El asesinato de una inspectora de Policía que acababa de fallar en ...

De acuerdo con el expediente, Parra falsificó las escrituras públicas del 20 de abril de 1968 y
del 13 de febrero de 1960, de la Notaría Tercera del Cali, mediante las que, supuestamente, los
señores Pedro Ángel y Artemo Franco le vendían un predio.
Luego, registró el terreno y se lo vendió a otras dos personas. Por ese hecho el 26 de
septiembre de 1995
Parra fue condenado a 60 meses de cárcel. La aparición del nombre de Parra en este asunto
ha llevado a la justicia a concluir que este caso estaría relacionado con una banda que se
dedica a robar predios de particulares.
El ‘modus operandi’
La acumulación de denuncias por este tipo de estafa ha llegado a tal magnitud, que para
atenderlas el CTI de la Fiscalía designó un grupo especial de investigadores.
Un vocero de esa unidad le dijo a El País que por lo menos 200.000 metros cuadrados de tierra
podrían estar en riesgo. Las zonas de la ciudad donde más se presenta este delito son
sectores como Pance, El Ingenio, La Buitrera, La Viga y Chipichape, donde el metro cuadrado
no baja del millón de pesos.
Las víctimas de estas bandas muerden el anzuelo debido a las ofertas que ponen en los avisos
clasificados.
Cuando el comprador llama al celular le contesta una de las integrantes de la banda, quien se
hace pasar por la comisionista. Después otro de los estafadores suplanta, con documentos
falsos, al verdadero dueño del predio.
Llevan a sus víctimas a las notarías, donde, con la ayuda de algunos empleados, realizan las
escrituras ilegítimas. “Era tal la complicidad de los funcionarios que un sólo estafador llegó en
repetidas ocasiones a la notaría con diferentes cédulas suplantando las identidades de los
reales propietarios de los lotes”, dijo uno de los detectives.
En total, la red vendió lotes que, según las denuncias, tenían un valor de dos mil millones de
pesos. Incluso, una sola víctima alcanzó a comprar cuatro predios por $200 millones y hubo
otros estafados que construyeron sus viviendas antes de detectar la maniobra.
Las denuncias por la pérdida de los lotes empezaron a llegar a la Fiscalía en el 2006, los
investigadores se dieron cuenta de varias coincidencias en los relatos de las víctimas, una de
ellas fue la descripción de la comisionista que les vendía los terrenos.
El 11 de diciembre pasado la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía y el CTI
desarticularon la primera de estas bandas, al detener a diez personas, incluidos dos
funcionarios de las notarías 7 y 21 de Cali.
Según las autoridades, el grupo, que era liderado por Roberto Gómez Cruz, alcanzó a vender
de forma fraudulenta 50 lotes. Los dos funcionarios notariales eran contactados por Gómez
Cruz para que levantaran escrituras de los predios, con las que engañaban a los compradores,
quienes con la escritura supuestamente en regla registraban su bien en la Oficina de
Instrumentos Públicos. Los detenidos aceptaron la acusación que se les hizo por los delitos de
estafa, fraude procesal, falsedad en documento público y privado y concierto para delinquir.
En las declaraciones que entregó el empleado de la Notaría Séptima capturado, aseguró que
por cada escritura le pagaban dos millones de pesos.
La otra banda
Pese al golpe del CTI los problemas con lotes del Municipio continúan, aunque desde la
Dirección de Desarrollo Administrativo vienen adelantando siete procesos de restitución de
bienes (ver recuadro).
Los organismos de seguridad investigan tres casos de robos de lotes del Municipio, las
denuncias empezaron por las sospechas de los mismos notarios y en otros casos por
informantes anónimos.