición necesaria del propio ejercicio del derecho
a la vida y, en particular, a la vida digna.
De otra parte, siempre que el derecho a la integridad resulte lesionado o
amenazado, lo estará también el derecho a la salud, en alguna medida. Sin
embargo, son también posibles supuestos en que se afecte de manera directa y
grave el mínimo vital necesario para el desempeño físico y social en condiciones
normales. La salud resulta un estado variable, susceptible de afectaciones
múltiples, que incide en mayor o menor medida en la vida del individuo,
dependiendo de sus condiciones de adaptación. Teniendo como base esta
apreciación gradual de la salud, la protección del derecho a la salud importa la
50 Sentencia del expediente N° 1429-2002-HC/TC, fundamentos 12 y 15.
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24
tutela de un mínimo vital, fuera del cual el deterioro orgánico impide una vida
normal o un grave deterioro de ésta” ( 51 ).
Idéntica importancia puede asignarse a la consideración de que el derecho a
la salud se relaciona no sólo con el derecho de toda persona a la vida, sino con
el derecho a una vida digna.
“Debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a la idea
restrictiva de peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más
amplio que la simple y limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al
objetivo de garantizar también una existencia en condiciones dignas. Por esta
razón, es indispensable la consideración de la vida en dignidad que, en este caso,
se manifiesta como vida saludable” ( 52 ).
En cuanto al derecho a la salud de las personas privadas de libertad, el
Tribunal ha sido muy claro en indicar que:
• No se encuentra suspendido o restringido por la privación de la libertad.
• La salud de las personas privadas de libertad es una facultad vinculante
al Estado.
• Los internos tienen un derecho constitucional a la salud similar a
cualquier persona, pero a diferencia de las personas en libertad, es el
Estado quien asume la responsabilidad por su salud, existiendo un
deber de no exponerlos a situaciones que pudieran comprometer o
afectar su salud ( 53 ).
51 Sentencia del expediente N° 1429-2002-HC/TC, fundamento 14.
52 Sentencia del expediente N° 1429-2002-HC/TC, fundamento 14.
53 Sentencia del expediente N° 1429-2002-HC/TC, fundamento 15.
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2.3 Derecho de defensa
Según el Tribunal, este derecho garantiza que los ciudadanos no se
encuentren en indefensión, incidiendo al respecto en la situación de la
persona procesada ( 54 ). En dicho sentido se ha pronunciado en casos en
donde se argumentaba que las condiciones de internamiento afectaban dicho
derechos.
2.4 Derecho a la visita familiar
El Tribunal ha conocido casos en los cuales se cuestionaba la decisión de las
autoridades de establecimientos penitenciarios de restringir a los reclusos la
visita de sus familiares, entendiendo que ello puede impactar negativamente
en la finalidad resocializadora y reeducadora de la pena ( 55 ). Según el
Tribunal la ubicación de un interno en un establecimiento tan alejado
afectaba la visita familiar ( 56 ), siendo un factor de desocialización que lo aleja
de su entorno familiar y social.
2.5 Traslados
El Tribunal ha conocido de hábeas corpus en los que se cuestionaba la
decisión de las autoridades penitenciarias de trasladar a un interno de un
penal a otro, estableciendo criterios de interpretación.
• Legitimidad del traslado.- El traslado no es en sí un acto
inconstitucional ( 57 ), pero debe cumplir requisitos, pudiendo declararse
54 Sentencia del expediente N° 726-2002-HC/TC, fundamento 21.
55 Sentencia del expediente N° 1429-2002-HC/TC, fundamento 11.
56 Sentencia del expediente N° 1429-2002-HC/TC, fundamento 11 y parte resolutiva.
57
Sentencia del expediente N° 622-2002-HC/TC, fundamento 3, criterio seguido en la
sentencia del expediente N° 726-2002-HC/TC, fundamento 16.
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ilegitimo si se realiza sin existir una base objetiva y motivos razonables
( 58 ).
• Protección de la integridad del interno.- Un motivo justificado para el
traslado, es la necesidad de proteger derechos fundamentales, siendo
obligación de las autoridades penitenciarias garantizar que no se afecte
o lesione la vida, integridad física y otros derechos constitucionales de la
persona privada de libertad. La autoridad puede trasladar a un interno
para proteger sus derechos, cada vez que existan elementos razonables
que muestren un peligro ( 59 ).
• Regresión en el tratamiento.- En este caso el Tribunal ha declarado
infundada la demanda ( 60 ).
• Reordenamiento del penal.- Es válido el traslado cuando la capacidad
de albergue del penal sea excedida por el número de internos y ello
ponga en riesgo el régimen y disciplina penitenciaria ( 61 ).
• Seguridad penitenciaria.- El traslado por medida de seguridad es
adecuado ( 62 ), así como la regresión en el tratamiento que pone en
riesgo la seguridad del penal y de otros ( 63 ).
• Consentimiento del interno.- La ausencia de consentimiento para el
traslado no es un motivo para invalidarlo, en tanto no constituye un
requisito para el mismo ( 64 ).
58 Sentencia del expediente N° 622-2002-HC/TC, fundamento 4.
59
Sentencia del expediente N° 622-2002-HC/TC, fundamento 4, criterio seguido en la
sentencia del expediente N° 726-2002-HC/TC, fundamento 16.
60
Sentencia del expediente N° 682-97-HC/TC, criterio seguido en la sentencia del
expediente N° 58-99-HC/TC y en la sentencia del expediente N° 591-97-HC/TC.
61 Sentencia del expediente N° 1429-2002-HC/TC.
62
Sentencia del expediente N° 343-97-HC/TC.
63 Sentencia del expediente N° 591-97-HC/TC.
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• Reubicación al interior del mismo penal.- La ubicación de un interno
en uno u otro ambiente del penal es una atribución de la autoridad
penitenciaria ( 65 ), por lo que se desestima la demanda que argumenta
que ello pone en peligro su integridad personal, en tanto no se
demuestre ello ( 66 ) y cuando el traslado fue solicitado por otros internos
del mismo penal ( 67 ).
2.6 Derecho a la intimidad
En un hábeas corpus presentado por un grupo de internos, argumentando
que se filmaba sus actividades cotidianas, el Tribunal lo desestimó al
considerar que la filmación era adecuada para controlar la seguridad del
penal y de los internos, y que no incluía los lugares de alojamiento de los
internos ( 68 ).
2.7 La visita íntima
El Tribunal Constitucional en una reciente sentencia ha señalado algunos
aspectos de especial importancia en relación a este beneficio penitenciario 69 :
• Es una forma de protección de la familia.- Según el Tribunal, la
visita íntima coadyuva en la consolidación de la familia en el proceso
de resocialización del interno, ya que las condiciones de hacinamiento
64
Sentencia del expediente N° 622-2002-HC/TC, fundamento 4. Criterio reiterado en
la sentencia del expediente N° 726-2002-HC/TC, fundamento 20
65 Sentencia del expediente N° 156-96-HC/TC, sentencia del expediente N° 156-96-
HC/TC y sentencia del expediente Nº 988-2001-HC/TC.
66 Es el caso de un efectivo policial que demandó que el traslado a una celda cercana de
internos terroristas ponía en peligro su integridad personal (sentencia del expediente N° 156-
96-HC/TC). Asimismo, fue el caso de un efectivo militar que indicó que el nuevo ambiente
de reclusión lo exponía a posibles agresiones de otros internos (sentencia del expediente N°
149-96-HC/TC).
67 Sentencia del expediente Nº 988-2001-HC/TC, fundamentos 2, 3 y 4.
68 Sentencia del expediente N° 935-2002-HC/TC, fundamento 4.
69 Sentencia del expediente Nº 01575-2007-PHC/TC
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e higiene de los establecimientos penitenciarios generan en éste un
deterioro de su integridad (física, psíquica y moral) que
frecuentemente sólo pueden ser compensados con el amor que brinda
la familia. De otro lado, si bien hay varios mecanismos para proteger la
familia, la visita íntima fortalece los vínculos de la pareja, lo que
repercute en una relación armónica con los hijos. Por ende, enfatiza el
Tribunal Constitucional, que “las limitaciones desproporcionadas de las
visitas íntimas entre los internos y sus parejas (cónyuge, concubina o
concubino) vulnera el deber especial de la familia reconocido en el
artículo 4° de la Constitución”.
• Es una manifestación del derecho al libre desarrollo de la
personalidad.- Este derecho se ve plasmado en la sexualidad del ser
humano, siendo que la relación sexual es una de las principales
manifestaciones de la sexualidad: “De ahí que, pueda considerarse que
uno de los aspectos que conforman el desarrollo de una vida en
condiciones dignas sea la posibilidad de tener relaciones sexuales.”
En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional afirma:
“24… el derecho a la visita íntima constituye un desarrollo del derecho al
libre desarrollo de la personalidad, pues si bien la privación de la
libertad conlleva una limitación razonable del ejercicio del derecho al
libre desarrollo de la personalidad, es obvio que no lo anula. Y es que la
visita íntima es aquel espacio que, como su nombre lo indica, brinda a la
pareja un momento de cercanía, privacidad personal y exclusividad que
no puede ser reemplazado por ningún otro.
“25. La relación sexual entre el interno y su pareja es uno de los ámbitos
del libre desarrollo de la personalidad que continúa protegido aún en
prisión, a pesar de las restricciones legítimas conexas a la privación de la
libertad. Y es que, tratándose de personas privadas de la libertad, se hace
esencial para los internos y su pareja el poder relacionarse en el ámbito
sexual ya que este tipo de encuentros, además de tener como sustrato un
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aspecto físico, trasciende al psicológico y al ser positivo repercute en el
estado de bienestar de la pareja”.
La protección de este derecho origina que incluso cuando una sanción
disciplinaria implique la suspensión temporal de la visita íntima, la
misma sólo será proporcional y razonable si es que se sustenta en la
necesidad de garantizar el orden y la seguridad del penal.
• La visita intima de parejas homosexuales.- Manteniendo el
principio del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el Tribunal
afirmar que no puede restringirse la visita íntima, en razón de la
opción sexual del privado de libertad. Así:
28. En sentido similar este Tribunal estima que la permisión de la
visita íntima no debe sujetarse a ningún tipo de discriminación, ni
siquiera aquellas que se fundamenten en la orientación sexual de las
personas privadas de su libertad. En estos casos la autoridad
penitenciaria, al momento de evaluar la solicitud de otorgamiento,
deberá exigir los mismos requisitos que prevé el Código de Ejecución
penal y su Reglamento para las parejas heterosexuales.
2.8 Prohibición de beneficios penitenciarios
Adicionalmente a las ya conocidas sentencias del Tribunal respecto a la
norma aplicable para el trámite de beneficios penitenciarios (que no es parte
del presente artículo), se han dado otras sentencias que se relaciona con el
cumplimiento del mandato resocializador de la pena privativa de libertad.
Al respecto debe recordarse que La legislación ha introducido
progresivamente prohibiciones de beneficios penitenciarios para
determinados delitos, basados fundamentalmente en su gravedad e impacto
social. Esta medida ha sido cuestionada en su constitucionalidad, por lo que el
Tribunal Constitucional ha tenido que pronunciarse, señalando que
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constituye una facultad del Estado, prohibir total o parcialmente los
beneficios penitenciarios en consideración a la gravedad de los delitos 70 .
Dos aspectos deben ser considerados al respecto:
• La finalidad resocializadora.- Los demandantes argumentan que la
prohibición de los beneficios afecta la finalidad resocializadora que ha de
tener, según la Constitución, la pena privativa de libertad. En la sentencia
N.º 00033-2007-PI/TC el Tribunal señala que si bien los beneficios son
considerados garantías que coadyuvan a la reinserción del interno en la
sociedad, no son un derecho que pueda ser exigido por el solo motivo de
reunirse los requisitos formales, ya que el Juez debe ejercer una potestad
discrecional al conceder un beneficio, que debe estar debidamente
motivada. Por ello además del cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Ley, se debe tener en cuenta la personalidad del agente y los bienes
que se busca proteger. Según el Tribunal, la restricción de los beneficios
penitenciarios no vacían de contenido el fin resocializador, en tanto dichos
beneficios solo buscan acortar la pena privativa de la libertad y no
obedecen a arbitrariedades del legislador, siendo medidas razonables que
obeceden a la obligación del Estado de resguardar a la población y de su
propia conservación.
• Principio de igualdad.- Se ha cuestionado que la limitación de beneficios
afecta este derecho, no obstante el Tribunal señala que en tanto esta
medida es idónea para cumplir el fin constitucional: obligación que tiene el
Estado de garantizar la protección de la población de las amenazas contra
su seguridad. La resocialización no se logra solo por medio de los
beneficios, por lo que su prohibición no afecta este principio constitucional
2.9 Balance de la jurisprudencia constitucional
La jurisprudencia del Tribunal ha logrado plasmar y desarrollar importantes
principios y derechos constitucionales que afectan a las personas privadas de
libertad, siendo el Hábeas Corpus, ante la inexistencia de un juez de ejecución
70 Sentencia del expediente N° 2700-2006-PHC
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penal, un mecanismo valioso para la defensa de los derechos de los internos.
No obstante se pueden plantear algunas observaciones críticas.
• La mayoría de casos, después de pasar por las instancias judiciales
previas ( 71 ), evidencian un entendible lapso entre el supuesto hecho
vulneratorio y la resolución del Tribunal. Considerando la gravedad de
las denuncias, resultaría más eficaz que fueran los jueces penales
quienes pudieran haber realizado los análisis señalados por el Tribunal.
• Si bien no es necesaria la asistencia jurídica para interponer un hábeas
corpus, en la práctica su ausencia afecta la posibilidad de una adecuada
defensa de sus intereses.
• Las consideraciones de tiempo y recursos necesarios hacen que en la
práctica no todos los internos puedan considerar este mecanismo de
defensa de sus derechos como una opción real y efectiva.
Por ello resulta atendible la propuesta de volver a instalar en nuestro sistema
judicial la figura del Juez de Ejecución Penal, conforme lo señala la Defensoría
del Pueblo en un reciente documento de trabajo 72 .
71 El Tribunal sólo analiza los casos que no han sido amparados previamente por las
instancias judiciales.
72 DEFENSORIA DEL PUEBLO: 2009.
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en el Sistema Penitenciario Peruano
32
BIBLIOGRAFIA
CENTRO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
2006 Jurisprudencia y doctrina penal constitucional. Segundo Seminario.
Coordinador: César Landa. Tribunal Constitucional – Palestra Editores S.A.C.,
Lima, 2006.
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
2006 Informe especial sobre la situación de los Derechos Humanos en la
cárcel de Challapalca, Departamento de Tacna, República del Perú.
Organización de los Estados Américanos, Washington D.C.
DEFENSORIA DEL PUEBLO
2009 El Juez de Ejecución Penal y Vigilancia Penitenciaria en el Sistema Penal
Peruano. Razones para su implementación desde un enfoque de derechos.
Documento de Trabajo Nº 003-2009-DP/ADHPD
FRANCIA SANCHEZ, Luis Enrique
2004 “El Tribunal Constitucional y el sistema penitenciario: La jurisprudencia
constitucional en relación a los derechos de las personas privadas de
libertad”. En; La ejecución de la pena privativa de libertad. Análisis y
perspectivas para una reforma penitenciaria. Defensoría del Pueblo, Lima,
2004. Páginas 109 a 144.
Centro de Estudios de Derecho Penitenciario/USMP 32

Luís E. Francia Sánchez / Los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
en el Sistema Penitenciario Peruano
33
HUERTA GUERRERO, Luis
2003 Hábeas corpus y condiciones de detención. Una síntesis de la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. Lima, Comisión Andina
de Juristas.
PIZARRO GUERRERO, Miguel
2003 Jurisprudencia Constitucional de hábeas corpus. Sentencia del
Tribunal Constitucional. Anotadas, humilladas y comentadas. Lima, Editorial
Jurídica Grijley.
Centro de Estudios de Derecho Penitenciario/USMP 33