1 fallos de la corte de justicia de salta relatoría constitucional y ...

FALLOS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE SALTA
RELATORÍA CONSTITUCIONAL Y PÚBLICO
TOMO 151
“Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina”
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. Finalidad. Perjuicio. Control de constitucionalidad. Tasa de higiene,
salubridad y contralor . Sala de entretenimiento y juegos de azar.
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR la acción de inconstitucionalidad interpuesta a fs. 79/95 vta. de autos. Con
costas.
DOCTRINA: Conforme lo dispuesto por el art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial, la acción de
inconstitucionalidad ha sido instituida para cuestionar ordenamientos jurídicos con naturaleza de “...ley, decreto,
reglamento u ordenanza”, que tienen en común, con abstracción de la denominación que se les haya dado, el hecho de
constituir mandatos generales, abstractos e impersonales; y es precisamente cuando tal mandato entra en colisión con las
normas constitucionales donde cobra vida la mentada acción.
La demanda de inconstitucionalidad tiene propósitos y fines específicos que no son comparables ni compatibles
con las demás acciones contempladas en el plexo del ordenamiento jurídico, ya que tiende a abatir una disposición de
carácter “erga omnes”.
El interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera
ésta contradice la Constitución y le causa de ese modo un gravamen. Para ello es menester que precise y acredite
fehacientemente, el perjuicio concreto que le origina la aplicación de la disposición.
La misión del Poder Judicial consiste en asegurar la supremacía de la Constitución y, como eventual
consecuencia, invalidar las disposiciones que se encuentren en clara y abierta pugna con su texto. Así, el control de
constitucionalidad que compete a este Tribunal debe efectuarse en un marco de estricta prudencia, por cuanto “la
declaración de inconstitucionalidad no ha de efectuarse en términos generales o teóricos, porque se trata de la función más
delicada de los jueces”, como que también se ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de
jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptible de encomendarse a un tribunal de justicia,
configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como la última “ratio” del orden jurídico.
Las tasas son prestaciones tributarias exigidas a aquellos a quienes de alguna manera afecta o beneficia una
actividad estatal, mientras que el impuesto es el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones
consideradas por la ley como generadoras de la obligación de tributar.
La imposición de tasas presupone la existencia de un requisito fundamental como es que al cobro del tributo debe
corresponder, siempre, la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio al contribuyente, debiendo
guardar, la recaudación total del tributo, proporcionalidad con el costo del servicio público efectivamente prestado por la
comuna. En idéntico sentido, el art. 67, tercer párrafo de la Constitución Provincial determina que “Las tasas retributivas
de servicios exigen su efectiva prestación”.
Es necesario que exista una relación directa de la tasa con un servicio efectivamente prestado por el Estado, pues
de allí deriva el derecho del Estado para reclamar su pago. El monto de la tasa debe observar una razonable proporción
con el costo del servicio que retribuye, si bien no es necesario que exista una equivalencia estricta y matemática, por lo
que la impugnación de una tasa por abusiva o desproporcionada a aquel costo sólo podría hacerse a la luz del principio de
no confiscatoriedad.
La relación que debe existir entre la tasa y el costo del servicio no implica una equivalencia estricta, sino que al
cobro de una tasa corresponda siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio a algo no menos
individualizado (bien o acto) del contribuyente, por lo que la impugnación de una tasa considerada exorbitante debe
juzgarse desde el punto de vista de su posible carácter confiscatorio.
El importe de una tasa puede ser distribuido entre los sujetos obligados teniendo en cuenta no sólo el costo
efectivo del servicio en relación a cada contribuyente, sino también su capacidad contributiva, sin que por ello deba
considerarse a la gabela como un impuesto.
No procede la acción si se ha demostrado que el cobro de la tasa impugnada corresponde a la concreta, efectiva e
individualizada prestación de un servicio, y no se ha probado, tal como se observa de la totalidad de la prueba producida,
que la tasa fijada resulte confiscatoria, o que revele la existencia de un impuesto.
La tasa cuestionada pertenece a la órbita de las facultades municipales, y ha sido fijada dentro del ámbito de
aquellas que por su naturaleza son propias de los municipios, de conformidad a las normas constitucionales y el
ordenamiento jurídico vigente. El Concejo Deliberante, en virtud de las facultades y atribuciones conferidas en la Carta
Orgánica Municipal, ha fijado dicha tasa para la explotación de salas de entretenimientos y juegos de azar, para lo cual
pudo tener en cuenta no sólo el aumento en el costo del servicio, sino también la capacidad contributiva.
TRIBUNAL: Dres. Ferraris, Garros Martínez, Vittar, Ayala, Catalano. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias. CAUSA:
ENTRETENIMIENTOS Y JUEGOS DE AZAR SOCIEDAD ANÓNIMA - EN.J.A.S.A. – ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. Nº CJS 31.684/08) (Tomo 151: 97/112 – 23/noviembre/2010)
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD. Vigencia de la Ordenanza. Consejo Deliberante. Afectación de mas del
3% de los ingresos del municipio. Declaración de inconstitucionalidad: requisitos. Principio de legalidad.
Autolimitación de las provincias . Federalismo de concentración . Coparticipación de impuestos de los municipios.
Constitucionalidad de la ley 6832.
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR la demanda de inconstitucionalidad interpuesta a fs. 27/35. Con costas por su
orden. II. DESESTIMAR el planteo de inconstitucionalidad de la ley 6832 efectuado a fs. 143/144. Con costas por su
orden.
DOCTRINA: El art. 30, inc. 2º, de la ley 1349 prescribe en su primera parte que si una ordenanza es observada y el
concejo deliberante insiste por dos tercios de votos, el intendente deberá promulgarla. Ahora bien, si –como ocurre en
1

autos- ello no se verifica, resulta de aplicación la segunda parte de la norma citada, que dispone que se considera en
vigencia una ordenanza si no se la promulga dentro del plazo de diez días, obviamente computado desde la notificación al
titular del ejecutivo municipal de la resolución confirmatoria del órgano legislativo.
No surge de dicho ordenamiento que los únicos montos que los Concejos Deliberantes puedan afectar a sus
gastos totales tengan como límite el 3 % de los recursos provenientes de la coparticipación y las regalías, si el municipio
tiene otros ingresos.
Atento a que en la propia demanda, el intendente aclaró que el Concejo Deliberante de El Bordo sólo está
facultado a recibir hasta un 3 % de los montos provenientes de la explotación de los recursos renovables más el 3 % de los
ingresos propios, y si bien no fundamentó dicho porcentual, lo real y concreto es que de esa forma admitió que el total de
los gastos del cuerpo legislativo puede integrarse no sólo por el 3 % de los fondos por coparticipación y regalías, sino
también por una proporción proveniente de “ingresos propios”, que son los “recursos corrientes de jurisdicción
municipal” consignados en la planilla aportada por el actor, cabe concluir que en el caso concreto, no se verifica la
inconstitucionalidad alegada.
La declaración judicial de inconstitucionalidad requiere no sólo la aserción de que la norma impugnada puede
causar agravio constitucional, sino que se haya afirmado y probado que ello ocurre en el caso concreto.
En un estado de derecho, el principio de legalidad se impone a los tres poderes como modo de frenar la
omnipotencia a la que el ejercicio de la autoridad podría llevar y, como corolario, es de la esencia del sistema económico
constitucional que rige en la Nación y en todas las provincias, el poder de disponer de los dineros públicos reside en el
departamento legislativo del gobierno, aun cuando corresponda al ejecutivo, por la naturaleza de sus funciones, hacer
efectivas las disposiciones de aquel poder.
Los municipios deben respetar las obligaciones de autolimitación que las provincias contrajeron mediante las
llamadas leyes–convenio. En efecto, en reiterados pronunciamientos la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
afirmado que los pactos fiscales tanto como la ley de coparticipación, comportan por sus alcances y contenido una
manifestación positiva del llamado federalismo de concertación tendiente a establecer mediante la participación
concurrente del Estado nacional y las provincias, un programa destinado a adoptar una política uniforme que armonice y
posibilite el crecimiento de la economía nacional y la reactivación de las economías regionales. En este sentido, ha
concluido que estas manifestaciones del federalismo de concertación configuran el derecho intrafederal y son parte del
derecho local, dado que reconoce la existencia de una trama de coordinación entre los distintos niveles de gobierno que se
proyecta sobre la validez de los tributos.
En los considerandos del decreto nº 73/95 se expuso que de conformidad con las disposiciones de los arts. 169
inc. 7º y 171 de la Constitución de la Provincia, corresponde a los municipios “la coparticipación en los impuestos que
recauden la Nación o la Provincia con las alícuotas que fije la ley” y “un porcentaje establecido por ley” de “los fondos
provenientes de la explotación de los recursos no renovables que perciba la Provincia”; que si por ley se puede fijar una
alícuota o porcentaje de tales ingresos, es evidente que, por aplicación del argumento “el que puede lo más, puede lo
menos”, es posible determinar también el destino de los fondos, y que en el caso, la condición es totalmente razonable y
tiende a que los ingresos de los municipios se orienten hacia la atención de los sectores más carentes.______
Si se soslaya la ley de coparticipación de impuestos de los municipios, ello significa ignorar la rotunda
prohibición del tercer párrafo del art. 68 de la C.P., lo que no puede ser admitido. De otra manera, se vería conculcado el
principio cardinal de legalidad (art. 31 de la C.N.) como así también se pondría en juego la seguridad jurídica que
constituye un valor con rango constitucional (art. 33 de la C.N.) y representa una de las principales bases de sustentación
del ordenamiento jurídico, cuya tutela innegable corresponde a los jueces.
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: VALDIVIEZO, FAUSTO EDUARDO – ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. Nº CJS
32.448/09) (Tomo 151: 405/418 - 25/noviembre/2010)
ACLARATORIA. Falta de firma de la presentante. Firma del letrado. Inexistencia.
CUESTIÓN RESUELTA: I. DECLARAR la inexistencia procesal del escrito de fs. 79._________________
DOCTRINA: Es un requisito esencial de todo escrito judicial la firma de su presentante, insusceptible de ser suplido por
la del letrado que no ha invocado, en tiempo y forma, poder para representar al recurrente ni razones de urgencia que
hagan aplicable lo dispuesto por el art. 48 del C.P.C. y C. En consecuencia, dicha presentación constituye un acto jurídico
inexistente y ajeno, como tal, a cualquier convalidación posterior.
La falta de firma de la presentante reviste una gravedad de tal índole que trae como resultado privar de todo
efecto procesal a dicha pieza, lo que conduce a calificarla como un acto inexistente y cuyas derivaciones importan que
carezca de toda posibilidad de producir consecuencias jurídicas, sin que a esta conclusión pueda oponérsele la mayor o
menor entidad de la pretensión en ella contenida.
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias. CAUSA: DÍAZ,
FAUSTINA CONCEPCIÓN VS. POMA, VIOLETA – QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO (Expte. Nº CJS
30.861/07) (Tomo 151:383/386 - 25/noviembre/2010)
ACLARATORIA. Improcedencia _________________________________________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al pedido de aclaratoria formulado a fs. 324.
DOCTRINA: Una vez dictada la resolución, a esta Corte sólo le cabe "corregir a pedido de parte formulado dentro de los
tres días de la notificación y sin sustanciación, cualquier error material; aclarar algún concepto oscuro sin alterar lo
sustancial de la decisión y suplir cualquier omisión en que se hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones deducidas
y discutidas en el litigio..." (art. 166, inciso 1º del Código Procesal Civil).
La aclaratoria resulta improcedente, en tanto de los términos de la presentación se evidencia que la integración
solicitada excede su objeto.
TRIBUNAL: Dres. Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar. DOCTRINA: Dra. Solá de
Arias. CAUSA: TORREZ CARDOZO, MARTÍN VS. OSSORIO, JUDITH Y/O HEREDEROS DE LA SUCESIÓN DE
JUAN OSCAR JUNG - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. Nº CJS 31.801/08) (Tomo 151:
1085/1088 – 7/diciembre/2010)
EXCUSACIÓN. Fiscal ante la Corte. Improcedencia. __________________________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR la excusación formulada a fs. 276 por el señor Fiscal ante la Corte Nº 1, Dr.
Alejandro A. Saravia, para intervenir en autos.
DOCTRINA: (Mayoría) De conformidad al art. 33 del Código Procesal Civil y Comercial, el tribunal ante el que
formulan su excusación los funcionarios del Ministerio Público tiene la facultad de separarlos de la causa. Esta
2

circunstancia determina, a su vez, la facultad de aceptarla o no, según cuáles sean las razones esgrimidas por quien se
excusa. (Del voto de los Dres. Cornejo, Garros Martínez, Posadas)
No procede la excusación formulada por el Sr. Fiscal ante la Corte fundada en la causal de parentesco con el
Director General de Rentas, ya que al momento de la deducción del recurso de inconstitucionalidad compareció otro
funcionario en tal carácter. (Del voto del los Dres. Cornejo, Garros Martínez, Posadas y Ayala).
(Minoría) Cuando el planteo de inhibición se formula por miembros del Ministerio Público Fiscal, de acuerdo a
lo preceptuado en el art. 33 del C.P.C.C., corresponde observar un trámite análogo al señalado en el art. 31 de ese
ordenamiento para los casos de excusación de jueces.
Conforme a este criterio, a esta Corte no le incumbe intervenir en la presente instancia dado que no se ha
otorgado la correspondiente participación al otro Fiscal ante la Corte para que manifieste si acepta o no la excusación
efectuada por su par.
En razón de lo expuesto, corresponde ordenar la remisión de autos al Ministerio Público Fiscal para que se
consienta o rechace la inhibición formulada en los términos de los arts. 22 y ccs. de la ley Nº 7328. (Del voto del Dr.
Vittar)
TRIBUNAL: Dres. Cornejo, Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias. CAUSA:
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA PCIA. DE SALTA VS. TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE
S.A. – RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. N° CJS 31.615/08) (Tomo 151: 165/170 -
23/noviembre/2010)
EXCUSACIÓN. Violencia moral. Excusación: amistad.
CUESTIÓN RESUELTA: I. ACEPTAR las excusaciones formuladas a fs. 374 y 376 por los señores Jueces de Corte
Dres. Abel Cornejo y Guillermo Alberto Catalano respectivamente, para intervenir en autos.
DOCTRINA: (Mayoría) Resulta procedente la petición del Magistrado que se excusa de intervenir en razón de la
violencia moral que le ocasionan las manifestaciones del letrado patrocinante de la parte demandada en una nota
periodística cuya copia acompaña.
En materia de excusación, las razones invocadas por los magistrados, cuando no se consideran en libertad de
opinión para dictar sentencia, deben ser evaluadas con amplitud. Los conceptos de decoro o delicadeza, indicados en la
norma procesal mencionada, han de ser analizados sin violentar el fuero íntimo del magistrado que lo ha llevado a
expresar la necesidad de su separación.
En un aspecto más amplio aún, la garantía constitucional de ser oído por un tribunal competente e imparcial,
prevista en los arts. 8 inc. 1º del Pacto de San José de Costa Rica y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, conduce a interpretar razonablemente las normas relativas a la inhibición de los jueces, de manera que las
situaciones invocadas por ellos, aún cuando trasciendan los límites trazados por la reglamentación contenida en las
normas procesales, den lugar a su apartamiento.
Resulta precedente la excusación planteada por el Magistrado con sustento en la relación de amistad de larga data
con el letrado patrocinante de la demandada y por haberle dado un poder para juicios por las consideraciones
precedentemente vertidas. (Del voto de los Dres. Posadas, Vittar, Garros Martínez, Paz Hernández y Ruiz)
(Minoría) No procede la excusación fundada en la causal de amistad con el letrado por que no encuadra en los
supuestos taxativamente previstos en el art. 17 del CPCC, pues no se manifiestan las condiciones plasmadas en el inc. 9º
de esa norma.
La causal de excusación cuando a juicio del magistrado, concurrieren razones suficientes que pudieren conmover
o debilitar la confianza pública en relación a su imparcialidad, es una situación valorable sólo por el juez que la invoca.
No se requiere la efectiva producción de la misma sino sólo su posibilidad, pues basta que el hecho permita,
razonablemente, al magistrado, sentir que se duda de su imparcialidad. No obstante ello, si bien la valoración de la
posibilidad de conmoción de la confianza pública acerca de la imparcialidad compete sólo al juez que invoca la causal,
ello no impide el control de la razonabilidad de dicha afirmación por parte del tribunal.
No procede la excusación formulada si no se rescata dato objetivo alguno que permita acceder a ella. Por lo
contrario, admitirla implicaría un exceso de subjetividad que no es dable priorizar en la defensa del juez natural.
En cuanto al otorgamiento de poder general para juicios, el sólo hecho de la contratación de los servicios de un
abogado, por parte de un magistrado, para que lo aconseje y asista en un conflicto judicial, ya sea en el carácter de
patrocinante o apoderado no está contemplado como causal de excusación a no ser que esa relación profesional haya
cimentado una gran amistad que llegue a entrañar una verdadera violencia moral al momento de decidir en un pleito en
que el abogado actúe defendiendo los intereses de un tercero.
Respecto del Magistrado cuya excusación se funda en lo señalado en un artículo periodístico cabe señalar que
para que para el mentado articulo fuera susceptible de ocasionar un supuesto de “vis” moral y, entonces, incitar el deber
de excusación, tiene que fundarse en motivos bastantes, esto es, importantes, problemáticos, embarazosos, o bien en
"escrúpulos fundados en razones serias", que comporten un verdadero impedimento subjetivo del magistrado y no una
posibilidad de que ello acontezca.
Si bien, por principio, sólo el magistrado que se excusó de entender en una causa por haber sido denunciado por
un letrado y recibido manifestaciones agraviantes hacia su persona, puede valorar hasta qué punto esas expresiones
pueden afectar su espíritu, la naturaleza de la función que desempeña lo obliga a sobreponerse a tal afectación y ejercer el
poder conferido decidiendo libre e independientemente el caso traído a su conocimiento. Obrar de otro modo puede,
eventualmente, provocar que los justiciables recurran a estas actuaciones para provocar el desplazamiento de una causa
del conocimiento del juez competente. (Del voto de los Dres. Ayala y Miranda)
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Garros Martínez-Jueces de Corte-, Froilán Manuel Miranda y José Gerardo
Ruiz –Jueces de Cámara llamados a integrar-. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias. CAUSA: VARGAS, MARÍA LORENA
Y/O ZENOBI, CARLOS EDUARDO VS. COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE
SALTA - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. Nº CJS 31.960/08) (Tomo 151: 85/96 –
23/noviembre/2010)
MEDIDA CAUTELAR. Acción de inconstitucionalidad. Suspensión de leyes o actos administrativos. Verosimilitud del
derecho. Prerrogativas municipales. Cableado subterráneo. Peligro en la demora. Bilateralidad. _______
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada a fs. 22/23. __________
DOCTRINA: (Mayoría) Las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia
del derecho pretendido sino sólo su verosimilitud, y que dicho análisis no entraña más que un juzgamiento acerca de la
probabilidad de la existencia del derecho debatido, toda vez que su definitivo esclarecimiento constituye materia del
pronunciamiento final a dictarse oportunamente.
3

No proceden, por vía de principio, las medidas cautelares tendientes a obtener la suspensión de la ejecución de
leyes o actos administrativos atento a la presunción de legitimidad que ampara a los actos de los poderes públicos. Por
tales motivos, sólo pueden decretarse cuando además de la presencia de los recaudos generales de verosimilitud del
derecho, peligro en la demora y contracautela, concurran requisitos específicos como daño irreparable, ilegalidad
manifiesta o indudables razones de interés público.
La concesión de una medida precautoria en el ámbito de la acción de inconstitucionalidad, adquiere una
particular configuración que se vincula con la irreparabilidad del perjuicio, a la vez que resulta imprescindible la
consideración del interés público comprometido.
La verosimilitud del derecho, en casos donde se enfrenta con el principio de ejecutividad de la ley, que a su vez
se basa en su presunción de legitimidad y validez, sólo puede configurarse cuando la fuerza de convicción de los datos
que debe aportar quien pide la suspensión o el cese de los efectos desvanezca tal presunción. La sola tacha de
arbitrariedad o ilegitimidad no alcanza para cumplimentar este recaudo, pues será necesario incorporar elementos de
juicio contundentes que demuestren –en el grado provisorio del juzgamiento precautorio- la colisión de la norma con el
derecho o garantía constitucional invocado; mientras no se desvirtúe esa presunción, no existe la necesaria verosimilitud
que torna viable la prohibición de innovar solicitada.
En materia de prerrogativas municipales, el Alto Tribunal Federal ha dicho que el régimen municipal que los
constituyentes reconocieron como esencial base de la organización política argentina al consagrarlo como requisito de la
autonomía provincial (art. 5° de la Constitución Nacional) consiste en la administración de aquellas materias que
conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o lugar particular sin que afecte directamente a la Nación en su
conjunto y, por lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar las normas de buena vecindad, ornato,
higiene, vialidad, moralidad, etc. de la comuna y del poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones.
Siendo que conforme a la Constitución Provincial y la ley 6534 el poder de policía comunal comprende tanto los
aspectos urbanísticos, edilicios y paisajísticos como la salubridad, higiene y la seguridad pública, el reducido marco de
análisis que procede aquí efectuar impide tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado, pues la alegada
vulneración del marco regulatorio eléctrico y la supuesta interferencia en el servicio público de distribución de energía
eléctrica, no empece la ausencia de elementos de persuasión suficientes en torno a cuáles serían los componentes
determinantes de los mayores costos en que la actora dice que tendría que incurrir para realizar el cableado subterráneo
exigido por la normativa municipal vigente para la zona céntrica de esta ciudad.
En cuanto al peligro en la demora, cabe señalar que este es un requisito vinculado con la inminencia de un daño
irremediable y el temor fundado de que durante la tramitación del juicio, el evento que se trata de evitar pueda privar de
eficacia o tornar abstracta la sentencia.
Si no se sustentó adecuadamente el daño irreparable que sufriría la actora de no concederse la cautelar solicitada,
no existen razones suficientes para adoptar una decisión tan grave como eximirla del cumplimiento de lo ordenado por la
ley, que debe ser acatada hasta tanto se resuelva sobre su validez constitucional. Ello es así, pues en tales casos, el peligro
en la demora no se refiere tanto a la insatisfacción final del derecho sino más bien al perjuicio irreparable que la tardanza
en obtener esa satisfacción acarreará.
No procede la medida solicitada si coincide con el objeto del juicio, por lo cual su otorgamiento importaría un
adelanto sustancial del resultado del proceso sin escuchar a la contraria, con grave vulneración del debido proceso y del
principio de bilateralidad, excediendo lo pretendido el reducido marco de conocimiento que es propio de las peticiones
cautelares. (Del voto de los Dres. Catalano, Cornejo, Garros Martínez y Posadas)
En supuestos como el evaluado, debe efectuarse una exégesis integradora y armónica de todas las cláusulas del
contrato de concesión, que en su art. 25 establece la obligación de la distribuidora de adecuar su acción a la preservación y
mejora de los ecosistemas involucrados con el desarrollo de su actividad, y cumplir las normas de resguardo ambiental
(inc. n), como así también el deber de cumplir todas las leyes y regulaciones que por cualquier concepto le sean
aplicables, entre las que no se puede soslayar el régimen protectorio del medio ambiente, constituido fundamentalmente
por el art. 41 de la Constitución Nacional, el art. 78 de la Constitución de Salta y la ley provincial 7070. (Del voto del Dr.
Posadas)
(Minoría) Si bien, con arreglo a la conocida doctrina de esta Corte, no proceden, por vía de principio, las
medidas cautelares contra actos administrativos o legislativos -tanto provinciales como municipales- habida cuenta de la
presunción de validez que ostentan, ello no es óbice para decretarlas cuando, como en la especie sucede, se los impugna
sobre bases “prima facie” verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales.
La apreciación de la verosimilitud del derecho, requisito para la procedencia de la medida cautelar peticionada
(art. 232 del Código Procesal en lo Civil y Comercial), no entraña más que un juzgamiento acerca de la probabilidad de la
existencia del derecho debatido, toda vez que su definitivo esclarecimiento constituye materia del pronunciamiento final a
dictarse oportunamente.
Corresponde decretar la prohibición de innovar y suspender, respecto de la actora, los efectos de la ordenanza
que dispone la obligatoriedad del tendido subterráneo de instalaciones en determinadas áreas de la ciudad, pues tales
disposiciones, “prima facie”, denotan que el municipio habría exorbitado su competencia, al regular actividades sujetas a
la jurisdicción de la Provincia -ley 6819-, contraponiéndose, además, con el convenio celebrado entre el Estado Provincial
y EDESA S.A., lo cual hace mérito para que la presunción de legitimidad que ampara las disposiciones generales
emanadas de los poderes públicos juegue, en el caso, y por razones de jerarquía normativa, a favor de la ley que avalaría
el derecho de la actora. (Del voto de los Dres. Vittar, Ayala y Ferraris)
TRIBUNAL: Dres. Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris. DOCTRINA: Dra. Solá de
Arias. CAUSA: EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD DE SALTA – EDESA S.A. – ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. Nº CJS 33.657/10) _______________________________________ (Tomo 151:
907/926 – 7/diciembre/2010)
MEDIDA CAUTELAR. Acción de inconstitucionalidad. Suspensión de los efectos de la ley. Verosimilitud del derecho.
Principio de legalidad. Medida que coincide con el objeto del juicio. Peligro en la demora.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR a la medida cautelar solicitada a fs. 39/40 punto IX.
DOCTRINA: La procedencia de medidas cautelares tendientes a enervar la vigencia de leyes o actos administrativos debe
juzgarse con criterio restrictivo, atento a la presunción de legitimidad que ampara a los actos de los poderes públicos, por
lo que sólo deben decretarse cuando, además de la presencia de los recaudos generales de verosimilitud del derecho,
peligro en la demora y contracautela, concurran requisitos específicos como daño irreparable, ilegalidad manifiesta o
indudables razones de interés público.
Las medidas de no innovar no resultan, en principio, procedentes respecto de actos administrativos o legislativos
provinciales, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan.
4

La sola tacha de arbitrariedad o ilegitimidad no alcanza en consecuencia para cumplimentar este recaudo, pues
será necesario incorporar elementos de juicio contundentes que demuestren –en el grado provisorio del juzgamiento
precautorio- la colisión de la norma con el derecho o garantía constitucional invocado; mientras no se desvirtúe esa
presunción, no existe la necesaria verosimilitud que torne viable la prohibición de innovar solicitada.
El invocado principio de legalidad o de reserva de ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación,
sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la
representatividad de los contribuyentes. En tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la
creación de impuestos, tasas o contribuciones como a las modificaciones de los elementos fundamentales que componen
el tributo, es decir el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones.
En cuanto al peligro en la demora, requisito ineludible para la procedencia de la medida cautelar solicitada, si
bien su valoración queda librada al prudente arbitrio de los jueces, cabe destacar que en supuestos como el de autos debe
ser vinculado necesariamente con la irreparabilidad o gravedad del perjuicio, o que éste resultare proporcionalmente
mayor al que devendría de la suspensión. (Del voto de los Dres. Ayala, Cornejo, Ferraris y Posadas)
La procedencia de medidas cautelares tendientes a enervar la vigencia de leyes o actos administrativos debe
juzgarse con criterio restrictivo, atento a la presunción de legitimidad que ampara a los actos de los poderes públicos, por
lo que sólo deben decretarse cuando, además de la presencia de los recaudos generales de verosimilitud del derecho,
peligro en la demora y contracautela, concurran requisitos específicos como daño irreparable, ilegalidad manifiesta o
indudables razones de interés público. Esta doctrina es, por lo demás, coincidente con la jurisprudencia pacífica de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme a la cual las medidas de no innovar no resultan, en principio,
procedentes respecto de actos administrativos o legislativos provinciales, habida cuenta de la presunción de validez que
ostentan.
No procede la medida si su otorgamiento o no exigiría anticipar indebidamente la sentencia definitiva y adelantar
opinión sobre la validez de la ordenanza atacada, lo que implica tanto como dictar sentencia sobre la cuestión de fondo
planteada sin escuchar a la demandada. Esta situación conllevaría la vulneración de las garantías constitucionales del
debido proceso y la defensa en juicio.
La nota verdaderamente típica de las providencias cautelares es la de no constituir un fin en sí mismas, sino la de
estar ineludiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior providencia definitiva.
En cuanto al peligro en la demora, requisito ineludible para la procedencia de la medida cautelar solicitada, si
bien su valoración queda librada al prudente arbitrio de los jueces, tal como se señaló en múltiples precedentes de este
Tribunal, la concesión de una medida precautoria en el ámbito de la acción de inconstitucionalidad adquiere una particular
configuración que se vincula con la irreparabilidad del perjuicio, a la vez que es necesario que esté cuidadosamente
resguardada la prevalencia del interés público. (Del voto de los Dres. Garros Martínez, Vittar)
TRIBUNAL: Dres Ayala, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: COMITÉ DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR (CODELCO) – ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
(Expte Nº CJS 33.241/10) (Tomo 151: 427/438 - 26/noviembre/2010)
MEDIDA CAUTELAR. Finalidad. Modificación. Levantamiento. Costas. __________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. HACER LUGAR al incidente interpuesto a fs. 90/94 y, en su mérito, ORDENAR el
levantamiento de la prohibición de innovar decretada a fs. 37/39. Costas por su orden.
DOCTRINA: Las resoluciones cautelares responden a la finalidad de garantizar el éxito de la futura sentencia; son
instrumentos creados para asegurar el derecho sustancial mientras se debate su procedencia. Cuando el tribunal las dicta,
tiene en cuenta cierta situación de hecho y jurídica, en la cual estima reunidos los presupuestos indispensables de
verosimilitud y peligro en la demora.
Es posible que en el desarrollo del proceso, ese marco referencial se altere o modifique, por lo que es lógico que
tales cambios se reflejen inmediatamente en los anticipos jurisdiccionales hasta entonces dispuestos, lo que se ve reflejado
en la disposición del art. 202 del C.P.C.C.
Al haber este Tribunal resuelto, en el expediente conexo Nº CJS 32.448/09, el rechazo de la acción de
inconstitucionalidad, es natural concluir que han quedado sin efecto las circunstancias que determinaron el andamiento de
la cautelar. Por tal razón, ninguna duda cabe acerca de la procedencia del levantamiento de la medida.
(Mayoría) Deben imponerse las costas por el orden causado en virtud de que la medida cautelar que da un efecto
por la circunstancia que, cristalizada luego de la sustanciación del incidente, no integro los argumentos del demandado.
(Del voto de los Dres. Vittar, Ayala, Cornejo, Ferraris y Posadas)
(Minoría) Deben imponerse las costas por el orden causado, teniendo en cuenta que se trata de una situación de
agotamiento de la materia sometida a decisión, donde el Tribunal no alcanza a pronunciarse, y por ello, no hay vencedor
ni vencido. (Del voto de la Dra. Garros Martínez).
TRIBUNAL: Dres. Vittar, Ayala, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR EN EXPTE. CJS 32.448/09
CARATULADO: VALDIVIEZO, FAUSTO EDUARDO – ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. Nº INC.
32.448/09) (Tomo 151: 399/404 - 25/noviembre/2010)
RECURSO DE QUEJA. Autosuficiencia. ___________________________________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR a la queja interpuesta a fs. 21/24 vta.
DOCTRINA: (Mayoría) Obsta a la admisibilidad formal de la queja la omisión de acompañar cédula de notificación del
rechazo del recurso de inconstitucionalidad debidamente diligenciada. Tal falencia imposibilita establecer, sin necesidad
de tener los autos principales a la vista, si la impugnante ha interpuesto la queja en término.
Es doctrina reiterada por este Tribunal que la queja debe autoabastecerse, vale decir, debe ser posible resolverla
sólo con los recaudos acompañados por el recurrente y, si bien es posible requerir la remisión del expediente principal, se
trata de una facultad discrecional de esta Corte, que no puede ser utilizada para suplir la omisión de quien no cuida el
cumplimiento de los recaudos esenciales. (Del voto de los Dres. Vittar, Ferraris, Garros Martínez y Posadas).
(Minoría) El alcance de la revisión por esta Corte en el recurso directo o de queja se circunscribe, en principio, al
análisis de la atendibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad denegado, a fin de que –si así correspondiere-
ordene su tramitación.
No debe limitarse a denegar o conceder mecánicamente el recurso de inconstitucionalidad sino que, valorando
los agravios desde la óptica del recurrente, debe efectuar un juicio de probabilidad sobre la afectación de principios
constitucionales.
5

La alegada arbitrariedad del fallo de la Cámara amerita la concesión del recurso de hecho, en tanto los agravios
expuestos poseen entidad suficiente “prima facie” como para habilitar el control de constitucionalidad por la vía del
remedio intentado, sin que ello importe obviamente anticipar opinión sobre la solución de fondo. _________
Ello, porque del material de agravios y las constancias de autos surge que podría existir una lesión concreta a los
derechos invocados por la recurrente. Tal circunstancia hace mérito para que este Tribunal entre a valorar si el “a quo” ha
realizado una valoración e interpretación arbitrarias de las pruebas arrimadas a la causa y si hubo un apartamiento del
derecho aplicable al caso. (Del voto de la Dra. Ayala).
TRIBUNAL: Dres. Ayala, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias. CAUSA:
ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y SANATORIOS PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA VS. ESTEBAN, JUAN
JOSÉ – QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO (Expte. Nº CJS 32.939/09) (Tomo 151: 75/80 –
15/noviembre/2010)
RECURSO DE QUEJA. Autosuficiencia. ____________________________________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 8/10 de autos. ____________
DOCTRINA: Para posibilitar el examen de los agravios, el interesado debe acompañar todos los recaudos necesarios, tal
como lo prescribe el artículo 276 del Código Procesal Civil y Comercial, de modo que si no se presenta copia de la
sentencia de primera instancia, del memorial de la apelación ordinaria ni de la sentencia de Cámara, como en el caso
sucede, debe entenderse que no se ha cumplido con el requisito exigido por dicha norma, y tal omisión determina la
improcedencia formal de la queja. Es que ésta debe autoabastecerse, vale decir, su resolución debe ser posible con los
solos recaudos acompañados por el recurrente.
El requerimiento del expediente principal, previsto por el art. 276 citado, es una mera facultad discrecional del
Superior, al que no le cabe suplir la falta del recurrente, sino tan sólo juzgar sobre la base de lo que le hayan ofrecido los
propios interesados.
TRIBUNAL: Dres. Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar. DOCTRINA: Dra. Solá de
Arias. CAUSA: GARCÍA, JULIA ELENA VS. HOYOS, AGUSTÍN – QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO
(Expte. Nº CJS 33.768/10) (Tomo 151: 927/932 – 7/diciembre/2010)
RECURSO DE QUEJA. Cuestiones de hecho, prueba y derecho común. Fundamentación. Prórroga de competencia.
Doctrina de la arbitrariedad. ______________________________________________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 335/338 vta. de autos.
DOCTRINA: El carácter excepcional del recurso de inconstitucionalidad determina su improcedencia cuando se la dirige
contra sentencias que han sido contrarias a las aspiraciones del recurrente y en las cuales se resuelven cuestiones de
hecho, prueba o derecho común, como también en los supuestos de discrepancia con la valoración, interpretación y
conclusiones efectuadas en la sentencia por los jueces, ya que el recurso de inconstitucionalidad local sólo opera en casos
de sentencias arbitrarias, a fin de corregir desaciertos de gravedad extrema que las descalifiquen como pronunciamientos
judiciales.
Si el apelante no controvierte de manera eficaz la totalidad de los fundamentos en que se apoyan las conclusiones
del “a quo”, es inconducente el tratamiento de los reparos formulados en la instancia extraordinaria.
No resulta arbitraria la sentencia que considera prorrogada la competencia territorial aún cuando la accionante no
firmó el anexo que estableció tal prorroga, si en la parte final del instrumento se dispuso que se consideraba aceptada la
propuesta en todos términos y consideraciones, al momento de remitir la actora la autorización para ingresar al
establecimiento a colocar la cartelería y el equipamiento correspondiente.
La doctrina de la arbitrariedad requiere, para su procedencia, que las resoluciones recurridas prescindan
inequívocamente de la solución legal prevista para el caso o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación.
TRIBUNAL: Dres. Ayala, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: JIMENO, MARÍA MERCEDES VS. GIRE S.A. – QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO (Expte. Nº
CJS 32.990/09) (Tomo 151: 243/250 - 23/junio/2010)
RECURSO DE QUEJA. Extemporaneidad.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR a la presentación de fs. 39/41.
DOCTRINA: Resulta extemporánea la queja deducida fuera del plazo perentorio de cinco días.
La queja resulta un remedio viable sólo contra la denegación del recurso extraordinario, sin que quepa su
promoción para impugnar el rechazo de otras articulaciones.
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias. CAUSA: SAN
MIGUEL, JORGE VS. VILTE DE ARANCIBIA, EULOGIA BENITA – S/SUCESORES – QUEJA POR REC. DE
INCONST. DENEGADO (Expte. Nº CJS 33.486/10) (Tomo 151: 307/312 - 23/noviembre/2010)
RECURSO DE QUEJA. Fundamentación. Interpretación y aplicación del derecho común. ____________
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 154/172 de autos. _________
DOCTRINA: La doctrina es pacífica en considerar a la queja como una institución necesaria en el sistema procesal
vigente, pues la impugnación se deduce ante el tribunal que dictó la sentencia, de lo cual resulta que es indudable que si el
recurso se dedujese ante el tribunal superior directamente, carecería de objeto esta categoría. La queja, empero, no
constituye propiamente un recurso, ni un medio de impugnación de los actos jurisdiccionales, sino sólo un medio para
obtener la concesión de otro recurso declarado inadmisible.
Es esencial que la queja contenga claros argumentos convincentes de la insuficiencia de los fundamentos
esgrimidos por el “a quo” al clausurar la viabilidad del recurso. Y la falta de debida fundamentación de la queja, conforme
con la constante doctrina de este Tribunal, provoca su desestimación.
No es arbitraria la sentencia que rechazó el incidente con fundamento en que el actor no acreditó la posesión
invocada y que solamente acompañó copias simples del boleto de compraventa, además de perfeccionar el contrato con la
concursada con posterioridad a la constitución de hipoteca sobre el bien.
La interpretación y aplicación del derecho común es materia propia del tribunal de la causa y ajena –por regla y
por su naturaleza- al recurso de inconstitucionalidad, el que no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la
solución de las cuestiones que les son privativas.
TRIBUNAL: Dres. Cornejo, Catalano, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala. DOCTRINA: Dra. Solá de
Arias. CAUSA: MÁRQUEZ MATEO, GERARDO DANIEL VS. GRANZA S.A. – QUEJA POR REC. DE INCONST.
DENEGADO (Expte. Nº CJS 33.617/10) (Tomo 151: 725/732 – 1/diciembre/2010)
6

RECURSO DE QUEJA. Fundamentación. Recurso de inconstitucionalidad: Finalidad. Caducidad de instancia.
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 54/57 de estas actuaciones.
DOCTRINA: Es esencial que la queja contenga claros argumentos convincentes de la insuficiencia de los fundamentos
esgrimidos por el “a quo” al clausurar la viabilidad del recurso. De este modo, los agravios deben dirigirse a controvertir
los fundamentos desarrollados al denegar el recurso de inconstitucionalidad, a fin de demostrar la falta de razonabilidad
de ellos y no de la sentencia tachada de inconstitucional. La falta de debida fundamentación de la queja, conforme con la
constante doctrina de este Tribunal, provoca la desestimación del recurso.
El remedio extraordinario, lejos de importar la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del
estricto control de constitucionalidad y no para revisar sentencias pronunciadas por los jueces de la causa, en tanto y en
cuanto ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un principio constitucional, o que impliquen su
descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad, tal como ha sido
elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No evidencia arbitrariedad la decisión que consideró que no constituyen actos interruptivos del plazo de
perención la presentación del actor con nuevo apoderado, la constitución del domicilio y el ofrecimiento de testigos en
virtud de que tales actos en modo alguno provocaron una innovación en el estado procesal de juicio, habida cuenta que,
cuando se ordenó en nuevo traslado de la demanda, la actora no dio cumplimiento con dicho trámite.
TRIBUNAL: Dres. Ayala, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: ZERPA, LIDIA VS. ALBERTO, GUILLERMO RAMÓN – QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO
(Expte. Nº CJS 33.714/10) (Tomo 151: 251/258 - 23/noviembre/2010)
RECURSO DE QUEJA. Fundamentación. Recurso de inconstitucionalidad: finalidad, fundamentación. Ley de defensa
al consumidor. Doctrina de la arbitrariedad. __________________________________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 44/50 de autos. ___________
DOCTRINA: La queja constituye un mecanismo corrector de la falta de concesión del recurso de inconstitucionalidad y
no de la sentencia principal, por lo que los agravios del quejoso deben dirigirse a censurar la denegatoria, analizando cada
una de las razones en las cuales el tribunal “a quo” fundó su resolución y demostrar así su falta de razonabilidad.
El recurso de inconstitucionalidad, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el
cumplimiento del estricto control de constitucionalidad, por lo que no puede importar en modo alguno la habilitación de
una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se
evidencien vicios de entidad grave como para constituir una lesión a un principio constitucional, o su descalificación
como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad.
La correcta deducción del recurso extraordinario exige la crítica concreta de la sentencia de segunda instancia,
desde el estricto punto de vista constitucional; para ello el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en
los cuales se sustentó el tribunal “a quo” para arribar a las conclusiones que lo agravian. Además, si no se controvierte de
manera eficaz la totalidad de los razonamientos donde se apoyan las conclusiones de la alzada, es inconducente el
tratamiento de los reparos formulados en la instancia extraordinaria.
La Corte Federal tiene dicho que las leyes han de interpretarse evaluando la totalidad de sus preceptos y los
propósitos finales que las informan, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y
garantías de la Constitución Nacional
No es arbitraria la sentencia que estableció que si bien cualquier duda que surja en la exégesis del contrato debe
ser resuelto a favor del consumidor; ello operaría salvo que se produzca prueba suficiente que diluya aquella oscuridad y
establezca claramente los términos del convenio.
La doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y sólo reservada para aquellos supuestos en los
cuales el pronunciamiento impugnado contiene vicios de gravedad extrema que lo descalifiquen como acto judicial
válido. De allí que tal doctrina no puede tener por resultado convertir a esta Corte en una tercera instancia, ni corregir
fallos equivocados o que el apelante estime tales en su discrepancia con la interpretación efectuada por los jueces de la
causa en materias que les son privativas
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Solá de
Arias. CAUSA: TARJETA NARANJA S.A. VS. CHIBÁN MOYANO, AMALIA CRISTINA – QUEJA POR REC. DE
INCONST. DENEGADO (Expte. Nº CJS 33.350/10) (Tomo 151: 577/586 - 29/noviembre/2010)
RECURDO DE QUEJA. Fundamentación. Recurso de inconstitucionalidad: fundamentación; finalidad. Doctrina de la
arbitrariedad. Defensa en juicio.____________________________________________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 22/23 vta. de autos.
DOCTRINA: Es esencial que la queja contenga claros argumentos convincentes de la insuficiencia de los fundamentos
esgrimidos por el “a quo” al clausurar la viabilidad del recurso. De este modo, los agravios deben dirigirse a controvertir
los fundamentos desarrollados al denegar el recurso de inconstitucionalidad, a fin de demostrar la falta de razonabilidad
de ellos y no de la sentencia tachada de inconstitucional. Y la falta de debida fundamentación de la queja, conforme con la
constante doctrina de este Tribunal, provoca la desestimación del recurso.
La correcta deducción del recurso extraordinario exige la crítica concreta de la sentencia impugnada, desde el
estricto punto de vista constitucional, para lo cual el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que se
apoya el “a quo” para arribar a las conclusiones que lo agravian. De este modo, si el recurrente no controvierte la totalidad
de los razonamientos en los cuales se apoyan las conclusiones del fallo, es inconducente el tratamiento de los reparos
formulados en la instancia extraordinaria.
El remedio extraordinario, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del
estricto control de constitucionalidad, y por ello no puede importar en modo alguno la habilitación de una etapa revisora
de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas no se evidencien vicios de entidad
grave como para producir una lesión a un principio constitucional, o su descalificación como actos jurisdiccionales
válidos en el ámbito preciso de la doctrina de la arbitrariedad.
La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y no resulta apta para corregir sentencias que el
recurrente estime equivocadas, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifique un
apartamiento palmario de la solución prevista en la ley o una absoluta carencia de fundamentación.
Sólo se configura violación a la garantía del debido proceso cuando hay una grave privación o restricción del
derecho de defensa en juicio, y tal alegación no es atendible si el recurrente no prueba la eficacia de su queja, esto es, la
defensa de que habría sido privado para lograr una solución distinta a la recaída en el pleito.
TRIBUNAL: Dres. Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala. DOCTRINA: Dra. Solá de
Arias. CAUSA: O´NEILL, WILSON NÉSTOR VS. MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA Y/O SAN
7

MILLÁN, ALEJANDRO – QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO (Expte. Nº CJS 33.580/10) (Tomo 151:
845/854 – 6/diciembre/2010)
RECURSO DE QUEJA. Fundamentación. Recurso de inconstitucionalidad: fundamentación. Finalidad. Solidaridad
laboral.
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 136/142 vta. de autos.
DOCTRINA: Es esencial que la queja contenga claros argumentos convincentes de la insuficiencia de los fundamentos
esgrimidos por el “a quo” al clausurar la viabilidad del recurso. De este modo, los agravios deben dirigirse a controvertir
los fundamentos desarrollados al denegar el recurso de inconstitucionalidad, a fin de demostrar la falta de razonabilidad
de ellos y no de la sentencia tachada de inconstitucional.
La falta de debida fundamentación de la queja, conforme con la constante doctrina de este Tribunal, provoca la
desestimación del recurso.
Es requisito de admisibilidad del recurso extraordinario, que sus fundamentos se hagan cargo, a través de una
crítica prolija y circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado. Resulta así ineficaz la formulación de una
determinada solución jurídica con prescindencia de esos motivos.
El remedio extraordinario, lejos de constituir la apertura de una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del
estricto control de constitucionalidad, razón esta que impone que su admisión no puede importar en modo alguno la
habilitación de una etapa revisora de sentencias pronunciadas por los respectivos tribunales de apelación, en tanto en ellas
no se evidencien vicios de entidad grave como para implicar, o una lesión a un principio constitucional, o su
descalificación como actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la arbitrariedad.
El art. 30 de la LCT establece la responsabilidad solidaria del principal por las obligaciones de los cesionarios,
contratistas o subcontratistas por trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del
establecimiento, respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren
emergentes de la relación laboral, incluyendo su extinción y las obligaciones de la seguridad social.
Su interpretación debe efectuarse teniendo en cuenta el principio de protección al trabajador, que es la parte más
débil de la relación laboral.
La responsabilidad objetiva del empresario que ejerce su actividad por medio de otras personas o empresas, nace
aun por el desarrollo de su propia actividad lícita y se sustenta en el principio de que quien obtiene utilidades de un
determinado comercio o industria debe soportar los riesgos que por ello se originen, dentro de los cuales se involucran a
los que resulten del incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los contratistas o subcontratistas.
TRIBUNAL: Dres. Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas. DOCTRINA: Dra. Solá de
Arias. CAUSA: DAGUERRE, DARÍO JORGE VS. MASSALÍN PARTICULARES S.A. – QUEJA POR REC. DE
INCONST. DENEGADO (Expte. Nº CJS 33.730/10) (Tomo 151: 877/886 – 7/diciembre/2010)
RECURSO DE QUEJA. Fundamentación. Recurso de inconstitucionalidad: fundamentación. Reivindicación:
requisitos. Titulo anterior a la posesión. Interversión del título. Doctrina de la Arbitrariedad. Medida cautelar.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR a la queja interpuesta a fs. 74/94. II. DESESTIMAR la medida
cautelar solicitada a fs. 94 vta./ 95 vta.
DOCTRINA: Es esencial que la queja contenga claros argumentos convincentes de la insuficiencia de los motivos
esgrimidos por el tribunal “a quo” al clausurar la viabilidad del recurso. De ese modo, los agravios deben dirigirse a
controvertir los fundamentos desarrollados al denegar el recurso de inconstitucionalidad, a fin de demostrar la falta de
razonabilidad de ellos y no de la sentencia tachada de inconstitucional.
Es requisito de admisibilidad del recurso extraordinario que exige que sus fundamentos se hagan cargo, a través
de una crítica prolija y circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado. Resulta así ineficaz la formulación
de una determinada solución jurídica con prescindencia de esos motivos.
Cuando la ley se refiere a "título posterior a la posesión del demandado", no alude solamente al título inmediato
del reivindicante, sino también al de sus antecesores en el dominio, esto es, el título que acredita el derecho a poseer se
refiere a la causa en que funda el derecho de dominio, y no al título en el sentido formal del documento. Por lo tanto,
cuando el Código Civil en sus arts. 2789 y 2790 habla de títulos del reivindicante, se los debe entender como acto jurídico
que sirve de causa a la tradición o entrega del bien y como instrumento en el cual puede constar la existencia del derecho
que se trasmite. Entonces, aunque el título del reivindicante fuera posterior a la toma de posesión del bien por el
reivindicado, al haber acreditado aquél que sus antecesores tenían el dominio del bien, está amparado por la presunción
legal de que éstos tuvieron la posesión desde la fecha del título. Por ello, corresponde la acción reivindicatoria al actor en
cuyo título de propiedad están referenciados los de aquéllos que le precedieron, pues la escritura que acredita el dominio
de sus antecesores hace presumir que éstos tuvieron esa posesión y lo autorizan a accionar en su propio interés aunque no
medie cesión expresa, porque ella va implícita en cada acto de enajenación.
La doctrina de la arbitrariedad resulta excepcional y sólo reservada a aquellos supuestos en los que se verifique
un apartamiento palmario de la solución legal prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación. De allí
que no puede tener por resultado convertir a esta Corte en una tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o
que el apelante estime tales, sustituyendo a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones que les son propias.
No procede la cautelar referida a actos a cumplir en una causa no sometida a consideración de este Tribunal,
cuya competencia no ha sido habilitada al respecto mediante vía idónea alguna, según lo establecido en reiterados
precedentes
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: MARTÍNEZ, ISIDORO VS. ALTAMIRANO, SERGIO ANTONIO – QUEJA POR REC. DE INCONST.
DENEGADO (Expte. Nº CJS 33.887/10) (Tomo 151:191/202 – 23/noviembre/2010)
RECURSO DE QUEJA. Procedencia. ______________________________________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto a fs. 63/67 vta. de autos.
DOCTRINA: El tribunal recurrido no debe limitarse a denegar o conceder mecánicamente el recurso de
inconstitucionalidad sino que, valorando los agravios desde la óptica del recurrente, debe efectuar un juicio de
probabilidad sobre la afectación de principios constitucionales”. A la luz de dicho criterio, los agravios expuestos por la
impugnante han de ser valorados en abstracto, sin perder de vista los derechos de jerarquía constitucional que se dicen
infringidos.
Corresponde admitir la queja en virtud de que de las piezas aquí glosadas se percibe “prima facie” la probable
vulneración de los derechos constitucionales del debido proceso y de defensa en juicio que puede desembocar en el
desconocimiento del derecho de propiedad del recurrente por la omisión de valorar cuestiones sometidas por el apelante a
8

conocimiento del “a quo” que asumirían la condición de decisivas o conducentes para la adecuada solución del caso, y
cuya ponderación podría resultar significativa para alterar el resultado del pleito.
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Solá de
Arias. CAUSA: ROCHA MENDIETA, JULIA; ROCHA MENDIETA, ANTONIO VS. BAILEY, COLIN DAVID -
QUEJA POR REC. DE INCONST. DENEGADO (Expte. Nº CJS 33.654/10) (Tomo 151: 705/710 – 1/diciembre/2010)
RECURSO DE QUEJA. Recurso de inconstitucionalidad: finalidad. Cuestiones de hecho, prueba y derecho común .
Fundamentación. Autosuficiencia. Doctrina de la arbitrariedad. __________________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 24/28 vta. de autos.
DOCTRINA: El recurso de inconstitucionalidad no tiene por objeto corregir pronunciamientos que se estimen
equivocados o erróneos, pues sólo comprende aquellos casos de omisiones o desaciertos de gravedad extrema que
impiden su calificación como acto judicial, al vulnerar la exigencia constitucional de que las sentencias sean fundadas y
constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias concretas de la causa. Ello es
así, habida cuenta de la naturaleza excepcional del recurso intentado.
La excepcionalidad de la vía elegida determina su inadmisibilidad cuando se dirige contra sentencias en las
cuales se resuelven cuestiones de hecho, prueba o derecho común. Tampoco resulta procedente en los supuestos de
discrepancias con la valoración, interpretación y conclusiones efectuadas en la sentencia por los jueces, por cuanto el
recurso sólo opera en caso de sentencias arbitrarias, en el sentido definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
a fin de corregir desaciertos de gravedad extrema que las descalifiquen como pronunciamientos judiciales.
Constituye requisito de admisibilidad del recurso extraordinario que sus fundamentos se hagan cargo, a través de
una crítica prolija y circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado, resultando ineficaz la formulación de
una determinada solución jurídica con prescindencia de esos motivos.
Atento a que el quejoso no acompañó copia del acta que menciona ni de las constancias probatorias que, según
sus dichos, justificarían su descalificación como elemento de convicción, lo que impide establecer, sin necesidad de tener
los autos principales a la vista, si el “a quo” ha excedido o no el límite de sus posibilidades interpretativas al fallar en la
apelación o si ha valorado adecuadamente las razones del presentante.
Al respecto, este Tribunal ha sostenido en repetidas veces que la queja debe autoabastecerse, vale decir, debe ser
posible resolverla sólo con los recaudos acompañados por el recurrente y si bien es factible requerir la remisión del
expediente principal, se trata de una facultad discrecional de esta Corte que no puede ser utilizada para suplir la omisión
de quien no cuida el cumplimiento de los recaudos esenciales.
La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional y que no tiene por objeto corregir fallos equivocados
o que se reputen tales, ya que sólo tiende a supuestos de gravedad extrema en los que se compruebe un apartamiento
palmario de la solución legal prevista para el caso o una manifiesta falta de fundamentación.
TRIBUNAL: Dres. Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala. DOCTRINA: Dra. Solá de
Arias. CAUSA: CORVALÁN, RAMÓN EDUARDO VS. GANADERA DEL VALLE DE ANTA S.A. Y/O
PROPIETARIO DE FINCA LAS MARGARITAS Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE – QUEJA POR REC. DE
INCONST. DENEGADO (Expte. Nº CJS 33.749/10) (Tomo 151: 203/210 – 23/noviembre/2010)
RECURSO DE QUEJA. Recurso de inconstitucionalidad: Fundamentación. Revocatoria “in extremis”. Error evidente.
Garantía del debido proceso. Cuestiones de hecho y de derecho procesal. __________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de queja interpuesto a fs. 308/324 de autos. _________
DOCTRINA: Es requisito de admisibilidad del recurso extraordinario, que sus fundamentos se hagan cargo, a través de
una crítica prolija y circunstanciada, de las razones en que se apoya el fallo apelado; resulta así ineficaz la formulación de
una determinada solución jurídica con prescindencia de esos motivos.
La correcta deducción del recurso extraordinario exige la crítica concreta de la sentencia impugnada, desde el
estricto punto de vista constitucional, para lo cual el apelante debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en los que
se apoya el “a quo” para arribar a las conclusiones que lo agravian. De este modo, si el recurrente no controvierte de
manera eficaz la totalidad de los razonamientos en los cuales se apoyan las conclusiones del fallo, es inconducente el
tratamiento de los reparos formulados en la instancia extraordinaria.
El remedio de la revocatoria “in extremis” se caracteriza como un último recurso contra eventuales injusticias no
susceptibles de ser subsanadas por otras vías; de allí que sólo resulta procedente contra una sentencia cuando media la
posibilidad de la consumación de una grave injusticia como derivación de un yerro judicial, habiéndose aceptado para la
corrección de errores materiales. La reposición “in extremis” es un procedimiento atípico de “reparación” (del error
indisputable) y nunca de “reexamen” o “reconsideración” de la causa; el remedio juega dentro de un determinado ámbito
en que no tiene cabida la discusión sobre el acierto o el error de los argumentos que sustenten el pronunciamiento, no
pudiendo jamás erigirse como un “nuevo juicio”.
La decisión del tribunal “a quo” de considerar consentido un acto de impulso luego de transcurridos cinco días de
su realización, sin entrar a analizar si había sido notificado o no, implicó un error evidente, por lo que no se advierte
arbitrariedad en la decisión de enmendar tal omisión aunque, al hacerlo, haya implicado una modificación del sentido del
fallo.
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala Cornejo, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: BANCO RÍO DE LA PLATA S.A. VS. GALLUCI, HÉCTOR – QUEJA POR REC. DE INCONST.
DENEGADO (Expte. Nº CJS 33.686/10) (Tomo 151: 375/382 – 25/noviembre/2010)
RECURSO DE REVOCATORIA. Interés. Cuestión Abstracta. Ofrecimiento de prueba. Requisitos. Costas.
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de revocatoria deducido a fs. 195/196 vta. en cuanto al punto 2 del
primer párrafo de la providencia de fs. 191, y DECLARARLO abstracto en lo relativo al punto 4 de dicha disposición.
Con costas por su orden. II. DECLARAR abstractos los recursos de revocatoria formulados a fs. 268/270 vta. y 279/282.
Con costas por su orden.
DOCTRINA: El recurso de reposición o revocatoria constituye el remedio procesal tendiente a obtener que, en la misma
instancia donde una resolución fue emitida, se subsanen por contrario imperio los agravios que aquélla pudo haber
inferido (arts. 238 y ccs. del Cód. Procesal Civil y Comercial). Es decir que, para su procedencia, como para la de
cualquier recurso, es requisito necesario de admisibilidad la existencia de un interés en la parte que lo interpone. Tal
interés lo determina el perjuicio o gravamen que la decisión impugnada ocasiona al recurrente.
Corresponde declarar abstracta la cuestión relacionada con la incorporación de las pruebas instrumentales e
informativas, ya que el actor consintió su incorporación, aunque lo hizo –como lo expresó- en aras de la celeridad del
proceso.
9

No por el mero ofrecimiento, toda prueba debe necesariamente ser aceptada por el juez. Para la admisión es
indispensable que se cumplan los requisitos intrínsecos de conducencia y utilidad del medio, pertinencia del hecho que se
ha de probar, ausencia de prohibición legal de investigar el hecho y formalidad adecuada, e igualmente los requisitos
extrínsecos de oportunidad procesal, legitimación de quien la pide o presenta y competencia del funcionario que debe
admitirla u ordenarla.
Corresponde imponer las costas por el orden respecto del recurso referido a la prueba testimonial, por el modo en
que en que se resuelve. Corresponde imponer las costas por el orden, respecto de los recursos declarados abstractos, al no
existir vencedor ni vencido. (Del voto de los Dres. Posadas, Cornejo, Ferraris y Garros Martínez)
Corresponde imponer las costas por el orden causado por las características de la causa en sí (declaración de
abstracción parcial de un recurso y total respecto de los restantes, como consecuencia del consentimiento prestado por el
actor para la incorporación de las pruebas instrumentales informativas). (Del voto de los Dres. Ayala y Vittar)
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: RUEDA, ROQUE – ACCIÓN POPULAR DE INCONSTITUC. (Expte. Nº CJS 33.166/10) (Tomo 151:
457/466 - 26/noviembre/2010)
RECURSO DE REVOCATORIA. Prueba impertinente. Oportunidad de su declaración
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de revocatoria deducido a fs. 105/108. Con costas.
DOCTRINA: Resultan impertinentes las pruebas instrumental, informativa, pericial y testimonial ofrecidas en tanto
ninguna de ellas resulta idónea en atención a la naturaleza de la acción intentada y la actora no aportó fundamentación
alguna que permita advertir de qué manera las pruebas cuya producción fue denegada, podrían contribuir a dilucidar la
cuestión en la forma como fue planteada.
El art. 364 del CPCC que establece la facultad del juez de declarar la prueba ofrecida impertinente o inadmisible-
se encuentra en el ordenamiento procesal, luego de la determinación de la apertura de la causa a prueba, prevista en el art.
360. Ello es así pues es en ocasión de proveer la prueba ofrecida, que el juzgador puede evaluar la que resulte idónea en
atención a las cuestiones controvertidas en la causa.
No procede el recurso de revocatoria si no se invocan circunstancias serias e inequívocas que demuestren el error
que se pretende subsanar
TRIBUNAL: Dres. Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: SOCIEDAD PRESTADORA AGUAS DE SALTA (S.P.A.S. S.A.) S.A. – ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. Nº CJS 32.605/09)________________________________________ (Tomo 151:
753/758 – 1/diciembre/2010)
RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL. Acordada 4/07. Fundamentación. Cuestiones procesales.
Legitimación activa. Doctrina de la arbitrariedad. Doble Instancia. _______________________________
CUESTIÓN RESUELTA: I. DENEGAR el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 164/178. Con costas.
DOCTRINA: (Mayoría) La Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante Acordada 4 del 16 de marzo de 2007 (Adla,
LXVII-B, 1751), reglamentó la presentación de los escritos mediante los cuales se interpone el recurso extraordinario
federal, y sistematizó los requisitos formales para la deducción de ese remedio de excepción.
En el apartado d) del art. 3º, la Corte Federal estableció que el recurso debe contener la refutación de todos los
fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas.
La correcta deducción del recurso extraordinario exige que el apelante demuestre la inconsistencia de las razones
expuestas en el fallo que pretende impugnar, para lo que es imprescindible que se haga cargo de todos y cada uno de los
fundamentos en que se apoya la decisión.
No procede el recurso extraordinario federal si la impugnante no rebate las consideraciones del tribunal respecto
de la legitimación de la accionante y a la inconstitucionalidad de la decisión por no haberse puesto a consideración del
cuerpo deliberativo municipal el sistema a contratar, previo a su adjudicación.
No resulta procedente el recurso extraordinario en tanto los agravios de la impugnante ponen de manifiesto su
mera discrepancia con la interpretación y aplicación de normas de derecho público local, materia ajena a la instancia
extraordinaria federal, pues tienden a cuestionar la interpretación efectuada por esta Corte sobre el alcance de las
competencias de los órganos municipales en relación a las circunstancias de la causa, lo que resulta irrevisable por la vía
federal, salvo casos de arbitrariedad, que aquí no se verifican pues el fallo apelado cuenta con fundamentos suficientes
que impiden su descalificación a la luz de esta doctrina, la que no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la
decisión de cuestiones que les son privativas.
La doctrina de la arbitrariedad reviste carácter excepcional, y no resulta apta para corregir sentencias
equivocadas o que el recurrente estime tales, según su criterio, sino que tiende a cubrir defectos realmente graves de
fundamentación o razonamiento, que impiden considerar a la sentencia apelada como acto jurisdiccional. Luego, no
contempla las discrepancias del recurrente con el alcance asignado por el Tribunal a los planteos no federales propuestos,
cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa. (Del voto de los Dres. Garros Martínez, Posadas, Vittar,
Cornejo y Ferraris).
(Minoría) A esta Corte no le incumbe valorar sus propios pronunciamientos cuando son impugnados por las
partes. Tiene sin embargo, el deber de examinar si el recurso interpuesto reúne los requisitos necesarios, tanto respecto a
las condiciones formales (art. 257 del C.P.C.C.N. y Acordada 4/07) como a los denominados “propios” del recurso
extraordinario. __________________________________________________________________________
Por su parte, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 257 del C.P.C.C.N. y jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a partir de los casos “Strada” y “Di Mascio”, debe esta Corte Provincial valorar la
entidad de los agravios, por lo que corresponde verificar la invocación de circunstancias idóneas para abrir la instancia
extraordinaria a la luz de la doctrina del máximo Tribunal de la Nación, a la que se pretende acceder.
Corresponde declarar procedente el recurso en tanto en la presentación la recurrente sostiene que lo decidido por
este Tribunal, mediante voto de la mayoría, resulta contrario a los arts. 68 y 176 de la Constitución Provincial y produce
menoscabo al derecho de defensa en juicio y al debido proceso adjetivo ya que desvirtúa los límites de la acción de
inconstitucionalidad y las facultades propias del ejecutivo municipal. Afirma que el pronunciamiento afecta el principio
de división de poderes con la habilitación jurisdiccional para controlar los actos de las autoridades del nivel de gobierno
municipal constituidas en la provincia, tutelados por la norma del art. 123 de la Constitución Nacional, y que por ello,
pone en tela de juicio la inteligencia de la norma federal y en peligro la autonomía del Ejecutivo Municipal. Finalmente
sostiene que la sentencia adolece de arbitrariedad manifiesta por las desinterpretaciones en que incurre y la omisión de
tratar argumentos conducentes para la justa solución del litigio. (Del voto de la Dra. Ayala)
10

TRIBUNAL: Dres. Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala, Cornejo, Ferraris. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: JIMÉNEZ, MARÍA ELENA – PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD CIVIL “RED SOLIDARIA DE
CIUDADANOS EN DEFENSA DE SUS DERECHOS” (REDSOL – SALTA) - ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. Nº CJS 30.555/07) (Tomo 151: 337/348 - 24/noviembre/2010)
RECURSO EXTRAORDIARIO FEDERAL. Acordada nº 4/07 Fundamentación. Exceso ritual. Cuestión
constitucional. Doctrina de la arbitrariedad. Gravedad institucional.
CUESTIÓN RESUELTA: I. DENEGAR el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 92/109. Con costas. II.
APERCIBIR a la Dra. Martha Sofía Poma en los términos de los arts. 35 inc. 2º del C.P.C.C. y 13 y 14 de la ley 5642, con
comunicación al Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia. Ofíciese.
DOCTRINA: Es inviable el recurso extraordinario si resulta insuficiente la exposición realizada en los términos indicados
en el art 3º inc. d de la Acordada nº 4/07, toda vez que el impugnante no logra refutar los fundamentos que sustentan la
decisión apelada, lo cual hace aplicable lo establecido en el art 11 de esa normativa.
Resulta improcedente el recurso extraordinario sustentado en la invocación de exceso ritual por la circunstancia
de haberse aplicado expresas normas vigentes no impugnadas de inconstitucionales a su debido tiempo. Ello es así en
virtud de lo normado por el art. 276 del Código Procesal Civil y Comercial que dispone que, con la interposición de la
queja, debe acompañarse copia simple de la resolución recurrida y de los recaudos necesarios, sin perjuicio de que el
tribunal requiera el expediente, posibilidad esta que importa una facultad de esta Corte de acuerdo con la doctrina que
puntualmente se cita.
Constituye carga procesal del recurrente demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la
invocada cuestión constitucional, extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona
determinadas garantías de la Constitución, si la impugnante no precisa ni demuestra en concreto cómo se ha operado
efectivamente tal violación en la sentencia.
La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto sustituir a los jueces de la causa en la decisión de cuestiones
que les son privativas, como así tampoco abrir una instancia ordinaria para debatir temas ajenos a la competencia de la
Corte, cuando no se demuestra que el pronunciamiento impugnado contenga, en esos aspectos, graves defectos de
fundamentación, o de razonamiento, que lo hagan inválido como acto jurisdiccional. Lo contrario importaría extender la
jurisdicción de la Corte Nacional para revisar todos los pronunciamientos que se dicten en el país, con menoscabo de los
límites establecidos por la Constitución y las leyes.
No basta en consecuencia la invocación, por la apelante, de una situación de gravedad institucional, sino que tal
argumento debe ser objeto de un serio y concreto razonamiento que demuestre, de manera indudable, la concurrencia de
aquella circunstancia. (Del voto de los Dres. Garros Martínez, Posadas, Ayala Catalano y Ferraris)
A esta Corte no le incumbe juzgar sus propios pronunciamientos cuando es llamada a decidir sobre la concesión
o denegación del recurso extraordinario, pero ello no la exime del deber de examinar, además de la admisibilidad formal,
la cuestión federal propuesta por el recurrente, analizando, cuando se invoque la causal de arbitrariedad, si la apelación
federal, “prima facie” valorada, cuenta, a la luz de la conocida doctrina del más Alto Tribunal de la República, con
fundamentos suficientes para dar sustento a un caso que reviste un inequívoco carácter excepcional.
Constituye carga procesal de la parte demostrar que existe una relación directa entre la materia del pleito y la
invocada cuestión constitucional, extremo que no se satisface con la simple alegación de que el fallo cuestionado lesiona
determinadas garantías de la Constitución, si la recurrente no precisa ni demuestra en concreto cómo se ha efectivamente
operado tal violación en la sentencia.
Las cuestiones de índole procesal, según la doctrina constante de la Corte Suprema Federal, resultan materia
propia de los jueces de la causa y ajenas, como regla, al ámbito del recurso extraordinario.
La doctrina de la arbitrariedad no cubre las discrepancias del recurrente con el alcance asignado por el Tribunal a
los planteos no federales propuestos, cuya solución es del resorte exclusivo de los Jueces de la causa.
No se verifica gravedad institucional si lo decidido no trasciende el mero interés de las partes. (Del voto del Dr.
Vittar)
TRIBUNAL: Dres. Garros Martínez, Posadas. Vittar, Ayala, Catalano, Ferraris. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias.
CAUSA: BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA VS. FLORES, NICOLÁS – QUEJA POR REC. DE INCONST.
DENEGADO (Expte. Nº CJS 32.654/09) (Tomo 151: 809/822 - 6/diciembre/2010)
REVOCATORIA. Falta de firma de la presentante. Firma del letrado. Inexistencia.
CUESTIÓN RESUELTA: I. RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto a fs. 109/111.
DOCTRINA: Constituye un requisito esencial de todo escrito judicial la firma de su presentante, insusceptible de ser
suplido por la del letrado que no ha invocado, en tiempo y forma, poder para representar al recurrente ni razones de
urgencia que hagan aplicable lo dispuesto por el art. 48 del Cód. Proc. Civ. y Com. En consecuencia, dicha presentación
constituye un acto jurídico inexistente y ajeno, como tal, a cualquier convalidación posterior.
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Solá de Arias. CAUSA:
RECURSO EXTRAORDINARIO POR INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTO EN AUTOS: “DÍAZ,
FAUSTINA CONCEPCIÓN VS. POMA, VIOLETA S/ORDINARIO” EXPTE. Nº 21.616/08 DEL JUZGADO
LABORAL Nº 1 DE METÁN (Expte. Nº CJS 32.125/08) (Tomo 151: 387/392 – 25/noviembre/2010)
11