Tomo 156 - Sitio Web del Poder Judicial de Salta

FALLOS DE LA CORTE DE JUSTICIA DE SALTA. TOMO 156
RELATORÍA PENAL
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“Gral. Martín Miguel de Güemes
Héroe de la Nación Argentina”
RECURSO DE CASACIÓN. Delito de abuso sexual con acceso carnal. Absolución, errónea valoración de la prueba,
valor de la declaración de la víctima.
CUESTIÓN RESUELTA: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 639/642 vta. y, en su mérito, revocar
la sentencia absolutoria de fs. 622 y condenar a Cristian Darío Antonio Atencio a la pena de siete años de prisión de
ejecución efectiva por considerarlo autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal (art. 119, tercer párrafo
del C.P.).
DOCTRINA: El sistema de la sana crítica racional y el deber de motivación de la sentencia imponen al tribunal de juicio
una apreciación integral y equilibrada de la prueba, lo cual requiere que ante la discrepancia de los distintos elementos de
convicción, la decisión de hacer prevalecer aquellos de mayor valor para la comprobación del hecho deba ir acompañada de
la exposición de las razones de la mencionada prevalencia.
En la figura del abuso sexual con acceso carnal, el bien jurídico protegido es la libertad sexual, entendida como el
derecho de las personas a tener voluntario y consentido trato en este aspecto, a determinar libremente sus conductas íntimas
y a que no se ataque su reserva sexual.
Corresponde revocar la absolución y condenar al acusado por el delito de abuso sexual con acceso carnal si la
denunciante recordó la fecha y lugar del hecho, un testigo afirmó que la muchacha subió sola al vehículo de aquél, cuando
se bajó del vehículo le observó el pantalón roto entre las piernas y además, la versión defensiva del acusado fue desvirtuada
durante el transcurso de la investigación por la declaración de otros testigos, los informes médicos y el acta de secuestro del
pantalón, elementos que permitieron corroborar la existencia del abuso sexual con acceso carnal denunciado. (Del voto de
los Dres. Vittar, Ayala, Cornejo y Garros Martínez)
Corresponde mantener la absolución del acusado del delito de abuso sexual con penetración, si no puede tenerse
por acreditado que los hechos hayan acontecido como lo indica la denunciante de que subió al automóvil del acusado
forzadamente, que dentro del vehículo mantuvo una relación sexual no consentida, agravándose el manto de duda ante el
hecho de mantener o haber mantenido acusado y denunciante una relación sentimental de la cual nacieron dos hijos, además
la presencia de fosfatasa prostática, puede permanecer en el cuerpo o en las ropas por meses, máxime si –al parecer-
mantenían periódicos encuentros sexuales, la escasa contextura del acusado con respecto a la de la mujer se yergue como un
factor de duda respecto de una supuesta relación forzada, y además la declaración del testigo es vaga y confusa.
Cuando la verificación de que el juicio, tal y como se llevó a cabo produjo una acumulación de evidencia
que no podía servir para condenar al acusado, no puede tener otra consecuencia que el pronunciamiento liberatorio. (Del
voto de los Dres. Catalano y Ferraris)
TRIBUNAL: Dres. Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris, Posadas. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
ATENCIO, CRISTIAN DARÍO ANTONIO – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 33.376/10) (Tomo 156:
563/576 – 17/mayo/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Delito de abuso sexual con acceso carnal calificado, menor, valor de la declaración de la
víctima, libertad probatoria, sana crítica, , valoración de la prueba, certeza para condenar.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 299/302.
DOCTRINA: En nuestro sistema procesal rigen la libertad probatoria y la sana crítica racional, ello implica que el juez no
debe atenerse o limitarse a los elementos probatorios descriptos por la ley y que, sean cuales fueren los que se arrimasen a la
causa para demostrar o desvirtuar la existencia del hecho, conserva la facultad de valorarlos conforme a las reglas del recto
entendimiento humano, sin sujeción a directivas o tasación alguna.
Cabe considerar debidamente aplicado el método de la sana crítica racional, si la atribución certera del hecho se
efectúa a partir del análisis del testimonio de la víctima, cuyos dichos fueron pormenorizadamente evaluados.
Existe la certeza necesaria para condenar al acusado del delito de abuso sexual, si el modo en que ocurrieron los
hechos fue derivado principalmente del aporte de la víctima quien declaró haber sido abusada sexualmente en diversas
oportunidades por el imputado, señaló que esos hechos tuvieron lugar en la casa, describiendo las prácticas sexuales a las
que fue sometida mediante el uso de la fuerza y amenazas, y sus dichos fueron coincidentes y mantenidos a lo largo del
proceso, corroborados con los informes médico y psicológico agregados y con la declaración de la progenitora.
En los delitos contra la integridad sexual, cuando la víctima es un menor de edad, normalmente existen serias
dificultades para desentrañar lo verdaderamente ocurrido, pues es una característica del ofensor actuar con sigilo y
sibilinamente, dado que tal es la desproporción y el desborde de sus conductas que prefieren actuar a hurtadillas
precisamente para no ser descubiertos.
No es posible acotar la conducta en la libido, dado que la integridad sexual de un menor no se tutela sólo desde
dicha óptica, que por estricta puede generar mayores disturbios, sino en la falta absoluta de su libertad, que por su propia
condición, no sólo no tiene el discernimiento indispensable, sino que las consecuencias sobre su personalidad y equilibrio
psíquico pueden ser determinantes para el resto de su vida, dejándole secuelas indelebles.
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Catalano Cornejo, Ferraris. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C ROJAS, SANDRO
EDGARDO – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 33.613/10) (Tomo 156: 697/712 – 18/mayo/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Delito de abuso sexual simple, valor de la declaración de la víctima, pruebas suficientes,
certeza para condenar.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 89/95.
DOCTRINA: La condena es plenamente válida si el tribunal arribó a su juicio incriminatorio contra el acusado del delito de
abuso sexual con suficientes elementos de convicción, y logró expresar con claridad y ajustados razonamientos los motivos
por los cuales arribó a ese estado de certeza conectando cada indicio con adecuada lógica y basándose en las pautas que
dictan la experiencia y la psicología, para lo cual tuvo en cuenta el testimonio de la víctima, cuyo relato se mantuvo

coherente en los distintos actos en que tuvo oportunidad de expresarse, el que fue correlacionado con el informe médico y el
examen ginecológico, que se aúnan con los indicios que ayudaron a confirmar la veracidad de sus dichos sobre el momento
traumático por ella vivido.
Los delitos de contenido sexual se cometen generalmente sin la presencia de testigos, y por ello adquieren
fundamental relevancia los dichos de la víctima.
La certeza necesaria para condenar no debe insoslayablemente surgir de un panorama totalmente desprovisto de
elementos favorables a la posición del acusado; es claro que una exigencia de tal naturaleza determinaría que prácticamente
cualquier movimiento defensivo en el plano de la prueba, o cualquier debilidad de la evidencia frustrarían la posibilidad de
una condena. Sin embargo, la viabilidad de un pronunciamiento contrario al acusado requiere un convencimiento
razonablemente alcanzado mediante el triunfo racional de los factores incriminantes por sobre los que revisten carácter
neutro o favorable al encausado.
TRIBUNAL: Dres. Garros Martínez, Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
YANI BEJARANO, IVÁN HERNÁN – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 33.337/10) (Tomo 156: 1057/1066 –
2/junio/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Delito de homicidio culposo, conducción antirreglamentaria de automotor.
Individualización de la pena, pautas.
CUESTIÓN RESUELTA: I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 296/299 y, en su mérito,
sustituir la pena impuesta a Guillermo Alejandro Bulacio por la de tres años de prisión de ejecución en suspenso
conjuntamente con la de diez años de inhabilitación para conducir vehículos automotores, y ordenar que bajen los autos para
que el juzgado de origen proceda a fijar las reglas de conducta a que deberá someterse el acusado (art. 27 bis del C.P.).
DOCTRINA: La sentencia que condena al acusado por el delito de homicidio culposo por imprudencia, negligencia e
incumplimiento de los reglamentos y deberes a su cargo en la conducción de vehículo automotor es fruto de una correcta
ponderación de la prueba, si el tribunal tuvo por acreditado que conduciendo una camioneta en estado de ebriedad, a
excesiva velocidad y en contramano, impactó el cuerpo de la víctima y causó su muerte, dado que los testigos son contestes
al ubicar la camioneta del acusado en el lugar, describir esencialmente su trayectoria y relatar los sucesos posteriores al
impacto fatal, y el personal policial, a su vez, también es congruente al especificar lo relativo a las averiguaciones y ulterior
hallazgo del rodado, los rastros verificados y el estado del acusado y en idéntica dirección, la prueba documental agregada a
la audiencia da cuenta que la camioneta carece de óptica lateral delantera, que en el lugar del hecho se encontraron restos de
acrílico transparente compatible con dicha pieza y que existe coincidencia entre la parte secuestrada y la faltante. (Del voto
de los Dres. Posadas, Vittar, Ferraris, Catalano, Garros Martínez, Ayala y Cornejo)
La imposición de la pena debe responder a la ponderación de los elementos de carácter objetivo -circunstancias
referidas al delito- y de carácter subjetivo –circunstancias referidas al autor y a las modalidades particulares del delito-
establecidos en los arts. 40 y 41 del C.P. que permiten determinar la culpabilidad y la peligrosidad del autor.
La individualización de la pena es excesiva si se advierten circunstancias tanto agravantes como atenuantes que en
la mayoría de los casos se anulan entre sí y no puede dejar de soslayarse, además, la situación de primario del acusado, el
grado de reprochabilidad y culpabilidad, la conducta demostrada a lo largo de todo el proceso, que concurrió a las citaciones
cursadas y que en todo momento colaboró en su marcha.
Corresponde aplicar el instituto del art. 26 del C.P. para evitar los perjuicios de los encierros breves y suspender la
ejecución de la pena a resultas de las condiciones compromisorias que fije el juez de la causa. (Del voto de los Dres.
Posadas, Vittar, Catalano y Ferraris).
La pena impuesta es razonable si se han considerado las previsiones que emanan de los arts. 40 y 41 del C.P.,
habiéndose valorado las circunstancias personales y objetivas, atenuantes y agravantes, para la operación de
individualización de la pena.
En materia de delitos culposos, constituyendo la culpa una violación al deber objetivo de cuidado, como nota
distintiva la tasación de la pena se hará en función de la mayor o menor violación a ese deber. Mientras más grave haya sido
la imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los deberes a cargo del sujeto activo, más se alejará la pena del
mínimo legal previsto. ( Del voto de los Dres. Garros Martínez, Ayala y Cornejo).
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo, Díaz, Ferraris. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
BULACIO, GUILLERMO ALEJANDRO – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 33.159/10) (Tomo 156: 439/454
– 13/mayo/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Delito de hurto, valoración de la prueba, motivación de la sentencia.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 196/200 vta.
DOCTRINA: El hurto consiste en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, total o parcialmente ajena; a partir de
ello, carece de relevancia el título que tenga el sujeto pasivo, puesto que el tipo penal en cuestión protege cualquier poder de
hecho o de derecho sobre la cosa mueble, sin distinguir entre propiedad, posesión o, incluso, simple tenencia.
La sentencia cuenta con debida fundamentación, si sus formulaciones lógicas son producto de la sana crítica y la
construcción racional del fallo se sustenta en conclusiones extraídas de una valoración conjunta del material probatorio en
cuyo contexto confluyen pruebas e indicios unívocos que han permitido arribar a la verdad.
TRIBUNAL: Dres. Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
GONZÁLEZ, JUAN EZEQUIEL; FLORES, FRANCO GABRIEL – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS
33.026/09) (Tomo 156: 607/612 – 17/mayo/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Delito de robo calificado por el uso de armas, valoración de la prueba, sana crítica,
libertad probatoria, testigos, falta de secuestro del arma.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 339/341.
DOCTRINA: El sistema de libertad probatoria implica que el juez no debe atenerse o limitarse a los elementos probatorios
descriptos por la ley y que, sean cuales fueren los que se arrimen a la causa para demostrar o desvirtuar la existencia del
hecho, conserva la facultad de valorarlos conforme las reglas del recto entendimiento humano, sin sujeción a directiva o
tasación alguna.
La sana crítica racional y el deber de motivación de la sentencia, imponen al tribunal de juicio una apreciación
integral y equilibrada de la prueba, lo que demanda que ante la discrepancia entre los diversos elementos de convicción
reunidos en la causa, la decisión de hacer prevalecer aquellos que se consideran de mayor valor para la demostración del
hecho, deba ir necesariamente acompañada de la exposición de las razones de esa prevalencia.
El testimonio es un medio de aptitud incuestionable para probar; empero, requiere una acabada labor en su examen
y en su apreciación.
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Si existe pluralidad de testimonios corresponde analizar autónomamente a cada uno y, luego de confrontados, las
conclusiones fácticas del conjunto deben ser fruto de un criterio cualitativo de apreciación y no meramente cuantitativo.
Es plenamente válida la condena si el tribunal ha valorado que ambas víctimas son coincidentes en los aspectos
esenciales del robo, el modo de consumación, la violencia empleada, el uso de un elemento filo-cortante y
fundamentalmente, en la indicación del acusado como el autor, y no se advierte alguna circunstancia que autorice a dudar de
la credibilidad de sus dichos o que permita presumir algún interés en perjudicarlo.
El empleo de un arma no sólo puede demostrarse mediante su secuestro; es claro que este procedimiento permite
adquirir la evidencia de más alto valor sobre ese elemento calificante, pero el principio de libertad probatoria da un margen
amplio para que la convicción se alcance a través del análisis de cualquier elemento razonablemente apto para establecer la
verdad.
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C CRUZ,
CRISTÓBAL MAXIMILIANO - RECURSO DE CASACIÓN (Expte. N° CJS 33.593/10) (Tomo 156: 613/620 –
17/mayo/2011)
RECUSO DE CASACIÓN. Delito de robo calificado por el uso de armas y en banda, certeza para condenar, motivación
de la sentencia.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 544/554 vta.
DOCTRINA: En el delito de robo, la “banda” consiste en un supuesto de coautoría necesaria que requiere la participación
de tres o más personas en el hecho único, y quienes la conforman responden necesariamente a título de coautores, con
independencia de los roles o tareas materiales llevadas a cabo, pues la pluralidad se traduce en un mayor poder intimidatorio
y, por sí, realiza la exigencia legal.
El uso de armas implica tanto una mayor intimidación en el atentado contra la propiedad como un peligro concreto
para la víctima, fundamentos que comprenden a las armas previstas en el primer supuesto del artículo 166, inciso 2º del
Código Penal que incluye a las denominadas blancas y a las impropias.
Existe la certeza para condenar al acusado si formó parte de una banda que consumó el robo, lo que se encuentra
probado por declaraciones de testigos, por el informe médico que da cuenta de una herida en su frente corroborando los
testimonios mencionados y, fundamentalmente, porque al ser detenido portaba uno de los objetos sustraídos y a su vez, el
empleo de un elemento punzo-cortante por parte de los coautores surge con claridad merced a las lesiones inferidas a la
víctima, que por su magnitud –leves- son comprendidas estructuralmente por el robo agravado.
La sentencia cuenta con debida motivación, si el tribunal de juicio efectuó una correcta valoración de la prueba y
arribó con certeza al grado de convicción exigido para tener por ocurrido el hecho y para determinar la responsabilidad
penal del acusado.
TRIBUNAL: Dres. Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
CAMACHO SAAVEDRA, JOSÉ LUIS – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 33.328/10) (Tomo 156: 959/966 –
01/junio/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Delito de robo con armas, coautor; absolución, falta de pruebas, irregularidad del
reconocimiento de personas.
CUESTIÓN RESUELTA: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 692/694 vta. y, en su mérito, dejar sin
efecto la condena impuesta en la sentencia de fs. 674 y absolver a César Pedro Santiago Velarde del hecho investigado.
DOCTRINA: Corresponde absolver al acusado como coautor del delito de robo con armas si no se acreditó con el grado de
convencimiento necesario su participación y la condena se dictó en base a prueba perjudicada desde los inicios de la
investigación, dado que el tribunal ha fundado la condena en un reconocimiento de personas irregular y además, la
testimonial ulteriormente prestada por la víctima en todo lo relativo a la supuesta participación del acusado es una
declaración que no se encuentra sustentada por otros elementos de convicción.
El reconocimiento de personas es un acto procesal de naturaleza definitiva e irreproducible, regulado bajo estrictas
formalidades que sólo puede practicarse en sede judicial; en casos de suma urgencia se justifica proceder sin notificación, y
por sobre cualquier eventualidad se prohíbe su realización por parte de la policía.
Carece de fuerza probatoria para inculpar al acusado el acta de reconocimiento de persona irregular incorporada al
debate. (Del voto de los Dres. Posadas, Ayala, Catalano y Ferraris)
El valor probatorio de un reconocimiento de personas impropio, llevado a cabo en la instrucción, depende del resto
del material colectado, pues no puede ser tomado como único elemento de convicción, precisamente porque los recaudos
para garantizar su eficacia no fueron tomados.
El deber de efectuar un examen crítico de la prueba que la ley impone al juez no le impide asignar un determinado
valor probatorio a las manifestaciones de un testigo cuando éste las altera a lo largo de sus distintas intervenciones en el
proceso. Por el contrario, dicha circunstancia obliga al magistrado a valorarlas con mayor cuidado, con el objeto de
establecer cuál de esas expresiones es valiosa para el esclarecimiento de la verdad real, labor que debe efectuarse
correlacionando tales dichos con los restantes elementos obrantes en la causa. (Del voto de los Dres. Garros Martínez y
Vittar)
TRIBUNAL: Dres. Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala, Catalano, Ferraris. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
VELARDE, CÉSAR PEDRO SANTIAGO – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 33.445/10) (Tomo 156: 393/412
– 13/mayo/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Individualización de la pena, delito de robo calificado, intervención de menores, artículo 41
del Código Penal. Reincidencia, constitucionalidad del artículo 50 del Código Penal.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 409/412.
DOCTRINA: El art. 41 quater del Código Penal refiere a la simple intervención de menores y la agravante se aplica al
mayor por el sólo hecho de participar, sea de una u otra manera. La búsqueda de la propia impunidad no aparece de ningún
modo enunciada en la norma como un elemento que condicione la aplicación de la agravante, sino que por el contrario, en
tanto el artículo alude a participación, autoriza una comprensión del texto que excluya la autoría, permitiendo la
consideración de actuaciones accesorias que no son aptas para evadir la responsabilidad del agente principal.
Es correcta la aplicación de la agravante genérica prevista en el artículo 41 quater del Código Penal si se ha
probado que el acusado, blandiendo un arma blanca, la apoyó en el cuerpo de la víctima para amedrentarlo, permitiendo con
ello que los entonces menores logren la sustracción de un celular.
Se encuentran reunidos los extremos para la declaración de reincidencia, si desde la última condena no ha
transcurrido el plazo estipulado en el cuarto párrafo del artículo 50 del Código Penal.
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Para la unificación de penas es necesario que el nuevamente juzgado esté cumpliendo pena por otro hecho distinto,
lo que implica que el instituto no procederá si la primera condena se encuentra agotada, porque las penas extinguidas por su
cumplimiento no deben continuar produciendo efectos que incidan negativamente en los derechos del imputado a quien
fueron impuestas, en razón de que ello comportaría una injusta multiplicación de su eficacia sancionatoria.
Es justa la pena impuesta si el tribunal valoró que al delito por el que viene condenado el acusado, de robo
calificado por el uso de arma, debe sumarse la aplicación del artículo 41 quater del Código Penal, con el que el mínimo y el
máximo se agravan en un tercio, resultando de ello que la pena aplicada en el caso apenas supera el “piso” legalmente
previsto, y además, a la hora de individualizar la pena sopesó las circunstancias atenuantes y las que puedan elevar el
reproche penal. (Del voto de los Dres. Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala, Catalano y Ferraris)
La declaración de reincidencia no es inconstitucional, pero no pueden soslayarse determinados recaudos
indispensables para no hacer más gravosa la condición del condenado, en especial lo atinente al cómputo de la pena que
venía cumpliendo y la imperiosa necesidad de unificarla. (Del voto de los Dres. Cornejo, Garros Martínez, Posadas, Vittar,
Ayala, Catalano y Ferraris)
Para la aplicación del agravante previsto en el artículo 41 quater del Código Penal, corresponde admitir la postura
más restrictiva que entiende que dicha participación debe poner en evidencia, en forma diáfana, que se ha pretendido
descargar, transferir o diferir la responsabilidad penal en los menores, o que éstos han sido instigados por los adultos para
intervenir en el hecho.
No corresponde responsabilizar penalmente al acusado mayor de edad como autor mediato, si no existen
pruebas en la causa que acrediten de manera fehaciente que haya sido quien determinó a los menores para que actuaran a su
antojo o bajo la órbita de su dirección.
Es improcedente la declaración de reincidencia respecto del acusado si no existe en la causa el cómputo
indispensable entre la pena que supuestamente venía cumpliendo y el nuevo hecho cometido, que permita verificar si el
nuevo delito se comete antes de que haya transcurrido el plazo que estipula el artículo 50, último párrafo del Código Penal.
(Del voto del Dr. Cornejo).
TRIBUNAL: Dres. Cornejo, Catalano, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala. DOCTRINA: Dra. Galli.
CAUSA: C/C ROJAS, ESTEBAN FABIÁN; ARIAS, JUAN DE DIOS; TERÁN, OSCAR SEBASTIÁN – RECURSO DE
CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD (Expte. Nº CJS 33.491/10) (Tomo 156: 967/986 – 01/junio/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Nulidad absoluta de actos basados en la declaración de la acusada prestada bajo
juramento; derecho de defensa, prohibición de auto incriminación.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR a los recursos de casación interpuestos a fs. 23/26 y 29/31 vta.
DOCTRINA: El imputado es el sujeto incoercible de la relación jurídica procesal penal; la declaración indagatoria es
facultativa para él, por lo que deviene necesario hacerle saber que puede abstenerse de declarar sin que ello implique
ninguna consecuencia en su contra, y no puede exigírsele juramento o simple promesa de decir verdad.
La prohibición de que se obligue a declarar contra sí mismo es una garantía procesal que tiene vigencia plena en
materia penal.
Es improcedente e incompatible con lo dispuesto por la Constitución Nacional acerca del derecho de defensa en
juicio tomar declaración como testigo en una causa penal a la persona que aparece sospechada de ser autor o cómplice de
los supuestos delitos que se investigan.
Quien ha declarado bajo juramento como testigo en un proceso de cualquier clase, no puede en un posterior
proceso penal en que se lo acusa por una conducta que coincide con los hechos objeto de su anterior declaración testimonial,
prestar indagatoria válida sin previo deslizamiento expreso del juramento vertido como testigo en el otro proceso.
Si un acto o procedimiento resulta, en un caso concreto, violatorio y perjudicial en relación con la garantía
constitucional de no auto inculpación, el tribunal debe declararlo nulo. (Del voto de los Dres. Catalano, Ferraris, Posadas y
Vittar).
Es plenamente válido que habiendo el acusado declarado como testigo, el juez de instrucción modifique dicho
estado y lo cite a indagatoria procediendo a su interrogatorio como imputado si de la investigación surge una suma de
elementos incriminantes, ello sin perjuicio del valor probatorio que quepa asignar a sus versiones en la ocasión procesal
pertinente.
El juramento tiene validez únicamente para la diligencia en que fue prestado, es decir que el compromiso sólo obliga
al testigo a conducirse verazmente para dicho acto. (Del voto de las Dras. Ayala y Garros Martínez).
TRIBUNAL: Dres. Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA:
INCIDENTE DE NULIDAD - OPONE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTO POR EL DR. MURGA, JOSÉ IGNACIO EN
REPRESENTACIÓN DE LEAL ÁLVIZ, PATRICIA MARIBEL – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 33.306/10)
(Tomo 156: 265/278 – 13/mayo/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Sobreseimiento por prescripción, informe del Registro Nacional de Reincidencia
desactualizado.
CUESTIÓN RESUELTA: I. HACER LUGAR al recurso de casación deducido a fs. 215/216 vta. II. ORDENAR que bajen
los autos al Juzgado Correccional y de Garantías de Tercera Nominación, del Distrito Judicial del Centro, a fin de que
proceda a constatar, mediante los informes actualizados del R.N.R., la existencia o no de una sentencia condenatoria que
haya interrumpido la prescripción de la acción penal, y dicte resolución en consecuencia.
DOCTRINA: No es posible dictar sobreseimiento por prescripción de la acción penal en base a un informe del Registro
Nacional de Reincidencia que no cubra todo el plazo, y se hace necesario por lo tanto, que el tribunal de origen proceda a
constatar, mediante los informes actualizados la existencia o no de una sentencia condenatoria que haya interrumpido el
curso de la prescripción. (Del voto de los Dres. Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez y Posadas)
La citación a juicio es una causal obstativa de la prescripción borrando por completo el tiempo transcurrido, de
suerte que las acciones penales de ellos derivadas renacieron al día siguiente.
Cuando a un mismo sujeto se le imputa la comisión de más de un delito o cuando su conducta puede quedar
comprendida bajo la esfera de dos o más sanciones penales, es imprescindible determinar con precisión cuales son las
pautas que deben aplicarse para establecer, en definitiva, el término que ha de tenerse en cuenta a los efectos de la
prescripción de la acción penal. (Del voto del Dr. Vittar)
TRIBUNAL: Dres. Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
NIEVA, SERGIO JAVIER – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 32.975/09) (Tomo 156: 47/54 – 13/mayo/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Suspensión del juicio a prueba, delito de incumplimiento de los deberes de asistencia
familiar, reparación del daño, valoración de razonabilidad.
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CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 157/164 vta.
DOCTRINA: Es plenamente válida la resolución que deniega al acusado del delito de incumplimiento de los deberes de
asistencia familiar el beneficio de suspensión del juicio a prueba, si el tribunal ha valorado que no resulta razonable el
ofrecimiento de asumir la obligación de resarcir al menor víctima, dentro de sus posibilidades, por los perjuicios que la
acción que se le incrimina le pueda haber ocasionado.
Para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba resulta necesario contar, no sólo con el ofrecimiento de la
reparación del daño sino también con la valoración de la razonabilidad del mismo por parte del órgano judicial, y sobre todo
tener en cuenta la oposición de la víctima. Es el juez quien debe analizar lo ofrecido y si ello guarda proporción con el daño
supuestamente causado, exponiendo las razones que basan su decisión. (Del voto de los Dres. Ferraris, Garros Martínez,
Posadas, Vittar, Ayala y Catalano)
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será
el interés superior del niño.
Ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material y la protección de los menores debe
tener prioridad para decidir, sobre toda otra circunstancia que pueda ocurrir en cada caso.
Es válida la resolución que deniega el pedido de suspensión del juicio a prueba si el acusado del delito de
incumplimiento de los deberes de asistencia familiar no cumple con la satisfacción económica de las necesidades básicas de
los hijos menores de edad, cuyo cumplimiento descansa primordialmente en cabeza de sus padres (Del voto del Dr.
Cornejo)
TRIBUNAL: Dres. Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo. DOCTRINA: Dra.Galli.
CAUSA: C/C ORDÓÑEZ, MARCELO MIGUEL – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 33.131/09) (Tomo 156:
505/514 – 17/mayo/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Suspensión del juicio a prueba, falta de consentimiento del acusado, resolución ampliatoria
que dispone la inhabilitación para conducir, derecho de defensa.
CUESTIÓN RESUELTA: I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 60/62 y, en su mérito, dejar sin efecto
las resoluciones de fs. 41 y vta. y de fs. 49 y vta.
DOCTRINA: Es posible otorgar la suspensión del juicio a prueba a imputados por lesiones culposas, siempre que ofrezcan
inhabilitarse en la actividad supuestamente generadora de la violación de la norma penal y de un modo que se satisfagan los
valores en juego.
Corresponde dejar sin efecto la resolución que concede la suspensión del juicio a prueba y la que dispone la
inhabilitación del acusado para conducir vehículos, si han sido dictadas sin su debido consentimiento de auto inhabilitarse,
por lo que presentan falencias e irregularidades notorias que impiden su subsistencia. (Del voto de los Dres. Ferraris, Vittar,
Ayala y Catalano)
La inhabilitación para conducir automotores únicamente puede surgir de la imposición de una condena, y no resulta
posible que se acepte el compromiso del imputado de auto inhabilitarse.
La resolución por la que unilateralmente el tribunal decide ampliar la resolución que concede la suspensión del
juicio a prueba e imponer la inhabilitación para conducir implica aplicar una pena sin el debido juicio previo que la sustente
y sin dar oportunidad para el ejercicio de la defensa. (Del voto de los Dres. Garos Martínez y Posadas).
TRIBUNAL: Dres. Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar, Ayala, Catalano. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
CARDOZO, JORGE RAÚL – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 32.842/09) (Tomo 156: 187/196 –
13/mayo/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Suspensión del juicio a prueba, homicidio culposo, procedencia del instituto, reglas de
conducta.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 117/119 vta. II. ESTABLECER
que los tres años de inhabilitación para conducir vehículos automotores dispuestos como regla de conducta en la resolución
de fs. 113/114, se encuentran supeditados a revisión, al final del periodo, de conformidad al art. 20 ter, 2do. párrafo del C.P.
DOCTRINA: El artículo 84 del Código Penal cuantifica en cinco años el tiempo mínimo necesario para que la privación
especial -impuesta bajo forma de pena- cumpla el objetivo preventivo. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 20 ter
del mencionado digesto permite al juez disponer la rehabilitación transcurrida la mitad de dicho plazo, siempre que el
magistrado verifique un correcto comportamiento, que se ha remediado la incompetencia o no es de temer que se incurra en
nuevos abusos y, con directa afinidad al instituto de la suspensión del juicio a prueba, que se han reparado los daños en la
medida de lo posible.
Corresponde otorgar la suspensión del juicio a prueba cuando el delito causado es de homicidio culposo, si el
imputado reúne todos los requisitos exigidos por la ley, voluntariamente acepta que se imponga la incapacidad por el plazo
necesario y, además, consiente que cumplido dicho plazo, los efectos previstos en el cuarto párrafo del artículo 76 ter del
Código Penal procederán a resultas de la valoración que efectúe en ese momento el magistrado respecto al cumplimiento de
la regla de conducta impuesta de conformidad al segundo párrafo del artículo 20 ter del Código Penal
La suspensión del juicio a prueba puede ser otorgada para imputados de delitos cuya pena máxima exceda los tres
años de prisión, siempre que se cumplan los demás requisitos del instituto y a resultas del correspondiente juicio hipotético
sobre las condiciones del artículo 26 del Código Penal. (Del voto de los Dres. Ferraris, Vittar, Ayala y Catalano)
Procede la suspensión del juicio a prueba en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación, siempre que el
imputado acepte la imposición de una regla de conducta enderezada a neutralizar su probable incompetencia.
El principio “pro homine” impone privilegiar la interpretación legal que más derechos acuerden al ser humano, por
lo que el criterio que limita el alcance del beneficio previsto en el artículo 76 bis del Código Penal a los delitos que tienen
prevista una pena de prisión o reclusión cuyo máximo no supere los tres años, se funda en una exégesis irrazonable de la
norma. (Del voto del Dr. Cornejo)
No corresponde otorgar el suspensión del juicio a prueba si los delitos imputados se encuentran reprimidos con
pena de inhabilitación, en virtud de lo expresamente dispuesto en el último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal.
(Del voto de los Dres. Garros Martínez y Posadas)
TRIBUNAL: Dres. Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez, Posadas, Vittar. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
LÓPEZ, ALEJANDRO RICARDO – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 32.718/09) (Tomo 156: 925/946 –
01/junio/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Tentativa de homicidio, calificación del hecho, dolo.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 676/679.
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DOCTRINA: La tentativa de un delito determinado exige la concurrencia de tres elementos para ampliar el radio de
punibilidad: el fin de cometer un delito determinado, el comienzo de ejecución y la no consumación por causas extrañas a la
voluntad del agente.
La acusada es responsable del delito de tentativa de homicidio, si se encuentra acreditado que dirigió un disparo a
una parte vital del cuerpo de la víctima, desde una distancia menor, y motivada por diferencias anteriores mencionadas
incluso por ella, y lo apuntado se verifica fundamentalmente por las declaraciones de los testigos y los informes agregados
al debate, a lo cual se suma que pese a la conocida idoneidad del medio utilizado para producir el resultado letal, la
frustración de la empresa fue absolutamente extraña a la voluntad de la agente.
Resulta inconsistente suponer la existencia de un dolo de lesión o cualquier otro distinto al de matar, cuando el
mínimo de conciencia exigido por el artículo 34, inciso 1º del Código Penal se encuentra presente a pesar de la alegada
ingesta de estupefacientes y, concretamente, la comprensión del acto y la intención homicida directa, es indicada con
bastante claridad por las demostradas particularidades que rodearon el delito.
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
HERRERA, VICTORIA DEL VALLE – RECURSO DE CASACIÓN (Expte. Nº CJS 33.489/10) (Tomo 156: 873/882 –
01/junio/2011)
RECURSO DE CASACIÓN. Unificación de penas y condenas, parámetros de mensuración.
CUESTIÓN RESUELTA: I. NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 274/276.
DOCTRINA: La sentencia de condena que dispone la unificación de penas y condenas, es justa y se adecua a los parámetros
legales de mensuración y al principio de proporcionalidad, y presenta adecuada motivación, si su determinación fue
precedida por la mención de parámetros objetivos y subjetivos indicados por la ley y el tribunal de juicio ponderó las
calificaciones jurídicas recaídas en ambas sentencias, la escala prevista para los delitos atribuidos, su falta de motivación en
la norma, la reiteración de hechos delictivos probados, la extensión del daño ocasionado a la víctima, el concurso material
existente entre los hechos acreditados, y valoró como circunstancia atenuante el hecho de tratarse de su primera condena.
La unificación de las penas no involucra la revisión de las sentencias firmes. Debe respetar las declaraciones de los
hechos contenidos en ellas y no consiste necesariamente en la suma de las penas concurrentes, sino que el juez tiene libertad
para elegir, con arreglo a esas declaraciones de hechos, la naturaleza de la pena y fijar su medida.
TRIBUNAL: Dres. Vittar, Ayala, Catalano, Cornejo, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA: C/C
ESPINOZA, NÉSTOR OSCAR – PIEZAS PERTENECIENTES A EXPTE. CJS 31.561/8 (Expte. Nº CJS 33.478/10)
(Tomo 156: 555/562 – 17/mayo/2011)
RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL. Cuestiones procesales, resolución que deniega el recurso de casación,
doctrina de la arbitrariedad.
CUESTIÓN RESUELTA: I. DENEGAR el recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 37/56.
DOCTRINA: Es improcedente el recurso extraordinario federal si los agravios no revelan cuestión federal ni causal de
arbitrariedad alguna, porque la cuestión que suscitara la resolución denegatoria del recurso de casación no era susceptible de
ser recurrida por esa vía y además, la denegación de una queja mal articulada bajo ningún aspecto puede ocasionarle al
impugnante un gravamen de carácter irreparable o de índole constitucional.
Las disposiciones que declaran la improcedencia de los recursos planteados por ante los tribunales locales no
justifican en principio el otorgamiento de la apelación extraordinaria, en virtud del carácter fáctico y procesal de las
cuestiones que suscitan.
La doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto abrir una instancia ordinaria para debatir temas ajenos a la
competencia específica de la Corte, cuando no se demuestra que el pronunciamiento impugnado contenga, en esos aspectos,
violación a normas constitucionales o graves defectos de fundamentación y razonamiento que lo hagan inválido como acto
jurisdiccional.
TRIBUNAL: Dres. Posadas, Vittar, Ayala, Catalano, Ferraris, Garros Martínez. DOCTRINA: Dra. Galli. CAUSA:
BONINI, MARTÍN ESTEBAN; BONINI, JOSÉ LUIS – QUEJA POR REC. DE CASACIÓN DENEGADO (Expte. Nº CJS
33.274/10) (Tomo 156: 223/228 – 13/mayo/2011)
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