Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado

ministros, las direcciones de organismos administrativos e iniciativas sobre la
información del sector público. En Dinamarca, todas las publicaciones oficiales
están disponibles electrónicamente y los entes públicos disponen de correo
electrónico; en Grecia, los organismos de la administración pública también han
desarrollado sistemas de información electrónica para que sus contenidos sean
accesibles a los ciudadanos y las empresas. En Francia, desde enero del 98, el
gobierno ofrece en Internet los datos esenciales de la administración pública.
Adicionalmente, debe señalarse que en Francia, como en otros países, —Grecia,
Irlanda, Italia y Austria, entre otros—, el sector privado participa activamente
en el mercado de la información pública. En septiembre de 1996, en su
resolución sobre el plan de acción de la Comisión para la Sociedad de la
Información, el Parlamento Europeo solicitó que las nuevas formas de difusión
electrónica se utilizaran para transmitir información pública a todos los
ciudadanos a escala europea y nacional en los Estados miembros. En Europa el
acceso a la información pública y las acciones de transparencia de las
instituciones públicas van de la mano. Al Tratado de Amsterdam, se incorporó
una disposición mediante la cual cualquier ciudadano de la Unión Europea, así
como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social
en un Estado miembro, tiene derecho a acceder a los documentos de las
instituciones europeas, con el propósito de impulsar la mayor transparencia
posible. Según el principio de transparencia, el tratado constituye un paso
adelante en el proceso de crear una unión cada vez más estrecha entre los
pueblos de Europa, en las que las decisiones se tomen del modo más
transparente y más cercano a los ciudadanos que sea posible. En los Estados
Unidos de Norteamérica, desde 1966 está vigente la Ley de Libertad de Acceso
a la Información a la que en 1974 se le hicieron algunas enmiendas para
ampliar aun más el acceso a las informaciones gubernamentales. Si la ley
original del 66 sólo disponía que las dependencias federales tuvieran datos
disponibles para ser consultados o copiados a solicitud del público, las reformas del 74,
les exige la publicación de datos relacionados incluso con opiniones finales sobre sus acuerdos, sus
regulaciones y los manuales de personal administrativo. Esta ley exige a las dependencias federales,
presenten un informe anual al Congreso que incluya un listado de todos los casos en los que se decidió no
entregar las informaciones solicitadas al amparo de la ley, así como los motivos de esas decisiones, las
apelaciones, los nombres de los funcionarios que estuvieron involucrados y autoriza a las cortes a ordenar el
pago de los gastos de abogados a las personas que ganen las demandas basadas en la ley. Además de esta
legislación federal, existen leyes estatales propias en la materia. La Ley de Información Pública, contenida en el
Capítulo 552 del Código de Gobierno de Texas permite tener acceso a los récords del gobierno y ningún oficial
de información pública o sus agentes pueden preguntar por qué se desea accesar a tales récords al
establecerse el principio que toda la información del gobierno está disponible al público. En Latinoamérica, el
acceso a la información pública, la transparencia de la función pública y el combate a la corrupción en las
entidades públicas, son temas que han ido de la mano y han ocupado el interés de los organismos
internacionales, incluso en la actualidad. Antecedentes se encuentran por ejemplo en la Convención
Interamericana contra la Corrupción suscrita en Caracas, el 29 de marzo de 1966, en la que luego de mostrar
el convencimiento de los estados miembros de la Organización de Estados Americanos sobre la importancia
de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de la
corrupción en las instituciones públicas, se declara el propósito de promover y fortalecer el desarrollo, por cada
uno de los Estados parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, sancionar y erradicar la corrupción,
mediante un conjunto de medidas preventivas en las que se destaca crear, mantener y fortalecer sistemas
para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones
públicas y para la publicación de tales declaraciones; sistemas para la contratación de funcionarios públicos y
para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia