violación al debido proceso en el caso acteal - Suprema Corte de ...

determinar quiénes pueden o no salir, porque lo único que se les había preguntando como
jueces constitucionales era si se había violado el derecho al debido proceso.
Posteriormente, hizo uso de la palabra la señora Ministra Olga Sánchez Cordero,
quien expresó las razones por las cuales estimaba que debía concederse el amparo a los
quejosos en el asunto que se presentaba bajo su ponencia.
Así, señaló que de un análisis al proceso penal, se pudo advertir que en términos
del artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales, el juez de la causa se
excedió en la facultad que tiene para dictar el auto de plazo constitucional, toda vez que en
dicha resolución incluyó ilícitos diversos de los que la representación social señaló en su
consignación y que no fueron materia del ejercicio de la acción penal por parte del
Ministerio Público.
Mencionó que lo antes precisado se corroboraba a partir del pliego de consignación
realizado por la Procuraduría General de la República, mediante el cual se solicita el
ejercicio de la acción penal en contra de los inculpados como probables responsables en
la comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y asociación delictuosa;
en cambio, el auto de formal prisión decretado a los ahora quejosos fue dictado en el
sentido de considerarlos como probables responsables de otros dos delitos más, esto es,
portación de arma de fuego sin licencia y portación de arma de fuego de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, los cuales fueron indebidamente incorporados al proceso
penal por el juez de la causa.
Por otro lado, precisó que en el proceso penal se presentaron violaciones a las
garantías individuales y a los derechos fundamentales de los inculpados, ahora quejosos,
tales como el derecho a un debido proceso enmarcado en la garantía de legalidad que se
encuentra protegida por el artículo 14 de la Constitución Federal y que también comprende
el derecho consistente en no ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentra
al margen de las exigencias constitucionales y legales.
En relación a este último punto, relativo a la prueba ilícita, la señora Ministra
Sánchez Cordero indicó que en el proyecto presentado bajo su ponencia se abordó el
estudio concreto respecto a tres pruebas que se estimaba no tenían eficacia en el proceso
penal, en virtud de que se obtuvieron de manera ilegal.
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