Serie Historia de la Política Económica del Ecuador

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Juan J. Paz y Miño Cepeda
bancarias, las de la clase B serían públicas; para la administración se crearon el Consejo,
las Juntas, los Comités Ejecutivos, las Gerencias y las Direcciones; se reguló sobre la
calidad de los miembros y los votos; sólo el Central tendría el derecho de emisión,
fijándose montos y el respaldo mínimo del 50% en oro; se restablecía la convertibilidad;
y quedaron determinadas las operaciones bancarias 34 .
Después se decretó que los bancos de emisión que se liquidaren de acuerdo con una
de las disposiciones de creación del Banco Central “estarán obligados a entregar a éste
todo el oro y la plata acuñados o en barras, a razón de diez sucres por cada cóndor o
libra esterlina”; 35 y que “Ningún crédito a favor de un Banco o endosado a éste o por
éste, con excepción de las letras de cambio giradas en el Ecuador, podrá ser exigible
sino después de sesenta días, contados desde la vigencia de este Decreto o desde la
fecha de vencimiento del respectivo documento, según los casos” 36 lo que exasperó a
“ciertas instituciones bancarias”, acusadas, por los considerandos de este decreto, “de
crear dificultades al Gobierno y obstar la fundación del Banco Central”.
Sin embargo, el primer Banco Central no llegó a funcionar.
En consecuencia (lo cual resultaba paradójico), la Junta de Gobierno debió continuar
recibiendo nuevos créditos bancarios, conforme la garantía establecida sobre los ramos
de aguardientes y tabaco37 .
De todos modos, la primera Junta Provisional todavía tuvo tiempo para lograr, en solo seis
meses, otros cambios inéditos y trascendentales en la historia ecuatoriana. Porque, además de
la política bancaria, ese gobierno llevó adelante otras políticas económicas en varias áreas:
tributaria, industrial, agrícola y territorial, minera, obras públicas, y en materia social.
Las reformas fiscales se introdujeron al mismo tiempo que las monetario-financieras
y tendieron a centralizar y controlar rentas, solucionar los déficits presupuestarios y a
evitar la evasión, la corrupción y la caótica administración prexistente, pues existían
partidas y fondos manejados por diputados, juntas autónomas o recaudadores privados,
en un “sistema” descentralizado perjudicial para el país.
La Junta reguló impuestos, controló los estancos, organizó el presupuesto central,
reformó aduanas, timbres, derechos consulares y expidió leyes para un mejor manejo
de la economía. Fueron rescindidos los contratos para la recaudación de impuestos
a los alcoholes, aguardientes y tabaco, otorgados a favor de personas e instituciones
particulares 38 .
34 Dillon relata que se había interesado por discutir el proyecto de Banco Central con los banqueros
de Quito y Guayaquil; que viajó a Guayaquil, a pesar del clima hostil incendiado por la prensa; que
incluso logró el consenso de la Junta de Banqueros, de manera que el proyecto se transmitió a Quito;
pero que le sorprendió el decreto del 9 de octubre, expedido sin su firma ni conocimiento, porque
incluso contenía cláusulas “inconvenientes”. Luis N. Dillon, La crisis… Ob. Cit. ps. 259-260.
35 Decreto del 26 de octubre. R.O. 90 del 28/10/1925.
36 Decreto del 31 de octubre. R.O. 93 del 31/10/1925.
37 Decreto del 19 de septiembre. R.O. 64 del 25/09/1925.
38 Decreto del 19 de agosto. R.O. 35 del 21/08/1925.