opinión - Tribuna de Querétaro

Tribuna de Querétaro
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“Los funcionarios públicos tienen poca costumbre a ser alternativamente
funcionario y ciudadano”, advirtió el catedrático de la FCPS
ACTITUD DE FUNCIONARIOS,
LASTRE DE LA TRANSPARENCIA:
LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ / RICARDO LUGO
Aunque las mediciones de transparencia
y acceso a la información “mejoran el
estado del paciente”, la inercia en la actitud
de los servidores públicos se encamina hacia
no proporcionar la información pública,
consideró Luis Alberto Fernández García,
catedrático universitario especialista en
acceso a la información.
“Los funcionarios públicos tienen poca costumbre
a ser alternativamente funcionario y
ciudadano, a estar a un lado del escritorio u
otro, adentro o fuera de la ventanilla. Pero
cuando están en el palacio no piensan que
mañana estarán en la plaza, entonces hacen
cosas como si fueran a ser gobernantes por
siempre y toman decisiones que afectan a los
ciudadanos y refuerzan las dinámicas autoritarias”,
manifestó Fernández García.
De acuerdo con quien ha impulsado y encabezado
varios estudios sobre transparencia y
rendición de cuentas, los servidores públicos
lastiman el ejercicio del acceso a la información
cuando buscan y encuentran la vía con
tal de no proporcionar la información que
desde un inicio debería ser pública.
Una de estas rutas ha sido el redactar oficios
extensos en el que al final se le dice al ciudadano
que la información no se le entrega.
“Podríamos pensar en una reforma en la
que en ningún caso el sujeto obligado pudiera
negar la información. Si realmente considera
que hay motivos para que la información sea
reservada, que él le solicite directamente a la
comisión la reserva y que la justifiquen.
“Que no le contesten al ciudadano con oficios
ambiguos y largos, para decirle que no
se la da. Ahí se ha quedado el ejercicio del
derecho en muchas ocasiones”, advirtió.
En cuanto a las ocasiones en que se pide
la reserva de la información, el académico
alertó que se han presentado casos en que los
procesos de adquisiciones y licitaciones que
hace Gobierno del Estado no se ajustan a los
criterios legales y constitucionales.
“El órgano regulador tiene algunas decisiones
que incluso es difícil encontrar en internet,
las actas y los razonamientos cuando
declara las reservas que a veces son totalmente
infundadas. En muchos casos no se justifican.
“Incluso hay procesos de adquisiciones de
licitaciones de concursos de Gobierno del Estado
que sin ajustarse a los criterios legales
–y mucho menos a los constitucionales– han
declarado la reserva y los ciudadanos estamos
aquí sin hacer nada o sabiendo poco”, aseguró.
Luis Alberto Fernández consideró que la
CEIG ha cumplido su papel “mucho menos
a lo que ciudadanos tendríamos derecho a
esperar e incluso exigir”. Señaló que existen
limitaciones en el actuar de la Comisión, debido
a la normatividad que la rige, y que desde
2008 ha habido “un retroceso”.
“Hubo retroceso cuando se reformó la
Constitución del estado, cuando hicieron
la Constitución chiquita. En vez del órgano
colegiado que tomaba las decisiones hay un
consejero, como si fuera él el único funcionario
y el resto no tiene facultades ni fuerza.
Eso es un retroceso, independientemente de
las cualidades personales de quien ejerce el
puesto”, manifestó.
Respecto a lo que será el segundo periodo de
Javier Rascado Pérez al frente de la CEIG, Fernández
García le recomendó impulsar más
cambios de manera que los ciudadanos gasten
menos y obtengan más rápido la información
pública que desean.
Asimismo, recordó que una vez que termine
su gestión al frente de la Comisión, ya no estará
“en el escritorio” como servidor público
y para ejercer el derecho de acceso a la información
le conviene ‘heredarse’ un marco
normativo adecuado todos los ciudadanos.
“Que revise sus normas y que las adecúe
a la Constitución. Segundo, hay que hacer
creativos y que de ahí salga la reforma para
que el ejercicio del derecho sea más expedito
y menos costoso para los ciudadanos.
“Como ya es su segundo periodo yo le diría
que después de ahí irás a estar del otro lado
del escritorio: a ver autoherédate un marco
que sea menos costoso para el ciudadano en
el ejercicio de su derecho. Es donde podemos
exigir porque es parte de su trabajo”, indicó.
“Los ciudadanos debemos hacer más uso
de lo que tenemos y a la vez tenemos muchos
pendientes. Casi siempre que se habla del tema
del ejercicio de los derechos, la idea de
la democracia, la participación, siempre hay
reclamos de que la gente no participa, no hay
conciencia, que los ciudadanos no se informan.
“Si todos los ciudadanos fueran el Che Guevara,
no necesitaríamos marcos institucionales.
No tienen tanto tiempo como el funcionario
que les niega la información. Necesitamos
marcos institucionales que nos faciliten el uso
de nuestros derechos”, concluyó.
CARLO DANIEL AGUILAR GONZÁLEZ
19 DE MARZO DE 2013 • AÑO XVII • NO. 658
VOCES DE LA TRANSPAREN
Todavía no predomina la cultura de entregar la información “de
manera inmediata y oportuna”, lamentó el diputado Marco Antonio
León Hernández
SE DEBE FORTALECER
“VOLUNTAD POLÍTICA DE LOS
GOBERNANTES”
10 años después de la creación de la
Comisión Estatal de Información
Gubernamental (CEIG), el “gran tema”
que necesitamos consolidar es la “voluntad
política” de los sujetos obligados para
entregar la información pública que se
les pida, manifestó Marco Antonio León
Hernández, actual diputado local e impulsor
de la Ley Estatal de Acceso a la Información
Gubernamental en 2002 cuando era
integrante de la LIII Legislatura.
De acuerdo con el presidente de la Comisión
de Puntos Constitucionales en la LVII Legislatura,
todavía no predomina la cultura de entregar
la información “de manera inmediata
y oportuna”, e incluso en ocasiones los gobernantes
buscan esperarse “hasta el último término”
para dar u obstaculizar la información.
“Es importante que se exprese la voluntad de
todos los entes públicos. A mí me parece que
ése es el gran tema en el que hace falta trabajar,
el fortalecimiento de la voluntad política de los
gobernantes. Todos los sujetos obligados por la
Ley de Acceso (…)
“El espíritu es brindar la información de manera
inmediata y oportuna. No esperarse hasta
el último término”, explicó.
Para León Hernández falta dotar de más atribuciones
y facultades a la Comisión. Incluso
sugirió fortalecerla aún más vía la posibilidad
de sancionar a aquellos sujetos obligados o entes
públicos que reiteradamente se nieguen a
proporcionar información pública.
Asimismo, consideró que se requiere avanzar
en la consolidación en el acceso a la información.
“Sí hace falta avanzar en materia de acceso
a la información pública. Hay que revisar la
normatividad. Hay que darle más facultades
y la posibilidad de las sanciones a la CEIG, y
también hay que obligar a que todos los demás
entes tengan la voluntad (…)
“Cumplir con el acceso a la información implicaría
que este tipo de tarjetas (muestra un
objeto) o las tarjetas que yo prepare para intercambiar
con un diputado deben ser públicas.
¿Por qué? Pues porque son hechas con recursos
públicos y mi tiempo me lo está pagando el
dinero del pueblo”, advirtió.
Ley permite demandar al funcionario que
violente acceso a información
Al explicar y recordar algunos puntos de la
Ley Estatal de Acceso a la Información Guber-
namental, Marco Antonio León afirmó que
la ciudadanía tiene la posibilidad de acudir al
Ministerio Público a denunciar a servidores
públicos que violenten el derecho de acceso a
la información.
Esto, de acuerdo con el ex integrante de la
LV Legislatura, también aplicaría para quienes
hagan caso omiso de las decisiones u órdenes
de la CEIG.
“La Ley de Acceso establece incluso la posibilidad
de consignación ante el Ministerio Público
de quien violente el acceso. Hablamos de
los funcionarios. Yo en lo personal no conozco
un caso de alguien que haya sido denunciado
ante el Ministerio Público como funcionario
porque de manera reiterada no ha atendido las
instrucciones de la CEIG.”
Cuestionado sobre la fallida reforma que
impulsó en 2008, cuando se quiso integrar a
la CEIG con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH), León Hernández defendió
el intento y calificó como “muy rara” la resolución
que emitió la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) cuando echó abajo ese
cambio constitucional.
“La Suprema Corte dio una resolución muy
rara, nos ordenó que no era procedente la
unificación, pero sólo mantuvo como órgano
constitucional a la CEDH, pero a la CEIG la
mantuvo solamente con una autonomía legal.
Es decir, le bajó el rango: de ser constitucional
a un órgano legal (…) lo que afortunadamente
ya está resuelto”, concluyó.