contenidos de la edición 2012 - Turismo de Hervás

LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 1829
Este año celebramos el bicentenario de “La Pepa”, y por ello
creo muy pertinente recordar que la constitución de Cádiz de
1812 representó la fórmula política más significativa del proyecto
revolucionario liberal en nuestro país. Sobre él se edificó
una organización social nueva frente a los modelos impuestos
por el Antiguo Régimen. Por tanto, la nueva organización territorial
pasará de un modelo tradicional, casi feudal, a otro de
corte liberal. La transformación del régimen jurídico de la propiedad
de la tierra y la nueva fiscalidad
determinarán la nueva articulación del
territorio. Su proceso será largo, pues se
inicia en 1813 y no puede considerarse
concluido hasta 1833. Durante este
tiempo se ensayarán varios modelos de
división territorial en España. A uno de
ellos, también fallido, se referirán los hechos
que quiero contar.
Corría el año 1829, en plena década
ominosa, y por tanto vemos a un Fernando
VII restaurando el más férreo y
feroz absolutismo. Atrás quedaron los
intentos de las cortes gaditanas por reorganizar
el territorio y posibilitar una
administración gubernativa, económica
y judicial más justa. Poco después, entre
los años 1820-1823, también quedó
frustrada la división territorial ensayada
durante el Trienio.
En ambos casos se pretendía, a imitación del modelo francés,
dividir el territorio nacional en provincias, y para ello encargaron
el proyecto al marino Felipe Bauzá. Éste consideró las
cuencas fluviales de los principales ríos como la forma más
adecuada para delimitar las futuras provincias y fijó criterios
estrictamente geográficos sin tener en cuenta la densidad de
población. Poco después las autoridades del Trienio instituyeron
los partidos judiciales como entidad intermedia entre la
atomizada municipalización y las provincias, para que fuese la
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Sebastián Caballero González
clave en la organización administrativa, judicial y electoral de
las nuevas provincias. Sin embargo, lo mismo que ocurrió con
el proyecto de 1813, los avatares políticos impidieron la aplicación
de este decreto y el regreso una vez más a la monarquía
absoluta determinó el mantenimiento de la antigua división.
Con todo, muy pronto se hizo necesaria la modificación territorial
en la administración de justicia. Para ello Fernando VII
encargará a su ministro, Francisco Tadeo Calomarde, una nueva
demarcación territorial que consistía en controlar estrechamente
a los ayuntamientos a través de un corregidor o alcalde
mayor que ejercería su poder en un ámbito territorial llamado
corregimiento. Esta designación real era mal vista por los liberales
ya que de hecho suponía el establecimiento de una red
caciquil en toda España que instauraba un sistema de control
local muy favorable para los intereses de los más conservadores.
Para ello, el 22 de marzo de 1829 desde el ministerio de
Justicia, su titular Francisco Tadeo Calomarde, acérrimo mo-