Serie Historia de la Política Económica del Ecuador

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Juan J. Paz y Miño Cepeda
través de los Decretos expedidos directamente por el gobierno, en una situación de
ausencia del Poder Legislativo, pues el Congreso dejó de funcionar. Además, la Junta
dejó intactos a los funcionarios del Poder Judicial y también mantuvo a los empleados
de la administración pública general, aunque solo en forma temporal, pues las reformas
julianas pronto incluirían a todas las funciones e instituciones del Estado.
De igual modo se procedió con los municipios del país; pero luego, en forma continua,
se expidieron sucesivos decretos que reorganizaron a numerosos concejos cantones de
toda la república.
Además, se decretó la revisión de todo tipo de contratos realizados por el Estado,
los municipios y las juntas especiales de hacienda 22 , pues la Revolución intuyó antiguos
negociados y pretendía acabar con corruptelas originadas en contrataciones sospechosas
y fraudulentas.
En vista de que, de acuerdo con los Julianos, la situación bancaria preexistente
en el país era la causa de los males que sufría la nación, la Junta apuntó contra ese
dominio, despertando con ello la reacción de los bancos privados y de sus voceros,
que combatieron las medidas juntistas como si se tratara de actos que constituían una
verdadera declaración de guerra. Así lo asumieron sobre todo los bancos guayaquileños.
La primera medida a raíz del movimiento del 9 de julio fue, precisamente, apresar a
Francisco Urbina Jado, Gerente del Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil (BCAG)
quien era, en aquellos momentos, el hombre más poderoso del país. Fue un golpe de
efecto político indudable, que despertó las reacciones, pues Urbina era muy considerado
en los círculos empresariales y, en los hechos, se había convertido en el gran financista
de los emprendimientos costeños.
El BCAG, fundado en 1894, creció durante la época liberal y fue el soporte de los
gobiernos alfaristas; desplazó a los otros bancos y particularmente al Banco del Ecuador
(1868) que fuera el más importante hasta la época; y con los gobiernos de la plutocracia
se convirtió en el mayor prestamista al Estado, así como en el mayor sobremisor de
dinero.
Inmediatamente fueron expedidas dos medidas: una, disponiendo que todos los
billetes de banco sean aceptados en la república, “mientras dure la suspensión de la
convertibilidad de los billetes en oro” 23 ; y otra, prohibiendo a los bancos, instituciones
de crédito, comerciantes y particulares, “conceder u obtener créditos cuyo objeto sea
la realización de operaciones de especulación sobre los giros internacionales”, que,
además, concedió “acción popular” para denunciarlas 24 .
En cadena siguieron otras regulaciones: los depósitos en cuenta corriente y moneda
extranjera se considerarán como operaciones de compra de los Bancos, y los giros como
22 Decreto del 17 de julio. Revisión de contratos celebrados con el Fisco, las Municipalidades y Juntas
Especiales, R.O. 08 del 18/07/1925.
23 Decreto del 11 de julio. R.O. 02 del 11/07/1925.
24 Decreto del 17 de julio. R.O. 08 del 18/07/1925