España-Israel: Relaciones en materia militar ... - Nodo 50

Las críticas a los modos de funcionar de la JIMDDU y la Ley sobre Exportaciones de Armas
son diversas. Destacan tres. En primer lugar, el secreto de Estado en el comercio de armas impide
hablar de transparencia y, además, otorga la cobertura necesaria para ocultar lo que algunos
autores han denominado el “descontrol existente en el comercio de armas”. 57 Mantener secretas
las actas de la JIMDDU supone que la información sobre el comercio de armas no puede ser
conocida por la opinión pública ni sometida a control parlamentario. Sólo conocen los detalles
de las transferencias de armas la industria armamentista y la Administración, lo que imposibilita
en la práctica que se pueda llevar a cabo un control judicial de las autorizaciones administrativas
de exportación otorgadas. Jurídicamente esta clasificación de secreto vulnera la Ley sobre Secretos
Oficiales, que sólo permite declarar como secreta aquella información cuyo conocimiento
público “pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado” (artículo 2). 58 La Ley
obliga al Gobierno a enviar al Congreso de los Diputados información estadística sobre las exportaciones
de armas (artículo 16), pero esta información es muy parcial y no se conoce el tipo
de armamento que se exporta (sólo la categoría a la que pertenece), la empresa vendedora y la
identidad pública o privada del comprador. El secreto estadístico no está recogido expresamente
en el texto de la Ley, pero resulta aplicable en virtud del artículo 13 de la Ley 12/1989, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública. 59
La segunda crítica es que la JIMDDU pueda decidir no emitir comentarios para una operación
concreta y que pueda eximir a los exportadores de la obligación de presentar los documentos
de control (artículo 14, apartado 3). La Ley no impide que la JIMDDU decida no controlar
determinadas exportaciones, poder que podrá utilizar a su libre arbitrio. 60 Finalmente, en tercer
lugar, es manifiesto el peso significativo que tiene el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
en el proceso de autorizaciones, circunstancia que ha promovido las críticas sobre la preferencia
de las consideraciones comerciales frente a otros aspectos como los conflictos armados y el
respeto de los derechos humanos61 Efectivamente, son significativas las políticas de apoyo a la
industria de armamento (inversión, investigación y desarrollo (I+D), proyectos europeos...) y de
fomento de las exportaciones de armas españolas, a través de la Oficina de Apoyo Exterior del
Ministerio de Defensa, las agregadurías de Defensa en las embajadas, dos empresas públicas
(DEFEX SA e ISDEFE - Gerencia de Cooperación Industrial), y la Compañía Española de Seguros
de Crédito a la Exportación (CESCE), entidad mayoritariamente pública que facilita y asegura
las exportaciones españolas, una parte de material militar. Además, la disposición operativa 10
del Código de Conducta abre la puerta a que se prioricen los criterios económicos, sociales,
comerciales o industriales españoles sobre la protección de los derechos humanos, la paz y la
seguridad internacional y el desarme. 62
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “el Código de Conducta
de la UE tiene (...) el 90% [del] rol principal en el mecanismo de control de exportaciones español”. 63
Sin embargo, desde 1988, los criterios utilizados para autorizar las exportaciones de armas españolas
(antes de la adopción del Código de Conducta de la UE) incluyen referencias a la restricción de las
ventas a los países en situación de conflicto armado o donde se violan los derechos humanos. 64
Mark Bromley, en un informe para el prestigioso Instituto Internacional de Investigación para
la Paz de Estocolmo (SIPRI), describe de la manera siguiente la relevancia del Código de Conducta
en las exportaciones españolas:
“Las autoridades no se fían de atribuir cualquier rol causal al Código de Conducta de la UE en los
desarrollos generales, tanto en los mercados de exportaciones españolas como en el tratamiento
del Gobierno de determinados tipos de equipamiento o destinos. Más bien, las autoridades des-
España-Israel
Relaciones en materia militar, armamentista y de seguridad.
Balance y tendencias
57 Tica Font y Eduardo Melero (2007): “La ley
de ocultación de armas”, 23 de noviembre,
disponible en Centro de Estudios para la Paz J. M.
Delàs, Materiales de Trabajo, núm. 33, febrero de
2008, pp. 8-9.
58 La argumentación sobre que la clasificación
como secretas de las actas de la JIMDDU vulnera
la Ley sobre Secretos Oficiales está ampliamente
desarrollada en Eduardo Melero (2008): Op. Cit.,
pp. 182-209.
59 Tica Font y Eduardo Melero (2007): Op. Cit.
60 Ibídem.
61 Mark Bromley (2008): Op. Cit., p. 42.
62 Centro de Estudios para la Paz J.M. Delàs
(2007): “Primera ley que regula el comercio de
armas en España”, Editorial, Materiales de Trabajo,
núm. 33, febrero de 2008.
63 Mark Bromley (2008): Op. Cit., p. 47.
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