CAUTELAR-CASTILLO-TC-2000-2013-A284-2013

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“CASTILLO GABRIELA CONTRA GCBA SOBRE AMPARO” (A284-2013/0)
///dad Autónoma de Buenos Aires, 12 de marzo de 2013.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que GABRIELA CASTILLO, en su carácter de habitante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y de miembro de la Junta Comunal N° 2 promueve la presente
acción de amparo contra el GCBA “[p]or violación de los preceptos constitucionales
establecidos en los artículos 26, 27 y ss., 32, 128 y ss. de la Constitución de la Ciudad; el
artículo 26 y concordantes de la ley 1.777; las leyes 123, 3.106 y 2.148” (v. fs. 1).
Asimismo solicita “[e]l dictado de [una] medida cautelar de no innovar, que
suspenda la realización de la carrera callejera, y sus correspondientes pruebas de
clasificación, de automovilismo correspondiente a la competencia profesional de Super
Turismo Carretera 2000 (Super TC 2000) y/o toda otra competencia automovilística
similar a realizarse los próximos días 30 y 31 de marzo del corriente año en el denominado
circuito callejero comprendido por las arterias de Av. Del Libertador y Av. Figueroa
Alcorta entre Tagle y Ayacucho de esta Ciudad, siendo pública y notoria su realización,
como así también toda obra que deba realizarse para adaptar dichas arterias a la realización
de la misma; todo ello por la arbitraria y discrecional violación de los preceptos legales
antes señalados por parte de la administración de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de
Buenos Aires” (cfme. fs. 1 vta.).
Señala que el nuevo circuito callejero servirá como pista a veintiocho (28)
corredores de turismo competición que circularán a velocidades de hasta 230 kilómetros
por hora en las rectas; que el sábado 30 de marzo entre las 10 y las 18 horas se realizarán
las clasificaciones y el domingo 31 de 10 a 13 horas correrán las categorías “soporte”. Por
su parte, agrega que la carrera principal se desarrollará de 13 a 14 horas.
Asevera que el armado del circuito en tal espectro de la ciudad como la
realización de la competencia pueden implicar un peligro para los bienes que se encuentran
en el entorno del citado circuito callejero, para los vecinos que se encuentran y habitan en
ese radio geográfico como así también para el resguardo de su seguridad y calidad de vida,
la integridad y salud del público asistente como de los auxiliares, colaboradores y
deportistas participantes del evento.
Indica que el circuito “[s]e encuentra enclavado en el medio de un
tradicional paseo porteño, con grandes espacios verdes en sus alrededores que sirven de
importante pulmón verde para nuestra Ciudad, que incluye la importante zona de museos
de la Av. Libertador” (v. fs. 2 vta.).
Subraya que “[n]o hace falta ser un avezado observador para darse cuenta
que no estamos ante el mejor escenario para el desarrollo de una competición profesional
de automovilismo. A [esas] circunstancias debemos sumarle los trabajos que desarrolla la

empresa SBASE y sus contratistas en la zona. En efecto, por debajo de la Av. Pueyrredón
y la del Libertador se está construyendo la prolongación de la Línea H de Subterráneos. La
existencia de estos trabajos no hacen más que aumentar la sensación de improvisación y
desidia de la administración frente a los peligros que conlleva la realización de la
competición, ya que según señala el artículo periodístico del diario La Nación que la
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad aprobó el correspondiente cálculo de
impacto ambiental sobre la base de mediciones realizadas durante 2012” (v. fs. 2 vta./3).
Alega la violación las leyes 123, 2.148, 3.106, 1.227 y 1.777. Sustenta los
planteos en que dado la magnitud de la competencia a desarrollarse en uno de los
pulmones verdes más importantes de la ciudad con un entorno de construcciones de alto
valor patrimonial histórico y cultural no puede ser un evento de bajo impacto ambiental.
Ello así dado que la competencia conlleva, a su entender, contaminación sonora que puede
afectar a la fauna de los parques y plazas que se encuentran a los alrededores del trazado
del circuito; comportaría contaminación por derrame de combustible; porque las
vibraciones que se producirían y los trabajos previos podrían afectar seriamente a los
edificios históricos y a los monumentos emplazados en los alrededores.
Por otra parte sostiene que el Código de Tránsito y Transporte (ley 2.148)
prevé la prohibición de competencias en la vía pública excepto aquellas autorizadas de
acuerdo a lo normado en el artículo 2.1.10 de dicho cuerpo legal. Concluye que la
competencia en cuestión no cumplió con los recaudos exigidos por la normativa de rito.
A ello añade que los hechos descriptos demuestran cabalmente que la
competencia automovilística pondría en riesgo una serie de bienes y patrimonio culturales
que se encuentran alrededor del circuito en cuestión.
Por último, sostiene que no se dio cumplimiento con lo dispuesto por el
artículo 26 de la ley 1.777, ya que la Junta Comunal de la Comuna N° 2 (Comuna donde se
desarrollará la competición) no ha intervenido.
Señala que dicha normativa establece que el emitir la opinión respecto a la
autorización de uso es una de las atribuciones y obligaciones de la Junta Comunal y si bien
no está taxativamente señalado que el Jefe de Gobierno debe remitir las actuaciones, dicha
obligación surge, de lo normado por los artículos 4 y 9 de la ley 1.777.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
2. Que en ese estado a fs. 21 se ordenó correr traslado a la accionada
de la medida cautelar pretendida en los términos del artículo 15 de la ley 2145, de lo que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedó notificado a fs. 25/26.
En el mismo auto, se ordenó el libramiento de un oficio al GCBA a fin de
que remitiera toda actuación administrativa relacionada con la carrera del Super TC 2000
que obrara en su poder, especialmente aquella vinculada al cumplimiento de la ley 123.
3. Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presentó a fs. 37/48 y
contestó el traslado conferido a fs. 21. Allí se opuso a la medida cautelar pretendida por la
amparista y cuestionó su legitimación para peticionar como lo hace.
Con relación a esto último, expresó que la actora no justificó su
legitimación activa en autos tanto en su carácter de miembro de la Junta Comunal N°2

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como en el de vecina de la Ciudad. Ni siquiera ha demostrado —a su entender— la
existencia de intereses colectivos afectados que sea menester resguardar con el remedio
precautorio intentado.
Remarca que la Junta Comunal carece de competencia —originaria o
concurrente— que la faculte para otorgar permisos o habilitaciones de espectáculos
públicos. Señala que la Junta al estar organizada de modo colegiado y sus reuniones son
convocadas por su Presidente, de tal manera, concluye, que los miembros de la Junta
Comunal no resuelven de manera unipersonal sino que lo hacen a través de las decisiones
que por mayoría toma dicho organismo.
Agrega que la actora carece de legitimación procesal activa para arrogarse
la representación procesal de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo,
tampoco demostró tener un derecho subjetivo afectado que la habilitara a promover el
pedido de la medida cautelar en cuestión.
Concluyó que al carecer la actora de legitimación activa se halla ausente la
verosimilitud del derecho y, por tanto, la medida cautelar debe ser rechazada.
En otro orden de ideas, manifestó que no se encuentran reunidos los
presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de las medidas cautelares contra la
Administración Pública. Puntualmente, destacó que la suspensión del acto cuestionado
generaría mayores daños que su ejecución y que la actora no acreditó la arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta que ostentaría el acto y, de ese modo, haría caer su presunción de
legitimidad.
Indicó que en el marco de la ley 123 se otorga el certificado de aptitud
ambiental a aquellas actividades comerciales o industriales a desarrollarse en la Ciudad de
Buenos Aires conforme lo establecido en su artículo 5°. Asimismo refirió que la
disposición 117-DGTALAPRA-12 establece la metodología de trámite para las
actuaciones enmarcadas en la ley 123 y prevé los procedimientos a seguir para las
actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos siempre que se encuadren en
rubros previstos en el cuadro de categorización del anexo II de la mencionada disposición
y del decreto 222-GCBA-12 como sujetos a categorización (s/c). En consecuencia,
concluye que el espectáculo en cuestión no se encuentra consignado en el cuadro de usos
descrito.
Agregó que da sustento a lo expresado la nota NO-2013-00615999-DGIA
emitida por la Dirección General de Infraestructura y Administración de la Subsecretaría
de Deportes.
Por otra parte, indicó que adjuntaba la copia de la póliza de seguros emitida
por Río Uruguay Seguros y la providencia PV-2013-00135669-DGCH suscripta por el
Director General Casco Histórico, donde señala que el circuito propuesto se encuentra
fuera del territorio del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
Expresó que no se ha acreditado la existencia de daño alguno, que la
cautelar pretendida compromete el interés público y que, al no haber verosimilitud en el

derecho, tampoco existe peligro en la demora.
Finalmente destacó que la amparista no ofreció contracautela, hizo reserva
del caso federal y del recurso de inconstitucionalidad, ofreció prueba documental —la que
acompañó a la causa— y solicitó el rechazo de la medida cautelar peticionada.
4. Que con posterioridad fueron recibidas las actuaciones administrativas
solicitadas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a fs. 223/234 la amparista contestó
el traslado conferido de la presentación efectuada por el GCBA.
5. [LEGITIMACIÓN] Que a fs. 37/48 la demandada desconoció la
legitimación de la actora para interponer la demanda que da origen a estos actuados. Sin
embargo, toda vez que las argumentaciones esbozadas para ello se limitan a replicar
“clichés” sin vinculación con el caso concreto y se basan fundamentalmente en la cita
mecánica de precedentes de extraña jurisdicción —en la que no rige el artículo 14 de la
CCABA— sobre supuestos sustancialmente diversos al presente, he de adelantar que
tendré por legitimada a la actora en los términos del segundo párrafo del artículo 14 de la
Constitución de la Ciudad atento que plantea su caso en orden a una afectación a derechos
colectivos.
A mayor abundamiento, ha de tenerse presente que la actora invoca
asimismo para fundar su legitimación, su carácter de “miembro de la Junta Comunal N° 2”
(ver fs. 1).
En este sentido, ha de tenerse presente que la Cámara del Fuero ha señalado
que respecto de los legisladores —doctrina que podría hacerse razonablemente extensible a
los miembros de las Juntas Comunales en tanto integrantes de cuerpos electivos
colegiados— “sólo se encuentran legitimados para deducir acción de amparo [en carácter
de tales] cuando se alega la imposibilidad de participar en la formación de la decisión de
la Legislatura de la cual forman parte, o que esta facultad se encuentre impedida u
obstruida” (Sala 2, por mayoría, en autos “Busacca, Ricardo contra GCBA sobre amparo
[art. 14 CCABA]”, Expte.: EXP 7710/0 del 17 de noviembre de 2003).
Lo mismo había ya sido señalado por prestigiosa doctrina constitucional, al
afirmar que cada diputado (y cada senador), en cuanto integran un órgano colegiado que es
la cámara de su pertenencia, invisten un interés propio, que podría calificarse como
“derecho de función”, que consistiría en el derecho a ejercer la función para la que han
sido electos y que como propia de determinado órgano legislativo comparten con los
demás miembros del mismo (en este sentido, BIDART CAMPOS, GERMÁN, “La legitimación
procesal activa de los legisladores”, La Ley 1997-F, 564).
Así, este protagonismo compartido revistiría entidad suficiente para admitir
cada vez que un legislador, o varios, entienden que se está sustrayendo al órgano
representativo al que pertenecen el ejercicio de una competencia que le incumbe como
órgano colegiado y complejo, ese y esos legisladores disponen de legitimación para acudir
a la justicia para reivindicar la posibilidad de participar en la decisión impedida u
obstruida por el Poder Ejecutivo. No obsta a ello, el hecho de que la cámara en cuestión,
en cuanto órgano, pudiera también tener legitimación. Es que, cada diputado debe contar
con la posibilidad de ejercer aquella participación personal en la decisión colectiva que,
por supuesto, se formará mediante las mayorías requeridas para cada caso. La pertenencia

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
grupal o común a un órgano colegiado no puede perjudicar ni eclipsar la “cuotaparte” o
porción subjetiva del derecho de decidir que asiste a cada integrante a título individual
(cfme. BIDART CAMPOS, op. loc. cit.).
Así, habida cuenta que ése ha sido uno de los agravios planteados en autos,
ha de concluirse que la actora posee legitimación para litigar en su carácter de miembro de
la Junta Comunal N° 2, sin perjuicio de que, como se verá, también lo puede hacer en su
carácter de vecina de la Ciudad.
A lo expuesto debe añadirse que la presentación que da origen a estas
actuaciones fue iniciada por la actora “en [su] carácter de ciudadana y habitante de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” (fs. 1), calidad que se encuentra acreditada con la
copia de su documento nacional de identidad obrante a fs. 12, en este orden, que el artículo
14 de la CCABA en su párrafo segundo, dispone que cualquier habitante de la Ciudad
puede interponer acción de amparo “cuando la acción se ejerza contra alguna forma de
discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos,
como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural
e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor”.
Al respecto, el Tribunal Superior de Justicia, ha señalado que “el art. 14
CCBA posibilita legitimaciones de personas no afectadas singularmente por el obrar
arbitrario o con ilegalidad manifiesta” que lo cuestionen por vía de amparo en supuestos
en que se invoque la vulneración de un derecho de incidencia colectiva (en autos “Dr.
Ricardo Monner Sanz c/ GCBA s/ amparo [art. 14 CCABA] s/recurso de
inconstitucionalidad concedido” y acumulado, Expte. 4809/06, resueltos el 6 de octubre de
2006, considerando 3 del voto de la mayoría).
Se ha resuelto que en el amparo si la lesión es de un derecho de incidencia
social o colectiva no importa que quien lo alegue sea o no titular de un interés personal;
por el contrario, resulta suficiente la afectación de un derecho colectivo consagrado por la
Constitución y que, quien acciona, revista el carácter de habitante de la Ciudad (Cámara
CAyT, Sala 2, autos “Barila, Santiago c/GCBA s/amparo”, del 5 de febrero de 2007;
también autos “Ibarra, Aníbal y otros c/GCBA s/amparo”, Expte. EXP 31.131/0 resueltos
el 31 de marzo de 2009).
En este sentido, el TSJ ha advertido que más allá de que tanto la
Constitución nacional como la porteña utilizan el término “causa” para delimitar la función
de sus respectivos poderes judiciales, lo cierto es que la Ciudad, como cualquier provincia,
puede escoger un criterio más amplio que la Nación para delimitar el universo de asuntos
susceptibles de ser resueltos por sus jueces. No, en cambio, uno más estrecho (voto del Dr.
Luis F. LOZANO, en autos “GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en
‘Asociación Argentina de Agencias de Publicidad c/GCBA s/impugnación de actos
administrativos’ “, Expte. N°4889/06”, del 12 de junio de 2007).
De allí que no quepa aplicar, sin un análisis detallado de las características
del caso, la tradicional jurisprudencia de la CSJN por la cual se ha resuelto que el de
ciudadano es un concepto de notable generalidad, y que su comprobación no basta en la

mayoría de los casos para demostrar la existencia de un interés “especial” o “directo”,
“inmediato”, “concreto” o “sustancial” que permita tener por configurado el “caso
contencioso”. Como se expuso, en el ámbito de la Ciudad el constituyente y el legislador
han optado —en determinados supuestos como el que se presenta en el sub lite— por un
diseño más amplio del “caso judicial”.
En el caso, el planteo efectuado por la actora involucra expresamente
derechos de incidencia colectiva como ser la alegada afectación al ambiente, calidad de
vida, salud pública y contaminación sonora y su —a su criterio— insuficiente protección
por parte del GCBA.
La Cámara del fuero ha señalado que “cabe concluir que el objeto de la litis
concierne a la categoría de los derechos de incidencia colectiva sobre bienes colectivos, en
los términos del artículo 43, segundo párrafo, de la Constitución Nacional y 14, segundo
párrafo, de la Constitución de la Ciudad. Otros aspectos de la pretensión por caso, [en tal
supuesto] la preservación de la Av. 9 de Julio como patrimonio cultural; así como los
cuestionamientos formulados con respecto a la presunta inobservancia de los mecanismos
de información y participación ciudadana, también remiten, de manera indudable, a la
categoría de derechos mencionada precedentemente”. De este modo, continúa, el carácter
de habitantes de la Ciudad de los actores, así como de “entidad defensora de derechos o
intereses colectivos” de la Asociación actuante “es cualidad suficiente para tener por
configurado el requisito en examen cuando la controversia judicial trata sobre derechos o
intereses colectivos (cfr. art. 14, segundo párrafo, CCBA). En otros términos, cuando el
objeto del juicio se refiere a derechos o intereses de tal carácter, la existencia de un nexo
jurídico suficiente entre el status afirmado por el litigante y la pretensión cuya satisfacción
procura ya ha sido definida por el constituyente de manera expresa. Es decir, el
constituyente ha establecido que, tratándose de derechos o intereses colectivos, todo
habitante se halla en situación de resultar beneficiado o perjudicado por el
pronunciamiento judicial por cuanto la conducta estatal impugnada lo afecta de forma
suficientemente directa en función de la especial índole de los intereses en conflicto y, por
tanto, es parte legitimada. En consecuencia el agravio en examen debe ser desestimado”
(Sala 1 de la Cámara del Fuero, resolución del 8 de julio de 2010 en autos “Lubertino,
María José y otros c/GCBA s/otros procesos incidentales”; Expte. EXP 34.409/1).
En la misma inteligencia, corresponde recordar que el artículo 30, in fine, de
la Ley General del Ambiente 25.675, prevé que “toda persona podrá solicitar, mediante
acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo”.
Ante la claridad y contundencia de, por un lado, las normas que rigen la
legitimación para casos ambientales como el sub lite, y por el otro, de la interpretación que
ha hecho de ella de modo prácticamente unánime la jurisprudencia de las más diversas
instancias, el planteo de la Procuración al respecto resulta cuanto menos sorprendente por
su manifiesta improcedencia.
5. [MEDIDAS CAUTELARES] Que cabe señalar que las medidas cautelares
tienden a impedir que durante el lapso que transcurre entre la iniciación del proceso y el
pronunciamiento definitivo sobrevenga cualquier circunstancia que haga imposible o
dificulte la ejecución forzada o torne inoperante los efectos de la resolución (cfme. Sala II
del fuero, en autos “La Rueca Porteña SACIFIA c/GCBA s/otros procesos incidentales”,

Expte: EXP 4073/1).
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Su procedencia, conforme surge del artículo 15 de la ley 2145, se halla
condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por
quien las solicita y el peligro en la demora, que exige evidenciar que la tutela jurídica que
el actor aguarda de la sentencia definitiva pueda llegar a resultar inútil por el transcurso del
tiempo. Se exige, asimismo, que su dictado no frustre el interés público y que se fije una
contracautela.
Sentado ello, y previo a analizar la presencia en el caso de los requisitos
habilitantes para el dictado de las medidas solicitadas, ha de recordarse que la Corte
Suprema ha resuelto que “la pretensión que constituye el objeto del proceso cautelar no
depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el
proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del
derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de
efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la relación
jurídica” (Fallos: 314:711, cons. 2º; 306:2060, cons. 6 y 7) y que en ciertas ocasiones, tal
como ocurre con las medidas de no innovar y en las cautelares innovativas, existen
fundamentos de hecho y de derecho que imponen al Tribunal expedirse provisionalmente
sobre la índole de la petición formulada, sin que quepa desentenderse del tratamiento de
tales alegaciones so color de incurrir en prejuzgamiento (Fallos: 320:1633, considerando
9, citado por la Sala 2 de la Cámara del fuero al resolver en autos “Asociación Civil Casa
Amarilla 2005 contra GCBA y otros sobre recusación [ART. 16 CCAYT], Expte.
29.564/1, el 13 de junio de 2008).
El propio ordenamiento adjetivo autoriza la solicitud de medidas cautelares
aún antes de deducir una demanda (art. 178 CCAyT), sin que el ejercicio de tal posibilidad
se encuentre supeditada a ningún requisito, por lo que las objeciones formales interpuestas
por la Procuración sobre el punto, no resultan óbice para el tratamiento de la presente.
Ha de recordarse asimismo que el artículo 184 del código de rito (aplicable
en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 2145) autoriza a “disponer una medida
precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del
derecho o interés que se intentare proteger.”
6. [VEROSIMILITUD EN EL DERECHO] Que sentado lo expuesto, corresponde
analizar la presencia en el caso del requisito de verosimilitud en el derecho, para lo cual ha
de delimitarse provisional y someramente el marco normativo aplicable al sub lite.
En lo que hace estrictamente a las carreras de automóviles, conviene señalar
que la ordenanza 17.348, del 29 de diciembre de 1960, las prohibía dentro del perímetro de
la Capital Federal y especificaba que serían ser permitidas dentro del Autódromo
Municipal (cfme. arts. 1º y 2º). Luego de medio siglo de vigencia, tal prudente norma fue
expresamente derogada por la ley 3726, sancionada el 13 de diciembre de 2010.
Por su parte, el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, aprobado por ley 2148, en su artículo 5.2.5 prevé la prohibición de
competencias en la vía pública, para lo cual establece que “[e]stá prohibido disputar u

organizar competencias de destreza o velocidad con cualquier vehículo en la vía pública,
excepto aquellas autorizadas de acuerdo a lo normado en el artículo 2.1.10 del presente
Código”
Este último artículo, referido al Uso especial de la Vía Pública, dispone que
“[e]l uso de la vía pública para fines extraños al tránsito, tales como: exhibiciones,
filmaciones, competencias de velocidad pedestres, ciclísticas, motociclísticas, ecuestres,
automovilísticas, celebraciones religiosas, procesiones y fiestas populares, debe ser
previamente autorizado por la Autoridad de Aplicación, siempre que: a) El tránsito normal
se mantenga con similar fluidez por vías alternativas de reemplazo. b) Los organizadores
acrediten haber adoptado en el lugar las necesarias medidas de seguridad para personas o
cosas y se responsabilicen por sí o cubran por medio de seguros, los eventuales daños a
terceros o a la estructura vial en caso de practicar actos que impliquen riesgos” (el
destacado no es original).
respecto que:
De las actuaciones administrativas obrantes en autos, se desprendería al
a) “[e]n la Dirección General de Tránsito y Transporte, mediante el
expediente EX 422.617/2013, se encuentra en estudio del [sic] plano de
desvíos vehiculares y cronograma de corte de tránsito, a efectos de
evitar la afectación de fluidez del tránsito normal, y se procederá al
dictado de la correspondiente resolución que autorice los cortes de
tránsito” (v. fs. 32);
b) “[l]a Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito ha tomado
intervención a efecto de garantizar el ordenamiento de tránsito durante
el armado del circuito y realizar los días del evento los desvíos de
tránsito y corte de calles” (v. fs. 32);
c) se habrían contratado seguros de responsabilidad civil y se habría
previsto la cobertura médica de los intervinientes (fs. 35/36);
d) “[l]a competencia automovilística se realizará en las máximas
condiciones de seguridad exigidas por la Federación Internacional de
Automovilismo (FIA) y bajo la fiscalización de la Comisión Deportiva
Automovilística (CDA) del Automóvil Club Argentino. La Comisión
Deportiva Automovilística prestó conformidad con el circuito y asumió
el compromiso de fiscalización de su armado y fiscalización de la
carrera, conforme nota obrante a fs. 86 del expediente 918/13 y plano
del circuito incorporado a dicho expediente.”
e) El Director General de la Dirección Casco Histórico indicó que el nuevo
circuito se encuentra fuera del territorio del casco histórico de la CABA
(v. fs 89 de las actuaciones administrativas).
En este orden, la propia actora acompañó al expediente planos con el detalle
del circuito a utilizar, las estructuras a montar, la ubicación y cantidad de los puestos
médicos, un plano de evacuación, etc. (ver fs. 71, 72 y 203/205 y similares en las
actuaciones administrativas acompañadas).

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
También se advierte la intervención de la Agencia de Protección Ambiental
(APRA), quien el 23 de enero de 2013 señaló que la Gerencia Operativa de Prevención y
Planificación “[s]e expidió por informe 275642-DGET-13. De dicho informe surge que en
el marco de la ley 123, se otorga el Certificado de Aptitud Ambiental a aquellas
actividades comerciales o industriales a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires conforme lo establecido en el artículo 5° de la mencionada ley. Asimismo, la
disposición 117-DGTALAPRA-12 establece la metodología de trámite para las
actuaciones enmarcadas en la ley 123 y su modificatoria ley 452, y prevé los
procedimientos a seguir para las actividades, proyectos, programas y/o experimentos
siempre que se encuadren en rubros previstos en el cuadro de categorización del anexo II
de la Disposición mencionada y del decreto 222–GCBA–12 como sujetos a categorización
(s/C). Al respecto se informa que el espectáculo Público de referencia no se encuentra
consignado en el cuadro de usos descrito. Sin perjuicio de lo expuesto, se concluye que
[esa] Dirección General no tiene competencia en materia de otorgamiento de permisos para
el desarrollo de actividades transitorias y eventuales, tales como eventos o actos en la vía
pública” (v. fs. 75).
En cuanto a la generación de ruidos y vibraciones, esa Dirección General
opinó “[q]ue de acuerdo al decreto 740–GCBA–07 reglamentario de la ley 1.540, dicha
actividad –con las características propias del caso– no resulta Catalogada como
Potencialmente Contaminante por Ruidos y Vibraciones según lo establecido en el Anexo
IX del mencionado Decreto” (v. fs. 75/vta.).
7. [INTERVENCIÓN DE LA JUNTA COMUNAL] Que una consideración aparte
merece el planteo efectuado por la amparista en relación a la intervención de la Junta
Comunal N° 2.
Sabido es que la Constitución de la Ciudad define a sus instituciones como
una democracia participativa (art. 1°). Relacionado con tal precepto, se establece asimismo
un sistema de descentralización en comunas, con un fuerte componente de participación
ciudadana (arts. 127 y ss. de la CCABA, ley 1777 y mod.).
Recientemente, la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones del fuero ha señalado
que de ese esquema se desprende que el nuevo nivel institucional de las Comunas “no
estaría subordinado a la administración central y que constituyen entes con legitimación
política que mantienen con aquél una relación –en todo caso– de coordinación (art. 2, título
V de la ley 1.777).” Agrega el Tribunal que “naturalmente, en el cumplimiento de sus
cometidos no pueden alterar el interés de la Ciudad. Demás está anticipar que ese extremo,
debe acreditarse en forma exhaustiva por quien lo alegue, por cuanto de no ser así, su mera
alegación facultaría a vaciar de contenido la competencia de la Comuna de que se trate,
con seria lesión a su status constitucional” (“Gentlli Rafael Amadeo y otros contra GCBA
sobre amparo [ART. 14 CCABA]”, Expte: EXP 39938/0, febrero de 2013).
Tal como lo puntualiza la Cámara de Apelaciones, la puesta en funciones de
la Junta Comunal implica una nueva realidad institucional en la Ciudad que impacta en el
modo de ejercer la gestión administrativa, en tanto determinados y específicos cometidos

deben pasar a la órbita de las Comunas. Asimismo éstas en su carácter de principal
portavoz de los intereses generales de la población del territorio a su cargo (LL 2006-F,
1035) deben tener participación en el proceso de toma de decisiones de otras actividades
gubernamentales que se realicen en su área de competencia (arts. 9, 10, 11, 13, 26, inc.
“q”, ley 1777).
En el caso, lo expuesto cobraría mayor relevancia atento la magnitud del
evento programado, el impacto que tendrá en diversos aspectos de la vida del barrio y el
hecho de que para su realización se afectará considerablemente el uso de espacios verdes
de la Comuna, cuyo mantenimiento se encuentra a cargo por mandato expreso de la
Constitución de la Ciudad (art. 128, CCABA).
Así, una correcta hermenéutica de las disposiciones constitucionales y
legales involucradas, conduciría a concluir que se encuentra entre las competencias de la
Junta Comunal, en este caso la N°2, la de emitir una opinión previa respecto de la actividad
que aquí se cuestiona. Sobre el punto, ha de recordarse asimismo que, el ejercicio de las
competencias constitucionales y legales resulta una obligación de las respectivas
autoridades administrativas (art. 2°, Ley de Procedimiento Administrativo).
En este sentido, y si bien aún no se habría dictado el acto administrativo que
autoriza la realización de la carrera automovilística anunciada, va de suyo que la opinión
previa no vinculante de la Junta Comunal, constituiría en el caso uno de los procedimientos
esenciales que prevé el inciso “d” del artículo 7° de la LPA.
Ahora bien, toda vez que “[l]as comunas son una clara manifestación de la
democracia participativa [y que é]stas constituyen canales institucionales que exceden el
derecho a elegir o ser elegido, pues hacen al ejercicio efectivo de los derechos políticos y
civiles a través de una participación real y más activa en la determinación de las políticas
públicas” (cfme. voto del Dr. CARLOS F. BALBÍN en los autos “Gentili”, ya citados), la
exclusión del ejercicio de sus competencias implicaría al mismo tiempo un cercenamiento
de la posibilidad de ejercer tales derechos por parte de la ciudadanía. Sobre todo a la luz
del modo en que constitucional y legalmente se imbrica el funcionamiento de la Junta
Comunal con el del Consejo Consultivo (art. 131, CCABA; y art. 33 y ss. de la ley 1777).
8. Que, en conclusión, de la lectura de las actuaciones reunidas en el legajo
se desprendería que en el marco de las actuaciones administrativas se encontraría en curso
el cumplimiento de la normativa ambiental y de tránsito y transporte aplicable al caso. Los
organizadores habrían presentado un esquema de seguridad que —a su criterio— se
ajustaría a las “reglas del arte” establecidas por las organizaciones que rigen en la materia,
se habrían contratado los seguros exigidos por la norma y se habría dado intervención a la
autoridad de aplicación en materia ambiental de la Ciudad, sin que lo que aquí se expresa
implique abrir juicio sobre su actuación.
En función de ello, es que estimo que no resulta procedente el dictado de la
medida cautelar en los términos en que ha sido solicitada por la actora, en tanto ésta basó
fundamentalmente su planteo en la ausencia de muchos de tales recaudos.
No obstante ello, no puede soslayarse por un lado, el hecho de que no aún
no habría sido dictado el acto administrativo que de curso a la realización del evento, en el
que se valoren expresamente las condiciones que la ley exige para otorgar tal autorización;

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y por el otro la ausencia de opinión previa de la Junta Comunal N°2 respecto de la
actividad que aquí se cuestiona.
Por último, y en virtud del evidente impacto que un evento de las
proporciones del que aquí nos ocupa genera sobre diversos aspectos de la vida social que
se desarrolla en su área de influencia, habrá de requerirse mayores informes sobre las
medidas previstas para su mitigación. Especialmente respecto al modo en que se prevé
resguardar el APH 14; zonas residenciales, los espacios públicos involucrados, Museo de
Bellas Artes, monumentos, y demás edificios emblemáticos existentes en la zona de los
previsibles impactos de diverso tipo que puede implicar una actividad como la programada
con la afluencia de cientos de miles de personas durante varias jornadas.
9. [PELIGRO EN LA DEMORA] Que con relación al peligro en la demora,
cabe destacar que a fin de que resulten admisibles las medidas cautelares, la doctrina y la
jurisprudencia exigen la concurrencia de ambos requisitos, si bien puede alguno de ellos
encontrarse morigerado por la fuerte presencia del otro.
En efecto, se ha sostenido que los presupuestos mencionados se relacionan
de tal modo que, a mayor verosimilitud del derecho, corresponde no ser tan riguroso en la
apreciación del peligro del daño y –viceversa- cuando existe el riesgo de un daño extremo
e irreparable la exigencia respecto del “fumus” se puede atemperar (en este sentido, Sala II
del fuero, in re “Banque Nationale de París c/GCBA s/amparo [art. 14 CCBA]”, expte.
EXP-6, del 21 de noviembre de 2000 y Sala I del fuero, en autos “Ticketec Argentina S.A.
c/GCBA” del 17 de julio de 2001).
Considero que en el caso el peligro en la demora está dado por la
inminencia de la realización del evento cuestionado, por lo que no adoptar las medidas que
se estiman convenientes podría producir daños de imposible reparación ulterior.
10. [INTERÉS PÚBLICO] Que la concesión de una medida preventiva en el
caso no implicaría a criterio del suscripto una frustración del “interés público”. Por el
contrario, estimo que el principal interés a tutelar en el caso radica en, coadyuvar a
preservar adecuadamente los bienes públicos colectivos involucrados en autos en los
términos de las normas constitucionales y legales referidas.
Por otra parte, y frente a lo expuesto, no se advierte cuál sería el interés
público afectado alegado por la demandada, en tanto no se trata aquí de la impugnación de
una obra pública u otra actividad administrativa, sino de una actividad lucrativa organizada
por una empresa privada en el espacio público de la Ciudad.
11. [CONTRACAUTELA] Que en cuanto a la contracautela —requisito
previsto expresamente en el art. 15, inc. 'd', ley 2145— cabe puntualizar que, en general, la
contracautela debe guardar relación con la eventual responsabilidad del solicitante de la
medida, razón por la cual, al momento de su fijación, debe analizarse no sólo la presencia
de los presupuestos genéricos de la medida ordenada, sino además la magnitud del
menoscabo patrimonial que pudiera derivarse de ella (FENOCHIETTO, CARLOS E., Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado, anotado y concordado, Astrea,
Buenos Aires, 1999, t. 1, págs. 716). Pero a su vez, no debe perderse de vista el mandato

legislativo —enraizado en el derecho de defensa en juicio que garantizan los arts. 18, C.N.;
y 13, inc. 3, CCABA— de conformidad con el cual no pueden exigirse fianzas, cauciones
o contracautelas que tornen ilusorio el derecho que se pretende hacer valer (art. 6, segundo
párrafo, ley 7).
Así, a la luz de lo expuesto, he de concluir que atento la naturaleza de los
derechos involucrados resulta suficiente la caución juratoria ofrecida por el actor a fs. 10
vta. de estos actuados, y se la tiene por prestada con tal manifestación. Para ello no puede
dejar de considerarse, por un lado, que la parte actora no procede en defensa de un interés
individual y exclusivo, sino fundamentalmente en protección de un derecho de incidencia
colectiva cuya titularidad corresponde a todo habitante; y, por el otro, el peligro en la
demora, y que también se halla reunida en medida suficiente la verosimilitud del derecho
(en igual sentido, Sala 1 de la Cámara del fuero en autos “Pusso, Santiago contra GCBA
sobre otros procesos incidentales”, Expte.: EXP 26089/1, del 26 de septiembre de 2007).
Por todo lo expuesto, cautelarmente, RESUELVO:
I. ORDENAR al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
previo a expedirse respecto de la solicitud de autorización de la
competencia TC 2000 a realizarse los días 30 y 31 del corriente, dé
intervención a la Junta Comunal N° 2 a fin de que dicho cuerpo
colegiado emita su opinión sobre el particular.
II. ORDENAR al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
en el plazo de cinco (5) días acompañe el acto administrativo que se
expida respecto de la solicitud de autorización para la realización de la
competencia TC 2000 a realizarse los días 30 y 31 del corriente. Deberá
acompañarse asimismo tanto el esquema detallado que garantice que “el
tránsito normal se mantenga con similar fluidez por vías alternativas de
reemplazo” y las “necesarias medidas de seguridad para personas o
cosas” (art. 2.1.10, anexo ley 2148) conforme lo disponga la normativa
específica en la materia, como la opinión formulada por la Junta
Comunal N°2.
III. Tener por prestada la caución juratoria ofrecida en el punto IX del
escrito de inicio.
Regístrese, notifíquese a la actora y a la demandada por cédula por
Secretaría con carácter de urgente con habilitación de días y horas inhábiles. Fdo.
GUILLERMO SCHEIBLER. Juez.
Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°13
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires