Propuestas de reforma y mejora de la ejecución no dineraria en la ...

38 REVISTA XURÍDICA GALEGA
los ejecutados: el precio de la obra realizada a su costa que efectivamente deben satisfacer.(...)
lo expuesto no significa que el ejecutado deba asumir el precio de los trabajos
desarrollados y de los materiales empleados sin posibilidad de contradecir la reclamación
planteada de adverso en fase de ejecución. Por el contrario, creemos que
los derechos de defensa y de contradicción obligan a abrir el oportuno incidente cuando,
como aquí ocurre, no ha quedado determinado de manera definitiva el valor de las
obras a realizar.(...) Como las obras ya han sido realizadas en virtud del presupuesto
presentado por el ejecutante e impugnado en su día por los ejecutados, ya no es posible
acudir a su valoración previa por un perito tasador siguiendo el trámite previsto
en el artículo 706.2 la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución por obligación
de hacer no personalísima, cual es la aquí controvertida; pero sí podemos acudir,
para resolver la impugnación, al incidente para la liquidación de daños y perjuicios
regulado en los artículos 712 y siguientes de la Ley. Lo expuesto tiene un alcance
meramente procesal y no prejuzga el ámbito de la oposición que puede plantear el
ejecutado frente al valor de la factura aportada por el ejecutante”.
Este tratamiento de las diferencias entre la cantidad presupuestada con arreglo al art.
706.2, párrafo primero y el coste definitivo de la prestación, es rechazado por la Junta de
Jueces de Primera Instancia de Valencia que, en un acuerdo de unificación de criterios
adoptado en Junta de 16 de septiembre de 2008, ha entendido –omitiendo, eso sí, toda justificación-
que: “En lo relativo a la conversión de la condena de hacer incumplida en una
condena dineraria, a que se refiere el art. 706 de la LEC: (…) 2) La cuantía fijada por el
Juez en la providencia a que se refiere el art. 706 LEC es definitiva y no meramente provisional”
(en Práctica de Tribunales. Revista especializada en Derecho Procesal Civil y Mercantil,
núm. 56, enero 2009, pág. 45) 3. Esta interpretación no me parece ajustada a la ley,
si se tienen en cuenta la ratio de este precepto que se explica en el texto. Y en cuanto puede
conducir a que no se conceda toda la prestación amparada por el título ejecutivo, puede ser
lesiva de una de las manifestaciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
En mi opinión, son más acertados los criterios del AAP Santa Cruz de Tenerife 19
diciembre 2005, del AAP Granada 14 marzo 2005, y del AAP Barcelona 31 octubre
2007.
Para el AAP Santa Cruz de Tenerife (Sección 1ª), 19 diciembre 2005, LA
LEY 2211182/2005: “Tercero. (...) si el ejecutante opta por encargar el hacer a un tercero,
es claro que el coste de la obra debe recaer sobre el patrimonio del ejecutado,
3 Parece compartir esa opinión el AAP Valladolid (Sección 3ª), Auto 17 enero 2005, LA LEY JURIS:
1999745/2005, cuando, al final de un razonamiento destinado a resolver otro problema, indica que el “Juez, que
en virtud de las alegaciones que las partes puedan hacer a tal informe (aplicación por analogía del art. 639) decidirá
mediante providencia la valoración definitiva a efectos de la ejecución y que puede ser incluso favorable
al ejecutado.”