El asesinato de una inspectora de Policía que acababa de fallar en ...

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El asesinato de una inspectora de Policía que acababa de fallar en un litigio por
la propiedad de un terreno revivió la preocupación por el constante robo de
predios en Cali.
Por: El País / 1 de junio de 2011
El asesinato de Olga Becerra, inspectora superior de Policía, podría ser el último eslabón de
una cadena de hechos criminales que incluyen una persona en el exilio por un atentado
sicarial, así como amenazas e intentos por amedrentar las denuncias sobre otra peligrosa
mafia que opera en Cali.
Durante el 2008 la inspectora Becerra enfrentó este grupo criminal que falsificando escrituras y
certificados de propiedad, estafa a la gente vendiendo lotes, suplantando a sus verdaderos
dueños, o que son propiedad del Municipio.
El caso del ‘autocine’ La última investigación que adelantó la inspectora Becerra tenía el
propósito de desenredar un litigio por la propiedad de un lote ubicado en el barrio Limonar,
donde funcionó el primer autocine de Cali (foto).
Allí, la firma Incon S.A. construye un complejo comercial que incluye una gran tienda por
departamentos.
El predio tiene múltiples problemas. De un lado fue adquirido a Álvaro Barrera Marín, quien
está sindicado por la Fiscalía de ser testaferro del confeso narcotraficante Juan Carlos
Ramírez, alias Chupeta (ver recuadro).
Pero además, cuando se inició la construcción del centro comercial, otra persona apareció
reclamando la propiedad sobre parte del terreno.
En efecto, Hernando Ruiz Ríos, dijo ser propietario de 7.664 metros de ese lote, por lo que
interpuso una querella.
La inspectora Becerra recibió el caso y llegó a la conclusión de que Ruiz no tiene propiedad
sobre el lote. Su fallo lo profirió el 11 de diciembre pero no alcanzó a notificar a las partes.
Por esa investigación la inspectora recibió un fax con amenazas contra su vida. Tal vez por eso
dejó una carta a las autoridades, que se conoció luego de su deceso, donde menciona a tres
personas involucradas en el trámite.
En el certificado de tradición presentado por Ruiz para su reclamo, se observan varias
inconsistencias.
La primera es que el lote habría sido adquirido en 1983 pero sólo fue registrado doce años
después en la Oficina de Instrumentos Públicos.
Según el documento, Hernando Ruiz le compró el terreno a Jaime Parra Aristizbal, mediante
escritura del 30 de junio de 1995, firmada en la Notaría Séptima de Cali, por un valor de $40
millones. El 10 de julio de 1995 aparecen dos registros, el de la compra de Parra en 1983 y el
de la compra de Ruiz, ese año. ¿Cómo hicieron para firmar la escritura once días antes de
contar con la matrícula inmobiliaria del predio negociado?
Además, en 1983 funcionaba el autocine en el lugar y Parra nunca se presentó a alegar que
estaban usando parte de su terreno para tal fin.
Lo que no está claro aún es si Ruiz compró o no de buena fe el predio a su presunto anterior
propietario, Jaime Parra. Lo cierto es que este último tiene antecedentes penales y contra él
fue proferida, en el año 2000, una orden de captura por los delitos de estafa y falsedad en
documento público. Parra también fue condenado en 1995 por el Juzgado Primero de Cali por
falsedad material de particular en documento público y estafa. El fallo fue ratificado por el
Tribunal Superior.

De acuerdo con el expediente, Parra falsificó las escrituras públicas del 20 de abril de 1968 y
del 13 de febrero de 1960, de la Notaría Tercera del Cali, mediante las que, supuestamente, los
señores Pedro Ángel y Artemo Franco le vendían un predio.
Luego, registró el terreno y se lo vendió a otras dos personas. Por ese hecho el 26 de
septiembre de 1995
Parra fue condenado a 60 meses de cárcel. La aparición del nombre de Parra en este asunto
ha llevado a la justicia a concluir que este caso estaría relacionado con una banda que se
dedica a robar predios de particulares.
El ‘modus operandi’
La acumulación de denuncias por este tipo de estafa ha llegado a tal magnitud, que para
atenderlas el CTI de la Fiscalía designó un grupo especial de investigadores.
Un vocero de esa unidad le dijo a El País que por lo menos 200.000 metros cuadrados de tierra
podrían estar en riesgo. Las zonas de la ciudad donde más se presenta este delito son
sectores como Pance, El Ingenio, La Buitrera, La Viga y Chipichape, donde el metro cuadrado
no baja del millón de pesos.
Las víctimas de estas bandas muerden el anzuelo debido a las ofertas que ponen en los avisos
clasificados.
Cuando el comprador llama al celular le contesta una de las integrantes de la banda, quien se
hace pasar por la comisionista. Después otro de los estafadores suplanta, con documentos
falsos, al verdadero dueño del predio.
Llevan a sus víctimas a las notarías, donde, con la ayuda de algunos empleados, realizan las
escrituras ilegítimas. “Era tal la complicidad de los funcionarios que un sólo estafador llegó en
repetidas ocasiones a la notaría con diferentes cédulas suplantando las identidades de los
reales propietarios de los lotes”, dijo uno de los detectives.
En total, la red vendió lotes que, según las denuncias, tenían un valor de dos mil millones de
pesos. Incluso, una sola víctima alcanzó a comprar cuatro predios por $200 millones y hubo
otros estafados que construyeron sus viviendas antes de detectar la maniobra.
Las denuncias por la pérdida de los lotes empezaron a llegar a la Fiscalía en el 2006, los
investigadores se dieron cuenta de varias coincidencias en los relatos de las víctimas, una de
ellas fue la descripción de la comisionista que les vendía los terrenos.
El 11 de diciembre pasado la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía y el CTI
desarticularon la primera de estas bandas, al detener a diez personas, incluidos dos
funcionarios de las notarías 7 y 21 de Cali.
Según las autoridades, el grupo, que era liderado por Roberto Gómez Cruz, alcanzó a vender
de forma fraudulenta 50 lotes. Los dos funcionarios notariales eran contactados por Gómez
Cruz para que levantaran escrituras de los predios, con las que engañaban a los compradores,
quienes con la escritura supuestamente en regla registraban su bien en la Oficina de
Instrumentos Públicos. Los detenidos aceptaron la acusación que se les hizo por los delitos de
estafa, fraude procesal, falsedad en documento público y privado y concierto para delinquir.
En las declaraciones que entregó el empleado de la Notaría Séptima capturado, aseguró que
por cada escritura le pagaban dos millones de pesos.
La otra banda
Pese al golpe del CTI los problemas con lotes del Municipio continúan, aunque desde la
Dirección de Desarrollo Administrativo vienen adelantando siete procesos de restitución de
bienes (ver recuadro).
Los organismos de seguridad investigan tres casos de robos de lotes del Municipio, las
denuncias empezaron por las sospechas de los mismos notarios y en otros casos por
informantes anónimos.

La dificultad que han enfrentado los investigadores, según la Fiscalía, es que la tradición de la
propiedad data de muchos años atrás, como el lote de 34.000 metros cuadrados de la
parcelación La Finca, en Pance, que comienza en 1979, cuando fue cedido al municipio como
zona verde.
Los investigadores intentan establecer si para las ventas fraudulentas se alteraron acuerdos
municipales que desafectan zonas verdes de la ciudad, como uno de 1986 en el que se da
permiso para urbanizar Mariano
Ramos, utilizado para engañar a los compradores más quisquillosos.
En algunos casos las hojas de los archivos del Concejo de Cali, donde reposan los acuerdos
municipales, han sido arrancadas y a las notarías llevan fotocopias.
En uno de los casos quien le compra al Municipio fallece y luego hay una sucesión de ventas.
En el otro caso la persona que le compró a la Alcaldía el lote sufre de demencia senil.
En los casos que investiga la Fiscalía tanto en los hurtos de predios a particulares como al
Municipio, se dan suplantaciones de identidad con cédulas falsas, falsificaciones de firmas y de
poderes. Incluso, en un caso radicaron en la oficina de registro una sentencia de un remate de
un juzgado, el papel era falso.
En las de robo al Municipio falsifican la firma del funcionario autorizado para vender los bienes.
En otra ocasión los delincuentes presentaron el poder conferido por un muerto.
Las autoridades indagan si las bandas dedicadas a los robos al Municipio tienen cómplices
entre los funcionarios de la administración. Al respecto, Arturo Barco, director de Desarrollo
Administrativo, dijo que “no se ha comprobado esa hipótesis”. Esta entidad lidera la restitución
de siete predios y está atenta a las denuncias.
La sombra de ‘Chupeta’
Un dato ha pasado inadvertido luego del asesinato de la inspectora de Policía, Olga Becerra.
En otro certificado de tradición, que al parecer es el real, aparece como propietario del predio
donde funcionará el centro comercial, Álvaro Barrera Marín, quien, según la Fiscalía, es uno de
los más grandes testaferros del narcotraficante Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta.
Barrera Marín está prófugo de la justicia, tiene orden de captura desde el 2007, mismo año en
que la firma Incon S.A. le compró el predio.
Voceros de esa compañía explicaron que en el momento del negocio solicitaron a la Dirección
Nacional de Estupefacientes, DNE, la certificación de que el predio no tuviera líos judiciales. En
la respuesta obtenida, cuyo contenido conoció este diario, Liliana Bitar, subdirectora de Bienes
de la DNE, indica que el lote no está registrado en su sistema pero aclara que esa entidad no
es competente para certificar antecedentes sobre investigaciones de personas y los conmina a
que indaguen en la Fiscalía General.
Otros casos
• La Viga
Esta zona verde fue cedida al Municipio de Cali mediante la escritura pública 2645 de
agosto de 1988 corrida en la Notaría Novena. Por medio de la escritura pública 311 de
noviembre de 1995 de la Notaría Diecinueve se efectuó su venta fraudulenta.

• Pance
Este parque fue cedido al Municipio de Cali mediante la escritura pública 2010 de abril
de 1979 de la Notaría Segunda. Por medio de la escritura pública 2107 de noviembre
de 1979 de la Notaría Séptima se realizó su venta fraudulenta.
• Las Villas
Esta zona verde fue cedida al Municipio de Cali mediante la escritura pública 4890 de
septiembre de 1979 de la Notaría Segunda. Por medio de la escritura pública 2529 de
julio de 1989 de la Notaría Octava se efectuó su venta fraudulenta.
• Cali
Esta zona verde fue cedida al Municipio de Cali mediante la escritura pública 1875 de
diciembre de 1999 de la Notaría Veinte. Su venta fraudulenta se ejecutó por medio de
la escritura pública 806 de marzo de 2000 corrida en la Notaría Octava.
• Cañasgordas
Esta zona verde fue cedida al Municipio de Cali por medio de la escritura pública 5624
de diciembre de 1973 de la Notaría Tercera. Su venta fraudulenta se realizó usando la
escritura pública 5257 de diciembre de 1994 corrida en la Notaría Octava.
• La María
Esta zona verde cedida al Municipio de Cali a través de la escritura pública 47 de enero
de 1975 corrida en la Notaría Quinta. Fue vendida fraudulentamente mediante la
escritura pública 3245 de marzo de 1996 de la Notaría Octava.
• Chipichape
Esta zona verde ubicada en la parte de atrás del centro comercial fue cedida al
Municipio por medio de la escritura pública 101 de marzo de 1995 corrida en la Notaría
Séptima. Su venta fraudulenta se dio usando la escritura pública 1114 de mayo de
1995 de la Notaría Octava.