En la ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de mayo del ...

SENTENCIA NUMERO: CINCUENTA Y SIETE.-
En la ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de mayo del año dos mil
ocho, siendo día y hora de audiencia designada en estos autos caratulados:
"CUELLO ALBERTO MARTIN C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA –ORDINARIO- ENFERMEDAD ACCIDENTE
CON FUNDAMENTO EN EL DERECHO COMUN-(EXPTE. Nº 74976/37)", a
los fines de que tenga lugar la lectura de la sentencia, se constituye en sesión
pública y oral el Tribunal de la Sala Cuarta de la Excma. Cámara del Trabajo
integrado por los Dres. Mario Ricardo Pérez, Henry Francisco Mischis y María
del Carmen Maine, bajo la presidencia del primero de los nombrados y por ante
el actuario; procediéndose a dictar sentencia en estos autos de los que resulta que
a fs. 1/20 comparece el Sr. Alberto Martín Cuello iniciando formal demanda en
contra del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, procurando la
reparación integral, daño moral y lucro cesante con las costas del proceso.
Presenta el actor como plataforma fáctica, que una vez terminado el secundario
inició estudios como alumno regular en la Facultad de Arquitectura en la U.N.C.,
que al nacer su hijo para atender los gastos de su grupo familiar decidió hacer la
carrera para oficial del Servicio Penitenciario Provincial ingresando el 3 de
marzo del 2002. Relata que dos años después con el grado de Oficial Subadjutor,
accedió a planta permanente, siendo destinado al penal de Bower, módulo MXI,
donde están los reclusos que requieren mayor seguridad, siendo la prestación
laboral de 24 horas de servicio por 48 hs. de descanso, percibiendo en el mes de

septiembre próximo pasado la suma de $1.441,56; ya con el grado de adjutor.
Describe que el 2 de enero de 2005, fue trasladado al Penal de barrio San Martín,
lugar donde ocurrieron luego los graves y luctuosos sucesos que son la causa
eficiente de esta demanda. Narra que el día 10 de febrero de ese año entre las 15
y las 16 horas, se produjo el amotinamiento de todos los reclusos, hecho que tuvo
trascendencia nacional e internacional, las imágenes televisivas mostraron a los
revoltosos encapuchados y armados, estando los guardias arrodillados
implorando clemencia, siendo uno de ellos el accionante. Señala que se lo ve en
una de las fotografías publicadas en los diarios “La Voz del Interior” y “Día a
Día”, con los brazos en alto. Describe que ese día, como los otros compañeros,
debió sufrir inimaginables torturas físicas y terribles tormentos psíquicos y
morales, durante dos días; en los cuáles recibió patadas, golpes en todas partes
del cuerpo, especialmente en la cara y en los genitales; lo hicieron agachar para
procurar introducirle un palo en el ano, o tratar de violarlo, vejámenes sádicos,
como hacerlo rezar con pistolas en la cabeza. Precisa que concluido el motín
brotaron las secuelas psíquicas y orgánicas, dormir mal, sobresalto, con
pesadillas, descomposturas, cefaleas, angustia, temor, llantos y pánico, que por
ello requirió asistencia psiquiátrica y baterías de fármacos, deambulando por el
Policlínico Policial, Sanatorio Allende, Sanatorio Morra, IPAM, Hospital
Español, sección Diagnóstico por imágenes. Expresa que el 31 de agosto fue
ascendido al grado de adjutor, por mérito extraordinario fundado en un acto
destacado de “servicio”, recibió dos medallas, una por labor desempeñada

durante la revuelta y otra por la templanza y el honor. Afirma que transcurridos
nueve meses, la evaluación médico legal consta en el certificado expedido por el
Dr. Pacho, que dice que posee “secuela traumática de cara con fractura de
tabique nasal, dolor y leve dificultad al respirar. Gonalgia y dolor de tobillo
derecho post-traumático, stress post-traumático con somatizaciones
generalizadas. Incapacidad parcial y permanente del sesenta y ocho por ciento de
la total obrera (68% de la T.O.). Calificándolas como accidentes del Trabajo”.
Puntualiza que la competencia del Tribunal deviene por aplicación del art. 1º
inciso 1º y 2º de la ley 7987. Funda la acción en las normas del Derecho Común,
Arts. 1109 y 1113 y concordantes del C.C.; Estatuto Régimen para el personal
del Servicio Penitenciario Pcial. Ley 19.587 y su decreto reglamentario nº 351/79
y los derechos fundamentales que posee de conformidad al Art. 14 bis de la C.N.
y concordantes de la Constitución Provincial. Para el supuesto caso que la
demandada invoque su exclusión de responsabilidad civil pretendiendo
ampararse en la cobertura prevista por el Art. 39 de la ley 24.557 y el decreto
1278/00, el actor plantea la inconstitucionalidad de los Arts. 6, 7, 8, 9, 14, 15, 21,
22, 39, 40, 46, 49 en la cláusula adicional primera de la ley 24.557, decreto
1278/00 y todas las normas concordantes con estos plexos, siendo esto ya
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Aquino”,
“Castillo” y “Millone”. Denuncia que el Art. 39 de la ley de Riesgos del Trabajo
le causa un perjuicio concreto al impedirle acceder a una reparación integral,
especialmente la del daño moral y psicológico, excluidos del régimen tarifado.

Que por el deterioro psicofísico sufrido menguó su capacidad laboral y
profesional personal, social y familiar, restándole chances dentro de la Institución
y también de la carrera universitaria, a más de los trastornos y padecimientos
psicológicos y traumáticos que le perturban y afectan, por ello considera que el
estado provincial por ser empleador está obligado a indemnizarlo en forma
integral. Desarrolla como factores de atribución objetivos, que se trata de la
situación contemplada en el art. 1113 del C.C., que la palabra “cosa” no debe ser
interpretada como algo material sino como el alcance que le dieran los Dres.
Edgar Ferreyra y Luis Moisset de Espanés como integrantes del Tribunal
Superior de Córdoba, que la actividad de los guardiacarceles es altamente
riesgosa, que ello es algo obvio. Señala que la demandada debe tener pleno
conocimiento de lo que ocurre en las unidades carcelarias de las cuáles es
responsable, por ende carga con las consecuencia mediatas e inmediatas o
posibles de los hechos que sucedan. Declara aplicable la teoría de las cargas
dinámicas en la actividad probatoria y responsabiliza a la demandada de
conformidad a los Arts. 903 y 904 del C.C.. Desarrolla factores de
responsabilidad subjetivos y en subsidio invoca el Art. 1109 del Código Civil,
destaca que la cuestión de la seguridad carcelaria ha sido debatida no sólo por su
hacinamiento, sino también escaso personal, mal equipado, deficiencias en las
instalaciones, como ocurrió en la fuga de Bower, por ello afirma que cabe
imputarle culpa o al menos negligencia al Estado Provincial por ese estado de
cosas. Invoca la antijuridicidad formal en el cotejo entre los hechos ocurridos y

las consecuencias en su organismo lo que permite concluir que la accionada al
haber infringido normas legales está obligada a reparar.- Aduce que el típico
infortunio laboral fue el factor desencadenante, agravante o acelerante de la
patología denunciada, siendo declarado totalmente apto y sano en el exámen
médico preocupacional. Como reparación solicita lucro cesante pasado y futuro,
pérdida de chance o ganancia de acuerdo al andamiento en los Arts. 1078, 1081,
1083 y concordantes del C.C., el cuál será fijado por el Tribunal de Mérito
conforme la prueba rendida en uso de las atribuciones conferidas por las leyes de
fondo y será la base de las costas. Por ello acude a la fórmula “marshall” que
tiene en cuenta la edad (24 años) que restan hasta llegar a los 70 años (vida útil)
el grado de incapacidad (68%) y los ingresos normales y habituales, que
comprenden la remuneración como empleado provincial y el adicional arriba
señalado. Plantea daño moral, con fundamento en el Art. 1078 del C.C., y
denuncia que los momentos que debió vivir aquel fatídico 10 y 11 de febrero y
las secuelas desencadenadas descriptas, justipreciando el mismo en la suma de
pesos cincuenta mil ($50.000,00). Solicita la exclusión del régimen de
consolidación y en subsidio plantea su inconstitucionalidad, por estar el crédito
del actor comprendido conforme lo dispuesto en el inciso 4, Art. 2 de la ley 8250
(la que remite la ley 8836), tanto el crédito por daño material emergente, cierto,
inmediato y presente en la salud de las personas físicas está excluido del régimen
de consolidación. Hace reserva del Caso Federal.- A fs. 64, tiene lugar la
audiencia de conciliación en la que las partes no se avienen, la parte actora se

atifica de la demanda y solicita se le haga lugar con más actualización
monetaria, intereses y costas; peticionando el Superior Gobierno de la Provincia
de Córdoba y Consolidar ART S.A. –citada como tercero- a través de sus
apoderados el rechazo de aquella con costas, a tenor del memorial que adjunta el
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a fs. 48/58, en el que como
cuestión preliminar considera que el fuero competente es la Justicia Provincial ya
que las normas que fijan la competencia son por excelencia normas de carácter
procedimental y que por expresa disposición constitucional (Art. 121 de la C.N.)
son materia reservada a las provincias.- Destaca que las Comisiones Médicas
locales constituyen el soporte técnico que determinan las patologías, el grado de
incapacidad, la primera manifestación invalidante, constituyendo el mismo un
requisito previo; sus resoluciones no son definitivas; la concurrencia a las
comisiones no agravian a la Provincia, ni lesionan su derecho de defensa.
Recalca que el Art. 21 de la ley 24.557 establece que las comisiones médicas
serán las encargadas de determinar la naturaleza laboral del accidente o
enfermedad profesional. Afirma que el trámite de juicio ordinario impreso a la
presente causa es correcto porque permite el debate y análisis de la totalidad de
los aspectos de la pretensión del actor tales como la cuestión médica y la
determinación de la naturaleza laboral de la contingencia demandada. Plantea
defensa falta de acción, porque el actor carece de acción atento que a la fecha de
interposición de la demanda persiguiendo el cobro de una reparación integral al
amparo de los Arts. 1068, 1078, 1112 y 1113 del C.C., por la incapacidad

derivada del desempeño de sus funciones en el Servicio Penitenciario Provincial,
se encontraba plenamente vigente la ley 24.557 y lo dispuesto por el Art. 39 de
esa ley, que establece expresamente que el cumplimiento de las prestaciones
exime al empleador de responsabilidad civil, salvo en el caso del Art. 1072 del
C.C. Precisa que el actor igual carece de acción atento a que debió accionar en
los términos del Art. 904 y concordantes del C.C.. en contra de los autores del
hecho ilícito que motivaron los daños demandados, que no son otros que los
amotinados. Que también carece de acción el actor para demandar a su parte al
no sujetarse al procedimiento reglado por el Decreto Nº 717/96 y lo previsto por
el Art. 21 de la L.R.T. que dispone que son las Comisiones Médicas y la
Comisión Médica Central, las encargadas de determinar la naturaleza laboral de
la enfermedad denunciada, el carácter y grado de incapacidad y el contenido y
alcance de las prestaciones en especie previstas por la ley. Subsidiariamente
contesta demanda, hace presente que los hechos motivo de la demanda se
encuentran bajo investigación penal y habiendo optado el actor por el reclamo
fundado en el derecho civil, debe estarse a la espera del resultado de la misma a
fin de determinar las posibles responsabilidades en el evento. Puntualiza que sin
desconocer que el hecho del motín efectivamente ocurrió, es lícito y obligado
para esta parte conjeturar sobre las consecuencias del acontecimiento y las
incidencias en la persona y la salud de la parte actora. Por ello niega todos y cada
uno de los hechos y el derecho que no sean objeto de expreso reconocimiento en
el responde. Niega que el actor en el Servicio Penitenciario tuviera a su cargo el

total de tareas que enumera y describe, negando que a las mismas las desarrollara
en las circunstancias de tiempo, lugar y modo que cita; que el actor a causa de lo
denunciado y descripto en la demanda el día 10 de Febrero de 2005 viviera o
padeciera el total de los hechos que cita y describe, negando que al igual que
otros compañeros del Servicio Penitenciario haya sufrido inimaginables torturas
físicas y terribles tormentos psíquicos y morales durante dos interminables días,
ello tal cuál lo refiere en su líbelo introductivo. Niega que el actor haya percibido
en el motín del Penal de Bº San Martín patadas, golpes en todas las partes del
cuerpo, especialmente en la cara y genitales; que los reclusos lo hicieran agachar
para introducirle un palo en el ano o intentar violarlo y que le hayan efectuado
vejámenes sádicos, tales como hacerlo rezar con pistolas en la cabeza. Niega que
el actor haya vivido en carne propia toda la peor degradación de los seres
humanos transformados en bestias por los efectos del alcohol y los alcaloides,
que el actor padezca las lesiones invocadas en su demanda a saber “secuela
traumática de cara con fractura del tabique nasal, dolor y leve dificultad para
respirar. Gonalgia y dolor en el tobillo derecho post traumático. Stress post
traumático con somatizaciones generalizadas”; negando que las mismas
determinen una incapacidad del 68% de la T.O. y que se califiquen médico
legalmente como accidente de trabajo, que de padecer el actor alguna
incapacidad la misma será de carácter inculpable, y sólo atribuirse a factores
personales. Impugna los certificados médicos agregados en la demanda, por ser
los mismos infundados y arbitrarios; niega la responsabilidad que se le pueda

imputar a la accionada, que el obrar negligente de los funcionarios del Estado y
la responsabilidad indirecta de éste por los hechos de sus dependientes; que haya
sufrido daño psico-físico alguno, que menguara su capacidad laboral,
profesional, personal, social y familiar, restándole chances dentro de la
Institución y también de su carrera profesional. Niega que el accionante tenga
derecho a reclamar en virtud de los Arts. 902, 903, 904, 907, 1078, 1081, 1083,
1109, 1112 y 1113 del C.C.; también se niega el monto indemnizatorio
pretendido. Destaca que la ART aún no le fijó incapacidad a lo cual la parte
actora no efectuó observación alguna , por ello la demanda debe ser rechazada en
todas sus partes, con costas. Con relación a los planteos de inconstitucionalidad
de los Arts. 6, 7, 8, 9, 14, 21, 22, 39, 40, 46, 49 cláusula adicional primera de la
ley 24.557, es de hacer notar que la legislación atacada debe ser convalidada en
cuanto su constitucionalidad debiendo rechazarse dicho planteo, con costas,
debido a su improcedencia formal, por cuanto para lograr justificar el reproche
formulado necesariamente debe efectuarse una concreta impugnación en función
del principio de especificidad, y la petición de la actora no satisface los recaudos
precitados y sólo trasuntan la mera disconformidad con el contenido de las norma
atacadas y con el legislador en orden a las facultades que le son propias.
Denuncia improcedencia sustancial del planteo de inconstitucionalidad, pues gira
ello en torno a las facultades del Poder Legislativo Nacional ante situaciones de
emergencia, y a través del dictado de la ley 24.557 ejerció facultades que son
otorgadas por la ley fundamental. En torno al Art. 39 de la ley 24.557 aduce que

éste no resulta violatoria de los principios de igualdad, reparación integral, y
alterum non laedere; asimismo considera que el Art. 21 de la misma es
constitucional atento que las resoluciones dictadas por las Comisiones Médicas
son recurribles judicialmente; reiterando los argumentos en lo atinente al Art. 46
de esa norma. Por ello en definitiva todas y cada una de las
inconstitucionalidades planteadas por la actora de manera alguna cercenan,
coartan, o impiden ejercer sus derechos, como tampoco le impiden el acceso a la
justicia. Finalmente sostiene que la parte actora, enfáticamente reclama una
contingencia típica prevista por el Art. 6 inc. 1º de la LRT, y en su caso el pedido
de declaración de inconstitucionalidad y la demanda contraviene la doctrina de
los actos propios.- Por último niega la remuneración tomada como base, los
cálculos efectuados, impugnando la totalidad de dichos importes y deja planteado
el Caso Federal para el supuesto de un pronunciamiento adverso.- A fs. 59/63, la
aseguradora Consolidar ART S.A. acompaña memorial de contestación en el que,
en síntesis, expresa que emitió a favor de la demandada contrato de afiliación, en
virtud de la cuál las partes se someten a la ley 24.557 y sus reglamentaciones;
que por ello el actor al fundar su reclamo en el marco del Código Civil se
equivoca al intentar el resarcimiento por una vía que se encuentra derogada por la
normativa de riesgos del trabajo. Niega que la demandada y la aseguradora
hubiera póliza de seguro a partir del 1 de julio de 1996, que cubra la
responsabilidad civil por infortunios laborales que sufra el personal en relación
de dependencia de la provincia. Deja planteada como defensa de fondo, la de

falta de legitimación pasiva que no se fundamenta en supuesto de “caducidad”
del seguro, sino, simplemente, en la existencia de cobertura alguna para el
reclamo de autos, sino en la inexistencia de la cobertura alguna para el reclamo
de autos, ya que en el contrato de afiliación, solamente prevé el sometimiento a
las disposiciones de la ley 24.557, con exclusión de la acción del derecho común,
que tan sólo procede contra el empleador cuando mediara dolo (que no es el caso
de autos). Que por ello nos encontramos frente a un caso de no seguro ya que el
contrato de afiliación sólo prevé el sometimiento de la ley 24.557. Asimismo
contesta demanda y niega todas y cada una de las afirmaciones efectuadas por el
actor en su líbelo inicial, por no constar y ser parte ajena a la relación laboral
entre el actor y demandada. Niega todas y cada unas de las tareas que afirma el
actor haber realizado a las ordenes de la demandada y que se desempeñara en las
condiciones relatadas en demanda; que el actor haya sufrido un “accidente de
trabajo” , que durante el motín ocurrido durante los días 10 y 11 de febrero de
2005 al accionante haya sufrido “inimaginables torturas físicas y terribles
tormentos físicos y morales”, que recibiera patadas y golpes en todas las partes
del cuerpo, especialmente en la cara y en los genitales; que los reclusos lo
hicieran agachar al actor para procurar introducirle un palo en el ano o tratar de
violarlo, que lo sometieran a “vejámenes sádicos” y que lo hicieran rezar con
pistolas en la cabeza. Niega que el actor se encuentre afectado de las dolencias
que denuncia en demanda, que las mismas, en el caso de existir, puedan ser
calificadas como secuelas del accidente de trabajo y que le ocasionen al actor el

porcentaje de incapacidad invocado; que las patologías denunciadas hayan tenido
como origen el motín señalado por el accionante; y que los acontecimientos en
caso de haber ocurrido, puedan ser calificados como “accidente de trabajo”.
Niega que existiera de parte de la demandada, responsabilidad extracontractual
objetiva, en el marco del Art. 1113 del Código Civil o responsabilidad subjetiva,
enmarcada en el Art. 1109 de esa norma; que pueda considerarse razonable el
cálculo que practica el reclamante para arribar a un importe de $224.249 en
concepto de lucro cesante pasado y futuro, pérdida de chances o calificados como
“accidente de trabajo”. Que frente al evento que diera origen a la denuncia del
actor a Consolidar ART S.A., cumplió con todas y cada una de sus obligaciones
derivadas de la ley 24.557 y normativa reglamentaria, brindó al trabajador, las
prestaciones en especie adecuadas y habiéndose cumplido un año desde la fecha
del suceso, solicitó la intervención de la Comisión Médica Nº 5 a los fines de
determinar el estado de salud del trabajador, la que no debe entenderse como
aceptación de responsabilidad alguna de la aseguradora en función del derecho
invocado en autos. Impugna las bases que el actor utiliza para evaluar la
indemnización, como también la cifra e ilogicidad de los parámetros que se
incorporan a dicha metodología, la que es simplista, antojadiza y carente de
apoyatura jurídica. Rechaza la existencia de lucro cesante, daño moral y que en el
supuesto de haber existido el mismo en ningún caso puede ser compensado con
montos que parecen tendientes a convertir la demanda en una fuente de
enriquecimiento y negocio lucrativo. Solicita se aplique el tope regulatorio

previsto por el Art. 8 de la ley 24.432. Contesta planteo de inconstitucionalidad
de la ley 24.557, destacando que el pedido del actor de declarar de
inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley de riesgos del trabajo, se
puede sintetizar en el cuestionamiento a la eximición del empleador de
indemnizar en el marco de la responsabilidad civil, salvo el supuesto del Art.
1072 del Código Civil, proclamando que la tarifación no viola derecho
constitucional alguno. Cita Jurisprudencia y doctrina atinente al caso. Formula
reserva de Caso Federal. Trabada de esta forma la litis y abierta la causa a prueba
a fs. 66/68 el actor, ofrece la que hace a su derecho consistente en: confesional,
testimonial, pericia médico laboral, documental, audiencia de exhibición,
informativa e inspección judicial. Por su parte el Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba, lo hace a fs. 69/70, integrada por confesional,
documental-instrumental, documental-informativa y propone peritos de control.
Asimismo Consolidar ART S.A. hace lo propio a fs. 71/72, ofrece prueba
confesional, testimonial, documental, pericial contable, médica, propone médico
de control e informativa.- Diligenciadas que son las mismas y elevados los
presentes a esta instancia a fs. 469/470, tiene lugar la audiencia de vista de la
causa, quedando los presentes en estado de dictarse pronunciamiento.- A los
efectos de resolver el Tribunal se planteó la siguiente y única cuestión: ¿Resulta
procedente el reclamo formulado por el actor a fs. 16/20 de autos? Realizado el
sorteo de ley, resultó que los Sres. Jueces emitirán su voto en el siguiente orden:
Dr. Mario Ricardo Pérez, Dr. Henry F. Mischis y Dra. María del Carmen Maine.-

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DE CAMARA, DR.
MARIO RICARDO PEREZ, DICE: En primer término quiero destacar que al
responder, ha opuesto la accionada excepción de “falta de acción” fundada en
que conforme al procedimiento prescripto por la Ley 24.557 debió ocurrir el
accionante, como paso previo a demandar a su parte, a las comisiones médicas
allí establecidas.- Demás está decir que la demanda no se funda en tal normativa,
sino en lo prescripto por el C.C. con lo que luego de la declaración de
inconstitucionalidad que ha formulado la Excma. Corte Suprema de Justicia de la
Nación in re “Aquino” –y “Castillo” en cuanto a la competencia-, de lo
preceptuado por los arts. 39 y 46 LRT, deviene obvio que éste Tribunal no sólo
resulta competente para entender en el asunto, sino que conforme al fundamento
jurídico invocado en demanda –reparación integral conforme normas del C.C.-,
de suyo está que ninguna obligación tenía Cuello de ocurrir a sede administrativa
como “paso previo” a demandar.- Zanjado así éste punto y trabada la litis en los
términos precedentemente expuestos, corresponde que me avoque al análisis de
las pruebas acompañadas por las partes a los fines de verificar a cuales de ellas le
asiste razón.- A fs. 481 obra el informe previsto por el art. 240 del C.de P.C.,
emitido por la Fiscalía de Estado de la Provincia, en el que se reconoce como
cierto que unos treinta guardiacárceles que fueron tomados como rehenes en el
motín ocurrido los días 10 y 11 de febrero del año 2005 en el Penal de B° San
Martín, iniciaron acciones judiciales (Pos. 1era.).- Que en la causa “Salgado
Alejandra Patricia” que tramitó por ante el Juzgado de Conciliación 5ta.

Nominación se arribó a un acuerdo por $224.000, siendo $181.00 a cargo del
Estado Provincial y $43.000 a cargo de Consolidar ART (Pos. 2da.) y que el 25%
($65.250) fue en concepto de honorarios para los Dres. Amira y Daniel (Pos.
3ra.).- Que en la causa “Montenegro Walter” que tramitó en el Juzgado de
Conciliación 8va., la Provincia de Córdoba abonó la suma $180.000 más $44.000
de honorarios a los Dres. Amiras y Daniel (Pos. 4ta.).- Niega que a su vez
Consolidar A.R.T. le haya abonado a Montenegro la suma de $43.000 mas el
25% de honorarios (Pos. 5ta.).- Reconoce como cierto que la incapacidad de
Montenegro ascendía al 55% de la t.o. y que percibía una remuneración de $789
mensuales como personal contratado (Pos. 6ta.).- Reconoce que a Susana Patricia
Besserer se le pagaron $143.253 por acuerdo celebrado el 6 de marzo del año
2006 en el Juzgado de Conciliación 7ma. Nominación, por una incapacidad del
65% y conforme un ingreso base de $766 (Pos. 7ma.).- Niega haber abonado
además a los abogados Amira y Daniel la suma de $28.650 en concepto de
honorarios (Pos. 8va.).- Niega que la Provincia de Córdoba les haya entregado a
Montenegro, Besserer y Di Pauli un departamento (Pos. 9na.).- Niega que como
consecuencia del stress post-traumático causado por el motín, el actor haya
dejado de cursar sus estudios universitarios en la Facultad de Arquitectura
correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007 (Pos. 10ma.).- Niega que el
pedido de ascenso efectuado por el ex funcionario Bonaldi y el Alcalde Alaniz se
haya fundado no solo en la actuación de los guardiacarceles, incluido el actor,
sino también por haber perdido estos las mejoras de sus remuneraciones, con

trabajos adicionales que realizaban normal y habitualmente (Pos. 11era.).-
Reconoce como cierto que el actor continúa sin prestar servicios, careciendo de
reubicación (Pos. 12da.).- Niega que por prescripción médica Cuello deba estar
alejado de sus tareas de guardiacárcel (Pos. 13ra.).- Niega que el Servicio
Penitenciario carezca de la documentación acreditante de que Consolidar A.R.T.
hubiese dado programas de capacitación a los guardiacarceles durante los años
2004 a 2007 (Pos. 14ta.); que el Estado Provincial carezca de planes de
mejoramiento carcelarios entregados por Consolidar A.R.T. (Pos. 15ta.) y que la
póliza del Estado Provincial con Consolidar A.R.T. sea de unos veinte millones
de pesos anuales (Pos. 16ta.).- En oportunidad de audiencia de vista de la causa
(fs. 469/470) se recepcionaron las declaraciones testimoniales de las siguientes
personas: María Paula Romero, Estela María Galiastegui, María Graciela
Lucientes, Daniel Emilio Corso y Gabriel Sebastián Davila.- La testigo Romero
hizo saber que es médica psiquiatra.- Aclaró que es residente desde hace seis
años en el Hospital Morra, en el cual trabaja como médica.- Afirmó haber
atendido al actor a quien vio por primera vez el 30/05/2005 y que la última, el
30/10/07.- Que tuvo que derivarlo porque dejó de hacer consultas externas.-
Explicó que las últimas atenciones eran para “control farmacológico”.-
Reconoció el informe psiquiátrico obrante a fs. 366.- Reconoció asimismo la
documental (1, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17) ofrecida al punto IV) apartado d)
del escrito de ofrece prueba de la parte actora (fs. 66/67).- Agregó que los
restantes escritos son “turnos” otorgados por la secretaria del hospital.- Adujo

que su tarea consistía en controlar al paciente y prescribirle la medicación.-
Afirmó haber sido ella quien confeccionó el informe psiquiátrico.- Explicó que el
“clonazepam” es un ansiolítico; la “carbomazeprima” un anti-impulsivo; la
“ranitidina” un remedio para la gastritis; la “mirtazapina” un anti-depresivo e
hipnótico y la “velafaxina” un anti-depresivo.- Explicó que el cuadro diagramado
en la documental que se le exhibiera se divide en desayuno, almuerzo, merienda
y cena; conteniendo la prescripción del momento en el cual el actor debía tomar
cada uno de los medicamentos.- Aclaró que atendió a Cuello por trastorno de
stress post-traumático.- Expresó que el actor tomó los medicamentos supra
detallados a partir del momento en que comenzó a atenderlo.- Comentó que el
actor presentaba irritabilidad, síntomas de excitación, pensamientos repetitivos
respecto al motín, taquicardia y palpitaciones.- Relató que el accionante estuvo
bajo tratamiento psicológico con la Licenciada Galastegui quien trabaja para
Consolidar A.R.T.- Dijo creer que a Cuello lo dieron de “alta” –en la ART- y que
lo que se estaba tratando de hacer, era bajarle la medicación que le
suministraban; pudiendo a su juicio reinsertarse laboralmente pero fuera del
ámbito propio del Servicio Penitenciario; como serían, vgr. tareas
administrativas.- Hizo saber que también atendió a Montenegro y otros dos
guardiacarceles, los que fueron dados de alta y creía que Montenegro volvió a
trabajar como chofer.- Aclaró que el alta se las dio la A.R.T.- Manifestó que
Cuello dejo de estudiar y de hacer cosas que antes hacia; que se volvió
impaciente y agresivo con los familiares e hijos.- Aseveró que actor no puede

continuar como guardicarcel, reiterando que a su criterio, podría desarrollar
tareas administrativas.- La testigo Galiastegui manifestó por su parte ser
psicóloga desde hace diez ó doce años.- Aclaró que trabaja para Consolidar
A.R.T.- Ante la exhibición del informe psicológico obrante a fs. 364/365, lo
reconoció como de su autoría.- Hizo saber que atendió como paciente al actor
con motivo del motín ocurrido en la cárcel San Martín.- Comentó que le otorgó
el “alta psicológica” por considerar que el mismo estaba en condiciones de
reinsertarse laboralmente.- Agregó que en aquella oportunidad entendió que eso
sería favorable para su evolución.- Afirmó que desde que hizo el informe hasta
agosto del año 2007 hubo una evolución positiva.- Que percibió una mejoría en
el actor.- Hizo saber que conjuntamente al actor, les dio el alta a Palacios,
Molina, Girard, Di Pauli y Caminos.- Manifestó que todos estaban en
condiciones de volver a trabajar, agregando que no sabía si éstos lo hicieron.-
Dijo que todos esos pacientes estuvieron medicados.- Explicó que todas las altas
fueron en el mes de agosto del año 2007.- Que fue ella la que decidió las
mismas.- Agregó que en dicha oportunidad recomendó tareas fuera del ámbito
del Servicio Penitenciario; tipo administrativas.- Consideró como posible que los
síntomas padecidos por el actor desaparezcan con el tiempo, siempre y cuando se
encuentre fuera del Servicio Penitenciario.- Dijo que el actor le comentó que
estaba estudiando arquitectura y, cuando empezó a mejorar, también le comentó
que había vuelto a estudiar aunque no sabe si como “continuación” o no de su
carrera.- Que desconoce si a Cuello lo reubicaron.- Lucientes por su parte dijo ser

psicóloga docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad
Empresarial Siglo XXI.- Relató que trabajó en el Servicio Penitenciario durante
25 años.- Que en el año 2000 fue designada como Directora Jefa, cargo al que
renunció en febrero del año 2005.- Que pasado un año de ello hizo su primer
declaración en el diario “La Voz del Interior”.- Explicó que las condiciones
laborales en la cárcel de “Bower” son distintas a las del penal de San Martín.-
Acotó que la cárcel de San Martín es una construcción del siglo pasado.-
Comentó que se maneja con pabellones fijos, sin salón para las visitas, las cuales
entran a las celdas.- Agregó que el control es precario y que las visitas “rotan”.-
Dijo que para la época del motín existían mil cuatrocientos reclusos en San
Martín.- Que para ello existían tres turnos, de 26 a 28 empleados durante el día y
de 13 por la noche.- Comentó que los días de visita se incrementaba el personal,
pero no mucho.- La recomendación de las Naciones Unidas al respecto, es que
cada dos internos haya un empleado.- Expuso que en forma permanente solicitó
mas personal.- Dijo que fue una decisión política poner a los procesados en
Bower –que es un penal mucho mas moderno- y a los condenados en San
Martín.- Expresó que en esa época solía pensar que estaba caminando “por la
cuerda floja” como consecuencia de la falta de personal.- Agregó que al
producirse el motín, habló con el Sr. Gobernador de la Provincia pidiéndole
auxilio policial porque con los empleados que tenía a su cargo no podía contener
a los reclusos.- Explicó que la cárcel de San Martín tiene capacidad para 900
personas y el día del motín había entre 1400 y 1500 internos y además, también

estaban dentro las visitas; las que no pudo precisar en qué cantidad –porque no se
trataba de una visita general-, pero a su juicio podían rondar entre las 400 y 500
personas.- Afirmó que en el penal “corría droga”, la que podía “entrar” por
cualquier lado pese a las requisas.- Expresó que el personal requisaba a “todo el
mundo” pero no obstante ello “la droga entraba lo mismo”.- Explicó que “como
no se pueden tocar los cuerpos” muchas veces “llevan entubada la droga”.- Acotó
que el día del motín no durmió por casi cuarenta y ocho horas.- Dijo que los
reclusos trataron muy mal a los guardiacárceles; con vejámenes de todo tipo tales
como “toqueteos”, amenazas de violación, de muerte y golpes.- Manifestó que
mucho tiempo después un empleado le relató la desesperación por él padecida
como consecuencia de los momentos vividos durante el motín, acotando que tal
situación le produjo un gran impacto psicológico.- Comentó que los
guardiacárceles estuvieron prácticamente dos días en poder de los reclusos.-
Agregó que por la televisión vio a los empleados en el techo.- Reiteró que
solicitó varias veces por nota mas personal, móviles, armas, cascos y escudos.-
Declaró que personal de la A.R.T. fue a San Martín lo cual, cree, sucedió en el
año 2003.- Que en dicha oportunidad los de la A.R.T. “les dieron
recomendaciones”, no en cuanto al personal pero si respecto de las instalaciones
y algunas cosas se arreglaron, no recordando tampoco si el tema fue tratado con
la División Trabajo o con la División Seguridad.- Por último, refirió que el día
del motin, había personal “contratado” trabajando.- El testigo Corso manifestó
que prestó tareas en el Servicio Penitenciario desde el 08/03/82 hasta el

31/12/06.- Que al momento de su retiro era Sub-Prefecto, cargo que tenía desde
el año 2004.- Afirmó haber sido Director del penal de B. San Martín y conocer
por ello a Cuello quien era su subordinado.- Que el 10/02/05 a eso de las 14.30
hs., dos o tres internos del pabellón Nro. 5 en presencia de tres empleados del
penal sacaron unos cuchillos, con los cuáles comenzaron a perseguir a otro.- Que
si bien los oficiales lograron separar a los reclusos, éstos decidieron no hacer
nada, ni siquiera dar la “novedad” y lo que correspondía, era imponerles sanción
a dichos reclusos.- Acotó que quien se encontraba a cargo en ese momento de los
oficiales era Milich.- Que a raíz de lo relatado los del pabellón Nro. 6
comenzaron a quejarse; novedad que tampoco hizo saber Milich.- Que fue así
como los del pabellón Nro. 6 decidieron hacer “justicia por mano propia”.-
Explicó que estos con posterioridad pidieron salir y cuando se les abrió la puerta
tomaron como rehén al guardia que ahí se encontraba apostado.- Que luego de
esto los del pabellón Nro. 6 colocaron candados para evitar que aparezcan otros
guardias y comenzaron a atacar a los del pabellón Nro. 5 los cuales se
encontraban “atrincherados”.- Que con el escasísimo personal que había en ese
momento pudo llegar con un “alicate” y escopetas hasta la puerta que estaba
cerrada con candado.- Que fracasaron en el intento de cortar el candado puesto
que los reclusos “tiraban con todo lo que tenían a mano” y además, había
personal que había quedado del lado de los internos.- Que en total eran cinco los
empleados que habían quedado en una situación “comprometida”.- Dijo que en
esa oportunidad vio a un interno dirigirse a los baños donde estaban sus

compañeros con un cuchillo.- Que pudieron efectuar algunos disparos para
disuadirlo.- Explicó que lograron que algunos guardias salieran pero que dos
quedaron en la planta alta.- Que en ese momento el Prefecto y el Subprefecto
enviados por Jefatura (Dra. Lucientes) decidieron abrir las puertas para retirar a
las visitas que se encontraban en los demás pabellones y que les advirtió que no
lo hicieran, porque era un grave error.- Que no obstante ello, sus superiores
decidieron hacerlo, tras lo cual los presos que allí se encontraban, aprovecharon
esa oportunidad, salieron conjuntamente con las visitas y tomaron a todos de
rehenes, lo cual ocurrió aproximadamente a las 14,30 hs.- Dijo no recordar con
precisión en qué lugar estuvo como rehén, ya que lo trasladaban continuamente,
amenazándolo con todo tipo de elementos.- Comentó que fue agredido en el ojo
–donde sufrió un serio traumatismo-, le desplazaron la mandíbula y sufrió fuertes
golpes en la región hepática –estuvo con hematomas en el hígado durante un
año-, siendo las amenazas de muerte constantes.- Afirmó que Cuello también
quedó entre los rehenes y todos los guardiacárceles fueron agredidos.- Que
desconocía si alguno había sido agredido sexualmente –ya que estaban todos
separados y los internos no dejaban que se vieran- aunque Montenegro le
comentó que en su caso habían pretendido hacerlo.- Reconoció la nota del diario
y las fotos obrantes a fs. 1/3 y 6 de autos, entre los cuales ubicó al actor.-
Comentó que en San Martín del techo al piso hay 7 ú 8 mts. y los ponían al borde
y amenazaban con tirarlos.- Afirmó que los reclusos tenían armas blancas.- Que
luego consiguieron armas de fuego.- Explicó que ese día había 1670 reclusos; 50

personas de visita; 26 ó 27 empleados, además de la custodia periférica “la cual
no respondía a la cuestión interna”.- Comentó que estuvo 24 hs. como rehén.-
Expresó que todo el personal que estuvo como rehén fue ascendido al grado
inmediato superior, salvo Bazán y él.- El testigo Davila dijo ser Oficial Adjutoe.-
Manifestó haber ingresado en el año 2002.- Aclaró que fue compañero de
promoción del actor; que ambos egresaron en el año 2003.- Explicó que los
subalternos cada tres años ascienden y los jefes cada cuatro.- Agregó que
también se puede ascender por “merito extraordinario”.- Que como consecuencia
del motín a él lo ascendieron a Adjutor al igual que a Cuello.- Hizo saber que los
grados del Servicio Penitenciario son: Subadjutor, Adjutor, Principal, Subalcalde,
Alcalde, Alcade Mayor, Subprefecto, Prefecto e Inspector General.- Comento
que en el año 2004 ingresó a trabajar en la cárcel de Bower.- Que al penal de San
Martín lo pasaron el 1ero. de enero del año 2005.- Afirmó que las condiciones de
San Martín son mas precarias que Bower.- Agregó que desde el mes de octubre
del año 2005 se encuentra trabajando en el ex Crom, ubicado en calle Belgrano
Nro. 1500 de ésta ciudad.- Expresó que fue tomado como rehén durante el
motín.- Que luego estuvo entre tres y cuatro meses sin trabajar siendo
reincorporado a la División Suministros y de allí al Crom.- Dijo no saber si
podría volver a San Martín o a Bower porque de solo pensarlo le da miedo,
pánico.- Agregó que no se siente en condiciones de cumplir funciones en este
tipo de establecimientos.- Manifestó que el hecho de haber estado como rehén
fue como haber estado al borde de la muerte.- Dijo que estuvo de rehén junto a su

hermano.- Afirmó que no olvidará jamás los hechos vividos.- Comentó que la
noche del 10/02 los rehenes estaban todos juntos.- Agregó que sufrió malos
tratos, los que fueron no solo físicos sino también de tipo psíquicos.- Especificó
que las amenazas eran de muerte.- Que les decían que ya habían muerto algunos
compañeros.- Reconoció las fotos obrantes a fs. 1, 5/6 de autos.- Afirmó que a
los rehenes los amenazaban con elementos cortantes y con armas de fuego.- Hizo
saber que a casi todos sus compañeros los reincorporaron en “otros lugares” y les
asignaron tareas administrativas.- Expresó que Montenegro y Cuello no
volvieron.- Hizo saber que se atendió con un psicólogo de una A.R.T.- Que fue
algo muy superficial dado que fueron solo un par de entrevistas.- Acotó que
luego de ello le dieron el alta.- Que la atención no fue de mucha ayuda.- Remarcó
que quedó con “miedo”; que no sabría que hacer si nuevamente le tocase vivir
otra situación como la relatada.- Añadió que pasados unos seis meses del motín
tuvo una entrevista con personal de Recursos Humanos.- Dijo creer que esta fue
de “orden psicológico”.- Que se trató de una única entrevista y nada más.-
Manifestó que antes hacía “adicionales” en Tribunales porque el sueldo no le
alcanzaba.- Acotó que en la actualidad está haciendo de nuevo dichos
adicionales.- Aseveró ganar entre remuneración y adicionales la suma de $2400.-
Hizo saber que en la “Escuela” le enseñaron como actuar en caso de motines por
pabellón.- Que le enseñaron básicamente un procedimiento para tratar de ordenar
la situación.- Dijo creer que el día del motín había 24 empleados para 1600
reclusos.- Aclaró que el “Primer Centro” contenía 700 internos y 5 empleados.-

Remarcó que los internos se portaron igual con todos los rehenes.- Que a algunos
les hicieron ingerir, por la fuerza, alcohol con pastillas.- Reiteró que los subían a
los techos y amenazaban con arrojarlos ó apuñalarlos.- Manifestó que Di Pauli,
Montenegro y el actor no volvieron a trabajar.- Que ha habido otros, como
Patricia Vexeret, que volvieron a sacar carpeta médica.- Hasta aquí lo que
constituyó materia testimonial.- Ofrecidos por la parte actora se encuentran
reservados en Secretaria numerosos recibos relativos al actor.- De estos surge: a)
Que la empleadora es la demandada, b) Que la fecha de ingreso de Cuello fue el
11/03/2002.- c) Que el lugar de trabajo del actor era en el Establecimiento
Penitenciario Nro. 2.- También ofrecido por la parte actora se encuentran
reservados en Secretaria: a) dos recortes de los diarios “Día a Día” y “La Voz del
Interior” con notas de fechas 11/02/05 y 13/02/05 respectivamente, relacionadas
al motín del penal de San Martín, b) dos fotografías en las que el actor viste ropa
de servicio, c) una libreta de calificaciones de la Facultad de Arquitectura emitida
por la U.N.C. perteneciente a Cuello.- De esta se desprende que la última
calificación al actor data del 28/11/01 correspondiente a la asignatura
“Comunicaciones B”, d) una copia del Dto. Nro. 975.- A través del mismo el
P.E. de la Provincia dispone promover al cargo inmediato superior, por mérito
extraordinario fundado en acto destacado de servicio al personal del Servicio
Penitenciario de Córdoba que se detalla en el Anexo Unico, entre los que se
encuentra el accionante.- Asimismo de dicho Anexo se desprende que el grado de
ascenso correspondiente a Cuello es el de Adjutor, e) un diploma fechado en el

mes de septiembre del año 2005, emitido por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, suscripto por el entonces gobernador Dr. Jose M. De la Sota en
reconocimiento a la labor desempeñada por Cuello, f) cuatro recetarios del
IPAM, tres recibos del Hospital Español, once certificados emitidos por médicos
del Policlínico Policial, tres certificados del Sanatorio Allende, diecisiete turnos
y certificados del Sanatorio Morra, tres certificados emitidos por la Dra. Estela
M. Gallastegui a través del los cuales la mencionada profesional deja constancia
que el actor se encuentra bajo su asistencia por padecer Trastorno por Estrés
Post-traumático, ordenando por ello sucesivas carpetas médicas, g) un
diagnóstico por imágenes relativos al actor de fecha 13/05/05 suscripto por el Dr.
Lucio R. Cima del cual se desprende que aquel tiene desviado el tabique nasal,
padeciendo de hipertrofia mucosa de los cornetes, con una fina línea de fractura
incompleta en la base del hueso propio de la nariz, agregando no obstante que
verifica buena ventilación de los seños paranasales, h) un certificado de la
Clínica del Centro Privada SRL de fecha 03/10/05 a través del cual se deja
constancia que el actor concurrió a terapia psicológica individual, i) una receta de
medicamentos a favor de Cuello emitido por la Dra. Paula Romero, y j) una
constancia de asistencia médica del actor emitida por el IPAM.- Por otra parte, se
encuentran reservados en Secretaria a “efectum videndi” los autos caratulados: a)
“Cura Sebastián Omar c/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Ordinario. Accidente con fundamento en el derecho común. Expte. Nro.
37931/37” que tramitan ante el Juzgado de Conciliación de Segunda Nominación

de esta ciudad; b) “Besserer Susana Patricia c/ Superior Gobierno de la Provincia
de Córdoba. Ordinario. Accidente con fundamento en el derecho común. Expte.
Nro. 37930/37” los que tramitan ante el Juzgado de Conciliación Séptima
Nominación de esta ciudad.- Hasta aquí la prueba reservada en Secretaria.-
Ahora bien, a fs. 1 se encuentran agregadas dos fotografías del accionante con
sus correspondientes uniformes de servicio.- A fs. 2 obra recibo de haberes
perteneciente a Cuello de idéntico tenor a los relacionados supra.- A fs. 3 se
encuentra incorporado un certificado médico emitido por el Dr. José E. Pacho.- A
través del mismo el galeno diagnostica que Cuello padece la siguiente patologías:
1) Secuela traumática de cara con fractura de tabique nasal con dolor leve y
dificultad para respirar, 2) Gonalgia y dolor en el tobillo derecho postraumático,
3) Stress post-traumático con somatizaciones generales.- Por último hace constar
el mencionado profesional que dichas patologías le producen al actor una
incapacidad parcial y permanente del 68% de la t.o., calificándolas como
accidentes de trabajo.- A fs. 4 se encuentra incorporado certificado médico
emitido por la Clínica del Centro Privada S.R.L. el cual se encuentra relacionado
supra.- A fs. 5/7 se encuentran fotocopias de las notas de los diarios “Día a Día”
y “La voz del Interior” de fecha 11/02/05 y 13/02/05 respectivamente.- A fs. 8/11
se encuentran agregadas copias de hojas de la libreta de calificaciones de la
Facultad de Arquitectura de la U.N.C. relativas al actor; a fs. 12 copia de partida
de nacimiento de Cuello; a fs. 13 copia del diploma supra relacionado y a fs.
14/15 copia del Dto. 975 del P.E.P..- A fs. 102/109 se encuentra incorporado

oficio diligenciado ante la U.N.C.- Dicha universidad informa que el accionante
ingresó como alumno de la carrera de arquitectura en el año 1999, habiendo
rendido y aprobado un total de siete materias, la última de ellas con fecha
08/11/01.- Asimismo informa que Cuello no se matriculó para el ciclo lectivo
2006.- A fs. 122/189 se encuentra incorporado oficio diligenciado ante el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, mediante el cual se remite copia del Expte.
Administrativo Nro. 0171-012381/2005 conteniendo la propuesta de acuerdo
conciliatorio en autos “Montenegro Walter Marcelo c/ Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba”.- A fs. 198/201 se encuentra agregado oficio diligenciado
ante Consolidar A.R.T. S.A.- Dicha aseguradora remite copia de la totalidad de
las actuaciones obrantes en su poder con motivo del siniestro sufrido por el actor
el 10/02/04.- Entre estas constancias se encuentran distintas fichas médicas
relativas a Cuello las cuales contienen la sintomatología y evolución del mismo a
las que hago remisión brevatis causae.- A fs. 216/237 se encuentra incorporado
oficio en el que se remite Expte. administrativo Nro. 11-036653/05 conteniendo
la propuesta de ascenso al grado inmediato superior por mérito extraordinario
para todo el personal -incluido el actor-, que fue tomado como rehén en ocasión
del motín ocurrido en el Penal de San Martín los días 10 y 11 de febrero del año
2005.- Asimismo acompaña copia del Dto. 975 del P.E.P.- A fs. 253/256 se
encuentra copia simple de dictamen emitido por la Comisión Médica Nro. 5,
ofrecido por el apoderado de la aseguradora demandada en autos como
consecuencia del hecho nuevo denunciado a fs. 257.- Dicho organismo determina

a través de dictamen que el accionante se encuentra afectado de “Reacción
Vivencial Anormal Neurótica Grado II/III” y que tal dolencia le ocasiona una
incapacidad del 20% ó del 21,50% considerando los factores de ponderación
(edad y tipo de actividad).- A fs. 263/292 se encuentra incorporado oficio
diligenciado ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, quien remite copia
certificada del legajo personal del actor, de los recibos de haberes relativos al
mismo y de la ficha médica obrante en la División Reconocimientos Médicos y
Control de Ausentismo del Servicio Penitenciario de la Provincia el que contiene
los siguientes diagnósticos en relación al actor: a) Fechas 11/02/05, 19/03/05 y
17/07/05: Politraumatismo y estrés, b) Fechas 20/08/05 y 22/09/06: Estrés post-
traumático.- A fs. 294 el apoderado del actor evacua la vista que se le corriera
con motivo del hecho nuevo denunciado por la coaccionada Consolidar A.R.T.
S.A.- Manifiesta que el dictamen de la Comisión Médica Nro. 5 es formal y
sustancialmente improcedente.- Agrega que tal como surge de dicho dictamen el
actor no se presentó ante la junta médica por la sencilla razón de haber optado
recurrir directamente a sede judicial.- Que por ello el diagnóstico como el
porcentaje de incapacidad fijado por aquella carece de fundamento científico.- A
fs. 308/309 corre agregada pericia psiquiátrica efectuada por el perito médico de
oficio Dr. Nair Miguel Tibaldi.- Dicho auxiliar concluye que el actor sufre de
Trastorno por Estrés Post-traumático y que el mismo es de carácter crónico e
irreversible.- Agrega que la relación causal entre los agravios, las agresiones y la
posibilidad de una violación sufridos por Cuello durante los días 10 y 11 de

febrero de 2005 han sido idóneos para provocar la aparición del cuadro
psiquiátrico supra descripto.- Por último asigna una incapacidad del 55% de la
t.o. de carácter parcial, permanente e irreversible; aconsejando continuar con
tratamiento piscofarmacológico, no así con tratamiento psicoterapéutico dado su
deterioro mental.- A fs. 316 se encuentra incorporada pericia médica efectuada
por la perito oficial Dra. Antonia Maria E. Gambino de Soria.- Dicha profesional
califica las afecciones del actor como “Accidente de Trabajo” y le asigna una
incapacidad del 26% de la t.o., discriminada de la siguiente manera: Tobillo 15%
de la t.o; Rodilla 5% de la t.o., y Nariz 6% de la t.o.- Agrega que dicha
incapacidad es de carácter permanente.- Por último manifiesta que a dicha
incapacidad se le deben sumar los factores de ponderación (tipo de actividad,
recalificación y edad) los cuales arrojan una incapacidad del 33,20% de la t.o.- A
fs. 323/326 se encuentra incorporado oficio diligenciado ante la Policía de la
Provincia.- Dicha repartición remite copia certificada de la Historia Clínica Nro.
71069 perteneciente a Cuello y al que remito en honor a la brevedad.- A fs.
343/344 corre agregada pericia médica efectuada por el perito de control de
Consolidar A.R.T. S.A., Dr. Hugo Mario Parente quien concluye que el actor
padece de una incapacidad del 10% de la t.o. la que califica como accidente de
trabajo.- A fs. 347/400 se encuentra incorporado oficio diligenciado ante la
Comisión Médica Nro. 5.- El ente en cuestión remite copia certificada del Expte.
Administrativo Nro. 05B-L-00418/06 el cual contiene los elementos en base a los
que se expidiera la Junta Médica y dictámenes médicos.- Al respecto cabe

agregar que, conforme constancias del dictamen de marras “la descripción del
siniestro” no pudo efectuarse dado que Cuello no se presentó a las distintas
Juntas Médicas a las que fue citado.- Pues bien, siendo éstos los elementos
colectados y a considerar en el subexamen, cabe en primer término resaltar que al
responder, negaron tanto la accionada como la aseguradora que hubiese recibido
el accionante “....Patadas, golpes en todas partes del cuerpo, especialmente en la
cara y genitales...”, como así también que hubiese sido sometido a amenazas y
vejámenes y, al alegar, pretenden que la demanda debe ser rechazada puesto que
“...Tampoco ha probado el actor con prueba testimonial válida que viviera o
padeciera la totalidad de los hechos que describe en el libelo introductivo, como
así también que él y sus compañeros hayan sufrido inimaginables torturas físicas
y terribles tormentos físicos y morales durante la sustanciación del motín.
Ninguno de los testigos refirió ante V.E. haber presenciado tales extremos....”
(vide fs.517).- Al respecto cabe destacar que los relatos tanto de Corso, como así
también de Dávila –supra transcriptos-, son por demás elocuentes respecto del
trato que recibieron por parte de los internos, quienes no sólo los golpearon hasta
provocarles serias lesiones, sino que continuamente los amenazaban de muerte y,
con el agravante de que estaban todos los guardiacárceles que habían sido
tomados como rehenes separados unos de otros, excepto en los momentos en que
los “exhibían” por los paredones que dan a la calle (y de los cuáles amenazaban
con arrojarlos), según surge de las fotografías acompañadas y que han sido
reconocidas.- De allí que si al ser liberado el actor se constató que padecía

lesiones por las cuáles debió ser internado (Conf. Historia Clínica de fs. 326 del
“Policlínico Policial San Rafael”), resultaría un absurdo pretender que se las
causó él mismo.- Tal extremo –por otra parte-, constituiría un “eximente” de
responsabilidad cuya probanza esta a cargo de quien la invoca, siendo que
ninguna prueba arrimó la accionada en tal sentido.- Pero lo que es mas aún –y ya
sobreabundando-, del caso es también destacar que en el Dec. Nro.975/06, donde
se ascendiera a Cuello al cargo inmediato superior “por mérito extraordinario por
acto destacado de servicio”, no sólo se reconoce que fue tomado como rehén por
los internos del penal, sino que en cuanto a los hechos allí sucedidos –y
peripecias que les tocó vivir a los mismos-, se acota que resultaría “...redundante
efectuar una relación de los hechos en que estuvieron involucrados los agentes
penitenciarios nominados en autos...”; decreto que a su vez se funda en el
dictamen 0646 de Fiscalía de Estado en el que se alude, específicamente, a los
“....acontecimientos violentos acaecidos en el Establecimiento Penitenciario N 2
de Capital los días 10 y 11 de febrero próximo pasado...”.- Frente al interrogante
de cuáles habrían sido tales “hechos”, no cabe duda alguna conforme refirieran
Corso y Dávila que el haber tenido que soportar agresiones de todo tipo, tanto
psíquicas como físicas por parte de los internos; y a los que –acoto-, de ningún
modo se podría haber traído como “testigos” para que declarasen en autos desde
que presuponiéndoselos “autores materiales”, obvio es que habrían estado en su
derecho para abstenerse de declarar (Art.18 de la C.N.); hechos que deben
dársele por reconocidos y admitidos a la demandada –a confesión de parte relevo

de prueba-, no sólo porque ella misma procedió a denunciarlo como “accidente
de trabajo” ante la aseguradora sino además porque en una causa donde otro
guardiacárcel reclamó también indemnización “integral”, lo concilió sin objetar
los hechos denunciados como motivantes del reclamo –esto es, la agresión
sufrida por parte de los internos-, exactamente al igual que en autos.- Ahora bien,
en la demanda, sostiene Cuello que el Superior Gobierno de la Provincia debe
responder en función del “riesgo o vicio de la cosa”, entendida ésta como
“ambiente laboral” y “....lo que el, o en el, se puede causar u ocurrir, en forma
disvaliosa...” al resultar la “actividad” de los guardiacárceles altamente riesgosa
(art.1.113 C.C.); o bien por cuanto cabe imputarle culpa al Estado Provincial en
órden a la seguridad carcelaria, donde hay hacinamiento y escaso personal, como
así también deficiencia en las instalaciones.- No comparto tal criterio puesto que
por un lado, se confunde “riesgo de la actividad” con “vicio o riesgo de la cosa”
y, por otro, no se ha concretado tampoco al demandar en qué habría consistido la
“culpa” que pretendería achacarse en función de lo normado por el art. 1.109
(comisiva u omisiva).- Mas no obstante tales planteos, estando comprobados los
daños en la salud conforme dan cuenta las pericias supra reseñadas, entiendo que
cabe encuadrar lo sucedido en el primer supuesto de lo normado en el art. 1.113
del C.C.- Ello así, desde que conforme lo prescripto por el art. 12 del C.P., toda
persona condenada a mas de tres años de prisión resulta ser un “incapaz” de
hecho y por tanto sujeto a curatela –a discernirse en procedimiento civil-.- Pero
además y mientras esté privado de su libertad, se encuentra igualmente sometido

a la “guarda” y “custodia” –obligatoria- por parte del Estado Provincial y sujeto
por tanto a las reglamentaciones que al respecto se dicten (vide Art. 44 del C.P.).-
“Depende”, mientras dure la condena, del Estado Provincial.- Y así ello entonces,
el caso debe encuadrarse –en cuanto a la responsabilidad que le cabe a éste
último-, en el primer supuesto de la norma citada en tanto allí se dispone que la
obligación de resarcir de aquél que ha causado un daño, se extiende “....a los
daños que causaren los que están bajo su dependencia....”.- Y ello así, por cuanto
éste término no debe ser entendido únicamente en el sentido de dependiente
“laboral”, sino que es mucho mas amplio e implica a todos aquéllos que se
encuentren en una relación directa de “subordinación” con respecto a la persona
a quien se pretende responsabilizar, caracterizándose en suma por la facultad o
poder que tiene una persona para dirigir los actos de otra (Conf. sobre el punto
“Código Civil Anotado” por Salas, T.I, p.602, Ed. Depalma, Bs.As. 1.999).-
Luego, siendo que la guarda y custodia de los internos estaba a cargo del Estado
Provincial (y sujetos a sus reglamentaciones y vigilancia directa), éste es en
definitiva entonces quien resulta responsable por los daños producidos por los
hechos de violencia que protagonizaron y que terminaron en definitiva,
lesionando psíquica y físicamente a Cuello.- Decidido lo anterior, corresponde
que me expida ahora en cuanto a los daños padecidos y consecuente pretensión
indemnizatoria.- Al respecto, la pericia psiquiátrica –que ha sido incorporada sin
objeciones-, asigna a Cuello una incapacidad del 55% de la t.o., en tanto que la
médica le otorga una incapacidad física del 33,20% de la t.o. lo que hace un total

del 88,20%.- Respecto de ésta última pericia, cabe consignar que el perito de
control propuesto por la aseguradora le asignó una incapacidad del 10,45% de la
T.O. por las dolencias físicas, pero entiendo que éste último dictamen debe
desestimarse, por cuanto como lo ha sostenido reiteradamente ésta Sala en caso
de discrepancia entre ambos debe prevalecer el del oficial puesto que al ser
designado de oficio, se presume que guarda equidistancia entre las partes y por
ende mayor imparcialidad; máxime cuando siendo la función del perito de parte
precisamente controlar que lo concluído se ajuste a la ciencia o técnica en la cual
se lo reputa idóneo, ninguna razón da el contraloreador en cuanto a que lo
dictaminado por el perito oficial resulte erróneo.- Siendo tal el daño psicofísico a
resarcir, cabe en el caso aplicar la fórmula que empleara el Excmo. Tribunal
Superior de Justicia in re: “Brizuela de Cavagna c/ Minervi y Construcciones
S.A.-Demanda-Rec. de Casación” –sent. del año 1984-, adoptada pacíficamente
para cálculos indemnizatorios cuando se acciona por la ley civil; y la cual
consiste en el establecimiento de una suma dineraria que puesta a una tasa de
interés “puro” –para el caso, del 6% anual-, genere una renta –también anual-,
equivalente a lo que se dejaría de percibir a raíz del evento dañoso y que se
expresa: C= A x 1-Vn x 1: i (n); donde “A” es igual a la ganancia “anual” –en el
caso sería del 88,20% del total de ese ingreso-, resultando los valores “i” del 6%
y (1-Vn x 1:i)= 15,1380.- En el sublite la accionada ha impugnado en monto
tomado por Cuello consistente en un haber mensual de $ 1.441,56 con mas la
suma de $ 500 por “adicionales” que hacía (o sea un total de $ 1.941,56).- En

cuanto al haber mensual, sin duda que debe estarse al mismo puesto que de ello
da cuenta el recibo oficial acompañado lo que me exime de mayores
consideraciones.- Pero respecto del “adicional”, se ha limitado Cuello a
mencionarlo en la demanda –sin exponer de donde lo extrae- y, para más, no se
ha rendido prueba alguna en autos acerca de que efectivamente los hubiese
realizado y percibido.- Menos aún siquiera en tal monto.- Luego, multiplicado
por 13 tal ingreso mensual de $ 1.441,56 arroja la suma de $ 18.740,28 siendo el
88,20% de tal importe equivalente a $ 16.528,92 el cual multiplicado por
15,1380, arroja un importe de $ 250.214,79 que debe mandarse a oblar.- Hago
también la salvedad que en el valor “B” de la fórmula (esto es 15,1380), se
computan 41 años –hasta los 65 años- que es el término para la obtención de la
jubilación ordinaria y no la cantidad de 70 años pretendida por el actor.- Y en
cuanto al daño moral, estimo como correcta para el caso la de $ 50.000
reclamada en demanda.- Si bien el mismo es –en principio- inconmensurable,
debiendo estarse a las características y modalidades propias de cada caso, no es
menos cierto también que jurisprudencialmente se lo ha evaluado entre el 20% y
30% del daño material, suma que como se ve no excede tales porcentajes.- Y así,
como éstos importes debió percibirlos el accionante a la época del evento dañoso
–febrero de 2005-, adicionándole intereses al uno por ciento mensual con mas la
tasa promedio mensual pasiva conforme la publica el BCRA hasta el mes de
marzo del corriente año y, al dos por ciento con mas dicha tasa a partir de ésta
última fecha y hasta ésta sentencia –que arriban a la cantidad de pesos ciento

setenta y seis mil quinientos cincuenta y seis con treinta y un centavos
($176.556,31), totalizan la suma de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS ($
476.771,10) que el Superior Gobierno de la Provincia deberá oblar, dentro del
término de diez días de fenecido el plazo prescripto por el art. 806 del C. de P.C.-
Ahora bien, en cuanto a la situación de la aseguradora en éste pleito, cabe señalar
que la misma fue sólo “citada” por la accionada por cuanto tendría asegurada con
ella las prestaciones propias de la Ley 24.557.- Siendo esto así entonces, no se
colige de qué modo podría resultar condenada en autos a poco que se observe
que no se reclamó item alguno con fundamento en dicha ley.- Y para mas,
adviértase que tampoco la demandó el accionante ni –menos aún-, denunció el
incumplimiento por parte de ésta de las obligaciones que hubiese tenido a su
cargo con relación al evento sucedido de modo tal que pudiese achacársele
“culpabilidad” –por comisión u omisión-; desde que todo lo relativo a la
previsión y prevensión en el cuidado de los internos, constituye una facultad
exclusiva -y excluyente- del Estado Provincial en virtud del poder de policía de
seguridad que le compete; y respecto del cual en modo alguno podría pretenderse
ingerencia –ni siquiera aún “sugerencia”-, por parte de la ART citada.- Por ello,
estimo entonces que debe rechazarse la demanda en cuanto se ha peticionado en
los alegatos condena contra la misma pero en cuanto a las costas, estimo que
deben ser impuestas por su órden, en mérito a que pudo, razonablemente -en
virtud de encontrarse el “riesgo” asegurado aunque con una normativa distinta-,

haberse sentido el Estado Provincial con derecho para efectuar tal “citación”.-
Por último, quiero destacar asimismo que al demandar, sólo adujo el accionante
que habría estado cursando la carrera de Arquitectura sin reclamar nada por ello,
habiendo venido luego al alegar a formular expresa petición de que se incluya tal
item como “pérdida de chance” puesto que en virtud del alto porcentaje de
incapacidad que le fuera acordado, no podrá en el futuro cursarla.- Entiendo que
tal extremo debe desestimarse no sólo por cuanto no fue objeto de petición
expresa al demandar –como debió hacerse-, sino además por cuanto consta en
autos que la última materia que rindió el actor en esa carrera universitaria lo fue
en el año 2001, de lo cual resulta que entre esa fecha y el año 2005, hacía mas de
tres años que había dejado efectivamente de cursarla perdiendo por tanto toda
“regularidad” –lo que tampoco demostró que tuviese-.- Y además, obsérvese que
confiesa Cuello que por cuestiones “familiares” dejó dichos estudios para
ingresar en otros –los del servicio penitenciario-, con lo que no se observa porqué
razón pretendería “pérdida de chance” por algo pretérito y que en su momento
voluntariamente abandonó, máxime cuando tampoco se demostró en autos que
no pueda en el futuro volver a recursarla y resultando al respecto de todo punto
irrelevante la declaración de Romero en el sentido que habría dejado dicha
“carrera”, pues se basa en lo que le habría manifestado el propio actor .- En
cuanto a las costas, deben ser impuestas a la accionada, con excepción de las
relativas a la de la aseguradora que resultan por su órden, como así también las
de los peritos de control (art.28, LPT y 47 de la Ley 8226), correspondiendo

egular los honorarios de los letrados intervinientes conforme lo normado por tal
normativa.- Finalmente, debo también añadir que lo relativo a la
inconstitucionalidad de las leyes 25.561 y 25.973 resulta a ésta altura procesal,
una cuestión abstracta.- Asi voto.- A LA UNICA CUESTION PLANTEADA EL
SEÑOR JUEZ DE CAMARA DR. HENRY F. MISCHIS, dice: Que por
compartir los argumentos dados por el Sr. Juez Dr. Pérez, emitía su voto en igual
sentido.- A LA MISMA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DE
CAMARA DRA. MARIA DEL CAMEN MAINE, dice: Que por considerara
correctos los argumentos dados por el Señor Juez del primer voto, emitía el suyo
en igual sentido.- Por el resultado de la votación que antecede y por unanimidad,
el Tribunal RESUELVE: I.- Admitir la demanda y en consecuencia condenar al
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA a pagar al actor
ALBERTO MARTÍN CUELLO, dentro del término de diez días de vencido el
plazo prescripto por el art. 806 del C. de P.C., la suma de pesos
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
UNO CON DIEZ CENTAVOS ($ 476.771,10) por capital e intereses hasta éste
pronunciamiento en concepto de indemnización integral con fundamento en lo
normado por el art. 1.113 del C.C., por el 88,20% de incapacidad que le fuera
determinado en autos.- Con costas.- II.- Desestimar la petición de condena en
contra de Consolidar ART S.A., con costas por su órden.- III.- Regular los
honorarios de los Dres. José Raúl Tissera, Andrés F. Tissera y María Cecilia
Castillo en conjunto y proporción de ley, en la suma de pesos ochenta y cinco mil

($85.000), en igual suma los honorarios del Dr. Gonzalo Paulí –a cargo de su
comitente Consolidar ART S.A.- en la suma de pesos setecientos ($700) los
honorarios de los peritos médico y psiquiátra oficiales Dres. Antonia María
Estela Gambino de Soria y Nair Tibaldi, en igual suma los honorarios del perito
de control Dr. José Eduardo Pacho –a cargo del actor que lo propuso- y en la
suma de pesos trescientos cincuenta ($350) los honorarios que corresponden al
Dr. Hugo M. Parente, a cargo de la aseguradora.- IV) Cumpliméntese con lo
normado por la Ley 8404 y sus modificatorias.- V) Protocolícese.-