factores de la actividad económica. - Mapa del Sitio

CAPÍTULO 2º: FACTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA.
2.1 La población activa.
Conocemos ya el número, el régimen demográfico y los ritmos de
crecimiento de la población fragatina desde los inicios del siglo XVIII hasta la
actualidad. Sabemos con certeza que la etapa que abarca el Setecientos y la
primera mitad del Ochocientos supuso un punto de inflexión, un punto de no
retorno a épocas anteriores de régimen demográfico antiguo. La época en que
Fraga inicia con timidez el tránsito –una larga transición de dos siglos- al ‘régimen
demográfico moderno’.
Vamos a caracterizar ahora las actividades económicas de aquellos hombres
y mujeres; sus actividades principales y complementarias a lo largo de las cuatro
generaciones a comparar. Veremos de este modo si sus respectivos ciclos vitales
experimentaron cambios sustanciales o si, por el contrario, hemos de entender
aquella comunidad –de la primera a la cuarta generación- como permanentemente
inmersa en un modus vivendi estacionario, falto de posibilidades de transformación.
Obviamente, el comprobado crecimiento de la población local, similar y aún más
intenso que el reconocido para la media regional, induce a pensar más en hipótesis
de cambio que de estancamiento; un cambio con diferentes ritmos y alternativas
contrapuestas; cambios con crecimientos y retrocesos en el número de los
ocupados y en sus actividades.
Las fuentes para la observación y análisis de la actividad económica son
múltiples aunque casi siempre cualitativas, lo que no es poco. El ir y venir de los
fragatinos diariamente atareados, litigantes a menudo, envidiosos del éxito ajeno,
muchas veces quejosos, pocas satisfechos y siempre rogando el auxilio generoso de
las autoridades celestes o el conmiserativo de las terrenas, aflora constantemente
en la documentación, pese a que con frecuencia proporcionan información sólo
indirecta, puntual, contradictoria incluso y casi siempre interesada.
Sus actividades principales aparecen de forma explícita, directa, por su
volumen y afección general del vecindario. Son tratadas de continuo y sesudamente
por las autoridades locales. Los regidores fijan jornales y precios, controlan
funciones y actividades gremiales, vedan o autorizan la vendimia y otras labores
agrícolas, delimitan y regulan el uso del agua de riego, organizan mercados y
ferias, autorizan introducciones de productos o prohíben su ‘saca’.
Con ayuda de las ordenanzas municipales dirigen la vida laboral de los
vecinos: abren o cierran el uso de los campos de cultivo y las “dehesas” al ganado,
imponen multas por infracciones en la huerta y el monte, conceden tierras y cobran
cánones, treudos o censos por su usufructo; gestionan molinos, mesones y tiendas.
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Corresponde también a los regidores la potestad de designar peritos que
“cordelen” heredades y masadas o establezcan baremos que afinen la utilidad anual
obtenida por los diferentes componentes de cada oficio. Su poder es determinante
y sus decisiones quedan reflejadas en los libros de actos comunes: la fuente de
carácter más general y fiable cuando se mira de puertas adentro. Otra cosa es
cuando lo que emiten son informes al exterior. Entonces sus apreciaciones son
igualmente reflexionadas –medidas- y casi siempre consensuadas, aunque se
alejen de la realidad. Cuando los ediles no alcanzan acuerdo y sus representaciones
llegan enfrentadas a las autoridades regionales o a la Corte, resultan en realidad
más útiles al observador: sus matices discrepantes y aún contradictorios no
garantizan fiabilidad en rendimientos de cosechas, cantidad de ganado, volumen de
actividades artesanales o ganancias de comerciantes, pero dejan constancia de su
existencia y nos alertan de ello.
Más ocasionales son las informaciones relativas a las actividades de segundo
orden, actividades complementarias de las principales, apenas reconocibles en las
fuentes generales. Y sin embargo resulta indispensable tomarlas en consideración
al tiempo de valorar el esfuerzo e iniciativa desplegados por la mayoría de aquellos
vecinos –hombres y mujeres- para sobrevivir. Son funciones económicas no
consideradas como oficios en sí, por no ocupar la mayor parte del tiempo laboral y
por tanto permanecen casi siempre al margen de la información. Ni siquiera son
tomadas en cuenta con fines tributarios. Por eso no aparecen casi nunca, por
ejemplo, las tareas de yeseros, leñadores, carboneros, jaboneros, hiladores de
seda, criadores de cerdos u otros animales domésticos, con valor de uso o de
cambio, siendo como son todas ellas actividades indispensables en la época. Sólo
alguna adquiere con el tiempo o durante algún período carta de naturaleza; se
convierte entonces en oficio declarado con imposición fiscal regulada.
Precisamente las reclamaciones de vecinos agraviados por su carga fiscal
resultarán ser una de las fuentes más jugosas. Frente a repartos de cuota aplicados
de forma indiscriminada a componentes de un gremio o sector de actividad, las
instancias, representaciones y quejas dirigidas al ayuntamiento permiten desvelar
actividades negadas por unos, rendimientos disminuidos por todos, o tratos, avales
y arriendos o porciones de arriendo sellados de palabra, -“confidenciales”-, que sólo
un pleito desvela finalmente con categoría de contrato. En cierto modo, es una
economía sumergida que emerge en éstas y otras fuentes con pretensión de
reparar injusticias de apreciación pericial, evidenciar distancias entre volúmenes de
negocio aparentemente similares, denunciar competencias desleales en precios de
consumos o, simplemente, al pagar judicialmente deudas.
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Las tareas concretas de cada actividad apenas son descritas en fuentes
directas y debemos acudir a las cláusulas incluidas en los arriendos de monopolios
municipales, tanto privativos como prohibitivos, o a las detalladas en los mucho
más escasos contratos entre particulares, si lo que buscamos es información sobre
tareas o cláusulas usuales, estacionales, prioritarias, indispensables o prohibitivas.
Sólo aquellas cuya realización produce al sujeto imponible una utilidad verificable o
supuesta, -siempre que sean ejercidas con una cierta continuidad a lo largo del
año-, son objeto de las fuentes fiscales cuantitativas. Serán estas últimas por tanto
las que mejor permitan una aproximación a la distribución de los oficios en Fraga y
a la evolución de su importancia relativa.
Comenzaré vaciando su contenido para organizar los datos en diferentes
sectores de actividad. Dentro de cada sector estableceré el puesto o rango ocupado
por cada oficio o grupo de oficios, atendiendo a la cuota que satisfacen sus
miembros. Buscaré luego las posibles variaciones inter generacionales para
comprobar si existió diversificación de oficios y/o cambios en el ranquin entre
sectores. Finalmente, con éstas y la ayuda de fuentes cualitativas, intentaré perfilar
algunos rasgos básicos en las actividades de cada sector.
2.1.1 Las fuentes fiscales y los criterios de clasificación de oficios.
Nos servimos de cuatro libros catastro: los de los años 1730, 1751, 1819 y
1832 y de cuatro cuadernos de industrias para 1789, 1803, 1819 y 1832. Es decir,
los dos primeros catastros conservados de 1730 y 1751, que incluyen los llamados
“catastro real” y “catastro personal” en un mismo documento; luego dos cuadernos
de industrias (1789 y 1803) para un período en el que no se ha conservado ningún
catastro base (aunque debería conservarse uno para el año 1786, del que sólo
conocemos los libros preparatorios utilizados en la posterior confección del catastro
real); y para los dos últimos años de la serie -1819 y 1832- contamos con ambos
documentos: el libro catastro y el cuaderno de industrias correspondiente.
Con esta elección pueden perfilarse cuatro cortes representativos de cada
una de las cuatro generaciones: El de 1730 refleja la situación de la generación
inicial, la de los supervivientes de la guerra de Sucesión. El segundo corte
correspondería a la segunda generación, la de los adultos de mediados del XVIII, y
la interpretamos con los datos globales de 1751 y algunos sectoriales conservados
para 1772. Con los documentos de 1789 y 1803 percibimos la tercera generación,
aquella que sufrió como adulta la crisis finisecular y los embates de la guerra, ya
reconocidos en cuanto al número de los fragatinos. El cuarto y último corte explora
a los supervivientes adultos de la guerra contra Napoleón, incluidos en los catastros
y cuadernos de industrias de 1819 y 1832.
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En este primer epígrafe dejo al margen el llamado “catastro real”, que
enumera, cuantifica y fiscaliza los bienes sitios (rurales y urbanos) de cada cual, y a
los que atribuye un valor catastral del que luego se estima un producto útil y una
cuota a pagar. Lo utilizaré más adelante para el análisis de la propiedad y para
clasificar finalmente a los contribuyentes por categorías fiscales. Ahora me centro
en el llamado “catastro personal”, conocido en otros contextos como “personal y
ganancial (o industrial)” y que en Fraga se denominaba “personal, industrial y
comercial”. 1 Especifica las actividades principales de cada contribuyente y alguna de
sus complementarias consideradas fiscalizables por los peritos.
Por el concepto “personal” o por su “jornal” pagaban inicialmente las familias
o individuos dedicados a las actividades del sector agrícola-ganadero: el cultivo de
la tierra, la cría de ganado de todo tipo o la explotación de colmenas, y cuantas
tareas se relacionaban con ellas. Por el concepto “industrial” pagaban las
actividades relativas a los oficios artesanales –cuando eran la actividad principal de
un individuo-, y mediante las cuales se producían bienes inmuebles o muebles,
herramientas, útiles domésticos o productos alimenticios. Por el catastro
“comercial”, -“granjerías” o “trato”-, cotizarían todas aquellas actividades que
implicaran intercambios posteriores a la obtención de materias primas, a la
elaboración de productos de consumo o a la producción de bienes duraderos. De
este modo, por ejemplo, el esfuerzo “personal” del labrador ayudado del jornalero
producía cáñamo; el “industrioso” artesano lo convertía en alpargatas; y quien
invertía un capital en adquirirlas para luego revenderlas esperaba obtener un
beneficio –una ganancia- de su comercio, de su “granjería”. Naturalmente dos de
estos tipos de actividad o incluso los tres podían coincidir en un mismo individuo a
lo largo del año o de un período más o menos dilatado de su ciclo vital.
En ocasiones aparecen cotizando por el rendimiento de su trabajo quienes
atendían otros servicios a la población: la sanidad, la educación, los oficios de
república y sus dependientes, las exigencias de las instituciones o los pleitos entre
ellas y entre particulares. Otras veces, su actividad queda oculta al interés fiscal
por quedar estos individuos exentos de cotización, de acuerdo con el contrato que
les une al municipio. En otras, en fin, se trata de pura ocultación de haberes.
Junto al nombre del contribuyente, todos los documentos de la serie detallan
la cuota con que debe contribuir, derivada de diversos conceptos. El principal es la
utilidad atribuida anualmente por su oficio. A esa cantidad se le añade la cuota a
satisfacer en razón de la posesión de animales de tiro, de labor o de cría, y también
por las colmenas poseídas o por los escasos carros con que cuentan los vecinos; es
decir, por el abanico de sus medios de producción. En algunos casos, a estos
conceptos se añade un sobrepago por sus actividades complementarias. Siempre se
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hizo así, excepto al principio, cuando en 1730 el ganado de cría o las colmenas se
contabilizaron formando parte del catastro “real”, como parte del patrimonio de
cada contribuyente, estimando su valor capital en lugar de su utilidad anual.
De la obligación de pago por el catastro personal quedaron legalmente
exentos en todo momento varios grupos de contribuyentes: los pupilos o “menores”
de quince años herederos de un patrimonio familiar, los estudiantes, los varones
mayores de sesenta y cinco años y las viudas sin patrimonio. También los
jornaleros quedan exentos de cotizar por su jornal desde mediados de siglo,
aunque seguirán haciéndolo por los medios de producción que posean. 2 El hecho de
haber considerado como “utilidad” la posesión de animales de labor o de tiro, el
ganado de cría y las colmenas, hace que aquellos jornaleros que, –no poseyendo
bienes sitios-, poseen este tipo de bienes, deban contribuir en el cuaderno de
industrias correspondiente. (Quien contase sólo con sus manos y un borrico debía
contribuir). Por eso el número total de exentos es muy bajo.
Además, los cuadernos de industrias no sólo recogen la contribución por el
tributo personal sino que, -como eran utilizados cada año para confeccionar el
“cuaderno cobratorio de la contribución”-, se sumaba en sus páginas al tributo
“personal” de cada contribuyente lo estimado como cuota o como producto líquido
por su “hacienda” en el catastro real. Es decir, tan solo aquellos jornaleros, viudas,
pupilos o mayores de 65 años que carecieron de casa, corral o vago, de parcelas de
tierra o de animales de cualquier tipo, -sólo quienes no tuvieran ningún tipo de bien
inmueble o semoviente- quedarían sin reflejo en las fuentes que analizamos.
Realmente una minoría exigua en Fraga. Entiendo, por tanto, que la información
disponible es suficientemente representativa de la población activa, aún cuando los
datos no fueran exhaustivos.
* * *
Valoradas las características de la fuente fiscal, es preciso tomar algunas
decisiones respecto de los contribuyentes a incluir como “población activa”, para
más adelante distribuirlos por ‘sectores económicos’ y ‘grupos de actividad’.
Comenzaré con las viudas. La documentación evidencia que algunas viudas
de jornaleros cotizan como lo hicieron sus difuntos maridos, por los animales de
labor o de cría que poseen (además de hacerlo en el catastro real por sus parcelas
de tierra y por la casa que habitan). Incluso en algunos casos se indica
explícitamente que trabajan con su hijo o su yerno. Debemos incluirlas por tanto
entre la población activa como ‘viudas de jornalero’, configurando grupo doméstico
propio. En cambio, cuando no poseen ningún bien que les reporte utilidad se les
considera exentas, como “viuda pobre” sin obligación de contribuir por el
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endimiento personal. Sus actividades serán entonces tareas marginales o
complementarias no sujetas a tributación. Algunas de ellas trabajarán como criadas
en un grupo doméstico distinto al suyo y ni siquiera aparecerán como
contribuyentes.
Respecto de las viudas de labradores, sabemos que el catastro lo paga quien
cultiva la tierra aunque sólo cuente con el dominio útil y el directo corresponda a un
tercero. Si la viuda de un labrador cultiva la tierra será asimilada a los labradores
varones y pagará por sus animales de labor, de cría o por sus colmenas. Si figura
con su hijo o yerno en un mismo grupo doméstico también lo hará ella si es la
titular de los bienes. En cambio, si tiene la tierra cedida a terceros en arriendo o a
censo cobrará la pensión anual correspondiente y ese será el concepto que se le
acumule como renta o como capital (según los años) en el catastro real. Es decir,
en el primer caso pagará en el catastro personal por la fuerza de sus animales o por
el rendimiento de su ganado (lanar, cabrío o vacuno); en el segundo sólo cotizará
por el catastro real. Las primeras debemos contabilizarlas entre la población activa
como ‘viudas de labrador o ganadero’; las segundas quedan exentas por ese
concepto y no las incluimos.
¿Y a la mesonera viuda que paga en el cuaderno de industrias por sus
ganancias? ¿Habrá que incluirla entre la población activa masculina de su oficio? ¿Y
la viuda de un alfarero, un tendero o un alpargatero?... Todavía hoy en Fraga hay
una familia a la que llaman les sabateres; las zapateras. El apodo les viene de
antiguo y refiere explícitamente su actividad en el oficio. Habrá que tener en cuenta
este activo femenino. En cambio, no tomaremos como población activa la viuda de
un escribano que no redactará nunca un documento. En cambio hay viudas
infanzonas, -matriarcas de familias troncales-, que nos consta dirigen con energía y
acierto sus negocios durante años, decidiendo incluso por sus hijos casados lo que
debe y no debe hacerse con su hacienda y en las tareas del grupo doméstico.
Enterrados sus maridos, siguen siendo cabezas de familia para todo. Naturalmente
son ellas, –usufructuarias cuando menos-, quienes figuran al frente del patrimonio
de la casa y de la actividad útil que desempeña. Son ellas quienes cotizan en uno y
otro libro. No hay privilegio en eso. Pagan por administrar sus negocios mediante
criados, mancebos o jornaleros. Parece indiscutible, por tanto, su inclusión entre la
población activa. Caso distinto será el de aquellas viudas de infanzón que viven
solas o con hijos menores, aun cuando su patrimonio urbano y/o rústico sea
considerable. Si lo explotan terceros, quedan exentas en el catastro “personal”.
A propósito de los catastrados como “Infanzones”, no los consideramos
como grupo diferenciado respecto de la población activa y los incluimos entre los
“hacendados”, cuando lo son, junto a otros hacendados del Estado Llano, dejando
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la consideración de su estatus específico y privilegiado para el estudio social de
familias y linajes. De los infanzones solemos conocer su perfil económico principal,
aunque su dedicación se reparta entre diferentes ocupaciones por sus variados
patrimonios y sapiencias. Las fuentes suelen describirlos como “hacendados que
administran su hacienda mediante criados y braceros”, o bien, “mediante
jornaleros”. En el primer caso, sus criados permanentes –mossos- no aparecen en
el listado, por lo que debemos tomar al propietario como parte de la población
activa, al frente de su hacienda. En el segundo, si la contratación de jornaleros es
ocasional (lo más común), debemos entender con mayor razón que el infanzón
dirige y administra su patrimonio directamente. Y por eso a él se le cargan los
animales de labor o de cría, las colmenas o el carro. Serán por tanto considerados
como ‘hacendados’ labradores o ganaderos. En otros casos, poseyendo o no
hacienda considerable, su ocupación principal es la de ejercer alguna profesión
liberal –casi siempre escribano, abogado, u otras similares- por las que cotizan
fiscalmente. De ahí la confusión entre infanzones y “doctores” tan propia del siglo
XVIII. Entiendo conveniente incluir estos casos entre los de su profesión.
Las instituciones eclesiásticas, las cofradías, capellanías y píos legados no
estaban sujetos a tributación por los bienes adquiridos antes del Concordato de
1737. Sabemos ya que durante la mayor parte del siglo XVIII se resistieron a pagar
por los adquiridos con posterioridad al Concordato, pese a las reales cédulas e
instrucciones emitidas en años sucesivos hasta el de 1760. Les vemos aparecer
como contribuyentes a partir del libro de industrias de 1789 pero sólo por el
catastro real, sobre la base de las rentas que producen sus bienes sitios y censos.
En ningún caso, hasta 1832 inclusive, pagaron por el catastro personal. Tan sólo a
algunos “eclesiásticos particulares” se les impuso cuota algún año por sus
caballerías o por sus ganados y colmenas. Por otra parte, las casas, tierras, hornos,
molinos u otros bienes pertenecientes a estas instituciones eclesiásticas y de
beneficencia permanecieron casi siempre arrendadas, cedidas a censo o trabajadas
“a jornal” por terceros. En algunos casos, su titularidad expresa más una capacidad
de coerción extraeconómica que una actividad productiva y, desde luego, sus
administradores, arrendatarios, inquilinos y censatarios aparecen incluidos en los
listados fiscales, toda vez que sobre ellos pesa la obligatoriedad del pago del
impuesto. No las incluimos por tanto como sujetos de ningún grupo profesional.
Por último, queda otro grupo de contribuyentes a considerar: son los
catalogados como “forasteros” en dos vertientes distintas: unos lo son porque
siendo oriundos de Fraga han dejado la ciudad para residir en otros lugares; sólo
figuran en el catastro “real” por su hacienda, explotada por terceros que ya cotizan
por ello en el impuesto personal. El resto son los “terratenientes” de los lugares
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comarcanos que trabajan parcelas del monte o de la huerta de Fraga sin tener por
tanto la calidad de vecinos. Pagan por su hacienda pero no por sus respectivas
actividades, que cotizan en su lugar de residencia. En ninguno de ambos casos
procede, por tanto, incluirlos como contribuyentes del catastro personal en Fraga.
* * *
Respecto del ‘grupo profesional’ al que adscribir cada contribuyente, debe
tenerse en cuenta que el trabajo de un mismo individuo solía proyectase sobre
diferentes ámbitos laborales: los había que modificaban su actividad en función de
la estación del año o de la coyuntura; también quienes variaban la importancia
relativa de sus diferentes actividades a lo largo de su ciclo vital. Sería, por ejemplo,
el caso de un cerero que con los años se convierte en confitero y droguero: en el
primer “corte” estará incluido como artesano que produce útiles y en el segundo
como dedicado al ramo de la alimentación; cambia de grupo profesional. O por
ejemplo el caso del labrador cuya iniciativa le lleva a los negocios y es peritado
primero por su rendimiento personal, para ser considerado años más tarde como
negociante. Cambia entonces incluso de ‘sector económico’.
Si los porcentajes locales de cada grupo y sector de actividad han de
compararse con los de otras ciudades o con el conjunto regional o el estatal, deberá
comprobarse la similitud de criterios utilizada. De otro lado, trabajar con criterios
de actividad fijos en un período tan dilatado supone un riesgo, aunque es el único
método con fuentes cuantitativas. Sólo las cualitativas podrán luego aportar
matices y precisiones que perfilen mejor la actividad cambiante de los fragatinos y
permitan una síntesis para cada sector. Por todo ello, con las prevenciones citadas,
he elegido los siguientes criterios:
Organizar oficios y profesiones en los tres sectores económicos: Primario,
Secundario y Terciario. Soy consciente de las objeciones opuestas por la
historiografía a esta clasificación, pese a la generalidad con que viene siendo
utilizada. 3 Incluyo a las viudas no exentas en su oficio respectivo. Del mismo modo
forman parte de oficios concretos los contribuyentes de quienes en ocasiones se
indica su calidad de “pobres” junto a la denominación de su actividad. Igualmente
incluyo como miembros de un oficio concreto a los mayores de sesenta y cinco años
porque –aunque exentos del pago personal- siguen prestando su trabajo al grupo
doméstico y son titulares catastrados.
Dentro del sector agrícola-ganadero diferencio los “hacendados”, -infanzones
o no-, de los simples labradores y a éstos de los hortelanos y de los jornaleros o
“peones de campo”. Establezco un grupo específico con aquellos labradores que al
mismo tiempo cotizan de forma considerable como ganaderos, (junto a los
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ganaderos con extensiones considerables de tierra) y separo de éstos a los
“pastores de salario” y a los tratantes de ganado cuando explícitamente aparecen
en las fuentes y que en realidad son negociantes. La utilidad creciente derivada de
la posesión de colmenas aconseja cuantificar a quienes se dedican a esta actividad
como apicultores (“abejeros o colmeneros” en las fuentes).
En el sector del artesanado diferencio varios grupos de oficios. Primero los
dedicados a la producción de alimentos. Abarcan desde los simples horneros o
panaderos hasta los elaboradores de los productos “luxosos” más refinados: es la
categoría de los drogueros, a veces también sucreros, confiteros o chocolateros,
junto a los turroneros. En medio, una serie de oficios con mayor o menor
complejidad: desde los tempranos vinateros y fabricantes de aguardiente, pasando
por los indispensables molineros, los ocasionales fideueros y los siempre
marginados cortantes (carniceros), separados del resto de contribuyentes e
incluidos al final del listado del Estado Llano.
Forman otro grupo todos aquellos oficios dedicados a la producción de
objetos y herramientas necesarios para las actividades agrarias o domésticas. Son
los alfareros y tejeros, boteros, cereros, cerrajeros, herreros, caldereros, cesteros,
silleros, sogueros, etc. Unos con mayor continuidad temporal y relevancia
económica que otros. Es el grupo de oficios más diverso aunque no el más
numeroso en Fraga. Con diferencia, el grupo de oficios más nutrido –luego de los
agrícolas- será el dedicado a la producción textil y al calzado: tejedores y
alpargateros ocupan puestos destacados, junto a un menor número de zapateros y
sastres y a los ocasionales pelaires y sombrereros.
Por último, aunque no por su menor número ni por su relevancia fiscal,
contabilizamos a carpinteros y albañiles. Su contribución a la actividad económica
es indispensable en todo tiempo y mucho más en el caracterizado por un
crecimiento sostenido de la población y del hábitat urbano. Los carpinteros,
además, incrementan su importancia por ser Fraga una ciudad que dispone del
único, largo y complejo puente de tablas en muchas leguas a la redonda, siendo
ellos los encargados de repararlo o reconstruirlo cuando el río lo derrota.
En el sector terciario he distinguido tres grupos de oficios y profesiones:
primero los dedicados desde distintas facetas a la actividad comercial; luego los
considerados comúnmente como profesiones liberales; y finalmente aquellas
ocupaciones diversas –de mayor o menor relieve fiscal- caracterizadas todas ellas
por suponer un servicio privado o público a la comunidad, sin que su actividad
implique labores agrícolas o de producción artesanal. Este último grupo será el más
deficientemente representado en las fuentes, toda vez que la mayoría de los
servidores públicos y los auxiliares de los oficios de república pocas veces debieron
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constituir actividades a tiempo completo, por lo que casi nunca aparecen
contribuyendo por ellas los regidores del ayuntamiento, los secretarios -¿exención,
descuido o picaresca?- y poco los servidores de menor rango: llamadores, maceros,
alguaciles, porteros, almudines, colectores, clarineros, etc. Otros servidores están
directamente exentos de pago, aunque figuran en los listados como poseedores de
bienes sitios: el corregidor cuando lo hubo, algún militar, el administrador de
correos o el cabo del resguardo. Los tengo en cuenta como oficios pero no en el
cálculo de las cuotas en tanto que exentos de contribución por lo personal.
Los profesionales liberales constituyen el grupo más estable y limitado en el
número de sus componentes; tanto los tenidos por Infanzones sin serlo como los
catastrados entre el Estado Llano. Es el caso de abogados y procuradores, de
notarios y escribanos en el ámbito de los letrados, que suelen ajustarse al numerus
clausus prescrito por la legislación de cada tiempo y lugar. En el ámbito de la
sanidad aparecen boticarios, cirujanos y albéitares, junto a médicos, que sólo
ocasionalmente figuran en los listados por quedar exentos casi siempre de
contribución personal en las cláusulas de su “conducta” y no contar con bienes
sitios. Lo mismo ocurre con los maestros de niños, las maestras y los maestros de
gramática. Cuando los hubo, estuvieron exentos de pago en el catastro personal
por decisión del ayuntamiento que los contrató y casi nunca aparecen como tales.
El grupo más dinámico en número y dedicación dentro del sector de los
servicios será el dedicado a la actividad comercial. La documentación proporciona
un abanico de oficios sin que su caracterización parezca uniforme ni menos estable.
Naturalmente ello puede deberse a su propia dinámica; a sus cambiantes
ocupaciones temporales. Entre ellas, la más antigua parece la de mercader, que
sólo consta en los primeros años; en el extremo opuesto la de carromatero, que
sólo lo hace en los últimos. En medio aparecen comerciantes, negociantes y
tenderos, que intentaré diferenciar por su cuota personal. Y junto a éstas
principales situaré otras actividades complementarias en el ámbito del comercio,
que con el tiempo se revelan sustantivas: la del tabernero combinado de arriero, de
súbita y voluminosa aparición, junto a la propia función de la arriería, que inicia el
período como actividad sólo complementaria para alcanzar con el paso del tiempo
relevancia considerable entre la población activa.
2.1.2 Sectores económicos y grupos de actividad: las cuatro generaciones.
Si tuviéramos en cuenta toda la información laboral que poseemos de cada
individuo, su agrupación y cuantificación estadística resultaría imposible. Debemos
tomar para cada individuo sólo su oficio catastral, -su actividad principal-, aunque
le conozcamos otras complementarias. Soy consciente de presentar con ello una
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clasificación que aminora y contrae una realidad mucho más rica y compleja. Ya he
advertido que pocas personas se limitaban en el Antiguo Régimen a una sola
actividad durante todo el año y menos durante todo su ciclo vital. Ceñirse a la
información catastral permite atribuir a cada sujeto una sola actividad, con lo que
dejamos constancia de su ejercicio y podemos establecer comparaciones. Por otro
lado, al no sistematizar todos y cada uno de los documentos conservados y sí sólo
haber efectuado ‘cortes’ en la documentación, los oficios incluidos son una parte de
los que debieron darse, quedando otros fuera de nuestra percepción. Si los hubiera
utilizado todos, su nómina se dilataría y nuestra percepción respecto de su
evolución resultaría más próxima a la realidad, pero no acabaríamos nunca.
Entendamos su estadística, por tanto, sólo como una muestra de los oficios más
persistentes. El Cuadro 19 agrupa la población activa por sector en cada catastro y
su traducción en porcentajes intersectoriales para cada fecha. He remitido a un
apéndice documental la nómina y efectivos concretos de cada oficio. 4
Cuadro 1
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA Y PORCENTAJES INTERSECTORIALES
SECTOR PRIMARIO 1730 1751 1789 1803 1819 1832
población activa 367 386 483 469 544 664
porcentaje intersectorial 76,78 78,61 69,20 65,96 74,21 73,69
SECTOR SECUNDARIO
población activa 82 77 129 136 115 127
porcentaje intersectorial 17,15 15,68 18,48 19,13 15,69 14,09
SECTOR TERCIARIO
población activa 29 28 86 106 74 110
porcentaje intersectorial 6,07 5,70 12,32 14,91 10,1 12,21
La primera generación.
Sólo quince años luego de concluida la guerra de Sucesión se obtiene una
imagen de la población activa fragatina centrada en el campo. El de 1730 es un
mundo mayoritario de campesinos. Los labradores con animales aptos para cultivar
la tierra y para abonarla son mayoría (191 individuos), junto a casi otros tantos
jornaleros y algún pastor (176) que, con animales de tiro o sin ellos, con parcelas
de explotación propia o con su solo jornal, les van a la zaga. En conjunto son 367
contribuyentes cabezas de familia que representan el 76,78% de la población
activa. Para la vecina ciudad de Lérida, ciudad diocesana y cabeza de
corregimiento, con mayor necesidad de servicios y oficios artesanales, se ha
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estimado en estos años un porcentaje de población campesina próximo al 65%;
cerca de un 10% inferior al de Fraga. Dos porcentajes aparentemente distantes,
que sin embargo resultarían más próximos si se tiene en cuenta que hemos
excluido del cómputo de población activa a los eclesiásticos, a los contribuyentes de
oficio desconocido y a casi todos los exentos: menores, viudas pobres, oficiales al
servicio del ayuntamiento, etc., mientras no son excluidos en el análisis de Lérida,
amén de constituir allí los nobles grupo aparte, y quedar varios de ellos incluidos en
Fraga entre los labradores. 5
La mayoría de aquellos labradores se situaban en realidad muy próximos a
la categoría de jornalero, hundidos en el escalón inferior del grupo y tachados por
un infanzón del momento como “labradores atrasados”, mientras sólo a cinco
infanzones podía atribuírseles la categoría de “hacendados”. El ganado “de
naturales” es casi inexistente (765 cabezas de ganado lanar y 480 de cabrío), con
un número testimonial de labradores-ganaderos. Las 79 cabezas de ganado vacuno
existentes en ese momento no permiten considerar profesionales a algunos
“ganaderos de vacadas”, como más adelante se les denominará. Estamos todavía
en la época del ganado trashumante, “forastero”, cuyo aprovechamiento de los
pastos domina la primera mitad del siglo. Por otra parte, cerca de 2.000 colmenas
largas y cortas -más que en cualquier época posterior-, se están recuperando de su
destrucción generalizada durante la guerra: el hambre de los soldados las había
inutilizado en parte y la mayoría permanecieron abandonadas durante la posguerra.
Los colmenares dan testimonio de una dedicación antigua en Fraga por la que
contribuyen multitud de familias como actividad complementaria fiscalizable.
Junto a esta actividad agraria, básica y generalizada, se constata un
considerable sector artesanal, entre cuyos componentes son escasas las actividades
especializadas, indicio de un bajo nivel de diversificación de oficios en una
comunidad que solventa necesidades de utillaje en la propia casa o que carece de
medios para adquirirlo. Cabe suponer que quien posee capacidad adquisitiva
suficiente consigue lo que no se produce aquí en la vecina ciudad de Lérida o en la
más lejana Zaragoza.
Dentro del artesanado, el grupo principal será el ligado a la necesidad de
reconstrucción de viviendas y massos: son los siete albañiles junto a otros tantos
carpinteros y tejeros. Entre los dedicados al utillaje y las herramientas agrícolas
destacan los herreros, que ejercen al mismo tiempo de herradores, como actividad
indispensable. El resto de los oficios productores de útiles y herramientas son más
bien ocasionales o estacionales y sólo los tres cereros se aplican en todo tiempo a
elaborar desde las hachas utilizadas habitualmente por el consistorio en sus
reuniones, actos protocolarios y procesiones, hasta la provisión de candelas al
113

vecindario acomodado o al culto en iglesias, conventos y ermitas. Al resto de
vecinos les basta con el candil, la llum d’oli.
Sólo el grupo del textil y calzado parece demandar una actividad
suficientemente especializada como para contar con más de cuarenta familias
dedicadas de continuo a cubrir las necesidades del vecindario. Son oficios que
vienen de antiguo. Entre ellos, tejedores y alpargateros son mayoría, con quince
familias dedicadas a ello en cada oficio. Al propio tiempo, el trabajo de las seis
zapaterías y las cinco sastrerías parece indicar una cierta diferenciación social entre
una clientela mayoritaria de alpargata y una minoría con poder adquisitivo
suficiente para hacerse confeccionar y reparar trajes y zapatos. A una similar
diferenciación social parecen apuntar los oficios de calesero, platero y aún el de
sillero, -unifamiliares los tres-, prestos a cubrir una reducida demanda local de
bienes considerados entonces poco menos que suntuarios.
Del mismo modo, las necesidades primarias de alimentación, -pan y carne-,
son provistas públicamente por un mínimo contingente de molineros y cortantes
dependientes del ayuntamiento. Existen y funcionan, al menos desde el siglo XVI,
dos molinos harineros -de dalt y de baix-, de titularidad municipal el primero y el
segundo propiedad del capítulo eclesiástico. No existe horno municipal y el pan
diario se amasa en cada casa y se cuece por los propios interesados (una actividad
esencialmente femenina: les coquilleres o amasadoras) en hornos de algún
infanzón o de instituciones eclesiásticas, -cinco hornos en total-, a los que cada
familia acude cuando lo precisa y paga en especie por su uso. Por eso tan sólo
aparece como profesional dedicado a ello un hornero. El resto son atendidos por
mossos de los propietarios, que no cotizan, mientras a sus dueños se les fiscaliza el
horno como bien inmueble en el catastro real. Las carnicerías sí son en esta época
propiedad y monopolio del ayuntamiento que las administra directamente o las
arrienda a particulares: los dos cortantes catastrados dan cuenta de dos tablas: la
de ganado ovino y caprino por un lado y la de vacuno por otro.
Por ahora, ningún fabricante de aguardiente, ni tabernero ni confitero o
droguero. Puede que estas actividades existan pero no alcanzan la categoría de
fiscalizables. Las dos primeras porque la venta de sus productos se efectúa de
forma particular, en las propias casas de los vecinos productores, sin considerar
esta actividad como oficio reconocido. Las dos últimas serían asumidas con el
tiempo por los propios cereros, cumpliendo estas funciones complementarias en sus
botigues. 6
En conjunto, las tareas artesanales fiscalizadas en esta primera generación
ocupan al 17,15% de la población activa, con ochenta y dos familias dedicadas a
ellas. Lejos del 25% leridano o zaragozano. El de Fraga parece un cupo artesano
114

educido para una población con título de ciudad, pero adecuado a unas gentes que
viven esencialmente del campo, sin que apenas alguna de las familias artesanas
consiga una acumulación de capital suficiente para ser incluida entre los mayores
contribuyentes, como luego comprobaremos.
Más limitado resulta todavía el sector terciario del comercio y los servicios.
De momento, las tiendas indispensables para proporcionar lo que no producen las
explotaciones propias son monopolizadas por el ayuntamiento en régimen de
administración o de arriendo. Por ello, la nómina de la “granjería” se reduce a dos
comerciantes, tres mercaderes, tres tenderos y un arriero. Su actividad se centra
en el comercio de granos para su venta en el almudí, de paños para su expedición
en botiga y de algunos productos alimenticios como el aceite, el tocino fresco o
salado, el bacalao o las legumbres de libre expedición en pequeñas tiendas. La
producción y venta de leche permanece oculta, al margen, considerada ahora y en
toda época una actividad complementaria, ya fiscalizada a través de la posesión de
ganado. Preciso es destacar igualmente que la arriería, en este estadio inicial, es
considerada también una actividad complementaria, realizada sólo de forma
ocasional y por tanto no sujeta a tributación directa. Extrañamente, un solo arriero
“de a par de mulas” cubre, según el fisco, las necesidades de transporte local,
aunque la realidad del momento, basada en la efectiva existencia de ganado
“mayor” (machos y mulas) y “menor” (asnos y burras), permite intuir la actividad
de algunos jornaleros y labradores dedicados de forma eventual a este cometido.
Del mismo modo, la sanidad, la enseñanza y el derecho son atendidos por
un reducido grupo de profesionales, y las funciones públicas de control, policía y
recaudación del ayuntamiento desempeñadas por un corto número de dependientes
municipales, en su mayoría a tiempo parcial, por lo que apenas son reflejadas como
primera actividad. En resumen, el terciario alcanza por estas fechas el menor
porcentaje de los tres sectores: apenas un 6%, con un total de 29 familias
dedicadas a diferentes funciones, con estatus profesional muy distante entre sí: el
que va del notario al alguacil y al aguador, pasando por el mercader y el tendero.
La de esta primera generación de posguerra es la imagen de una pequeña
sociedad rural ligada a la subsistencia agrícola, con el artesanado indispensable,
escasos servicios y un limitado intercambio exterior. Una imagen aparentemente
simple, que se revela algo más compleja si se atiende a otros rasgos cuantitativos
extraíbles de las propias fuentes. Para obtenerlos, he sistematizado dos variables:
los diferentes conceptos de pago y el monto de sus cuotas. Hay quien paga por su
trabajo en el campo y por su “industria” complementaria en la que invierte algún
capital; hay quien lo hace por su oficio artesano y además por el comercio de sus
115

productos o los de terceros. Con los diferentes conceptos de pago afloramos la
diversidad de actividades ejercida por algunos individuos y la importancia relativa
de esta diversificación en relación con el conjunto de contribuyentes. Al mismo
tiempo, las cuotas permiten reconocer el abanico de las satisfechas por los
miembros de un mismo oficio, -del que paga más al que paga menos-, para
comparar luego los oficios de un mismo sector y finalmente los sectores
económicos. Ambas características, -dedicación múltiple y distancia entre
contribuyentes-, permiten afinar nuestra percepción y matizar con ello la imagen de
ésta y de las sucesivas generaciones.
En este primer tercio del siglo, la mayoría de los contribuyentes paga sólo
por su dedicación principal, pero un 3% combina ya su actividad principal con otra
complementaria por la que también se ve sujeto a tributación. Las combinaciones
son todas las posibles. Es decir, algunos sujetos aportan a su grupo doméstico
trabajo, alimentos, materias primas o productos elaborados y al mismo tiempo
elaboran y comercian excedentes o manejan otros distintos a los de su actividad
principal. Otros individuos compatibilizan su trabajo principal con el arriendo de
algunos abastos o bienes propios del ayuntamiento –carnicerías, tiendas, puente,
almudí, novenera…, o son colectores o comisionistas de diezmos. Dicho de otro
modo, arriesgan un capital suplementario al de su oficio o profesión, del que
esperan obtener “ganancias”. Son pequeños “hombres de empresa” que, por
ejemplo en Lérida en similares fechas, representan el 7% de los contribuyentes,
conjugando actividades fiscalizables por distintos conceptos. 7
En cuanto a la distancia fiscal entre contribuyentes, la cuota a satisfacer
presenta una reducida escala que va desde un boticario en el escalón superior
(Francisco Colea), con 9 libras jaquesas de contribución anual por “personal y
oficio”, hasta un labrador a quien se cargan tan sólo 12 dinerillos mensuales por el
rendimiento personal (Bernardo Mesa). Entre uno y otro se da toda la gradación
posible, predominando los escalones inferiores: más de la mitad de los
contribuyentes (56%) no rebasan la categoría fiscal del jornalero medio con 1,80
libras jaquesas de cuota anual como máximo. La mayoría de los incluidos en este
porcentaje son jornaleros y algunos labradores, pero también pagan esta cuota
varios miembros de diversos oficios. Por encima de esta mayoría, otro 26,73% se
sitúa en el escalón inmediato superior hasta la cuota de las 3 libras. La mayoría de
los labradores se incluyen en ella. Una minoría satisface mayor cuota, situándose
próximos al listón superior: allí están casi todos los maestros artesanos, los
comerciantes y algunos profesionales liberales, escasamente distanciados entre sí.
Dentro de cada actividad, las cuotas evidencian el espectro del oficio. En casi
todos los artesanales, alguno de sus componentes se asimila a la categoría de los
116

jornaleros de campo, puesto que pagan idéntica cuota que la mayoría de estos:
1,80 libras jaquesas anuales. Entre los propios jornaleros de campo, algunos pagan
menos de esta cantidad y otros más (su distancia interna es de uno a tres),
pareciendo indicar unas y otras cuotas la mayor o menor dedicación temporal al
trabajo anual, puesto que sólo cotizan por sus brazos y no aparece otro motivo de
distanciamiento interno.
Por encima de los jornaleros de campo y de quienes posiblemente deban
considerarse maestros artesanos “menores” en la terminología de Guillermo
Redondo, 8 se sitúan las cuotas atribuidas a los maestros de cada oficio. También
aquí se aprecian diferencias que parecen responder a un diferente volumen de
producción y/o venta en cada taller/botiga. La distancia entre sus miembros se
amplía o contrae según los oficios: entre los albañiles se distinguen claramente
unas cuotas de otras, mientras entre los carpinteros apenas se duplican en la parte
alta de la tabla, encabezados por quienes se encargan habitualmente de la
reparación del puente (los hermanos Achón). El abanico se ensancha, en cambio,
entre las familias de alpargateros: no tendrán igual categoría profesional los
hermanos Sorolla, que unen la pericia de su oficio al comercio en su botiga y a los
arriendos públicos, que los Novials, recién iniciados en su taller. Los primeros
multiplican por tres la cuota de los segundos. En un nivel inferior, ocurre algo
similar entre los sastres, casi todos de apellido foráneo y con clientelas dispares.
Tejedores y zapateros muestran diferenciación entre quienes trabajan con materias
primas superiores y quienes lo hacen con las inferiores, o entre quienes fabrican
zapatos (zapateros de obra prima) y quienes los remiendan (de obra segunda).
Notable resulta también la distancia entre los boticarios, ¿con distinta
implantación entre la clientela?, igual que entre los cirujanos. Los cereros aparecen
bien situados y sin diferenciación en la parte central superior de la escala
contributiva, mientras entre los herreros destaca quién –como Francisco Palacios-
domina un oficio que le viene de antiguo y añade a su saber el comercio de
herramientas no fabricadas directamente en su fragua.
Los contribuyentes con título de “don” son catastrados unos como
Infanzones y otros entre el Estado llano. En teoría exentos del catastro personal,
los infanzones cotizan sin embargo todos y explícitamente se indica en la fuente
que lo hacen por el (rendimiento) personal. Sus cuotas son intermedias en la tabla
y no destacan sobre las de otros labradores. En este último grupo –el más
numeroso entre los contribuyentes-, predominan quienes no rebasan por su cuota
el nivel de simples jornaleros: son “labradores atrasados” que a duras penas
acuden a la subsistencia familiar. Por encima de ellos se sitúan los “labradores
desahogados” de apellido Cabrera, Ibarz, Pastor, Casas, Vilar, Labrador, Mañes o
117

Montull, a quienes permanentemente observaremos en las fuentes como
hacendados y algunos de ellos como mayores contribuyentes del catastro global
(personal + real) durante generaciones. Sin embargo, tampoco son ellos quienes
mayores cuotas satisfacen por el catastro personal. En la cima contributiva laboral
se sitúan, ya desde esta primera generación, los tenderos Boquer, Curret y Marín,
los mercaderes Usted, Lluscan e Inglés, recién llegados a Fraga estos últimos y
aquellos vecinos de antiguo, mientras quedan muy rezagados los dos comerciantes.
Desde la primera generación del siglo los contribuyentes comienzan a
diferenciarse entre sí más por el capital de riesgo invertido en sus actividades que
por su pertenencia a uno u otro oficio. La imagen económica de Fraga empieza a
responder casi tanto a una estructura de clases contributivas como a una
ordenación estamental. El Cuadro 20 toma como criterio el grupo de actividad en
cada sector económico y establece el ranquin general de oficios según la cuota
promedio satisfecha en el catastro personal. Sus datos evidencian que los grupos
minoritarios quedan todos por encima de la cuota media, desde quienes satisfacen
las mayores –el sector comercial- hasta quienes ofrecen sus servicios con baja
remuneración y estimación fiscal. El grupo mayoritario, formado por labradores y
jornaleros dedicados al trabajo agrícola y apenas al ganadero, es el que disminuye
la media general; en porcentaje, satisfacen diez puntos de cuota menos de lo que
supone su número. En medio quedan, sin gran diferencia de cuota promedio, el
resto de los grupos.
ranquin
Cuadro 20
RANQUIN DE LOS GRUPOS DE OFICIOS SEGÚN SU CUOTA MEDIA EN 1730.
GRUPO DE OFICIOS
número % cuota anual % cuota
contrib. contrib. en libras de cuota media
1º COMERCIO 9 1,89 48 4,34 5,33
2º PROFESIONES LIB. 9 1,89 38,6 3,49 4,29
3º CONSTRUCCION 14 2,95 47,4 4,29 3,38
4º HERRAM Y UTENS. 20 4,21 60,38 5,46 3,02
5º TEXTIL Y CALZADO 43 9,05 123,4 11,16 2,87
6º ALIMENTACION 5 1,05 11,9 1,08 2,38
7º SERVICIOS 8 1,68 18,8 1,70 2,35
8º AGRICULT. Y GANAD. 367 77,26 757,02 68,48 2,06
TOTALES 475 100 1.105,48 100 2,33
Fuente: catastro de 1730. Elaboración propia.
En aquel período inicial del siglo, aportaron porcentualmente más quienes
dedicaban su esfuerzo a tareas distintas a las agrícolas: comerciantes,
118

profesionales y artesanos. Se les peritaba una renta superior a la producida por la
tierra, lo que ha sido interpretado como efecto de la deflación coyuntural de los
precios agrarios tras la guerra de Sucesión. 9 La importancia relativa del sector
terciario y del secundario en ese momento radicó más en su contribución que en su
número. Nos queda la duda de si esta aportación superior se nivelará con la de los
labradores al conjugarla con el catastro “real”, que grava la posesión de bienes
rústicos y urbanos, mayoritariamente en manos de éstos últimos. Lo veremos más
adelante, cuando analicemos la ‘riqueza total catastral’ de cada contribuyente.
La segunda generación en las décadas centrales del siglo.
Dos décadas después de aquel catastro inicial de 1730, el número de los
hacendados infanzones parece duplicarse, aunque en realidad lo que se hace ahora
es incluir a varios que no lo fueron entonces por motivos que desconozco, y que
posiblemente responden a interpretaciones defectuosas o interesadas de las
instrucciones emitidas inicialmente por la Intendencia. La mayoría de estas familias
infanzonas tienen al frente viudas o pupilos herederos del patrimonio de sus casas,
y prácticamente la totalidad del estamento noble queda ahora exento de pago por
el catastro personal. Solo dos de ellas lo hacen por los animales de tiro que poseen.
El sistema de cotización ha cambiado respecto de aquel catastro inicial y ahora al
grupo campesino se le carga en el personal por cada uno de los animales de labor
de que dispone en lugar de adjudicarle una cuota global por “jornal” o “personal”.
El nuevo sistema se hará definitivo en adelante discriminando mejor entre
jornaleros y labradores. También a los restantes contribuyentes se les suman estos
medios de producción a lo peritado por su oficio o profesión. Por eso podemos
cuantificar la cabaña disponible para el conjunto de la población: 88 bueyes de
labor, 297 caballerías “mayores”, en su mayoría mulas, sobre un escaso número de
caballos y yeguas; 420 caballerías “menores”, entre burros, pollinos y burras. Un
indispensable medio de labor y abono agrícola, de labranza y acarreo, sin el cual
sería difícil comprender la movilidad y el trabajo realizado por aquellos hombres y
mujeres en sus múltiples actividades.
Los jornaleros se sitúan ahora como grupo mayoritario dentro del primer
sector. Su número ha crecido (214 cabezas de familia) y entre ellos aparecen
algunas viudas como contribuyentes. Rebasan al grupo global de hacendados y
labradores (174 familias) que incluye nueve células formadas por una viuda con su
hijo casado o su yerno. Por otra parte, los labradores comienzan a diversificar su
actividad y once pueden considerarse ya como labradores-ganaderos. El ganado
lanar y cabrío casi se duplica respecto al de veinte años atrás (2.174 cabezas ahora
frente a las 1.245 de entonces), al tiempo que se detallan ya 38 vacas de cría. La
119

actividad ganadera está despegando en las décadas centrales del siglo. Cuando
llegue el recuento de 1772, la documentación nos hablará ya de treinta “ganaderos
particulares de lana y pelo”, con nada menos que 8.040 cabezas, y de catorce
“ganaderos de vacadas” con 188 reses. La cabaña local comienza a imponerse
frente a la de los trashumantes que bajan del Pirineo. Un hecho que tendrá
consecuencias de carácter social y político, además del económico, y que analizaré
en el apartado dedicado a ‘los objetos del poder local’.
De otro lado, aparentemente el número total de colmenares se reduce en un
42%, pero lo que realmente ocurre es que son muchas más ahora las colmenas
largas que las cortas. Las largas se alojan en construcciones rurales específicas, con
numerosos panales insertos en muros de mampostería. Las cortas son arnes que se
sitúan libremente en los ademprios del monte. Se está concentrando la explotación
de cera y miel: se está profesionalizando y diversificando la actividad. El conjunto,
-tierra, ganado, colmenas- ofrece una imagen del ámbito agrario más diversificada
que en la primera mitad del siglo, con un máximo de contribuyentes en el sector
agrario (78,6%) que ya no se repetirá.
Algo similar ocurre con el artesanado. Aunque en 1751 parece estancado en
el 15,7% de los contribuyentes, los datos del año 1772 lo matizan. Las de los
sesenta, setenta y ochenta serán décadas de crecimiento sostenido en este ámbito.
Hemos comprobado ya que una parte de la inmigración fue a parar a los talleres
artesanales. En el grupo de la alimentación se ve crecer el número de los horneros,
de uno a tres en 1751 y a ocho en 1772. Su aumento se produce acorde con el del
número de hornos, que pasa de cinco a siete en 1751 y a trece en 1761. A la
cabeza de los horneros se sitúa por su cuota un inmigrante, José Buil, que triplica la
del resto. Además, su horno adquiere la condición de panadería, con venta
permanente al público; es decir, la anterior función de autoabastecimiento que
cumplían los hornos bajo la tutela pública está cambiando y ya son dos los
contribuyentes considerados como “panaderos”; Buil cotiza, además de por su
oficio, por el comercio en su panadería. El abasto del pan se tambalea como
responsabilidad del ayuntamiento, aunque la aventura personal de Buil no tendrá
continuidad.
Similar circunstancia se produce con el otro producto vital en la época: el
vino. El “vinatero” Francisco Palacio –que trabaja con su yerno- aparece
encumbrado entre los mayores contribuyentes de 1751 con quince libras jaquesas
de contribución anual por el doble concepto de “oficio” y “trato”. Desafía durante
un tiempo otro de los abastos privativo y prohibitivo del ayuntamiento. Pero
tampoco su experiencia perdurará.
120

El artesanado dedicado a la producción textil y al calzado incrementa
durante estas décadas centrales del siglo sus efectivos. Así debió exigirlo el
crecimiento de la población y permitirlo la producción agrícola (cáñamo y lino) y
ganadera (lana y pieles): tanto el contingente de pelaires como el de zapateros se
duplica; otro tanto ocurre con los sastres, mientras tejedores y alpargateros
aumentan sus efectivos en un 46% y 73% respectivamente. Dos maestros
sombrereros de una misma familia nos alertan de nuevo desde otro ángulo sobre la
minoría social diferenciada entre los fragatinos. Se trata de la familia de Ramón
Claramunt, llegado desde Lérida en 1756 ya como maestro sombrerero, que tendrá
continuidad generacional en Fraga.
El grupo dedicado a la construcción se ve crecer igualmente. Los albañiles
pasan de siete a trece y los carpinteros de siete a nueve; un crecimiento a tono con
el índice de construcción de casas conocido para este período. En el propio ámbito
de la construcción y en el de la fabricación de útiles y herramientas cabe situar el
aumento del número de herreros, que se duplica, y al frente de los cuales se sitúa
un nuevo inmigrante, Antonio Ribas, con una cuota superior a la de sus
congéneres. Sin embargo, el porcentaje del grupo como tal disminuye, al
desaparecer algunos oficios fiscalizados hasta entonces: no tributan ahora como
tales el cedacero, el cerrajero, el platero, así como el cestero y el soguero, tal vez
este último absorbido por los alpargateros y convertida la actividad del resto en tan
sólo actividad complementaria.
En el sector terciario se dan circunstancias contrapuestas. Los profesionales
liberales permanecen anclados en su reducido número mientras los servidores
públicos casi desaparecen como función fiscalizable. Su omisión hay que achacarla
a una confección del apeo menos escrupulosa o a distintas condiciones de su
contrato. En cambio, el grupo de los dedicados al comercio experimenta un
crecimiento sensible, pese a no conseguir modificar el porcentaje global, anclado
todavía en el 5,70% durante el año 1751. Pero en las décadas siguientes, pese a
que el número de “tenderos” se mantiene sin cambios y sólo un contribuyente es
considerado “comerciante”, la actividad mercantil se acelera con el paso de tres a
siete mercaderes y la aparición de los llamados en 1751 “negociantes” que de
nueve familias pasarán nada menos que a veintidós el año 1772.
Los negociantes suponen el mayor crecimiento porcentual de los tres
sectores, y se dedican sobre todo a los arriendos municipales, trianuales, anuales o
de temporada, con un cierto riesgo inversor –siempre avalado por terceros de
mayor peso patrimonial- pero sin que su industria les reporte grandes beneficios.
(Su utilidad anual sobre el capital arriesgado se sitúa entre el 4% y el 7%). Por eso
quedan ubicados en su cuota por debajo de otros dedicados al comercio de forma
121

más estable. En la cumbre del rendimiento por comercio, con o sin botiga abierta,
se sitúan dos mercaderes: Juan Isach y Juan Viñals –ambos inmigrantes- que
satisfacen ya en 1751 la cuota más elevada: 16 libras jaquesas anuales. Ahora, el
comercio en sí es ya un claro indicador del crecimiento económico y de la economía
de mercado, junto al aprovechamiento parcial de las antiguas rentas feudales o
municipales por parte de los negociantes. Dos fórmulas, la feudal y la capitalista,
-ambas con ánimo de lucro-, que consiguen atraer el capital de riesgo de un
número creciente de fragatinos.
Quienes cotizan ahora por varios conceptos aumentan en número y en
sectores de actividad: arriesga quien compra ganado, quien vende telas o negocia
con granos; también quien en pequeña escala vende productos ya no
manufacturados por sí mismo sino por terceros. No son solo los tenderos,
negociantes y mercaderes quienes arriesgan capital; lo hacen también algunos
tejedores, más alpargateros, varios labradores, un herrero, un cerero y hasta un
albéitar. Casi el 7% de los contribuyentes. Una economía más dinámica y compleja
que la del primer tercio del siglo.
En esta segunda generación el abanico contributivo se ensancha y muestra
mayor diferenciación entre los individuos. El listón superior lo han puesto muy alto
los mercaderes: casi a doble altura que en 1730 (aunque esta circunstancia se
calibrará mejor cuando analicemos la presión fiscal cambiante en el siglo.) En el
otro extremo está casi el 80% del listado con una cuota que no supera las 1,80
libras. Dentro de este escalón inferior, 157 jornaleros y labradores cargados con tan
solo 0,90 libras representan un 32% de los contribuyentes; son aquellos
“labradores atrasados” o jornaleros con parcelas de cultivo que ahora tributan por
debajo de su nivel de hace veinte años. Parecen retroceder, pero la imagen es
engañosa. Lo que ocurre en realidad es que los peritos han reducido a la mitad su
tarifa de 1730. Quienes sólo cotizan por la posesión de caballerías pagan la mitad
de lo que venían pagando; quienes antes pagaban 1,80 libras pagan ahora sólo
0,90 por su (rendimiento) personal o por su jornal. Su carga fiscal se aligera.
Entre los jornaleros se distingue ahora el jornal completo del “medio jornal”,
por el que cotizan el 30% del grupo. Por otra parte, muchos de los componentes
del resto de oficios continúan situados igualmente en el nivel de los jornaleros de
campo o en el de los pequeños labradores: al mismo nivel que los jornaleros están
los alfareros, el botero, la mitad de los pelaires y el único “pastor de salario”
considerado como tal; una categoría profesional todavía no consolidada. Al nivel de
los labradores medianos están el único arriero, la mayoría de los alpargateros,
-aunque las familias Samar y Françoy superan con mucho este nivel-, el droguero,
los otros dos pelaires y la mayoría de los sastres, aunque dos de ellos también se
122

elevan sobre los de su oficio, al compaginar el taller con la ganadería. Lo mismo
ocurre con el tejedor Francisco Soler, que une el “trato” a su oficio, con un
rendimiento superior al resto de tejedores, distribuidos en la mitad inferior de la
escala.
Los cuatro cereros son el mejor ejemplo de lo que puede ser la
diferenciación dentro de una misma actividad: uno de ellos cotiza solo por su
rendimiento personal (tal vez es sólo “mancebo”), otro por su oficio (es seguro
“maestro”) y los dos restantes, además, por su industria, teniendo uno de estos
tienda abierta al público: obviamente sus cuotas respectivas son distantes entre sí.
También los ganaderos consiguen mejores rentas que los simples labradores. Más
arriba cirujanos y boticarios, también distantes entre sí, situándose el “profesor de
farmacia” Francisco Colea entre los principales contribuyentes. En suma, en el
interior de cada actividad u oficio las distancias crecen: no todos los jornaleros
prestan su trabajo todo el año; no todos los labradores manejan similar tracción
animal; no todos los artesanos son estimados igual por sus respectivos peritos. La
de mediados de siglo es una sociedad en estadio de diferenciación ‘intra oficios’
creciente. O así la perciben al menos quienes la fiscalizan.
La distancia se consolida también entre los diferentes sectores. En el ranquin
de los grupos de oficios el comercio sigue ocupando el primer lugar, como en la
generación anterior; signo inequívoco de que se les considera capaces de obtener
superiores rentas. Su cuota porcentual (13,87%) cuadriplica el porcentaje de su
número (3,50%), aunque su cuota promedio anual (4,85 libras) no alcance la de
1730. Como grupo, no sufren mayor presión fiscal que entonces. Con mayores
rentas, pagan menos.
Similar tendencia sigue el resto de los grupos, siendo el de los agricultores y
ganaderos quienes en mayor medida han disminuido su cuota promedio de más de
dos libras a menos de una. Sólo el grupo de la alimentación, con la inclusión del
bodeguero Francisco Palacio, ha disparado la cuota media del grupo. Una
modificación ocasional que de otro modo se mantendría estable respecto de la
generación anterior. La explicación de semejante reducción en la carga fiscal es
sencilla. Sabemos que cuando se inició la Única Contribución, el cupo asignado por
las autoridades a Fraga lo fue para repartirlo entre unos 250 contribuyentes. Ahora
el número de contribuyentes teóricos se mantiene en similar cifra de cara al
‘exterior’, pero el de contribuyentes reales es más del doble. Por eso los peritos
pueden reducir las cuotas de cada cual a la mitad y seguir pagando Fraga el cupo
asignado por la Intendencia.
El análisis sectorial muestra que el porcentaje de población activa dedicada
al campo aumenta respecto de la generación anterior; en cambio, su contribución
123

porcentual al catastro personal disminuye. El sector artesanal, que representaba
entonces el 17,26% de la población activa, satisfacía el 22% de la cuota total,
mientras ahora el 15,63% satisface el 30% de la cuota. Y la imagen se acentúa en
el sector terciario, donde el 5,47% de los contribuyentes pagaba el 9,53% y ahora
el 4,94% de ellos satisface el 18% de la cuota; más del triple. Un claro síntoma de
que ambos sectores, -sobre todo el terciario- distancian su producto líquido del
agrícola de forma progresiva, lo que sin duda repercutirá en la ‘distancia social’
entre unos y otros. Fraga es ahora más ciudad que treinta años atrás.
Los datos disponibles para el año 1772 abundan en ello. Su información
proporciona la mejor imagen de lo que ocurre. El grupo más numeroso entre el
artesanado en la década de los setenta es el dedicado a la actividad textil y al
calzado, aunque no el que paga mayor cuota. Quienes más pagan y por tanto a
quienes mayores rentas se les ha peritado es al grupo dedicado al comercio.
Triplican de nuevo su contribución de 1751 y aumentan en un 44% su cuota
promedio. En cambio, el resto de los grupos disminuyen las suyas y la mayoría
incluso –excepto la construcción- lo hace también en su cuantía absoluta agregada.
Mercaderes y negociantes se distancian espectacularmente del resto. Adquirirán un
especial protagonismo entre las familias de su generación. Por eso conviene
adelantar aquí algunos nombres propios que los saquen del anonimato.
Entre los mercaderes y negociantes encontramos varias familias cuya
relevancia social será máxima en próximas generaciones. A diferencia de aquellos
inmigrantes que en décadas anteriores lo intentaron durante un tiempo y se
diluyeron sin descendencia o incluso volvieron a emigrar, se inician ahora varias
sagas que perdurarán en la ciudad con relevancia socio-económica creciente. Me
refiero a la familia Isach, con el inmigrante Juan Isach como primer mercader de la
ciudad, llegado años atrás desde el lugar de La Almolda como sastre y metido luego
a la venta de paños. Isach consolidó su actividad y ahora sus hijos le van a la zaga
dedicados a los negocios.
Me refiero también al negociante Joaquín Monfort, inmigrado desde
Barbastro al inicio de los años sesenta, que enraíza en Fraga con el arriendo de las
tiendas municipales de comestibles, a despecho de las nuevas leyes liberalizadoras
del comercio promulgadas por Carlos III. Su linaje se convertirá con los años en la
principal casa de la ciudad. Otro tanto ocurre con el mercader Salvador Miralles
Doménech. Procedente de Vinaroz había llegado a Fraga en los años cuarenta como
mancebo de botiga, para casarse luego con la hija del tendero al que servía. Alguno
de sus descendientes llegará a la cúspide económica y social en las siguientes
generaciones, incluido entre los mayores contribuyentes del catastro global.
124

En síntesis, con la actividad creciente del tercer cuarto de siglo en el
comercio, en la ganadería y en el volumen de algunos oficios artesanales sobre
todo del sector textil y del calzado, comprendemos mejor aquel aumento en el
número de los hombres ya conocido. Recordemos que la reducida tasa de
crecimiento medio anual del 0,33% entre los años 1718 y 1730, ampliada al 0,55%
anual entre 1730 y 1751, alcanzaba un techo del 3,42% en el año 1776, difícil de
conseguir sin el concurso de la inmigración. Fue aquella la mayor tasa de
crecimiento de todo el siglo. Además del incremento de las familias fragatinas,
contribuían de forma decisiva a una tasa tan elevada las 83 familias de inmigrantes
llegadas desde mediados de siglo, que a su vez se añadían a muchas de las sesenta
arribadas entre 1730 y 1751 y no reemigradas. Fraga crecía como intenso polo de
atracción para las comarcas limítrofes. Una inmigración que sabemos llegó a su
cenit a principios de los años ochenta, cuando el número de los apellidos alcanzó el
mayor guarismo de toda la época de estudio: 309 apellidos catastrados.
Seguramente, aquella época supuso la mejor coyuntura económica del siglo.
El cambio de tendencias en la actividad económica: la tercera generación.
Es la que se hace adulta precisamente en la década de los ochenta. Será la
que alcance la cima económica del siglo pero también la que sufra la recesión
finisecular: los “años malos” en las dos décadas previas a la guerra de la
Independencia. El reinado de Carlos III explica el ascenso mientras el de Carlos IV
sufre las dificultades. Se ha dicho que el censo ordenado confeccionar por
Floridablanca tenía algo de encuesta propagandística de lo conseguido durante el
primer mandato. La información que proporcionó evidenciaba un claro aumento de
la población al tiempo que permitía cuantificar el factor humano implicado en la
creciente actividad económica. Para verificarlo conviene aprovechar su estadística
profesional, como lo hemos hecho ya con la demográfica. Los datos de Fraga
contenidos en el Censo de Floridablanca, cumplimentados y firmados por el
ayuntamiento con fecha 1 de diciembre de 1786, figuran en el recto y verso de un
mismo folio. Comenzaré con ellos el análisis de la actividad económica de la tercera
generación, tratando de compararlos al mismo tiempo con la fuente catastral más
próxima: el cuaderno de industrias confeccionado tres años después, en 1789.
El Censo de Floridablanca en Aragón ha sido examinado, discutido y utilizado
por varios historiadores. Nos interesan aquí particularmente el análisis de Guillermo
Pérez Sarrión y el posterior de Antonio Peiró Arroyo. En opinión del primero, “la
distribución profesional de la población activa presenta no pocas cuestiones por
resolver: proporciona una división profesional insuficiente; la denominación de
‘fabricantes’ parece haber creado considerable confusión entre los encargados de
125

cumplimentar las hojas impresas, abultando exageradamente las cifras reales; no
hay un apartado para los obreros industriales, ocultos quizá en las cifras de
jornaleros y criados; los epígrafes ‘labradores’ y ‘jornaleros’ no incluyen la totalidad
de la población campesina; no aparecen los ganaderos; la denominación ‘criados’
incluía tanto a miembros del servicio doméstico como a jornaleros fijos de casas
nobles, conventos y otras instituciones;”… etc. La solución que encuentra Pérez
Sarrión para clarificar todas estas cuestiones es la de comparar el Censo con el de
Godoy de 1797, alegando que “en diez años no podía haber cambiado la situación
sustancialmente”. 10 Y a partir de la comparación con el segundo va dando
significado concreto a los sucesivos guarismos del primero.
Por su parte, Antonio Peiró advierte la dificultad de efectuar comparaciones
sobre el conjunto de la población activa entre diferentes poblaciones. 11 Según este
autor, “el análisis del censo revela que posiblemente el concepto de ésta era muy
diferente de una a otra localidad”. Que en algunas –dice- “puede incluir a la
población activa femenina; (mientras) en otras es evidente que no incluye a toda la
masculina”. De manera que “este hecho lleva consigo que la tasa de actividad varíe
mucho de una localidad a otra en la misma zona”. Y para demostrarlo aporta el
ejemplo de dos localidades del mismo partido turolense: “mientras en Jorcas la tasa
(de población activa) es del 14% (sobre el total de la población), en Villel es del
41%”, lo que a su juicio responde a diferentes criterios de cómputo. Finalmente,
Peiró afirma que el censo no considera activos a los miembros del clero regular,
puesto que no se ha previsto lugar para ellos en las casillas del estadillo, (aunque
sabemos que sí son contabilizados por ejemplo en Fraga -agustinos y capuchinos-,
en Torrente de Cinca –trinitarios- o en Albalate de Cinca –mínimos). Es decir, en
opinión de ambos autores, las cifras del Censo de Floridablanca, al expresar la
población activa de cada lugar, han de ser interpretadas a la luz de otras fuentes
próximas en el tiempo para una misma localidad. Y, cuando sea posible, deben
compararse con los de otras poblaciones con las debidas precauciones. Sólo así las
conjeturas sobre el significado de sus datos pueden ser contrastadas en uno u otro
sentido. Sólo así se obtendrá de ellos una interpretación coherente.
Eso es precisamente lo que he intentado para el caso de Fraga, comparando
en primer lugar los datos de las hojas locales correspondientes a la mayoría de los
pueblos de la comarca del Bajo Cinca, junto a los de otras localidades próximas. De
la comparación resulta que, mientras la mayoría de las poblaciones ofrecen tasas
de actividad comprendidas entre el 19% y el 27% de la población total: Ontiñena
(19%), Belver (19%), Zaidín (20,2%), Osso (21,8%), Binaced y Valcarca (22%),
Alcolea de Cinca (22,6%) Torrente de Cinca (23%), Candasnos (24%) y Albalate de
Cinca (25,5%), en Fraga el porcentaje asciende al 37,5% y en Velilla de Cinca nada
126

menos que al 49%. ¡La mitad de la población sería población activa en este último
caso! La tentación de interpretar que en el primer grupo de localidades se han
tenido en cuenta sólo cabezas de familia de algunos oficios o sólo la población
masculina, es fuerte. Así mismo, resulta plausible interpretar que, en el caso de
Velilla o de Fraga, lo que recoge el Censo para la mayoría de los oficios no son sólo
a los cabezas de familia sino a todos los individuos activos. Veámoslo con detalle.
Cuadro 21
DATOS SOCIO-PROFESIONALES DEL CENSO DE FLORIDABLANCA EN FRAGA
ECLESIÁSTICOS nº LAICOS nº
CLERO SECULAR INFANZONES Y ESTADO LLANO
Capítulo Eclesiástico parroquial Hidalgos 20
Curas 2 Abogados 2
Beneficiados 21 Escribanos 6
Tenientes de cura 0 Estudiantes 20
Sacristanes 1 Labradores 537
Acólitos 5 Jornaleros 352
Ordenados a título de patrimonio 1 Comerciantes 15
Ordenados de menores 0 Fabricantes 39
Total Capítulo Eclesiástico 30 Artesanos 243
CLERO REGULAR Criados 154
Convento de Agustinos calzados Total Infanzones y Estado Llano 1.388
Profesos 8 SERVIDORES DE INSTITUCIONES
Novicios 0 Empleados con sueldo del Rey 9
Legos 3 Con fuero militar 5
Donados 1 Dependientes de Inquisición 0
Niños 1 Síndicos de Órdenes Religiosas 1
Total Agustinos 13 Dependientes de Cruzada 0
Convento de Padres Capuchinos Demandantes 1
Profesos 13 Total Servidores de Instituciones 16
Novicios 0
Legos 4
Donados 2
Niños 0
Total Capuchinos 19
TOTAL ECLESIÁSTICOS 62 TOTAL LAICOS 1.404
Fuente: B.R.A.H. legajo 9/6188. Microfilm UNIZAR.
127

He confeccionado el Cuadro 21 con los datos socio-profesionales que el
Censo aporta para Fraga. Bajo el estadillo de la población total por grupos de edad,
sexo y estado, la hoja detalla en una primera columna los componentes del clero
secular; la segunda incluye hidalgos, estado llano por sectores y otras actividades;
y en la tercera las situaciones minoritarias de algunos individuos que hemos
incluido dentro del concepto ‘servidores de instituciones’. La cara posterior del folio
desglosa los miembros correspondientes a los dos conventos del clero regular
masculino existentes en el núcleo urbano en ese momento.
Resulta evidente a simple vista que el criterio contable del Censo no coincide
con el de las sucesivas fuentes catastrales. Desde luego, cuando se refiere a los
eclesiásticos está contando los individuos, tanto seculares como regulares. Queda
claro. También cuando cuenta los veinte estudiantes y los 154 criados. Los
estudiantes son con seguridad hijos de las familias infanzonas o de labradores
hacendados. No son por tanto cabezas de familia y además están exentos de
contribuir, por lo que no aparecerán en el catastro. Su conocimiento es valioso en
tanto nos informa de la capacidad de algunas familias para sufragar a sus hijos
estudios medios o superiores en ese momento, pero su número hay que excluirlo
de un posible guarismo global a comparar con la fuente catastral. A su vez, los
criados que nombra son casi con toda seguridad criados domésticos, ¿varones y
hembras o sólo varones?, integrados en la casa de sus amos. Tampoco aparecen en
los catastros y cuadernos de industrias como familias de contribuyentes. Habrá que
excluirlos por tanto de la comparación.
En cambio, cuando el Censo se refiere a algunos oficios y estatus parece
reflejar cabezas de familia y coincide con la fuente catastral más próxima. Es el
caso de los hidalgos que, en número de 20, parece abarcar las 16 familias de
infanzones, de viudas infanzonas y de pupilos infanzones recogidas por el cuaderno
de industrias de 1789, además de los cuatro infanzones oriundos de Fraga y
residentes en otros lugares, que la fuente catastral especifica como tales. Coincide
también el número de los abogados, escribanos, comerciantes y algunos de los que
hemos titulado servidores de instituciones. Pero aquí acaba la coincidencia en las
cifras. Labradores, jornaleros y artesanos son muchos más los cifrados en el Censo
que los obtenidos del cuaderno de industrias en 1789. Es preciso por ello
interpretar la discrepancia entre ambas fuentes, siendo como son fiables las dos.
Como explicó Pierre Vilar respecto del Catastro de Ensenada, quienes
trabajaban la tierra en aquel tiempo pueden reunirse en dos grandes grupos: “El
catastro distingue –decía Vilar- cuatro categorías de trabajadores: los labradores
con sus hermanos, hijos y mozos; los jornaleros; los hortelanos; y los pastores.
Siendo asimilables los hortelanos a los labradores y los pastores a los jornaleros,
128

existen de hecho dos grandes categorías: los que viven en la explotación y los que
alquilan sus brazos temporalmente. Ahí está la línea divisoria principal para las
gentes de la época”. 12
Pues bien, si atendemos al desglose y posterior agrupación efectuados por
Vilar, podríamos interpretar que, en el Censo de Floridablanca, los ediles fragatinos
tomaron como “labradores” y contaron como tales tanto a los cabezas de familia
como a los hermanos, hijos y criados permanentes (mossos) dedicados al cultivo de
sus tierras. Si eso fue así, no sería descabellado el total de 537 labradores que
detalla el Censo. El guarismo no estaría expresando cabezas de familia sino
individuos en activo: población activa en el campo. Y no estaría tan lejano como
parece de los 308 cabezas de familia labradores que resultan del cuaderno de 1789
si, a los que incluye este documento, sumamos los ganaderos no infanzones, los
hortelanos, apicultores, menores con tierras, así como la mayoría de las viudas de
labrador exentas y los mayores de 65 años. Es decir, mossos, hijos dependientes,
hermanos, abuelos, yernos y viudas quedaban fuera del cómputo fiscal y afloraban
sin embargo en el Censo.
Del mismo modo cabe interpretar el superior número de jornaleros
detallados en el Censo (352) sobre los 222 –jornaleros más pastores- incluidos en
la fuente fiscal. En la familia del contribuyente jornalero puede haber más de un
miembro que acuda al jornal. Es la prole que contribuye a la subsistencia del grupo
doméstico. Los hijos de jornalero no aparecen en los cuadernos de industria puesto
que en ningún caso están sujetos a contribución, mientras sus padres sólo lo están
cuando poseen bienes sitios –casa o parcelas- u otros medios de producción tales
como caballerías, pequeños rebaños en el caso de los pastores, o colmenas unos y
otros. Es lógico por tanto que el guarismo catastral sea inferior al del Censo, donde,
en cambio, no aparecen los arrieros como denominación específica y, por tanto, los
45 individuos que cotizan por “arriería” en 1789 han de estar incluidos en alguna
cifra del Censo; y lo más lógico era contarlos entre los jornaleros. Desde luego no
están entre los comerciantes, y carece de lógica buscarlos entre los artesanos. Por
eso hay que entender, finalmente, que el Censo de Floridablanca tiene por
jornaleros en Fraga a todos aquellos individuos que prestan su fuerza de trabajo
asalariado, como braceros o jornaleros especializados, sean o no cabezas de familia
y ejerzan como tales todo el año o sólo estacionalmente.
Cabría incluso que los regidores del momento interpretasen necesario hacer
constar las varias actividades que algunos individuos realizaban por entonces. Por
extraño que parezca, un individuo podía ser al mismo tiempo zapatero y ganadero
–como efectivamente sabemos ocurría-, o ejercer de boticario y administrar al
mismo tiempo sus tierras, que ciertamente poseía y explotaba. Nos consta que los
129

tejedores completaban en buena medida su subsistencia con el cultivo de parcelas
en la huerta y podían emplearse como jornaleros en determinadas épocas del año,
como los arrieros, o los alpargateros, que en efecto lo hacían. Quienes compusieron
los cuadernos de industrias lo expresan con claridad al anotar las jornadas del año
que cada cual destinaba a su oficio principal, con lo que indirectamente nos
informan del tiempo dedicado a otras actividades. Si los redactores de la hoja del
Censo tomaron esta circunstancia como digna de ser tenida en cuenta, el número
de implicados en tareas agrícolas incrementaría tanto el grupo de los labradores
como el de los jornaleros. Tendría entonces mayor sentido que los jornaleros
representaran por sí solo el 9% de la población fragatina; la undécima población en
número de jornaleros de Aragón según el listado de Peiró. 13 También explicaría que
la tasa de actividad en Fraga represente –según el Censo- nada menos que el
37,5% de la población total como sabemos. Un porcentaje superior a las medias de
todos los partidos aragoneses e incluso al de todas las ciudades cabeza de partido,
excepto la capital, Zaragoza, si se atienden los datos proporcionados por Pérez
Sarrión. 14 Algo realmente sorprendente, indicador de un elevado dinamismo
económico y/o de una sobreexplotación de la fuerza de trabajo.
De otro lado, el grupo de los artesanos también aparece representado en el
Censo con un guarismo mayor que en el cuaderno de industrias: 243 individuos en
el Censo frente a 129 contribuyentes en el cuaderno. No puede haberse producido
en menos de tres años un descenso tan drástico entre el artesanado. La explicación
de la discordancia entre las dos cifras sería la siguiente: a los 129 cabezas de
familia artesanal deben añadirse primero todos aquellos contribuyentes que, con el
criterio adoptado, hemos llevado al sector “servicios” y que no tienen contrapartida
en el Censo: los boticarios, cirujanos, mesoneros, esquiladores y aguador;
profesiones y servicios que no constan explícitamente en el Censo de Floridablanca
y que necesariamente han de incluirse entre los artesanos. Además, debemos
añadir otro componente artesanal que la fuente catastral incluye sólo como
observación marginal y que por estas fechas ha adquirido en Fraga carta de
naturaleza con un peso numérico considerable. Se trata de los “mancebos”, que
desempeñan junto a sus maestros –y en su casa y taller- varios oficios. Para el año
1789 son nada menos que 26 los mancebos detallados al margen del catastro,
además de los hijos y yernos que colaboran en las tareas del oficio (dieciséis casos
recogidos en el documento.) Sumadas las profesiones no detalladas, los hijos y los
mancebos a los 129 artesanos contribuyentes darían un total de 240 individuos
activos, cifra casi idéntica al guarismo del Censo.
Por último, un caso especialmente confuso y escasamente fiable parece el de
los “fabricantes”. En la hoja del Censo aparecen nada menos que 39 “fabricantes”,
130

mientras el cuaderno de industrias de 1789 anota sólo uno y cinco el del año 1803.
No es posible aceptar semejante reducción. Necesariamente ha de entenderse que
quienes en el Censo de Floridablanca figuran como tales son en realidad artesanos
de diferentes oficios dedicados a elaborar productos que no podemos precisar. Así
parece decidirlo Pérez Sarrión cuando afirma que el epígrafe ‘fabricantes’ se
entendió mal y que –en su opinión- su número censado en 1787 era “superior a la
realidad, a veces en mucho”. 15 Y, desde luego, ninguna fuente cualitativa habla en
Fraga de la existencia de fabricantes de ningún tipo en estas fechas, a excepción de
un “fabricante” de aguardiente y cuatro “fabricantes” de jabón.
Pese a sus diferentes guarismos, la coherencia de ambas fuentes parece
demostrarse y se refuerza al comparar la de Fraga con otras estadísticas. Si nos
atenemos estrictamente a los datos que la hoja local del Censo proporciona,
podemos compararlos con los de varias medias regionales y con la media nacional
con el fin de comprobar su propia coherencia interna y su proximidad con aquellas.
Cuadro 22
PORCENTAJES DE LOS PRINCIPALES ESTADOS Y PROFESIONES EN 1787
ESPAÑA P. VALENCIANO ARAGÓN FRAGA
Clero 3,8 4,2 3,3 4,2
Hidalgos 14,6 0,5 5,2 1,4
Labradores 27,6 34,5 33,9 36,6
Jornaleros 29,3 33,3 23,5 24,0
Criados 8,5 8,4 12,7 10,5
Fabricantes 1,2 3,4 2,0 2,7
Artesanos 8,2 9,7 11,7 16,6
Comerciantes 1,0 1,1 0,9 1,0
(Servidores de
instituciones)* 5,8 4,9 6,8 3,0
Fuentes: España y P. Valenciano, J. CASTELLÓ; Aragón, PÉREZ SARRIÓN;
Fraga, elaboración propia. *Pérez Sarrión no incluye esta categoría.
Desde luego, los datos de Fraga siguen en la mayoría de renglones la tónica
de las medias regionales próximas y de la nacional. Parecen cifras coherentes. El
porcentaje de los ‘servidores de instituciones’ es lógicamente bastante menor en
Fraga que en aquellas, tratándose de una población pequeña y rural, en la que
caben pocos empleados con sueldo del Rey (9), con fuero militar (5), demandantes
(1) o síndicos de órdenes religiosas (1), sin que se incluya ningún dependiente de
131

Inquisición o de Cruzada. En consecuencia, los restantes porcentajes de Fraga
resultan incrementados.
Algunos porcentajes fragatinos se sitúan más próximos a los valencianos
que a los de Aragón: ocurre con el clero por su crecido número y con los hidalgos
por lo reducido de su porcentaje, muy inferior al promedio aragonés. Ocurre con los
labradores, cuyo tanto por ciento rebasa con amplitud todas las medias y parece
expresar una mayor división de la propiedad agrícola en Fraga. El de los jornaleros,
en cambio, se sitúa más próximo a la media aragonesa en el contexto de una
menor proletarización del campesinado. También por su carácter de zona agrícola y
rural sorprende que su artesanado rebase las medias en varios puntos
porcentuales. Será preciso reconocer a Fraga cierta capacidad de abastecimiento
comarcal de algunos productos artesanos. Téngase en cuenta que, en el conjunto
de los pueblos del Bajo Cinca, el número de artesanos inscritos por el Censo de
Floridablanca no rebasa los ochenta: un tercio de los de Fraga. La comarca parece
servirse de su cabecera en este aspecto de la actividad económica.
* * *
Una vez analizado el Censo y comprobada su coherencia porcentual con las
medias regionales y la de sus datos absolutos con los de la fuente catastral más
próxima, es preciso volver a esta última. Naturalmente los porcentajes del Censo
de Floridablanca no pueden coincidir con los que venimos adjudicando a los
diferentes sectores en la fuente interna. Recordemos que nuestro criterio excluye
de la población activa al clero y deja al margen de cómputos a las viudas exentas
de contribución, a los militares, a algunos contribuyentes de oficio desconocido y a
los menores de edad. Si los tuviéramos en cuenta, porcentajes de una y otra fuente
se aproximarían. Y en cualquier caso, repito, una y otra son buena muestra del
dinamismo económico que aquella década de los ochenta manifestó.
Desde entonces, y durante las dos décadas siguientes hasta la guerra de la
Independencia, el volumen creciente del factor humano se frena en el sector
primario, mientras continúa en el secundario y terciario. La comparación del
cuaderno de industrias de 1789 con el de 1803 lo muestra con claridad. Los datos
extraíbles de ambos, -de mayor precisión y riqueza informativa que los de catastros
anteriores-, nos aproximan mejor a la tercera generación.
Comencemos con el sector primario. La población agraria global se estanca
e incluso retrocede en términos relativos: pasa del 69,2% al 65,96% del primer al
segundo año. Además, la razón labradores / jornaleros cambia de la primera a la
segunda fecha pues las familias jornaleras aumentan -de 212 a 220-, mientras las
de labradores disminuyen de 204 a 162. El descenso se ceba en estas últimas, cuyo
132

número retrocede a cifras inferiores a las de 1730. Habrá que explicarlo en razón
de la coyuntura adversa que atraviesa y aceptando una concentración de la
propiedad que la aproximaría a las medias regional y nacional. Lo cierto es que el
número de familias jornaleras se distancia progresivamente del de las labradoras,
en una tendencia de aumento creciente que ya no cambiará después de la guerra
de la Independencia, apoyando la hipótesis de su progresiva proletarización.
También cambia la fuerza de trabajo animal: desde mediados de siglo viene
disminuyendo el número de bueyes de labor (de 188 en el año 1751 se pasa a 134
reses en el año 1789 y a 116 en 1803) mientras la cabaña equina supera en esa
última fecha las mil cien cabezas (508 mulas, 34 caballos, 16 yeguas y 553 asnos),
duplicando casi la fuerza de trabajo de medio siglo atrás. En aparente paradoja con
el descenso en el porcentaje de población dedicado a ello, aumentan algunos de sus
medios de producción. Lo que ocurre en realidad es que las características del
sector agrícola y ganadero están variando.
Se buscan ahora algunas alternativas a las labores tradicionales: catorce
familias de hortelanos se dedican al cultivo de hortalizas para el mercado en 1789,
y en 1803 son ya veinticuatro. La misma tendencia creciente se observa entre
quienes, sin otros medios productivos, se dedican con exclusividad a la explotación
de abejares: seis apicultores en 1789 y veinte en 1803 explotan casi la mitad de las
más de 1.500 colmenas largas y cortas esparcidas por las laderas de los barrancos
en el monte. El grupo de los ganaderos con o sin tierras de cultivo complementarias
disminuye levemente durante estas décadas y sus rebaños parecen oscilar
fuertemente en su cuantía anual. El número de los contribuyentes calificados de
“pastores”, sigue una secuencia errática: tan sólo un individuo había sido
considerado como tal en 1751, para pasar a diez en 1789 y descender a siete en
1803. También aquí parece producirse una cierta concentración en la propiedad de
rebaños, necesitados de pastores para su cuidado. O de anteriores propietarios
ganaderos convertidos en “medieros” de rebaños ajenos. Lo sabemos por las
requisas de la guerra que los detallan.
La evolución del arriendo de los pastos durante estos años tal vez nos ayude
más adelante a comprender las oscilaciones en la ganadería: de las 8.000 cabezas
de “lana y pelo” que tributaban como rebaños de ganaderos naturales en 1772, se
pasó a poco más de la mitad -4.990 cabezas en 1789- para volver a duplicarse en
1803 con 9.116 cabezas. Un vaivén difícil de interpretar si no aparecen datos sobre
epidemias que afecten a la producción pecuaria, o se deriven consecuencias
catastróficas (o consumos extraordinarios de carne) en un período en el que se
produce la guerra contra la Convención francesa: una Guerra Gran calificada así por
quienes no habían sufrido ninguna hasta entonces; ni ellos ni sus padres.
133

En el conjunto de la actividad profesional de la tercera generación, el sector
primario experimenta una contracción en el número de su población activa durante
la década final del siglo XVIII y la primera del XIX. Su porcentaje relativo respecto
de los otros sectores había ascendido ligeramente durante la primera mitad del
siglo hasta el 78,61%; a finales de la década de los ochenta perdía casi diez puntos
porcentuales, y siguió perdiendo peso relativo hasta situarse en torno al 66% en los
primeros años del XIX: el menor porcentaje entre los obtenidos en todo el período
de estudio, mientras el secundario y terciario evolucionan obviamente en sentido
opuesto. Los artesanos representaban el 15,68% de la población activa a mediados
del siglo: ascienden al 18,48% el año 1789 y alcanzan en 1803 el porcentaje más
elevado de toda la etapa, con un 19%. Podría argumentarse que su incremento es
simple consecuencia del descenso en el porcentaje agrícola. Pero es que los
guarismos absolutos del artesanado pasan de 77 familias en la primera fecha a 129
familias en la segunda y a 136 en 1803, cuando la actividad agrícola está en
retroceso de su factor humano desde hace ya varios años, a tono con la recesión
global de la población fragatina.
Dentro del artesanado observamos una mayor diferenciación entre oficios.
Aunque la mayoría de los grupos han aumentado sus componentes respecto de la
primera mitad del siglo, no todos lo hacen desde los años noventa. De la segunda a
la tercera generación se diversifica su tipología al tiempo que varía su contingente.
Aparecen por primera vez un fabricante de aguardiente y cuatro fabricantes de
jabón, ya lo hemos visto; aumenta el número de horneros y panaderos (ocho
hornos de pan activos en la segunda fecha) y se estancan los oficios dedicados a la
construcción. Sin vocación de continuidad se instalan en Fraga un estañero, un
gaitero y cuatro cesteros y silleros, que desaparecerán pronto. El ramo del textil y
calzado aumenta significativamente en alguno de sus oficios. Deben suponer una
alternativa a las labores agrícolas. Disminuyen ligeramente las familias de
zapateros, tejedores y sastres y casi desaparecen los pelaires, mientras el grupo de
los alpargateros aumenta sin cesar, alcanzando en 1803 las 37 familias de
maestros. El sector artesanal se está concentrando sensiblemente en este ramo de
actividad, de forma similar a lo que estaba sucediendo en Lérida. 16
Como los libros de industrias detallan la información mejor que los catastros,
comprendemos ahora lo que antes no podíamos interpretar: la razón de las
diferentes cuotas asignadas a cada individuo del ámbito artesano. Algunos talleres
no trabajan todo el año (algunos sólo cuando tienen materia prima); los maestros
tienen a su cargo diferente número de mancebos y algunos cubren la necesidad de
ayuda a la producción con sus propios hijos antes que con mano de obra
contratada. Las cuotas son, en consecuencia, distintas según los casos y la
134

diferenciación entre artesanos responde a causas conocidas. No es que la
productividad de unos supere la de otros y por ello se les periten superiores rentas;
la propia reglamentación gremial dificultaría ese motivo de diferenciación. La
distancia que separa a unos maestros de otros radica en tres razones
complementarias. La primera el tiempo que mantienen su taller abierto durante el
año. La segunda el número de hijos y/o mancebos que les ayudan en la producción
y que sólo ahora podemos cuantificar: los 26 mancebos de 1789 pasan a 76 en
1803; triplican su número en catorce años. La tercera estriba en la proliferación del
comercio que excede a la producción propia: lo que en décadas anteriores era sólo
venta ocasional se incrementa en número de botigues y volumen de negocio.
Respecto al tiempo que cada taller y oficio dedican a su actividad principal,
un detallado análisis del cuaderno de 1789 permite observar que algunos individuos
trabajan en su profesión todo el año, pero otros lo hacen sólo durante algunos
meses, siendo su dedicación máxima la de 180 días y la mínima considerada
fiscalmente la de dos meses (treinta días laborables.) En ningún oficio trabajan
todos sus componentes durante todo el año y la gradación entre ellos resulta muy
variada: Solo los tres cereros trabajan todos más de la mitad de las ciento ochenta
jornadas. 17 Luego, el 87,5% de los horneros trabaja más de medio año. En
porcentaje descendente, se ocupan durante más de seis meses (90 jornadas) el
75% de los sastres, el 70% de los zapateros, el 66% de los caldereros y tejedores,
el 62% de los albañiles y el 56,7% de los alpargateros. Se quedan en el 50% los
herreros, cerrajeros y esquiladores y no lo alcanzan los carpinteros. El resto de los
oficios artesanales quedan por debajo de estos porcentajes, siendo sus quehaceres
sólo ocasionales. Son en realidad artesanos-campesinos o campesinos-artesanos
que, por distinto grado de ocupación, perciben diferente utilidad anual.
También la utilidad o ‘sueldo’ diario atribuido por los peritos distancia a unos
oficios de otros. Entre los artesanos, el mayor salario se atribuye ahora a los
albañiles, con una utilidad diaria de 9 sueldos jaqueses. A todos por igual. Les
siguen los alfareros, carpinteros y cereros con 8 s. j.; los caldereros con 7 s., los
sastres con 6 s. y 6 dineros, los cesteros, cerrajeros y tejeros con 6 s., horneros
con 5 s. y 12 dineros, herreros con 5 s. y esquiladores y serrador con 4 s. diarios.
En el tramo inferior de la escala retributiva se encuentran los arrieros, alpargateros,
tejedores, zapateros, cedaceros, “porgadores”, estañero y gaitero, a quienes se
atribuye la utilidad diaria de tres sueldos jaqueses. El último escalón lo ocupan los
cortantes (carniceros) y el aguador, que ni siquiera alcanzan esa cantidad.
Naturalmente la suma de los tres factores: tiempo dedicado a la actividad,
valoración de la misma y número de componentes del grupo doméstico o taller,
acaban produciendo un distanciamiento fiscal notable entre el artesanado. De
135

manera que, aunque en principio unos oficios estén más valorados retributivamente
que otros, y como tales sus componentes se consideren en un estatus económico
superior al de otros, en realidad la imagen de la actividad se singulariza: llaman
más la atención y se perciben con más fuerza las diferencias tributarias entre
individuos que entre oficios. La sociedad local se hace menos corporativa en su
faceta productiva y permite cada vez más la emergencia del individuo que por su
rendimiento personal y por su capacidad para movilizar capital consigue un
producto líquido anual superior al de otros menos arriesgados, más tradicionales, o
con menor “afán de lucro”. Lo hemos visto antes entre los hacendados, infanzones
o no, lo vemos ahora entre el artesanado y lo veremos luego con mayor intensidad
todavía entre los comerciantes.
En la función artesana de esta tercera generación ocupan la cúspide
tributaria por el catastro personal un cerero –Miguel Gaya- que tiene tienda abierta
de droguería, obtiene miel y cera de 26 colmenares y es “ganadero de vacadas” con
ocho vacas y cuatro crías, además de contar con un par de mulas y un caballo. Es
un inmigrante de la comarca vecina del Segrià que ha conseguido instalarse y
afincarse en Fraga en disputa con la familia Monfort, con quienes pugna por ocupar
el puesto de proveedor oficial del ayuntamiento en productos de cerería y
confitería. El suyo es un buen ejemplo de actividad múltiple, que conjuga las tareas
del oficio artesanal con otras actividades de riesgo, por las que obtiene incluso
mayor renta anual. Es uno de los llamados entonces “hombres nuevos”, llegados a
Fraga con mentalidad centrada en el negocio. Responde al concepto de hombre de
empresa introducido más arriba. Tras él, se sitúa como artesano otro inmigrante, el
albañil José Paul, que cotiza durante todo el año por su oficio y en cuyo grupo
doméstico figuran junto a él dos de sus hijos, que le ayudan también durante las
180 jornadas cotizables.
Pese a su similar posición tributaria en la parte superior de la escala,
observamos una diferencia esencial entre ambos. Es evidente que el cerero no
puede ‘llevar’ sus varias actividades él sólo; como mínimo ha de contar con otros
miembros de su grupo doméstico para cumplirlas con eficacia. Y sin embargo, solo
cotiza en el catastro personal por sí mismo; nada se nos informa de sus ayudantes.
En cambio, el albañil cotiza por él y por sus hijos; específicamente se le acumula la
renta obtenida por todos los miembros del grupo doméstico. Parece por tanto darse
una diferencia de trato entre ambos casos. Parece que unos oficios son más
controlados y cargados fiscalmente que otros; caen dentro del control estricto que
se advierte desde ahora en la documentación. Sobre todo entre el que luego
llamaremos “gremio de sogueros y alpargateros” y, en menor medida, entre los
zapateros y herreros. Da la sensación de que las autoridades locales pretenden
136

compensar de este modo la mayor exactitud con que se carga la temporalidad que
cada cual dedica a su oficio, -que disminuye la tributación-, con la atribución a cada
maestro artesano del rendimiento de sus hijos y mancebos por la actividad que
desempeñan. El maestro alpargatero tributa sólo por el tiempo que ejerce su oficio
durante el año, pero acaba pagando más que los artesanos de otros oficios por el
rendimiento que obtiene de quienes colaboran con él en el taller y/o en la botiga.
De hecho, tan evidente parece el mayor control de autoridades y peritos, que el
gremio acabará diferenciado en el documento catastral de 1803, agrupados todos
sus miembros en un listado al final del cuaderno, pese a que varios de ellos figuran
ya en las hojas correspondientes a su ordenación por el nombre de pila, como se
hizo siempre; es decir, varios aparecen repetidos: primero son incluidos por su
hacienda y otros elementos de cargo y, al final del cuaderno, se les vuelve a incluir
en su calidad de miembros del gremio, con el detalle de su contribución por el oficio
y por los hijos y mancebos que trabajan a su servicio.
La suya parece una actividad a tener muy presente por parte de las
autoridades, pese a que la inmensa mayoría de los artesanos continúan situados en
la parte baja de la escala contributiva, rebasando en menos de una libra anual la
cuota media de todos los grupos de actividad. La de los alpargateros es una
actividad en auge. En 1789 dos familias –la de Francisco Samar y la de José Bollic-
destacan sobre el conjunto. En su taller trabajan nada menos que cinco y cuatro
mancebos respectivamente. En 1803, además de ellos, otras familias de
alpargateros demuestran su pujanza: Raimundo De Dios por la considerable
producción que consigue en un taller donde trabajan ocho mancebos, y Antonio
Fransoy, quien con menor número de criados le supera en cuota por su botiga de
alpargatería. Ocupan nada menos que el quinto y duodécimo lugar entre los
mayores contribuyentes por el catastro personal.
Con mayor intensidad que entre los alpargateros, un crecimiento realmente
significativo se produce durante esta tercera generación en varias facetas del
ámbito comercial. La tendencia al crecimiento del sector terciario, observada ya en
1772 con aquel incremento sensible de los negociantes, se consolida en esta etapa
finisecular. Fraga aumenta su porcentaje terciario y duplica en 1789 el de mediados
de siglo, alcanzando el 12,32% del factor humano, para seguir creciendo en 1803
hasta el 15%; su mayor porcentaje en la etapa de estudio. La denominación
mercader ha caído ya en desuso y la de negociante apenas aparece. Quienes se
dedican ahora al “comercio” son casi todos considerados “comerciantes”: dieciséis
contribuyentes en 1789, que ascienden a veintisiete en 1803; un guarismo absoluto
que ya no volverá a alcanzarse en el resto de la etapa y que incluso descenderá con
137

posterioridad a tan sólo 20 familias entre comerciantes y tenderos en 1860, cuando
Fraga alcanza otro máximo relativo en su crecimiento demográfico.
Es posible interpretar el incremento comercial de finales del siglo XVIII en
razón del previo crecimiento de la población local desde mediados del siglo. Pero el
consumo interno no parece ser el único factor para un aumento tan acusado. Habrá
que buscar otras razones al analizar la propia actividad mercantil volcada al
“exterior”. Mientras tanto, vemos cómo los comerciantes son los responsables de
una ampliación ostensible en la escala contributiva. La distancia entre su grupo y el
resto de actividades se ensancha. Su cuota media anual era de 6,9 libras jaquesas
en 1772 y asciende a 15,63 libras en 1789, aunque en 1803 se queda en 9,7 L. j.,
tal vez por una reducción en su actividad, a rebufo de los malos años agrícolas.
Pese a ello, su cuota media triplica la de los grupos que le siguen en la escala. Con
el paso del tiempo, su volumen contributivo en el catastro personal y ganancial se
incrementa sin cesar: era de 223 libras en 1772, asciende a 250 en 1789 y alcanza
las 262 L. j. en 1803. Ningún otro oficio paga tanto como los comerciantes.
Naturalmente, no todos sus componentes se sitúan en similar tramo de la
escala; sus diferencias internas son considerables. El primer contribuyente absoluto
por el catastro personal es, en 1789, Joaquín Monfort Martínez, (60 libras de cuota
anual). Es el prototipo del hombre de empresa. Despliega toda la tipología del
tráfico mercantil: vende “a la menuda” en el ramo de la alimentación, la confitería y
en el textil, por lo que veinte años atrás se le hubiera calificado como “mercader de
vara, peso y comestibles”. Pero también vende “en junto” sobre todo grandes
partidas de granos; y al mismo tiempo forma parte, como socio, de la principal
compañía comercial, de tráfico habitual ya en estas tierras: desde hace años
Monfort es porcionista de la Compañía de Calaf en el arriendo de los diezmos de la
Mitra de Lérida. El primer Monfort nacido en Fraga será espejo de comerciantes y
tenderos en la ciudad y en la comarca. Ese año se le considera una utilidad anual
de 800 libras jaquesas por el comercio en su botiga, por la compra de hilo de seda
que efectúa en varios pueblos de la comarca, por el tráfico de granos y por el
arriendo de diezmos. En años anteriores se ha dedicado también al “trato” de
caballerías de tiro y a la venta de ganado vacuno. En los posteriores su actividad se
ve disminuir por la menor utilidad con que se le carga en el catastro, pero esa
disminución se compensa con creces con la de quien le está sustituyendo en la
dirección de sus negocios: su hijo Vicente, a quien desde ahora debemos anteponer
el “don” conseguido con el reconocimiento oficial de su infanzonía. Los Monfort
doblan en cuota a quienes les siguen en la tabla de frecuencias: los Miralles y los
Isach. Superan incluso a otro infanzón y abogado, de inusitado empuje para los
138

negocios, amén de significado terrateniente: el doctor don Antonio Barrafón Fox,
perteneciente a uno de los linajes con mayor tradición en la ciudad.
Las de los Monfort, Miralles, Isach y Barrafón son las cuatro familias que
mueven los hilos del tráfico comercial. Junto a ellos, pero a gran distancia
contributiva, el resto de medianos comerciantes y tenderos que intentan imitarlos
desde los puestos inferiores de la escala; algunos cotizando en un nivel equivalente
al de los artesanos de menor envergadura fiscal, con un perfil más próximo al de
transportistas (acarreadores) que al de comerciantes, sujetos a la regla de “coste y
portes”. De hecho, el mayor aumento de familias dedicadas a una misma actividad
–por encima incluso de los alpargateros- se produce estos años de fin de siglo y
primera década del siglo XIX en el oficio de arriero.
Hemos visto aparecer la trajinería como actividad fiscalizable en los
catastros de 1730 y 1751, con un solo partícipe del oficio. A finales de siglo son
nada menos que cuarenta y cinco familias las dedicadas al acarreo de mercaderías
de forma habitual, aunque con diferente intensidad y rendimiento. En conjunto, el
grupo obtiene una utilidad creciente, –70 libras en 1789 y 183 libras en 1803-,
aunque sólo rebasa en una libra la cuota media de todos los contribuyentes. Es
decir, la mayoría de los arrieros deben ser considerados como jornaleros con
caballerías mayores o menores, a quienes los comerciantes contratan para el
transporte de cargas; o como trajineros (hoy serían autónomos) que de forma
ocasional o continuada arriesgan pequeños capitales en la adquisición de
mercaderías para su posterior venta en el mercado local o en otros destinos.
Sabemos que sólo 14 de sus 45 contribuyentes trabajan más de medio año en el
oficio. A la cuota por su utilidad diaria se les añaden los animales de tiro, y a varios
su dedicación al comercio autónomo, con lo que algunos aparecen en el escalón de
los principales contribuyentes mientras la mayoría se ubica entre los jornaleros. Se
da entre ellos una considerable diferenciación socio-económica. En un periodo de
dificultades agrícolas como el que se padece en Fraga en ese momento, podríamos
interpretar que huyen del campo y se aferran a la actividad sobresaliente, haciendo
de la necesidad virtud. De hecho, esta es la tesis de la doctora Musset i Pons
cuando expone la actividad de trajineros y negociantes en dos localidades de la
Cataluña central, -Calaf y Copons-, durante la segunda mitad del siglo XVIII. 18
Entre los arrieros de mayor éxito los hay que se dedican al transporte e
introducción en Fraga de vino “forastero” que luego comercializan en las tabernas.
Alguno como Jaime Tomás está íntimamente ligado a las múltiples necesidades de
transporte de su pariente Monfort. Otro, -Cristóbal Calavera-, que cuenta con siete
caballerías y dos carros, es al mismo tiempo arrendatario de la venta pública y
comercia con yeguas; Ramón Canales tiene arrendado en 1789 el servicio de
139

almudí y el derecho de novenera, propio de la ciudad; José Vera Cabrera se sitúa
ese año en el octavo lugar entre los contribuyentes y con su actividad de
carromatero (siete carros) evidencia la realidad de un mercado ya interregional: su
utilidad anual, fruto de una incesante actividad, iguala la contribución por el
personal e industrial del infanzón hacendado Barrafón, y supera con creces las
utilidades que obtiene por ejemplo el primer boticario de la ciudad, Ignacio Rozas,
quien a su vez es capaz de compaginar botica y negocios. En la cima de la actividad
arriera destaca la figura de una familia en auge, la de los Martí, (68 libras de cuota
anual por el catastro personal de 1803), capaces de conjugar una variedad notable
de actividades: en ese mismo año poseen el mayor rebaño ovino, cotizan por
arriería, tienen arrendados el almudí y la novenera, la venta pública, y el abasto
local de aceite. De satisfacer como arrieros una cuota inferior a la media en 1789
han pasado a ser el segundo contribuyente por catastro personal catorce años
después. Sin duda una de las familias más emprendedoras de Fraga durante esta
tercera generación. Llamarlos arrieros sería desmerecerlos: son verdaderos
hombres de empresa; “hombres nuevos”.
Junto a comerciantes y arrieros, digamos “profesionales”, otros fragatinos se
apuntan a las tareas del intercambio. Si la nómina fiscal de comerciantes y
trajinantes es ahora mucho más amplia que en la generación anterior, se añaden a
ellos quienes obtienen utilidad del comercio como actividad complementaria. Un
documento certificado por el secretario del ayuntamiento en 1800 permite
comprobar lo cargado en 1796 y 1800 por este tipo de contribución. 19 Si se une
esta información a la de los cuadernos de industrias, la imagen del comercio como
actividad complementaria para algunas familias se hace diáfana. En 1789 eran
veintiocho los fragatinos a los que se les fiscalizaba algún tipo de actividad
comercial, –principal o complementaria-, y el monto de sus utilidades por este
concepto representó nada menos que el 27,21% de la cuota total del catastro
personal, industrial y comercial. En 1796 y 1800 son ya 43 y 44 las familias
implicadas en algún tipo de comercio y en 1803 el guarismo asciende hasta los 79
contribuyentes. Ese último año la contribución por comercio representa el 24% del
total del cuaderno de industrias; un porcentaje que no aumenta respecto de 1789
y, sin embargo, sí lo hace el número de contribuyentes por este concepto, que casi
se duplica.
La crisis agrícola podría estar en la base de algunas de estas iniciativas.
Serían los que ‘huyen’ de la agricultura. Pero otros, que podrían seguir viviendo con
el rendimiento único de su oficio, aspiran a mayores utilidades. Apetencia de lucro
percibida de inmediato por las autoridades locales, que se aprestan a cargarla
fiscalmente. La penuria finisecular de la agricultura haría más visibles las crecientes
140

utilidades en otros ámbitos de actividad. Hablamos de individuos pertenecientes a
diversas ocupaciones y oficios que diversifican su actividad con el pequeño
comercio. Entre ellos figuran un boticario, varios labradores, el cabo del resguardo,
un mesonero, dos albañiles y varios artesanos entre los que destacan los
alpargateros. Así lo reconocía el cura de Fraga, José Zemeli, en 1801, cuando
destacaba al gremio como suministrador de calzado a la comarca. 20 Lo que no
admite dudas es que, cada vez más, algunos contribuyentes entienden poder o
deber completar su actividad principal con otra u otras de otro sector. Así, mientras
en 1789 los contribuyentes de actividad múltiple representan un 4,7% del total, en
1803 alcanzan el 12,28%. En la vecina ciudad de Lérida en cambio suponen sólo el
7,44% para el año 1793. ¿Necesidad o afán de lucro? ¿Diversificación en Fraga
frente a especialización en Lérida?
La clasificación finisecular de la actividad económica parece mantener
similitud con la de mediados de siglo. Pero las semejanzas son sólo aparentes en
los grupos decisivos. El comercio continúa en cabeza de la fiscalidad como
entonces, pero se ha multiplicado el número de sus componentes, se ha disparado
su porcentaje relativo respecto de los demás grupos y la distancia contributiva en el
interior de su grupo se ha dilatado sensiblemente. Cierto es que los precios de
productos, salarios y actividades vienen aumentando desde cincuenta años atrás,
con lo que se explica en parte el aumento de los rendimientos y de las cuotas, pero
no la diferenciación creciente intra grupos y entre grupos.
Han aumentado las distancias globales entre sectores de actividad tanto en
porcentajes de cuota media como en la utilidad que obtienen sus individuos más
destacados. Como ejemplo significativo vemos que, entre el mayor comerciante y el
artesano mejor valorado, la distancia en producto útil se agranda. En 1751, el
mayor mercader del momento –Juan Isach con 16 libras de cuota anual- no llegaba
a doblar al primer artesano –el alpargatero Miguel Françoy, con 9 libras de cuota.
Ahora, en 1803, la distancia entre sus respectivos hijos –que siguen siendo los
primeros contribuyentes en sus respectivas actividades- se ha cuadruplicado. El
segundogénito pero heredero Andrés Isach paga 85,9 libras de cuota anual,
mientras el primogénito de Miguel Fransoy se queda en las 19,82 libras jaquesas.
También de modo significativo, a mediados del siglo XVIII aparecían
únicamente entre los primeros veinte contribuyentes por el catastro personal dos
labradores-ganaderos (Jaime Ibarz y Antonio Vilar) con cuotas muy inferiores a la
del mayor contribuyente, el mercader Juan Isach. Ahora son cuatro los hacendados
labradores-ganaderos situados entre los veinte primeros contribuyentes por el
catastro personal; y sus cuotas se acercan mucho más que las de sus homónimos
de antaño a las del actual primer contribuyente Andrés Isach. El ámbito agrícola
141

también incrementa distancias internas. Algunos medios de producción parecen
concentrarse en menos manos, mientras una mayoría de jornaleros ya no cotizan
por el catastro personal: entre 160 y 180 familias jornaleras quedan ahora exentas
de cualquier pago. Además de no cotizar por él, tampoco contribuyen por el
catastro real. Los jornaleros están perdiendo sus pequeñas haciendas: ya no tienen
casa, ni pequeñas parcelas que cultivar, ni fuerza de tracción animal. Quedan
exentos de la Única Contribución por un doble motivo: por la ley que no fiscaliza su
trabajo y por su proletarización.
La imagen global de la tercera generación, en vísperas de la guerra de la
Independencia, es la de una población que multiplica tareas y oficios, que parece
concentrar la propiedad rústica en manos de un menor contingente de labradores,
que se diversifica en tareas complementarias y se escora hacia el artesanado y el
comercio. Una comunidad en la que aumentan las familias de jornaleros de campo
sin bienes, los mancebos de oficio y los criados en casas grandes de hacendados,
de comerciantes y de profesiones liberales. Una comunidad más diferenciada desde
el punto de vista socio-laboral. También por eso una sociedad algo más urbana.
La cuarta generación.
La cuarta generación es la que sobrevive a la guerra de la Independencia.
Una guerra de consecuencias graves en la población, en sus actividades, en los
caudales de los vecinos y en las finanzas municipales, como debió ocurrir en todos
los pueblos y ciudades donde entraron las tropas francesas y españolas y aún en
los que no sufrieron sus requerimientos o abusos directos. Se produjo entonces un
claro retroceso en la población, lo que debió repercutir en la población activa.
Antonio Peiró ha opinado que aquella guerra tuvo sobre la economía aragonesa
unos efectos muy inferiores a los que tradicionalmente han sido admitidos, y en
apoyo de su tesis aporta la escasa disminución del porcentaje de nacimientos en
Zaragoza, durante los años inmediatos posteriores. 21 Es decir, relaciona la variable
demográfica con la económica, haciendo a la primera función de la segunda.
El caso de Fraga no puede dilucidarse mediante tan estrecha relación. Las
fuentes disponibles no lo permiten. Sólo cabe esbozar ambas variables, una junto a
la otra, ante la escasa información sobre el vecindario que permanece en la ciudad
durante la guerra. Para el año 1813, próximo ya su desenlace, he constatado su
número en un cuaderno confeccionado para cobrar la contribución extraordinaria
impuesta por la última de las cuatro ‘municipalidades’ creadas por los franceses. Se
incluyen en él un total de 807 vecinos, de los cuales 17 pertenecen al Estado de
Hidalgos, 15 al grupo de “Exentos por Ordenanza”, 17 son instituciones
eclesiásticas, de beneficencia y eclesiásticos particulares y 758 vecinos componen
142

el Estado General. El cuaderno detalla desde los contribuyentes hacendados hasta
los pobres de solemnidad, con cuota nula. 22 Están por tanto todos los considerados
vecinos. No se observa disminución respecto de los años anteriores a la guerra en
el número de familias hidalgas ni en las de los exentos por ordenanza. Sí en cambio
en los eclesiásticos y en los vecinos llanos. El documento permite apreciar el
descenso global de la población pero no sus rasgos concretos.
Hay que esperar otros cuatro años para obtener alguna luz en este sentido.
Se trata de aquel estadillo remitido al capitán general Palafox en abril de 1817, ya
introducido en el epígrafe demográfico y en el que reconocemos un nuevo
incremento del número de eclesiásticos seculares (24) y de regulares (25
individuos) que están regresando a la ciudad. Vimos entonces el diezmado de las
familias que reduce el coeficiente habitantes/vecino al menor de toda la etapa:
3,82; también el descenso a la mitad del número de individuos casados en relación
a treinta años antes (en el Censo de Floridablanca). Veíamos sobre todo la
disminución considerable de los varones solteros, muy acusada respecto de las
solteras, como efecto de los alistamientos durante la guerra y de la emigración
subsiguiente, y constatábamos el mayor número de viudas sobre el de viudos. Es
decir, comprobábamos la pérdida de brazos entre la población adulta masculina.
Ciframos entonces las pérdidas de población desde el inicio de la recesión
demográfica finisecular hasta el fin del conflicto en unas mil personas: un retroceso
del 25% de la población con que contaba Fraga en 1793. Un largo período en el que
se inscribía la guerra como un factor más en el retroceso y que sólo comenzaba a
cambiar su signo algunos años después de concluida. Se había pasado de una tasa
de crecimiento medio anual positiva del +1,35 durante el período 1787-1793, a una
tasa negativa del –0,52 entre esta última fecha y el año 1817.
Parece evidente que la disminución de varones ha de guardar relación
estrecha con la guerra, pero, seguramente, la mayor parte del retroceso se debe a
la emigración tanto como a la mortalidad. Las muertes deben adjudicarse sobre
todo a las condiciones míseras que rodearon a los vecinos durante aquellos
veinticinco años, al tiempo que el tránsito y permanencia casi constante de tropas
francesas en Fraga durante buena parte de la guerra, con la obligación de
suministrar a una guarnición exigente, aconsejaría la emigración a las familias más
pobres, que subsistirían con menor dificultad en pueblos no ocupados. Tres años
después de concluido el conflicto, la mayoría de aquellas familias habría regresado,
y con su concurso y el de los nuevos matrimonios, una vez superado el bache,
comenzó un nuevo período de crecimiento. Lo que puede haber sido válido para
otras zonas de Aragón, en lo relativo a menores pérdidas, no parece poder
aplicarse a Fraga. La falta de brazos sería percibida como uno de los principales
143

desastres de la guerra al iniciar la etapa posterior, con efectos sobre la población
activa. La estadística remitida a Palafox, además de cuantificar individuos y
familias, los clasificaba según su principal actividad:
De labradores ... ... ... ... ... ... 187 familias
De arrieros ... ... ... ... ... ... ... 10
De ganaderos ... ... ... ... ... ... 11
De botigueros ... ... ... ... ... ... 12
De carromateros ... ... ... ... ... ... 1
De peones de campo ... ... ... ... ... 520
De pastores de salario ... ... ... ... ... 33
De artesanos ... .... ... ... ... ... 45
De comerciantes por mayor ... ... ... ... 0
De fabricantes ... ... .... ... ... ... 0
De abogados, escribanos y procuradores ... ... 7
De médicos, cirujanos, boticarios y albéitares ... 7
Total: ... ... ... … … … … … … … … 833 familias.
Al cumplimentar la estadística, el secretario del ayuntamiento se ajustaba al
estadillo impreso remitido desde Capitanía a los pueblos y la clasificación de
actividades propuesta era por tanto idéntica para todos, aunque la realidad local no
se ajustase con precisión al esquema requerido. 23 Aún así, todas y cada una de sus
cifras resultan significativas. Vemos que pretende una clasificación económica y no
social. No le interesan los eclesiásticos, ni distingue entre nobleza y estado llano, ni
cuestiona si el cabeza de familia es varón o hembra, y por tanto no parece excluir
familias dirigidas por viudas. En realidad es una taxonomía similar en su
conceptualización a la que hemos establecido para las generaciones anteriores,
aunque con menor desglose de oficios.
Cuando la comparación directa con el año 1803 es posible, la evidencia de
un retroceso en el número de brazos se impone con claridad. Aquellos 218
contribuyentes labradores de entonces se quedan ahora en 187 familias,
seguramente como efecto combinado de la mortalidad y el descenso en la categoría
profesional: algunos habrían pasado de “labradores atrasados”, de pequeños
campesinos, a simples jornaleros por la pérdida de sus haciendas.
En el ámbito de la ganadería, de aquellos 24 ganaderos no se incluyen ahora
como tales sino once y, significativamente en sentido inverso, la nómina de siete
pastores en la primera fecha crece en la segunda hasta los 33 “pastores de
salario”; no en vano la cabaña ovina y bobina anterior a la guerra sufrió en su
transcurso un esquilmo importante en Fraga (casi 7.000 cabezas), con lo que en el
144

estadillo de 1817 subsisten únicamente 5.200 ovejas, 165 cabras y tan sólo ocho
“bueyes cerriles”. Sabemos con certeza que muy pocos ganaderos consiguieron
mantener rebaños de alguna consideración al final de la guerra (por encima de las
cien cabezas), y ahora la mayoría poseía rebaños minúsculos, con menos de 40
cabezas. Con el fin de suministrar raciones a las tropas españolas, el ayuntamiento
constitucional de 1814 había obligado a los ganaderos a manifestar el monto de su
ganado, que en conjunto no alcanzó entonces las 2.000 cabezas de ovino y caprino.
La mayoría de aquellas familias no podían ser consideradas “de ganaderos” y sí solo
de “pastores”, aunque en realidad no todos lo fueran de salario. Y entre los que lo
eran, algunos habían de ser antiguos mossos y “medieros”. Los dedicados a la
ganadería no habían disminuido pero sí perdido gran parte del ganado.
Frente a la disminución de familias labradoras, el estadillo nos sorprende con
un número abultadísimo de familias de “peones de campo”. Nada menos que 520.
No se trata de individuos como parecía haber ocurrido en aquel ya lejano Censo de
Floridablanca. Ahora se especifica tratarse de “familias” y así debemos entenderlo:
de forma literal. ¿Cómo interpretar, por tanto, semejante aumento respecto del año
1803, cuando sólo fueron catastrados como jornaleros 220 vecinos contribuyentes?
No cabe otra interpretación que la situación de miseria causada por la guerra que
aboca a gran parte de la población a mendigar su subsistencia en las tareas
agrícolas, cuando muchos oficios artesanales y del sector terciario permanecen
inactivos por falta de demanda. Una situación de crisis generalizada, que se percibe
con mayor nitidez al interpretar los datos catastrales de los años siguientes.
En efecto, de aquellos 136 artesanos de 1803, ejercen su oficio en 1817 sólo
45; de los 46 arrieros sólo trabajan ahora en su actividad principal once y el
carromatero, mientras no aparecen en la relación los servidores públicos del
ayuntamiento o de la enseñanza. Sólo los profesionales del derecho o de la sanidad
mantienen sus respectivos numerus clausus dentro del sector terciario, puesto que
también los llamados entonces comerciantes y ahora “botiguers” ven disminuir su
número de 36 a doce familias. No cabe más lectura que la mutación en “jornaleros”
de un buen contingente de artesanos, arrieros y pequeños comerciantes. De
manera que en el grupo de los peones de campo se insertan ahora más de noventa
familias de antiguos artesanos, unas 30 de antiguos labradores y más de sesenta
de oficios terciarios, amén de recoger el estadillo a muchas de las cincuenta
familias que nosotros no incluimos entre los contribuyentes de 1803 por estar
exentas de pago. Con esta interpretación, el elevado número de aquellos cuyos
medios de producción se reducen ahora a sus brazos y a los de su prole, adquiere
pleno significado: el de una coyuntura posbélica en la que a la falta de brazos se
añadía la falta de trabajo en que ocuparlos, si no era en el campo.
145

Sólo en un grupo de actividad el documento remitido a Palafox parece
desvirtuar la realidad. El ayuntamiento falta a la verdad cuando niega la existencia
de “comerciantes por mayor”. Nos consta de forma fidedigna que sí los había, que
sí ejercían como tales y que sus respectivos volúmenes de negocio habían crecido
durante la guerra y a su término. Es el caso de algunos vecinos que, frente a la
miseria de la mayoría, consiguieron incrementar sus patrimonios y alcanzar la
cumbre entre los contribuyentes precisamente por su comercio “por mayor”.
Nos referimos a familias como las de los Monfort, Martí, Isach, Jorro, Vera o
Barber entre las más significadas. 24 Los Monfort consiguieron del mariscal Suchet
un privilegio exclusivo para el comercio de granos en todo Aragón durante el
conflicto. Los Martí, además de arrendatarios de bienes de propios, fueron factores
de la tropa, asentistas y suministradores de carne al ejército español y francés en
el “punto” de Fraga, que agrupaba los pueblos de la comarca. Vemos a Monfort a
Jorro y a Vera enfrascados durante la contienda en pleitos por dilucidar cuál de las
tres familias había obtenido mayores beneficios de sus tratos y negocios conjuntos.
Vera, Isach, Monfort y Barber construían a su término sendos mesones y venta
privados, amparados en la legislación de las Cortes que abolía el monopolio
municipal. La guerra había supuesto para todos ellos una excelente fuente de
ingresos y, concluida aquella, no cejaron en su actividad, incrementándola. Por
tanto, quienes desde el consistorio de 1817 consentían la firma del secretario,
estampada en aquel estadillo remitido al “exterior”, ocultaban una parte de la
realidad económica; la que favorecía en extremo a sus parientes, patrones o
protectores. Es la realidad observable en las fuentes de uso interior y en cuya
nómina aparecen estas familias como mayores contribuyentes por el catastro
personal, industrial y comercial.
Esta es la imagen inicial de la población activa que supera la guerra de la
Independencia. La imagen inicial de la cuarta generación. Debemos ahora continuar
el análisis de su ciclo vital, hasta finalizar el reinado de Fernando VII, cuando
concluye nuestro ámbito de estudio. Para ello contamos con dos nuevas fuentes: el
catastro y cuaderno de industrias de 1819 y los correspondientes del año 1832. De
puertas adentro, las dos fuentes muestran una lenta recuperación que abarca el
reinado de Fernando VII, incluida la etapa calificada tradicionalmente, más en el
orden político que en el económico como Década Ominosa, y que Joseph Fontana
ha renombrado recientemente como “Segunda Restauración Española”, destacando
los intentos reformistas del período. 25
Ambas fuentes señalan cierta reestructuración de la población activa. El
porcentaje del sector primario remonta el descenso operado en las anteriores
décadas, aunque ahora con una composición distinta. Las familias de labradores y
146

ganaderos crecen aunque a un ritmo lento, de tan sólo el 8% entre ambas fechas.
Mientras, la tendencia a la proletarización se acentúa y el fenómeno ya no cesará
hasta mediado el siglo XIX, cuando aquel incesante y notable crecimiento
demográfico que ya conocemos se transmute en un período de emigración durante
su segunda mitad. Las familias de jornaleros (peones de campo más pastores), que
ya son 303 en 1819, alcanzarán las 400 familias en 1832, doblando casi su
guarismo de treinta años atrás. Muchos de ellos han perdido sus escasos medios de
producción y ahora quedan exentos de pago más del 56%.
En los sectores secundario y terciario la estructura de la actividad económica
apenas se modifica respecto de la generación anterior. Sus respectivos porcentajes
se reducen. La mayoría de los oficios siguen con un número similar de
componentes, sujetos a la demanda de un mercado local con población creciente
pero con menor poder adquisitivo (lo veremos luego). De una fecha a otra
aumentan ligeramente los carpinteros y albañiles, los sastres, tejedores y
panaderos (once hornos activos en 1819), mientras crecen de forma intensa –otra
vez- los dos grupos destacados ya a fines del siglo anterior: los arrieros, que
alcanzan su mayor contingente del siglo XIX en 1832, con cincuenta y cinco familias
dedicadas al transporte con recuas o carretas, y el gremio de sogueros y
alpargateros que cuenta ese mismo año con cuarenta y nueve familias y talleres
donde trabajan entre dos y diez operarios, sujetos todavía a la disciplina de sus
respectivos maestros y a las ordenanzas gremiales. Un oficio que seguirá creciendo
al menos hasta 1860, cuando cuenta con un contingente espectacular de ciento
quince familias en el “ramo” de la alpargatería.
Frente a la mayoritaria estabilidad en los porcentajes, lo realmente
cambiante es la gradación del impuesto que satisface cada grupo de oficios. El
ranquin de ambos años muestra una cuota media y un distanciamiento crecientes
entre los grupos de oficios y dentro de cada oficio. Lo primero es consecuencia del
incremento de la carga fiscal respecto de períodos anteriores, que requiere en 1819
el cobro de un 14,25% del producto líquido en todas las categorías y actividades y
de un 17% en 1832. (Volveremos sobre esta cuestión más adelante). El segundo
rasgo proporciona luz acerca de la diferenciación creciente entre los contribuyentes.
Sabemos que el estadillo remitido al general Palafox en 1817 ocultaba la
verdad económica relativa a los comerciantes “por mayor”. Vemos ahora que sin el
concurso de aquellos comerciantes la cuota media a satisfacer por la generación
superviviente a la guerra hubiera descendido, lo que en realidad no ocurrió sino,
bien al contrario, se incrementó. La diferencia de cuota media antes de la guerra
entre comerciantes (primeros en el ranquin) y labradores y jornaleros (en último
lugar) no alcanzaba las cinco libras anuales. Concluido el conflicto, en 1819
147

aumentaba a 5,82 libras anuales y en 1832 la distancia era de 6,94 libras entre
unos y otros. Al mismo tiempo, el volumen de cuota pagado por los comerciantes
se recupera y vuelve a situarse en primer lugar entre los grupos de oficios. Una
demostración palpable del incremento notable de los comerciantes al por mayor,
responsables del mayor incremento en la cuota media, aunque desdibujados por las
bajas cuotas de los arrieros, incluidos en el mismo grupo de oficios.
Para corregir esta percepción equívoca debemos acudir de nuevo a la
contribución de cada cual. El mayor contribuyente del catastro personal en 1819
–Andrés Isach y Luzán- pagó a la Real Hacienda 87 libras anuales por sus
caballerías, su comercio de granos y por su ganado de cría. Y entre los diez
primeros contribuyentes –por encima de las 25 libras- se encontraban otros siete
comerciantes y tan sólo dos hacendados ganaderos. Trece años más tarde, el
primer contribuyente seguía siendo un comerciante –Camilo Miralles Cabrera- con
una cuota de 73 libras anuales. Le seguían en el ranquin otros cinco comerciantes,
y entre los diez primeros se situaban ahora dos ganaderos, un escribano que
compagina su profesión con la de tratante de ganado y el carpintero y comerciante
de madera (de almadías) Antonio Achón Roca. En ambas ocasiones figuraban entre
aquellos diez primeros contribuyentes miembros de las familias Jorro, Martí, Vera,
Tomás o Miralles, cuya irresistible ascensión ligada a los negocios ya conocemos.
Por eso se observa una distancia abismal entre las cuotas de los primeros
comerciantes y la inmensa mayoría de los contribuyentes, que no sobrepasan la
cuota media de 2,33 libras el primer año y la de 3,02 en el segundo.
Los datos anteriores evidencian una creciente polarización económica que
los principales beneficiarios pretenden negar. Ha quedado constancia documental
de cómo en 1832 los peritos designados para apreciar el producto útil de los
artesanos, del comercio y de los profesionales liberales pretendieron minimizarlo y
consiguieron con éxito parcial trasladar el grueso de la carga fiscal desde el catastro
personal, industrial y comercial al territorial y urbano. Así lo explicaba el
comisionado por la Intendencia don Manuel Preciado, llegado desde Zaragoza para
confeccionar el nuevo catastro. 26 Se lamentaba ante el ayuntamiento de la
parcialidad de varios peritos al estimar el rendimiento de sus respectivas
actividades. Los peritos ganaderos, por ejemplo, habían sido tan parciales en sus
apreciaciones que llegaban a proponer como producto útil de quien “tomaba a
diente” el ganado (el “mediero”) menor cantidad por cabeza que la que él mismo
pagaba al propietario del rebaño por su arriendo. ¿Cómo podía admitirse que no
obtuvieran de su actividad ningún lucro? Por eso les había devuelto por dos veces
las peritaciones para su rectificación.
148

Otro tanto ocurría con los peritos de los oficios artesanales, empeñados en
declarar salarios diarios muy inferiores a los realmente percibidos, aunque la
actitud de estos últimos pareciera menos culposa que la de otros más poderosos. El
sistema de cómputo había cambiado ahora respecto de catastros anteriores.
Sabemos ya que hasta ese momento el cálculo se efectuaba asignando por el
“industrial” una dedicación anual variable para cada cual, desde los treinta días
(dos meses) hasta los ciento ochenta días de dedicación al oficio, como hemos
visto. El nuevo sistema no diferenciaba por días trabajados –a todos se les suponía
180 días- y lo que variaba era el salario diario atribuido a cada individuo, inclusive
dentro de un mismo oficio. 27 La lógica del nuevo sistema se apoyaba en el hecho de
que casi todos los artesanos trabajaban en ese momento más de la mitad del año.
El comisionado del intendente ponía el grito en el cielo aportando el ejemplo del
carpintero-carretero Francisco Achón, quien juraba no ganar más de cinco reales de
vellón diarios. (En el catastro, finalmente, se le consideraron 14 reales diarios.)
Pero en cierto modo lo disculpaba diciendo: “¿qué extraño es que este hombre falte
a la verdad cuando otras clases (contributivas) se han antepuesto a él? He aquí la
causa principal de estos desaciertos, pues que al ver una clase la poca veracidad de
la otra, sigue también el rumbo de aquella, sin duda observando el principio de que
nadie debe perjudicarse a sí mismo”.
Las “clases” antepuestas al carpintero eran las de los escribanos, abogados y
sobre todo la de los comerciantes. El comisionado acusaba a los primeros de
rebajarse de sus respectivos productos útiles los más insospechados gastos, con lo
que el líquido resultante quedaba irrisoriamente por debajo de la mayoría de
asalariados: “¡cosa imposible!”, gritaba, mientras afirmaba rotundo respecto del
comercio: “hay un desconcierto y una informalidad absoluta en sus manifiestos”. A
juicio del comisionado, unos y otros pretendían cargar la mayor parte del impuesto
sobre la riqueza territorial y urbana, en descargo de los diferentes grupos
profesionales y sobre todo de los comerciantes. ¡Una injusticia!, clamaba irritado,
“causada únicamente por un puñado de hombres, que sin duda alguna han estado
acostumbrados a que nunca se les tuerza su voluntad”. Ese era su dictamen final.
En oposición radical, Mariano Tomás y Ramón Vera, peritos respectivos del
comercio y la industria, se negaban finalmente a estampar su firma en el
documento “mejorado” por el comisionado de la Intendencia.
En conclusión, la Fraga de 1832 es en su actividad económica una
comunidad a un tiempo similar y muy distante a la de cien años atrás. Su actividad
mayoritaria sigue siendo la agrícola y ganadera. Su sector artesanal continúa
estancado al final del período en cuotas de aprovisionamiento local, en oficios
tradicionales, manuales y con escaso capital circulante. Son características
149

similares a las descritas para el conjunto regional por Ignacio de Asso 28 a fines del
XVIII y repetidas en nuestra época por historiadores como Forniés Casals, Gómez
Zorraquino o Miguel López. 29 Sólo en algún oficio sobrepasan los fragatinos el
quehacer rutinario –falto de cualquier rasgo protoindustrial- y la limitación de
brazos: el de un bien organizado gremio de sogueros (los menos y débiles) y
alpargateros (los más y diferenciados entre sí) que acuden cada vez con mayor
implantación y multiplicidad de talleres y operarios a la demanda comarcal. Pero,
incluidos ellos, todos los oficios se hallan sujetos todavía a las ordenanzas
municipales y gremiales y a una legislación que dificulta “el perfeccionamiento de la
propiedad” en el ámbito agrícola y la adquisición de nuevas técnicas y contratación
libre del factor humano. Sólo la libertad de comercio desde el último tercio del siglo
anterior ayuda en parte a transformar la realidad de una población sujeta de
antiguo a los monopolios municipales. Los comerciantes y quienes sin serlo
propiamente se suman al mercado consiguen en las dos últimas generaciones la
capitalización necesaria y suficiente para alcanzar estatus en aquella sociedad rural,
al tiempo que consolidan un sólido patrimonio inmueble.
2.1.3 El peso relativo de los sectores a través del tiempo.
Es momento de responder algunas cuestiones de carácter global una vez
realizado el análisis pormenorizado de las cuatro generaciones: el posible aumento
del porcentaje de población activa respecto de la global, los cambios en su
composición y la contribución de algunas actividades clave al cambio. 30
El Gráfico 6 de la página siguiente recoge la evolución de la población
activa en sus valores absolutos y los prolonga hasta 1860, cuando Fraga toca un
nuevo techo estructural a partir del cual cambian algunas características previas. 31
En primer lugar, la población activa creció ininterrumpidamente entre 1730 y
1860 aunque con ritmos distintos. Apenas lo hizo durante la primera mitad del siglo
XVIII, a tono con un crecimiento lento de la población. Aceleró luego su ritmo
durante la segunda mitad al compás del aumento demográfico. Superó con un
ligero aumento las décadas de estancamiento y retroceso de la población global
antes y durante la guerra de la Independencia, -lo que supone que un mayor
porcentaje de fragatinos hubo de trabajar para subsistir-, y experimenta desde la
década de los años veinte del siglo XIX un renovado crecimiento, de pendiente
progresiva y superior a las anteriores. Este último período fue sin duda el de mayor
crecimiento de la población activa. En conjunto una línea ininterrumpidamente
ascendente como resultado de la suma de los tres sectores económicos, cada uno
de los cuales experimentó a su vez ritmos distintos.
150

Gráfico 6
EVOLUCION DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN VALORES ABSOLUTOS. 1730-1860
Nº DE FAMILIAS
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
Fuente: elaboración propia a partir de los datos catastrales.
Dentro de la tendencia general al crecimiento, el sector primario se nos
muestra como el mayoritario desde el principio hasta el final. Su progresión es
lenta durante el conjunto del siglo XVIII y sufre un ligero retroceso en la crisis
finisecular y posbélica, cuando muchas familias jornaleras y algunos pequeños
labradores recurren a la emigración o al cambio de actividad para subsistir. Luego
el sector se recupera y experimenta desde 1819 un nuevo crecimiento que no se
detiene hasta 1860 y cuyas razones deberemos explicar.
El sector secundario se ensancha con el crecimiento demográfico y tiende a
especializarse en dos de los oficios, el de sogueros y el de alpargateros, una vez
organizados en gremio. El artesanado sufre también las consecuencias de la guerra
pero se recupera muy pronto, con el concurso de una intensa inmigración que
reaviva el sector y le impulsa en una nueva etapa de crecimiento que no cesará
sino en la segunda mitad del siglo XIX.
0
1730 1751 1789 1803 1819 1832 1860
COMERCIO Y SERVICIOS 29 28 86 106 74 110 93
ARTESANADO 82 77 129 136 115 127 265
AGRICULTURA Y GANADERÍA 367 386 483 469 544 664 996
El sector terciario es el que ofrece mayores cambios internos. Permanece
estancado durante la primera mitad del Setecientos en un cupo mínimo, apenas
capaz de atender la demanda local de abastecimiento, formado en su mayoría por
simples tenderos. Durante la segunda mitad del siglo XVIII se produce el arribo a
Fraga de varias familias que arraigan como comerciantes y explotan los arriendos
de los bienes de propios municipales. Incluso saben aprovechar la difícil coyuntura
151

finisecular y bélica, negociando excedentes alimentarios que venden al mejor
postor. El sector se concentra en un menor número de manos tras la guerra, vuelve
a expandirse con el crecimiento de la población en los años veinte y treinta del siglo
XIX, para finalmente retroceder a mediados de siglo, cuando el mercado comarcal
es absorbido por un mercado regional y nacional que sobrepasa sus posibilidades y
le aísla, marginándolo de la nueva estructura ferroviaria. Con el fin de afinar la
evolución global de la población activa y de alguno de sus componentes más
significativos he confeccionado el Cuadro 23, que traduce el crecimiento a
números índice, tomando como base 100 el año 1730.
Cuadro 23
HABITANTES, POBLACION ACTIVA Y OFICIOS SIGNIFICATIVOS 1730-1860
nº. de familias
Familias
jorna-
152
Familias
comer-
Familias
de
Familias
alpar-
año habitantes índice contrib. índice leras índice ciantes índice arrieros índice gateras índice
1730 2.286 100 475 100 176 100 8 100 1 100 16 100
1751 2.574 113 486 102 212 120 16 200 1 100 16 100
1789 4.000 175 695 146 222 126 17 212 45 4500 36 225
1803 3.900 171 690 141 227 129 36 450 46 4600 37 231
1819 3.313 145 729 153 303 172 23 287 32 3200 33 206
1832 5.247 230 899 189 400 227 35 437 57 5700 49 306
1860 7.013 307 1.354 285 627 356 25 312 18 1800 115 719
Fuente: catastros y libros de industria conservados completos entre 1730 y 1860.
El número de los fragatinos se triplicó entre 1730 y 1860. La población
activa no llegó a tanto. Se mantuvo siempre por detrás de aquel, excepto en el
instante posterior a la guerra, cuando sus efectos adelgazaron el grupo doméstico
sin reducir su actividad. La demografía ejerció una fuerte presión sobre la población
activa a la que hizo crecer y a la que aportó una demanda también creciente.
Del conjunto de la población activa destaca la evolución de cuatro oficios. En
el sector agrícola, el crecimiento de los “peones de campo” se mantiene por detrás
del crecimiento de la población durante la mayor parte del siglo XVIII. No se
aprecia por tanto en ese tiempo un proceso de proletarización. Serán la crisis
finisecular y la propia guerra las causas que inician dicho proceso, ralentizado con
la bonanza de la tercera década del XIX, pero que explota luego para acentuarse y
desbordar en 1860 el propio crecimiento de la población. Un proceso que parece
retrasado en su estadio inicial respecto del descrito por Peiró para el conjunto de
Aragón, pero que se adecua a él durante el período final. 32

En el ámbito artesanal destaca el grupo profesional de los sogueros y
alpargateros. Vemos a través de los números índice que su situación inicial en la
primera mitad del siglo XVIII no sobresale del conjunto artesano, e incluso se
retrasa respecto del crecimiento de la población a la que apenas abastece, cuando
seguramente muchas familias solventan sus necesidades dentro del propio grupo
doméstico o fuera de la ciudad. Es a partir de la segunda mitad del Setecientos
cuando su índice crece por encima del de los habitantes, con capacidad para el
abasto local, en una serie de talleres que incorporan brazos ajenos en calidad de
aprendices y mancebos. Con el bache lógico de la guerra, el oficio de alpargatero
será durante el siglo XIX quien con diferencia abandere la imagen artesanal de
Fraga: ha triplicado el número de sus componentes en 1832 y lo ha septuplicado en
1860. Se sitúa totalmente distanciado del resto de oficios artesanales, entre cuyos
talleres sólo siguen cierta tónica ascendente los tejedores y los sastres.
Dentro del sector terciario, el oficio de arriero presenta un crecimiento
similar al de los alpargateros aunque sus índices parezcan decir otra cosa. Su
abultadísimo crecimiento se debe a la no fiscalización inicial del oficio durante la
primera mitad del siglo XVIII. Por eso los números índices resultantes parecen
inverosímiles. Lo que se indica aquí es que no figuró como tal oficio con interés
fiscal hasta su segunda mitad. Salvando la engañosa ausencia de arrieros, el salto
en su número desde 1751 es impresionante y constituye, sin duda, el mejor
exponente de la actividad económica local y comarcal, incardinadas cada vez más
en el contexto de un comercio regional.
Además, el terciario no sólo es el sector con mayor crecimiento en
porcentaje de población activa sino que contribuye con mayor proporción de cuota
conjunta. Mientras el porcentaje de sus individuos se duplica entre 1730 y 1832, el
de su cuota se triplica. Ambas características abonan su consideración de sector
motor de la economía local, con mayor incidencia en la producción de renta.
Compárense simplemente los extremos: en 1832 el 73% de la población activa
(sector primario) proporciona el 26,6% de la cuota; en el otro extremo (sector
terciario), el 12% de los contribuyentes debe satisfacer el 35% de la cuota
personal, industrial o ganancial.
Al final de la etapa, Fraga había entrado en una economía mucho más
orientada al mercado, en la que destacaban algunos hombres de empresa,
ayudados por una cohorte de arrieros que lo hacían posible. Su contribución se
disparaba respecto de generaciones anteriores, rebasando con mucho la renta del
campo. A ojos de los comerciantes, aquella situación suponía un agravio injusto del
que se atrevían a quejarse ante las autoridades. Sus peritos, en cambio,
comprendían la queja aunque afirmaban no compartirla. Aceptaban la imposición
153

fiscal como un mal necesario, (“el acto administrativo más arduo y difícil”),
justificaban su peritación como proporcionada a la riqueza mercantil, y entendían el
sistema de peritaje como más justo que el de las simples relaciones juradas puesto
que…
“...la riqueza de la agricultura no puede ocultarse pues el labrador la tiene de
manifiesto, pero el comerciante puede reducir la suya al estrecho volumen de una
cartera, y es sabido que cuando los capitales se quieren averiguar por medio de
relaciones (declaraciones) , debe suponerse siempre que son falsas, siendo inútil para
la justicia y muy perjudicial para la moral, por la oposición o lucha en que se encuentran
el interés y la conciencia; porque es demasiado exigir de los hombres que digan la
verdad, cuando se les pregunta el capital que poseen, solo con el objeto de privarles de
una parte de su renta”.
Ellos también eran comerciantes, y por ello conocedores de su condición,
pero la función de peritos –una vez jurado “llevarse bien y con equidad”- les
obligaba a ejercerla con rectitud de miras, en beneficio del público general. 33
Nos estaban advirtiendo de que, lo que de los comerciantes afloraba a la
superficie, la parte de sus negocios que realmente se les fiscalizaba, era sólo una
pequeña porción de su actividad real; de su verdadero lucro. Las fuentes utilizadas
hasta aquí para concretarlo, siendo cuantitativas, parecen quedarse cortas en su
aproximación a la realidad de aquellos hombres de empresa; de aquellos “hombres
nuevos”, algunos de los cuales deben encuadrarse dentro de la denominada
burguesía mercantil. 34 Será preciso profundizar en el conocimiento del patrimonio
rústico y urbano que consiguieron con sus actividades y compararlo con el de los
restantes grupos para ubicar correctamente a cada cual en la sociedad fragatina.
2.2 Tierra, trabajo y consumo.
2.2.1 Las tierras del municipio.
A fines del Antiguo Régimen todos los fragatinos se hallan de un modo u
otro ligados a la tierra. Es la base de su subsistencia de forma directa o indirecta.
En un siglo declarado fisiócrata todo el ordenamiento municipal gira en torno a ella;
todas las prerrogativas en ella se fundan; todos los enlaces de parentesco la tienen
como finalidad y todos los caminos confluyen en el afán de poseerla. Un linaje no
será una casa grande mientras no tenga un sólido patrimonio sustentado en la
posesión de hacienda rústica. El objetivo es afincarse. Mejor la infanzonía, pero si
no, la hacienda. Ese es el estatus apetecido y lo seguirá siendo por mucho tiempo
incluso para aquellos linajes de hombres nuevos, cuya riqueza inicial se basa no
tanto en la posesión inmóvil como en el afán de lucro obtenido con capital
circulante; nuevos linajes que se aprovechan de la tierra, afanados en acrecentar
154

sin tregua su riqueza; nuevos linajes que, al fin, conseguirán igualmente “arraigo”
al invertir buena parte de su capital en la compra de tierra.
Mapa 1
Durante los siglos XVIII y XIX el término municipal era más extenso que en
la actualidad. El Instituto Geográfico y Catastral le atribuye en 1960 una superficie
155
Término municipal de Fraga a inicios del s. XX, con expresión de sus partidas.

de 43.582 hectáreas, lo que le ubica en sexto lugar entre los municipios
aragoneses. 35 Una superficie menor que la expresada en el Mapa 1, confeccionado
a inicios del XX, cuando iba a tenderse la primera línea de alta tensión que
atravesaría las tierras fragatinas de los Monegros.
Según la leyenda del mapa, Fraga tendría en ese momento una extensión de
47.115 Has.; 36 una extensión superior a la de 1960, pero todavía inferior a la real,
que alcanzaba según las estadísticas oficiales de la época 49.416 hectáreas, 87
áreas y 50 centiáreas. Si se aceptan las cifras de los organismos nacionales, Fraga
perdió entre el inicio del siglo XX y su década de los sesenta unas 5.835 Has.
La razón es conocida: se trata del acuerdo al que llegaron en 1953 los
ayuntamientos de Fraga y Caspe, con mediación de las diputaciones provinciales
respectivas y aprobación de los ministerios competentes, y que supuso el traspaso
de buena parte de la partida de Valdurrios del primero al segundo municipio, por el
precio de 130.000 pesetas. 37 La de Valdurrios, con un total de 6.252 Has., era una
partida lindante con el municipio caspolino, en la margen izquierda del Ebro, y
cultivada en algunas masadas desde siglos atrás por terratenientes de ese lugar,
mediante el pago de un canon a Fraga, “señora” del dominio directo. La cesión de
Valdurrios a Caspe fue el último capítulo de una permanente reestructuración del
territorio en lo relativo a deslindes, disputas y concordias con los pueblos limítrofes.
Cien años atrás, del amillaramiento de 1859 obtenemos la dedicación
económica de las tierras del término municipal estimada por los peritos: 38
A cultivos en la huerta vieja y en la huerta nueva…........ 13.260 fanegas.
A cultivos en las diversas partidas del monte…............. 139.704 “
A dehesas de pastos…............................................... 37.930 “
Baldíos de uso estacional (Estorzones y San Simón)….. 122.132 “
Eriales con pastos................................................... 93.224 “
Inútil para toda producción……................................... 30.025 “
Terreno de montaña, población, caminos, ríos, etc…...... 16.834 “
TOTAL .......... 453.107 fanegas.
Si convertimos las fanegas en hectáreas obtenemos la cifra de 43.208 Has.,
que de nuevo es una estimación para uso externo inferior a la real. 39 La explicación
de esta constante infravaloración puede radicar en el escaso rigor de las
“cordeaciones” y en las declaraciones a la baja de los particulares. A ello debe
añadirse la dificultad en delimitar una parte del terreno intrincada, entre barrancos
y lomas, en su mayor parte cubierta de sabinas y pinos y con sotobosque espeso de
aliagas, esparto, romero y tomillo. Un terreno boscoso que, todavía hoy, cubre más
de 9.500 hectáreas del término municipal. Sin duda se cultivaba más de lo que se
156

declaraba pero, con seguridad, las posibilidades de cultivo no estaban ni con mucho
agotadas a mediados del siglo XIX, sobre todo en el monte.
Mapa 2
MONTES DE MONEGROS Y LITERA, PARTIDA DEL SECANO Y HUERTA VIEJA.
Ciento cincuenta años antes, al inicio del siglo XVIII, el paisaje dominante en
la mayor parte del término municipal sería precisamente el del bosque y
sotobosque cubriendo extensas zonas del territorio, pese a su escalio secular. 40 En
la margen derecha del Cinca, a unos doscientos metros de altitud media se
extiende el Mont Negre o Monegros, distribuido en cuatro grandes zonas o partidas.
Las tres más próximas al valle del Cinca forman una gran penillanura conocida
localmente como Pllà: la partida Alta al norte, la partida Baja al sur y la partida del
157

Medio, obviamente entre ambas. Cada una de ellas organizada a su vez en varios
topónimos con denominación específica y raigambre medieval como Torreblanca,
Riola y Minorcas en la primera; Cardell, Espartosa, Pinada y Pedrós en la segunda;
y Segrians, San Simón, Plana de las Perdices y Camp de Figues en la tercera.
La cuarta partida de Monegros, conocida genéricamente como Allà dins, es la
zona más alejada del cor de la vila, la más meridional, abrupta y menos apta para
el laboreo; también la más extensa e intrincada por comprender en buena parte
todas las “caídas” u omprios, torrenteras y barrancos desde el altiplano hasta el
Riberal del Ebro, cuyos meandros delimitan el término de Fraga frente a los
términos vecinos de Mequinenza y Caspe. Una zona cubierta en buena parte de
bosque, con abundante caza mayor y menor. Fue la partida conocida como “Los
Estorzones” a efectos de arriendo de pastos y que, de nordeste a suroeste, abarca
los barrancos de La Lliberola y La Vallcorna, las cimas del Vedat (con la Serreta
Negra) y los llanos de Val de Urríes o Valdurrios con Puyalviello.
Al otro lado del Cinca, paralela a su margen izquierda, se extiende la otra
parte del monte, conocida globalmente como Mont de Llitera por constituir el
extremo sur de la amplia zona fronteriza entre Aragón y Cataluña del mismo
nombre. Desde los altozanos que coronan el cor de la vila, se extienden hacia el
norte y el sur, hasta la raya con Cataluña, varias partidas con denominación propia:
Mont-ral en la cota superior, la propia Litera como cuenca central endorreica y
Vincamet en altitud inferior hasta morir junto al Cinca. También aquí cada una de
estas partidas está dividida en subzonas con topónimos específicos: Albufarres,
Santa Quiteria, Vallpodrida, Portell, Zafranals, Ventosa….
De antiguo, manchando de ocre el oscuro fondo sabinar del monte, la tierra
dedicada al cultivo en las partidas se distribuía aquí y allá en pequeñas masadas, al
borde de caminos y cañadas de trazado medieval. Unas como propiedades de
dominio particular transmitidas “a título oneroso” y otras poseídas en virtud de
concesiones otorgadas por los ayuntamientos conforme a las reales pragmáticas
que así lo dispusieron. En unas y otras sus dueños o poseedores tenían establecidas
masías, corrales, parideras y balsas de edificación remota, de cuya existencia da
cuenta la documentación local desde el siglo XV. En ambos montes se combinaban
las tierras “fuertes” con las “flojas”, de difícil aprovechamiento agrícola en aquella
época, cuando su disposición topográfica resultaba demasiado elevada como para
intuir su conversión en regadío, aunque al final de la etapa se produjeron las
primeras gestiones para regar la partida de Litera con las aguas del Canal de
Tamarite, más tarde conocido como Canal de Aragón y Cataluña. 41
Finalmente, junto al cauce del río y de nuevo en su margen derecha,
recorriendo el término de noroeste a sureste, se extiende una estrecha banda
158

aluvial regada en buena parte desde el Medievo, y que recibirá el agua en sus cotas
más elevadas desde principios del XIX. En realidad se trata de dos franjas paralelas
denominadas respectivamente Huerta Vieja y partida del Secano que, una vez
regado, pasará a denominarse Huerta Nueva. La Huerta Vieja se regaba mediante
la llamada acequia de baix, con su azud situado en el límite con el término
municipal de Ballobar, para discurrir luego por los de Velilla, Fraga y Torrente de
Cinca, con una longitud global de 24 kilómetros. Un ramal de la acequia principal
completaba la zona regable de Fraga en la partida de Cantallops, posiblemente
desde el siglo XVI, entre el molino harinero del capítulo eclesiástico (el llamado molí
de baix) y la huerta de Torrente de Cinca. Con este ramal Fraga se habría unido a
la tarea general de los aragoneses -descrita por el profesor Colás-, “afanosamente
metidos durante todo el siglo XVI en la tarea de ampliación del regadío, primero
para atajar la sequía y después para incrementar la productividad”. 42
Varias partidas de la Huerta Vieja son grandes franjas transversales al cauce
del Cinca, desde la acequia al río, y las de mayor extensión constan de tres
subzonas: la tierra de cota más elevada, arcillosa y excelente para el cultivo,
ubicada inmediatamente bajo la acequia; en medio una zona pantanosa de menor
cultivo en la época, destinada en buena parte a prados (posible reliquia fósil de un
antiguo cauce del río); y finalmente la inestable tierra arenosa del soto junto al río,
sujeta al permanente peligro de sus avenidas.
Las partidas cultivadas desde la época musulmana y sin interrupción son las
más próximas al puente que las une al cor de la vila: la partida de los Alcabons la
de mayor extensión entre ellas; luego las de Alcalans, Jiraba, Arenals, Massarrabal
y Belén le siguen en proximidad al núcleo urbano a ambos lados del camino Real
que discurre entre Zaragoza y Barcelona. En algunas partidas, sus prados y sotos
adquieren nombre propio como el Soto sobre el Puente, Soto de los Alcalanes, el
Prado de la Font, el Prado de La Torre, Prado de Vermell…. Otras partidas de menor
extensión se incardinan entre las mayores y las completan con topónimos
persistentes o efímeros, a veces sólo ocasionales, y casi siempre con referencia a
elementos significativos del paisaje (Nogueres, Conilles, El Batán...); también a
fincas vinculadas, con denominación del linaje o institución que las poseyó durante
generaciones (Los Barrafons, El Almarjal de los Foradada, La Torre del frares…); y
aún otras que no pasan de ser fincas únicas con denominación propia como La
Romana o La (de la almorda) Bertolina. Finalmente, otras de mayor extensión
responden a la denominación de tierras pertenecientes a los poblados rurales que
las ocuparon y poblaron en época medieval como Miralsot o Vermell. Éstas últimas
están, lógicamente, entre las más alejadas del núcleo urbano.
159

2.2.2 El hambre de tierra.
Tierras que se lleva y devuelve el río.
La huerta era, al decir de los fragatinos de la época “su único sustento
seguro” y, pese a considerarla como tal, en ocasiones les fallaba por falta de agua
en la acequia o por su exceso en el río. La causa común solía ser las avenidas del
Cinca, las “riadas”. Son innumerables las ocasiones que depara la documentación
para afirmarlo con rotundidad. Unas veces la información se centra directamente en
la inundación de los campos, en los cambios del cauce o en las posteriores tareas
de saneamiento y protección. Otras veces –las más- sabemos del furor de la riada
por los destrozos que causa en el puente de tablas. Las roturas del puente aíslan el
cor de la vila de su único sustento. La mayoría de las avenidas y derrotas del
puente han sido abordadas ya por otros autores 43 y la documentación consultada
para este trabajo permite afinar y contrastar su número y trascendencia. 44 En el
período de estudio, no menos de doce veces el puente quedó inservible o
desapareció totalmente, navegando sus tablas como navatas por las riberas del
Cinca, el Segre y el Ebro hasta Mequinenza o hasta Flix. En ocasiones, el río cambió
su cauce y desde luego inundó buena parte de las partidas de huerta próximas a su
orilla. Pero en muchas otras, sin que el puente fuera derrotado, las avenidas
inundaban los sotos incultos y los cultivados. Hubo payés que dejó constancia de
haberle inundado el río sus bancales hasta siete veces en un año.
Desde el primer edil al último vecino sentían el riesgo amenazador del Cinca
y la responsabilidad de reparar sus destrozos. La riada comenzaba por arruinar casi
siempre el azud de la acequia; un azud construido con hincas de troncos rellenas
con piedras y ramaje entrelazado. 45 Un azud mínimo que debían salvar con facilidad
las almadías o navatas, y al mismo tiempo con altura suficiente para llenar la
boquera de la acequia. Cuando el azud se perdía, sufrían el riego y los molinos. Río
abajo, cuando el agua se empeñaba en derribar el puente, la huerta sufría y faltaba
el sustento. Labradores y jornaleros no podían acudir a sus tareas mientras no se
aparejaba la “barcaza a maroma” que cruzaba el río entre dos muelles. 46 Y, casi
siempre, las avenidas del Cinca, aún sin arruinar el puente, arrasaban las zonas de
huerta más próximas al río, los sotos, pese al tozudo afán de oponerles estacadas y
despuntadors. 47 La tremenda furia del Cinca podía con todo, llegando en ocasiones
a “convertir en arenal la cuarta parte de la huerta”. 48 Y lo peor no era que
transitoriamente la huerta se inundara, sino que por causa de una riada se
producían cambios en “la madre” del río, éste repartía su cauce en varios brazos y
con ello inutilizaba parte de las parcelas de labor durante más de una cosecha. En
noviembre de 1816, por ejemplo, una enorme avenida creó un cauce nuevo,
inutilizando más de trescientas fanegas de huerta que todavía no se habían
160

ecuperado para el cultivo en 1819, pese a haberse elevado inmediatamente al
propio Protector de los Canales de Aragón, don Martín de Garay, un plan de
protección de la huerta elaborado por el arquitecto don Ambrosio Lanzaco.
Alguna vez, las súplicas del ayuntamiento a las autoridades se acentuaron al
considerar que los destrozos de la riada afectaban al vecindario hasta el punto de
variar la estructura de la propiedad de la huerta, puesto que algunos propietarios
quedaban desposeídos enteramente de sus parcelas, “ocasionándose de ello la falta
de alimentos para su familia y, por supuesto, su incapacidad para contribuir a la
restauración del terreno en proporción a sus posesiones”. De hecho, los escasos
protocolos notariales conservados dan frecuente noticia de las consecuencias que
las avenidas podían ocasionar. Aparecen en ellos ventas de parcelas cuyos
compradores ponen como condición la de no pagar parte o toda la pensión del
censo con el que se cargan si el río se la lleva en parte o totalmente. 49
Hasta tal punto afectaban las riadas que el ayuntamiento se vio finalmente
desbordado por la complejidad de las obras de restauración del cauce del río, de la
acequia y del saneamiento de la huerta. Sus ingresos no daban para tanto. Aunque
desde el siglo XIII venía encargándose de todos estos menesteres de acuerdo con
la costumbre y las propias Ordinaciones, decidió en 1818 solicitar del Real Acuerdo
la creación de una junta de propietarios regantes formada por los principales
hacendados, 50 que en adelante se ocupase de tales actuaciones con el remanente
anual del derecho de alfarda. La pretensión de alguno de sus miembros era que los
reparos, saneamientos y nuevas protecciones se realizasen cobrando un
suplemento de tres, dos y un real por fanega a quienes tuviesen sus parcelas junto
al río, según su mayor o menor proximidad al cauce. Reclamaba con ello el
cumplimiento de una vieja ordenanza, que entendía vigente todavía, y cuya última
redacción databa nada menos que de 1694. 51 Pero el resto del concejo general
reunido para acordarlo entendía que las riadas causaban daño a toda la huerta y no
sólo a quienes tenían sus fincas cercanas al cauce, por lo que todos debían
contribuir a la reparación de los daños.
Con la creación de la nueva junta parecía concluir una filosofía tradicional,
según la cual la responsabilidad recaía en el consistorio. Los vecinos se habían
acostumbrado a servirse del erario público para resolver los problemas de las riadas
y así lo había expresado todavía la concordia censal de 1728, en la que se incluían
como gastos “ordinarios” de la ciudad el coste de reedificar las estacadas de
protección. Y aunque las nuevas Ordenanzas de 1757 serían enmendadas por la
Real Audiencia precisamente en este punto, obligando a los propietarios a costear
las estacadas, su decisión quedó pronto en el olvido. 52 Durante la segunda mitad
del XVIII continuó siendo el ayuntamiento el encargado de abordar el problema.
161

Tampoco lo resolvieron las alamedas construidas a fines de siglo, cuando el
primer corregidor destinado en la ciudad se empeñó en adecentar y mejorar
algunas zonas con su propio peculio y mandó construir un “antemural” junto al
cauce. 53 Y aunque la iniciativa conjunta de los regantes en 1818 parecía tomar en
serio su resolución, resultó igualmente efímera. Hubo que volver al sistema
tradicional y de nuevo el ayuntamiento tomó las riendas de un asunto capital que
periódicamente arruinaba la huerta; pero tampoco en el futuro tendría éxito, pese a
intentar una solución “definitiva” durante la regencia de Espartero. 54
La cuestión de fondo que durante siglos dificultó encontrar la solución
definitiva radicaba en el conocido como “derecho de aluvión”, tal vez incluido en
una inicial carta de población cuya posible existencia desconocemos. Según el
derecho consuetudinario, la tierra recuperada al río de forma natural o mediante la
construcción de estacadas se adjudicaba a quienes tenían sus fincas inmediatas a
los sotos recuperados. 55 Por eso los demás vecinos se resistían a colaborar en su
recuperación.
El ayuntamiento pretendió reiteradamente dejar sin efecto el antiguo
derecho o limitarlo a la recuperación única de la tierra que cada cual hubiera
perdido, sin derecho a ampliar sus “suertes”. El resto de la tierra recuperada, una
vez desecada, debía venderse a beneficio público en parcelas que no perjudicasen
las posesiones confrontantes. Un acuerdo lo documenta para el año 1714 y
sabemos se aplicó en posteriores ocasiones durante la centuria. 56 Cuando los
efectos de las avenidas desaparecían, los ediles cordelaban la nueva tierra y la
ofrecían en pública subasta.
En sentido opuesto, también consta la repetida ocupación de sotos sin
permiso público, lo que obligaba a controlar y cuantificar el proceso, a fin de
incorporar las nuevas fincas al catastro y al pago del derecho de alfarda. En
cualquiera de los casos, aún siendo los sotos incultos de propiedad particular, se
prohibía a sus dueños y a los demás vecinos aprovecharse de los pastos, dejando
crecer la vegetación como barrera que dificultase el arrastre de tierra. 57
El río se llevaba la tierra y el río la devolvía. De ahí los paradójicos
retrocesos que comprobaremos en la extensión de algunas partidas de huerta, pese
a ser el Setecientos un siglo de expansión demográfica que exigió del aumento
continuado de tierras de labor, aprovechando incluso las zonas marginales o
pantanosas de las partidas y, desde luego, los sotos. 58
La tierra cedida a terratenientes forasteros.
La concesión de ‘suertes’ en el regadío, cuya reglamentación venía de
antiguo, se completaba con la cesión de tierra “para el útil de la reja” en las
162

partidas de secano. El concejo municipal fue competente para disponerlo durante la
época foral como “señora” de aquellas tierras comunes. ¿Podía continuar en su
derecho de disponerlo una vez incorporado Aragón a las leyes de Castilla?
Los primeros ayuntamientos borbónicos se debatían entre dudas. Los
regidores no veían claro si las atribuciones que sus antepasados habían ejercido
desde la Edad Media seguían vigentes una vez concluida la guerra de Sucesión y
suprimidos los tradicionales fueros. Por eso decidieron consultar con dos abogados
de Zaragoza para su mejor manejo en las cuestiones que se les planteaban. El
informe de los letrados dejaba muy claro que los nuevos ayuntamientos perdían
atribuciones, de acuerdo con las instrucciones de la Corona y las leyes de Castilla
nuevamente impuestas. Entre otros aspectos, en el asunto concreto de la tierra.
Hasta entonces el concejo había podido “establecer, agenar, obligar y
disponer a su libre arbitrio”, pero en adelante, nada de esto podía hacer sin
preceder la prescriptiva licencia Real. Respecto de los bienes de propios y comunes
en concreto, los abogados no dudaban de la competencia de los regidores para su
administración, en la inteligencia de que anteriormente las universidades, “por ser
señoras de sus solares”, podían libremente “agenar y obligar sus propios y bienes
comunes”, pero ahora, por regir en Aragón las leyes de Castilla y ser por ello el Rey
“dueño y señor de dichos solares”, su opinión legal era que los pueblos no podían
enajenar ni obligar sin su consentimiento, no sólo los bienes comunes, de uso
público, sino los considerados como propios, de los que cada ciudad “dispone como
particulares y arrienda a vecinos y forasteros”. 59 Al tiempo que fijaba la jurisdicción
“Real” sobre la “señorial” de la ciudad, el informe diferenciaba claramente entre
bienes comunes y propios: las tierras eran comunes, pero el arriendo de los pastos
y su renta eran propios del ayuntamiento.
Una de las mayores preocupaciones de todos los consistorios fragatinos fue
la de proteger como propias las dehesas destinadas a pastos en las tierras de
secano. Cumplían con ello varios objetivos: preservar el aprovechamiento de “las
hierbas” para el ganado de los vecinos, asegurar para el municipio los ingresos
procedentes de su arriendo a ganaderos trashumantes y abastecer de carne a la
población. De ahí su alerta permanente contra “los forasteros que rompen tierras
en el monte para dedicarlas al cultivo, en detrimento de los pastos”.
La ocupación de tierras autorizada por el concejo suponía la sanción legal
para el usufructo agrícola del territorio, sin perjuicio del uso ganadero. Permitía que
vecinos labradores de pueblos limítrofes explotaran tierra de secano, cuando
seguramente no la conseguían en sus términos municipales, más pequeños, y
mientras fuera ‘sobrante’ en el de Fraga. El labrador de Mequinenza, Torrente,
Velilla, Peñalba u otros pueblos en la parte aragonesa, o el payés de Masalcoreig,
163

La Granja de Escarp, Serós, Soses, Aytona o Alcarrás en la zona catalana,
ampliaban con ello sus posibilidades de cultivo.
El incremento de tierra cultivada por este factor exógeno debe interpretarse
en relación directa con el aumento de la población en las comarcas del Bajo Cinca y
del Segrià con una cronología anterior a la de Fraga, como ya sabemos. El
fenómeno de los “terratenientes forasteros” no parece constituir un problema hasta
el siglo XVIII, pero desde sus décadas iniciales sería un asunto tomado en
consideración por un doble motivo: como ocupación por foráneos de la tierra
necesaria para los vecinos y como peligrosa disminución de los pastos.
El intento de regular las concesiones y de obtener una renta de ellas se
observa desde entonces. En 1716, -con el primer ayuntamiento trienal-, se
renovaba la concordia establecida en el siglo XV entre la villa y Caspe sobre las
tierras de la partida de Valdurrios. En adelante, los nuevos terratenientes forasteros
en esta partida se obligaban a pagar anualmente tres sueldos y tres dineros por
cada cahíz (cahizada o carga) de tierra, de las ocho que como mínimo debían
cultivar. 60 Al año siguiente el ayuntamiento obligaba a los terratenientes forasteros
“de todas las partidas del monte” a pagar ocho dineros por cahizada cultivada para
atender a la contribución exigida por el gobernador de la Plaza de Mequinenza. 61 Y
en 1738 es la propia Intendencia la que obliga a que los terratenientes forasteros
contribuyan como los vecinos en el catastro. 62 Por eso desde entonces figuran en
todos los conservados.
La ocupación de tierras por forasteros puede cuantificarse. Pese a conocer su
existencia en los primeros años del siglo, no aparecen como tales en el primer
catastro de 1730. 63 En el realizado en 1751 comienza a surtir efecto la orden de
censarlos y se registra de forma incipiente algún forastero con minúsculas parcelas
de huerta. Sólo en 1754 se confecciona un libro propio para los terratenientes, “en
el que se ha cargado a cada individuo lo que le corresponde por su haber”. El
contingente, tanto del número de poseedores como de tierra cultivada, estaba
adquiriendo suficiente entidad como para dedicarles un cuaderno de registro.
Será durante la segunda mitad del XVIII cuando veamos crecer su número y
la extensión de sus masadas, en el contexto de las leyes ilustradas que fomentan la
cesión de tierras. En 1772, al tiempo de subastar los pastos de la partida Baja,
ningún postor quiere alcanzar el mínimo fijado por la junta de propios. Los
ganaderos alegan la disminución de las dehesas por los “rompimientos” de algunos
terratenientes de los lugares de Mequinenza, Torrente y Masalcoreig; así que, antes
de subastar el arriendo a la candela, exigen realizar un apeo de la dehesa y reducir
a pastos las tierras cultivadas “en exceso” por aquellos. 64 Y, esta vez sí, el libro
cobratorio de la contribución permite reconocer la importancia del fenómeno: los
164

terratenientes forasteros suponen más del 14% de los contribuyentes. 65 Una parte
del monte está en sus manos; tributan por ello el 4,1% de lo cargado ese año por
todos los tipos de riqueza.
Catorce años después, en 1786, el contingente de forasteros alcanza los 27
en el regadío, oriundos de trece pueblos distintos y 118 en el monte, de diez
lugares limítrofes. El porcentaje se mantiene. Por estas mismas fechas el
intendente deniega al ayuntamiento pagar el cupo de contribución anual con el
“sobrante de propios” porque hacerlo así beneficiaría a los terratenientes
forasteros. Impedimento que desaparece si los afincados se convierten en nuevos
vecinos. 66
La necesidad de tierra en los pueblos comarcanos catalanes quedó patente
también en el monte de Litera inmediato a la raya de Cataluña. Fue un proceso
posterior al de las tierras de Monegros aunque igualmente intenso. En 1834, por
ejemplo, se realiza un nuevo apeo y mojonación en las partidas del monte de Litera
al constatar “alteraciones” en las masadas de los terratenientes catalanes, que se
han apoderado de tierras del común. 67 La operación se repetirá en 1845 y 1851,
cuando el gobierno provincial (de Huesca) ordena que los forasteros de las partidas
de Litera, Monreal y Vincamet paguen un 2% del valor primitivo de las masadas en
adelante, si han roturado terrenos del Estado o de los comunes y propios, mediante
presentación de declaración jurada. De no hacerlo, el ayuntamiento podría reclamar
las fincas, como de hecho las reclamó. 68 Su intención era convertirlas de nuevo en
“comunes”, cuando se iniciaba el proyecto de construcción del futuro canal de
Aragón y Cataluña que había de regarlas, y el vecindario de Fraga se encaminaba
hacia un nuevo techo estructural en su progresión demográfica, que exigiría más
tierra de cultivo.
Con el paso del tiempo, junto a las cultivadas por vecinos, en todas las
partidas del monte se habían instalado terratenientes de casi todos los pueblos
limítrofes. Y pese a las guerras, pese a la disminución del número de brazos
disponibles para el laboreo de la tierra, el fenómeno no decayó y se mantuvo en un
porcentaje similar década tras década. Prueba evidente de que los fragatinos no
agotan la capacidad de cultivo en el monte durante la época, de que el
avecindamiento de algunos forasteros en Fraga no disminuye el porcentaje de los
nuevos forasteros afincados, y de que el proceso está profundamente enraizado y
con visos de continuidad.
Concesiones de tierra a los vecinos.
Idéntico proceso de “rompimiento de tierras” venían realizando los propios
vecinos, al amparo del concejo municipal que cedía su usufructo. Pero lo que
165

inicialmente fue sólo “derecho de reja” se convirtió con el paso de las generaciones
y las transmisiones hereditarias en título de cuasi propiedad, derivado de la
“posesión de inmemorial”, de la “posesión de muchos años acreditada mediante
testigos” o de otras fórmulas posesorias que el derecho consuetudinario parecía
avalar. Ello fue así hasta el día –en 1860- en que el propio derecho positivo
sancionó aquella costumbre, convirtiendo el usufructo en propiedad plena. (Lo
veremos en un epígrafe posterior). De momento, interesa comprobar que la
ocupación del monte por los vecinos venía también de antiguo, que fue potenciada
por las medidas ilustradas y que ocasionó constantes problemas entre labradores y
ganaderos durante todo el proceso.
Similar preocupación a la manifestada respecto de los forasteros se advierte
con los “excesos” cometidos por vecinos. En 1742, por ejemplo, el ayuntamiento
decide cobrar de quienes se exceden en el cultivo de tierras del común en la Partida
Baja y en Litera los gastos que ocasiona el apeo de sus masadas para conocer lo
que se han apropiado. Si no pagan, se les embargará la mies. 69 Otro día, en 1755,
dos vecinos serán castigados con el coste de reponer los mojones en la Partida de
Litera, cuando han aumentado “fraudulentamente” sus tierras. 70 Es decir, durante
la primera mitad del siglo XVIII, la preocupación municipal se centra en la defensa
del terreno común para su uso como pastos. Respeta el establecimiento de
labradores, pero defiende a los ganaderos. O, mejor, defiende la renta a obtener de
ellos por el arriendo de las hierbas, cuando todavía la mayor parte de los rebaños
pertenecen a ganaderos trashumantes.
Los “conservadores” de la última Concordia censal establecida entre el
ayuntamiento y sus acreedores en 1728 controlan esa renta durante la primera
mitad del siglo. Su interés estriba más en recaudar numerario para satisfacer
pensiones censales que en aumentar la producción agrícola. No afirmo que existiera
en Fraga un frente anti roturador, como ha propuesto Enrique Llopis para otras
zonas, donde “los grandes propietarios laicos y los poderosos ganaderos estantes y
trashumantes, pese a tener intereses diversos, compartían el deseo de que las
labores en tierras públicas no se ampliasen con rapidez”. 71 En Fraga parece haberse
dado más bien otra realidad derivada de una doble circunstancia: por un lado, la
presión demográfica y la demanda de tierra propiciaron la cesión de terrenos para
el cultivo del monte, y por otro, el crecimiento de la cabaña de naturales, junto al
interés del ayuntamiento por incrementar las rentas de propios con el arriendo de
los pastos, frenaron los continuos “excesos” de los labradores. La solución final
vendría por etapas de la mano de la revolución liberal en la primera mitad del XIX.
Mientras tanto, quienes mejor supieron prever o acompañar los cambios, aunaron y
166

orientaron ambas circunstancias en su favor: se convirtieron a un mismo tiempo en
labradores hacendados y en principales ganaderos.
Respecto de la primera circunstancia, -la demanda de tierra-, Fraga
respondía a la realidad predominante en muchas zonas de España. La segunda
mitad del XVIII supuso el principio del fin de los privilegios ganaderos. Sánchez
Salazar nos informa de ello. En el Consejo de Castilla se formaron entre 1752 y
1769 expedientes de distinta procedencia en los que se ponían de manifiesto los
múltiples problemas que aquejaban a la agricultura: “la subida de los precios de los
cereales, los privilegios de la Mesta, las vinculaciones y mayorazgos, la escasez de
tierras labrantías, su excesivo precio, la extensión considerable de terrenos incultos
dedicados solo a pastos, la desigualdad del aprovechamiento de las tierras…” 72
Problemas que harían ver al Real Consejo la necesidad de promulgar una ley
agraria encaminada a solucionarlos, en un largo proceso de pensamiento ilustrado
con no pocos matices y aún divergencias.
No era igual visión la de un Floridablanca, que aconsejaba “impedir el acceso
de los pudientes a las tierras municipales para no perjudicar en su disfrute a los
pobres”, que la de Olavide, quien proponía repartir las tierras próximas a los
pueblos en pequeños lotes a braceros y las más alejadas a labradores de varios
pares de bueyes y con escasa posesión de tierra, pagando por ello un pequeño
canon a la hacienda municipal o a los propietarios. El primero hablaba de reservar
el uso de los comunales a nuevos colonos sin hacienda, mientras el segundo
proponía una especie de arriendo de la tierra cedida a jornaleros y labradores,
manteniendo otros el dominio directo. 73
Jovellanos iba más lejos y sus propuestas se dirigían más a la productividad
de la tierra que a la simple extensión de los cultivos. Para él lo importante era
conjugar agricultura y ganadería estante, con objeto de obtener beneficio mutuo,
mientras le parecía indiferente el método utilizado para calmar el ansia de tierra:
pretendía su venta sin importar si se efectuaba “a dinero o a renta, en enfiteusis o
foro, en grandes o pequeñas porciones”. El interés de los compradores se
encargaría de establecer la división y el cultivo que más conviniera, según la
naturaleza del suelo y posibilidades económicas de sus dueños. Lo importante era
que el sistema elegido se adecuara a las características de cada lugar, a su
costumbre. Jovellanos estaba por la liquidación de la propiedad municipal, en el
entendimiento de que lo obtenido en las ventas, no sólo no debilitaba los ingresos
de la hacienda local sino que ayudaría a su modernización, “basada en impuestos y
no en rentas de patrimonio del sector público”. 74
Estas y otras propuestas, junto con las crisis de subsistencias que harían
temblar gobiernos al perturbar “la quietud y sosiego” necesarios en quienes
167

apetecían tierras o subsistían apenas con ellas, condujeron finalmente a la
concepción, redacción y promulgación de varias disposiciones al efecto, aplicables
primero a regiones concretas y extendidas luego, “por punto general”, a toda
España entre 1766 y 1770. 75
Según García Sanz cabe distinguir dos etapas en la legislación: la primera
entre 1766 y 1770, cuando las disposiciones legales establecen la preferencia en los
repartos a favor de los vecinos más necesitados de los pueblos –braceros y
jornaleros-, mientras a partir de mayo de 1770 los preferidos y favorecidos serán
los labradores con una o más yuntas. 76 García Sanz escribe a la luz de Segovia;
expone un caso concreto, con unas circunstancias concretas. Por su parte,
Domínguez Ortiz observa el conjunto sin diferenciar un antes y un después de 1770
y matiza que podían concederse tierras tanto a labradores como a “braceros
acostumbrados a las labores del campo” e incluso a pastores y artesanos, siempre
que tuvieran alguna yunta. 77
Si se lee el texto de las disposiciones de 23 de mayo de 1770 se advierte
precisamente “por regla general” y “a la vista de los inconvenientes suscitados en la
aplicación” de la normativa anterior, su atención a tres aspectos generales: el que
definía en primer lugar quiénes tendrían derecho; en segundo lugar, a qué tendrían
derecho; y en tercer lugar, cuánto podía costarles adquirirlo. La Real Provisión
autorizaba a la autoridad local –le daba licencia regia- para repartir tanto pastos
como tierras; en terrenos tanto comunes como concejiles. 78
En primer lugar el Rey daba por bueno lo repartido en cada pueblo hasta
entonces, siempre que la tierra se mantuviera en cultivo. Esta era la finalidad
fundamental: el fomento agrícola. Su disposición segunda advertía claramente la
oportunidad de pasar del sistema de arriendos de las tierras públicas, allí donde se
acostumbraba contratarlos, al sistema de concesión y reparto. Favorecía con
claridad el acceso a la posesión continuada de la tierra, y con ello a la “cuasi
propiedad”. La disposición tercera excluía de las concesiones al estamento
eclesiástico como ‘mano muerta’, pese a no mencionarlo explícitamente. La cuarta
priorizaba el reparto en favor de los labradores sin distinción, dejando la prelación
al libre arbitrio de las autoridades locales y manifestando en todo caso la
preocupación de las estatales por el aspecto económico de la medida: el fomento
de la producción y la productividad. Sólo después la quinta disposición evidenciaba
la preocupación social de los ilustrados: atendía a la subsistencia de los jornaleros,
de los pastores e incluso de los artesanos, aunque las condiciones restrictivas
impuestas, ligadas al cultivo efectivo e ininterrumpido del lote de tierra asignado,
dificultaría su participación.
168

Dejando por ahora al margen otras cláusulas relativas a pastos que analizaré
luego -de la novena a la duodécima-, la más interesante para la agricultura de
Fraga era la séptima. Literalmente dejaba “...en libertad a los pueblos en que los
vecinos tienen derecho de cultivar en los Montes o términos comunes, para que
puedan practicarlo, sin que en éste haga novedad; ni tampoco se cargue pensión
alguna por las tierras concejiles en los pueblos donde por no ser de propios, ni
tener sobre sí algún arbitrio hasta ahora, se ha repartido y labrado libremente, sin
pensión o canon alguno”.
La nueva disposición no innovaba respecto del antiguo “derecho de reja” que
tenían los vecinos de Fraga; antes bien lo confirmaba y lo proyectaba hacia el
futuro para consolidarlo. Se refería además y expresamente al monte, donde los
fragatinos podían saciar su necesidad de tierra con facilidad por su gran extensión.
Y, por último, dejaba clara la prohibición legal de imponer canon alguno sobre las
concesiones, razonando la adecuación de la medida a la distinción entre “tierras de
propios” y “tierras comunes”. Pese a que algún autor aduce la dificultad de
distinguir unas de otras al cabo de los siglos, 79 los sucesivos regidores de Fraga
tuvieron siempre clara esta distinción, aunque en ocasiones lo disimulasen o
aparentaran lo contrario ante ‘el exterior’. Cuando muchos años después les
convino, supieron aprovechar esa aparente confusión en beneficio de sus vecinos.
Mientras tanto, sabían que sus prerrogativas, “su libre albedrío”, radicaba en
disponer soberanamente de los pastos del monte desde muchos siglos atrás. Pero
el aprovechamiento del monte para el cultivo no era propio del ayuntamiento sino
del común de vecinos. Había llegado, por tanto, el momento de aprovechar al
máximo la nueva ley en un doble sentido: consolidar lo hecho hasta entonces,
colmando la oportunidad de incrementar la hacienda de algunos particulares y
facilitar a otros el acceso a la tierra.
Constan, desde luego, concesiones anteriores, 80 producidas al parecer
dentro de un contexto regional que operaba en idéntica dirección, en un proceso
roturador iniciado ya antes de 1700, como afirma José Antonio Sebastián. 81 No se
observan en Fraga ni las prevenciones de algunos lugares ante la ley ni la celeridad
con que otros hicieron efectiva su aplicación. Algunos expedientes del Real Acuerdo
dan cuenta de ello. Cuando la Real Pragmática sobre reparto de tierras entra en
vigor, los labradores de Castejón de Monegros, por ejemplo, no acuden al
ayuntamiento a pedirlas. Ante la extrañeza del consistorio, consciente del mucho
tiempo que llevan esperándola, uno de sus ediles advierte que la razón puede estar
en que algunos ganaderos “importantes” del lugar asustan y engañan a los
labradores, porque lo que se quiere con el decreto es “hacerlos pecheros”. Si
aquellas tierras eran consideradas de propios, la advertencia era real, pero también
169

lo era el interés de los ganaderos por dedicar aquellas tierras exclusivamente a
pastos. 82 Hora sí, se trataría del frente anti roturador del que se hizo eco en su día
Fernández Clemente y más recientemente Latorre Ciria. 83
Frente al temor de unos la rapidez de otros. El enfado de una viuda excluida
del reparto permite conocer que, en Monzón, en menos de dos años, 1766-1767, la
nueva legislación ilustrada posibilitó el reparto de 1.600 cahíces de tierra entre sus
vecinos. 84 Un reparto, sin duda, acelerado.
Respecto de la casuística fragatina, he hablado ya de la costumbre
tradicional de otorgar los nuevos sotos a los vecinos confrontantes de la huerta
vieja. En este sentido, Félix Otero cuantificó para el período 1685-1698 las
roturaciones observables en el conjunto de la huerta al comparar las alfardas de
estos dos años. En concreto se sacaron entonces 483,5 fanegas distribuidas en 78
parcelas de nueve partidas, de las cuales cincuenta y una lo eran de menos de
cinco fanegas de extensión. 85 Desconozco si se tomaron como complemento de
patrimonios rústicos ya existentes o como iniciación a las tareas agrícolas de sus
nuevos ocupantes.
Para el siglo XVIII, las actas municipales apenas hablan de concesiones de
tierra en la huerta vieja y sólo ocasionalmente las conocemos de forma expresa.
Será al analizar el aumento de tierra catastrada en la huerta cuando aflore el
volumen de las concedidas en tierra común. Su ubicación se sitúa sobre todo en las
zonas de prado de diversas partidas, en terrenos pantanosos de escasa
productividad, dedicadas hasta entonces a pastos y que posiblemente se desecaron
y sanearon como en otros lugares, para ser aprovechadas en algunos cultivos. Los
ejemplos concretos se sitúan tanto antes como después de la legislación ilustrada,
sin que dichas leyes parezcan alterar ni acelerar la costumbre. 86
Mejor documentadas están las concesiones en la partida del Secano. En
1781 la Intendencia obligó a manifestar las fincas de esta partida en una relación
conjunta con motivo del proyecto de construcción de una nueva acequia. Sus
poseedores tuvieron que detallar entonces los títulos con que cada uno las poseía.
Por dicha relación, -sólo una década posterior a la Real Pragmática de 1770-,
sabemos que tan sólo tres de sus 74 cultivadores pudieron exhibir títulos de
propiedad con escrituras del siglo XVII o anteriores. Otros veinte aducían tenerlas
por herencia, dote o capítulos matrimoniales, sin título justificativo; once de ellos
reconocían la cesión reciente de la ciudad, mientras la mayoría aportaron como
único título la “posesión de muchos años”, certificada mediante testigos o
demostraron haber comprado la tierra a terceros. Naturalmente en casi todos los
casos la causa inicial de la posesión era la cesión de terreno común anterior a la
legislación ilustrada, con un mínimo de treinta años de antigüedad. 87 En conjunto
170

ocupaban 433 cahíces de tierra en la partida y quedaba todavía un 10% de su
extensión como terreno comunal. 88
Cuando en 1819 la partida va a ser regada definitivamente por la nueva
acequia, el ayuntamiento ha de contener “los excesos que en perjuicio del común
se han advertido y prevenir los que la esperanza del próximo riego podrá
producir”. 89 Al año siguiente, 1820, un nuevo ayuntamiento constitucional acordaba
vender las tierras “que han resultado comunes en (la partida) del Secano”. La
ideología del Trienio Liberal sustituía la cesión por venta.
Respecto del monte, también el cómputo catastral ofrecerá la progresiva
expansión del cultivo, más allá de algunas noticias cualitativas que precisan sus
circunstancias. La primera referencia concreta es del año 1774, cuando, con motivo
del arriendo de los pastos, la junta de propios debe reservar a disposición del
ayuntamiento y a petición de varios vecinos “aquellas tierras de dichas partidas
que por peritos se declarasen aptas para la labranza, a fin de repartirlas con arreglo
a las reales órdenes, a los labradores que se obligasen a satisfacer aquel tanto que
por razón de las tierras que se les repartan pueda perder el común, con arreglo al
quinquenio que se previene en las mismas órdenes, y guardándose los pasos y
acampadores de balsas y parideras o corrales con la distancia y latitud que se tenga
por conveniente”. 90 Es decir, el ayuntamiento pretende compensar la pérdida de
ingresos por pastos con el cobro a los nuevos cultivadores de una cantidad
equivalente, por una sola vez. No trataba de convertir los comunes en propios; sólo
buscaba indemnizar de algún modo a la hacienda local. Indiscutiblemente lo hacía
en fraude de una ley que prohibía cobrar canon alguno por las cesiones en terrenos
comunes.
En las primeras tres décadas del siglo XIX, las concesiones en el monte y en
la partida del antiguo secano, ahora regado, son registradas con mayor detalle. Un
primer cuaderno de registro incluye las concedidas entre 1824 y 1829, siendo la
mayor superficie por solicitante la de ocho cahíces de tierra en el monte. Se
conceden a “labradores” y con menor extensión a “jornaleros labradores”. El total
de ese lustro asciende a 56 cahíces en el monte, repartido entre 11 vecinos, y a 20
fanegas en la huerta nueva, repartidas a otros cinco. 91 Un lento goteo de
concesiones que se acelera notablemente en el siguiente libro de registro. Da la
sensación de que Fraga advierte el final de una legislación propicia que puede ser
modificada pronto en sentido “liberal” –mediante venta en lugar de concesión-,
como recordaban se había legislado durante los cortos períodos de las Cortes de
Cádiz y del Trienio. Con el tradicional sistema de concesiones, el logro del dominio
útil de la tierra resultaba gratuito; con los liberales, las tierras debían comprarse.
Tal vez por eso el nuevo libro registro ofrece datos muy superiores a los del
171

quinquenio anterior. 92 Entre 1830 y 1834 se repartieron 727 cahíces de tierra de
cinco tornalls (10.728 m 2 por cahíz) a 126 individuos, lo que suponía ceder tierras
del monte al 12% de los contribuyentes fragatinos del momento. Las dos
condiciones impuestas eran: deber cultivarla y no poder venderla, “y sí sólo
transferirla por vía de dote a algún hijo o descendiente”. La mayoría de sus
beneficiarios eran cuarenta y cinco labradores, veintinueve jornaleros, cinco
apicultores, tres ganaderos y dos pastores. Del mismo modo y de forma
proporcional a su cuantía como grupo profesional, algunos vecinos dedicados a
otros sectores de actividad consiguieron también sus masadas: nueve artesanos,
cinco arrieros, cuatro comerciantes, un mesonero, un escribano (dos veces) y hasta
un presbítero que consiguió una pequeña parcela en terrenos de prado en la huerta
“para cocer cáñamo”. Tres de los hacendados fragatinos incrementaron igualmente
entonces sus patrimonios, junto a otros 17 vecinos de quienes no se indica su
oficio. Ahora, la extensión concedida a cada cual disminuía respecto del quinquenio
anterior. Aquella extensión máxima de ocho cahíces no sobrepasaba ahora los seis
cahíces de cinco tornalls. A partir de 1834 ningún otro año hasta 1860, en que
concluye el libro registro, se concedió tierra alguna. 93 Sólo continuaron anotándose
cesiones de terrenos vagos para construir viviendas, corrales de ganado, o
“tiendecitas de madera” para el comercio del mercado semanal. En definitiva, un
proceso similar al de otras localidades próximas aunque el grueso de las
concesiones parece aquí más retrasado en el tiempo que en aquellas. 94
Conflictividad de las concesiones.
Descrito como lo hemos hecho hasta aquí, el proceso de acceso a la tierra,
fruto del ansia de poseerla, parece en Fraga un proceso legal, pacífico y controlado
por las autoridades locales, cuando en realidad no siempre se produjo bajo estas
premisas. Las leyes ilustradas habían dispuesto la cesión de tierra “en manos
legas”. Los ediles fragatinos se saltaron en ocasiones la norma adjudicando tierra a
eclesiásticos y manos muertas. El prior de la iglesia parroquial de San Pedro fue
uno de los primeros beneficiados con la concesión en 1776 de una masada de 40
cahíces de sembradura al supuesto amparo de la Pragmática de 2 de mayo de
1775. Según la interpretación del ayuntamiento, la norma proponía repartos “a fin
de que, en todos los pueblos de Aragón, a beneficio de sus vecinos, se señalaran
las tierras comunes que fueren aparentes para el cultivo, con tal no redundase en
perjuicio de tercero”. No había porqué distinguir entre unos vecinos y otros. 95
Tres años antes, el capellán de la capellanía de San José, de patronato de la
ciudad, recibía 60 cahíces de tierra “en el Riberal del Ebro, de las de vendición Real”
para usufructo de los sucesivos capellanes y en aumento de la congrua necesaria
172

para que pudieran ordenarse de presbíteros “y sin que pueda enagenarse”. El
ayuntamiento la concedía “así como también se han concedido a diferentes vecinos
en diferentes tiempos, así en lo antiguo como al presente”. 96 Tampoco había de
hacerse en este caso distinción de personas. Pero resultó que la concesión chocaba
con la que previamente se había concedido en las mismas tierras al vecino Antonio
Guallart. 97 El Archivo Histórico Nacional conserva el expediente causado a instancia
de Guallart, suplicando al Consejo de Castilla ordenase la expulsión del presbítero
de sus tierras. La inicial concesión a Guallart se había producido en 1769 cuando
exponía “que siendo natural de Fraga y en la actualidad vecino de Lérida”,
solicitaba la cesión de diez cahíces de sembradura para volverse a Fraga y
avecindarse en la ciudad. El ayuntamiento se la concede y lo mantiene en posesión
pacífica hasta el señalamiento de la finca al presbítero, -que abarca la suya-, y
quien pretende llevarle a pleito. El asunto llega al Supremo Consejo, quien en 18 de
febrero de 1775 ordena al ayuntamiento poner en quieta y pacífica posesión de la
tierra a Guallart, debiendo informarle “en virtud de qué facultad o licencia procedió
al reparto de tierras para aumento de la congrua de un presbítero”. Los ediles
responden aportando el acta de la sesión en que se oficializó la concesión y alegan
que aquella finca se cedió en un territorio propio de la ciudad, “del que es señora” y
con la condición de no poder enajenarlo sin permiso del obispo de Lérida. El
Consejo de Castilla pide a Fraga le informe de cuántas veces ha entregado tierra a
presbíteros y con qué derecho o privilegio lo hace. Fraga entendía estar cediendo
tierra de propios, mientras el Consejo de Castilla veía cesión de comunes de
acuerdo con una legislación que impedía poner más tierra en manos muertas.
El conflicto, en este caso, se sustancia entre vecinos particulares, pero
también los hubo entre éstos y el propio ayuntamiento. Si hubo un ejemplo
conflictivo entre el interés privado y el público ese fue sin duda el que explicita el
pleito entablado entre una de las familias hacendadas de Fraga –los infanzones
Foradada- y el ayuntamiento, en disputa por la pardina de la Torre del Almarjal,
una extensa finca en el límite entre los términos de Fraga y Velilla de Cinca.
Durante más de sesenta y cinco años se discutió sobre el carácter de finca
particular o terreno común de la mayor parte de ella, sin que conozcamos la
resolución final del caso. 98
Conozco en cambio el desenlace de otros pleitos por motivos semejantes.
Los hacendados don Miguel Aymerich y don Ramón Rubio –infanzón de solera el
primero y aspirante advenedizo el segundo- pleitean en 1785 por un desfalco en los
haberes que debía guardar el arca de propios. En su trascurso vieron la luz acciones
improcedentes de uno y otro en su etapa de regidores y, finalmente, el Real
Acuerdo advertía a los ediles en su sentencia que “no deben permitir en tiempo
173

alguno reciban de él (del ayuntamiento) sus capitulares en la sazón de serlo, parte
de terrenos para masadas ni otros fines, desvaneciéndose así la sospecha de que la
donación no sea libre y espontánea”. 99
Sentencia que caería en saco roto cuando en 1797, un niño de corta edad
pide al ayuntamiento se le conceda un terreno común en el monte. Varios
concejales votan favorablemente. El síndico opone la prescripción que la ley
establece para el reparto de comunes a labradores y a jornaleros siempre que la
trabajen, sin poderlas arrendar ni vender; que el niño no es labrador, sino su
padre, que es regidor. Y concluye que “tampoco se le puede conceder si como
parece la pide para su padre, puesto que está dispuesto por varias sentencias que
no pueda repartirse a los regidores alhajas del común”. Sus compañeros de
consistorio deciden posponer la decisión, pero en la siguiente sesión se le concede
la tierra. 100
El poder de los regidores queda patente en otras ocasiones, como cuando un
vecino debe ceder a uno de ellos la tierra que previamente se le había asignado y
ahora le obligan a vendérsela; un ejemplo de prepotencia del entonces regidor y
luego corregidor con los franceses en 1811, Rubio-Sisón, cuando la Contaduría
General pide de forma reservada a la municipalidad del momento un informe sobre
su comportamiento, para comprobar si ejerce su cargo en beneficio del bien
público. 101
Aunque estos ejemplos parezcan significativos por el estatus social de
quienes se ven involucrados, otros muchos de carácter anónimo salpicaron
permanentemente el proceso de concesión de tierras. No siempre ni siquiera
habitualmente su demanda se tradujo en petición ordenada al ayuntamiento. La
mayoría de las veces la apropiación era pura y simplemente ampliación de masadas
ya existentes y escalio en las zonas comunes de la huerta. Nadie mejor que los
interesados en el cobro de diezmos sabían del problema. La advertencia se percibe
en 1819, en carta de mosén Ramón Rubio, administrador de los diezmos de la Mitra
y oficial eclesiástico de Fraga, al mayordomo del obispo: “si esto se deja así, el año
que viene, en todos los pueblos, el que tiene en su masada ocho cahizadas, si
confronta con comunes, se alarga dos o tres o más”. 102
El fenómeno no era nuevo. Félix Otero informó de ello ya para finales del
siglo XVII. 103 Según Otero, en los quince años anteriores a la guerra de Sucesión, la
ocupación de tierras comunes en las partidas del monte era práctica habitual; las
determinaciones del concejo demostraban su impotencia para impedirlas e incluso
el ‘derecho’ que los particulares creían tener de inmemorial para ocuparlas. Cien
años después, con legislación ilustrada y sin ella, el problema del escalio continúa,
luego de un siglo de permanente ocupación de la tierra.
174

Finalmente, con ser estos botones de muestra ejemplos de una conflictividad
relevante, el mayor conflicto fue el que enfrentó a labradores y ganaderos por los
pastos del monte cuando la legislación liberal iniciada en Cádiz cambió el contexto
general y las condiciones de reparto del producto agrario. Por el Decreto de las
Cortes de 8 de junio de 1813 se ordenaba la privacidad de los pastos de las tierras
particulares. Por el de 9 de abril de 1820, los gobernantes del Trienio Liberal
ratificaban aquel decreto anterior. Acatando la nueva legislación, el ayuntamiento
ordena entonces el enésimo apeo de las masadas particulares para conocer qué
terrenos son comunes y cuáles no, con el fin de arrendar los pastos en los primeros
y reservar el disfrute a sus dueños en los segundos. Reconoce la dificultad de
llevarlo a cabo por lo “enlazados” que se hallan unos terrenos y otros y comisiona a
varios regidores para que, acompañados de dos pastores, periten los pastos y
ajusten el número de cabezas de ganado que quepan, -para su arriendo a los
ganaderos que pujen en la subasta-, en beneficio de los intereses de propios.
Los vecinos con tierra en el monte entienden que el ayuntamiento quiere
desposeerles de sus masadas, de las que se les exige demostrar que son suyas o
cedidas. Los ediles exhiben la Real Cédula de 1770 originaria de las concesiones y
recomiendan a los peritos considerar como comunes aquellas tierras que no hayan
sido cultivadas desde el fin de la guerra de la Independencia, y que no sean
poseídas por un vecino por más de treinta años, lo que las convertiría en propiedad
particular. Igualmente, acuerda no ceder más terreno de los comunes en el monte
hasta que no haya una nueva ley de carácter general que lo permita, porque si se
ceden nuevos terrenos a particulares para dedicarlos a pastos, de acuerdo con el
decreto de 9 de junio de 1813, “se formarán las más ambiciosas dehesas acotadas
en perjuicio general”. 104 Es decir, la irregularidad que pretendía evitar el
ayuntamiento era que algunos vecinos pidieran tierras comunes amparándose en
las leyes ilustradas de fomento de la agricultura y, sin embargo, las dedicasen a
pastos en su exclusivo beneficio, de acuerdo con la legislación liberal. Repetía
además la obligación de excluir del arriendo las fincas particulares y las asignadas
cultivadas en los últimos seis años, mientras la “común” partida de Estorzones
(Liberola, Valcuerna, Vedado y Valdurrios) procuraría arrendarse por más precio
que en años anteriores para compensar “la gran rebaja que el respeto de las
propiedades produce en las demás partidas”. 105 Los nuevos ediles liberales
pretendían cambiar el tradicional curso de las cosas, aunque durante la década
siguiente, rebasado el paréntesis del Trienio, todo continuó como hasta entonces,
con nuevas concesiones en equilibrio inestable con el arriendo de pastos.
175

El mayor conflicto: el cerramiento de fincas.
Concluida la Década Ominosa, muerto el Rey Fernando y en el poder la
regente María Cristina, los interesados en proteger sus masadas y su derecho
exclusivo de pasto en las mismas se apresuran a reconducir el proceso en el nuevo
contexto liberal. Al amparo de la Real Orden de 11 de febrero de 1836, el ‘noble de
Aragón’ don Medardo Cabrera –reconvertido ahora en ‘propietario de arraigo’-,
reclama sin éxito del Jefe Político de la Provincia (de Huesca) “sobre el reparto de
las yerbas entre los vecinos hecho por este ayuntamiento”, quejándose de que
había comprendido en él las masadas de dominio particular, siguiendo la
costumbre. El gobernador dispone que subsista la asignación de hierbas efectuada
y recomienda a Cabrera deducir en justicia su pretendido derecho. 106 Y, en efecto,
tras este primer intento fallido será el ámbito judicial el que dirima desde entonces
una cuestión que afecta intereses encontrados.
Pérez Sarrión adelanta el posible aumento de la conflictividad entre
labradores y ganaderos aragoneses a la segunda mitad del siglo XVIII. 107 Alguna
casuística en tierras de la Cataluña interior ha sido analizada por Elisa Badosa Coll
centrándose en la necesidad de protección de la agricultura mediante los
“cercamientos” ya durante ese mismo siglo; 108 y para la región valenciana, David
Bernabé Gil ha sintetizado los componentes esenciales del problema de los pastos
entre los particulares que pretenden cercar sus dominios, la hacienda municipal, el
patrimonio Real y los ganaderos locales y forasteros. La intensificación de los
debates –afirma- “se hizo inevitable cuando a la creciente presión de la demanda se
unió el avance del individualismo y la privacidad en la configuración de las
relaciones de propiedad”. 109
En las tres regiones, los conflictos entre labradores y ganaderos se acentúan
desde la segunda mitad del siglo XVIII y en ese contexto general debe encuadrarse
la casuística fragatina ya descrita. Pero ahora, a finales del primer tercio del XIX, se
trataba de que las tierras ocupadas por los labradores no pudieran ya ser
usufructuadas por los ganados de terceros al estilo tradicional. Se trataba de que
cada cultivador, apoyado en la nueva legislación liberal, obtuviera de sus masadas
una renta adicional por sus pastos aunque, si el labrador era al mismo tiempo
ganadero, el coste de apacentar su rebaño en tierras ajenas aumentase también
con la limitación del derecho de pastos. Por eso se produjeron diversidad de
opiniones y posturas encontradas tanto entre ganaderos como entre labradores.
Realmente eran un grupo reducido de vecinos quienes participaban de la
doble condición de labradores y ganaderos, o mejor, de hacendados y ganaderos.
Solían participar como concejales en la administración de las rentas provenientes
del arriendo de los pastos. De ahí que prefirieran mantener el statu quo tradicional.
176

Frente a ellos se situaban quienes no querían perder la oportunidad de pasar de
poseedores a “propietarios absolutos”, de aprovechar en exclusiva los pastos de sus
masadas y poder incluso obtener alguna renta de su arriendo a terceros.
Naturalmente, quienes con mayor ardor estaban dispuestos a defender su nuevo
derecho eran los mayores contribuyentes por hacienda rústica. Pero también entre
ellos se encontraban quienes poseían los mayores rebaños. De ahí el confuso
choque cruzado entre ambos grupos. De ahí también la posición de observador
neutral que adoptó el ayuntamiento de turno cuando el problema explotó. Como
igualmente comprensible fue la posterior toma de posición de éste a favor de los
ganaderos, defendiendo al mismo tiempo los ingresos de la hacienda local.
La chispa inicial prendió el problema en 1837 cuando una infanzona oriunda
de Fraga con residencia en Huesca, (a donde su familia había emigrado a mediados
del siglo XVIII), conseguía el uso exclusivo de los pastos de su masada. Doña
Carmen Doménech acudía a la Diputación Provincial solicitando se declarasen de su
absoluto uso y aprovechamiento los pastos y demás frutos de una masada de
noventa cahíces que poseía en la Partida del Medio. La Diputación resuelve el 18 de
julio en su favor con arreglo a lo dispuesto por la legislación vigente sobre deslinde
y acotamiento de la propiedad, pese a las protestas reiteradas del ayuntamiento, y
dicha resolución es posteriormente confirmada por el gobierno central en Real
Orden de 5 de febrero de 1838, segregando desde entonces su finca de la tasación
de pastos de la “dehesa del Medio”. 110
Su ejemplo inicial serviría en adelante de referente para los poseedores de
tierra en el monte. El alcalde presidente del momento, Salarrullana, era consciente
del perjuicio que esta resolución podía suponer para la hacienda municipal. Durante
sesiones los ediles discutieron apasionadamente y sin ponerse de acuerdo sobre la
conveniencia de llevar el caso a los tribunales, decidiendo consultar previamente
con dos letrados de Zaragoza. 111 El caso de doña Carmen Doménech beneficiaba
desde luego a algunos de los propios concejales, ‘dueños’ de masadas de
considerable extensión y al mismo tiempo ganaderos. Tuvieron buen cuidado de
que la orden Real quedara cosida al libro de actas junto a otra posterior fechada
como Real Orden de 14 de noviembre de 1842, y rotuladas ambas como “conflicto
de los labradores”.
La nueva orden se comunicaba al ayuntamiento el 13 de diciembre de ese
último año. El jefe político de Huesca trasladaba la decisión del Regente Espartero,
zanjando la cuestión de los pastos que cada vecino poseía en sus masadas. Decía
Espartero que
“en virtud de las razones expuestas, de lo que previenen las disposiciones legales de la
materia y de lo acordado en casos de esta naturaleza, se ha servido resolver: que
consiguiente a la ley de 8 de junio de 1813 y a la Real Orden de 11 de febrero de 1836,
177

los propietarios están en plena posesión de todos los productos de sus fincas que deben
considerarse como cerradas y acotadas; y si el ayuntamiento de Fraga o alguno en virtud
de títulos particulares se considera con derecho a los pastos de las mismas, dirija sus
acciones ante los tribunales de justicia, según las leyes previenen. Huesca 22 de octubre
de 1842”. 112
La situación daba un vuelco. Ahora la carga de la prueba recaía sobre el
ayuntamiento. Debía probar en justicia su ancestral derecho a los pastos.
Inmediatamente se celebra una sesión abierta con los propietarios interesados en el
cerramiento de sus fincas. Advierte el alcalde que la realización de dicha
providencia exige tiempo y meditación para conseguir a un mismo tiempo el interés
de los propietarios y el del aprovechamiento común del vecindario. Como la orden
se comunica a Fraga cuando ya se ha efectuado ese año la subasta de pastos, el
alcalde propone dejar “por ahora” el reparto tal como está y hasta el día tres de
mayo del año siguiente (cuando los ganados salen de las partidas) y, mientras, se
deslinden las fincas y se realice el apeo de los montes comunes. Los asistentes
aceptan unánimes la propuesta del alcalde, pero a su vez proponen que el producto
del arriendo de los pastos de este año se distribuya proporcionalmente entre los
propietarios de las masadas y el fondo de propios. Para llevar a cabo la
“transacción” nombran varios representantes del ayuntamiento y de los más de
treinta propietarios asistentes. El acuerdo era sólo una fórmula dilatoria de la
solución final.
Dos años más tarde, cuando el asunto pende ya de los tribunales, el
ayuntamiento es acusado de negligencia por su procurador síndico general en la
defensa del “bien común” que representan los arriendos de pastos como “bien de
propios” del ayuntamiento. Relatar las disputas que proporciona la documentación
de aquellas fechas sería interminable. El pueblo quedará profundamente dividido
por un problema considerado de capital importancia y los argumentos de quienes
se posicionan del lado de los labradores rebatidos con pasión por quienes lo hacen
en defensa de los ganaderos; y viceversa. Es entonces cuando con mayor
insistencia se confunden, -a veces deliberadamente-, bienes y territorios de
aprovechamiento común, con los gestionados como propios por el ayuntamiento. La
confusión resulta desde luego interesada por ambos bandos.
Unos, por ejemplo, arrojan sobre los otros el inminente peligro de ruina y
miseria que causará la desaparición de los “comunes” a las quinientas familias
dedicadas en Fraga al carboneo en los términos de Allà Dins. (Ambos grupos hablan
de los terrenos “comunes” pero ninguno de ellos se refiere a lo más importante: el
arriendo de los pastos como “propios” del ayuntamiento). Los otros rebaten el
argumento esquivo y replican que las familias de carboneros no llegan a las
178

cuarenta. Una cuestión que con ser importante no afecta a la libre disposición de
los pastos.
Unos alegan que con el cerramiento de las fincas lo único que se conseguirá
es favorecer a los “terratenientes forasteros”, que durante años han estado
apropiándose de la leña del bosque; los otros denuncian que son los propios
fragatinos quienes se aprovechan vendiendo el carbón a forasteros “y hasta a
Zaragoza”. En realidad todos eluden el verdadero problema: evitan la referencia
directa a aquellos antiguos vecinos y ahora ‘forasteros oriundos’ que poseen
extensas masadas y que incrementarían sus rentas si, como tales dueños, pudieran
arrendar pastos en su exclusivo beneficio. Ni unos ni otros vecinos y concejales se
atreven a nombrarlos abiertamente, a denunciar su posible incremento de renta,
como descendientes de antiguas familias infanzonas que son.
Cuando finalmente abordan el fondo de la cuestión, los ganaderos se
remontan al siglo XIV en un intento por demostrar su antiquísimo derecho, cuando
“el Montcada” cedió al concejo en enfiteusis los pastos de “Mont Negre”. Sus
oponentes labradores exigen detallar con escrituras cuáles son esos montes; en
qué partidas están; “cuáles sus confrontanzas”; y si aquella “venta” tuvo o no que
ver con los montes de Litera, etc. 113 Lo que unos tachan de negligencia otros lo
entienden como prudencia y neutralidad. El nuevo alcalde Andrés Barber, ganadero
“que ha hecho causa común con el cuerpo de ganaderos” (y es también
hacendado), manifiesta querer defender la propiedad del monte “para el común de
los propios de la ciudad” (¡vaya frase!), pero asegura mantenerse neutral en su
argumentación. En realidad las dos opciones le favorecen y deja al teniente de
alcalde defender los derechos del ayuntamiento.
El 19 de enero de 1844 el juez de primera instancia de Fraga confirma en
favor de los ganaderos su auto de manutención emitido en 1841, por lo que el 9 de
mayo los labradores apelan ante la Audiencia Territorial. De nuevo el jefe político
de la provincia recrimina al ayuntamiento su neutralidad, que sigue interpretando
como negligencia en la defensa de los bienes de propios. El alcalde replica que
quiso consultar con dos abogados de nota y un tercero en discordia, de acuerdo con
la propia Ley Orgánica de Ayuntamientos, y pese a que en la anterior ocasión en
que se consultó con juristas éstos afirmaron que los pastos del monte eran de
propiedad del común. Lo hizo –alega- para que nadie nunca le apellidase como
parcial en un asunto en que, como ganadero que es, ha tomado parte activa en el
pleito, en unión con la mayoría de los de esta clase. Pero entiende que este asunto
es de los de mayor interés y preferencia para los vecinos y que el ayuntamiento no
puede desentenderse. Por eso propone, de acuerdo con el jefe provincial, una junta
de labradores y ganaderos que arregle amistosamente la disputa.
179

La junta se reúne en enero de 1845. Asisten por parte de los ganaderos
(todos calificados como “don”) José Salarrullana, Eusebio Cabrera, Joaquín Isach y
Modesto Matías Foradada. Y en representación de los labradores (ninguno con
“don”) Pablo Vera, Agustín Masip, Antonio Cabrera Agustín y Joaquín Grau Galicia.
Los ganaderos dicen que si sólo se tratase de vecinos de Fraga (propietarios de
tierras de monte) accederían a pagar a los particulares por las hierbas, pero como
hay numerosos terratenientes forasteros que se beneficiarían de derechos que
nunca han tenido, no acceden a ello. (Ahora sí salen a la luz los verdaderos
argumentos). Por su parte, los labradores dicen que quieren ser “dueños absolutos
de sus tierras”, y sólo uno de ellos accede a volver al sistema anterior. No llegan a
un acuerdo. 114 Será el tribunal de la Audiencia quien finalmente ratifique la
sentencia en favor de los ganaderos y, a partir de entonces, cualquier disputa
interpuesta relativa a las masadas y los pastos se resolverá acorde con ella. El
arriendo de los pastos en buena parte del monte seguirá en manos del
ayuntamiento hasta hoy.
2.2.3 El perfeccionamiento de la propiedad.
El conflicto de los pastos y las masadas resultaba concomitante con el más
general de la enorme cantidad de tierra “amortizada” hasta entonces en manos de
la Iglesia, de la nobleza, y del propio Estado, además de en otras instituciones
como los ayuntamientos. Tenía que ver con el paso de la simple posesión de tierra
a su disfrute en plena propiedad. Era la pretensión de aquellos labradores
fragatinos que aspiraban a ser “dueños absolutos” de sus tierras.
Las desamortizaciones.
En puridad, tanto la pugna final entre labradores y ganaderos como el fin del
largo proceso desamortizador en España rebasan el ámbito temporal del presente
estudio; pero resultan significativos respecto de algunos personajes de nuestra
cuarta generación, por lo que debemos abordarlo. Las desamortizaciones de
Mendizábal, Espartero y Madoz son fruto pleno de la Revolución Liberal. Tan sólo
los primeros intentos desamortizadores durante el reinado de Carlos IV y de
Fernando VII deberían ser objeto de nuestra atención. Sin embargo, la secuencia
de concesiones, apropiaciones y cerramientos de tierras que vengo describiendo
sólo se comprende plenamente si prolongamos su análisis hasta la “legitimación” de
las masadas, como consecuencia de la Ley de desamortización general llevada a
efecto por el ministro Madoz.
Del mismo modo resulta útil a nuestro objeto conocer el destino final de
algunas fincas de titularidad eclesiástica, sometidas a similar proceso
desamortizador desde Godoy a Mendizábal y Espartero. En concreto las tierras
180

administradas o dadas a censo o arriendo por las cofradías, capellanías, los
conventos de agustinos y trinitarios así como las del capítulo eclesiástico. Dejaré al
margen –por ser un proceso posterior no iniciado sino en la segunda mitad del siglo
XIX-, la desamortización de todas aquellas parcelas sujetas a cargas censales,
cuyos poseedores del dominio útil sólo comenzaron a “redimirlas” desde entonces.
Por seguir el orden en que cada uno de los procesos se produjo, comenzaré con la
desamortización eclesiástica y concluiré con la civil.
Miguel Artola entendía que la idea ilustrada de la enajenación del patrimonio
de la Iglesia tenía sus antecedentes más próximos en las proposiciones de los
secretarios de Hacienda y en las de las Juntas de Medios durante el reinado de
Carlos IV. La que se reunió en 1794 había llegado incluso a enumerar un conjunto
de bienes enajenables: el patrimonio de las fundaciones para redención de cautivos
y socorro de peregrinos, las fincas de la Corona no utilizadas por los reyes, una
parte de los maestrazgos y encomiendas…. El Consejo de Estado aprobó el plan,
pero su realización se demoró durante varios años, en los que la idea reapareció
como un nuevo proyecto en sucesivas memorias ministeriales, hasta que, en el
conjunto de decretos de 19 de septiembre de 1798 se incluyeron tres destinados a
desamortizar el patrimonio de las “obras pías” -hospitales, hospicios, casas de
misericordia, de reclusión y de expósitos, memorias y patronatos de legos-, el de
las temporalidades de jesuitas y el de los colegios mayores. 115
Mariano Peset expuso las razones del proceso desamortizador en su doble
ensayo sobre la propiedad de la tierra: primero la situación de la hacienda pública
y, con mayor relevancia, la finalidad política y social, al menos desde el período de
las Cortes de Cádiz o del propio José Bonaparte. Se trataba de atraer partidarios
entre las personas que se enriquecían con estas transferencias desde la Iglesia a la
burguesía. (Otros historiadores han añadido la necesidad posterior de atraer
partidarios del liberalismo frente al carlismo). En nuestro caso se beneficiaría a una
burguesía rural ascendente, unida a una pequeña nobleza aliada con ella en los
negocios y en la propiedad de las tierras.
Junto a la penuria de la Hacienda y la preocupación del Estado liberal
naciente, Peset añade razones de tipo económico. Al mantener las tierras fuera del
mercado, su precio aumenta y no le es posible al capital extraer beneficios de su
cultivo. Se imponía por tanto “un nuevo sistema de apropiación de renta distinto al
de las clases noble y eclesiástica cuyos privilegios jurídicos no precisaban de esta
explotación más intensiva y capitalista que después se realizará”. 116
Domínguez Ortiz dio noticia temprana de las leyes desamortizadoras de fines
del siglo XVIII y primera década del XIX. 117 De ellas, la primera que incidió en
Fraga fue la de 1798, sobre bienes eclesiásticos no afectos a cura de almas.
181

Conozco tres ejemplos de ello. El primero protagonizado por uno de los
comerciantes fragatinos en ascenso y regidor, Joaquín Miralles, quien adquiere un
huerto en la partida de los Alcabones a la cofradía de San José. La adquisición la
realiza “con las facultades atribuidas al corregidor de Fraga en la Real Cédula de 25
de septiembre de 1798, para que su valor sirviese de aumento de capital en la Real
Caja de Amortización, dispuesta por S. M”. 118
Por el segundo ejemplo vemos el tremendo aumento de valor adquirido por
la tierra de regadío. Las propiedades del Beneficio de San Marcos o “de Amada” son
vendidas por el subdelegado del juez regio en 1807, en virtud de la Bula de S.S. de
12 de diciembre de 1806 y la Real Cédula de 21 de febrero de 1807. La Real
Hacienda satisfaría al beneficiado desde entonces una pensión anual del 3%. Los
bienes se habían agregado al beneficio por el testamento de don Ramón de
Montañana en 1734, siendo su precio entonces, -valorado por peritos-, de 1.500
libras. Ahora, en el momento de la venta, ascendían a 7.383 L. Su valor se había
quintuplicado en setenta y tres años. 119 Desconozco quiénes los adquirieron.
El tercer ejemplo es más enjundioso. Nos informa de cómo, cuándo y sobre
todo a quién fueron a parar la mayor parte de las propiedades rústicas de las
cofradías de Fraga. Lo sabemos por el testamento de don Esteban Casaus
redactado en 1809. Casaus, natural de Jaca, fue durante años notario y secretario
accidental en Fraga, a donde llegó ya como apoderado de la marquesa de Ayerbe,
señora del lugar de Albalate de Cinca en la comarca. Desempeñó durante años los
empleos de diputado del común y miembro de la junta de propios. Era hermano del
abad de Ripoll, estaba casado con una Miralles -hermana del comprador citado
arriba- y cuñado del corregidor; por su mujer estaba emparentado con los
infanzones Catalán y otras familias de la elite local; mantenía una estrecha relación
de amistad y negocios con el infanzón don Vicente Monfort, con quien durante el
primer año de la guerra de la Independencia había sido asentista del ejército
español y realizado el acopio de víveres en la villa de Pina, para el primer sitio de
Zaragoza. En su testamento reconoce haber comprado diferentes fincas de las
cofradías de Fraga, con arreglo a las Reales Órdenes, “por las dos terceras partes
de la tasación”. Por eso, su última voluntad es que “se entregue a las mismas en
dinero la tercera parte restante, por vía de limosna, con el objeto de que no queden
tan perjudicadas”. Del mismo modo, dispone que cuando se produzca la defunción
de su esposa usufructuaria, todos sus bienes pasen a poder de Ntra. Sra. Del Pilar
de Zaragoza. 120 La sensación de arrepentimiento de quien siente haber causado un
perjuicio a terceros se hace patente.
* * *
182

Un segundo capítulo desamortizador de bienes eclesiásticos se producirá
temporalmente durante la guerra de la Independencia, y en Fraga se sustancia con
la nacionalización de los bienes de conventos suprimidos por José Bonaparte. 121 Su
gobierno había constituido en 1809, dentro del ministerio de Hacienda, la Dirección
General de Bienes Nacionales, y desde entonces percibiría numerosas rentas
eclesiásticas, en lo que pretendía ser un nuevo proceso desamortizador. Por el
decreto de 18 de agosto se suprimían la mayoría de los conventos y casas
monásticas, con lo que dicha Dirección General alcanzaba su verdadero cometido.
Napoleón castigaba de este modo el levantamiento general del país en su contra.
Levantamiento que, según Pierre Vilar, el emperador “atribuía demasiado
someramente a la acción de los monjes”. 122 Similar explicación da el profesor
Álvarez Junco cuando afirma que “todos los observadores, empezando por los
generales franceses y hasta el propio emperador, coincidieron en atribuir al clero
católico el papel protagonista en la movilización anti napoleónica española”. 123 Por
tanto, a su ideología revolucionaria y burguesa, los franceses podían añadir la
enemiga de curas y frailes en beneficio de sus propósitos. La nacionalización de los
bienes del clero regular cumpliría el doble propósito de sancionar su rebeldía y de
constituir el paso previo a la puesta en el mercado de aquellos bienes, para ser
gestionados por manos más dinámicas.
Desde febrero de 1810, la administración correspondiente a Aragón había
sido separada de la de Madrid, como consecuencia de los decretos de Napoleón, por
lo que se dejaban en manos militares y en concreto en las de Suchet, los territorios
al norte del Ebro. Por su decreto de 22 de noviembre de 1810, el general ordena a
la municipalidad de Fraga arreglar los expedientes oportunos para que la
Administración de Bienes Nacionales se incorporase las tierras de los tres conventos
de la ciudad: agustinos calzados, trinitarios calzados y capuchinos.
Con la segunda entrada de los franceses en Fraga es nombrado
administrador de Bienes Nacionales para el nuevo “distrito” fragatino el vecino José
Rubio-Sisón Viñals, quien debe hacerse cargo de todos los bienes de regulares. 124
Tan sólo dos meses luego de su nombramiento, el gobernador Musnier informaba
favorablemente la solicitud de Rubio-Sisón para que se le confiriese el convento y
huerto de capuchinos “interinamente”. 125 Rubio lo había solicitado en compensación
de los perjuicios y atropellos sufridos. Musnier le comunica la concesión del
convento y huerta, advirtiéndole que puede segregarlos del cúmulo de los bienes
nacionalizados. Igualmente, ese mismo día, el comisionado principal oficia al
intendente Menche advirtiéndole de la segregación. 126 La operación no puede tener
un carácter más público y notorio. En realidad la cesión del edificio del convento y
el huerto de los capuchinos era un regalo que los franceses ofrecían a un
183

colaborador de su política contra los bienes de manos muertas. Era una
compensación proporcional a la responsabilidad y el riesgo del cargo que asumía,
frente a quienes en Fraga no veían con buenos ojos el secuestro de los bienes de
los conventos: costó encontrar quien quisiera tomarlos en arriendo ni trabajarlos,
pese a que las órdenes francesas proponían unir las parcelas de huerta con las de
monte “para que de este modo se reparta lo bueno con lo malo y mediano, y entren
todas en labor”. 127
Concluida la guerra, los eclesiásticos reclaman la devolución de sus
propiedades, 128 de acuerdo con el decreto de Fernando VII de 20 de mayo de 1814
y volverán a perderlos durante el Trienio Constitucional, cuando entre el 26 de
mayo y el cinco de junio de 1821 el representante del Crédito Público en Fraga,
Joaquín Camí Sartolo, toma posesión de ellos con intervención del alcalde
constitucional José Aznar y de acuerdo con el decreto que disponía la extinción de
los conventos. 129 Pero tampoco en este período encontrarán ningún vecino
dispuesto a arrendar ni comprar las fincas rústicas de los regulares.
Con la vuelta al sistema absolutista desde 1823, los libros de la alfarda
vuelven a incluir al convento de trinitarios con 533 fanegas de regadío entre la
huerta vieja y la nueva; a los agustinos con 117 fanegas en la huerta vieja y a los
capuchinos con el huerto de cinco fanegas que Rubio se ha visto obligado a
devolver. 130 Las fincas, ahora sí, están arrendadas y sus arrendatarios corren con el
cargo de satisfacer la contribución, por lo que no aparecen en el catastro de 1832 a
nombre del clero regular, que únicamente contribuye por sus rentas censales.
El desenlace definitivo llegará con la desamortización de Mendizábal y el
decreto de 11 de octubre de 1835 que determina de nuevo la extinción del clero
regular. La Comisión subalterna de arbitrios de amortización establece entonces un
inventario de todas las fincas rústicas y urbanas pertenecientes a los agustinos,
trinitarios y capuchinos, con arreglo a la circular de la Dirección General de Rentas
y Arbitrios de Amortización de fecha 12 de agosto de 1835. Sus responsables en
Fraga –primero Cristóbal Calavera y Robira y luego Joaquín Isach y Junqueras-
asumían en nombre del Estado el dominio directo de dichas fincas arrendadas o
dadas “a medias” a varios vecinos. 131 En los años siguientes se pondrá en subasta
pública un nuevo arriendo de todos estos bienes 132 y, finalmente, entre 1840 y
1844 se procederá a su venta.
Según un estudio de Javier Costa Florencia, las fincas de los agustinos
vendidas finalmente en el período 1836-1844 alcanzaron la suma de 338.368 reales
de vellón y las de los trinitarios en Fraga y Torrente de Cinca los 349.920 reales.
Igualmente señala la venta del huerto de capuchinos, sin que se conozca su precio
de remate. 133 Sabemos que la finca más extensa de los agustinos, conocida como
184

torre o cerrado de San Agustín (114 fanegas en Alcabones), la adquiere el propio
comisionado Joaquín Isach y Junqueras. La de mayor cabida de los trinitarios (266
fanegas de la llamada Torre de los Frailes en el término de Fraga junto con otras
270 fanegas contiguas pero en el lugar de Torrente) acaba en manos del infanzón
hacendado y mayor contribuyente fragatino don Francisco Monfort Barber. La finca
la adquiría luego de varios intentos fallidos por subastarla en pequeñas parcelas,
cuyos compradores no fueron capaces de acudir a los pagos estipulados. Con estas
ventas, las fincas cambiaban de ‘manos’, alterando en un pequeño porcentaje la
estructura de la propiedad en beneficio de dos de los mayores hacendados laicos.
Con este cambio, el patrimonio rústico de los eclesiásticos regulares incrementaba
el de algunos de aquellos hombres nuevos del comercio que ya conocemos.
* * *
Al mismo tiempo, con la Ley de 2 de septiembre de 1841 se iniciaba el
proceso desamortizador del clero secular durante la Regencia de Espartero. La ley
declaraba bienes nacionales todas las propiedades, fábricas de las iglesias y
cofradías “con objeto de extinguir o minorar con ellos la deuda del Estado y atender
el presupuesto de culto y clero”. El 4 de febrero de 1842, a requerimiento de la
Comisión Especial de los bienes y treudos del clero secular de la provincia, el
capítulo eclesiástico remite a Huesca la relación de sus bienes rústicos y urbanos,
así como los censos impuestos sobre particulares de Fraga y varios lugares del
entorno. La Comisión responde al ayuntamiento el 8 de febrero de 1842 que está
de acuerdo con la relación de fincas urbanas y rústicas presentada, pero no con la
de treudos, por falta de cumplimiento en varias casillas del modelo remitido.
Además de innumerables censos sobre particulares, los bienes declarados por el
capítulo son los siguientes: un molino harinero por el que obtiene 4.991 reales de
vellón anuales; una heredad de 40 fanegas en la partida de Alcabones arrendada a
cinco arrendatarios o colonos; una viña de 7 fanegas en Alcabones arrendada a dos
vecinos; un olivar de 6 fanegas en Cantalobos, arrendado; un trozo de tierra de 5,5
fanegas en la Huerta Nueva, arrendado; una heredad en la Huerta Nueva de 131
fanegas arrendada a once vecinos. Posee además en el núcleo urbano una casa y
once cías en dos plazas. En el lugar de Ballobar varias masadas en el monte, en
Velilla de Cinca un granero con trujal y otro granero en Candasnos. 134
De nuevo aquí el protagonismo en las compras se centra en don Francisco
Monfort. 135 Adquiere el molino harinero por 400.000 reales pagaderos en cinco
años. El campo de 9 fanegas Joaquín Isach por 14.630 r.; tres pequeñas heredades
con un total de 20 fanegas y precio de 22.410 r. compradas por don Manuel
185

Copons; y cuatro parcelas con 30 fanegas y precio de 48.210 reales rematados por
Joaquín Morell Raluy, en realidad testaferro del propio Monfort. 136
Pero el período progresista de la Regencia de Espartero había concluido con
la mayoría de edad de Isabel II, y los gobiernos de la siguiente década tendrían
siempre un carácter moderado, más próximo a la Iglesia. La ley de 3 de abril de
1845 establecía la restitución al clero de los bienes no enajenados hasta entonces.
Por la relación de censos, treudos y fincas rústicas devueltas que el capítulo remite
al administrador diocesano en Lérida sabemos que había conseguido mantener
buena parte de sus propiedades, censos, foros y acciones, sujetas a determinadas
obligaciones de sus beneficiarios. Mantenía la casa arrendada a un vecino por 400
reales anuales, el treudo de 13,5 cahíces de trigo a que estaba sujeto el molí de
dalt, administrado por el ayuntamiento, las 133 fanegas de tierra en la Huerta
Nueva, dadas a treudo a diferentes vecinos por una renta conjunta de 1.320 reales
anuales; y por último sus innumerables censos que producen una renta anual de
28.336 reales. En total, 31.558 reales de renta anual. Una cantidad muy superior
a la de las cargas de misas, aniversarios, etc. a ellas adscritas y que le permitían
extraer algún caudal para remitir a la Comisión de Culto y Clero de la diócesis. 137 El
capítulo eclesiástico salvaba de este modo las adversas circunstancias del momento
con cierto éxito material que le permitiría alimentar todavía algunos años a una
parte de sus antiguos componentes. Finalmente, tras el Concordato de 1851 entre
el Estado y la Santa Sede, el capítulo quedaría suprimido y las fincas rústicas
pasarían en su mayor parte a manos de sus anteriores “medieros”.
* * *
El último episodio desamortizador alcanza los bienes de titularidad
municipal. Fraga había sufrido crisis hacendísticas de consideración durante la Edad
Moderna; en ocasiones se había visto obligada a hipotecar alguno de sus bienes y
en otras a dejar su administración en manos de acreedores censualistas mediante
concordias. Pero amortizó su deuda censal durante el siglo XVIII y saneó su
hacienda sin recurrir a enajenarlos. También superaría sin pérdidas en este ámbito
los breves períodos constitucionales de las Cortes de Cádiz y del Trienio. 138 Así lo
certificaba la junta de propios a petición del intendente en 15 de marzo de 1824,
cuando aseguraba no haber enajenado finca alguna de titularidad municipal durante
aquellos años. 139
En cambio, la ley de 1º de mayo de 1855 del ministro Madoz haría
tambalear los cimientos de aquel sólido edificio de siglos. Todavía no había sido
aprobada en el Congreso cuando en Fraga se advertía la fatalidad de sus
consecuencias. No puedo trasladar a un oculto apéndice documental el encendido
186

discurso del alcalde Barber en sesión del consistorio, en previsión de semejante
tormenta. Sus afirmaciones, argumentos y advertencias deben ofrecerse en su
literalidad:
“...Os llamo la atención sobre un punto del interés más elevado que está sometido a la
decisión de los representantes del país, y de lo cual quizás dependa la ruina o malestar
de este vecindario. Todos, supongo, comprenderéis que os hablo de la venta de los
bienes de propios. Cuestión es ésta en diferentes ocasiones debatida y que ha encontrado
grandes apologistas y severos impugnadores. Justo es pues que yo os proponga su
dilucidación respecto a nuestro municipio, y que según sea vuestra opinión, que siempre
será la que reclame el interés del pueblo que tenemos la alta honra de representar,
acudamos a exponerla ante las Cortes Constituyentes en virtud del derecho de petición
que las leyes nos conceden”.
“...La venta de los bienes de propios es una de aquellas medidas graves que pueden
afectar grandemente la existencia de los pueblos, y que pueden cambiar su situación.
Bien merece pues que cuando vemos amenazados los intereses de nuestro vecindario,
estudiemos el negocio con calma y madura reflexión”.
“Inútil considero en este momento hablaros de los derechos legítimos y justos títulos
con que somos dueños de los extensos montes de nuestros bastos términos, porque
amantes vosotros de este pueblo, habéis escudriñado con solícita avidez el archivo del
municipio y estudiado los antiguos pergaminos en que están minuciosamente
consignados. Ellos os han demostrado cuan legítimo es nuestro dominio, y cuan grandes
son los sacrificios de todo género hechos por nuestros padres para legarnos esa riqueza
con la que nuestra ciudad es grande y puede atender a sus urgentes necesidades. Esa
riqueza señores que consiste no solo en lo que en realidad utiliza el municipio, sino en
lo que aprovecha el vecino. A beneficio de ella éste encuentra tierra que cultivar y que
compensa con óptimos frutos los gastos y trabajos invertidos, hierba con que alimentar
sus ganados, proporcionándose con éstos los estiércoles necesarios para beneficiar esa
bella huerta, envidia de otros pueblos, leña con que calentaros, y servir vuestros
hogares, cal y yeso con que construir vuestras viviendas, madera con que cubrirlas, y
por último caza para nuestro regalo y esparcimiento. En esto estriba su inmensa riqueza,
en esto el bienestar del pueblo”.
“Siendo todos los vecinos dueños de todo el término, todos disfrutan de él según sus
necesidades y circunstancias, y nadie, si tiene verdadero amor al trabajo, puede
considerarse pobre... ¿Creéis señores que tan bella perspectiva no cambiará cuando,
reducido todo el territorio a propiedad particular, no tenga el vecino más que las vías
públicas que pisar, y no pueda utilizar un pie de terreno, porque, teniendo dueño, éste
con derecho se lo impedirá? Yo creo que, cercado todo por ese círculo de hierro, habrá
una presión insufrible que nos hará vivir con menos desahogo”.
“A quien esto puede afectar más en mi concepto es a la clase jornalera, a la clase
desvalida que, no teniendo dinero ni medios de comprar, hará más desgraciada su
condición, viéndose privada de todo lo que necesita para los más imprescindibles usos
de la vida, y que antes encontraba en esos hermosos y dilatados terrenos de que es
dueño, y que entonces explotará quizás una mano extraña”...
“...No debe servir de rémora (para la discusión en ayuntamiento de sus
palabras) el que en el proyecto del gobierno de S. M. y en el presentado por la
ilustrada y entendida comisión del Congreso se haga una excepción en favor de los
187

ienes en que haya mancomunidad de aprovechamientos, porque ni esto se halla tan
explícito y bien explicado como debiera, ni deja de ofrecer dudas la forma de la
declaración. De lo primero es buena prueba las enmiendas presentadas por celosos
diputados en las cuales se indica ya el temor de que se comprendan en la venta muchas
fincas que se hallan en aquel caso; y otras enmiendas respecto al modo de declarar la
mancomunidad, prueban lo segundo. Además, en las relaciones que se han pasado al
Gobierno en diferentes épocas respecto a montes, ha habido graves errores y tal vez
ellos hagan creer que es del Estado lo que es del pueblo, y es preciso alejar toda duda y
todo peligro para que no se prive a éste bajo ningún título de lo que siempre ha sido
suyo, y que tan solo han podido confundir empleados poco conocedores del origen y
vicisitudes de los montes. Y por último Sres., todos los bienes de propios son del
pueblo, y sus productos sirven para atender a la educación de nuestros hijos, a la
salubridad del pueblo y a satisfacer todas las necesidades que las exigencias de la época,
la ilustración y la sociedad han creado y, vendidos estos bienes, vendrán a pesar todas
las cargas sobre la propiedad territorial, hoy tan gravada y amenazada de nuevos y más
pesados tributos, sin que el buen celo y deber del Gobierno baste a impedirlo, porque el
papel o títulos de la deuda que se nos ha de entregar en cambio de nuestra propiedad,
-caso de que no se acuerde la inversión del producto en venta para alguna obra de
utilidad pública-, se halla sujeto a los vaivenes de las circunstancias y a los embates de
la revolución. Y si se invierten los productos desde luego, aunque sea en una obra de
utilidad nacional ¿qué será después del municipio?” 140
El alcalde Barber se mostraba a un tiempo respetuoso y arrojado frente a los
nuevos legisladores y apelaba a la historia; igualaba bienes propios a intereses
comunes; recurría al supuesto bienestar del pueblo, a la educación de sus hijos y a
la sanidad de todos; al peligro para los jornaleros sin tierra y a la carga contributiva
que pesaría sobre las haciendas de los concejales en adelante; a los errores
cometidos en el pasado respecto de la calificación de las tierras del monte; al
derecho de retenerlas para Fraga; en definitiva, a la defensa de la patria (chica)
respecto de la Nación. El alcalde Barber tenía claro ya entonces lo que últimamente
matiza algún historiador al separar los conceptos de patria y Nación. 141
Fraga no actuaba en este asunto de forma distinta a como lo hicieron la
mayoría de municipios colocados en similar tesitura. Como se ha afirmado, “las
oligarquías locales eran partidarias en numerosos casos de mantener los
tradicionales sistemas de explotación de los bienes municipales: por un lado, su
influencia en los ayuntamientos les permitía adjudicaciones ventajosas (a la baja)
en los arrendamientos de los terrenos de propios; por otro lado, la magnitud de sus
patrimonios pecuarios las convertía a menudo en el grupo más beneficiado por los
aprovechamientos comunales en tierras públicas. Es lógico que con frecuencia
fueran reacias a la desamortización de las fincas municipales”. 142
Una situación que hace ya muchos años denunció Concepción de Castro al
afirmar que “la venta de las dehesas de propios afecta seriamente los intereses de
los ganaderos, pero su defensa se hace en nombre de la clase proletaria, de los
188

pobres que no tienen propiedades ni rebaños que llevar a pastar”. 143 De Castro
desenmascara el discurso del alcalde fragatino. Barber afirmaba defender al
jornalero, -“al proletario”- pero no había hecho mención alguna al arriendo de los
pastos en su discurso, ninguna alusión directa ni indirecta al beneficio de
mantenerlos como de titularidad municipal para los ganaderos naturales. Barber
era uno de los principales ganaderos de Fraga. ¡El alcalde Barber como paradigma
de su tiempo!
En 1856, el Boletín Oficial de la Provincia pondría las cosas en claro. Recogía
la circular del Comisionado Principal de ventas de Bienes Nacionales por la que se
exigía a los ayuntamientos extender la correspondiente relación de fincas
amortizables y de las exceptuadas, para ser fijada en la plaza pública y
conocimiento general. 144 El ayuntamiento resistió lo que pudo. Tardó dos años en
remitir al jefe provincial la relación de ambos tipos de fincas. Entre las edificaciones
urbanas en venta se incluían: la venta de Buarz situada en la carretera Real, con
cuarenta cahíces de tierra adjunta, el pozo de hielo, la casa del pregonero, el
molino harinero de dalt y un silo subterráneo situado en la Plaza de San Pedro.
Quedaban exceptuados el mesón y cuartelillo de la Plaza de Lérida, el edificio del ex
convento de agustinos, destinado por el ayuntamiento a la construcción de una
nueva iglesia de San Miguel, el matadero, las casas consistoriales con las cárceles,
el cementerio, el colegio de las Escuelas Pías, el hospital y el “fuerte” (iglesia) de
San Miguel, en ruinas. Igualmente eran puestos en venta el antiguo treudo de
Peñalba y el de los terratenientes de Caspe en Valdurrios, así como los censos y
cánones de muy escasa entidad que tenía impuestos de antiguo sobre seis vecinos.
Sólo se salvaban los censos impuestos a beneficio del hospital como rentas de
beneficencia.
Buena parte del monte común se ponía a la venta en las cuatro partidas de
Litera, partida Alta, partida del Medio y partida Baja. Sólo quedaban exceptuados
una pequeña alameda junto al puente y –sobre todo- los extensos ademprios de
pastos que el consistorio consideraba “comunes”, tanto en el monte de Litera como
en los Monegros, incluyendo como pardina la muy extensa partida de los
Estorzones (Liberola, Valcuerna, Vedado y Valdurrios). El consistorio fundaba su
excepción en los motivos de su aprovechamiento común permanente.
En la misma relación el ayuntamiento reconoce las propiedades de dominio
particular existentes dentro de las cuatro dehesas amortizables, transmitidas unas
a título oneroso y otras poseídas en virtud de las concesiones otorgadas desde el
año 1770 en adelante, y por las que cada cual satisface las contribuciones
pertinentes. Reconoce igualmente que, desde aquel precedente de doña Carmen
Doménech, sus poseedores están legalmente amparados en el uso exclusivo de sus
189

pastos y otros productos. Es decir, reconoce el derecho de cerramiento de las
masadas y lamenta que, aunque de hecho se sigue obteniendo una cierta renta de
su arriendo público para pastos (unos 17.000 r. v. anuales) “fruto de la tolerancia
de los propietarios”, su pérdida será causa de un aumento en el déficit municipal
“cuyos productos no alcanzan de muchos años a esta parte a cubrir sus gastos”.
Aún con el reconocimiento de la derrota del municipio frente al Estado, el
ayuntamiento conseguía salvar en beneficio de su presupuesto anual una extensa
parte del monte: la extensa partida de Estorzones o mont de Allà dins, haciéndolo
pasar frente a la Hacienda Provincial como de aprovechamiento común, cuando en
realidad se había convertido en el más productivo de sus bienes de propios por el
arriendo de sus pastos. 145
El momento clave de la legitimación: la regularización de 1860.
Señalaba Joaquín Costa que la provincia de Huesca fue la que más escapó a
la transformación de la propiedad común en propiedad privada. 146 Respecto de la
desamortización de Madoz, Costa afirmaba que la ley eximió de las ventas las
tierras 'de aprovechamiento común', previa declaración de exención por el
Gobierno, a solicitud del ayuntamiento y de la Diputación. Los pueblos eran, pues,
los que tenían que iniciar el proceso, para conseguir la clasificación de sus bienes
como de aprovechamiento común. Para ello disponían, sin embargo, de un tiempo
limitado, que en muchos casos dejaron transcurrir sin emprender los trámites
necesarios. 147
En este asunto Fraga fue diligente. Sería uno de los lugares que más tierra
conservó como de aprovechamiento común y se afanó igualmente con celeridad en
regularizar la titularidad de las masadas en las partidas desamortizables. En 1860
se forma un Expediente General acerca de la delimitación de propiedades de
particulares en las partidas de monte que comprenden las dehesas. Los vecinos
deben presentar sus escrituras de propiedad o certificados de concesión. El
expediente se realiza “de acuerdo con la Instrucción de la Diputación Provincial de
Huesca, en desarrollo de la Ley de 6 de mayo de 1855”. 148 Del año 1865 se
conserva un documento titulado “Libro Registro para la anotación de las solicitudes
sobre legitimación de terrenos procedentes de repartos hechos por los
ayuntamientos y roturaciones arbitrarias”. 149
Entiendo este documento como una fuente completa, que contiene todas las
regularizaciones del momento. En el cuaderno se indican los años de repartos, la
cantidad de tierra repartida o roturada arbitrariamente, el origen de los terrenos,
cuándo comenzó el cultivo y a qué labores se destina; igualmente, si deben pagar
el canon por roturaciones arbitrarias y por qué extensión de terreno deben hacerlo.
190

Su resumen sería el siguiente: contiene un total de 133 individuos anotados entre
el 13 de diciembre de 1865 y el 10 de enero de 1866. En todos los casos el terreno
procede de los “comunes” de la ciudad. Se anotan 301 fincas, la mayoría con la
calificación de “masadas”, y algunas como “campos”, con una extensión global de
73.287 fanegas, que equivalen a 9.160 cahíces de cinco tornalls, siendo la
extensión que se obtiene de esta “cahizada” la de 10.728 m 2 (algo más de una
hectárea), de acuerdo con algunas de las fincas que manifiestan su extensión tanto
en cahíces como en hectáreas.
El cultivo es en la inmensa mayoría de casos la “sementera”, y tan solo unos
doscientos cahíces se declaran como dedicados a olivar y uno a viña. Aunque
algunos vecinos alegan poseer sus fincas de inmemorial o como consecuencia de
herencias y compraventas, el origen declarado del cultivo se remonta casi siempre
a “1769 y años posteriores”, lo que sin duda indica que fue a partir de aquel año
cuando se concedió la mayor cantidad de tierras. Los vecinos reconocen que de los
9.160 cahíces declarados deberán pagar el canon que establece la ley por 2.906, al
proceder de agregaciones al terreno concedido inicialmente por el ayuntamiento.
Eran las conocidas como “roturaciones arbitrarias”.
Parece significativo que, de los 133 solicitantes, 49 estén entre los
principales contribuyentes de esos años, que han solicitado la legitimación de 2.900
cahíces provenientes de concesiones y de ellos aceptan pagar el canon por 2.378
cahíces; es decir, pagarán canon por el 82% de la tierra declarada. Lo cual
demuestra que, además de habérseles concedido inicialmente una porción mayor
de terreno que al resto de solicitantes, han roturado arbitrariamente una extensión
proporcionalmente mucho mayor que el resto de vecinos.
Por tanto, puede afirmarse que en el momento de la legitimación final de las
tierras del monte, cuando la Ley General de Desamortización puso al ayuntamiento
en la disyuntiva de poner en venta las dehesas, el criterio adoptado fue el de
reconocer diligentemente a los vecinos -con beneficio suplementario para los más
pudientes- la propiedad de las concesiones y agregaciones de hecho, efectuadas
durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera del XIX. Además, lo que no es
asunto menor, se reconocían ahora las extensiones de las masadas medidas en
cahíces de cinco tornalls, (la “cahizada” mayor), aunque algunas de ellas fueron
concedidas en su momento a razón de cuatro tornalls solamente. Donde en lo
antiguo se indicaba que la extensión de una masada lo era “poco más o menos” o
se concluía con la expresión... “o lo que hubiere...”, ahora se fijaba con rotundidad
en el cahíz de extensión máxima.
De este modo, y de acuerdo con el expediente general, la cantidad de tierra
concedida en el monte durante la época fue muy elevada. La extensión cultivada en
191

el amillaramiento de 1859 era de 14.987,4 hectáreas (en “cahizadas” de cuatro
tornalls en el documento). La extensión concedida por el ayuntamiento más la
“agregada” por los particulares resultaba ser de 9.826,8 hectáreas (en cahíces de
cinco tornalls en el libro registro de 1865). La expansión representaba el 65,56%
del total. Por tanto, es posible concluir que la mayor parte del monte se había
roturado por primera vez en los últimos cien años.
Los principales beneficiarios del proceso de legitimación fueron sin duda las
familias de mayores contribuyentes, por varias razones. En primer lugar, por
poseer títulos de diferente entidad jurídica que justificaban su derecho de propiedad
plena ya desde las generaciones anteriores. Sirva de ejemplo en este aspecto la
solicitud de don Francisco Galicia Junqueras, -tercera generación de mayores
contribuyentes-, y en este momento juez de primera instancia del partido de
Tarrasa. Alega que la adquisición de su finca “es anterior a la Pragmática Sanción
de 1770 y por tanto le corresponde en propiedad y absoluto dominio, sin que pueda
imponérsele canon ni otra retribución, salvo en la parte que resulte de agregaciones
de los comunes, con arreglo a las leyes” (que él mismo enumera detalladamente).
Ahora desea formalizar el expediente que propone la Diputación Provincial, para lo
cual presenta dos documentos: la certificación del catastro según la cual la tiene
cargada a su nombre y la escritura de capitulación matrimonial de sus padres;
documentos ambos de entidad pública, difíciles de rebatir por el ayuntamiento. 150
Sin embargo, días después hace nueva declaración reconociendo que una parte de
la masada “la adquirieron mis padres mediante concesión que les hizo el
Ayuntamiento de esta población, según decreto del mismo de 24 de diciembre de
mil ochocientos treinta y tres”; y que “otra porción les fue concedida en la misma
forma al año siguiente”. Ahora no estaba tan claro que la posesión fuera “de
inmemorial”, pero el documento de capitulación matrimonial pareció título
suficiente. No así su inclusión en el catastro, que no demostraba propiedad sino
sólo posesión.
La presentación de títulos no fue lo más frecuente. Mayoritariamente, los
pequeños poseedores acompañan sus solicitudes de un párrafo justificativo que
parece una fórmula canónica. Uno tras otro, alegaban lo mismo:
“...que no podemos determinar fijamente el origen primitivo de la propiedad y
dominio de las ...expresadas masadas por habérsenos extraviado los títulos de
adquisición de las mismas con las vicisitudes de los tiempos, pero sin embargo es un
hecho cierto que las mencionadas fincas han radicado desde tiempo inmemorial en
nuestra familia, de la cual somos sus legítimos herederos y sucesores, y que las mismas,
por trasmisión de nuestros ascendientes, han venido continuando y continuamos
nosotros en la actualidad el dominio y posesión de aquellas, ...sin interrupción ni otra
prohibición ni gravamen”.
192

Hubo quien con títulos y sin ellos presentó como elementos de prueba a
testigos de confianza –en realidad clientes- con reconocida autoridad entre los
concejales comisionados. Es el caso –otra vez- del mayor hacendado de Fraga,
Monfort. Don Francisco Monfort Barber instaba un primer expediente para justificar
su posesión de una masada de 197 cahíces, 2 fanegas y 4 almudes que equivalían,
según un agrimensor titulado, a 211 hectáreas, 62 áreas y 33 centiáreas. Sólo
podía justificar por escrituras 26 cahíces “por habérseme extraviado el resto” pero
–afirmaba-, “es un hecho cierto que la mencionada finca en toda su extensión ha
radicado desde tiempo inmemorial en los ascendientes y familia del difunto Exmo.
Sr. D. Domingo Mª. Barrafón por legítimas adquisiciones y títulos, del cual la
heredé como su sucesor”. Don Francisco no podía siquiera utilizar el argumento del
catastro, puesto que en él sólo se le computaban 124 cahíces. Su recurso para
pedir la finca sin canon por el total de su extensión era el testimonio de Domingo
Satorres Galicia, quien declaraba ser cierta la sucesión testamentaria porque “en
vida del referido Sr. Barrafón fue encargado de recoger el arriendo o terrage de los
cultivadores de la expresada finca”. Satorres era ahora el administrador de los
bienes de Monfort en Fraga. Consiguió esta finca sin pagar ningún canon.
Finalmente, algún otro ejemplo entre los múltiples del expediente parece
haber gozado del favor o laxitud del consistorio. Es el caso de don Camilo Miralles
Cabrera, –también mayor contribuyente-, que solicita legitimar 200 hectáreas en
cinco fincas del monte. Se ha presentado a efectuarlo el día 29 de diciembre. Ese
día declara todas las fincas como de su propiedad. Pero vuelve a presentarse diez
días después y afirma entonces que de algunas fincas no puede presentar títulos,
por lo que las solicita “con canon” que está dispuesto a pagar de ahora en adelante.
Esta vez lo pide para tres fincas que tienen nada menos que una superficie
conjunta de más de 459 hectáreas.
Otro tanto hace el ex alcalde Andrés Barber, quien se presenta el día 9 de
enero para legitimar y registrar una finca de 321 hectáreas que “solicita todas con
canon”. Es decir, ninguna de aquellas hectáreas estaba avalada por título de
propiedad, ni podía alegar posesión de inmemorial ni concesión por decreto alguno.
Simplemente todas las hectáreas de la finca eran fruto de agregaciones arbitrarias.
¿Pero agregaciones a qué?
A lo largo del expediente vemos desfilar a los mayores contribuyentes del
momento legitimando fincas de superficie superior a las cien hectáreas: Don
Mariano Monfort, hijo del anterior por 526 hectáreas; doña Francisca Aymerich por
cinco masadas de 205, 48, 107, 6 y 7 hectáreas respectivamente en diferentes
partidas del monte, en Portell y Litera; don José Burballa por tres masadas con más
de 267 hectáreas; don Joaquín Vera Cabrera con otras diez masadas y un total de
193

270 hectáreas; don Luis Jorro con una masada de 160 hectáreas con varios
edificios, eras y balsas. También comparecen “forasteros” herederos de antiguos
vecinos como don Luis Barber Pitarque, don Ramón Capell Montull, don Ramón
Montull y Mateu o don Antonio Alonso Pérez por más de 600 hectáreas este último
en cinco masadas. 151
Hemos visto que las tierras desamortizadas de cofradías y del clero regular
fueron a parar a varios de los mayores contribuyentes fragatinos del momento, que
inmediatamente las dieron a cultivar en arriendo o aparcería. Vemos ahora que las
concesiones de tierra en el monte beneficiaron a muchos fragatinos y en particular
a los hacendados. Mientras al obispo de Lérida se le advertía confidencialmente de
que el pequeño labrador se “agregaba a escondidas” uno o dos cahíces a su
pequeña finca, el gran hacendado lo hacía también proporcionalmente a la suya o
suyas y de forma oficial y pública. Alguno de ellos pudo doblar fácilmente la
extensión de sus tierras en el proceso o incluso conseguir buenas fincas “todo con
canon”. Algo que sin duda escapaba a las posibilidades del pequeño labrador. Una
realidad que parece incuestionable y ha sido criticada repetidamente por la
historiografía. Felipa Sánchez Salazar, por ejemplo, fue muy dura al enjuiciar el
destino de los repartos de tierras concejiles, que califica de fracaso por dos
razones: una “...la resistencia que los pudientes y autoridades locales opusieron a
tales medidas reformistas, en tanto en cuanto venían a afectar a sus intereses...
(cuando) los oficiales municipales... procedieron de manera arbitraria y parcial,
resultando ser ellos mismos y sus paniaguados los beneficiarios”... La segunda
razón estribaría en que “las oligarquías locales, como grandes propietarios o
arrendatarios de tierra, se las ingeniaban para usurpar las tierras concejiles
colindantes a sus haciendas, que engrandecían por este medio, sin satisfacer por
ellas renta alguna a la hacienda municipal”. 152
Tal vez estas apreciaciones resulten excesivas aplicadas a las masadas de
Fraga en las que muchos pequeños labradores consiguieron completar su
producción de cereales y con ello, -al menos en años de buena cosecha-,
garantizaron su subsistencia y obtuvieron algún excedente. Por otra parte, gracias
a las tierras del monte, -independientemente de quien las poseyera-, una población
en constante aumento pudo ser alimentada habitualmente durante la segunda
mitad del XVIII y la primera del XIX.
Igualmente parece exagerada la visión apasionada de Joaquín Costa al
enjuiciar el proceso de cesión de tierras durante el Antiguo Régimen. Al referirse a
ellas, afirma que “los acaudalados y prepotentes locales” utilizaron las medidas
ilustradas de concesión de tierras desde un punto de vista “egoísta”, afirmando
obedecer pero sin cumplir las órdenes del poder central. 153 Cierto es que en Fraga
194

se repitió tradicionalmente y hasta la saciedad aquello de venerar, obedecer y no
cumplir…, pero la mayor parte de las veces la estrategia de sus regidores sirvió
para oponerse al exterior, formando un frente común con el vecindario en el
interior. Y tanto el proceso de concesión de tierras como el aprovechamiento del
arriendo de pastos para la hacienda municipal parecen haber sido un buen ejemplo
de ello. Lo que no dice Costa en esta ocasión es que, concluido el Antiguo Régimen
e instalado el Régimen Liberal del que él mismo formaba parte, es decir, durante
las desamortizaciones y legitimaciones, los “acaudalados y prepotentes” seguían
gobernando y conduciéndose ahora como caciques, con la aquiescencia de las
autoridades nacionales. Cierto es que se cansó de repetirlo en otras mil ocasiones.
En el ámbito económico, Joseph Fontana calificó las concesiones de tierras y
el proceso desamortizador como dos de los tres factores esenciales en el
crecimiento de la producción agraria en el siglo XIX, junto a la especialización de
los cultivos de regadío: “El segundo (factor) ha sido –decía Fontana- la extensión
del cultivo a tierras no roturadas hasta entonces, en especial aquellas que se
dedicaban a pastos o bosques de aprovechamiento comunal. El tercero, la mejora
del cultivo en tierras hasta entonces explotadas inadecuadamente, como sucedía
con las de propiedad eclesiástica, que cambiarán de manos con la
desamortización”. 154 He comprobado para Fraga la mayor trascendencia del factor
“extensión” sobre el factor “mejora” por la gran cantidad de tierra puesta en
cultivo, sobre todo en el monte, y por no cambiar significativamente el régimen de
tenencia de las fincas eclesiásticas o de cofradías que, antes y después de ser
desamortizadas, siguieron cultivadas por los mismos o similares arrendatarios o por
medieros habituados al cultivo.
Desde la óptica social, otros autores dan una visión más crítica. Adrián
Shubert entiende que “el desmantelamiento del Antiguo Régimen y la
desamortización dejaron relativamente indemne a la nobleza e inalterada la
estructura de la propiedad rural”. En apoyo de su tesis reclama la voz autorizada de
Pierre Vilar, cuando afirmaba que “... en materia de individualismo agrario, España
no supo obtener buenos resultados; (y que) la estructura agraria permaneció
inmutable”. 155 Desde la óptica social, la tesis general parece aplicable a Fraga. La
baja nobleza fragatina no perdió propiedad en el tránsito sino que la incrementó y
consolidó. Además, -como se ha afirmado recientemente-, la compresión del
proceso es más precisa si se atiende más a “los comportamientos de las familias
que a las simples listas de contribuyentes, pues con su variedad de apellidos,
ocultan parentescos, falseando así los diagnósticos sobre el grado de concentración
de las propiedades”. 156 Posiblemente sea ésta, -la de la concentración de los
195

patrimonios rurales en familias y linajes- la vía de análisis que mejor cuadre a
nuestro objetivo.
En resumen, durante el siglo XVIII, la existencia de abundante tierra
cultivable en el vasto término municipal permitió ponerla a disposición de
hacendados, medianos y pequeños labradores y hasta de algunos jornaleros y
artesanos, en un proceso iniciado antaño y acentuado con el estímulo ilustrado
cuando la presión demográfica lo precisó. Sincrónicamente, el aumento de los
precios (que comprobaré en su momento) repercutiría en el valor de la tierra cuya
expansión era querida por todos. De otro lado, era de dominio público que el
incremento del regadío podía intensificar la producción, lo que beneficiaría a
quienes ya poseían la tierra, hacendados o no, y a quienes aspiraban a poseerla; a
quienes a duras penas subsistían trabajándola y a quienes buscaban beneficiarse
con la comercialización de sus productos. 157 Llegado el siglo XIX y cuando el camino
de la intensificación por el regadío daba de sí lo que podía dar, -que no fue mucho
en la Huerta Nueva-, un nuevo proceso roturador aprovechó las todavía enormes
posibilidades de las tierras del monte, pese a su lejanía y escaso rendimiento. De
ahí las numerosas concesiones registradas entre 1824 y 1834.
En los siguientes epígrafes analizaré la evolución secular de estas variables,
atendiendo primero a los dos factores que en mayor medida podían incidir en el
aumento de la producción: el incremento del regadío y la superficie cultivada.
Observaré luego posibles cambios en la distribución de la propiedad de la tierra y
en sus sistemas de tenencia; finalmente, dedicaré un último epígrafe a los vaivenes
de la coyuntura agraria con ayuda de la evolución de precios y salarios.
2.2.4 Factores del crecimiento agrario: intensificación y extensión.
El incremento del regadío.
A propósito de su estudio sobre el Canal Imperial, Pérez Sarrión escudriñó el
probable origen medieval de muchas de las acequias construidas en el curso medio
y bajo del Cinca. Tomó para ello los datos aportados en su día por el sacerdote
Castillón Cortada, quien los obtuvo en fuentes primarias de carácter eclesiástico, en
los archivos diocesano y catedralicio de Lérida, a cuya diócesis pertenecía esta
zona. 158 Sarrión señala tres elementos determinantes en la atribución del dominio
del agua: el papel de la nobleza en el proceso de reconquista, la existencia de
riegos organizados antes de la misma y la fundación de ciudades. En su opinión, a
alguno de estos elementos deben atribuirse los regadíos del valle del Cinca, desde
Fonz hasta Fraga.
Posiblemente el origen de la que en Fraga se conoce como acequia vieja (o
de Baix) sea musulmán y con seguridad su pervivencia se debe al esfuerzo
196

organizador de las sucesivas Órdenes Militares a cuyo gobierno quedó
encomendado el territorio comarcal en su mayor parte. Ya he insinuado que dicha
acequia debió ser mejorada en el siglo XVI con un ramal que ampliaría la zona
regada en la partida de Cantallops, a partir del molino harinero conocido como de
baix, aprovechando el salto necesario para su funcionamiento. En el ámbito general
aragonés, la expansión demográfica de aquella centuria habría hecho necesaria tal
ampliación del regadío, según el profesor Gregorio Colás. 159 Iniciativa que se
intentaría repetir aquí doscientos años después, en la llamada partida del Secano,
con una nueva acequia en una cota más elevada que la de Cantallops y con
consecuencias similares respecto del aumento de la roturación y de la mejora de
cultivos, como igualmente han propuesto para el ámbito regional Eloy Fernández y
Pérez Sarrión. 160
Mapa 3
HUERTAS DE VELILLA, FRAGA Y TORRENTE CON LAS DOS ACEQUIAS
197

En el siglo XVIII, múltiples informes sobre la conveniencia de nuevos riegos
llegaron a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 161 Evidenciaban la
preocupación de la opinión ilustrada aragonesa por el problema del regadío y
planteaban todo tipo de soluciones propicias al aumento de la producción. La
diversidad geográfica de los informes pone de manifiesto que la percepción del
problema era general en Aragón. Y no en vano la construcción del Canal Imperial se
considera paradigma de la política hidráulica del reformismo Borbónico en el
Setecientos español, aunque otros proyectos de no menor relieve, proyectados en
aquel siglo en el Reino, hubieron de esperar mucho tiempo su realización efectiva.
En este contexto debe entenderse la dificultosa realización del pequeño proyecto de
irrigación que permitió convertir en Huerta Nueva la partida del Secano en los
términos municipales de Velilla, Fraga y Torrente de Cinca entre 1774 y 1819, y
que ha pasado desapercibido entre los historiadores aragoneses.
Por supuesto, no se trata de un proyecto comparable con obras de la
envergadura del Canal Imperial, con un presupuesto inicial de 10 millones de reales
de vellón en 1770, que acabó superando a finales de siglo un gasto de 160 millones
de reales. Ni siquiera hablamos de obras de presupuestos y confluencia de energías
menores, como la analizada por Gómez Zorraquino, al incluir entre las iniciativas
financieras de los Goicoechea zaragozanos sus inversiones en la remodelación de la
acequia de Pastriz a Pina, iniciada en 1782, con un coste estimado en 96.868 libras
jaquesas, incluido el valor del terreno que debía ocupar la acequia y el coste de
poner en cultivo las 4.000 hectáreas regables. 162
La acequia nueva de Velilla, Fraga y Torrente de Cinca se proyectó para
regar una pequeña extensión de unas 900 hectáreas de secano, con un coste inicial
estimado en 23.000 libras. Una obra de escasa envergadura, pero que contribuyó a
mejorar la renta agraria de algunos vecinos comarcanos. Su puesta en
funcionamiento cubría sólo una parte de las posibilidades de expansión del riego en
los términos de los tres pueblos afectados, sobre todo del vasto término de Fraga.
En este sentido, los fragatinos tuvieron que esperar todavía más de cien años para
beneficiarse del riego en una de sus partidas de monte más extensas -la partida de
Litera en la margen izquierda del Cinca-, con la construcción del Canal de Tamarite.
Pero desde la perspectiva de la época en que se construyó, la acequia nueva
(o de dalt) suponía colmar las posibilidades de regadío abordables entonces en los
tres términos municipales, al tiempo que parecía a los interesados un complemento
suficiente a la huerta regada desde antiguo mediante la acequia vieja. El proyecto
constituía por tanto un bien en sí mismo y, dado su bajo coste, no debía ofrecer
más dificultades que las técnicas. Sin embargo, las expectativas sobre su dominio o
jurisdicción, su financiación y su aprovechamiento originaron numerosos conflictos
198

de todo orden que retardaron su realización. Lo expliqué hace años con detalle en
un libro dedicado a este asunto. 163
La nueva acequia necesitó de más de cuarenta años de esfuerzos e intereses
encontrados en su inicial construcción, abandono posterior y ulterior rehabilitación
con una guerra de por medio. Desde 1774, -fecha de la propuesta inicial-, hasta la
de su “perfeccionamiento” en 1819, unos vecinos entendieron inviable su apertura
y funcionamiento mientras otros manifestaron repetidamente su interés en llevar a
cabo el proyecto. Financiada primero con caudales de la junta de propios, hubo de
ser el Crédito Público quien invirtiese más de medio millón de reales en su
rehabilitación final.
Desde el principio debía quedar claro que, como ocurría con la acequia vieja,
la nueva sería de propiedad, jurisdicción y gobierno exclusivos de la ciudad de
Fraga. Sin embargo, el entendimiento en este ámbito fue difícil desde el principio:
Torrente y Velilla se negaban a asumir el superior coste de mantenimiento de las
dos acequias en el futuro. 164 Frente a ellos se sitúa lógicamente el interés de
quienes poseían la mayor parte de aquellas fincas, incluso teniéndolas cedidas a
otros labradores a censo, a terraje o a medias: los mayores hacendados de Fraga.
Si se analiza la parte correspondiente al término municipal fragatino, de los
74 poseedores que ocupan la partida en 1781 la mayoría son laicos, pero las
mayores extensiones se reparten entre el capítulo eclesiástico, el convento de
trinitarios, el de los agustinos, los titulares de dos capellanías y otros religiosos a
título particular. Junto a ellos, las familias infanzonas de la ciudad, avecindadas en
ella o residentes ya en otras ciudades, poseen la mayor parte de la superficie. El
mayor terrateniente laico es don Juan del Rey (fragatino residente en Lérida) con
una finca de 58 cahíces de tierra (cerca de 500 fanegas de 953,6 m 2 ), seguido del
vecino que ejerce la jurisdicción de alcalde cuando va a iniciarse el proyecto, don
Gregorio Villanova, con 344 fanegas, y los herederos de don Miguel Bodón,
principal contribuyente fragatino durante muchos años en la primera mitad del
siglo, con casi cien fanegas. Otras fincas más reducidas forman parte del
patrimonio de los Foradada, Aymerich, Galicia, Barrafón, y un largo etcétera, que
incluye apellidos de los mayores hacendados. Su apoyo al proyecto estuvo
condicionado a la posibilidad de ser ellos quienes controlasen su ejecución y al
establecimiento definitivo de su derecho de propiedad sobre aquellas tierras. Algo,
esto último, que hasta entonces no había sido objeto de discusión.
También los eclesiásticos fragatinos, todos como interesados terratenientes
y algunos como ilustrados a tono con la época, manifestaron repetidamente su
interés por el nuevo regadío. Sus informes a la propia Sociedad Aragonesa y a las
autoridades regionales y estatales, cuantas veces fueron requeridos para ello,
199

fueron siempre favorables a su construcción. Incluso el propio obispo de Lérida y
sus oficiales eclesiásticos intentaron sin éxito financiar la rehabilitación de la
acequia. 165 Existía una razón de peso en sus propuestas. Tanto el capítulo en tanto
que terrateniente en el Secano como el obispo, eran parte interesada en los
diezmos de aquellas tierras y en el aumento de producción que podía esperarse,
una vez puestas en riego. Su visión de un futuro prometedor se concretaba en sus
propios cálculos y en su experiencia de siglos. Comprendían muy bien lo que podía
esperarse de la nueva acequia.
En tercer lugar, junto a hacendados y eclesiásticos, el Estado también
aparece lógicamente interesado en el proyecto. En la etapa de construcción inicial,
una orden Real impone la financiación con el caudal de la ciudad, -las rentas de
propios-, para que sean luego los regantes quienes resarzan con un noveno de
frutos el gasto producido. De manera que, sin coste alguno para su Erario, el
Estado incrementaría sus ingresos por el mayor valor de las tierras regadas, que
repercutiría en la riqueza imponible.
Finalmente, quienes sin inversiones directas podían esperar obtener
beneficios inmediatos de la nueva acequia eran aquellos individuos, familias y
compañías que comerciaban con el excedente de la producción agrícola. Los
arrendatarios del diezmo eclesiástico y los comerciantes de granos al por mayor y
“a la menuda” venían desempeñando en Fraga, tradicionalmente, esta función
desde la liberalización del comercio con las primeras medidas del reformismo
Borbónico. Sabemos que estaban encumbrándose socialmente en la ciudad algunas
familias cuyo patrimonio no se limitaba a la posesión de bienes inmuebles, sino a la
disposición de un capital circulante. Otros habían sabido unir su anterior estatus de
infanzón o hacendado a la nueva posibilidad de manejarse como negociantes.
Seguían con ello el ejemplo de otras familias foráneas, catalanas, que se estaban
instalando en Fraga y en la comarca, precisamente cuando se iniciaban los nuevos
proyectos de riego. Los Cortadellas abrían factoría en Ballobar en el preciso instante
de construirse allí una nueva acequia sobre el Cinca -concedida en 1770- que
completaba la ya existente sobre el río Alcanadre. En Fraga veremos aparecer sus
primeros corresponsales y luego también sus factores desde 1783, cuando el
proyecto de la acequia nueva está concluido y van a comenzar unas obras que
pueden aumentar la producción de granos. Resulta difícil sustraerse a la tentación
de relacionar la nueva ubicación de estas factorías con el incremento del regadío en
la comarca. Del mismo modo, es evidente el interés que sus imitadores fragatinos
en el ámbito del comercio de granos y en el arriendo de diezmos –los ya conocidos
Monfort, Martí, Jorro, Isach, etc.- han de tener en la ampliación del regadío y de la
producción agropecuaria. Un interés que, no por obvio, debe quedar sin constatar.
200

Al estudiar la población hemos visto cómo las sucesivas tasas de crecimiento
expresadas en el Cuadro 4, comparadas con los promedios aragoneses de las
mismas fechas, ofrecían para Fraga un aumento similar al aragonés en la fase
alcista y un retroceso mayor en el tramo final del XVIII hasta la guerra de la
Independencia. Fraga no diferiría del contexto en cuanto al aumento absoluto de su
población en el Setecientos. En cambio, las tasas de crecimiento medio anual del
mismo cuadro señalan dos períodos en los que la ciudad rebasa ampliamente la
tónica de su limitado crecimiento. Se sitúa el primero entre 1776 y 1793 con una
tasa del 1,56% de promedio anual y el segundo en la década 1824-1834 con un
promedio anual del 5,26%, coincidentes ambos con los dos intentos de aumento
del regadío. El primero, más limitado, durante el intento fallido de apertura de la
acequia, y el segundo -casi impensable por su intensidad- inmediatamente después
de su rehabilitación definitiva. Parece que ambos hechos: aumento de la población
y aumento del regadío, guardan en este caso una estrecha relación. Posiblemente
ambos interaccionan al mismo tiempo en una mutua relación de causa a efecto,
aunque en sentido contrario en cada ocasión: el crecimiento de la población exigiría
la construcción inicial de la acequia, mientras la contención de una emigración
creciente después de la guerra de la Independencia movería el ánimo de las
autoridades locales, regionales y nacionales a su rehabilitación. Y así lo expresaron
explícitamente. Una rehabilitación eficaz y capaz de invertir la tendencia migratoria
que sabemos se consiguió. De hecho, cuando en 1770 se había autorizado la
construcción de la pequeña acequia en el lugar de Ballobar, el informe de “cuatro
testigos fuera de toda sospecha de interés” aseguraba que con el agua del Cinca
“se aumentarían las cosechas, al tiempo que los habitantes del pueblo y los
ingresos de la Hacienda Real”. 166 Algo similar a lo que ya había ocurrido en otros
muchos lugares doscientos años atrás en Aragón. La relación entre regadío,
producción y población parecía clara a los contemporáneos, aunque llegaba algo
tarde para una ciudad que hubo de superponer a la intensificación de los cultivos de
regadío la vía de su expansión en las tierras del monte.
El aumento secular de la superficie agrícola.
Domínguez Ortiz describía el proceso de tránsito agrícola del siglo XVIII al
XIX por sus ausencias. No encontraba entre nosotros nada comparable a la
profunda revolución agrícola operada en Inglaterra durante el XVIII: “introducción
de nuevos cultivos, rotación de cosechas, drenaje, abonos, producción de forrajes,
asociación de la ganadería al cultivo”, etc. Limitaba la función de fisiócratas y
liberales patrios a la remoción de impedimentos: “abolición de tasas y obstáculos a
la libre circulación de productos” y a “la concesión de tierras, disminución de los
201

terrenos reservados a la ganadería trashumante y a los aprovechamientos
comunes”. Entendía que, a falta de progresos en los rendimientos, el incremento de
la producción que exigía una población creciente hubo que buscarlo en la extensión
de los cultivos. Al mismo tiempo, la insuficiencia de la producción provocó el
aumento de los precios agrícolas y, a su vez, este aumento hizo mayor la apetencia
de tierras. Concluía el profesor Domínguez: “Al ansia secular de los mercaderes por
arraigarse, de los burgueses por ennoblecerse, es decir, a los estímulos psicológicos
que impulsaban la adquisición de tierras se sumaban otros puramente económicos
que podían resumirse en uno: aprovecharse de la carestía”. 167
Cuadro 24
EVOLUCIÓN DE LA TIERRA CULTIVADA 1715-1859
(en fanegas largas de 953,6 m 2 )
TIERRAS DE REGADÍO TIERRAS DE SECANO TOTAL
HUERTA HUERTA total PARTIDA 5 PARTIDAS PARTIDAS total TIERRA
año VIEJA NUEVA regadío DEL SECANO DE MONEGROS DE LITERA secano CULTIVADA
1715 1 9.209 9.209
1730 8.183
1751 8.858
__ 8.183 1.179 34.475 35.654 43.837
__ 8.858 1.215 49.595 50.810 59.668
1781 2 3.897
1795 3 9.991
__ 9.991 ¿ ...?
1819 4 10.581 3.171 13.752
1829 10.136 3.067 13.203
1832 9.278 2.517 11.795
1859 9.880 3.380 13.260
__ 54.16 28.076 82.239 95.991
__
__ 87.643 44.864 132.507 144.302
__ 139.704 139.704 152.964
Fuentes: (1) Para los años 1715 y 1829 los cuadernos de cobro del derecho de alfarda. Para el resto de
años los catastros ya referenciados y el amillaramiento de 1859 en A.H.F. C.295-1.
(2) Los datos de 1781 se obtienen del documento de peritación de las tierras de la partida del Secano al
tiempo de proyectarse la construcción de la acequia nueva. A.H.F. C.412-2.
(3) El dato de 1795 corresponde al pleito entre Fraga y Velilla por la acequia, en A.H.P.Z. Pleitos Civiles,
C.4583-2, 2ª pieza. Según la alfarda de ese año resultan en cambio 9.893 fanegas, en A.H.F. C.135-1
(4) Los sucesivos catastros realizados durante el siglo XIX informan de la medida de cahizada que se
tomó para las tierras del monte: en 1819 las tierras no se cordelaron y se aceptó la declaración de los
contribuyentes, que lo hicieron en cahizadas, como siempre lo habían declarado. Los encargados del
catastro consideraron fraudulentamente que cada cahizada tenía 8 fanegas de 1.600 varas, con lo que
en realidad ocultaron una parte de la extensión cultivada en el monte. Los peritos del catastro de 1832
dicen expresamente que toman para el monte la cahizada de 14.400 varas cuadradas o de cuatro
tornalls, aunque en realidad había fincas que estaban consideradas como de cuatro tornalls y otras de
cinco, por lo que, en este catastro, se practicó también una cierta ocultación, aunque menor que en el
anterior. En el catastro de 1859 se indica "en el monte (se tomó) la cahizada, aunque se ha calculado
para la formación de la presente plantilla por fanegas, componiéndose aquella que mide 120 varas
cuadradas o sean 14.400 superficiales. A.H.F. C.295-1. Se tomaban todas las tierras de monte como de
cuatro tornalls, aunque las había de cinco.
(5) Las tierras de la partida del Secano deben entenderse en las fuentes como cahizadas de 4 tornalls,
equivalentes a 8.582,4 m 2 .
El análisis del crecimiento agrícola en el siglo XVIII y primera mitad del XIX
en Fraga quedaría resuelto con asumir similar exposición para las tierras del monte,
aunque con matices para las de la huerta. Sobre todo haciendo hincapié en el factor
regadío, que este autor, –sorpresivamente-, omite. Pero también reconociendo el
202

drenaje de terrenos pantanosos, el uso habitual del estiércol animal como abono en
la huerta, la rotación de cultivos tradicional en ella con la alternancia entre el cereal
y las leguminosas, el cultivo comercial de la morera y la vid…. Procedimientos que
sin duda no eran innovaciones del XVIII, sino tradicionales desde al menos el XVI.
En los cuadros económicos y estadísticos I.3, I.4 y I.5 del Apéndice he
detallado los datos sobre la evolución de la superficie cultivada en las diferentes
partidas de la huerta vieja, del monte y del Secano (huerta nueva a partir de 1819
en el cuadro). Los resumo en el Cuadro 24 para analizar el aumento global en
cada uno de los tres tipos de tierras entre 1715 y 1859. Naturalmente tomados
siempre como aproximación por defecto a la verdadera superficie cultivada.
Con las fuentes disponibles es posible resumir la evolución seguida por la
superficie agrícola en cada una de las tres zonas. Al inicio del siglo XVIII, la huerta
vieja está estructurada en 1.070 “heredades” con una extensión media de 7,5
fanegas y un total de 8.095 fanegas; cuenta además con seis grandes fincas con
“torre” pertenecientes a diferentes hacendados con un total de 683 fanegas; siete
campos “cerrados” con 103 fanegas y cincuenta y cuatro “huertos” en diferentes
partidas y con una extensión de 328 fanegas. 168 Es decir, predominio de la pequeña
y mediana explotación de regadío en tierra “blanca”, con la gran propiedad
“cerrada” destacando en medio de las parcelas y un pequeño reducto de huertos
próximos al puente y al núcleo urbano. En total, la huerta vieja cuenta en 1715 con
9.209 fanegas cultivadas en regadío según el documento fiable del cobro de la
alfarda. Otra cosa será el cómputo en los castros de 1730 y 1751. La disminución
de estos años, -además de a seguras inundaciones-, debe atribuirse probablemente
a las declaraciones verbales que realizan los contribuyentes ante el escribano
cuando se confecciona el catastro. El no exigir en estos años ninguna declaración
escrita ni menos jurada, permitiría defraudar en la extensión de las parcelas
declaradas por cada cual.
Entre 1715 y 1819 la huerta vieja experimenta un incremento mínimo de
más de mil fanegas (cercano al 13%) mediante parcelas arrebatadas al terreno
común en los sotos y en las partidas marginales, sobre todo desde la legislación
ilustrada de 1769 y 1770. Aumenta también con la puesta en cultivo de parcelas de
menor calidad en las zonas pantanosas que hasta entonces habían permanecido
como prados para el pasto común del ganado de labor. El mayor aumento se
produce en la partida extrema de Miralsot, a tono con el incremento repoblador que
sabemos experimentó este poblado rural durante el siglo XVIII. Le siguen en
crecimiento las partidas de Alcalanes y Jiraba, más cercanas al núcleo urbano, a
ambos lados de la carretera Real, en expansión por los sotos hacia los límites norte
y sur del término municipal en la franja de regadío. Otras partidas varían con
203

altibajos en su superficie cultivada de uno a otro documento catastral, y la de
Alcabones comenzará a disminuir su área dedicada al cultivo, durante la primera
mitad del XIX, al ubicarse sobre ella el incipiente barrio urbano de “Les Afores”.
Así mismo, conforme avanza el siglo, comprobamos la desaparición de
algunas fincas declaradas previamente como topónimos específicos o formando
parte de minúsculas partidas, para incorporarlas a las partidas de mayor extensión
y mejor definición. Los vecinos se habitúan progresivamente a declarar sus parcelas
como inclusas en las partidas mayores o mejor reconocidas como tales, con lo cual
la documentación se uniformiza y el número de partidas se reduce, incrementando
en parte su extensión por este motivo.
Desde la rehabilitación de la acequia nueva en 1819, la superficie de huerta
vieja se estancará durante la primera mitad del Ochocientos, para presentar en el
amillaramiento de 1859 una disminución de casi 500 fanegas. Se habrían
abandonado como tierras marginales las de menor rendimiento, como consecuencia
de un efecto sustitutorio provocado por la puesta en regadío de la partida del
Secano, en cota más elevada respecto al río –mejor protegidas de las riadas- y con
tierras todavía no sujetas a rendimientos decrecientes.
Por su parte, la partida del Secano sigue un curso diferenciado en su
expansión. Entre 1730 y 1781 ve triplicar su superficie declarada, pasando de
1.179 a 3.897 fanegas, aunque posiblemente no todas estén cultivadas en la última
fecha. El aumento demográfico y las expectativas iniciales de su conversión en
‘secano regable’ explicarían en parte dicho crecimiento; pero el fracaso inicial del
proyecto de la nueva acequia hace que en 1819 la tierra realmente cultivada
alcance sólo las 3.171 fanegas. La crisis finisecular y la guerra de la Independencia
han de estar en la base del abandono de muchas parcelas por su escaso
rendimiento como tierras que no pueden regarse con seguridad o por falta de
brazos para cultivarlas. En cambio, desde el momento de su definitiva puesta en
riego su extensión cultivada apenas retrocede y ya no variará sensiblemente hasta
1859; signo inequívoco de que la demanda de tierra había llevado a explotar buena
parte de su superficie regable con un sentido anticipatorio.
Si observamos el conjunto del regadío –huerta vieja más huerta nueva- su
aumento es incuestionable. El regadío aumentó en Fraga en más de 4.000 fanegas
entre principios del siglo XVIII y mediados del XIX. Había crecido entre un 30 y un
40% al tiempo que la población se triplicaba. Un aumento sensible aunque
insuficiente. Parece evidente que, siendo “el principal sustento” de los fragatinos, la
tierra de regadío no bastó para alimentar a una población tan numerosa. Y no es
que se hubieran agotado sus posibilidades, puesto que conocemos su posterior
expansión en la segunda mitad del siglo XIX. Pero tal vez las técnicas y aperos de
204

la época, junto con el miedo al río u otros factores que desconozco, no permitieron
su puesta en cultivo hasta entonces. Por todo ello, el recurso a las tierras de secano
en el monte se hizo indispensable tanto para acudir a la subsistencia de la
población como para participar en el proceso simultáneo de una mayor implicación
de la producción en el mercado.
Las tierras del monte producían entonces rendimientos bajos y discontinuos,
pero la necesidad obligó a utilizarlas para el cultivo de forma progresiva. Los
fragatinos transformarían durante aquel proceso el tradicional paisaje de monte
bajo y matorral. Al final de la etapa, la superficie cultivada en las tres partidas
monegrinas de mayor extensión era casi equivalente, superando en cada una de
ellas las 22.000 fanegas: la partida Baja (más cercana a la población) fue la
primera en extender su cultivo durante el XVIII, mientras la cronología de las
partidas del Medio y Alta se retrasa hasta el reinado de Fernando VII. En los
confines del término municipal, confrontante con los de Mequinenza y Caspe con el
Ebro por medio, la extensa partida de los Estorzones apenas se explotó en algunas
masadas de La Lliberola y La Vallcorna, superando escasamente las 1.500 fanegas
en conjunto. Es decir, casi todo el monte de Allà dins permaneció sin cultivo en
aquella época, reservado a pastos y aprovechamiento forestal y cinegético.
Al otro lado del Cinca, en el monte de Litera, la partida cultivada de antiguo
y, por tanto, sin un incremento sensible en el período de estudio fue la de
Vincamet, significativamente conocida también como “partida de moros”, lo que la
remite a su explotación desde época medieval, como zona más próxima al núcleo
urbano y en la misma margen del río. En cambio, y pese a su salinidad, el
crecimiento del cultivo fue mucho mayor en el terreno “Fondo de Litera”, que casi
dobla su extensión en el primer tercio del siglo XIX, posiblemente con la
expectativa de su futuro riego por el Canal de Tamarite. Otro tanto ocurre en las
sub partidas de Zafranals y Montral, del mismo monte de Litera, que igualmente
ven multiplicar su espacio cultivado.
En el conjunto del monte, la extensión roturada se ve crecer de un catastro
al siguiente. En la primera mitad del siglo XVIII aumenta en un 70% y durante la
segunda mitad debió seguir un incremento creciente, sobre todo en las décadas de
los años 70 y 80, -a juzgar por las tasas anuales de crecimiento demográfico-,
aunque la falta de datos catastrales en ese período nos impida verificarlo. La crisis
finisecular y los desastres de la guerra de la Independencia debieron frenar aquel
ritmo de crecimiento, por lo que entre 1751 y 1819 el porcentaje se queda sólo en
el 60% de incremento.
Será la década siguiente, 1819-1832, con abundantes concesiones de tierra
que ya conocemos, la que elevará en más de un 160% la extensión cultivada en el
205

monte en tan sólo trece años. Pese a ser un período deflacionario respecto del
precio del trigo como veremos, la tierra de secano es trabajada entonces en Fraga
“con singular esmero por la clase de dueños menos acomodada, o más necesitada,
sin embargo de que la estación actual del labrador es la más apurada que hemos
conocido por el bajo precio de todas las producciones de la tierra, y lo que es más
aún por no poder siquiera darlas salida de un modo u otro”. No se trataba esta vez
de un lamento hacia el exterior. Se basaba en la observación directa de los propios
comisionados del Crédito Público en la ciudad. 169 Una ciudad que aumenta su
población precisamente en esa década a un ritmo nunca visto antes, en buena
medida por aquella fuerte inmigración que ya conocemos y que ahora
comprendemos mejor. Con todo, tampoco en los montes –como en la huerta- se
colmaron en esta época las posibilidades de roturación. Hacia 1859, la tierra
cultivada representaba sólo el 30% de la superficie total del término municipal y, de
ella, la mayor parte era tierra de secano en el monte.
* * *
De lo dicho hasta aquí resulta patente que el hambre de tierra subyace como
causa común del crecimiento en las tres zonas de cultivo. Sin embargo, en cada
una de ellas operan razones de distinto signo. Respecto de la huerta vieja, la
necesidad de poseerla se manifiesta en una fuerte rotación de cultivadores. Las
parcelas, sobre todo las de jornaleros y pequeños labradores, cambian de manos
con suma celeridad. Bastan para demostrarlo las altas y bajas anotadas en el
margen de los libros de alfarda o en los catastros, y que no se refieren a
transmisiones patrimoniales por matrimonio o herencia. En la huerta, quienes sólo
son usufructuarios de la tierra la explotan de forma intensiva durante unos pocos
años para intentar repetir luego el proceso en otras parcelas (cuando no son
expulsados de ellas por no pagar el censo o arriendo con que están gravadas).
Aquí, el hambre de tierra se expresa mediante su sobreexplotación.
En las partidas del monte, esa misma apetencia se expresa por el aumento,
legal o furtivo, de la extensión roturada. Su escaso rendimiento cerealista en
régimen de año y vez podría haber desanimado su aprovechamiento en la época,
pero nada hubo más lejos de la realidad. El monte en Fraga, pese a su lejanía del
cor de la vila, era apetecido y explotado para la agricultura al menos desde el siglo
XV, 170 además de serlo en varios de sus poblados rurales durante toda la época
medieval, cuando el sistema de poblamiento era mucho más disperso que en la
Edad Moderna. Sabemos que Monreal, Cardiel, Torreblanca u otras partidas habían
constituido pequeños núcleos poblados para el aprovechamiento agrícola hasta al
menos el siglo XIV. En todo el monte, aunque su rendimiento fuera bajo y
206

ocasional, la esperanza del “año bueno”, tanto como la tozudez del campesino por
sobrevivir, le obligaron a no menospreciar este complemento de la huerta. Por otra
parte, la explotación de estas tierras pasa también por la apetencia de pastos para
una ganadería local que presenta en el XVIII un renacimiento notable en su
variedad de ganadería estante, y que la erige en principal proveedora de abono
animal. Además, hemos visto ya que la gran extensión del monte permite su
aprovechamiento agrícola y escalio forestal –furtivo u oneroso- a numerosos
terratenientes de los pueblos colindantes, conjugándose con el crecimiento del
vecindario.
Por último, respecto de la partida convertida en Huerta Nueva parece
haberse producido un traslado de apetencia de tierras desde la huerta tradicional a
las tierras de la partida del Secano con la expectativa de su posible riego y el
aumento de sus rendimientos. 171 Si en algún lugar es válida la afirmación
concluyente de Domínguez Ortiz es en esa partida. Desde luego, el aumento del
valor de la tierra como consecuencia de su puesta en riego, patente a los ojos de
los interesados en ello, sería condicionante de su adquisición en fechas tempranas
por los más avispados o pudientes. En este sentido, el cálculo efectuado por los
peritos cuando se dan los primeros pasos en el proyecto de construcción de la
nueva acequia (en 1774) no deja lugar a dudas al considerar que el valor de las
tierras del secano podría multiplicarse por diez una vez regadas. 172
Este interés por hacerse con tierra de la partida del Secano se acrecentaba
con otra razón sensu contrario. Y es que la permanente situación de riesgo en que
se encontraba parte de la huerta vieja por las constantes avenidas del río Cinca fue
motivo constante de búsqueda de regadío alternativo. Quiso la meteorología que en
las ocasiones en que la nueva acequia se construía (1788) y estaba próxima a
rehabilitarse (1816), se produjesen sendas riadas, -las más catastróficas de la
época-, que causaron terribles destrozos en la huerta vieja. Por más que los nuevos
sotos pudieran ser aprovechados por los vecinos confrontantes mediante una
ordenanza municipal estricta, lo usual era que el río, al cambiar de madre,
ocasionara pérdidas importantes tanto temporales como definitivas. A veces
incluso, la desgracia de la huerta vieja se asocia directamente a las ventajas de la
nueva, como en 1817, cuando se informa al capitán general de Aragón sobre el
modo de precaver dichas avenidas. El comisionado para la rehabilitación de la
acequia -el ingeniero don Ambrosio Lanzaco- aduce como una de las razones
básicas para realizarla “el efecto sustitutivo que tendría el nuevo regadío, con
ventaja sobre el antiguo”.
207

2.2.5 Distribución y tenencia de la tierra.
Donezar ponderaba la trascendencia del análisis del reparto de la tierra en el
Setecientos afirmando: “las transformaciones operadas en el siglo XIX tuvieron su
arranque en el XVIII, y no solo el esclarecimiento de la gestación de los procesos
desamortizadores y de los trasvases de propiedad -concentración y dispersión- ha
de ser tarea previa al estudio de los cambios operados, sino que en la práctica, ...
no se podrá examinar su alcance y dimensiones sin la previa formación de dicha
estructura referencial”. 173 Para comprender el despegue del Régimen Liberal en
Fraga debemos por tanto dar respuesta a una serie de cuestiones sobre la
distribución de la tierra en el XVIII y sobre la evolución de su posesión entre los
fragatinos. Es preciso observar quienes poseen la tierra y en qué proporción cada
grupo social y profesional. También intentar descubrir en qué medida fue suficiente
su posesión para la supervivencia, hasta dónde alcanzaba el posible excedente de
su cultivo y quiénes disfrutarían su comercialización. Es decir, dilucidar hasta qué
punto aquella de fines del Antiguo Régimen era una estructura estática o capaz de
experimentar cambios significativos en el transcurso de la etapa.
En el análisis de la estructura de la propiedad agraria cabe atender a dos
taxonomías distintas aunque complementarias: la que establece categorías entre
los poseedores según la cantidad de tierras disponibles, ordenándolos en pequeños,
medianos y grandes poseedores, y la que distribuye la tierra poseída entre
diferentes grupos socioeconómicos. 174 La primera atiende a la mayor o menor
capacidad para la obtención de producciones sólo complementarias a la del salario,
producciones de autosuficiencia y producciones excedentarias. La segunda
clasificación atiende doblemente al estatus que proporciona la posesión de tierra y
a la diferenciación socio-profesional interna derivada de la posesión de ese medio
de producción a través del tiempo. Las fuentes estimadas como idóneas por la
historiografía para el estudio de la propiedad de la tierra son los catastros del siglo
XVIII, los amillaramientos del XIX y de nuevo el Catastro en el XX. 175
La dificultad del análisis para el siglo XVIII y primer tercio del XIX estriba en
que, en los documentos, el impuesto carga sobre el cultivador de la tierra y no
sobre su propietario; sobre el propietario útil y no sobre el eminente o directo. Es
decir, las tierras de hacendados cedidas para su cultivo a terceros no figuran en los
documentos catastrales como de su propiedad; sólo lo hacen cuando las explotan
por sí mismos mediante criados o jornaleros. Tampoco figuran adscritas en el
catastro las de titularidad eclesiástica cuando están arrendadas o dadas a censo a
los diferentes grupos profesionales que la trabajan; y en ningún caso las anteriores
al Concordato de 1737. Del mismo modo, tampoco figuran los forasteros oriundos
que las tienen cedidas a vecinos con diferentes regímenes de tenencia; sólo
208

aparecen como tales cuando son gestionadas por sus administradores con el
concurso de criados y jornaleros. En este sentido, Pierre Vilar 176 restaba
importancia a este hecho al tiempo de analizar el funcionamiento de la economía
campesina, si bien es cierto que se refería a los establecimientos enfitéuticos, lo
que no parece ser la norma general en el caso de Fraga. De acuerdo con esta
circunstancia, una vez analizada la estructura catastral de la ‘propiedad’ habrá que
investigar en qué medida muchas de las fincas se hallan sujetas a la condición de
tierras gravadas con censos o trabajadas en regímenes de tenencia distintos al de
la plena propiedad.
Criterios para el análisis.
Quienes estudian la estructura de la propiedad de la tierra establecen una
clasificación adecuada a las cuestiones que esperan resolver para un ámbito
espacial concreto. Los hay que, sin criterio explícito de categorización, establecen
tramos convencionales por extensión de tierra y derivan de ellos conclusiones de
aproximación a la taxonomía que divide a sus poseedores en pequeños, medianos y
grandes propietarios. 177 Los hay que combinan la clasificación por extensión con la
estamental con el fin de descubrir qué grupos sociales o cuál de sus segmentos
acapara las extensiones mayores y quienes se ven relegados a las insuficientes. 178
Estudios más recientes establecen su criterio de ordenación en relación con la
capacidad para la autosuficiencia del grupo doméstico; dicho de otro modo, las
explotaciones se ordenan como ocasionalmente excedentarias, y por ello sus
poseedores son agrupados como labradores compradores o vendedores según los
años; el estrato inferior agrupa a quienes siempre deben vender su fuerza de
trabajo en explotaciones ajenas para conseguir la suficiencia; y, por último, en el
nivel superior se constituyen como grupo quienes suelen ser contratantes
habituales de mano de obra y son siempre vendedores. 179 Dentro de esta óptica,
hay quien conjuga el rendimiento de las tierras con las necesidades de consumo del
grupo doméstico, y deduce de ello las extensiones necesarias para conseguir la
autosuficiencia, demostrar la precariedad y, por extrapolación, estimar la extensión
de propiedades excedentarias. 180
En las agrupaciones o categorías establecidas por extensión de tierra no
suelen distinguirse las parcelas poseídas en el regadío de las de secano y se suman
ambos tipos de tierra sin diferenciación. No me parece el mejor método para
conocer realmente las posibilidades de cada cual en sus explotaciones. Cuando
como en el caso de Fraga la subsistencia se basa sobre todo en un regadío seguro y
el secano es sólo un complemento de aquel, parece más útil diferenciar unas tierras
de otras. Es mejor estudiar por separado el regadío y el secano.
209

Las tierras de regadío, tanto si eran de sembradura como si estaban
arboleadas de olivos y moreras o rodeadas de tiras de viñedo, y tanto si eran
dedicadas a cultivos de legumbres o fibras industriales como a hortalizas,
proporcionaban un rendimiento muy superior a las cerealistas de secano. Mientras
en el monte el rendimiento medio del cereal solía ser de tres o cuatro simientes por
cosecha, 181 en el regadío lo usual era recolectar diez y hasta quince veces la
simiente. 182 En consecuencia, no serían equivalentes dos labradores que,
poseyendo en total el mismo número de fanegas, uno las tuviera mayoritariamente
en zona de riego, mientras el otro las poseyese en la partida del Secano o en el
monte. De ahí la conveniencia de su análisis por separado.
Evolución de la posesión en la huerta vieja.
Como introducción general y sin diferenciación de grupos profesionales, es
posible extraer de los libros de alfarda una primera impresión sobre la distribución
del regadío. De acuerdo con la alfarda de 1715, la estructura de la posesión en la
huerta vieja al inicio del Setecientos expresa un reparto desigual: mientras el 85%
de los cultivadores trabajan el 44% de la tierra, una minoría del 15% se reparte el
56% restante. 183 Luego, a mediados de siglo, se está produciendo un doble
fenómeno: por un lado el 94% de los cultivadores poseen el 69% de la huerta, lo
que supone, respecto de la generación anterior, que parte de la tierra ha sido
repartida entre mayor número de manos; se está produciendo el fenómeno de la
dispersión. Pero, al mismo tiempo, el 4% de propietarios –los más hacendados- ha
acumulado el 30% de las tierras de regadío. Es decir, se ha producido
simultáneamente el doble fenómeno de parcelación y de concentración de la
posesión. El crecimiento de la población obliga a algunas familias de pequeños
campesinos a distribuir las parcelas entre sus hijos, mientras otras, las más
poderosas, están acumulando un patrimonio en el regadío cada vez mayor. 184
Entrado el nuevo siglo, en 1829, un nuevo libro de alfarda acentúa la
desigual distribución de cien años atrás: el 85% de los poseedores no llega a
cultivar el 40% de la huerta vieja, (cuatro puntos por debajo de entonces) mientras
un 15% de las familias controla el 61,8% del regadío antiguo (casi un 6% de
aumento). Ahora, además, está ya en juego la huerta nueva, que aparece todavía
más concentrada que la vieja, puesto que más del 65% del nuevo regadío lo
controlan entre sólo el 14% de los terratenientes. 185 Peter Kriedte ha interpretado
el proceso, -en función de la evolución de los precios y salarios en el siglo-, como
un rasgo “progresista” dentro de una economía todavía feudal, que permitió la
acumulación de tierra en manos de los mayores labradores. 186 Tal vez el rasgo
210

cabría entenderlo más como “capitalista” que como “progresista”, a no ser que se
igualen ambos términos.
Cuadro 25
DISTRIBUCIÓN DE LA HUERTA VIEJA EN 1730
(en fanegas de 953,6 m 2 )
GRUPOS SOCIOPROFESIONALES nº de nº de % de tierra % de extensión
CON TIERRA EN LA HUERTA VIEJA contrib. poseed. pos/vec poseída tierra promedio
labradores, hortelanos y ganaderos 186 185 99,5 4537,5 55,5 24,5
infanzones 6 6 100,0 1439,5 17,6 239,9
jornaleros y pastores 179 131 73,2 844,5 10,3 6,5
viudas, menores y desconocidos 28 25 89,3 476,5 5,8 19,0
artesanos 82 36 43,9 338,0 4,1 9,4
instituciones eclesiásticas 4 4 100,0 264,0 3,2 66,0
comerciantes, tenderos, mercaderes 8 5 62,5 133,5 1,6 26,7
servidores de instituciones 12 6 50,0 76,5 0,9 12,8
profesiones liberales 9 5 55,5 73,0 0,9 14,6
TOTALES 514 403 78,4 8183,0 100,0 20,3
(1) Las instituciones eclesiásticas no figuran en el catastro y se han incluido tal como se
detallan en la alfarda de 1715.
Mediante el Cuadro 25 podemos atender al mismo tiempo los dos criterios
de análisis propuestos para el corte con que calificamos a la primera generación. La
mayor parte de las familias poseen en 1730 tierra de regadío: el 78,4% de los
contribuyentes. Si atendemos a los grupos socio-profesionales, vemos cómo el
20,8% del regadío aparece catastrado en manos de los dos estamentos
privilegiados –infanzones y eclesiásticos-, mientras el Estado Llano cultiva el
79,2%. Aparentemente, el regadío no está mayoritariamente en manos de los
privilegiados, aunque el endeudamiento del Estado Llano, derivado de la posesión,
permitirá matizar más adelante esta imagen.
Con diferencia sustancial al resto de contribuyentes, los seis infanzones
reconocidos y catastrados como tales son hacendados que poseen tierra en la
huerta vieja en grandes “torres” dedicadas al policultivo. Don Francisco Perisanz,
–último heredero consorte de la antigua familia de los Agustín-, es el mayor
terrateniente en la huerta, escoltado a distancia por los Villanova (don José y don
Félix, segundones de un linaje cuyo tronco reside en Benabarre). Junto a ellos el
heredero de los Foradada de siempre y los antiguos inmigrantes Bodón (don Miguel
y don Antonio); todos ellos viejos linajes de hacendados en la ciudad al inicio del
XVIII. Representan sólo un 1,5% de los poseedores y sin embargo sus criados
cultivan el 17,6% de la huerta. Las cuatro instituciones eclesiásticas (capítulo,
agustinos, beneficios y eclesiásticos particulares) les van a la zaga en cuanto al
211

promedio de tierra en propiedad y administrada directamente, aunque con una
extensión total mucho menor. Por ello, el “cambio de manos” efectuado con las
desamortizaciones no afectó de modo decisivo a la redistribución de la tierra. No
obstante, el capítulo de San Pedro y los conventos no ofrecen en el catastro su
verdadera dimensión como propietarios al tener la mayor parte de sus parcelas de
huerta cedidas a terceros, casi siempre mediante un contrato censal. Será la
redención de los censos durante la segunda mitad del siglo XIX la que permita una
mayor distribución del dominio directo entre diferentes grupos sociales.
Lógicamente, quienes poseen la mayor parte de la huerta vieja son los
labradores: representan el 46% de los poseedores con el 55,5% de la extensión.
Excepto un ganadero, todos tienen tierra en la huerta, como cabía esperar, pero la
extensión promedio de sus fincas (24,5 fanegas) queda muy por debajo de la de los
infanzones. La mayoría del grupo campesino está formada por labradores medianos
que se sirven del trabajo de todos los componentes del grupo doméstico para su
subsistencia y sólo algunos cuentan con excedentes comerciales habitualmente
(granos, vino, cáñamo, lino, higos). Entre estos últimos estarían familias como los
Cabrera-Agraz y Cabrera-Doménech quienes cuentan con más de cien fanegas de
huerta en varias fincas; o la de Blas Ibarz con 108, don José de Vera con 138, o
don Francisco Aymerich con 133 fanegas. Son labradores hacendados que recurren
a mossos majors para el cuidado de sus fincas. Junto al de los labradores y escasos
ganaderos, el grupo de las viudas y menores sin adscripción profesional concreta
posee un pequeño porcentaje de tierra con un buen promedio, lo que nos hace
suponer que la mayoría pertenecen también a familias de labradores medios.
El grupo jornalero supone el 32,5% de los poseedores y cultiva poco más del
10% de la huerta. La mayoría de ellos (el 73,2%) posee alguna parcela con
extensión variable, situándose su término medio en las 6,5 fanegas. 187 Un promedio
que situaría a muchos de ellos por debajo del límite de la subsistencia si hubieran
de vivir sólo con el concurso de la tierra, a juzgar por lo que la historiografía ha
estimado: Casey tomó como ejemplo el cultivo de huerta en Gandía y estimó que el
autoabastecimiento de trigo quedaba asegurado para una familia de tres hijos
cultivando unas ocho fanegas. 188 Si eso fue así, la dedicación al cultivo sería buen
complemento del salario para muchas familias jornaleras a principios de siglo en
Fraga. Para otras, el tamaño de sus parcelas resulta insuficiente, al no rebasar las
tres fanegas. La sobreexplotación de la tierra y de su propio trabajo, junto a la ley
de los rendimientos decrecientes, serían su difícil hábitat cotidiano.
En cambio, sólo 36 de las 84 familias artesanas disponen de alguna parcela.
Más de la mitad no cuenta con este complemento para mejorar sus posibilidades de
consumo, y la mayoría de quienes la cultivan poseen parcelas que no rebasan las
212

cuatro fanegas. Sin embargo, algunos artesanos parecen haber dispuesto del
capital necesario para adquirir o trabajar fincas que sobrepasan el bajo promedio
(9,4 fanegas) del conjunto: el caso de la familia del alpargatero Sorolla con 51
fanegas, que más parece un labrador que completa parte del año sus ingresos con
la dedicación a la producción de calzado; la del carpintero Curret con 15 fanegas o
los herreros Francisco Palacios y José Castillo con 14 fanegas cada uno. Casi todos
los tejedores y zapateros, en cambio, junto a un largo etcétera de oficios,
sobreviven con el fruto de su industria, sin el concurso de la tierra. Posiblemente
por ello ocupan el peldaño inferior en la escala, a similar nivel que los jornaleros.
El resto de grupos socio-profesionales posee una extensión mínima de la
huerta vieja. Destaca entre ellos alguno de los escasos comerciantes y tenderos del
momento –ninguno de los tres mercaderes-, quienes la poseen incluso en
proporción superior al promedio de los labradores. Es el caso de la viuda del
comerciante don José Sisón, con un patrimonio en la huerta de 46 fanegas. Una
posesión similar a la de varios profesionales liberales que actúan en la ciudad: los
dos cirujanos y un boticario, quienes disponen junto a sus salarios o conductas de
un pequeño patrimonio rústico explotado mediante jornaleros.
Sin distinguir entre grupos profesionales, el Cuadro 26 permite observar la
desigual distribución del regadío durante aquella primera generación.
Cuadro 26
TAMAÑO DE LAS POSESIONES DE REGADÍO EN 1730
(Huerta vieja en fanegas de 953,6 m 2 )
intervalo de número de % sobre tierra % sobre
fanegas poseedores total poseída el total
De 1 a 6 120 29,80 439,0 5,36
De 6,5 a 12 91 22,60 818,0 9,99
De 12,5 a 24 117 29,00 2.026,0 24,75
De 24,5 a 50 46 11,40 1.559,5 19,00
De 50,5 a 100 18 4,50 1.145,0 13,99
Más de 100 11 2,70 2.195,5 26,83
TOTALES 403 100,00 8.183,0 100,00
Fuente: elaboración propia con los datos del catastro de 1730.
La falta de tierra de regadío en extensión suficiente condicionaba a un tercio
de los poseedores a buscar o completar su subsistencia con otras fuentes de
ingresos, al poseer solamente el 5,36% de la extensión con parcelas que no
superaban las seis fanegas. Mientras en el otro extremo una minoría (el 2,7%)
contaba con ella para comercializar habitualmente parte de su producción, al
poseer más de una cuarta parte del cultivo. Entre ambos se situaban la mayoría de
213

los poseedores, con extensiones variables pero que en más de la mitad de los casos
no rebasaban las veinticuatro fanegas. Es decir, eran familias que en el caso de
dedicarse con exclusividad al cultivo deberían ser considerados como pequeños
labradores, sujetos a la contingencia de las cosechas y pasando de ser
autosuficientes a dependientes del mercado en los “años malos”. Por encima de
ellos se situarían un 16% de los poseedores que, con el 33% de la huerta, podrían
considerarse labradores adelantados y destinar usualmente una parte de su
producción a la comercialización.
* * *
Cien años después, en 1832, la distribución de la huerta ha modificado sus
características, en parte como consecuencia de la inclusión en el regadío de la
antigua partida del Secano. Desde su conversión en Huerta Nueva, su mayor
concentración inicial afectará la imagen de conjunto. Una mayor concentración que
parece conjugarse con la pérdida de capacidad para el cultivo de algunos colectivos
socio-profesionales, gravemente perjudicados en los avatares finales de la centuria
ilustrada. El Cuadro 27 da cuenta de una nueva realidad agrícola más diversificada
y compleja, a tono con la simultánea diversificación de la actividad económica
general en la ciudad.
Cuadro 27
DISTRIBUCIÓN DE LA HUERTA VIEJA + HUERTA NUEVA EN 1832
(en fanegas de 953,6 m 2 )
GRUPOS ESTAMENTALES Y nº. de nº. de % de tierra % de promedio
SOCIO-PROFESIONALES contrib. poseed. pos./vec. poseída tierra del grupo
labradores, ganaderos, apicult. 265 256 96,60 5947,0 50,44 23,23
forasteros 36 20 55,55 2093,0 17,75 104,65
jornaleros y pastores 473 261 55,18 971,8 8,24 3,72
infanzones 14 13 92,85 722,5 6,13 55,58
eclesiásticos 41 10 24,39 469,5 3,98 46,95
artesanos 126 51 40,47 441,5 3,74 8,66
profesiones liberales 18 9 50,00 341,5 2,90 37,94
arrieros y carromateros 57 37 64,91 311,5 2,64 8,42
comerciantes 38 21 55,26 242,5 2,06 11,55
servidores de instituciones 4 3 75,00 152,0 1,29 50,67
menores y desconocidos 13 6 46,15 98,5 0,84 16,42
TOTALES 1085 687 63,32 11791,3 100,00 17,16
Fuente: elaboración propia con los datos del catastro de 1832.
Si al inicio del siglo XVIII poseía tierra de regadío más de las tres cuartas
partes de los contribuyentes, ahora contaban con su concurso menos de los dos
tercios. Fraga había ampliado el abanico de sus actividades y más vecinos
214

subsistían ya sin el concurso de la tierra. Globalmente, el regadío aparece algo más
dividido, con un promedio por poseedor de 17 fanegas en 1832 frente a las 20
fanegas de 1730. Pero esa apariencia queda matizada si se analizan los diferentes
grupos. Frente a quienes sufren el fenómeno de la dispersión, otros acumulan
mayores porcentajes de tierra.
Los dos estamentos privilegiados poseen ahora en régimen de explotación
directa más de una cuarta parte de la tierra de regadío. Han aumentado en cinco
puntos su posesión, concentrando la estructura. La explicación no se encuentra
entre los eclesiásticos. A las dos instituciones tradicionales -capítulo de San Pedro y
convento de agustinos, ambos con extensiones mínimas- se unen ahora el
monasterio de Sijena (4,5 fanegas) el obtentor de una capellanía (373,5 fanegas),
el anterior prior de las parroquiales unidas de San Pedro y San Miguel (43,5
fanegas), y cuatro eclesiásticos particulares como cultivadores directos de
pequeñas parcelas. A tenor de estos datos, y con excepción de la capellanía de
mosen Altés, la Iglesia ha acentuado la cesión de sus fincas en manos de
censatarios laicos y su verdadera implicación en la estructura de la propiedad
rústica queda de nuevo a expensas de ulterior observación en el ámbito del
endeudamiento.
Tampoco se encuentra la explicación entre los infanzones que permanecen
en la ciudad. El promedio de sus posesiones ha descendido notablemente, debido a
la fragmentación del patrimonio familiar desde los bisabuelos, por herencias,
capitulaciones matrimoniales, dotes y legítimas de segundones, en el contexto de
una estructura de la propiedad carente casi por completo de patrimonios
vinculados, aunque con el hábito sucesorio del heredero único, l’ hereu.
La explicación a la concentración reside entre los vástagos de linajes
infanzones oriundos de Fraga, pero emigrados ya a otras poblaciones. Algunos
herederos infanzones han marchado a las capitales vecinas de Huesca, Zaragoza y
Lérida. Casi el 18% de la huerta está en manos de infanzones “forasteros” oriundos
de Fraga. Su voluntad de ascenso socio-político o su matrimonio exigió cambios de
residencia en busca de horizontes más ambiciosos. Por ejemplo, don Domingo
María Barrafón es ahora intendente de Aragón y luego de Cataluña (359 fanegas);
don Francisco Barber es regidor vitalicio en Zaragoza (143 fanegas) y don Francisco
Doménech (160 fanegas) regidor perpetuo en Huesca, como lo fue su padre; Los
herederos de don Martín Villanova (442,5 fanegas) han regresado a su lugar de
origen en Benabarre, mientras don Jacinto Orteu –casado con la heredera única de
los Aymerich de Fraga- regresa también a su casa solariega en La Pobla de Segur
(220,5 fanegas). La familia de don Francisco Del Rey es residente habitual en
Lérida desde varias generaciones atrás (410 fanegas); y la de los Monfort ha
215

trasladado su residencia interinamente al vecino pueblo de Torrente de Cinca,
donde posee un patrimonio rústico superior al de Fraga, con ser éste de los más
extensos. 189 En el escalón inferior al de estos oriundos “notables” se sitúan otros
infanzones y contribuyentes del Estado Llano naturales de otras poblaciones,
quienes por haberse casado con herederas fragatinas usufructúan extensiones
menores en la huerta desde sus residencias foráneas. A unos y otros –oriundos y
forasteros no naturales- sus administradores les darán buena cuenta de las rentas
derivadas del cultivo y la comercialización de sus productos. Numerosos vecinos
son ahora dependientes de estos administradores en ausencia de sus “amos”. Amos
absentistas pero patronos de extensas clientelas a las que pueden beneficiar con su
influencia en el “exterior”.
Además de los foráneos, deben tenerse en cuenta los linajes infanzones que
permanecen en la ciudad: los Junqueras (115,5 fanegas), Portolés (278,5 fanegas
entre seis contribuyentes), Isach (58 fanegas), Cabrera (88 fanegas) o Foradada
(51 fanegas), unos como hijos o nietos de antiguos inmigrantes y otros como
herederos de los linajes tradicionales. Representan menos de un 2% de los
poseedores y cuentan con un 6% de la huerta. Siguen siendo hacendados pero su
distancia del resto de poseedores es menor en esta generación que en la de sus
bisabuelos y abuelos. Aunque su carácter noble siga diferenciándoles socialmente
del resto, algunos hacendados del Estado Llano les superan en posesión de tierra y
rentas: son los Rubio (277,5 fanegas), Martí (189,5 fanegas), Salarrullana (176,5)
y Vera (95). Ambos grupos terratenientes ocupan un mismo estatus desde que el
atrevimiento liberal del Trienio ubicó con un mismo “don” igualitario a aquellos
medianos infanzones y a estos mayores hacendados. En 1832, la igualdad legal de
unos y otros está de nuevo muy próxima. Los infanzones perderán pronto su
estatus estamental para incorporarse con los demás vecinos a las “clases
contributivas”, de acuerdo con sus rentas.
En el tránsito al nuevo régimen, la mayor parte de la huerta sigue en manos
de los labradores, aunque la extensión promedio de sus fincas ha descendido
levemente: han aumentado en casi diez puntos su porcentaje como poseedores,
perdiendo cinco puntos en tierra poseída. En el grupo aumenta el grado de
dispersión debido a la diversificación de sus actividades: ahora hay apicultores-
labradores dedicados profesionalmente a esta labor principal y el regadío es para
ellos sólo complemento; hay entre ellos ganaderos especializados que centran su
actividad en apacentar sus rebaños en el monte, obviando los cultivos de huerta;
los hay finalmente que combinan la doble función agropecuaria y mejoran el
regadío con el estiércol producido en los corrales de sus masadas. Globalmente, el
grupo de los labradores y ganaderos ha superado dos generaciones de incremento
216

demográfico, -con ramificación de sus brazos familiares-, sin pérdida considerable
de su patrimonio en el regadío, pese a experimentar éste el incremento de sólo un
tercio de la superficie inicial. Inmersos en aquella estructura desigual, los
labradores han podido satisfacer su necesidad de tierra.
Quienes sí han perdido opciones en el cultivo complementario a sus salarios
han sido tanto los jornaleros como los artesanos. Cien años atrás, casi las tres
cuartas partes de los jornaleros poseían alguna parcela; ahora, poco más de la
mitad. El suyo fue un retroceso considerable en el acceso a la tierra pese a las
medidas ilustradas. Por otra parte, cien años atrás suponían el 32,5% de los
poseedores de tierra en la huerta y cultivaban el 10% de ella. Ahora suponen el
38% de los poseedores y sólo cultivan el 8,24%. Sus parcelas se han reducido en
extensión. Sólo catorce jornaleros superan ahora las ocho fanegas y la mayoría se
queda en una extensión que ronda las dos fanegas. Es decir, una característica se
acumula a la siguiente: muchos jornaleros se han quedado sin tierra; la extensión
global de los que la poseen se ha reducido y, a pesar de aumentar su peso relativo
entre los poseedores -a tono con su mayor porcentaje entre la población activa-, el
tamaño de sus parcelas también se reduce. Se acentúa con ellos la dispersión. La
tierra de regadío supone ahora un complemento menor que antaño a sus salarios.
Algo similar ocurrió entre el artesanado. En 1730 casi la mitad de ellos
poseía tierra y suponían el 8,9% de los poseedores. Cultivaban el 4% de la tierra
con parcelas que rondaban una extensión media de diez fanegas. Su ciclo laboral
anual alternaba manufactura y labranza. En 1832 representan el 7,4% de los
cultivadores y entre ellos posee parcelas el 40,5% del grupo. En sus manos está el
3,74% de la extensión, distribuido en parcelas con una extensión media de 8,66
fanegas. Es decir, siendo el número de quienes se dedican a los oficios mecánicos
mayor que antaño, todos sus guarismos son ahora inferiores a los de la centuria
precedente. Menos artesanos disponen de tierra como complemento de su renta o
su salario, cuentan con extensiones menores y la extensión poseída como grupo se
reduce respecto de las de otros sectores de la población activa. Un retroceso
colectivo que contribuye por un lado a una mayor dispersión de la estructura y por
otro, su menor cuota evidencia el traspaso de sus tierras a otras manos.
Lo que está ocurriendo es que una parte de la posesión del regadío pasa del
sector jornalero y artesano al terciario. Los artesanos dedican ahora más tiempo a
su oficio y menos al cultivo. Mientras, otros consiguen en su actividad principal
suficiente renta para adquirir tierra y trabajarla por sí mismos o mediante
jornaleros. Por ejemplo, mientras sólo 16 de los 41 alpargateros poseen parcelas,
casi la mitad de los 55 arrieros cuentan con ese complemento y algunos de ellos
podrían considerarse labradores por la cantidad de tierra que trabajan. Otro tanto
217

ocurre con algunos comerciantes y sobre todo con tres de los cuatro escribanos y el
propio corregidor, convertidos ya en verdaderos hacendados.
Cuadro 28
TAMAÑO DE LAS POSESIONES DE REGADÍO EN 1832
(Huerta vieja + huerta nueva en fanegas de 953,6 m 2 )
intervalo en nº. de % sobre tierra % sobre
fanegas poseed. total poseída total
De 1 a 6 328 47,74 1.023,8 8,68
De 6,5 a 12 160 23,29 1.446,0 12,26
De 12,5 a 24 92 13,39 1.594,0 13,52
De 24,5 a 50 64 9,32 2.138,0 18,13
De 50,5 a 100 26 3,78 1.745,0 14,80
Más de 100 17 2,47 3.844,5 32,60
TOTALES 687 100,00 11.791,3 100,00
Fuente: elaboración propia con los datos del catastro de 1832.
La conclusión sobre la estructura de la posesión del regadío al finalizar el
período la expresa el Cuadro 28. El número absoluto de los poseedores ha crecido
en un 70%, un incremento que no alcanza al de la población. Al mismo tiempo, ha
aumentado hasta casi doblarse el porcentaje de quienes carecen de tierra suficiente
para subsistir y queda muy por debajo de ese incremento su porcentaje de tierra
poseída. La situación del pequeño poseedor –sea jornalero o artesano-, empeora y
sobre ellos recae el fenómeno de la dispersión de la tierra.
Se incrementa ligeramente el porcentaje de los pequeños campesinos en
grado similar a la tierra que poseen, por lo que su imagen parece no haber
evolucionado. Dicho de otro modo, manifiestan su incapacidad para conseguir más
tierra y garantizar su subsistencia. En cambio, disminuye casi hasta la mitad el
porcentaje de quienes poseen entre 12,5 y 50 fanegas, y en menor proporción la
tierra que poseen, lo que evidencia la concentración de más tierra en menos
manos. Y otro tanto sucede con quienes poseen más de cincuenta fanegas:
disminuye el porcentaje de su número mientras aumenta la cantidad absoluta y
relativa de tierra poseída. Son labradores en disposición de comercializar los
excedentes de su producción. La tierra se ha troceado en los niveles inferiores de
generación en generación con un aumento notable de poseedores y al mismo
tiempo se concentra en menos manos entre quienes disponen de mayor patrimonio.
El regadío de Fraga se polariza y se agudiza la distancia entre los extremos.
218

Evolución de la posesión en tierra de secano.
Las tierras de secano inician el siglo XVIII con un número de poseedores tres
veces inferior al del regadío, aunque todos los grupos socio-profesionales excepto
los eclesiásticos aprecian su cultivo directo. Pese a sus bajos rendimientos, su
laboreo resultaba conveniente a todos, cuando no indispensable para algunos, por
carecer de tierra en el regadío. Obviamente, las extensiones cultivadas necesitan
ser aquí mucho mayores que en la huerta. Su mayor extensión suple el escaso
rendimiento de una tierra sujeta a la climatología. Pese a ello, y al hecho de contar
muchos vecinos con tierras de regadío de mayor producción y rendimiento, el
secano era persistentemente apreciado y cultivado, con la esperanza del año
bueno. Un año que les permitiera incluso conseguir excedentes comercializables y
atender con ello a deudas contraídas en años difíciles.
Cuadro 29
DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA DE SECANO EN 1730
(partida del Secano + partidas del monte en cahíces de 8.582,4 m 2 )
GRUPOS SOCIOPROFESIONALES nº de nº de % de tierra % de extensión
CON TIERRA DE SECANO vecinos poseed. poseed. poseída tierra media
labradores, hortelanos y ganaderos 186 159 61,15 2.699,5 68,14 16,98
jornaleros y pastores 179 58 22,31 423,0 10,68 7,29
infanzones 6 5 1,92 281,0 7,09 56,2
viudas, menores y desconocidos 28 16 6,15 262,0 6,61 16,37
artesanos 82 11 4,23 182,0 4,59 16,54
comerciantes, tenderos, mercaderes 8 5 1,92 48,0 1,21 9,6
profesiones liberales 9 2 0,77 38,0 0,96 19
servidores de instituciones 12 4 1,54 28,0 0,71 7
TOTALES 510 260 100 3.961,5 100 15,24
Fuente: elaboración propia con los datos del catastro de 1730.
Como ocurría en el regadío, también en el monte y en la partida del Secano
quienes más tierra cultivan son los labradores, aunque no todos han accedido a ella
a principios del siglo. Representan el 61% de los poseedores y ocupan el 68% de la
extensión, con una media de casi 17 cahíces, equivalentes a algo más de 14,5
hectáreas. Cinco de los seis infanzones poseen también masadas con una extensión
media mucho mayor (56,2 cahíces) equivalente a 48,2 hectáreas. Un tercio de los
jornaleros y pastores disponen del 10,68% de la tierra en el monte y porcentajes
marginales el resto de los grupos. Los jornaleros ocasionales (según el catastro de
1751) poseen como promedio 8,68 cahíces de tierra mientras los jornaleros
219

habituales cuentan sólo con 2,97 cahíces de promedio, lo que sitúa la suficiencia en
el cultivo del monte por encima de los ocho cahíces.
Estamos al inicio del período y todavía no se han producido las concesiones
conocidas a propósito de la legislación ilustrada. Pero si se atiende a la extensión
que presentan ya ahora la mayoría de las masadas y campos es fácil observar que
suelen tener ocho cahíces de cabida o múltiplos de esa cifra; también son
frecuentes extensiones de cuatro cahíces. Sabemos que al producirse las
concesiones de los años setenta en adelante el ayuntamiento solía otorgar ocho
cahíces de tierra en el secano a los labradores que poseyeran una o más yuntas de
labor y cuatro cahíces a los jornaleros que dispusieran de una o dos caballerías.
Podemos por tanto deducir que la cuantía usual de las concesiones, antes y
después de aquellas leyes, fue similar. Las extensiones iniciales solían crecer con
apropiaciones arbitrarias y dividirse en los actos sucesorios, por lo que, con el
tiempo, las fincas de ocho cahíces o múltiplos de esa extensión quedaban
desdibujadas, al tiempo que otras se reducían a submúltiplos de ella. Basándonos
en esta observación de la realidad, hemos agrupado en estos intervalos los
tamaños de las masadas según el siguiente cuadro:
Cuadro 30
TAMAÑO DE LAS MASADAS EN 1730
(partida del Secano + partidas del monte en cahíces de 8.582,4 m 2 )
intervalo en número de % sobre tierra % sobre
cahíces poseedores total poseída total
De 1 a 4 48 18,46 165,5 4,18
De 4,5 a 8 76 29,23 546,0 13,78
De 8,5 a 16 72 27,69 911,0 23,00
De 16,5 a 32 36 13,85 845,0 21,33
De 32,5 a 64 23 8,85 1.068,0 26,96
Más de 64 5 1,92 426,0 10,75
TOTALES 260 100,00 3.961,5 100,00
Fuente: elaboración propia con los datos del catastro de 1730.
Igual que en el regadío, también en el monte se aprecia una desigual
distribución de la tierra. Mientras casi la mitad de los poseedores cuentan sólo con
el 17,96% de la misma, un 10,77% de ellos cultiva más de la tercera parte. La
mayoría de los jornaleros quedan incluidos en el primer grupo, mientras los cinco
infanzones integran el más elevado. Por otra parte, más del 71% de la tierra está
distribuida en masadas que rebasan los ocho cahíces, lo que permite suponer que
los 131 vecinos que las cultivan (50,39% de los poseedores) obtendrían en años
220

normales cosechas suficientes para alimentarse, una vez descontada la simiente, el
diezmo y pagado el catastro. Curiosamente, los artesanos que cultivan alguna
masada se ubican entre esa mayoría de vecinos, lo que seguramente los incluye
dentro de los beneficiados por las concesiones tradicionales. El dato no es baladí y
supondría que los sucesivos concejos habrían actuado en el ámbito de las
concesiones con igualdad de trato entre los vecinos, sin distinción de oficios: el
poseer bueyes u otras bestias habría sido condición suficiente para la concesión, sin
el requisito de poseer tierra con anterioridad o dedicarse exclusivamente a su
cultivo como labradores o jornaleros de campo.
Al final de la etapa se repiten en las tierras de monte la mayoría de las
características observadas en el regadío, aunque con algunas particularidades.
Sabemos que el cultivo de secano aumentó mucho más que el de regadío hasta
cuadruplicarse. Buena parte del crecimiento demográfico hubo de ser abastecido
con su producción cerealista. Sabemos que la mayoría de las concesiones de los
siglos XVIII y XIX se produjeron en las tierras de secano. La demanda de tierra se
satisfizo con ellas mayormente. Incluso un buen porcentaje de forasteros
comarcanos (el 20,76% del total de poseedores) consiguió en ellas lo que no
obtenía en sus términos municipales. Casi tres mil cahizadas de tierra estaban
ahora en sus manos, un 19% del total.
Cuadro 31
DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA DE SECANO EN 1832
(en cahíces de 8.582,4 m2)
GRUPOS SOCIOPROFESIONALES nº. de nº. de % de tierra % de
221
extensió
CON TIERRA DE SECANO contrib. poseed. poseed. poseída tierra media
Hacendados, labradores, apicultores y
ganaderos 265 239 39,70 7.352,0 49,94 30,8
jornaleros y pastores 473 140 23,26 1.276,2 8,67 9,1
oriundos infanzones y de Estado Llano 16 9 1,50 1.018,2 6,92 113,1
infanzones 14 12 1,99 828,8 5,63 69,1
comerciantes, tenderos, arrieros 99 40 6,64 794,4 5,40 19,9
artesanos 126 22 3,65 311,6 2,12 14,2
menores y desconocidos 14 7 1,16 179,5 1,22 25,6
profesiones liberales 18 5 0,83 108,2 0,73 21,6
eclesiásticos 41 3 0,50 71,3 0,48 23,8
forasteros de pueblos comarcanos 139 125 20,76 2.782,8 18,90 22,3
TOTAL 1.205 602 100 14.723,0 100 24,5
Fuente: elaboración propia con los datos del catastro de 1832.
n

Todos los guarismos absolutos del Cuadro 31 son superiores a los de 1730:
más labradores poseen tierra en el monte, más jornaleros, más artesanos y más
infanzones. Pero sus valores relativos ya no aumentan en todos los casos. Los
labradores sí han incrementado su porcentaje: a principios de siglo poseían tierra
de secano el 85% de los labradores y ganaderos mientras ahora superan el 90%.
Han crecido de forma absoluta y relativa. No sólo han podido dividir patrimonios
por donaciones o herencias, sino que nuevas familias campesinas han accedido a su
disfrute. A principios del XVIII la extensión media de sus fincas era de 17 cahíces y
ahora supera los treinta. Las masadas se han ensanchado considerablemente. Es el
efecto de las concesiones y de las roturaciones arbitrarias. Sin embargo, el
porcentaje de tierra poseída por el conjunto del grupo sufre una reducción relativa
en contraste con la incorporación progresiva de terratenientes forasteros.
El grupo jornalero aumenta levemente tanto su grosor relativo como la
extensión media de sus fincas, pero pierde dos puntos porcentuales en la cantidad
global de tierra poseída. El acceso a la tierra de secano se convierte así en un factor
diferencial entre ellos: unos han agrandado sus fincas mientras otros las han
perdido o se han quedado sin posibilidad de acceder a ellas. De todos modos, en
sus manos está casi una cuarta parte de las tierras del monte; una característica
nada desdeñable que ha de ayudar a quienes la poseen a sobrevivir en años de
cosecha cierta.
En situación opuesta se encuentran los artesanos, que disminuyen todos sus
valores relativos: su envergadura como grupo es menor y también el porcentaje de
tierra y la extensión media de sus masadas. Características que refuerzan la
imagen obtenida ya para el grupo en la evolución del regadío. Muchos artesanos
trabajan más tiempo en su oficio o poseen talleres de mayor complejidad. La tierra
se ha convertido en un medio de producción menos necesario para su subsistencia.
Aunque en menor medida que en el regadío, el estamento noble está
presente con sus grandes fincas en el monte. También aquí la cantidad global de
tierra en manos de los infanzones residentes en la ciudad ha disminuido
relativamente respecto de principios de siglo. Pero sus fincas son ahora más
extensas y lo más significativo es que pertenecen a nuevos linajes de infanzones
llegados a Fraga en alguna de las últimas generaciones. Los nuevos inmigrantes se
han dado prisa en acceder a la tierra. Pero por encima de ellos, a una gran
distancia, se mantienen los vástagos de linajes tradicionales emigrados en su
mayor parte a otras ciudades, como ocurría en el regadío. Las fincas más extensas
les pertenecen todavía. Siendo sólo un 1,5% de los poseedores acumulan el 6,9%
de la tierra y sus masadas doblan en extensión media a las de sus congéneres
fragatinos, sin duda segundones. También aquí sus administradores han de
222

controlar el trabajo de numerosos jornaleros en las diversas tareas del año agrícola.
Familias de jornalers y mossos unidos a sus amos absentistas en una estrecha
relación clientelar.
Finalmente, igual que en el regadío, advertimos un cierto desplazamiento de
la posesión de la tierra de secano hacia los diversos componentes del sector
terciario: poseen masadas tanto el corregidor, como los escribanos o el
farmacéutico; pero son de nuevo los arrieros, comerciantes, tenderos y posaderos
quienes más tierra cultivan o administran entre los de su heterogéneo grupo. Para
la mayoría de éstos últimos, el medio de producción tierra es todavía un
complemento al salario o beneficio de su actividad principal. El caso del corregidor o
los escribanos es distinto: invierten parte de sus rentas en tierra de secano como
medio para convertirse en vecinos “de arraigo”.
Cuadro 322
TAMAÑO DE LAS MASADAS DEL MONTE EN 1832
(en cahíces de 8.582,4 m2)
intervalo en número de % sobre tierra % sobre
cahíces poseedores total poseída total
De 1 a 4 85 14,12 230,3 1,56
De 4,5 a 8 118 19,60 774,1 5,26
De 8,5 a 16 125 20,76 1.493,4 10,14
De 16,5 a 32 139 23,09 3.257,8 22,13
De 32,5 a 64 85 14,12 3.815,8 25,92
Más de 64 50 8,31 5.151,6 34,99
TOTALES 602 100,00 14.723,0 100,01
Fuente: elaboración propia con los datos del catastro de 1832.
En relación al tamaño de las fincas, la estadística del Cuadro 32 presenta
varias diferencias respecto de principios del XVIII. El porcentaje de las masadas
cuya extensión queda por debajo de las ocho cahizadas –nivel mínimo de
subsistencia- es menor que el de cien años atrás. Los pequeños poseedores del
monte están en retroceso relativo. Al mismo tiempo, es necesario el concurso de un
porcentaje mayor de vecinos para cultivar similar porcentaje de tierra. Es decir,
también aquí se produce el fenómeno de dispersión observado en la huerta. Por
otra parte, se está produciendo un corrimiento hacia los intervalos de extensión
mayores. Ahora, la mayoría de los poseedores (66,28%) se encuentra por encima
del mínimo de ocho cahíces de tierra. Hemos visto cómo la posesión en el secano
se consolidaba en manos de labradores, hacendados e infanzones, que disfrutan de
223

mayores extensiones de tierra, hasta acumular el 93,18% de ella junto a los
terratenientes forasteros. Y todavía dentro de ese conjunto mayoritario destacan
quienes poseen más de 64 cahíces: se ha cuadriplicado el número de poseedores
con un porcentaje similar de tierra. Aflora de este modo la consecuencia de
aquellas concesiones efectuadas por el ayuntamiento en beneficio de los mayores
contribuyentes. A lo largo de los cien años transcurridos, el secano se polarizó
como lo hizo la huerta. Unos quedan como poseedores residuales, mientras otros
expanden sus masadas con la intención de introducir la producción de cereal en el
circuito comercial.
El ganado de labor como indicador de cambios en la estructura agraria.
Las tierras deben ser en todos los casos labradas, las cosechas de cereales
trilladas y la mies y producciones de todo tipo transportadas. Como deben serlo la
leña o el carbón que se “hace” en el monte para el fuego doméstico, para los
“hornos de pan cocer”, para los alfares y las tejerías. También la construcción de
viviendas y corrales o los reparos del puente y de las acequias requieren del
concurso de los animales de tiro y acarreo. Los hombres que ejercen todas estas
actividades deben trasladarse diariamente desde el recinto urbano a la huerta y,
estacional u ocasionalmente, desde la ciudad a las partidas del monte. Como en
todas partes, el ganado de labor y de acarreo es indispensable en la época y más
en un término municipal que extiende su huerta al otro lado del río, -hacia el norte
y hacia el sur-, en una franja que alcanza las tres leguas entre sus partidas más
alejadas, al tiempo que las del monte se expanden hasta confines situados a más
de cinco leguas. El ganado de labor y de acarreo es indispensable en la economía
de la época. Por eso las variaciones en su volumen y su distribución entre los
grupos socio-profesionales parecen factores de primer orden en el desarrollo de las
actividades; son indicadores de la evolución producida en la estructura de la
propiedad de la tierra.
El Cuadro 33 expresa el volumen y cambios en la posesión de ganado de
labor entre 1751 y 1859, aunque para este último año desconozco el número de
poseedores. La primera observación es la del crecimiento de los guarismos de
conjunto. El ganado de labor creció hasta casi duplicarse (índice 181) entre el
primer y el último año, pese a experimentar un retroceso notable como
consecuencia de la guerra de la Independencia (índice 88). Un crecimiento acorde
con el agrícola. La segunda observación plantea el desigual comportamiento del
ganado vacuno y del equino. El número de bueyes de labor –siendo ya minoritario
desde el inicio de la etapa-, decreció entre 1751 y 1789, durante el largo período
de crecimiento sostenido de la población en general y de la población activa en
224

particular, para recuperarse levemente en la década final del XVIII y durante el
primer tercio del XIX, pese a la guerra. En los tiempos difíciles de fin de siglo, algún
labrador habría vuelto al buey por su menor coste de adquisición y mantenimiento
frente al ganado mular. En el vacuno, además, el índice de las unidades desciende
más que el de los poseedores, lo que indica un retroceso progresivo en la capacidad
para adquirirlo entre quienes se sirven de este tipo de ayuda. Se reduce así el
tradicional laboreo que aprecia las labores más profundas aunque efectuadas con
mayor lentitud.
Cuadro 33
GANADO DE LABOR EN FRAGA. 1751-1859
año bueyes caballerías mayores caballerías menores TOTALES
poseedores
índice*
unidades
índice*
poseedores
índice*
unidades
índice*
1751 37 100 88 100 165 100 297 100 241 100 420 100 443 100 805 100
1789 14 38 29 33 280 170 584 197 254 105 469 112 548 124 1.082 134
1803 18 49 40 45 184 112 558 188 280 116 552 131 482 109 1.150 143
1819 6 16 12 14 141 85 401 135 196 81 295 70 343 77 708 88
1832 17 46 34 39 319 193 650 219 308 128 537 128 644 145 1.221 152
1859 ¿? ¿? 12 14 ¿? ¿? 807 272 ¿? ¿? 637 152 ¿? ¿? 1.456 181
*Índice 1751=100. Las caballerías mayores incluyen caballos, yeguas, mulas y mulos.
Las caballerías menores incluyen burros y burras (jumentos y jumentas en las fuentes).
225
poseedores
En cambio, el polo opuesto lo expresa el grupo de las caballerías mayores y
dentro de él, el aumento espectacular de las mulas. Su introducción es anterior a la
etapa y a mediados de siglo su número es ya considerable (casi trescientas
unidades). Luego, en sólo cuarenta años su número se duplica, lo que es un buen
indicador de la bonanza y aumento de la actividad agrícola. Su índice crece además
por encima del de quienes las poseen, lo que está de acuerdo con una mayor
capacidad de compra en un grupo reducido de labradores. Una circunstancia que se
acentúa durante lo que parece un claro giro en la coyuntura: entre 1789 y 1803
desciende el número de las unidades pero lo hace mucho más el de los poseedores.
La capacidad de compra y mantenimiento se circunscribe ahora a un número
todavía menor de poseedores. Otro indicio de que la crisis agrícola finisecular
descapitaliza a los menos pudientes. Luego los desastres de la guerra acentúan la
crisis hasta los guarismos mínimos. Superado el bache, una renovada e
intensificada actividad agrícola y trajinera parece exigir nuevas inversiones en
ganado de labor y de tiro, y el número de mulas crecerá sin cesar hasta mediados
del siglo XIX. Los guarismos de las caballerías mayores y de quienes las poseen
índice*
unidades
índice*
poseedores
índice*
unidades
índice*

marchan en la etapa al ritmo del crecimiento demográfico y por delante de los
índices de la población activa. Su trayectoria conjunta expresa una recuperada y
creciente capacidad de inversión en este medio de trabajo.
Todavía otro rasgo acentúa el espectacular crecimiento de las caballerías
mayores si lo comparamos con el de las caballerías menores (asnos y burras).
Éstas aumentan también pero sólo en un 28% entre 1751 y 1832. Su incremento
en ochenta años es por tanto escaso, aunque debamos descontar el efecto negativo
de la guerra. Su menor precio y valoración catastral 190 es sin embargo un buen
exponente de lo que debió suponer el período de crisis finisecular hasta la guerra
de la Independencia: fue entonces cuando más vecinos efectuaron más compras de
este tipo de ganado hasta alcanzar el mayor índice de la etapa, frente al retroceso
que experimentaron en el mismo período las caballerías mayores y el número de
sus poseedores. Quienes necesitando ganado para el laboreo no podían comprar las
mejores caballerías debieron conformarse entonces con las menos costosas. El de
las caballerías menores constituye el mejor ejemplo de la descapitalización selectiva
apreciable en el cuadro siguiente, en el que se compara el número de
contribuyentes de cada catastro con el de poseedores de ganado, distribuyendo los
vecinos en grupos de actividad económica:
Cuadro 34
PORCENTAJE DE POSEEDORES DE GANADO DE LABOR POR GRUPO PROFESIONAL
(por grupos profesionales)
año
contribuyentes
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV TOTALES
poseedores
% pos. / contrib.
contribuyentes
poseedores
% pos. / contrib.
contribuyentes
1751 174 156 89,7 212 154 72,6 76 22 28,9 24 18 75,0 486 350 72,0
1789 261 260 99,6 222 93 41,9 129 27 20,9 83 62 74,7 695 442 63,6
1803 241 207 85,9 216 107 49,5 131 34 26,0 101 71 70,3 689 419 60,8
1819 241 202 83,8 303 101 33,3 111 22 19,8 74 48 64,9 729 373 51,2
1832 261 236 90,4 400 168 42,0 127 17 13,4 111 76 68,5 899 497 55,3
Grupo I: hacendados, labradores, ganaderos y apicultores.
Grupo II: jornaleros y pastores.
Grupo III: artesanos.
Grupo IV: comerciantes, arrieros, profesiones liberales y servicios.
(No se toman en consideración los animales en poder de eclesiásticos, de menores y
contribuyentes de oficio desconocido).
226
poseedores
% pos. / contrib.
contribuyentes
poseedores
% pos. / contrib.
contribuyentes
poseedores
% pos. / contrib.

De forma global, el porcentaje de poseedores de ganado de labor fue en
continuo retroceso respecto del número de contribuyentes durante la etapa. Fue
una reducción considerable que pasó del 72% al 55%. La diversificación de la
economía hacía menos necesaria su posesión para algunos grupos, al tiempo que
disminuía la capacidad de otros para adquirirlos. El grupo de hacendados,
labradores y ganaderos aumentan su posesión de ganado de labor durante la
segunda mitad del Setecientos hasta la crisis finisecular, para superarla junto con el
efecto bélico y situarse al final de la etapa en un porcentaje similar al inicial. En
principio parece extraño que no todos los contribuyentes de este grupo posean
ganado de labor. Pero el dato es explicable si se atiende a la dedicación principal de
cada cual. En el caso de algún hacendado sin caballerías la explicación estriba en la
contratación de jornaleros que las poseen, trasladándoles la carga de su
mantenimiento durante el año, a cambio de satisfacerles un considerable jornal por
aportarlas. En otros casos, quienes no declaran poseerlos en el catastro siendo
labradores, pueden ser y de hecho he comprobado que son miembros de grupos
domésticos formados por familias troncales, en las que hijos o yernos declaran
poseer el ganado necesario para el laboreo conjunto de las tierras de sus padres o
suegros y de las propias. El de los hacendados y labradores es el grupo con mayor
estabilidad, sin señalarse apenas por mejoras sensibles o disminuciones en su
capacidad de adquisición.
En cambio, el retroceso en el grupo de los jornaleros y pastores es radical:
del 72,6% que posee algún ganado de labor o de acarreo en 1751 se pasa al 42%
al término de la etapa. Casi la mitad del grupo ha perdido la capacidad de
mantenerlos y el complemento salarial derivado de su aporte ha de disminuir en
consecuencia. Por otra parte, su menor posesión es coherente con la pérdida de
tierra que sabemos experimenta su grupo. Lo que no podemos determinar es qué
fue antes: perder la tierra o perder las caballerías con que trabajarla. Mientras,
otros jornaleros –los menos- han mejorado su posición inicial, adquiriendo tierras
en el monte y aumentando con ello el número de sus animales de labor.
Con mayor intensidad, el retroceso se produce entre los artesanos, quienes
minoran el grupo de poseedores a menos de la mitad de su porcentaje inicial, ya
muy reducido. Muy pocos artesanos poseían ganado de labor o acarreo en 1751 y
al término de la etapa sólo una exigua minoría disponía de él. El dato parece
corroborar su progresiva y general dedicación a los respectivos oficios en
detrimento de una anterior dedicación parcial al cultivo de pequeñas parcelas.
Diferente imagen se percibe en el heterogéneo Grupo IV que integra desde
los comerciantes a los empleados de servicios, a los profesionales liberales y a los
arrieros. Su porcentaje es también ligeramente decreciente con el paso del tiempo,
227

pero se mantiene de principio a fin en cotas muy elevadas. Junto al aumento
extraordinario de sus componentes, que se ha cuadruplicado, la mayoría siguen
siendo poseedores de ganado de labor y principalmente de tiro. El mayor
contingente en este grupo lo constituyen las recuas de caballerías menores y
mayores adquiridas por los arrieros. Entre ellos, su posesión tiene poco que ver con
el cultivo de la tierra y sí mucho con la comercialización de productos. Son ellos
quienes confieren a su grupo el promedio de caballerías por contribuyente más
elevado de entre todos los grupos, como puede apreciarse en el siguiente cuadro:
año
contribuyentes
Cuadro 35
RESES Y CABALLERÍAS DE LABOR POR CONTRIBUYENTE. 1751-1832
(reunidos en los grupos profesionales indicados abajo)
GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV TOTALES
ganado de labor
unidades por contr.
contribuyentes
ganado de labor
unidades por contr.
contribuyentes
1751 174 419 2,4 212 290 1,4 76 36 0,5 24 51 2,1 486 796 1,6
1789 261 648 2,5 222 140 0,6 129 41 0,3 83 233 2,8 695 1062 1,5
1803 241 576 2,4 216 192 0,9 131 46 0,4 101 291 2,9 689 1105 1,6
1819 241 415 1,7 303 138 0,5 111 34 0,3 74 120 1,6 729 707 1,0
1832 261 639 2,4 400 306 0,8 127 33 0,3 111 238 2,1 899 1216 1,4
Grupo I: hacendados, labradores, ganaderos y apicultores.
Grupo II: jornaleros y pastores.
Grupo III: artesanos.
Grupo IV: comerciantes, arrieros, profesiones liberales y servicios.
El promedio de unidades poseídas en cada grupo es otra de las
características diferenciales respecto de la posesión y el cultivo de la tierra. Los
mayores hacendados suelen poseer hasta tres yuntas de bueyes y/o mulas,
mientras los labradores más atrasados son dueños de una sola caballería (a veces
incluso “menor”) y necesitan de la ayuda de otros vecinos “conjunters” para la
labor estacional del arado. En algunos casos, el par de mulas se reparte incluso
entre tres vecinos. 191 Pero lo usual en el grupo es el par de mulas o bueyes, que se
completa con un asno o una burra como animal de acarreo; estructura que se
mantiene invariable a lo largo de toda la etapa con la excepción del período bélico.
Jornaleros y artesanos, en cambio, explican el descenso global del indicador
al final de la etapa. Más los primeros que los segundos ven disminuir su capacidad
para adquirirlos, lo que para los jornaleros evidencia su retroceso en la posesión de
228
ganado de labor
unidades por contr.
contribuyentes
ganado de labor
unidades por contr.
contribuyentes
ganado de labor
unidades por contr.

tierra y su mayor dificultad en la consecución de jornales por su aporte, y entre los
artesanos su uso casi exclusivo como animales de acarreo.
Globalmente, durante el siglo XVIII los fragatinos demuestran capacidad
para incrementar los medios de trabajo animal al unísono con el aumento de la
tierra cultivada y el crecimiento de la población. Capacidad que supera con rapidez
las dificultades de la crisis finisecular y el desastre de la guerra, para encarar el XIX
con similar ritmo de crecimiento que en la etapa de bonanza de la segunda mitad
del Setecientos. Con todo, la posesión de caballerías se polariza como ocurrió con la
tierra, convirtiendo en residual la de jornaleros y artesanos, mientras mantiene la
de los labradores y acrecienta la potencia trajinera de los arrieros. La mula
desbanca definitivamente al buey y crece el número de poseedores que manifiestan
una menor capacidad de adquisición debiendo servirse de ganado “menor” en
sustitución parcial del “mayor”.
Los regímenes de tenencia de la tierra.
En Fraga, como en todas partes, la tierra es poseída en condiciones de
explotación diversas. Hemos visto cómo en su mayor parte el término municipal se
configura como un vasto territorio de monte llano dedicado al aprovechamiento
comunal junto a una buena parte del mismo reservada a pastizales. Hemos
calibrado la posesión, concesión, expansión, desamortización y legitimación de la
tierra cultivada, así como la polarización progresiva de su explotación y del aporte
animal. Corresponde ahora analizar los diferentes sistemas de tenencia de la tierra,
tanto en el secano como en el regadío.
Apenas aparecen en las fuentes fincas de secano cedidas en cultivo a
terceros. Son casi siempre sus propietarios quienes las explotan directamente.
Cuando se ceden, la fórmula común es la aparcería, con la denominación concreta
de “a terratge”, en probable conexión creciente con la tierra concedida a los
mayores contribuyentes. Ellos serán propietarios directos y otros acudirán a la
explotación de sus fincas a cambio de una parte de la cosecha. 192
La primera ocasión en que se documenta la tenencia de tierra “a terraje” en
Fraga guarda relación con el “derecho del noveno” o “novenera” que algunos
vecinos debían pagar al Rey anualmente por haberles cedido el Monarca el
usufructo de las tierras que expropió a los moriscos fragatinos con motivo de su
expulsión. En algunas partidas del monte (la partida “de moros” en Litera y en la
partida Baja) y en menor extensión en varias partidas de la huerta, los vecinos
cristianos cultivaron desde entonces aquella serie de masadas y parcelas “sobre las
que se echó el Rey”. 193 Una apropiación que el profesor Colás extiende al realengo
229

aragonés con la expresión: “el rey las confiscó”. 194 En adelante, las antiguas tierras
de moriscos no pagarían diezmo a la Iglesia y sí el “Noveno Real”.
La posterior recaudación de ese derecho por parte del ayuntamiento se
fundamenta en que la villa, -“por evitar un litigio”-, compró “el útil” al Rey a fines
del siglo XVII por 50 libras jaquesas anuales de treudo perpetuo 195 (por eso se
llaman “heredades redimidas”), y desde entonces arrienda a terceros o administra
el “Noveno Real” que le satisfacen los particulares, no sin disputa con el obispo de
Lérida, que pretende cobrarles diezmo. 196 Su cobro se mantuvo en discordia sobre
heredades concretas durante la primera mitad del siglo XVIII hasta que, en 1756,
con motivo del “establecimiento en cultivo” de nuevas masadas en la partida “de
Moros” y después de un nuevo litigio entre ayuntamiento y obispo de Lérida, ambas
instituciones llegan a un acuerdo sobre las fincas exentas del diezmo eclesiástico y
sujetas a la novenera, que pagarán desde entonces sin discusión. 197
Durante el propio siglo XVII conocemos otros casos de este tipo de contrato.
Por ejemplo, cuando en 1663 el dueño de una masada reclama al cultivador el
“derecho de novenera” por la tierra que le tiene cedida “a terraje”. Tres años más
tarde se documentan otras fincas cedidas a cinco “terrajeros”. 198 De nuevo en 1698
el convento de trinitarios aporta documentos ante la Audiencia en Zaragoza sobre
tierras de su propiedad que ha tenido “arrendadas a terraje” en diversas
ocasiones. 199 Dentro ya del XVIII, en 1716, a propósito de la nueva concordia
establecida entre Fraga y Caspe sobre las tierras de Valdurrios, se especifica que
sus terratenientes deberán tomar como mínimo ocho cahizadas de tierra, aunque
luego podrán “subarrendar” parte de ellas “a terraje”. 200 También entre vecinos
aparecen fincas cedidas por los propietarios útiles en subarriendo mediante este
contrato de aparcería. 201 Entrado el siglo XIX, se mantiene esta figura contractual y
en varios ejemplos de masadas propiedad de los conventos de trinitarios y de
agustinos se detalla que sus arrendatarios pagan por su explotación “el noveno de
los frutos recogidos”. 202 Una proporción que parece la habitual cuando, en 1790, se
aseguraba que el cultivador a terraje debía entregar de nueve partes de la cosecha
una “como es costumbre general en este pueblo”. 203 Y en fecha tan tardía como la
de 1860 se documenta de nuevo este tipo de contrato cuando el administrador de
don Francisco Monfort afirma que él mismo ha sido durante años el encargado de
recoger “el arriendo o terraje” de los cultivadores de las fincas de su amo. 204 De
acuerdo con estos datos, el terraje sería una forma de arriendo en especie o de
aparcería, temporal pero de larga duración, sustanciado en Fraga habitualmente en
la décima parte de la producción y anterior a los arriendos de corta duración
concertados en dinero.
230

Con todo, la entrega del “noveno de frutos” no era la única fórmula en
Fraga. En ocasiones, la porción de frutos entregada al arrendador es superior.
Constan acuerdos en los que el terraje se establece “al siete” o “al seis”; es decir
una parte para el cedente de la tierra y siete o seis para el usufructuario. Incluso
debió ser usual la cesión “al tercio” y “al cuarto”, puesto que, cuando aparecen
estas condiciones, se explica que se establecen también “al estilo del país”.
Cuando se utiliza la expresión “terrajeros a medias”, el régimen parece
corresponderse ya con el sistema de aparcería denominado “mediería” o cultivo
“mediante medieros”, de permanente vigencia en Fraga hasta hoy. 205 Es el modelo
de aparcería descrito por Ignacio de Asso para Jaca y otros lugares de Aragón a
fines del Setecientos 206 o el propuesto por Pierre Vilar como mayoritario en
Cataluña durante el siglo XVIII, y que suponía “un canon que solía abarcar siempre
la mitad de las cosechas”. 207
Mayoritariamente, cuando las fuentes hablan de tierra trabajada “a medias”
se trata de fincas de regadío, donde el rendimiento de los cultivos es muy superior
al del secano y donde el cedente puede exigir mayor parte de frutos. El mediero
pone su fuerza de trabajo y la de sus animales y la mitad o todos los gastos de
explotación, además de otras compensaciones no reconocidas. Lo usual era poner
la mitad de la simiente cada uno y después repartir a partes iguales la cosecha de
cereales y el resto de los frutos, excepto la paja, que le corresponde toda al
mediero por pagar la siega y trillar. Alguna vez, el conjunto del acuerdo es
“confidencial” (sin declaración catastral ni documento notarial) con el fin de que la
contribución la satisfaga el propietario. 208 Sabemos con seguridad que se trata de
terrenos de huerta, puesto que una de las cláusulas constantes estipula que el
mediero debe “hacer” por su cuenta los escombros de acequias y brazales “como es
costumbre en el país”. En algún caso el término mediero se hace equivalente al de
“criado” u “hortelano”, signo de su establecimiento por largos períodos y de las
múltiples variantes que el contrato, casi siempre “de palabra”, podía contener.
* * *
Frente a los dilatados contratos de aparcería en régimen de terraje o
mediería, las fuentes proporcionan ejemplos de contratos de arriendo de corta
duración. El de las fincas más extensas solía pasar por la notaría. Si acudimos a los
escasos protocolos notariales conservados, las variantes recogidas en los contratos
son muchas y suelen ajustarse, como es obvio, a las características de las fincas
sobre las que se sustancian. En 1700, por ejemplo, un labrador arrienda a otro por
cuatro años todas las tierras que posee, con las siguientes condiciones:
231

“1º, el propietario pone la semilla y retira en la cosecha la mitad de dicha semilla antes
de partir a medias; 2º, el propietario debe dar un peón al arrendatario para la siembra y
para la trilla; 3º, el arrendatario debe hacer la seda (hilarla), dando el propietario la
semilla y hoja necesarias; 4º, el arrendatario debe cavar las viñas un año sin otro y se
partirán el vino y el aceite a medias; 5º, debe labrar las tierras de cuatro rejas; 6º, en las
tierras del monte debe pagar la novenera de lo que se cogiere, sin que pueda rastrojar
excepto el último año del arriendo; 7º, el propietario deja al arrendatario un bancal de la
huerta para que pueda sembrar cáñamo, franco; 8º, le deja otra faja en la que sólo podrá
sembrar lino y judías; 9º, el propietario le cede casa franca; 10º, el arrendatario tiene
obligación de labrar cinco días donde el propietario quiera, como no sean durante la
siembra, trilla o en el mes de mayo; 11º, el propietario deja al arrendatario dos cahíces
de huebra en el monte, con obligación de devolvérsela el último año tal como se la deja;
12º, toda la paja será para el arrendatario”. 209
El contrato descrito se estipula tanto para tierras de huerta como para las de
monte con diferentes condiciones en cada caso: a medias en el regadío y al noveno
en el secano. Si no fuera porque se establece tan sólo para cuatro años, estaríamos
ante un ejemplo de “masovería”, por proporcionar el propietario al arrendatario la
casa para su habitación. Se trata de un arriendo a corto plazo, pero fijado todavía
en especie, sujeto el arrendatario a la condición de terrajero en el monte y de
mediero en la huerta.
Ese mismo año, el convento de trinitarios arrienda a Valero Maira, de
Torrente de Cinca, “una torre con todas las tierras, viñas, etc. situada entre dos
acequias mayores (la de baix y la de Cantallops), por seis años, que debe
entenderse como dos arriendos de tres años y no de otra manera, y comienza en
este de 1700, con los pactos y condiciones siguientes”:
“1º, el arrendatario debe sacar en los seis años tres cosechas de todos panes, quedando el
primer año el vino a beneficio del arrendatario y el último a beneficio del convento; 2º,
el arrendatario debe pagar el cequiaje y hacer las limpias de la acequia; 3º, si se rompe
la acequia por causa del arrendatario, deberá repararla de su cuenta; 4º, debe cavar las
viñas un año sin otro, y el año que se caven debe abocar trescientas cepas, pagando los
granos al cuarto y el vino al tercio; 5º, el año que no hubiese de sembrar dichas huebras,
habrá de arrobar cuatro días con sus mulas; 6º, así mismo le arriendan todas las tierras
de secano, pagando de lo que se cogiere al séptimo y reservando para el convento tres
cahíces de tierra del secano en el lugar que convenga a los trinitarios; 7º, el fiemo de las
cabalgaduras debe quedarse en las tierras arrendadas; 8º, si siembra legumbres o
cáñamo, sea rastrojo o barbecho, pagará de ello “a la novenera”; 9º, así mismo le
arriendan por dicho tiempo las fajas que están contiguas a las casas del convento en
Torrente, pagando al quinto de lo que se cogiere y trabajando en las márgenes
veinticuatro días, repartidos en tres años, sufriendo el trabajo dicho arrendatario, carro y
mulas”. 210
En este caso, las condiciones del reparto son distintas para cada cultivo,
además de repetirse el diferente trato entre tierras de secano y de regadío. Se
232

evidencia en sus cláusulas la búsqueda de un equilibrio en la negociación, entre la
carga que debe soportar el arrendatario y la cuota de producción que le
corresponde en cada caso. También aquí se cede la torre como vivienda del
arrendatario, aunque sólo por el tiempo del arriendo. Pero, sobre todo, se toma la
prevención de fijarlo por tiempo limitado –tres años repetibles- que aseguran el
posible despido del arrendatario en caso de no cumplir las condiciones estipuladas.
El ejemplo pone de manifiesto la cesión de las fincas sin la supervisión
próxima del dueño sobre el arrendatario. En cambio, el siguiente ejemplo muestra
la presencia casi constante del propietario en las labores y recogida de las
cosechas. En el anterior, el dueño es un convento de religiosos que busca la renta
de una finca que no enajenará en ningún caso, mientras en éste es un hidalgo que
supervisa de cerca la que entrega en arriendo, procurando mejorarla al término del
contrato: “Don Francisco Doménech Foradada, caballero infanzón, arrienda a
Cosme Florenza, labrador, una heredad (de regadío) en la partida de Alcabón, por
seis años, desde San Miguel de septiembre, con las condiciones siguientes”:
“1º, deberá tratar la heredad conforme a buen labrador, no pudiendo sembrar dicha
heredad sino de tres rejas ni rehuebrar cosa alguna sin licencia de su dueño; 2º, no pueda
cortar rama de leña verde sin licencia; 3º, debe cavar las tiras de viña un año sin otro y
podarlas todos los años, y si a su tiempo y lugar no estuvieren trabajadas y a
satisfacción, pueda dicho arrendante hacerlas trabajar a expensas de dicho arrendatario;
4º, el arrendatario no pueda sembrar sino trigo y ordio, debiendo dar al dueño un tercio
de lo que se cogiere en mies, entrando el arrendante por donde lo creyera conveniente
en la heredad y tomando un dieciocheno, y luego el arrendatario dos dieciochenos;
luego lo llevarán a la era y lo trillará el arrendatario con la ayuda de un peón puesto a
cargo del dueño; 5º, la hoja (de morera) quedará siempre a beneficio del dueño; 6º, las
uvas e higos quedan a beneficio del arrendatario con tal que haya de cuidar las tiras que
el arrendante plante, cavándolas dos veces cada año, podándolas y entrecavándolas seis
veces desde mayo a septiembre y regarlas todos los años; 7º, el arrendante se obliga a
no darlas a otro por más ni menos precio”.
Es decir, el dueño está muy cerca del usufructuario, a quien casi considera
su criado, a cambio de darle mayor cuota de cereal y de otros productos que a un
mediero. Al dueño no le interesa tanto la producción como la tierra. El ‘criado’ por
su parte ajusta el trato temeroso de que ‘el amo’ pueda echarle si no trabaja según
lo acordado y por eso exige con claridad la cláusula de no rescisión anticipada.
Al año siguiente, el mismo hidalgo arrienda a dos labradores de Torrente de
Cinca sus masadas del monte por seis años con los pactos siguientes:
“1º, el arrendante dará dos pares de bueyes a los arrendatarios para el cultivo de las
tierras y al cabo del arriendo volverán a su poder; 2º, si algún buey muere por culpa de
los arrendatarios, deberán pagarlo al arrendante; 3º, el arrendante debe entregar dos
aladros (arados) y un jubo (yugo) a los arrendatarios, quienes deben restituirlos al final
233

del arriendo; 4º, el arrendante prestará a los arrendatarios el trigo que necesiten para la
sementera al precio que tenga en mayo y el ordio al precio que tenga en marzo. Los
arrendatarios deberán devolverle el trigo en la era; 5º, no podrán sembrar si no es en
huebras hechas con tres rejas, a uso de buen labrador; 6º, los bueyes deberán de labrar
continuamente, y si se pierde alguna huebra por descuido deban restituirla al arrendante;
7º, se partirá la mies un tercio para el arrendante, entrando en el campo por donde
quiera, y coja un dieciocheno, y así hasta recoger toda la mies”.
En ambos casos el arrendador, don Francisco Doménech, es un infanzón
hacendado que cuenta con los animales, aperos y simientes necesarios para el
trabajo de sus fincas. Está en disposición de anticipar toda la inversión. Su estatus
le impide trabajarlas por sí mismo y las administra casi directamente, cediéndolas a
‘labradores’ que en realidad son jornaleros sin caballerías ni aperos. Siguen
pareciendo más criados que medieros o terrajeros. Don Francisco es desde luego
un terrateniente abocado a la comercialización de su cuota de producción.
En los protocolos notariales de principios del siglo XVIII predominan los
arriendos en especie aunque alguno se contrata ya mediante pago en dinero. 211
Con el paso de los años los acordados en metálico se convierten en el modo
principal, aunque se mantiene el régimen en especie 212 y se conservan referencias
de contratos mixtos. En 1803 por ejemplo, don Agustín Altés y Llop, presbítero
beneficiado de la iglesia parroquial de Nonaspe, (obtentor actual en Fraga de la
capellanía fundada por don Gaspar Soler y Carví) arrienda la conocida como “Torre
de Perisanz” en favor de Antonio Baquer Barrafón y de Josefa Faure, cónyuges y
vecinos de Fraga, con los pactos siguientes:
“1º, se arrienda por ocho años y por precio de 266 libras jaquesas anuales; 2º, el
arriendo se pagará en dos pagas iguales en moneda de oro; 3º, los arrendatarios pagarán
además cuatro fanegas de judías blancas, una arroba de cáñamo esgramado y limpio y
una arroba de higos blancos; 4º, pagarán también dos cargas de uvas a elegir por el
arrendador y además seis cántaros de mosto; 5º, el otorgante podrá entrar y salir en la
torre siempre y cuando le parezca, pudiendo coger los frutos y hortalizas que en ella
hubiere, tan solo los necesarios para comer los días que estuviese en dicha torre; 6º, los
arrendatarios deben hacer las limpias de la acequia y brazales; 7º, cada año deben
plantar dos docenas de árboles frutales y todos los árboles morerales que el otorgante les
entregue; 8º, no puedan extraer el estiércol producido en la torre; 9º, deben plantar de
viña todas las partes que se titulan por tal; 13º, el último año deben dejar libres la mitad
de las tierras”. 213
Al presbítero beneficiado le interesa la renta en metal seguro y sólo como
ayuda al consumo de su casa pide partes de frutos a sus arrendatarios. Mosén Altés
es forastero y no quiere preocuparse de la insegura producción de su finca y sí tan
sólo de mantenerla en buenas condiciones y libre para su recreo cuando visite
234

Fraga. Al contrario que el hidalgo Doménech, el sacerdote sería el típico propietario
absentista y rentista, aunque mantiene cierto contacto con la tierra.
Con mayor propiedad deben calificarse de absentistas otros ejemplos
observados en la documentación. Es el caso del capellán de la capellanía fundada
en el siglo XVII por el testamento de doña Francisca Soler (capellanía de Lissa) y de
quien ni siquiera sabemos su nombre. El capellán tiene su tierra cedida en arriendo
al notario domiciliado en Fraga, don Miguel Bodón y Maicas. En 1703 Bodón
subarrienda la finca (conocida como torre del Almarjal, cercana al poblado rural de
Miralsot) a José Borrás y Esperanza Rubira, cónyuges, por tiempo de diez años,
debiendo darle cada año trece cahíces de trigo en el mes de agosto. También el
notario Bodón ha entrado en el ámbito de la comercialización de cereales. El
arriendo se hace con la contrapartida de una comanda de 118 cahíces de trigo a la
que se obliga el matrimonio en favor de Bodón, quien se compromete a no usar de
dicha comanda si no es por falta de pago del arriendo. 214
Desconozco lo que Bodón paga al capellán por el arriendo de su finca, pero
vemos con claridad que el notario la utiliza como medio para conseguir un fin:
obtener beneficio con el tráfico del trigo que deben entregarle. No es comerciante
de oficio, sólo trafica y presta, puesto que su comanda probablemente suponga un
interés encubierto. Tanto el capellán como el primer arrendatario, Bodón, serían
exponentes claros del propietario y del arrendatario absentista, despreocupados
totalmente de la finca que trabaja el subarrendatario.
En otros casos, el grado de absentismo se mitiga por la atención directa que
el primer arrendatario presta al cultivo. En 1796, el infanzón don Jacinto Cabiedes
Gilbert, en otro tiempo domiciliado en Fraga, luego en Monzón y ahora vecino de
Sariñena, arrienda a otro infanzón vecino de Fraga, don Vicente Monfort, la heredad
vinculada que posee en la partida de Miralsot de 270 fanegas, con su torre, por seis
años y precio anual de noventa libras, con las condiciones siguientes: Monfort debe
limpiar la almenara y los brazales de la finca, debe limpiar, podar y cavar la viña y
trabajar las tierras de la heredad, quedando para él todos los frutos, huebra, vino y
hoja (de morera). Naturalmente el infanzón Monfort no va a trabajar la tierra
directamente. La administrará mediante criados y braceros o dará partes de ella en
subarriendo a diferentes labradores. En este caso, el propietario es desde luego
absentista; pero el primer arrendatario controla muy de cerca la explotación de la
finca y no puede ser considerado como tal. 215
En cualquier caso –absentistas o no- los ejemplos anteriores permiten
observar el fenómeno del subarriendo como usual en Fraga entre los infanzones
locales y los oriundos forasteros junto a los eclesiásticos. Un duro régimen de
explotación que debió hacerse frecuente en el ámbito estatal, hasta el punto de
235

obligar al Consejo de Castilla a prohibirlo. En 1768 se recibe en ayuntamiento una
Real orden en la que se indica:
“El Consejo ha resuelto se prohíban en todo el Reyno los mencionados subarriendos
como medio de precisa incidencia al fomento de los labradores de menor caudal, ya que
se ha hecho patente la decadencia que padece la agricultura con motivo de que los
labradores o Hacendados poderosos tenían en arrendamiento crecido número de fanegas
de tierra de forma que, haciendo un estanco, o grangería de todas tierras, se quedan con
las mejores y subarriendan a los infelices o menos poderosos aquellas porciones de
inferior calidad, recargándoles la contribución, en tal conformidad que muchas veces
sucede sacar orras las tierras que labran”.
Bajo uno u otro sistema de explotación, de forma general, vemos cómo la
opción al arriendo corto se extiende, y la renta se reparte entre los diferentes
grupos sociales: el propietario directo, (religioso o seglar), el arrendatario y los
subarrendatarios (labrador, mediero o jornalero), junto a grupos ajenos en principio
al cultivo, como los funcionarios públicos, las profesiones liberales o las capellanías
y cofradías. Cada cual, en proporciones distintas, recibe una parte de la renta bajo
presupuestos también distintos: la propia titularidad, el aporte del capital de
inversión, la participación en el riesgo o la autoexplotación del grupo doméstico.
Conforme avanza el siglo vemos más tierras de titulares ausentes, de infanzones,
de instituciones religiosas o de beneficencia, de comerciantes y funcionarios en
manos de arrendatarios labradores, medieros y jornaleros. Unos poseen la tierra y
otros la trabajan. Los efectos de su desigual distribución se acentúan con la
detracción de parte de su renta, en manos ajenas al cultivo. Como afirmó Margarita
Ortega al estudiar la conflictividad rural en el siglo XVIII, “la situación social y
económica de buena parte del campesinado venía condicionada por su condición de
arrendatario o de aparcero; el ‘cómo’ se explotaba la propiedad de la tierra era el
elemento determinante de la mayor prosperidad o miseria del campesinado”. 216
Aunque los catastros no suelen especificar los arriendos de tierras,
atisbamos su verdadero alcance a través de los libros preparatorios para la
confección del de 1786. Los peritos detallan ese año las utilidades asignadas por
fanega de tierra a cada contribuyente y la utilidad anual de las fincas arrendadas
por sus propietarios. De su análisis se desprende que ninguna finca de ninguna
partida del monte aparece dada en arriendo, lo que parece indicar que las tierras “a
terraje” no son consideradas como oficialmente “arrendadas”, por lo que la
contribución recaerá sobre el propietario directo. Es una condición importante: la
obligación de pagar la Única Contribución podría hacer desistir a algunos pequeños
labradores y más a jornaleros sin tierra. Si no hay cosecha, el terrajero pierde su
trabajo, pero no ha de pagar un tributo para el que no dispone de efectivo.
236

La situación es distinta en la huerta: más del 7% de las fincas están dadas
en arriendo. El documento recoge 103 fincas arrendadas (88 campos abiertos y 15
huertos) en la mayoría de las partidas de la huerta vieja, por un montante global de
12.030 reales de plata anuales (22.640 reales de vellón), pagaderos en metálico, y
sólo otras dos constan como arrendadas en especie, una por “nueve libras de seda
en rama” y otra por “cinco cahíces de trigo al año”. Por grupos sociales, quienes las
ceden son 34 arrendadores del Estado Llano (comerciantes, labradores, viudas y
menores) con 40 fincas de las que obtienen el 24,5% de la renta total arrendada
ese año en el municipio. Otro 30,8% de la renta corresponde a los 17 eclesiásticos
particulares, instituciones religiosas y de beneficencia que arriendan 29 fincas (de
las cuales 3 son huertos). Además de los anteriores, la mayor parte de la renta –el
37,5%- va a manos de los diez infanzones que arriendan 24 fincas (siete de ellas
huertos). Finalmente, una porción residual de la renta –el 7,2%- queda para otros
diez forasteros oriundos con otras tantas fincas arrendadas (tres de ellas
huertos). 217
Es innegable por tanto que el recurso al arriendo corto, de pago en metálico,
es una realidad ya arraigada en Fraga a fines del siglo XVIII y las dificultades
coyunturales próximas y crecientes serán causa de “la infelicidad y el miedo que el
trabajador siente al saber que transcurridos los cuatro años de contrato, su trabajo
empleado en abonar y limpiar la tierra encarecerán el nuevo contrato, al que solo
un poderoso u otro labrador podrá tener acceso”. 218 Un temor advertido ya por los
propios contemporáneos ilustrados: hacia 1750, Campomanes protestaba la
proliferación de los arriendos cortos argumentando que “los bienes arrendados
suelen estar a un precio de renta muy grande y tienen la facultad los dueños de
mudar de inquilinos. Con esto el arrendatario no toma cariño a la agricultura, no
planta ni beneficia la tierra más que para su cosecha, con miedo de que si mejora
en ella no se la quite el dueño o aumente el precio”. 219
Por otra parte, el arriendo en metálico puede ser en ocasiones el resultado
de una operación más compleja que el simple acuerdo entre un propietario directo
y un usufructuario. Puede ocurrir y ocurre que el propietario directo de una
heredad, acuciado por la necesidad, la vende “a carta de gracia”, es decir, con la
esperanza de recuperarla algún día si es capaz de devolver el precio cobrado por su
venta. A continuación, el nuevo propietario arrienda la misma heredad al vendedor,
que se convierte así en arrendatario de su antigua finca. Es lo que sucedía, por
ejemplo, entre 1771 y 1775, cuando el capellán de la capellanía de Dionisio Tremps
y Montañana compraba ante el notario don Urbano Catalán nada menos que seis
heredades en la huerta, con 80 fanegas de extensión, a otros tantos labradores por
un precio total de 2.250 libras. Acto seguido, se las arrendaba a sus antiguos
237

propietarios por una renta anual de 95 libras. De este modo, el capellán invertía su
capital, obtenía por él un interés superior al 4%, (los censales daban ya sólo un 3%
anual) y mantenía abierta la posibilidad de recuperar el principal a largo plazo si los
nuevos arrendatarios podían algún día ejercer el derecho de retro compra. 220 Su
inversión alteraba la estructura de la propiedad y detraía nuevas rentas a sus
cultivadores directos.
* * *
Además del terraje de larga duración, los descritos hasta aquí son regímenes
de tenencia en arriendo de mayor o menor duración –entre 3 y 10 años- con final
cierto. En cambio, otros regímenes suponían la cesión permanente de la tierra en
manos de un tercero. Eran las tierras dadas tradicionalmente “a censo”; censos que
pueden ser de dos tipos: enfitéuticos y reservativos. Dos figuras jurídicas difíciles
de diferenciar en la documentación consultada, máxime cuando aparecen de forma
indiferenciada junto a los censos consignativos, también conocidos como censal
mort en Fraga y su entorno (o “censo gracioso” en Aragón). 221
Aunque indiferenciadas en la fuente local, se trata de tres figuras
contractuales distintas. Aunque las tres exigen el pago de una renta, pensión anual
o “censo”, en los bienes impuestos con censo enfitéutico o reservativo el
“censualista” es en origen el propietario eminente o directo de la tierra y el
“censatario” adquiere la propiedad útil en el primer tipo y ambos dominios en el
segundo. En cambio, cuando se trata de tierras sujetas a censo consignativo o
censal, el propietario directo es el propio explotador o poseedor (el censatario),
mientras el censualista, -que cede un capital-, adquiere por el contrato censal un
derecho sobre la tierra estipulado también en una pensión anual –el “censo”-, cuyo
pago suele garantizarse mediante hipoteca del propio bien o la de “todos los
bienes” del censatario. Una condición que permitirá al censualista, si no se
satisfacen con prontitud las pensiones, quedarse con el bien, pasar a ser su nuevo
propietario directo, y poder cederlo a su antiguo dueño o a un tercero, que ahora
accederá al bien sólo como propietario útil. Es decir, aunque muchas parcelas de
huerta aparecen catastradas a nombre de determinados contribuyentes, en realidad
su posesión puede ser precaria, y se halla sujeta a los vaivenes de la coyuntura que
les permitirá o impedirá satisfacer las pensiones año tras año. Con este régimen de
tenencia, muchos labradores permanecen sujetos a la voluntad de un pequeño
grupo de familias e instituciones religiosas que pueden incrementar periódicamente
el monto de sus propiedades raíces si su interés les lleva a ello, o incrementar su
renta (sobre todo en coyunturas de crecimiento de los precios), o limitarse al cobro
238

egular de las pensiones sin preocuparse del bien en sí como ya observaron para el
ámbito general Ángela Atienza y Carlos Forcadell. 222
Por otra parte, el de las tierras sujetas a censo es un mecanismo de
obtención de renta en permanente traspaso entre individuos y grupos. Los censos
se traspasan y venden con facilidad. Las ventas ‘a carta de gracia’ se producen
entre pequeños labradores que se hunden y otros que se rehacen o afincan. La
reunificación de patrimonios por la vía del heredero-heredera, por capítulos
matrimoniales y por dotes salva la posesión de la tierra pero puede acumular
censos y censales. Si el cultivo de la tierra a partes de frutos (aparcería, medieros)
implicaba un incremento de la autoexplotación para algunos pequeños labradores y
jornaleros, su endeudamiento continuará profundizándola: será preciso trabajar
más o movilizar más recursos para enfrentar el nuevo pago. 223 Incluso aún cuando
el rédito censal disminuye del 5 al 3%.
Pongamos un ejemplo. En 1749, el labrador Miguel Sansón cede “a censo
reservativo”, con carta de gracia de poderla recuperar, una heredad de 13 fanegas
situada en la huerta vieja a otro labrador, José Cabrera, por precio de 121 libras y
pensión anual de 121 sueldos (al 5% vigente en Aragón entonces). Naturalmente
Cabrera no paga ningún precio por la tierra y tan sólo satisfará las pensiones
mientras pueda. Como garantía del pago anual ha debido hipotecar la propia
heredad, otra parcela de huerta de su propiedad, una masada de 30 cahíces en
Litera y otros bienes que posee en el vecino pueblo de Serós. Posiblemente son
todos sus bienes. Ha aumentado su patrimonio a cambio de endeudarse. Con el
transcurso de los años Cabrera divide la finca en dos y la transmite por herencia a
sus herederos y estos a los suyos en 1791. Similar camino sigue el derecho a la
pensión, transmitida por mitades a otros dos herederos del antiguo dueño de la
tierra, Sansón: 36 sueldos y 5 dineros cada mitad, al 3%, desde la sujeción de la
Corona de Aragón a este tipo de rédito por la Real Pragmática de 9 de julio de
1750. Es decir, la pensión funciona al margen de la tierra, como si de una pensión
‘censal’ se tratase, aunque en origen el traspaso del bien supuso un censo
reservativo. (A veces se indican como “venta de tierra a censal”). La distinción
entre ambas fórmulas jurídicas se desdibuja y la fuente fiscal no las distingue. Se
trata sólo de pensiones que unos cobran como “censos a favor” y otros deben como
“censos en contra”. Así se indica en todos los catastros.
Más adelante, en 1802, uno de los dos censualistas traspasa “por necesidad”
su mitad de la pensión al infanzón Joaquín Monfort Martínez, quien paga 60 libras
por el título de cesión y cobrará en adelante las pensiones. Finalmente, en el
testamento de don Vicente Monfort Badía, -hijo y heredero del anterior-, esta parte
239

del censo originario es cedida al hospital de Fraga en 1815 como un “censal” que
incrementa sus rentas. 224
El ejemplo permite varias observaciones: el primer vendedor de la tierra
debió hacerlo por algún tipo de necesidad que le obligaba a desprenderse de ella. El
comprador inicial aumentaba con ello sus posesiones, pero las cargaba con una
pensión anual, tal vez difícil de pagar en coyunturas adversas. Sus respectivos
herederos, por dos generaciones sucesivas, mantuvieron título y carga sin
contradicción, aunque con menor ingreso para el censualista y menor peso para el
censatario, al reducirse el tipo de rédito al 3%. Más tarde, la necesidad explícita
obligará a uno de los censualistas a vender su pequeña renta a un infanzón y
comerciante que no necesita de tierras, puesto que las tiene en abundancia, y sí
invertir su capital circulante. Sólo el impago de las pensiones le ‘obligaría’ a
quedarse con alguno de los bienes hipotecados. Su heredero acumulará ésta a
otras pensiones, y la preocupación por su alma en el umbral de la muerte le
aconsejará mostrarse generoso con el hospital de pobres y enfermos. El censo ha
pasado en sesenta y seis años por cinco titulares. Su renta ha salido siempre de la
tierra y la han absorbido primero varias familias labradoras, luego dos infanzones y
finalmente una institución de caridad. La tierra ha permanecido en manos
labradoras; la renta ha circulado entre distintos grupos sociales e instituciones.
Si como aproximación a la estructura censal de fines del XVIII se toman los
datos del catastro de 1786, las conclusiones serían las siguientes: el número de
censatarios de este documento es elevado, aunque no especifican el bien concreto
sobre el que están impuestos las pensiones que pagan; arriendos y censos
coexisten a fines del siglo XVIII aunque no son similares, puesto que las fincas
arrendadas son sólo el 7% del total mientras las sujetas a censo sobrepasan el
20% (Peiró señala sólo un 3,5% en la huerta de Zaragoza); 225 vemos, en cambio,
que la cuantía monetaria de los arriendos es mayor que la de los censos por
referirse a fincas de mayor envergadura media. Y, finalmente, también es distinta
la categoría social de los titulares: la mayor parte de la renta obtenida por el
sistema de arriendo va a manos del grupo infanzón, mientras la renta censaria, con
diferencia, está en manos eclesiásticas. Por su modalidad de renta, los infanzones
hacendados anticipan el futuro próximo, mientras los eclesiásticos permanecen
anclados en el pasado, con un tipo de rentabilidad decreciente.
Arriendo y censo, como formas de tenencia de la tierra, descubren que la
estructura de la propiedad descrita más arriba debe escorarse en realidad en
beneficio de infanzones y eclesiásticos, por ser estos grupos quienes más arriendan
o son censualistas de fincas catastradas a nombre de sus usufructuarios. En ambos
regímenes la principal característica es la variabilidad del poseedor, su fragilidad en
240

la posesión, pese a la legislación ilustrada que pretendía favorecerle, “como medio
de contener el descenso de la producción y de evitar el despojo y la
sobreexplotación del campesino”; 226 fragilidad que acrecentaría su crudeza con las
disposiciones introducidas por el régimen liberal. 227
Tanto al principio como al final de la etapa son numerosos los cambios de
poseedor no derivados de transmisiones familiares: a su inicio, en sólo una década
–entre 1715 y 1725-, han perdido alguna o todas sus parcelas casi una cuarta parte
de los poseedores de la huerta vieja; otros cargan ahora con sus pensiones
censales y, al mismo tiempo, nuevos pequeños usufructuarios se añaden a la lista
de censatarios. 228 Cien años después, el apéndice al catastro de 1819 (válido hasta
el confeccionado en 1832) proporciona similar información para la década de los
años veinte, ahora en todo tipo de tierras: en la huerta vieja la variación alcanza el
14% del total de parcelas, en la huerta nueva el 13,3% y sólo el 8,3% en las
masadas del monte. 229
La variabilidad se produce en todos los tipos de tierra cultivada y en todo
momento. El único cambio significativo en la etapa es la disminución de parcelas
sujetas a censo: mientras se mantienen en la huerta vieja, casi no aparecen en la
nueva y son inexistentes en el monte. En sus rasgos generales, una situación
similar a la descrita para otras poblaciones del entorno, aunque no podamos
comparar volúmenes o porcentajes. 230 Una forma de tenencia prolongada hasta la
segunda mitad del siglo XIX, cuando se produzca el proceso de redención censal.
Veamos a continuación en qué medida las diversas coyunturas del período pudieron
incidir en esa fragilidad.
2.2.6 La coyuntura secular.
Fraga en el contexto general.
A título de ejemplo, comenzaré con un momento significativo en la estrecha
dependencia del fragatino respecto de la tierra. Corría el año 1716. La nueva ciudad
intentaba superar los efectos perniciosos de la guerra de Sucesión. Su
ayuntamiento se afanaba en clarificar el nuevo organigrama de gobierno
sobrevenido con la Nueva Planta, así como en recuperar el pulso financiero de la
propia institución y el económico de los vecinos en general, y para ello estaba
dispuesto a tomar medidas drásticas. En sesión ordinaria, el consistorio ordenaba
vender a pública candela “pedazos de tierras” de aquellos vecinos a quienes no les
hubieran quedado hijos ni descendientes, para pagar los préstamos de trigo que la
ciudad les había hecho entre los años de 1701 y la guerra. 231 Se habían conjugado
aquellos años los cuatro jinetes del Apocalipsis: la escasez y el hambre que
obligaron a pedir el préstamo, junto a la guerra con su secuela de enfermedad y
241

muerte –en “hijos y descendientes”- que adelgazaron finalmente los grupos
domésticos. Circunstancias que obligaban al ayuntamiento a incidir en la
redistribución de la posesión de la tierra en favor de los supervivientes con vocación
clara de acudir a su subsistencia. Un ocasional pero sangrante ejemplo de la
influencia de la coyuntura general sobre la estructura local de la propiedad agrícola.
La situación no volvería a repetirse durante el siglo. El azote de la guerra no
volvería a ser factor negativo respecto del crecimiento de la población y de la
producción o motivo de cambio en la estructura agraria hasta la guerra contra la
Convención francesa y la posterior de la Independencia. Las razones del
intermitente freno a dichos crecimientos hay que buscarlas por tanto en factores
como las epidemias o el hambre: las hambrunas y sus secuelas causadas por las
malas cosechas, la escasez y la carestía. Una coyuntura agrícola cambiante que
afectará de modo desigual a unos y otros, con mayor frecuencia aunque con menor
alarma social que la derivada de las epidemias. Lo hemos intuido ya en las
inundaciones de la huerta que recortan la extensión cultivada. Pero junto a las
riadas, la sequía o el viento, el frío, la niebla, el granizo, las plagas y otros mil
contratiempos podían disminuir la producción, incrementar los precios o dejar a
jornaleros y artesanos sin medios de producción y sin trabajo. Factores todos que
perjudicaban la alimentación y la resistencia a las enfermedades, con lo que las
variables demográficas -nacer, casarse, reproducirse y morir- acentuaban
periódicamente sus valores adversos.
Para el contexto estatal, Domínguez Ortiz realizó una estimación global de la
coyuntura agrícola del siglo XVIII en el que su primer tercio habría sido, en
conjunto, favorable, como ya lo habían sido los últimos años del XVII. “Luego –
sigue- llegaron peores cosechas en la década de 1730 a 1740, seguidas de un
decenio más favorable entre 1740 y 1750, mientras el de 1750-60 sufriría
oscilaciones tremendas”. Y añade: “parece que la segunda mitad del siglo inició una
etapa de cambio climático en la que... Aragón atravesó una crisis especialmente
grave en 1754”. En comparación con este último decenio, en las décadas
comprendidas entre 1760 y 1780, la falta de cosechas no tendría especial
gravedad, mientras los dos últimos decenios del siglo volvieron a presentar
violentas fluctuaciones “...llegándose en 1804 a un hambre y esterilidad más
desastrosas que cuanto conoció el siglo anterior”. 232 Pero, al mismo tiempo, este
mismo autor señalaba cómo “...cuando en la segunda mitad del siglo XVIII se
produjo la gran subida de los precios agrícolas, muchas casas que hasta entonces
habían vivido con apuros vieron su situación completamente despejada”. 233
Naturalmente, los autores analizan y proporcionan noticias sobre la
coyuntura acordes con la óptica de sus investigaciones. Sus apreciaciones parecen
242

a veces converger y otras divergir de las de otros, cuando en realidad lo que ocurre
es que consecuencias diferentes son aplicables a colectivos distintos. En el contexto
regional aragonés se han descrito períodos de carestía y escasez de cosechas que
permiten interpretar la coyuntura agrícola desde el ángulo del incremento de las
rentas: Gómez Zorraquino, por ejemplo, lo hace para la etapa 1754-1774 y la de
1790-1808 con alza continua de precios y fuertes oscilaciones de las cosechas,
haciendo hincapié en el beneficio que ello suponía “para los perceptores de rentas
de la tierra, que veían la posibilidad de renovar los arrendamientos a precios cada
vez más altos y observaban también la revalorización de sus propiedades”. 234 De
forma más compleja, Pierre Vilar incidía en las múltiples caras de las crisis:
“En la base (de la coyuntura) persiste la contradicción fundamental entre campesino y
señor, campesino y diezmero, campesino y usurero. A cada crisis, el campesino pobre
se convierte en vagabundo, engrosa las masas urbanas, pasa a ser fermento
revolucionario... Entre campesinos pobres periódicamente arrojados a la desesperación
y dirigentes fieles a las viejas normas -caridad prudente y policía dura- surgen las líneas
maestras de una nueva clase: campesinos ricos, arrendatarios de derechos, funcionarios
especuladores, acaparadores, comerciantes, para los que el dinero es un fin, la libertad
un medio y el acceso al poder social un proyecto confuso”. 235
Es decir, las crisis perjudican a unos y favorecen a otros. La visión de Vilar sobre la
coyuntura es la que mejor cuadra al objetivo del presente estudio.
Mucho más recientemente, tratando de diferenciar no ya colectivos sino
regiones y aún comarcas dentro de una misma región, y tomando como indicadores
las series diezmales elaboradas por diferentes autores, Marcos Martín sintetizó tres
modelos sobre la coyuntura secular en el ámbito nacional: el modelo de la fachada
mediterránea, de Cataluña a Murcia con matices diversos, en el que el crecimiento
fue rápido y persistente desde inicios de siglo; el de la fachada cantábrica y
atlántica, iniciado también con prontitud incluso antes del Setecientos, pero
ralentizado y consumido antes de fin de siglo; y el de las regiones interiores
incluida Aragón, en el que el proceso se inició de forma más lenta y con menor
intensidad, debido en el caso aragonés al vacío humano inicial y con una crisis
finisecular muy intensa. 236 Todo lo cual viene a advertirnos que, cuando se trata de
analizar la coyuntura en un trabajo local como el presente, es arriesgado fiar la
percepción en hipótesis de ámbito general, al tiempo que se hace preciso dilucidar
en qué sentido afectan la coyuntura a los diferentes grupos socio-económicos.
La coyuntura local.
Noticias tempranas sobre la coyuntura agrícola de la primera mitad del
Setecientos las proporciona Enric Vicedo para las vecinas tierras de Lérida.
Concreta una prolongada crisis agrícola entre 1715 y 1725 como causante de la
243

dificultad en retomar los cultivos después de la guerra de Sucesión. Luego,
tomando como indicador las series de producción, estima como años de mínimos
los de 1731, 1736 y el bienio 1741-42 en algunos de los despoblados dependientes
del capítulo de Lérida, siempre desde la perspectiva de las dificultades para poner
en marcha nuevas zonas cultivadas. 237 Pero sus observaciones, pese a su
proximidad, no serían válidas para el caso de Fraga, puesto que conocemos el
incremento de la tierra cultivada en la huerta vieja en 1715 respecto de los últimos
años del Seiscientos, y la demanda de tierras ejemplificado desde el mismo instante
de concluir el conflicto por parte de los supervivientes. Debemos indagar por tanto
en las fuentes locales. Sabemos de la cortedad de algunas cosechas en esta
primera mitad del siglo, aunque unas veces esa ‘cortedad’ resulta más evidente que
otras. 238 Es posible agrupar estas informaciones cualitativas en cuatro síntomas
frecuentemente superpuestos: lamentaciones sobre los impuestos, la caridad
institucional, los deudores de propios y las escasas noticias sobre diezmos.
En primer lugar las noticias sobre “escasez y miseria” suelen aparecer
unidas a la imposibilidad de afrontar los impuestos. Cuando escasez y miseria se
generalizan entre el vecindario, uno de los recursos habituales será el de negarse a
satisfacer la conducta de médicos, los repartos de sal y sobre todo las tercias de la
Contribución anual. La primera constancia de ello se produce en 1722 cuando se
pretende pagarla con el producto del arriendo de la primicia, Noveno Real y almudí,
“por la calamidad del tiempo y los muchos pagamentos de censales” a que deben
acudir los vecinos. 239 La segunda cuando, llegado el mes de mayo de 1738 –el mes
de “mayor” escasez previo a la cosecha del trigo- el ayuntamiento alega la miseria
de todo el pueblo y propone pagar la Contribución del fondo de propios que
gestionan los conservadores de la Concordia Censal. 240 Otras veces, –aun habiendo
existencias- es el precio que alcanza el trigo en el mercado local lo que nos advierte
de una fatal cosecha de cereales, como en noviembre de 1754, cuando ya se vende
a ocho reales de plata sencilla por fanega (64 reales de plata el cahíz). 241
Cuando se establecen los cargos de diputados del común, luego de la
liberación del precio del trigo en toda España, serán ellos quienes con mayor
insistencia reclamen del consistorio el pago de la Contribución a cargo de los
sobrantes de las rentas de propios. 242 No entienden que un ayuntamiento rico deje
sin auxilio a sus vecinos pobres. O bien solicitan del Consejo de Castilla el reparto
del trigo del monte de piedad entre los vecinos, “por haber faltado enteramente la
cosecha de granos en las dos últimas anualidades”. 243
Otros años, las limosnas de las autoridades civiles y eclesiásticas son indicio
claro de escasez y miseria. Es el caso del ayuntamiento que, en abril de 1781,
acuerda doblar su limosna anual a los pobres con ocasión de la procesión al
244

monasterio del Salvador, “por la gran miseria que se padece generalmente”; 244 o el
del obispo de Lérida, cuya limosna permite pagar un tercio de la Contribución a más
de seiscientos ochenta vecinos en 1789. 245 Similar ejemplo de coyuntura adversa
expresa la negativa del capítulo eclesiástico a prestar granos de su diezmo para la
sementera de 1775, pese a la orden expresa de su obispo, dispuesto a contribuir
con su parte alícuota en el convencimiento de salir ganando con ello. 246 La
premonición del obispo resultará clarividente, pues aquel año tampoco hubo
cosecha y el ayuntamiento hubo de socorrer en febrero de 1776 a más de 500
pobres con una comida diaria, después de “ver morir a algunos pobres vecinos por
no tener el sustento necesario”. 247 La del obispo o la del ayuntamiento eran ‘la
caridad prudente’ que interpreta Pierre Vilar y que para el caso de las autoridades
nacionales entiende como ‘control’ ilustrado. El Estado debía mantener la quietud
de los jornaleros y evitar convertirlos en mendigos. 248
Obviamente, una de las ocasiones en la que las autoridades hubieron de
acudir con mayor urgencia a la caridad o la previsión de tumultos fue la derivada
del Motín contra Esquilache, que Antonio Peiró calificó como “motín del pan” en su
interpretación de los hechos ocurridos en Zaragoza entre el uno y el 15 de abril de
1766. 249 La cosecha de cereal habría resultado muy corta en los dos años anteriores
en buena parte de Aragón. De hecho, nos consta su extrema cortedad en la zona
de Monegros, por su acusada “aridez y sequedad”, 250 aunque en Fraga esta ocasión
se sufría como una más de las coyunturas de escasez, hasta que las noticias y
órdenes de las autoridades regionales pusieron en alerta a las locales. Se estaba
circulando por vereda a los pueblos una providencia en la que se ordenaba a las
justicias ordinarias abaratar los víveres. Su preocupación por el abasto se advierte
a través del escrito que el alcalde don Gregorio Villanova y Bardají remite el 27 de
abril a don Juan Antonio Gardón de Pericaud, regente en la Audiencia, y en el que
le comunica la inexistencia de trigo para el abasto en Fraga, la necesidad de
buscarlo en Cataluña –“donde el precio es muy subido”-, y el previsible concurso
próximo de peones para la recolección de la hoja de morera y luego para la siega:
“de lo que se puede temer alguna mala consecuencia”.
El Real Acuerdo autoriza el día 30 la compra de trigo en Cataluña con caudal
de propios “llevando puntual cuenta y razón de todo con la mayor justificación”.
Unos días después, un nuevo escrito del alcalde al mismo destinatario señala que
“la ciudad tiene fuertes caudales” y será preferible que pierda algo de ellos a que se
turbe la tranquilidad que ahora se observa en la ciudad “por el rebaje de víveres”.
El alcalde tiene apostados “ministros y guardas por las noches a los pasos de
Cataluña, para impedir la extracción de granos y otros géneros”. 251 Dice también
que ha recorrido con gentes los montes y averiguado, en cuantos silos o trojes ha
245

descubierto, que no hay grano alguno. Aunque no llegó a producirse alteración
popular en Fraga aquel año, alguien incitó a ello mediante un pasquín anónimo
clavado en la plaza pública.
El encadenamiento de las malas cosechas se aprecia igualmente en las
fuentes cuando reconocen la imposibilidad de resarcir al fondo de propios las
deudas contraídas durante años por los vecinos que acuden al pósito de granos en
tiempo de siembra. El ayuntamiento se exclama ante el intendente con los peores
lamentos, poniendo como causa frecuente de sus propios impagos las deudas
“incobrables” de terceros. Coincidiendo casi con el contexto general, 252 los regidores
recuerdan siempre la del año 1788-89 como la primera de una serie de malas
cosechas a finales del siglo XVIII y primera década del XIX, acentuada ese año
inicial por haber quedado sin riego la huerta. 253 Aquel fue “el primer año malo”. El
intendente por su parte pone el contrapunto a tanta queja, recordando a Fraga los
años en que la cosecha ha sido abundante y argumentando que “...el buen
despacho de sus frutos por la inmediación de Cataluña” hace posible disminuir el
déficit del pósito. 254
Desde la década finisecular y hasta el inicio de la guerra de la Independencia
la población no dejó de disminuir al confluir tres factores superpuestos: la
coyuntura agraria permanentemente desfavorable, la secuencia de epidemias ligada
a ella y finalmente una emigración de familias jornaleras, decepcionadas respecto
de las expectativas creadas con la construcción de la nueva acequia y la falta de
tierras que cultivar a censo o en aparcería. Las fuentes señalan de forma
descarnada la crudeza de aquellos veinte años anteriores a la guerra. Pésimas
cosechas se sucedieron en 1789, 1790, 1792 y 1793, por una sequía continuada
que afectó especialmente a las tierras de secano de Fraga y de los pueblos
colindantes de los Monegros. 255 Luego vinieron los hielos en 1797, 1798 y 1799;
más tarde el pedrisco en 1801 256 y de nuevo el frío extremo en 1802, cuando
“hasta se abrasaron y quemaron los olivos”. 257 La de 1804 fue también “cosecha
muy corta”, por lo que el arriendo del Noveno Real y el almudí se subastaron al año
siguiente muy bajos. 258
En ese contexto, la población se considera “excesiva” para las posibilidades
de subsistencia y las epidemias de viruela y otras enfermedades inciden sobre los
más desfavorecidos al menos durante los años 1794, 1798, 1800 y 1802-1804,
como hemos visto. En todas las secuencias, el hambre parece preceder a la
enfermedad, cuyo concurso causaría mayores estragos en las defensas debilitadas.
Aquellos años, desde luego, la mayoría de los vecinos no pudieron devolver al
pósito sus préstamos de trigo y se resistieron al pago de la Contribución. 259 Igual
que las personas, los ganados acusaban también la coyuntura desfavorable por
246

falta de pastos. 260 Hubo que arrancar olivos y árboles frutales. Muchos vecinos
tuvieron que vender cuanto tenían para poder comprar el trigo para el panadeo y la
siembra, así como las demás simientes y planteles para sus cultivos de lino,
cáñamo y hortalizas. Los más pobres tuvieron que abandonar la población “por no
haber aún en los que en otros tiempos eran más pudientes, quién compre una junta
de labrar, dé un jornal, ni emplee los muchos braceros, que eran pocos para el
cultivo de sus haciendas en los tiempos de prosperidad anteriores”.
Aquella prolongada coyuntura adversa afectó igualmente a algunos
labradores que hasta entonces “se servían por asalariados y han tenido que
asalariarse, tomando amos a quien servir, y los que no han tenido la suerte de
encontrarlos tienen que mendigar vergonzantemente las pocas limosnas con que
contribuyen un corto número de limitados pudientes”. 261 Fraga lamentaba que no
sólo siete de cada ocho vecinos pasaba hambre por “falta de todas sus cosechas”
sino que su mayor desconsuelo era el no poder reponerse de su calamidad en
muchos años. 262 Desde luego, quienes entonces hubieron de cargarse con censales
para poder alimentarse, tardarían mucho tiempo en superar su miseria. 263 La
coyuntura tensaba la estructura agraria. Y luego vino la guerra. Una coyuntura
extrema en la que se combinaron de nuevo los jinetes del Apocalipsis y que excuso
repetir ahora por haberla descrito suficientemente en una ocasión anterior. 264
A su fin, durante el trienio 1816-1819 se tiene por “demasiado cierta y
notoria la extraordinaria sequía del país y la riada de 1818, graduándose los años
que lo componen a los más miserables que se han conocido por los vivientes”, con
más de quinientos vecinos indigentes para los que los curas piden de nuevo limosna
a su obispo. 265
La siguiente noticia es ya de 1825, cuando una “horrorosa tempestad, que
asolando los frutos y cosechas de su huerta, ha reducido a los labradores al estado
más aflictivo y lamentable”. 266 Al año siguiente, un gran pedrisco, se lleva la mayor
parte del aceite, vino, judías, maíz y toda especie de hortalizas, “siendo tal el
infortunio” que el ayuntamiento acude directamente al Rey en nueva petición de
exención de contribuciones. Para ello, ruega al intendente Barrafón informe
favorablemente -si se lo pide S. M.-, y quite de paso el apremio con que aprieta a
la ciudad por las mensualidades atrasadas no satisfechas. El 8 de marzo de 1827, el
intendente comunica al ayuntamiento que, para poder proseguir el expediente de
perdón de contribución debe aportar una serie de documentos fiscales, y entre ellos
la relación de todos los sujetos que tengan arrendadas sus haciendas “a fruto
sano”, indicando de cada uno la contribución que se les carga por dichos
arriendos. 267 Es decir, el intendente quiere saber cuántos de los fragatinos sufren
realmente por la pérdida de sus cosechas y qué pierde cada cual cuando la
247

coyuntura es adversa, como es el caso. Pretende matizar el daño. El intendente
Barrafón es fragatino y conoce bien la realidad de su pueblo natal. Es difícil hacerle
comulgar con perjuicios generalizados.
Igual que Barrafón, quienes mejor conocen la realidad de las cosechas son
quienes participan de sus diezmos. En nuestro caso su primer beneficiario, el
obispo, y junto a él el capítulo eclesiástico. Sus opiniones sobre la coyuntura sirven
para contrastar, matizar u oponerlas a otras, cuando se establece un litigio entre
las partes interesadas. Es lo que ocurre en 1777, cuando finaliza el arriendo de los
diezmos del capítulo eclesiástico contratado para los cuatro años previos por otros
tantos vecinos. Los arrendatarios no han satisfecho a los eclesiásticos la mitad del
precio acordado. Acuden al Real Acuerdo alegando “la esterilidad de los tres últimos
años del arriendo y escasez de cosechas”. El capítulo les ha embargado sus bienes
para cobrar la deuda. Alega que las quejas respecto de la esterilidad son
infundadas, aunque reconoce que “no han sido los años de los más abundantes”.
Respecto de la buena fe de los arrendatarios advierte que pretendieron ocultar sus
bienes en el momento de serles embargados, y que alguno de ellos se ha estado
construyendo durante estos años una casa sólida y espaciosa, etc... El fiscal
aconseja al Real Acuerdo desestimar la petición de los arrendatarios y así se
acuerda. 268 La del año 1774-75 había sido una cosecha “corta” pero no así el resto
de los años del arriendo. Otro tanto ocurre en 1826, cuando los diezmeros afirman
que las cosechas del cuatrienio 1821-1825 fueron “algo estériles” pero no nulas. 269
Son matizaciones que limitan el alcance de la coyuntura adversa, aunque no
permitan percibirla con precisión.
Durante el primer tercio del XIX, ni unas fuentes ni otras diferencian casi
nunca la huerta del monte; el regadío del secano. No lo hacen los clérigos cuando
informan a su obispo; ni la junta de propios ante el intendente; ni el ayuntamiento
ante el exigente comandante de armas ni ante el gobierno político de Aragón
establecido durante el Trienio Liberal. Tampoco lo hace entonces el comisionado del
Crédito Público ante sus superiores. Las dificultades que atravesó aquellos años
Fraga, con partidas de rebeldes absolutistas (‘Realistas’) acechando de forma
permanente el término municipal, eran razón suficiente para la exageración
sistemática, con fines dilatorios o de impago de contribuciones, apremios o
raciones. Las afirmaciones de los regidores parecen entonces menos rotundas y
poco matizadas.
Por otra parte, cuando mencionan la escasez de cosecha se refieren siempre
a la de cereales y nunca a la de otros cultivos de huerta. Estos años, “la esterilidad”
ha de entenderse en todo caso afectando a las masadas del monte, mientras que
tanto la huerta vieja como la nueva sólo habrían sufrido los efectos de la tormenta
248

de 1825. Si no fuera así no se explicaría el importante concurso de inmigrantes que
se está produciendo durante la década final del reinado de Fernando VII al ponerse
en regadío la partida del Secano e incrementarse la extensión cultivada en el monte
de forma considerable.
Cierto es que el considerable aumento del cultivo en las tierras del monte
dedicado a “sementera”, con las sucesivas concesiones y roturaciones arbitrarias,
hace que su contribución o su ausencia al mercado del trigo haga más sensible su
pérdida ahora que en períodos anteriores por su mayor volumen y grado de
comercialización. Pero lo que en las generaciones anteriores se percibía como
“escasez” o “carestía” que limitaba el autoconsumo de muchos, se entendía ahora
como limitación de renta o como ausencia de beneficio para una minoría. En este
contexto, los únicos datos con que contamos hasta finalizar el último reinado
absolutista son muy escasos: los de una helada “enorme” en diciembre de 1829;
una “gran nevada” el 11 de abril de 1832 y otra el 11 de marzo de 1833, que no
parecen haber supuesto pérdidas de cosecha apreciables. Hasta aquí las
informaciones cualitativas con que contamos.
Con el fin de intentar una observación de conjunto, resumo en el Cuadro 36
los años en que la coyuntura agrícola adversa parece cierta, aunque sólo pueda ser
apreciada de forma cualitativa, sin diferenciar cosechas cortas de ausencia de
cosecha y sin que sepamos en muchos casos si afectan por igual al monte y a la
huerta. Junto a los años de escasez situamos aquellos en los que, con seguridad, se
produjeron episodios de enfermedades epidémicas, como síntoma de sus peores
consecuencias.
Cuadro 36
COYUNTURA AGRÍCOLA Y EPIDEMIAS EN FRAGA. 1716-1833
primera mitad s. XVIII segunda mitad s. XVIII Primer tercio s. XIX
año de cosecha enfermedad año de cosecha enfermedad año de cosecha enfermedad
corta o nula epidémica corta o nula epidémica corta o nula epidémica
1716 1754 1756 1801-1802
1722 1764-1766 1771 1804 1802-1804
1731 1774-1775 1776 1816-1819
1734 1780-1782 1821-1826
1737 1788-1790
1748-1750 1792-1793 1794
1797-1799 1798
Fuente: elaboración propia con los datos documentados en el texto.
249
1800 1834

La mayor o menor concentración de coyunturas adversas y su coincidencia o
no con las epidemias a lo largo de más de un siglo parecen haber producido
consecuencias diversas. Durante la primera mitad del siglo XVIII no consta ninguna
ocasión en que se produjesen enfermedades epidémicas en la ciudad. Las cosechas
escasas o nulas son pocas y tan sólo se produjo una secuencia de escasez en el
bienio 1748-1750. Con estos datos, entiendo que la coyuntura agrícola de la
primera mitad del siglo XVIII podría haber ralentizado levemente el lento despegue
de la población y la producción, sin afectar sensiblemente a la recuperación
después de la guerra de Sucesión y permitiendo entre los fragatinos el
engrosamiento del grupo doméstico y una incipiente apertura de brazos laterales en
los diferentes troncos familiares, como demostraré más adelante.
En la segunda mitad del siglo XVIII se aprecian dos fases muy distintas: en
los treinta años comprendidos entre 1750 y 1780 sólo se produjeron tres ocasiones
de escasez por causa de cosechas cortas o nulas tanto en el monte como en la
huerta, con mayor incidencia en el período 1764-1766. Luego de cada una de ellas
se produce un brote epidémico que tiene su reflejo en los vaivenes manifestados
por las tasas de crecimiento medio anual de la población y en las inmigraciones
frustradas (re emigraciones) que ya conocemos. Con todo, la coyuntura favorable
global de estos treinta años parece haber contribuido decisivamente al período de
mayor crecimiento tanto de la población en general -continuando la multiplicación
de brazos familiares-, como de la población activa, que se diversifica intensamente
durante la segunda generación del siglo XVIII, como también sabemos.
En cambio, la década final del XVIII y la primera del XIX contienen
auténticas crisis de subsistencias con permanentes encadenamientos de malas o
nulas cosechas y azotes epidémicos intermitentes, que estarían en la base del
frenazo brusco y retroceso absoluto del crecimiento demográfico, junto a una
pauperización y proletarización de un considerable contingente de fragatinos. Un
contingente de “miserables de ínfima esfera”, impelidos a la emigración o a
protagonizar los tumultos iniciales contra hacendados y poderosos locales, durante
el primer año de la guerra de la Independencia. Una situación similar y tal vez tan
acusada como la sintetizada recientemente por Sebastián Amarilla para el conjunto
nacional, cuando afirma que la coyuntura de fin de siglo entre 1790 y 1808
“...culminaba mostrando dos caras bien distintas: los grupos sociales minoritarios
recogían en forma de ingresos extraordinarios los generados al coincidir el aumento
de las rentas territoriales en especie y el alza de precios; (mientras) para la
mayoría de la población, la coyuntura aparecía dominada por la incertidumbre, la
escasez de alimentos y las violentas oscilaciones de la producción agrícola y de los
250

precios de las subsistencias, siendo cada vez más visible su traducción en un
creciente grado de efervescencia social”. 270
Superado el conflicto bélico, y sin que desde entonces se produzcan nuevas
crisis epidémicas durante el primer tercio del siglo XIX, las escasas e interesadas
noticias sobre coyunturas adversas no producen la sensación de constituir un nuevo
período de dificultades extremas, pese a las noticias proporcionadas por diferentes
agentes económicos, sociales y políticos afectos al cobro de diezmos, de impuestos
y de exacciones de todo tipo. Si acaso son expresión de resistencia, ajustada a las
exigencias cada vez mayores del “exterior”. Las evidentes dificultades centradas en
la secuencia de 1816-1819, antes de la rehabilitación de la acequia nueva, y las
cosechas “bastante estériles” del período 1821-1826 (seguramente sólo en las
tierras del monte los cuatro primeros años) parecen más bien la ocultación a las
autoridades exteriores de una realidad agrícola que mejora la del siglo XVIII y
produce en Fraga su mejor período de crecimiento demográfico.
Se rellenan entonces con celeridad los huecos producidos en los grupos
domésticos de la tercera generación, al tiempo que se le añade el período de mayor
volumen inmigratorio. También en este sentido, Fraga parece moverse dentro del
contexto general. 271 Durante el siglo XVIII responde al modelo que Marcos Martín
sintetizó para las zonas interiores, entre ellas Aragón, de un crecimiento rápido
desde inicios del siglo, con continuidad creciente y fuerte crisis finisecular. Para la
primera mitad del XIX, en cambio, se aproxima al modelo mediterráneo de
crecimiento persistente, siguiendo las fases coyunturales descritas para el contexto
nacional por Agustín Y. Kondo, quien remarca tres períodos en la primera mitad del
Ochocientos: la fase depresiva entre 1800 y 1815; el cambio de coyuntura en el
período 1815-1825, con recuperaciones más rápidas en unas zonas que en otras y
especialmente en la Cataluña occidental; y una tercera fase de expansión entre
1815/25 y 1850. 272
2.2.7 Precios y salarios como indicadores de la coyuntura.
Los historiadores advierten sobre la inutilidad del análisis per se de los
precios y salarios. Sólo utilizándolos como medio para otros fines adquiere su
estudio algún sentido. Para acercarnos algo más a las coyunturas de la etapa
pretendo analizar los tres aspectos usuales en la evolución de los precios: el
movimiento estacional del precio de los granos y otros productos básicos en el
consumo de la época, la tendencia de los precios al alza o a la baja en períodos de
larga duración (el llamado trend secular) y, finalmente y en la medida de lo posible,
su periodicidad cíclica. Todo ello con la intención de enfrentarlos luego con la
evolución de los salarios. Precios y salarios enfrentados pueden ayudarnos a
251

comprender la percepción que los fragatinos debieron tener de su nivel de vida a lo
largo de su respectivo ciclo vital, así como la singular percepción de cada
generación respecto de las de sus antepasados. Es decir, para afinar los efectos de
la coyuntura sobre sus vidas.
Este modo de aproximación supone la construcción de series temporales de
precios. Las fuentes que permiten construir la serie fragatina han sido cuatro: para
los precios más antiguos los publicados por Félix
Otero en su trabajo sobre la villa de Fraga en el
siglo XVII; la segunda fuente la forman dos de los
tres libros de cuentas conservados de la cofradía de
San José, adscrita al gremio de albañiles y
carpinteros de Fraga, publicados ya en un trabajo
previo del autor y que abarcan desde fines del siglo
XVII hasta mediados del XVIII. 273 La tercera fuente
es la más extensa; la componen noticias relativas a
precios de múltiples productos proporcionados por
documentación de toda especie a lo largo del siglo
XVIII y primeras cuatro décadas del siglo XIX. 274 La
cuarta es la que proporciona el único libro del almudí conservado; 275 abarca desde
el año 1822 hasta el de 1848, y recoge los precios de cereales y otros productos
agrícolas en los dos mercados semanales que se celebraban entonces en la ciudad.
Su continuidad es casi total para el trigo y la cebada durante todos los meses del
año, con apenas alguna laguna semanal y con frecuente ausencia de ventas en el
resto de los productos. Será ésta la fuente más homogénea, de mayor continuidad
y fiabilidad. Por ello también la que permita alcanzar varios objetivos en su
explotación. Para situar a Fraga en su contexto comarcal y regional he utilizado,
junto a las anteriores, series del trigo aportadas por la historiografía para
poblaciones como Barbastro, Zaragoza, Lérida, Tárrega y Barcelona, cuyas
referencias concretas se expondrán en el momento de ser utilizadas. 276
La estacionalidad de los precios.
Si se ponderan los diferentes precios encontrados para los sucesivos meses
del año agrícola, se puede poner de manifiesto su extrema variabilidad. 277 El de la
‘estacionalidad’ de los precios es un fenómeno cotidiano en la época aunque en la
actualidad, habitualmente, se presente sumamente mitigado. El Gráfico 7 lo
expresa para el año agrícola fragatino respecto de los precios del trigo. El mes
‘menor’ es el de julio, y desde entonces el precio del trigo aumenta con regularidad
hasta el mes de mayo siguiente, considerado como mes ‘mayor’. Es la terminología
252

propia de la época que solía temer los “meses mayores” como los de mayor escasez
de trigo y de precios “más subidos”.
Porcentajes
110
105
100
95
90
85
Gráfico 7
ÍNDICES DE ESTACIONALIDAD MENSUAL MEDIA DEL TRIGO.
En el período 1822-1848
julio agosto sept. oct. nov. dic. enero febr. mar. abril mayo junio
meses del año agrícola en Fraga
Fuente: elaboración propia con los datos del libro del almudí.
Vemos también cómo el mes de junio, de forma significativa (índice 99,9%),
queda extraordinariamente próximo a la media anual. Junio es en Fraga el mes de
las labores de siega y trilla tanto en el monte como en la huerta, efectuadas
alternativamente en uno y otro lugar, y en consecuencia el mes que confirma las
expectativas previas a la cosecha para bien o para mal. Es entonces cuando la
relación oferta-demanda determina el precio inicial del nuevo año agrícola,
naturalmente con la influencia del nivel alcanzado por los precios en los últimos
meses precedentes; es decir, partiendo del ‘nivel histórico’ de los precios.
En tercer lugar, los sucesivos índices medios mensuales muestran una nueva
característica del mercado fragatino: tan sólo los cinco primeros meses posteriores
a la cosecha se mantienen con precios inferiores a la media. Desde diciembre, el
precio asciende ya por encima de la media sin interrupción. Visto así, menos son en
Fraga los ‘precios menores’ y más los ‘mayores’. Dicho de otro modo, los efectos
beneficiosos de la nueva cosecha solían durar pocos meses y muy pronto
comenzaba la sensación de escasez, lo que llevaba frecuentemente a “gritar
escasez” a quienes más interesados estaban en que el precio subiera, desde los
acaparadores hasta las amasaderas. El historiador francés Ernest Labrousse
describió magníficamente hace muchos años este mecanismo y lo han repetido
desde entonces cuantos han dedicado su atención a los precios. 278
253

en reales de vellón por cahiz
Gráfico 8
Fuente: elaboración propia con los datos del libro del almudí.
En cuarto lugar, mediante el Gráfico 8 apreciamos dos características
relativas a la llamada ‘franja de estacionalidad’ que distancia más o menos el mes
menor del mayor. La franja de estacionalidad varía según las cosechas. Se amplía
cuando los precios son más altos: hasta 94 reales de vellón por cahíz se
incrementará el precio del trigo entre julio de 1846 y mayo de 1847; y disminuye
en los años del ciclo con precios más bajos, llegando incluso a superar el precio de
julio al de mayo del siguiente año civil. Es lo que ocurrió, por ejemplo, en 1839-
1840: durante julio de 1839 el trigo costó en Fraga 3,04 reales de vellón más por
cahíz que lo que costaría luego, en el mes de mayo siguiente.
Si en lugar de utilizar los precios nominales utilizamos los números índice
mensuales de julio y mayo de cada año, y les añadimos las respectivas líneas de
regresión lineal, la percepción de la estacionalidad se porcentualiza y se hace más
evidente. Es lo que puede apreciarse en el siguiente gráfico.
en porcentajes
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10,00
-20,00
-30,00
1822-23
ESTACIONALIDAD DEL PRECIO DEL TRIGO EN FRAGA. 1822-1848
precios nominales
1823-24
1824-25
1825-26
1826-27
1828-29
Gráfico 9
Fuente: elaboración propia con los datos del libro del almudí.
1830-31
1833-34
1834-35
1835-36
254
1836-37
1837-38
julio mayo
ESTACIONALIDAD DEL PRECIO DEL TRIGO EN FRAGA
índices máximos y mínimos mensuales en el período 1822-1848
julio mayo Lineal (julio) Lineal (mayo)
1838-39
1839-40
1840-41
1841-42
1842-43
1843-44
1844-45
1845-46
1846-47
1847-48

Entre 1822 y 1848 la máxima distancia entre julio y mayo siguiente fue del
54,6% de aumento en el precio, y la distancia inversa mayor lo fue de un –30,6%.
Naturalmente, la mayor carestía correspondió casi siempre al mes de mayo y la
excepción al de julio. Además, las líneas de regresión lineal proporcionan una nueva
percepción de la estacionalidad: conforme avanza el período, la distancia entre
ambas líneas se acorta: de una amplitud máxima próxima al 23% se pasa a una
amplitud mínima del 7%.
Disminuye por tanto la estacionalidad en sí y su extrapolación permite intuir
una época posterior –tal vez a finales del propio siglo XIX-, sin variaciones
significativas del precio del trigo a lo largo del año agrícola. Una afirmación que no
es posible observar en la tendencia retrospectiva: con los datos disponibles no
podemos averiguar si durante el siglo XVIII la franja de la estacionalidad fue mayor
que en la centuria siguiente, aunque quepa conjeturarlo. En cualquier caso, la
percepción coyuntural más intensa para los fragatinos de cualquier generación
durante la época fue la estacional. Sabían por experiencia que cada nueva cosecha
podía traer variaciones terribles en el precio del trigo; podía aumentar hasta en un
50% en años críticos de julio a mayo. Quienes lo cosechaban en abundancia podían
guardar su excedente para conseguir el mejor precio en su venta. Quienes sólo
conseguían autoabastecerse, dosificaban su consumo con el temor al “año malo”. Y
quienes debían comprar el pan diariamente o precisaban tomar trigo prestado para
la siembra, sufrían de manera extrema las oscilaciones de su precio, viéndose
obligados a la emigración o abocados a la muerte. 279
El trend secular: la evolución del precio del trigo en el conjunto de la época.
Para verificar la diferente percepción que cada generación pudo tener de la
coyuntura agrícola es preciso observar, junto a la estacionalidad, la tendencia
secular del precio del trigo y su evolución cíclica, de forma que podamos primero
calibrar la amplitud e intensidad de las variaciones periódicas en cada ciclo vital y
luego comparar las cuatro generaciones. Con este propósito he confeccionado una
serie general del precio del trigo que abarca desde inicios del siglo XVII hasta el
primer tercio del XIX y que se representa en una gráfica general. Pero antes de
presentarla considero importante verificar la coherencia de los precios locales
obtenidos con los del ámbito regional próximo. 280 Para ello utilizo los datos
aportados por Félix Otero para Fraga en el siglo XVII y los comparo con los de
Barbastro aportados por José A. Salas y los de Zaragoza publicados por Antonio
Peiró en el período en que las tres series ofrecen mayor número de datos
simultáneos. 281
255

El Gráfico 10 representa los precios nominales en columnas y se añaden
sus medias móviles rectificadas (año testigo al final) para períodos de cinco años.
Se representan además las líneas de regresión lineal de las tres series.
en reales de vellón por cahiz
150,00
100,00
50,00
0,00
1649
Gráfico 10
PRECIOS DEL TRIGO EN FRAGA, BARBASTRO Y ZARAGOZA 1649-1706
1659
Fuente: elaboración propia con los datos de Otero, Salas y Peiró.
Pese a su discontinuidad, las tres series expresan un claro retroceso secular
del precio del trigo hasta los años ochenta del XVII, siendo mayor la tendencia a la
disminución en Barbastro que en Fraga y Zaragoza, como indican sus respectivas
líneas de regresión. Responden con ello al trend secular del conjunto español,
aunque Barbastro pudo haber partido de precios superiores durante el XVI y en el
transcurso del XVII tiende a aproximarse al nivel de precios fragatino y zaragozano.
Las tres expresan también los precios de inflación durante la guerra de Cataluña,
con mayor intensidad en Fraga, aunque Barbastro se mantenga en un nivel de
precios más elevado. Las tres fluctúan cíclicamente, aunque la secuencia de
Barbastro se retrasa respecto de las otras dos, hasta llegar a oponerse a ellas, al
tiempo que la amplitud de las fluctuaciones parece mayor también en el Somontano
que en el Bajo Cinca o en la capital del Reino. Las tres parecen coherentes, aunque
la de Barbastro responde mejor a la de un mercado importador de trigo, por la
superioridad de sus precios, mientras la de Fraga correspondería más a la de un
territorio productor y la de Zaragoza a un mercado mixto, –a veces importador y
otras exportador-, aunque siempre mejor abastecido.
1669
Barbastro Fraga Zaragoza
5 per. media móvil (Barbastro) Lineal (Barbastro) 5 per. media móvil (Fraga)
Lineal (Fraga) 5 per. media móvil (Zaragoza) Lineal (Zaragoza)
256
1679
1689
1699

Barbastro y Fraga parecen dos mercados de diferente tipo. Su coeficiente de
correlación lineal no llega a ser siquiera significativo, cercano al 0,324. Barbastro y
Fraga parecen dos mercados escasamente o en ningún caso conectados durante el
siglo XVII. No son dos plazas integradas en un mismo mercado regional. Sus
precios fluctúan de forma independiente al albur de coyunturas dispares y de
influencias externas distintas, aunque en ambos casos la estructura de los datos
sea cíclica, exprese una misma tendencia secular y seguramente refleja la mayor
vocación cerealista de Fraga frente al Somontano. 282
La comparación entre Fraga y Zaragoza permite nuevas conclusiones al
tiempo que refuerza las anteriores. Durante la guerra de Secesión catalana los
precios de inflación fueron mucho más acusados en Fraga que en Zaragoza. Su
condición de escenario directo del conflicto condicionó aquí precios del trigo muy
superiores. Pero desde la posguerra, unos y otros precios se aproximan
considerablemente. Sus oscilaciones cíclicas son casi coincidentes, y así lo expresa
su coeficiente de correlación lineal que alcanza el 0,917. Es decir, Fraga y Zaragoza
parecen dos mercados relacionados, fijándose los precios en la villa con referencia
frecuente a los de la capital del Reino. Los de Fraga siguieron en la larga duración
un curso algo más estable, mientras los de Zaragoza, partiendo de un nivel algo
superior, acabaron el siglo XVII muy próximos a los de la villa, como indican sus
respectivas líneas de regresión. Al mismo tiempo, el gráfico permite observar cómo
cambió la tendencia en ambos mercados durante las últimas décadas de aquella
centuria: mientras durante la mayor parte del siglo habían retrocedido sus valores
nominales medios, desde fines de los setenta iniciaban una tendencia contraria, de
ligero incremento en sus precios medios anuales. Una tendencia alcista más
acentuada en Fraga que en Zaragoza y que da entrada en los primeros años del
siglo XVIII a un nuevo trend secular.
Los fragatinos de nuestra primera generación tuvieron que advertir esa
ligera alza de precios antes de la guerra de Sucesión frente a la percepción
contraria de sus padres y abuelos. Luego de concluida, manifestaron pronto su afán
por el incremento del cultivo. El de Fraga parece entonces un mercado local,
probablemente sólo conectado a lugares comarcanos próximos, pese a que el
propio Otero señala la eventualidad de compras del concejo en algunos pueblos
pertenecientes a otras comarcas limítrofes a la del Bajo Cinca. Un mercado cuyas
referencias al precio del trigo en Barbastro son sólo ocasionales mientras desde
antiguo los parámetros fragatinos se sitúan muy próximos a los de Zaragoza.
* * *
Verificada la coherencia de los datos locales y su relación estrecha con el
mercado zaragozano, podemos ya presentar la gráfica general evolutiva del precio
257

del trigo en Fraga desde los inicios del siglo XVII hasta mediados del XIX. El
resumen de los datos se recoge en el Cuadro I.8 del apéndice documental.
258

Pese a la discontinuidad de los guarismos anuales, con el recurso al método
de las medias móviles es posible apreciar la tendencia secular así como sus
cambios. He tomado para evidenciarlo las medias móviles de trece años con el año
testigo al final, -medias móviles rectificadas-, como se ha repetido desde Labrousse
hasta Peiró, en la consideración de que tal intervalo abarca dos ciclos de una
duración aproximada de seis años cada uno.
El rasgo sobresaliente de la curva es sin duda el cambio brusco en el nivel
de precios ocasionado por las sucesivas guerras en que Fraga se ha visto envuelta:
Secesión, Sucesión, Independencia y Carlista. Vemos en primer lugar cómo los
precios de inflación de la guerra de Secesión fueron mayores que los de la de
Sucesión e incluso que los de la de Independencia, teniendo en cuenta el diferente
punto de partida. Es un claro indicio de su diferente repercusión en la villa. La
sensación de carestía hubo de ser mucho mayor en la primera guerra que en las
dos siguientes, por producirse aquella al término de un largo período de retroceso
en los precios, mientras las siguientes intensifican una tendencia ya inflacionista.
Luego de concluidas las guerras, en los tres casos se produce un derrumbe
de los precios, que los sitúa por debajo del nivel inmediato anterior al estallido de
los conflictos, siendo el descenso más paulatino tras la de Sucesión y mucho más
brusco al término de la de Independencia. Tanto unos como otros efectos fueron
motivo de quejas y lamentos entre diferentes colectivos: cuando la carestía se
intensificaba, afligía a los consumidores; cuando la deflación se instalaba en los
mercados, desazonaba a productores y comerciantes.
En segundo lugar, es visible a simple vista el diferente trend secular de la
primera mitad del XVII, respecto de su segunda mitad: descenso sensible en la
primera frente al estancamiento de la segunda. Al mismo tiempo, la amplitud de las
oscilaciones –y en consecuencia la sensación de inestabilidad – es mucho mayor en
el primer que en el segundo período. Entre 1606 y 1612, por ejemplo, el precio
nominal inicial se reduce a menos de la mitad, mientras entre 1618 y 1630 vuelve a
duplicarse. En la segunda mitad del Seiscientos, tanto la amplitud como la
intensidad de los ciclos se reducen, lo que cabe interpretar como fin de la recesión
secular e inicio de una nueva fase de recuperación agrícola.
Si nos adentramos en el XVIII, el trend secular es claramente alcista de
principio a fin. El precio mínimo de la depresión subsiguiente a la guerra de
Sucesión se produce en 1727 con el cahíz de trigo a 45,80 reales de vellón, el
precio más bajo de la centuria. Desde entonces no dejará de aumentar de forma
cíclica aunque, -como en el siglo anterior-, con diferentes ritmos. Durante treinta
años, entre 1730 y 1760 aproximadamente, el crecimiento del precio es moderado
y desde esa última década la pendiente de la curva aumenta considerablemente.
259

Si indexamos la serie tomando como base 100 la media cíclica del período
1727-1743, al llegar la década de los sesenta el índice se ha incrementado en un
40%, mientras desde entonces y hasta final del siglo, (comparado con el período
1789-1800), aumenta en un 91%. La pendiente fue en este período de un valor
superior al doble de la anterior. Es decir, en dos periodos de duración similar, el
segundo mantuvo un ritmo de crecimiento del precio del trigo que doblaba al
precedente. En el conjunto del siglo su aumento es del 264%. Es decir, el precio del
trigo se había más que duplicado durante el siglo XVIII.
Llegados al XIX, el punto más bajo del período deflacionario posbélico se
produce en 1820 y durante la década siguiente el índice medio se mantiene a un
nivel similar al de treinta años atrás, en torno al índice 208, cuando todavía no se
habían producido las peores crisis de subsistencias del Setecientos. Luego, entre
1830 y 1840, la primera guerra Carlista parece causa inmediata de un nuevo ciclo
al alza, con la ciudad rodeada frecuentemente por tropas y partidas “facciosas” y
obligada a una permanente contribución de raciones para el ejército Cristino, lo que
se traduce en escasez y nuevos precios de inflación entre 1835 y 1838, aunque ya
no volverán a alcanzarse los máximos de la guerra de la Independencia.
Por último, en el conjunto de la tendencia secular al alza del XVIII y el
estancamiento de la primera mitad del XIX, es posible acercarse al ciclo vital de las
sucesivas generaciones calibrando las oscilaciones cíclicas del precio del trigo. Para
ello, eliminamos el efecto de la larga duración y presentamos las diferencias
relativas entre los índices anteriores y sus respectivas medias móviles:
porcentajes
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00
-40,00
-60,00
1
14
Gráfico 12
DESVIACIONES CÍCLICAS RELATIVAS 1701-1848
media móvil de trece años rectificada
27
40
Fuente: elaboración propia a partir de los datos indexados del precio del trigo.
53
66
260
79
92
105
118
131
144

De nuevo la discontinuidad de los datos en la serie deja amplios períodos sin
reflejo gráfico. Pese a ello, no parece arriesgado concluir que las desviaciones de la
larga duración fueron extraordinariamente amplias tanto en los ciclos al alza como
en los proyectados a la baja. Porcentajes positivos de hasta el 60% a mediados de
siglo, cuando se produce la mayor fluctuación cíclica en valor relativo, o negativos
de hasta el –40% al término de la guerra de Independencia, lo constatan. La
intensidad de los ciclos, sin embargo, no parece aumentar conforme avanza el
período. En cualquier caso, -obviamente-, en el conjunto primaron las fases de
crecimiento del precio del trigo sobre las de decrecimiento.
En síntesis, del análisis del precio del trigo, producto fundamental en la
época y sin duda alguna base de la alimentación de los fragatinos, puede concluirse
en primer lugar que quienes vivieron su peripecia secular hubieron de soportar en
las cuatro generaciones de nuestro estudio amplias oscilaciones estacionales de su
valor en el mercado local. Variaciones que pudieron ser aprovechadas por unos
para dar dos y hasta tres vueltas al trigo en un mismo año, desamparando aquella
tradicional mentalidad que consideraba su abasto como un deber moral de
ciudadanía, para convertir su manejo en oportunidad de inversión y aumento de su
beneficio mercantil. Para quienes por no ser autosuficientes debían comprarlo en
los meses mayores, el peligro de la miseria, la emigración o la muerte llamaba a
sus puertas con periodicidad anual. Cuanto más si a la estacionalidad se unía el
incremento cíclico de su valor en el mercado. Mientras la desesperanza de unos
solía acentuarse con la certeza repetida de su encarecimiento, para otros esa
misma certeza podía ser origen y estímulo de su ansiada ganancia.
En segundo lugar, es objetivo de este trabajo apreciar de qué modo las
cuatro generaciones que nos ocupan debieron percibir la evolución del precio del
trigo. La primera, a caballo entre los siglos XVII y XVIII, cumplió su ciclo vital en
medio de una secuencia de estabilidad a medio plazo, tan sólo interrumpida por el
efecto de la escasez en el período de la guerra que les tocó sufrir, como islote fiel al
Rey, en medio de un mar de idas y venidas de ejércitos “externos” a su causa local,
arrimados unas veces a la vecina ciudad de Lérida cuando todavía era Felipista y
buscando el amparo de la más lejana Zaragoza, desde que oficialmente ésta dejó
de ser Austracista. Concluido el conflicto, las aguas volvieron al cauce tradicional y
nada alteró en el ámbito de los precios la rutina a la que estaban acostumbrados.
Sus hijos comenzaron a percibir el cambio con las bruscas oscilaciones de los
precios en los años centrales del siglo y pudieron acostumbrarse a un incremento
continuado del valor de su grano –cuando lo tenían- para guardar sus posibles
excedentes hasta la siguiente cosecha, con la esperanza de medrar en el empeño.
Mientras, quienes entre ellos carecían de la capacidad de autoabastecerse,
261

comenzaron a reclamar el aumento de sus salarios y a depender más que nunca de
la capacidad de sus regidores para protegerles de la especulación y de la “saca”. Se
alejaban de aquella mentalidad medieval “que llevaba a juzgar los hechos
económicos conforme a su contribución a la salud del organismo social”. Pero
temían al nuevo mundo que “ya no se preocupaba tanto de mantener a las gentes
en la tierra, como de encontrar la manera de invertir capital en ella”. 283 Es la
generación de fragatinos que despierta a una diversificación de actividades del
sector artesanal, cuando el aumento de los precios pudo servir a algunos vecinos
labradores y hacendados como acicate para la mejora de sus niveles de consumo
de productos manufacturados.
En cambio, los nietos de aquella primera generación crecieron ya bajo el
doble filo de la liberación de su tráfico y de su precio. Algunos de entre ellos
supieron subirse pronto al carro del riesgo tanto en el tráfico como en la
compraventa. Fueron sin duda una minoría, -conocemos ya su número-, mientras
los grupos domésticos crecían sin cesar, cada vez de forma más intensa, y la
necesidad de alimentar a sus vástagos les obligaba a incrementar la capacidad
productiva mediante la extensión del cultivo en el monte, tras fracasar su intento
de intensificarla en la huerta. En su madurez, la tercera generación sufrió los
mayores incrementos y derrumbes de precios nunca conocidos. Ni la memoria de
sus padres ni la de sus abuelos alcanzaba el recuerdo de coyunturas semejantes.
De ahí su extrema preocupación porque el trigo pudiera caer en manos
monopolistas. 284 De ahí el rencor creciente de los “sujetos de ínfima esfera” contra
quienes sacaban provecho de la escasez, de su miseria. De ahí los tumultos que
muchos de ellos protagonizaron contra los poderosos locales en los primeros
compases de la guerra contra Napoleón.
La generación de los biznietos, -la que sobrevivió aquella guerra-, no pudo
tener una percepción de la evolución de los precios similar a la de sus antepasados.
No volverían a repetirse aquellas situaciones de crisis periódicas casi increíbles para
ellos, inmersos en una nueva tendencia secular de mayor estabilidad, y su actividad
se desarrollaría además en un mercado que paulatinamente dejaba de ser local y
comarcal para integrarse en los intercambios regionales y aún estatales. En ese
nuevo contexto, resulta difícil aceptar que la deflación del precio del trigo
experimentada en los años posbélicos haya de ser entendida como un obstáculo al
incremento del cultivo cerealista, puesto que el nivel en el que se movían los
precios ahora era similar al vivido por sus padres antes del paroxismo de la década
inmediata anterior al conflicto.
Junto a sus padres y abuelos supervivientes debieron entender la nueva
tendencia como el regreso a una cierta estabilidad de los precios, estimulados con
262

el aumento del cultivo y el incremento con éxito, –ahora sí-, del regadío. Una nueva
apreciación más optimista, que la historiografía de los últimos años parece dar por
buena para el contexto nacional. 285 Una normalidad, no obstante, inmersa en
nuevas oscilaciones periódicas y con precios de inflación durante la primera guerra
Carlista, aunque de menor intensidad en la estacionalidad anual. Una vida con
menor grado de incertidumbre y menor miseria general entre los cultivadores.
Probablemente esa nueva situación y percepción de estabilidad sea la que mejor
explique el fuerte incremento de la población fragatina en el período y el
complemento inmigratorio excepcional con que contaron sus vecinos durante la
primera mitad del siglo XIX.
Un mercado local orientado hacia Cataluña.
Para el conjunto de la etapa, si además de describir la evolución del precio
del trigo pretendemos explicarla, debemos recurrir a la multicausalidad. El aumento
de la demanda como consecuencia del incremento de la población desde los años
treinta del siglo XVIII debe estar en la base de la explicación. Como también el
freno finisecular en el crecimiento demográfico debe verse como consecuencia del
aumento desaforado del precio del trigo. Lo advertía el profesor Alberto Marcos
Martín para el contexto general 286 y lo hemos comprobado para el caso de Fraga.
Además, junto a la causa-efecto demográfica general, el aumento de población
carente de tierra en los sectores secundario y terciario contribuyó seguramente a
incrementar la demanda de trigo para su sustento. Quienes progresivamente
trabajaban más meses al año en sus respectivos oficios disponían de menor tiempo
adicional para cultivar pequeñas parcelas y disminuyeron su producción de cereal.
También desde este ángulo debió sentirse sobre los precios el tirón de una
demanda creciente.
Con todo, la supresión de la tasa del trigo y la permisividad en su extracción
al exterior debieron constituir el acicate principal para el aumento de su precio y el
de los cereales en general. Liberalización erigida en motor económico de algunas
familias dedicadas al comercio de granos en proporciones nunca vistas hasta
entonces, al tiempo que abría los ojos a individuos y compañías foráneos sobre las
posibilidades del mercado productor de Fraga y su comarca.
Los anteriores son factores de distinto carácter pero confluyentes en una
novedosa característica de la actividad económica no sólo en Fraga y el Bajo Cinca,
sino en otras comarcas orientales de Aragón. Si como hemos hecho para la
segunda mitad del siglo XVII, comparamos la evolución fragatina de la época con la
de los mercados de las ciudades próximas, observaremos un cambio sensible en el
ámbito de los precios del trigo: el siglo XVIII aproximó Fraga a los mercados
263

catalanes y la distanció de su tradicional referencia a la capital del Reino. Fraga se
sumó a la dinámica comercial de la cercana Cataluña y los precios de su mercado
local marcharon cada vez más en consonancia con los de Lérida o los de otras
poblaciones de un mercado catalán en progresiva integración. Tanto el comercio del
propio excedente del labrador como el de los diezmos y derechos feudales por parte
de sus perceptores debe incluirse, cada vez con mayor intensidad conforme avanza
el siglo, en el ámbito de lo que Jaume Torras definió como periferización de la
economía aragonesa, y que luego ha sido ampliamente verificado por historiadores
tanto aragoneses como catalanes, desde Pérez Sarrión a Gómez Zorraquino, o
desde Garrabou a Musset. 287 En este sentido, la explicación del profesor Marcos
Martín no sería contradictoria con la de la inclusión de Fraga en el circuito comercial
catalán. El incremento de la extracción del trigo y su mayor demanda interna se
apoyarían mutuamente en el crecimiento de los precios. Es decir, tanto o más que
por la cortedad de las cosechas o por la expectativa de la especulación interna, el
encarecimiento del trigo se debería, como ha demostrado Peiró, a la exportación
hacia el mercado interregional. 288
La demostración para el caso fragatino puede concretarse mediante la
comparación, -hasta donde es posible-, del precio del trigo en Fraga y en mercados
como los de Zaragoza por un lado 289 y los de Lérida, Tárrega o Barcelona por
otro. 290 Respecto de la comparación con Zaragoza, es posible tomar el promedio del
precio efectivo del trigo en los seis primeros años del siglo, para los que contamos
con datos en ambas poblaciones, y compararlo con el promedio de los seis últimos
de la centuria. Vemos cómo el aumento en Zaragoza fue del 231%, mientras en
Fraga lo era del 256%. Se invertía así ahora la situación de cien años atrás. Los
precios habían crecido durante el XVIII en Fraga más que en la capital y la
diferencia se acentuó en el XIX, como certificaba el ayuntamiento ante el
intendente en 1831, al señalar que no era sólo el precio del trigo el que marcaba la
diferencia, sino que “en Fraga, los precios de todas las mercaderías son más altos
que en la capital”. 291
Por otra parte, el coeficiente de correlación entre el mercado fragatino y el
zaragozano será durante el siglo XVIII y la primera mitad del XIX, del 0,748,
mientras en la segunda mitad del XVII lo había sido del 0,917. Se produce un
retroceso de casi veinte puntos porcentuales. Hemos de interpretar aquella
diferencia y este distanciamiento en el sentido de una menor relación o referencia
del precio del trigo en Fraga respecto de los de la capital aragonesa. 292
En cambio, el mismo coeficiente de correlación parece señalar un
acercamiento del mercado local a los mercados catalanes. Sus coeficientes
respectivos respecto de Fraga son del 0,954 con Lérida, del 0,956 respecto a
264

Barcelona y del 0,961 respecto de Tárrega para el conjunto del período en el que
poseemos datos de los cuatro mercados. El Gráfico 13, que relaciona entre 1701 y
1848 la curva de larga duración de Fraga con la de Lérida, no puede ser más
expresivo al respecto.
Durante la primera mitad del siglo XVIII la coincidencia entre ambas curvas
es casi total, tanto en el nivel de los precios como en sus fluctuaciones cíclicas,
luego de la década posterior a la guerra de Sucesión, en la que la media móvil
rectificada está evidenciando mayores precios anteriores en Fraga que en la capital
del Segre. Durante los siguientes cincuenta años los precios de ambos mercados
son prácticamente coincidentes, para crecer más los de Lérida en las décadas de los
sesenta y setenta, e invertirse la tendencia durante los ochenta. Desde entonces, la
curva leridana se separa de la fragatina en un incremento sensible del precio
nominal, fruto de una mayor intensidad de su crisis finisecular y de mayores precios
de inflación durante la guerra de la Independencia. 293 Sin duda estos mayores
precios del trigo en Lérida a finales de siglo explican la oportunidad creciente de su
extracción desde Fraga y su comarca hacia el vecino mercado catalán.
en reales de vellón por cahiz
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1701
1711
1721
1731
Gráfico 13
PRECIO DEL TRIGO EN FRAGA Y LÉRIDA
medias móviles de 13 años rectificadas
1741
1751
1761
Fraga Lérida Lineal (Fraga)
Fuente: elaboración propia con los datos de VICEDO RIUS para Lérida y del autor para Fraga.
265
1771
13 per. media móvil (Fraga) Lineal (Lérida) 13 per. media móvil (Lérida)
1781
1791
1801
1811
1821
1831
1841

El de Lérida es un mercado productor y alternativamente importador o
exportador, y ha triplicado sus precios en el transcurso del siglo, como lo hizo el de
Barcelona, en un mercado regional cada vez más integrado. El de Tárrega es un
mercado local esencialmente productor, igualmente exportador de sus ocasionales
excedentes, y ligado a las derivas tanto de Lérida como de Barcelona, como han
demostrado sus respectivos analistas. Fraga, que mantiene coeficientes de
correlación muy altos con estos tres mercados catalanes, manifiesta su mayor
coincidencia con el mercado local de Tárrega. Coincidencia que interpreto como
debida a sus similares características, aunque el incremento del índice fuera algo
menor en nuestro caso, por ser un productor de regadío, con mayor potencial para
atender a una demanda creciente, frente a las mayores dificultades de aquel
productor de secano. Si comparamos el sexenio inicial de 1719-1725 con el final de
1795-1800, el aumento porcentual del precio del trigo fue del 330,42% en Lérida,
del 296,07% en Barcelona y del 297,57% en Tárrega, que resulta el más próximo
al 296,97% de aumento en Fraga. Parece verosímil, por tanto, la hipótesis de un
mercado local y comarcal del Bajo Cinca abocado al comercio con la vecina
Cataluña. Una hipótesis que se valida suficientemente con la intensa actividad de
las compañías comerciales catalanas operantes en el Bajo Cinca durante el último
tercio del siglo XVIII y la primera década del XIX, tal como entiendo haber
demostrado en mi estudio sobre la Compañía de los Cortadellas de Calaf. 294
Precios y consumos; salarios y gremios de oficios.
Como afirma Cepeda Gómez, “el trigo era un producto tan básico en la Edad
Moderna que a los historiadores actuales su precio, por sí solo, nos puede servir
como índice de referencia semejante a lo que hoy llamamos IPC al estudiar el coste
de la vida en nuestros días”. 295 Labrousse incluía otros cereales en la dieta de los
franceses: “El pan –decía- representa el alimento básico por excelencia, el artículo
esencial de la vida popular: pan de centeno mezclado con salvado, mezcla de
centeno y cebada, pan de cebada, torta o gachas de alforfón o de maíz, e, incluso,
sémola de avena. Es raro el consumo de trigo candeal, incluso mezclado con
cereales inferiores”, advertía Labrousse. 296
Entre los fragatinos, el trigo parece ser el cereal básico en el consumo a
juzgar por la preocupación permanente de los regidores por su precio y por las
constantes ‘pruebas’ que se hacen de su harina para determinar el “pan cocido” que
puede darse en las panaderías. Si quienes debían comprarlo podían acceder al pan
de trigo, con mayor razón podrían disponer de él quienes lo cultivaban, aunque no
podamos descartar de la alimentación humana el aprovechamiento de otros
cereales. El trigo y la cebada –ésta como alimento de animales de labor y de tiro-
266

aparecen permanentemente documentados en la información local como alimentos
básicos en la época. Para el período en que conocemos con detalle los precios del
almudí, estos dos cereales son los que acuden con asiduidad al mercado local.
Junto a ellos, aparecen con menor insistencia el centeno, el trigo “metadenco”
(luego llamado mixtura), y sólo ocasionalmente la avena y el maíz (“panizo” en las
fuentes). Las variaciones en sus precios siguen con regularidad las del trigo. Según
sus medias anuales, y por este orden, el cereal de mayor precio habitual es el trigo,
seguido de la mixtura, el centeno, el maíz, la cebada y por último la avena. En
cambio, si se atiende a los diferentes meses del año agrícola e incluso al precio de
los mercados semanales, se observa en ocasiones cómo la cebada llega a rebasar el
precio del trigo y el resto de cereales, siendo sus oscilaciones estacionales mucho
más bruscas, con variaciones de julio a mayo que superan el 100% del precio en
algunos años. Su menor cultivo junto a una mayor demanda por la abundancia del
ganado de labor y de tiro –local y transeúnte- lo explicarían. La estacionalidad se
incrementa en el caso del maíz, que llega a triplicar su precio entre los meses
menores y los mayores. Como en el trigo y la cebada, su precio va ligado a la
escasez y su menor cultivo acentúa las diferencias en la intensidad entre unos y
otros años del ciclo. El Gráfico 14 evidencia para el período 1822-1848 la distancia
regular entre los precios de uno y otro cereal, así como las oscilaciones cíclicas de
sus precios medios anuales.
en reales de vellón por cahíz
200
150
100
50
0
1822
1823
1824
1825
1826
1827
Gráfico 14
PRECIO DE LOS CEREALES EN FRAGA 1822-1848
1828
Fuente: elaboración propia con los datos del libro del almudí.
1829
1830
1831
1832
trigo cebada mixtura
centeno avena maíz
1833
267
1834
5 per. media móvil (trigo) 5 per. media móvil (cebada) 5 per. media móvil (centeno)
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847

Con los datos disponibles para la cebada se puede intuir un proceso similar
al del trigo en la larga duración, con incrementos porcentuales similares y aún
superiores durante el siglo XVIII. Así, los ocasionales precios encontrados para la
cebada en la primera mitad del siglo XVIII la sitúan en torno a los 35 reales de
vellón por cahíz, mientras que a finales de siglo supera frecuentemente los 80
reales. Es decir, la cebada ha más que doblado su precio entre la primera y la
segunda mitad del siglo. Luego de la guerra de la Independencia se produce el
reflujo hasta los 60 r. de promedio durante la primera mitad del XIX.
Con ser los cereales el alimento básico del fragatino, no son los únicos
nutrientes con que cuenta. Otros productos derivados de la actividad agrícola
confluyen en su dieta. Podemos hacernos una idea atendiendo a los escasos datos
conocidos sobre la producción agrícola concreta. Ignacio de Asso expuso la
producción de Fraga para algún año próximo a 1795, extrayéndola de los cuadernos
del diezmo y posiblemente buscando el promedio de un quinquenio, como hizo al
informar sobre pueblos de otros partidos de Aragón. 297
trigo......... 52.800 fanegas vino............ 10.000 cántaros
maíz........ 120 “ higos........... 3.620 arrobas
judías...... 1.200 “ aceite.......... 530 arrobas
habas...... 1.200 “
Por otro lado, para el año 1817, la estadística remitida al capitán general
Palafox recoge un listado de productos con su producción aproximada. 298 Los datos
aparecen corregidos en el documento y seguramente estimados ‘a la baja’ de cara
al exterior, dando una imagen de extrema escasez tras los desastres de la guerra.
Trigo................. 12.800 fanegas. Vino.................. 9.600 arrobas.
Judías................ 600 “ Cebollas............ 4.000 “
Maíz.................. 560 “ Higos................ 2.000 “
Habas................ 200 “ Ajos................. 1.000 “
Garbanzos.......... 64 “ Patatas............. 200 “
Caretas.............. 56 “ Aceite............... 200 “
Guijas................ 48 “ Aguardiente....... 100 “
Independientemente de las cantidades consignadas en cada caso, no se
incluye la producción ganadera ni la de frutas, hortalizas u otros productos como la
miel, cuya existencia conocemos con certeza; pero la segunda relación incluye
268

otros productos complementarios a los fundamentales de la primera. Por el
volumen diferencial de su producción, es claro que el trigo constituye la base de la
alimentación de los fragatinos junto al vino, las judías y el aceite. Las patatas,
como el maíz o los garbanzos son todavía –a inicios del XIX- cultivos en fase de
implantación.
Junto a cereales, hortalizas, fruta fresca y frutos secos (higos, almendras y
nueces), serán el vino, vinagre y aguardiente (común y refinado), las olivas y el
aceite, las legumbres (judías, habas, abones), las carnes (aves, vaca, carnero,
cordero, “irasco” –cabrío- y cerdo), los huevos y la miel los complementos de la
dieta fragatina en mayor o menor abundancia, reservándose la leche para los
enfermos. 299 Junto a los anteriores productos, aparecerán con menor frecuencia en
la dieta los fabricados por confiteros, turroneros y chacineros: fideos, bizcochos,
bolaos, confites, jamones, longanizas, manteca, tocino fresco y salado, etc. Otros
productos como el bacalao (seco y remojado) el azúcar (rosado, menudo o candi),
el queso, cacao, arroz y sardinas, o especias y condimentos como la sal, canela,
pimienta, clavo, anís y el azafrán, son importados del exterior. 300
Por tanto, aunque el pan y el vino parecen los alimentos indispensables y
omnipresentes, en realidad son muchos más los alimentos y condimentos a los que
usualmente tiene acceso el vecino, sobre todo si cuenta con pequeñas parcelas de
cultivo en la huerta y con corral en su casa, o dispone de liquidez monetaria o
crédito para su adquisición. Es el caso de los hacendados (infanzones o no),
pequeños y medianos labradores, labradores-ganaderos, profesionales liberales y
comerciantes. El resto de la población –quienes dependen exclusivamente de su
salario- verá mucho más limitada su capacidad de consumo.
* * *
Para interpretar las posibilidades de consumo de jornaleros, artesanos o
arrieros sin tierras es necesario conocer mínimamente el monto de sus salarios y
los complementos obtenidos por ellos mismos o por otros miembros de su grupo
doméstico. 301 El jornalero, el artesano o el arriero fragatinos, cuando no trabajan en
sus ocupaciones principales “hacen” esparto, fabrican yeso o pican piedra (“minas
de yeso y piedra de cantería hay muchísimas” afirma la estadística remitida a
Palafox); durante semanas recogen y acarrean leña del vastísimo monte, producen
carbón allí mismo, fabrican adobes y jabón en obradores rudimentarios y componen
cañizos o cestos junto al río. Sus mujeres les ayudan en cualquier tipo de labor,
arrancan por su cuenta la mies los años que no puede segarse por su escasa talla,
lavan ropa de otras familias, remiendan colchones, cambian pieles por quincalla,
hilan y cosen para terceros, amasan el pan en los hornos y lo distribuyen por las
269

casas o acarrean agua del río. 302 Sus hijos e hijas recogen estiércol y lo venden a
los labradores por unos céntimos, mueven las ruedas de los torcedores del cáñamo,
sirven de criadas o de niñeras, ejercen como aprendices o mancebos con los
maestros artesanos, ayudan en el “embochado” de los capullos de seda, recogen
caracoles y colaboran en las tareas domésticas, amén de participar desde edad
temprana en todas las labores agrícolas y como rabadans del ganado. 303 Incluso en
ocasiones el salario del cabeza de familia resulta ser más bien un ingreso
complementario al de estas actividades. 304 Es el ‘hogar industrioso’ que
conceptualiza Jan De Vries en su reciente análisis del que califica como “largo siglo
XVIII” y que extiende desde mediados del siglo XVII hasta 1850. 305
Antonio Miguel Bernal incluía cuatro factores al determinar la cuantía salarial
agrícola: 1) la naturaleza del trabajo según cultivos, cualificación y modalidad; 2) la
época en que se realiza; 3) el sexo (y edad, añadimos) de quien lo ejecuta, y 4) la
abundancia o escasez de brazos”. 306 Observamos en Fraga que entre los
contratados en labores agrícolas hay categorías: quienes trabajan durante años en
una misma casa grande son mossos majors y, además de su jornal, tienen
garantizada casa y despensa; quienes no tienen todavía esa antigüedad son
mossos menors y pasan el año de su contrato en las casas de sus amos, en los
refugios de la huerta o en los massos del monte; sólo quienes son contratados para
las labores de cava, siembra, siega o trilla o como peones en las obras públicas son
en puridad jornalers que se presentan cada día en la plaza de San Pedro con la
esperanza de ser contratados y como imagen de cohesión frente a sus
contratantes. 307 Contamos con escasas noticias sobre el régimen laboral de mossos
y dependientes en la época 308 y en cambio disponemos de numerosos ejemplos
acerca del salario de los jornaleros; salarios extremadamente variables por
múltiples razones. 309
Al igual que los precios del trigo o de otros productos, el salario está sujeto a
las variaciones estacionales, a los vaivenes cíclicos y a la evolución de larga
duración. Con la documentación disponible se puede atisbar la influencia de la
estacionalidad en el salario y deducir someramente la evolución secular del jornal,
aunque no su periodicidad cíclica.
El mejor ejemplo del factor estacional se observa en los jornaleros agrícolas.
Según la época del año su salario varía considerablemente en función de las horas
trabajadas, “de sol a sol”. Así mismo, según la estación del año las funciones a
llevar a cabo exigen mayor cantidad de trabajo y mayor o menor especialización.
De ahí que el trabajo de siega y trilla reciba una recompensa en metálico superior
en un 30% como mínimo a las labores de escarda, explanación, abonado u otras.
Las propias fuentes advierten del fenómeno. Así, al calcular los peritos el
270

endimiento de las diferentes calidades de tierra para el cargo del catastro
territorial de 1832, afirman respecto de los salarios lo siguiente: “no debe repararse
en las alteraciones que se advierten en los jornales de hombre, como de caballerías
(al realizar los diferentes cálculos), pues que éstos en las estaciones del año varían
notablemente: tales son las épocas de sementera, siega y todo el verano, en las
quales, y conforme la clase de trabajos que hace el jornalero, gana más jornal que
en otros, según se ha demostrado en dichos cálculos”. 310
Si hay un campo de actividad económica regulado por las autoridades desde
antiguo en las ordenanzas locales es el del salario. El siglo XVIII continúa en esto
una tradición de siglos. En 1723, por ejemplo, el ayuntamiento emite un bando en
el que prohíbe “que ningún vecino pueda pagar a ningún segador y peón más que
un real y seis dineros plata por jornal cada día de segar en la semana del día 24 de
mayo, pena de sesenta sueldos jaqueses por cada vecino y peón que contraviniere
a ello”. Igualmente prohibirá “que ningún vecino ni habitante de la ciudad pueda
salir fuera de la ciudad a segar mientras haya que segar los montes y huerta de la
ciudad, pena de sesenta sueldos jaqueses y diez días de cárcel”. 311 En 1735 se fija
de nuevo el salario máximo para los peones de campo y se reitera la prohibición de
salir de la ciudad, (lo que indica poca efectividad de la prohibición) además de
ordenar volver a ella a quienes estuvieran fuera en el plazo de tres días, bajo pena
a unos y otros de 30 reales de multa y diez días de cárcel. 312 Y en fecha tan tardía
como el año 1797, el ayuntamiento recuerda y considera vigente aquella decisión
tomada sesenta años atrás, por lo que acuerda: “se publique bando para que el día
8 de Junio estén en la ciudad, y no puedan salir de ella hasta pasado el Sr. San
Pedro, los vecinos y habitantes jornaleros, y se restituyan los que estén fuera, y no
puedan modificarse los precios bajo las mismas penas” establecidas entonces. 313
Un bando, el de ese año, que debió provocar airadas reacciones entre la
clase jornalera y serias resistencias a su cumplimiento puesto que, al año siguiente,
de nuevo al tiempo de la siega, una tensa sesión del consistorio razona los motivos
de la medida y acuerda las más severas sanciones contra los contraventores. El
ayuntamiento no está dispuesto a tolerar estos “desórdenes”, por lo que se ve
obligado a determinar lo siguiente:
“Lo primero, que todos los jornaleros residentes en esta ciudad se mantengan en
ella desde el presente día hasta el veintiséis de los corrientes, sin ausentarse de la misma
y su término. Lo segundo, que no alteren ni alboroten los precios de los jornales con
seducciones, intrigas y asociaciones de las que acostumbran a executar, porque
cualquier jornalero o jornaleros que se les justifique cometer estos excesos, se les
castigará con toda severidad. Lo tercero, que se presenten los que trabajan en la huerta,
en la Plaza de S. Pedro, por las mañanas, para desde allí ir a trabajar al jornal, en aquel
precio que se acomoden buenamente con los amos; cuyo precio no es el objeto de
271

tasárseles, sino que antes bien, sea el corriente a que salgan todos los días y a que cada
uno pueda ajustarse y componerse".
"Si se justificase que algunos peones se ausentasen de esta ciudad en esta
temporada, o que, estando ya ausentes, no se restituyan a ella dentro de segundo día,
tendrán entendido que a qualquiera de ellos que tal haga, se le excluirá de vecino, se les
privará de las franquicias que gozan los que tienen la calidad de vecino, y se les obligará
a que vayan a avecindarse al pueblo a donde habían ido a segar, o a otro que mejor les
acomode, por no ser justo se tolere ya que en ella haya hombres que abandonan su
patria, quando los necesitan, debiendo estar todos asegurados que sobre este particular
no habrá disimulo alguno”.
“Y para que llegue a noticia de todos, se publica el presente en Fraga, a 7 de Junio de
1798”.
Firman: Belézar (corregidor), Arquer, Villanova, Rubio, Vilar, Ibarz, Mañés, (regidores)
y Cabós, Barrafón, Bollic, Achón. (diputados del común y síndico procurador
general). 314
La del ayuntamiento era una decisión bien distinta a la propuesta años atrás
por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Zaragoza. Refutaba la
Económica los argumentos contenidos en un manuscrito remitido a su secretaría
por un infanzón de Barbastro –don Pedro Loscertales- con similar mentalidad y
propuestas que los ediles fragatinos. Contra lo que opina don Pedro, la Sociedad
considera que el Estado no debe tasar los salarios de los jornaleros. Le parece
opuesto al signo de los tiempos, en los que el salario ha quedado desfasado
respecto de los precios de todos los productos, impuestos y servicios. La libertad de
producción y de comercio lleva años haciendo crecer el numerario nacional y
encareciendo las cosas. No parece justo que el jornalero pierda con ello su
capacidad para subsistir dignamente, cuando “son hombres, y hombres tan
preciosos, que su sudor y sus fuerzas nos hacen subsistir a todos. Pretender dejar
el precio de sus sudores en el mismo estado que tenía antes, cuando dos reales no
representan lo que antes uno, es querer que les falte lo preciso para vivir y
mantener su triste familia”. 315 La reacción autoritaria del ayuntamiento a fines de
siglo parece la consecuencia de años de conflicto entre autoridades y jornaleros en
la ciudad, como sabemos ocurrió en lugares próximos 316 y sus amenazas más
propias de la actitud caciquil de la siguiente centuria que del racionalismo de la
centuria ilustrada, como ya advirtió Concepción De Castro. 317
Además de la estacionalidad y de la limitación coercitiva impuesta por el
ayuntamiento, otros factores determinan el salario. Frecuentemente, su cuantía
monetaria se completa con el “gasto” en especie que el contratante debe
proporcionar al jornalero. En 1798 por ejemplo, los barqueros y calafateadores
forasteros que reparan la barca del azud cobran por jornal diario 4 pesetas (16
reales de vellón) más “el gasto”. Si cuantificamos ese gasto como cercano a los tres
272

sueldos jaqueses, 318 entonces el jornal real de estos trabajadores especializados
(sin duda maestros en su oficio) rondaría los 18 reales de vellón. Otras veces, el
“gasto” de los jornaleros agrícolas es muy superior, concretándose en la época de
recolección a fines de siglo en unos 7 reales. El salario entonces, en realidad, se
duplica. 319
Desde luego, la retribución de los maestros de oficios mecánicos rebasa en
mucho la de los jornaleros agrícolas y mancebos de esos mismos oficios. 320
Además, los maestros suelen actuar de común acuerdo con el ayuntamiento para
frenar las apetencias de sus dependientes. En 1783, por ejemplo, con motivo de las
obras de la acequia nueva, los maestros de obras se “coligan” para fijar precios
máximos de las “peonadas”. 321 Y en 1788 la junta de propios ordena al maestro
carpintero Francisco Achón buscar jornaleros para la obra del puente, de forma que
supongan el menor dispendio posible en las rentas de propios. 322 Por otra parte, el
ayuntamiento procura realizar las tareas que no exigen ser llevadas a cabo en
momentos concretos del año cuando los jornales son más bajos, “previniendo que
prontamente han de tener aumento los precios de las peonías”. 323 Incluso, si es
necesario, se opondrá también en sus pretensiones a los maestros artesanos
locales, cuando un forastero ofrece sus servicios a menor precio. En el ámbito de
los salarios, -como en el de los precios-, prima de nuevo el beneficio sobre la
economía moral que supuestamente protege a los hijos de la patria. 324
* * *
Para una visión global del salario contamos con datos procedentes de varias
fuentes. El ayuntamiento suele contratar para sus obras públicas carpinteros,
albañiles y jornaleros que mantienen acequias, estacadas, puentes, caminos y
calles. A través de las anotaciones del secretario municipal o de las cuentas de la
‘junta de propios’ espigamos noticias sobre el salario de estos peones, oficiales y
maestros. Junto a éstos, conocemos los satisfechos por la compañía comercial de
los Cortadellas en Fraga y otros pueblos de la comarca a sus criados y jornaleros. Y
para el conjunto del espectro profesional recogemos el salario de los oficios
catastrados en 1789 y 1832. Los peritos de cada oficio estiman la cuota anual de
cada cual por ciento ochenta días de trabajo, con lo que es posible aproximarnos a
su salario diario.
De su observación conjunta se desprenden algunas conclusiones. Durante la
primera mitad del siglo y hasta el inicio de los años ochenta, el salario de un peón
suele estar en los dos reales de plata (3,76 reales de vellón). Es lo que cobran por
ejemplo quienes trabajan en la reparación de la acequia, aunque entre ellos hay
categorías, y algunos, –si son menores-, se quedan en el real y medio (2,82 r. v.).
273

Los jornales varían también según el tipo de tareas a realizar y según los meses en
que se realizan, alcanzando la diferencia en la estacionalidad hasta un 20% del
salario entre los meses de verano y los de invierno. Cuando el jornalero aporta sus
propias caballerías el salario llega a triplicarse, lo que parece significativo respecto
del coste de oportunidad de su posesión. De forma global, Pierre Vilar ofrecía una
aproximación a los salarios extraíbles para las diferentes provincias de la Corona de
Castilla en 1750 a partir de la información proporcionada por el Catastro de
Ensenada. 325 Según este autor, el 80% de los trabajadores agrícolas ganaba
entonces 3 reales de vellón como máximo, y los que sobrepasaban los 4 reales
constituían una franja apenas apreciable (1,6%). Fraga estaría en este contexto por
encima de la media.
Desde los años ochenta, el salario de los jornaleros se ve ascender hasta
doblar su valor nominal a fines de siglo (7 reales de vellón de promedio) 326 y parece
mantenerse desde entonces con tendencia a la baja hasta mediados del siglo XIX
(5,5 reales de media aritmética). 327 Un estancamiento y aún retroceso del salario
agrícola similar al señalado por Enric Vicedo para algunos pueblos cercanos a
Lérida 328 y por Roberto Fernández para la propia capital del Segre. 329
Por otra parte, los jornales de Fraga parecen también similares aunque algo
superiores a los del entorno próximo oscense. Peiró informa de que en Barbastro,
los jornaleros piden en abril de 1785 una peseta (2 reales de plata y 4 dineros) y
hasta cinco sueldos (2 r. plata y 16 dineros) diarios, vino y aguardiente, frente a los
3 sueldos (2,82 r. v.) y vino que venía siendo lo habitual. En junio de ese mismo
año, los peones de la siega pedían dos pesetas y hasta medio duro de jornal “y
excesiva comida y bebida.” Peiró señala cómo el Real Acuerdo –ante las quejas del
ayuntamiento y el corregidor barbastrense- adoptó en este conflicto una posición
intermedia: 3 reales de plata y 6 dineros, además de comida y bebida. Comparados
con los de Barbastro, los salarios de Fraga eran ligeramente superiores en ese
momento, tal vez por ser zona de regadío, como sugiere el propio Peiró, 330 o por
mayor capacidad de los jornaleros fragatinos para imponer condiciones a los
contratantes en el contexto de un mercado laboral comarcal y regional con mayor
tirón de la demanda de mano de obra. 331
Aunque el ‘salario nominal’ aumenta a lo largo de la etapa, si se compara su
evolución con la del precio del trigo, resulta evidente que el ‘salario real’ sufre una
disminución. Las familias jornaleras se enfrentaron a una subsistencia difícil durante
la tercera y la cuarta generación. No se diferenciaban en eso de cualquier jornalero
agrícola español 332 o europeo, 333 aunque recientemente Jan De Vries ha matizado
diferencias entre los países de la Europa noroccidental y la meridional a favor de la
274

primera, señalando una “mayor resistencia al deterioro enorme que sufrió el poder
adquisitivo en la mayor parte del continente” durante el “largo siglo XVIII”. 334
Por su parte, Massimo Montanari llama al siglo XVIII “el siglo del hambre” e
indica que, en conjunto, durante su transcurso los años difíciles fueron más
numerosos que en ningún otro momento, salvo tal vez en el siglo XI. Ello no
significa –añade- que la gente se muriera de hambre. De haber sido así, el auge
demográfico resultaría poco menos que incomprensible. Nos encontramos –afirma
el autor- más bien “ante un malestar general, un estado de desnutrición
permanente que, por así decirlo, es 'asimilado' (fisiológica y culturalmente) como
una condición normal de vida”. Entiende que la población europea comió mal o, en
cualquier caso, mucho peor que en los siglos anteriores, de manera que “los
decenios a caballo entre los siglos XVIII y XIX señalan un mínimo histórico de la
disponibilidad alimentaria per cápita”. 335
A mediados del siglo XVIII, un salario de dos reales de plata (el de un peón)
serviría en Fraga para comprar casi 11,4 libras de pan (4 Kg.), mientras a finales
de siglo, con su salario de 6 reales de vellón, compraría en los años de menor
precio del trigo 10,7 libras (3,75 Kg.), y tan sólo 9 libras (3,15 Kg.) en los de
mayor precio. 336 Dicho de otro modo, el trigo necesario para el sustento de una
familia durante el año rondaba en Fraga los tres cahíces, 337 una cantidad de trigo
muy similar a la que Donezar estimó para Toledo, Ramón Perpiñá para Valencia o
Barreiro para Galicia y algo menor a la estimada por Ansón Calvo para Tarazona. 338
En Fraga, de acuerdo con la evolución del precio del trigo y del salario jornalero, el
número de días que un peón necesitaba trabajar para conseguir esos tres cahíces
era de sesenta a mediados de siglo, mientras que a fines de la centuria debía
trabajar cien de los 270 días que los peritos estimaban podían trabajar los
jornaleros. 339 El consumo de pan de un individuo estaba en las dos “ochenas”, que
costaban a fines de siglo un sueldo jaqués (0,94 reales), por lo que para proveer de
pan a su familia un jornalero debía gastar cerca del 50% de su salario diario. 340
* * *
La mayoría de los oficios artesanos sufren en sus salarios idéntica evolución
a la de los jornaleros o peones de campo y se mantienen a un nivel nominal medio
similar, con las diferencias obligadas entre quienes son considerados maestros en
su oficio y quienes son tenidos por mancebos: los primeros doblan casi siempre el
salario de los segundos. Sus valores nominales oscilan a fines de siglo entre los seis
y los cuatro reales de vellón diarios (una peseta y media y una peseta
respectivamente), quedándose todos los componentes de algunos oficios tan sólo
en la categoría de “maestros menores” puesto que sus tareas no alcanzan el
275

econocimiento de la maestría plena. Es lo que parece ocurrir con los tejedores,
adscritos a la cofradía de San Miguel y Santa Lucía desde el siglo XVII. La primera
fuente fiscal del XVIII constata siete familias dedicadas con exclusividad a su
trabajo artesano y otras ocho que lo compaginan con el cultivo de la tierra. Su
escasa entidad y tardía constitución como gremio, que sólo consigue ordenanzas
propias en 1785, hace que en repetidas ocasiones el ayuntamiento desoiga sus
reclamaciones por la cuota catastral que les impone y que ellos consideran
desproporcionada a su “escaso trabajo y salarios”. 341
Durante el siglo XVIII, del amplio listado de oficios sólo dos rebasaron
significativamente el listón del salario jornalero en todo momento: los carpinteros y
los albañiles. Sus salarios nominales se distancian del resto desde los primeros
datos conocidos. Durante la primera mitad del siglo duplican ya su salario –alcanza
entre 6,59 y 7,53 reales de vellón, aunque ocasionalmente los maestros
“directores” de obras (tanto en uno como en otro oficio) pueden alcanzar los 11 y
hasta los 15 reales de vellón diarios. Por otra parte, las distancias internas en
ambos oficios se agrandan también: hay un claro reconocimiento de la maestría
entre ellos.
La diferencia en la presión para conseguir
mejores retribuciones entre estos dos oficios y los
restantes podría deberse, –en oposición a lo que
parece suceder con los tejedores-, a su temprana
constitución como gremio con ordenanzas propias
desde 1708, al tiempo de adscribirse a la cofradía de
San José. Su fortaleza como gremio permite a los
maestros controlar los salarios de sus mancebos y los
de los jornaleros que contratan en las pequeñas
fincas de la cofradía. Jornales cuyo estancamiento
nominal entre 1708 y 1765 es absoluto. De manera
que, mientras los maestros carpinteros y albañiles
mejoran su condición socio-económica, mantienen a
‘sus’ jornaleros y mancebos en posición de retroceso adquisitivo.
Como ellos, otro de los oficios mecánicos destacable por su volumen de
negocio en Fraga sigue una trayectoria similar aunque en un período posterior. Es
el gremio de sogueros y alpargateros unidos bajo la protección de la cofradía de
San Bartolomé. En 1789, el salario diario atribuido a quienes trabajan como
mancebos en dicho oficio es de 2,82 reales de vellón, uno de los más bajos en la
escala retributiva, mientras que en 1832 ha ascendido a 4 reales de vellón. Su
evolución positiva es una de las excepciones al estancamiento y retroceso general
276

de los salarios durante el primer tercio del XIX, tal vez por el bajo punto de partida.
De nuevo la razón de la distancia entre maestros y mancebos puede estar
en la capacidad organizativa y de presión del gremio junto a un ayuntamiento que
pretende controlar los precios de sus labores y los salarios ininterrumpidamente en
toda la etapa, pese a la teórica libertad de contratación concedida desde la Real
Provisión de 29 de noviembre de 1767 y libertad de salarios desde la Real Cédula
de 21 de enero de 1768. 342 Es decir, no sólo eran los maestros de los gremios
quienes frenaban el poder adquisitivo de jornaleros y mancebos sino las propias
autoridades locales en oposición a la legislación general.
Finalmente, comparados el cuaderno de industrias de 1789 y el catastro de
1832, los salarios de los diferentes oficios parecen estancados durante el primer
tercio del XIX, variando únicamente su relación interna, con ligeros cambios en la
jerarquía salarial entre oficios. Tan sólo los tejedores, desde su constitución en
gremio y los herreros parecen mejorar de la primera a la segunda fecha, mientras
el resto de actividades retroceden en su valoración a lo largo de los últimos
cuarenta años de la etapa.
Confrontadas las evoluciones respectivas de precios y salarios, queda
patente la disminución de los salarios reales y en consecuencia la progresiva
disminución del consumo entre quienes vivían mayoritariamente de prestar su
trabajo a terceros. La mayoría de las familias de jornaleros agrícolas, pastores,
mancebos artesanos y empleados en los servicios menos remunerados perdieron
poder adquisitivo durante la época. Fraga no supuso en este ámbito ninguna
excepción a la regla general, pese a disponer de tierras de labor en abundancia y
de incrementar y mejorar su regadío. Como afirmó Kriedte para el ámbito europeo:
“El auge coyuntural del siglo XVIII puso en marcha una redistribución del producto
social: los ingresos de la propiedad crecían, los del trabajo disminuían”. 343 Para el
ámbito español, Enrique Llopis ha señalado cómo “los salarios reales descendían
abruptamente y el bienestar de sectores bastante amplios empeoró”. 344 Es decir,
mientras los situados en los tramos inferiores de la escala social dedicaban cada
vez más sus ingresos a las necesidades primarias, quienes se situaban en el
extremo opuesto aplicaban cada vez mayor porcentaje a colmar otras necesidades
secundarias, incluso “de luxo”. 345 Las diferentes coyunturas influían sobre la
estructura de la propiedad y las características de su posesión variaban con el siglo,
acentuando la concentración inicial de la tierra en manos de medianos labradores y
hacendados, así como en los grupos domésticos del sector secundario y terciario
mejor situados entre la población activa. Por el contrario, jornaleros y mancebos de
cualquier oficio –en aumento porcentual durante la etapa- perdían en su transcurso
277

uena parte de sus iniciales medios de producción –tierra y ganado- y sus salarios
se distanciaban de los de sus contratantes y maestros.
Para explicar la subsistencia de sus grupos domésticos es preciso atender
más a los ingresos anuales de sus “hogares industriosos”, -con creciente
participación de sus esposas e hijos en trabajos complementarios-, que al salario
diario del cabeza de familia, cuyo esfuerzo laboral debe hacerse más regular e
intenso para mantener niveles de consumo similares conforme avanzan las
generaciones. De la primera a la cuarta, la sociedad fragatina se polariza en
patrimonios, rentas, retribuciones salariales y consumo. La distancia en el nivel y
calidad de vida de unas y otras familias se agranda progresivamente.
2.3 Cultivos y comercialización.
La carencia de información directa sobre la producción agropecuaria en
Fraga es una constante. Apenas alguna estimación forzada por el “exterior” o
aportada en apoyo de algún litigio ha llegado hasta hoy. La inexistencia de tazmías
que detallen la evolución del diezmo eclesiástico por una parte y la nula dedicación
de otro tipo de fuentes a la exposición y menos cuantificación de producciones de
ningún tipo hacen difícil una aproximación. Sólo las fuentes catastrales pueden
ayudar en el empeño. Sólo el arriendo de la “cuarta décima” en manos del
ayuntamiento, -y de la que se habla en el siguiente epígrafe-, contribuye a intuir su
evolución. Por ello he de limitarme en éste en primer lugar a la descripción de los
sistemas de cultivo y a las estimaciones periciales respecto de su rendimiento; en
segundo lugar a la posible similitud de la coyuntura productiva local con otras del
contexto comarcal; en tercer lugar a la evolución del producto útil agrícola y a la
del precio catastral de la tierra. Al mismo tiempo, pretendo aproximarme a los
canales y ámbitos de comercialización de los principales productos y a los
mecanismos del crédito con que los comerciantes intervienen en el cultivo y el
consumo.
2.3.1 Sistemas de cultivo, rendimientos y producto útil.
Cultivos de regadío y de secano.
Falto de informaciones directas que lo atestiguaran, Félix Otero enumeró los
cultivos de Fraga durante el Seiscientos echando mano de dos ilustrados que los
describen para cien años después: Ignacio de Asso en su Historia de la Economía
Política publicada en 1798 y el cura de Fraga José Zemeli en su descripción de la
ciudad redactada en 1801. 346 Es decir, Otero retrotrae al siglo XVII lo que ambos
autores señalan como cultivos de fines del XVIII.
278

A propósito del consumo hemos enumerado los productos conocidos para
esta centuria: en el regadío los cereales básicos panificables –trigo candeal,
mixtura, centeno- así como la cebada en el secano, destinada al ganado. 347 Junto a
ellos los cultivos de hortalizas y legumbres en permanente rotación con los cereales
en las parcelas de regadío con fines de autoconsumo: calabazas, cebollas, ajos,
habas, abones, judías..., junto a las tiras de viña en los márgenes de los bancales o
los olivos y árboles frutales –higueras sobre todo- en las lindes de la tierra campa
o en campos cerrados y huertos. Un sistema de cultivo intercalar que los fragatinos
aducían como de escaso rendimiento ante las autoridades fiscales, 348 pero que en
realidad tenía sus ventajas: la diversificación disminuía el riesgo; el coste de la
plantación era bajo; las cepas y los olivos, las higueras y otros frutales producían
teóricamente todos los años, sin necesidad de barbecho. Una práctica de cultivo
promiscuo de suelo y vuelo, que proporcionaba trabajo en todas las estaciones
aportando racionalidad: además de proveer al consumo, cosechaban productos
vendibles en el mercado y obtenían con suerte los ingresos necesarios para pagar
impuestos y pensiones censales. 349
Igualmente cabe aceptar como cultivos implantados desde las centurias
previas las cosechas de materias primas industriales como el lino, el cáñamo o los
plantíos de moreras con el fin de producir “hoja” para el gusano de seda; cultivos
todos que con seguridad sabemos se producen en el XVIII. Apenas nada conocemos
de cantidades; sí solo de la desaparición de los arrozales que Otero nombra y la
introducción del maíz y la patata que no se dan en el siglo XVII y de los que Asso
informa para el XVIII.
Durante buena parte del Setecientos, la mayoría de la tierra de regadío es
tierra “blanca”, sin apenas arbolado (alrededor de 8.000 fanegas dedicadas a
cereales y leguminosas), mientras frutales y moreras ocupan unas 2.000 fanegas,
la vid tan sólo sesenta y cuatro, y el olivar de regadío unas 120 fanegas. A fines de
siglo proliferan en la tierra blanca las higueras y su fruto seco será cada vez más
apreciado por su aptitud para subvenir al consumo de personas y animales en toda
estación y por su sencillo proceso de comercialización. La existencia comprobada de
una extensión creciente de huertos y hortelanos en las mejores partidas de la
huerta vieja (las más cercanas al núcleo urbano) certifica el cultivo de frutas
(“melocotones, peras bergamotas de invierno”…) y hortalizas para el autoconsumo
o para su comercialización en los dos mercados semanales de la ciudad. La
extensión de huerta vieja encerrada en huertos pasa de las 328 fanegas de 1715 a
las 794 fanegas de 1859. Un crecimiento considerable aunque algo menor al de la
población, indicativo de que no todos los labradores cuentan en todo tiempo con la
posibilidad de mejorar sus parcelas con dedicación al consumo doméstico, al
279

“recreo de los bienestantes” o a la comercialización de su producción hortofrutícola.
Si al repasar la expansión de los huertos durante el siglo XVIII se atiende a la
nómina de sus propietarios directos en lugar de a sus cultivadores arrendatarios, la
mayoría aparecen ligados a familias de hacendados, -infanzones o no-, a
instituciones eclesiásticas, eclesiásticos particulares y a cofradías.
En las tierras de secano, la casi totalidad de las masadas de un monte en
expansión se dedica durante la centuria al cereal y tan sólo unas ciento sesenta
fanegas de olivar comienzan a plantarse en la futura huerta nueva, con las
expectativas de la acequia del secano, sin que exista en ella una sola parcela
destinada a la vid. 350 Será la primera mitad del Ochocientos la que vea duplicar la
extensión dedicada al olivar en esa huerta nueva, al tiempo que alguna finca se
planta tardíamente también de olivos en el monte (218 fanegas en 1859).
Si atendemos a la información genérica sobre diezmos vemos cómo los
cultivos afectos se diferencian en dos grupos: los que producen “diezmos mayores”
y los que aportan “diezmos menores”. Los mayores proceden del cultivo de
cereales: trigo, avena, cebada y centeno; los menores del maíz (panizo blanco y
negro -sorgo-), cáñamo, lino, vino y aceite, (además de corderos y cabritos). 351
Entrados en el siglo XIX, las noticias sobre diezmos añaden a los anteriores el
cultivo del mijo, la mixtura y el azafrán, como cultivos recuperados de anteriores
épocas, luego de ser abandonados en el Setecientos. 352 Fuera del control del
diezmo queda la producción de frutas, hortalizas y legumbres hasta que en 1836,
próximo a desaparecer este derecho eclesiástico, el Crédito Público exige en las
tierras nuevamente regadas un “diezmo de verdes” que, junto a las hortalizas,
incluye el maíz recolectado “en verde” como forraje para el ganado, lo que constata
su importancia creciente en el conjunto de los cultivos. 353
Durante la primera mitad del siglo XVIII no hay estimación pública de
rendimientos. El ayuntamiento carga las tierras en los catastros por un “valor
capital” estimado por fanega aragonesa, y los peritos encargados de atribuírselo a
las diferentes parcelas de regadío atienden únicamente al criterio de mayor o
menor proximidad de las partidas al núcleo urbano, siendo el tiempo necesario para
acceder a ellas el factor diferencial en la determinación de su “calidad”; claro
síntoma de la existencia todavía de mucho terreno común y de parcelas sin
cultivo. 354 Es un sistema de peritación rudimentario, que no atiende a posibles
rendimientos diferenciales según la parcela o el cultivo que en ella se practica. El
total de las parcelas de cada partida recibe una misma valoración, diferenciada de
la de otras partidas. Más rudimentaria es todavía la peritación de las tierras de
secano. Todas las masadas tienen para los entendidos un mismo valor capital por
cahizada, sin diferenciación alguna por su ubicación en una u otra partida del
280

extenso término municipal. El rendimiento por fanega estimado es el mismo para
todas las partidas de huerta y monte: el 3% de su valor capital tanto en el catastro
de 1730 como en el de 1751. Otorgar un mismo rendimiento a todo tipo de tierras
facilitaba sobremanera la confección del catastro y de los cálculos pertinentes,
aunque seguramente perjudicaba en el esfuerzo fiscal a los más débiles.
Las cartillas de evaluación del rendimiento.
Desde el catastro de 1786 y durante la primera mitad del siglo XIX es
posible concretar más la dedicación de las tierras y acercarse a las tareas
necesarias para el cultivo. Ahora sí, en las cartillas de evaluación los peritos
agrícolas distinguen tipos de tierra según su “calidad”, tanto en el regadío como en
el secano. Estiman los huertos cerrados como las fincas de mayor valor capital y
producto líquido entre las de regadío y los entienden dedicados permanentemente
al cultivo de frutas y hortalizas mediante su estercolado y continuo laboreo
“mecánico”. 355 Por dichas peritaciones sabemos que en la tierra campa de la huerta
vieja se da un doble sistema de rotación bienal. Las tierras de primera y segunda
calidad son tierras blancas sin apenas arbolado ni viñas; se dedican el primer año al
cultivo del cáñamo 356 y el segundo al trigo. 357 Las de tercera y cuarta calidad
contienen mayor profusión de arbolado (moreras e higueras) y viña en sus
márgenes; sembradas de trigo el primer año con un rendimiento algo inferior a las
de superior calidad, quedan de barbecho el segundo año, mientras algunos de sus
bancales se siembran con guijas, judías, fresols (guisantes), abones, calabazas y
otras hortalizas. Un sistema idéntico al expuesto por Ansón Calvo para Tarazona. 358
El cáñamo y las legumbres devuelven a la tierra el nitrógeno que absorben los
cereales, mientras las higueras se aprovechan de buena parte del sustrato
nutriente, disminuyendo el rendimiento de otros cultivos. 359
En la huerta nueva, –en realidad durante los primeros años sólo es un
‘secano regado’-, se distinguen como de primera calidad las fincas plantadas de
olivos, pero con un valor capital y un rendimiento muy inferior a los cultivos de la
huerta vieja, por ser plantones jóvenes. 360 En las de segunda calidad se siembra
trigo en régimen de barbecho; contienen algunos olivos y tiras de cepas recién
plantadas, y su rendimiento se considera similar a las de tercera y cuarta calidad de
la huerta vieja. Las de tercera calidad son tierras que todavía no pueden admitir el
riego y, de momento, los trabajos necesarios para dárselo las mantienen
improductivas, aunque algunas de ellas también están siendo plantadas de olivos.
Las tierras del monte se diferencian del mismo modo entre olivares y tierras
blancas dedicadas al cultivo de cereal. Las de olivos se consideran de 1ª, 2ª o 3ª
clase según el rendimiento que dan en olivas y aceite. 361 Las dedicadas al cereal lo
281

son en régimen de año y vez, siendo muy pocas las consideradas de primera
calidad por la cantidad de “espuendas” (márgenes de piedra) que necesitan para su
asentamiento y laboreo, y considerando las de segunda calidad como las más
abundantes en la mayoría de las partidas. El rendimiento de unas y otras se estima
en dos terceras partes del conseguido en el regadío. 362 Las consideradas como de
tercera calidad son masadas o campos situados en las partidas más alejadas de la
población, lo que, según afirman los propios peritos, dificulta y hace escasamente
rentable su cultivo por los gastos en tiempo y acarreos necesarios. 363
Para cada calidad de tierra, el rendimiento estimado se deriva del estudio
pormenorizado de los gastos necesarios para la obtención de las cosechas y de los
ingresos obtenidos con ellas. El saldo entre unos y otros proporciona el rendimiento
por fanega y año como indica el siguiente resumen extraído de las peritaciones del
año 1832 para la tierra de primera calidad en la huerta.
RESUMEN DE LA CARTILLA DE EVALUACIÓN PERICIAL EN EL REGADÍO.
(para una extensión de cuatro fanegas)
Son los productos del primer año por la cosecha del cáñamo 842 r. 19
Idem del segundo por la cosecha de trigo ………..……………… 283 r. 30 1.126 r. 15
Importan las impensas (gastos) de la cosecha de cáñamo… 789 r.
Idem las de la del trigo……………………………………………………….. 161 r. 15 950 r. 15
Líquido resultante en los dos años por ambas cosechas………………………….. 176 r.
Idem en cada uno de ellos por las cuatro fanegas sembradas………………… 88 r.
Resulta ser el líquido por fanega de 1ª calidad ………………………………………… 22 r.
De acuerdo con su experiencia, los peritos estiman un rendimiento por
fanega sembrada de ambos productos –alternativamente cáñamo y trigo- y les
aplican el valor de mercado tarifado por el ayuntamiento a partir de los precios
medios anuales del almudí en el quinquenio precedente. Del mismo modo estiman
los jornales de hombre y de caballerías necesarios para llevar a buen término
dichos cultivos, incluyendo las labores de arado, sembrado, trillado, embalsado,
etc. indispensables para su recolección. 364 Parece difícil proceder con más rigor y
los rendimientos netos anuales por fanega en ésta como en las restantes calidades
de tierra no parecen discutibles a primera vista. Su resumen respecto de los
rendimientos adjudicados a la calidad, tipo de tierra y tipo de cultivo es el recogido
en el Cuadro 37 de la página siguiente.
Es posible extraer alguna conclusión de los rendimientos consignados en el
cuadro. A principios del siglo XVIII la productividad del regadío sería unas cincuenta
282

veces superior a la del secano. A finales del siglo la distancia se habría acortado en
unos veinte puntos. Una diferencia de rendimientos muy exagerada si se compara
con las apreciaciones de Asso, Ansón o Peiró, quienes rebajan sustancialmente la
distancia entre uno y otro tipo de cultivo. 365 Pero probablemente se aproxima a la
realidad, no tanto por la diferencia en los ingresos del producto obtenido, cuanto
por la elevada cuantía de los gastos necesarios para el cultivo del monte, derivados
de su lejanía. La actividad agrícola está centrada de antiguo en la huerta vieja,
base de su subsistencia, y tanto la partida del Secano como las escasas masadas
del monte, de momento, son un complemento insignificante al cultivo global. Pero
también es posible que los peritos minusvalorasen el rendimiento de las masadas
en los primeros catastros, cuando prácticamente sólo las poseían los mayores
hacendados.
Cuadro 37
RENDIMIENTO NETO POR FANEGA DE TIERRA CULTIVADA. 1730-1859
(en reales de vellón por fanega de 953,6 m 2 .)
HUERTA VIEJA
1730 1751 1786* 1819 1832** 1859
Huertos (hortalizas y frutales) 24,00 24,00 36,00 36,73 40,00 90,34
tierra blanca (cereales y legumbres) 8,40 8,40 13,50 14,96 19,00 43,05
Rendimiento medio ponderado 9,12 9,20
SECANO / HUERTA NUEVA
Olivares
Cereales
Rendimiento medio ponderado 0,17 0,27
MONTE
Olivares
Cereales
283
1,00 1,50
0,37 0,42
16,38 20,00 46,85
43,71
32,18
0,51 2,33 34,22
1,05 0,89 26,05
0,31 0,28 4,69
Rendimiento medio ponderado 0,17 0,27 0,30 0,30 0,28 4,72
Fuente: elaboración propia a partir de las peritaciones catastrales.
* Por desconocer en 1786 el nº de fanegas de cada tipo y calidad no es posible calcular el
rendimiento medio para la huerta vieja y el secano. El monte se consideró de calidad única.
**Para 1832 desconozco el porcentaje de tierra de cada calidad, por lo que he tomado
como rendimiento medio la media aritmética de los estimados para cada calidad.
Durante la primera mitad del XIX la distancia se acorta progresivamente y
en 1859 el rendimiento de la huerta se considera sólo diez veces superior al del
monte. Un claro indicador de que las masadas están siendo cultivadas en los
primeros decenios de la nueva centuria con mucha mayor constancia y aplicación

que en las generaciones anteriores. Por otra parte, la rehabilitación de la acequia
implicaría un cambio radical en la Huerta Nueva. Mientras permaneció como secano
sólo multiplicó por tres su estimación entre 1730 y 1819. A partir del momento en
que la mayoría de sus parcelas se benefician del riego, su estimación crece y se
multiplica por sesenta en el transcurso de una sola generación, entre 1819 y 1859.
Un significativo aumento que atiende a la productividad de unas fincas de cultivo
reciente, sobre las que todavía no actúa la ley de los rendimientos decrecientes.
Igualmente destacable es la diferente consideración que cada cultivo merece
a los peritos: a las frutas y hortalizas de los huertos se les adjudica inicialmente un
rendimiento triple al de los cereales y legumbres en el regadío y en razón
semejante se sitúan los olivares respecto del cereal en el secano. Sólo al final de la
etapa, entre 1832 y 1859, la distancia se acorta en algunos cultivos: hortalizas y
frutales proliferan en la huerta y se les adjudica entonces un rendimiento solo doble
al del cereal. Por el contrario, en el secano la distancia se agranda, y el rendimiento
de los escasos olivares del monte sextuplica el del cereal en sus partidas. La
percepción última es la de una menor valoración de los cultivos conforme éstos se
extienden. Lo que se valora y se paga es la rareza o la escasez, indicativo
coherente con una producción cada vez más implicada en la esfera de la
comercialización.
De un catastro al siguiente aumenta el ‘rendimiento nominal’ adjudicado por
fanega en cada tipo de tierra: se multiplica por cinco durante la etapa en la huerta
vieja, y por veintiocho en el monte. Pero es un aumento engañoso porque se debe
al incremento incesante –ya demostrado- de los precios del trigo y demás
productos agrícolas. Si descontamos ese factor deflactando cada rendimiento
respecto del precio medio del trigo en cada quinquenio precedente, la percepción
cambia de forma radical. Ni en la huerta ni en el monte se aprecia un incremento
de ‘productividad’ durante todo el siglo XVIII; más bien un ligero retroceso,
constante de un período al siguiente. El rendimiento nominal aumentaba por el
efecto combinado del mayor precio de los productos y el estancamiento de los
salarios de hombres y caballerías, pero no la producción por unidad de superficie y
tiempo. La productividad únicamente parece haber aumentado en las tierras
cerealistas del monte cuando el precio del trigo retrocede durante el primer tercio
del siglo XIX y pese a ello se mantiene en las peritaciones el rendimiento estimado.
Un incremento de productividad necesario para mantener la capacidad de
subsistencia de una población en auge.
284

El valor catastral de la tierra y su producto líquido.
El aumento de los precios agrícolas y la mayor demanda de tierra apreciaron
lógicamente el valor de la cultivada y la necesidad de incrementar su extensión y
desamortización.
Cuadro 38
EVOLUCION DEL VALOR CATASTRAL DE LA TIERRA. 1730-1832
(en reales de vellón por fanega de 953,6 m 2 )
catastro del año: 1730 1751 1819 1832
HUERTA VIEJA (huertos)
1ª calidad
2ª calidad
3ª calidad
285
1.200 1.200
900 900
600 600
Precio único o medio 800 800 900 900
HUERTA VIEJA (cereales)
1ª calidad 360 360 800 800
2ª calidad 280 280 600 700
3ª calidad 200 200 400 600
4ª calidad 140 140
5ª calidad (pantanosas)
400
200
Precio único o medio 245 245 600 540
SECANO/HUERTA NUEVA (olivar)
1ª calidad
2ª calidad
3ª calidad
68 160
51 100
Precio único o medio 6 9 51 130
SECANO/HUERTA NUEVA (cereal)
1ª calidad
2ª calidad
3ª calidad
34
16
14 60
Precio único o medio 6 9 14 60
PARTIDAS DEL MONTE (olivar)
1ª calidad
2ª calidad
3ª calidad
12
51 33
34 22
16 11
Precio único o medio 6 9 34 22
PARTIDAS DEL MONTE (cereal)
1ª calidad
2ª calidad
3ª calidad
12 11
10 9
8 7
Precio único o medio 6 9 10 9
Fuente: elaboración propia con los datos catastrales respectivos.

El Cuadro 38 muestra el “valor capital” catastral por fanega de cada tipo de
tierra y su evolución en la etapa. Obviamente el valor fiscal es muy inferior al de
mercado, pero la comparación interna de sus guarismos resulta útil. Desde el
principio, la huerta vieja fue valorada con distintos precios según su calidad. En los
dos primeros catastros se dio a todos los huertos un precio único, siendo su mayor
o menor proximidad al núcleo urbano el único factor atendible. La tierra blanca
dedicada a cereales y legumbres sí fue diferenciada por partidas en clases y
precios, sin que sufrieran variación en la primera mitad de la centuria. Muchos años
después, al término de la guerra de la Independencia vemos aumentar tímidamente
el precio de los huertos que ahora se diferencian según calidades, mientras el de la
tierra dedicada a cereales y legumbres se duplica con creces, para disminuir
ligeramente entre 1819 y 1832, seguramente como consecuencia de la deflación
cerealista.
La fanega de secano presenta un valor capital muy inferior a la de regadío
como es lógico. Sus mejores fincas no alcanzan ni el 10% del valor de éstas. Tanto
la partida del Secano como las del monte se valoran muy poco durante el
Setecientos de acuerdo con sus bajísimos rendimientos estimados. La puesta en
riego del Secano producirá una elevación ininterrumpida de su precio, aunque
manteniéndose en todo caso muy por debajo de las fincas y parcelas de la huerta
tradicional. Por su parte, las masadas del monte seguirán una tónica similar, con la
salvedad de disminuir algo su precio entre 1819 y 1832, por la coyuntura
deflacionaria. En el conjunto de las tierras, el olivar de regadío será lo más
valorado, mientras el de secano parece no haber cuajado como cultivo alternativo
al cereal. En la agricultura fragatina parece predominar la necesidad u oportunidad
del abasto y comercialización del trigo sobre la del aceite.
Por último, si más allá de la información proporcionada por las variaciones
del precio de la tierra pretendemos apurar algo más el análisis de sus diferentes
tipos, debemos unir la evolución de sus respectivas extensiones ya conocidas a la
de sus correspondientes rendimientos para obtener su producto líquido absoluto y
porcentual; es decir, para obtener el valor global neto de su producción según la
evaluación catastral, así como su evolución temporal. Una vez realizados los
cálculos pertinentes, se observa cómo en el transcurso de la etapa, la Huerta Vieja
redujo a un tercio su contribución relativa al cultivo, y de representar más del
noventa por cien del producto líquido global descendió al 37,4%. Mientras, la
extensión de las tierras del monte se cuadruplicaba, al tiempo que su producto
líquido pasaba de tan sólo el 7% al 53%. Se había producido un cambio sin
precedentes. La Huerta Vieja había dejado de ser el único sustento de los vecinos y
sus esperanzas se cifraban ahora en el extenso y aún no colmado cultivo cerealista
286

en las partidas del monte. (De ahí la sentencia popular que afirmaba: lo pages ric e
lo que tè terra al mont). La huerta vieja, –aplicada al cultivo intensivo de la higuera
en adelante-, sufriría la ley de los rendimientos decrecientes mientras el monte
estaba en pleno auge cerealista. En medio, quedaba la frustrada partida del Secano
convertida en Huerta Nueva que, sin incrementar su extensión inicial, alcanzaba al
final del período poco más del 9% del producto líquido. El nuevo regadío que tantas
esperanzas alimentó suponía sólo un complemento a los otros dos tipos de tierra.
2.3.2 Las vías del tráfico comercial.
El comercio interregional del nordeste español ha sido documentado y
analizado por la historiografía desde hace décadas. Para la Baja Edad Media, desde
la óptica aragonesa se ha estudiado la relación entre Aragón y sus regiones
limítrofes a través de los “libros de collidas” en las diferentes “taulas” del impuesto
del General. 366 Para la Edad Moderna, el análisis se ha centrado en quienes se
dedicaron a la actividad mercantil desde sociedades personalistas o en estructura
de compañías comerciales, 367 así como respecto de las vías fluviales de su
tráfico. 368 Y para la transición a la Edad Contemporánea, la atención se ha centrado
en la exportación de cereales en el contexto de la formación del mercado
nacional. 369 Los historiadores aragoneses dan cuenta de la transformación operada
en Aragón desde una economía “autocentrada” en los siglos XVI y XVII a la de un
“mercado extrovertido” desde el siglo XVIII, dedicado a la exportación de cereales y
otras materias primas en buena medida, aunque no exclusiva, hacia Cataluña.
Desde la óptica catalana, conocemos ya el concepto de “periferización” de la
economía aragonesa, a propósito de sus relaciones con Cataluña desde la segunda
mitad del siglo XVIII y en el contexto de las “diásporas mercantiles” durante ese
siglo y el XIX. 370
Todas las aportaciones historiográficas permiten certificar, –para nuestro
propósito-, un tráfico interregional constante a través del Bajo Cinca al menos
desde el Medievo. Un tráfico de predominio extractor o exportador de materias
primas que tuvo al Ebro como principal vía de comunicación y sólo como vías
secundarias las terrestres, desveladas por el profesor Sesma como red de caminos
de herradura que unían todo el territorio aragonés. En la interrelación de estas dos
redes, -la natural de los ríos y la artificial humana-, se comprende la movilidad de
los bajocinqueños a través del tiempo. Una movilidad que reducirá más tarde el
tránsito norte-sur fluvial frente al predominio de la dirección este-oeste terrestre
durante el siglo XIX con la carretera nacional y el ferrocarril.
Posiblemente el transporte más antiguo por vía fluvial fuera el de las
navatas transportando madera desde el Pirineo por el Cinca, el Noguera Pallaresa y,
287

en menor medida, el Noguera Ribagorzana, para discurrir brevemente el Segre y
luego el Ebro entre Mequinenza y Tortosa. Las almadías descendían desde
mediados de abril a mediados de julio, durante días, para recalar en algunas
localidades de su curso o en los astilleros de la costa. 371 En el trayecto, los maderos
multiplicaban hasta por ocho su valor. Los troncos eran utilizados en las atarazanas
de varios lugares para la construcción de mástiles, barcas y barcos. El topónimo de
la Estressana (dressana o atarazana) en Fraga, ha de tener su origen en la
construcción de barcas para navegar el Cinca y para los pontones que permitían
cruzar el río, sujetos a la maroma, cuando el puente amanecía derrotado.
Precisamente para reconstruirlo se utilizaban los maderos bajados del Pirineo en
sus diferentes medidas, cada una de las cuales tenía un cometido concreto en su
estructura.
En este comercio de madera, -también para su utilización en la construcción-
Fraga tenía una larga tradición como abastecedora de la comarca: vendía a
concejos y a particulares comarcanos, incluida Mequinenza. El ayuntamiento
apilaba los troncos en el llamado “almacén de la madera”, junto al río, para luego
vender los sobrantes de las reparaciones del puente. Su adquisición solía hacerse a
cambio de arrendar los pastos invernales a los ganaderos trashumantes del Pirineo.
Es decir, Fraga cambiaba madera por hierba y cobraba además un impuesto al paso
de las navatas bajo los arcos del puente.
Los datos que documentan este tráfico fluvial por el Cinca durante la etapa
son abundantes. Valga algún botón de muestra. El primero es una capitulación
entre el ayuntamiento y los navateros que han traído la madera en el año 1724. El
documento estipula las cantidades, tamaños y precios de los troncos que traerán el
año próximo dos vecinos del lugar de Tella, durante el mes de mayo en cuatro
navatas. 372 El segundo es del año 1832: el río ha modificado su cauce y el
corregidor propone un plan para volverlo al antiguo y proteger la huerta. Para
sufragar los gastos, la comisión creada al efecto decide imponer arbitrios sobre
algunos bienes de importación, entre los que se señalan el vino forastero, el aceite,
la madera que baja por el río, el cáñamo y lino que se introducen y el "hilo
valenciano" utilizado para fabricar las alpargatas. 373
El tercero es un pleito entre el ayuntamiento de Fraga y dos de sus
habituales proveedores de madera –Domingo Nadal y Antonio Gabás-, vecinos de
La Espuña, en el año 1754. El representante de los madereros alega que Fraga
compró en años anteriores madera para el puente y pagó parte del precio el primer
año, "para costear los gastos de navegación", dejando en débito el resto del precio
para el año siguiente, como de costumbre, con el nuevo envío de madera. Ahora
288

eclaman judicialmente el pago del resto, puesto que el ayuntamiento no ha
cumplido el acuerdo. 374
Los tres son ejemplos cotidianos de un tráfico y comercio de envergadura,
que requirió incluso de la atención de las autoridades del Estado. Así lo remarca,
por ejemplo, una carta remitida en 1721 por el tesorero de Felipe V a Fraga, en la
que recuerda al ayuntamiento su obligación de mantener el río apto para el tránsito
de navatas, sin que el azud de la acequia entorpezca el tráfico. El documento
especifica que es indispensable mantenerlo abierto porque el Cinca es “carretera
Real”. 375 El negocio de la madera, unido al arriendo de los pastos y al impuesto
sobre las navatas que cruzan bajo el puente (al que perjudican con golpes y
atascos) fueron capítulos importantes del presupuesto de ingresos municipal.
Junto al tráfico y comercio de madera, otros muchos productos eran sacados
de la comarca a través del río. Tenemos constancia temprana de barcas que
descienden incluso por el Alcanadre, desde el monasterio de Sijena, lo que debió
ocurrir solo de forma ocasional. Con mayor frecuencia se producía el tráfico en el
Cinca desde Fraga, donde conocemos la existencia de un muelle próximo al puente,
al menos desde el siglo XV. Los libros de actas municipales conservados así lo
refieren y el análisis de los libros de la taula de Fraga lo confirma.
Respecto del trigo, por ejemplo, el profesor Sesma Muñoz estableció en su
día una visión de conjunto y Luis Benito Luna analizó los documentos concretos
relativos a la taula de la entonces villa de Fraga. Sus conclusiones centraron el
grueso de la comercialización del trigo en Mequinenza y en la zona del Cinca desde
el siglo XV, con comerciantes catalanes introducidos en su tráfico, en razón de “la
insuficiencia de las estructuras comerciales y bancarias aragonesas”, desplazando
totalmente a los mercaderes zaragozanos. 376 Según el profesor LLadonosa, otro
tanto ocurría en el Segre y sus afluentes: los trigos de Urgel, junto con la harina, el
azafrán y la lana procedentes de la Ribagorza, de La Litera y del Somontano
aragonés descendían hasta Mequinenza y de allí al mar, para acabar en Barcelona,
después de una navegación de cabotaje. 377 Era en conjunto un comercio de
exportación de materias primas para el consumo y la producción artesanal de
Cataluña. En cambio, la vía terrestre entre Zaragoza y Lérida era utilizada entonces
solamente como camino de tránsito de pequeñas partidas de cereal, contabilizadas
en mayor medida como “entradas” que como “salidas” de aduana en los libros de
collidas conservados para la de Fraga. 378
Además, de la vía fluvial y del camino Real, Fraga cuenta en la etapa con
una red de caminos complementaria que dirige el tráfico comercial desde y hacia
diferentes puntos de Aragón y Cataluña:
289

1º. El llamado “camino de Fraga a Balaguer y al Pirineo catalán”. Es una cañada
Real (“cabañera”) para el tránsito del ganado trashumante que desde La Cerdaña
baja a invernar en el monte de Fraga.
2º. El “camino que desde Fraga, a siete km., arranca por la derecha de la carretera
Real hacia Reus”. En el siglo XVIII ésta fue la ruta principal del comercio de cacao,
de las especias y el aguardiente, para más tarde, en el XIX, convertirse en la ruta
de los higos llamados “comunes”, (los ennegrecidos por la humedad, recogidos del
suelo) destinados a la fabricación de alcohol.
3º. El “camino de Torrente hacia Mequinenza”, una de las rutas que, junto a la que
conduce al embarcadero de Los Arcos por la Valcuerna, recoge el trigo de los
pueblos de la comarca del Bajo Cinca y de los Monegros. Es la ruta principal de
extracción del trigo hacia Cataluña, tantas veces prohibida en años de escasez,
cuando su precio superaba la tasa establecida por las autoridades aragonesas.
4º. El “camino desde Ballobar a Fraga”: otra vez el comercio del trigo, de la lana,
las pieles y del hilo de seda que se exportan luego por la carretera Real hacia
Igualada, Manresa o la propia Barcelona en el siglo XVIII.
5º. El “camino a Zaidín”, como ruta de la ganadería trashumante del Pirineo
aragonés que trae a Fraga los ganados desde Torla, Broto, Benasque o Panticosa.
6º. Y, finalmente, el “camino de Serós”, posiblemente uno de los más antiguos,
puesto que la llamada Puerta de Serós, como cuarta salida de la ciudad, está
documentada en las fuentes locales desde el siglo XIII. Un camino que alcanza los
pueblos catalanes proveedores de aceite y vino en Les Garrigues y el Priorat.
En resumen, durante el siglo XIX, los caminos terrestres en los que se
incardinan Fraga y el Bajo Cinca pueden organizarse en tres niveles conexos. Es lo
que se ha llamado la red viaria como soporte de la red comercial, anterior a la
creación del mercado nacional, que solo el ferrocarril conseguirá articular y aún de
forma poco eficiente por su estructura radial y poco densa. En el primer nivel están
los caminos, a veces sólo de herradura, que parten de la propia localidad con un
radio de acción comarcal y que a su vez enlazan con los de otras comarcas
próximas. Luego constatamos una red de caminos rodados, que tienen vocación de
articular el territorio aragonés. Predomina en ellos la orientación fluvial, en la
dirección norte-sur, que enlaza las dos riberas del Ebro o que mueren en él. Por
último, con un trazado más regular y de mejor mantenimiento, (casi siempre
costeado por los pueblos del recorrido) está la carretera Real de Madrid a
Barcelona, por Zaragoza y Lérida, que sirve de aglutinador de todos los caminos
anteriores. Es una red que, en el mejor de los casos, iguala en esta zona a la
navegación fluvial en cargas pesadas, mientras recoge un tráfico cada vez más
intenso de las cargas medianas y ligeras. Supone el complemento adecuado de
290

aquella red inicial ligada a los ríos y sus valles. Su peor enemigo secular, desde la
Edad Media hasta el siglo XIX, será la inseguridad, ligada primero a las llamadas
bandosidades, luego al bandidaje de frontera y finalmente al bandolerismo. Quienes
desde el extranjero viajaron por los caminos de nuestra región ponían
frecuentemente en evidencia esta inseguridad, que parecía contrastar con la
seguridad y placidez de la navegación fluvial. 379
2.3.3 De la protección a la liberalización del comercio.
Luego de siglos de proteccionismo de la producción propia, de precios
tasados y de regulación de las aduanas aragonesas con finalidad fiscal, 380 cuando
los Borbones abolen las trabas al comercio interior y abordan el primer esbozo de
mercado nacional, la aduana de Fraga será de las últimas en desaparecer. De forma
general las aduanas interiores se suprimen en 1717 pero la de Fraga vuelve a
instalarse en 1742 y todavía en 1774 se siguen exigiendo en ella derechos
complementarios sobre los productos extranjeros que atraviesan Cataluña o se
cobra derecho de bolla en 1793 por la seda que pasa de Aragón al Principado. 381 De
acuerdo con estas fechas, probablemente la de Fraga permaneció activa hasta la
abolición de las aduanas interiores decretada finalmente en las Cortes de Cádiz.
El Archivo General de Simancas, –de donde obtengo esta información-,
conserva abundantes documentos sobre el tráfico aduanero tanto de las treinta
aduanas exteriores de Aragón como de las de Cataluña para algunos años del siglo
XVIII. La de Fraga ingresaba a su inicio unos dos millones de maravedíes, que
suponían el 3,76% de lo recaudado en todas las aragonesas. Se cobraba en ella
sólo de los géneros extranjeros por la diferencia no satisfecha en las aduanas
exteriores de Cataluña donde el arancel era menor, y no es posible por tanto
conocer el verdadero volumen del tráfico en este punto. La documentación tampoco
detalla los productos que cruzan las aduanas, salvo en los casos de fraudes, en los
que sí se nombra el defraudador, el género defraudado y la pena impuesta. Una
situación analizada en su momento por el profesor Pérez Sarrión, quien atribuía al
contrabando importantes efectos económicos para Aragón. 382
Es conocido que llegado el siglo XVIII, el comercio y los servicios de
transporte crecieron en España, llegándose a unos niveles de actividad netamente
superiores a los alcanzados en las dos centurias precedentes. Aparte del aumento
del número de los mercaderes y transportistas profesionales, la expansión del
tráfico dio a numerosas familias rurales la oportunidad de participar o de intervenir
más activamente en la arriería y en pequeñas actividades comerciales. 383 Lo hemos
verificado ya para Fraga. Pero la iniciativa privada hubiera conseguido menores
logros en la actividad mercantil si no hubiera estado potenciada de antiguo por sus
291

eyes. Durante siglos, los monarcas sintieron como funciones propias potenciar el
encuentro y facilitar los medios para que aquellos mercaderes, trajineros, tratantes,
buhoneros o quincalleros pudieran encontrarse sin las trabas de las propias
imposiciones Reales, a lo largo del año y en distintos lugares. Es decir, sin tener
que pagar portazgos, lezdas, gabelas, pontazgos ni otros derechos. Son los
privilegios de ferias y mercados que con oportunidad otorgaron a algunas de sus
ciudades y villas más pobladas o estratégicamente mejor situadas.
Con aquellos privilegios se acabó organizando una red de puntos de
intercambio que fijaba la red viaria y potenciaba las transacciones. Su
establecimiento lograba la institucionalización de las rutas en un circuito anual,
escalonado, que atendía en cuanto al ganado, por ejemplo, a las costumbres
trashumantes, fijando fechas sucesivas a la presencia de mercaderes y tratantes. 384
Así se explica que Fraga acuda durante los primeros siglos de la Edad Moderna a
comprar ganado para las carnicerías a las ferias que van celebrándose conforme el
ganado retorna a la montaña: las ferias de Pina (abril), Sariñena (mayo), Ayerbe
(septiembre) y Campo (octubre). Ejemplo pionero en este tipo de explicaciones fue
el de la Profesora Nuria Sales, quien recontó y estructuró por meses la red que
seguían los trajineros del pueblo de Santa Coloma de Queralt en su participación en
las ferias, tanto francesas como catalanas y aragonesas, proporcionando una clara
imagen de la frecuencia y complejidad de sus actuaciones. 385
Fraga había recibido varios privilegios en este ámbito. Desde la lejana etapa
de los Montcada, la concesión de ‘feria franca’ a la villa era una prueba segura del
interés que los monarcas tenían en mantener un punto que consideraban “llave
puesta entre Aragón y Cataluña”. Así, Pedro IV en 1381 prorroga un inicial
privilegio de ferias por diez años, para confirmarlo luego Carlos II en 1683,
ampliado a un período de quince días antes y quince después del 8 de mayo; y más
tarde Felipe V, en 1709, concede a Fraga dos ferias de ocho días cada una, a
perpetuidad, libres de impuestos, como recompensa a su fidelidad durante la
Guerra de Sucesión.
Pero con el tiempo, la red de ferias llegó a hacerse tan tupida que resultaba
contraproducente por la competencia que enfrentaba las ciudades de mayor
atractivo comercial. Primero se modificaron las fechas en tiempos de Fernando VII,
por la competencia que a la de Fraga hacían las ferias de Caspe, Monzón, Lérida,
Aytona y Serós; precisamente las de mayor relación con el tráfico comercial en
nuestra comarca, junto a las de Prades, Mora de Ebro o Sariñena. Todas ellas
dedicadas principalmente al comercio de ganado caballar y mular, además de a la
compraventa de pieles, lana, seda, etc. 386 Con el siglo XIX vendría la decadencia de
las ferias fragatinas por razones de diversa índole, no siempre comprensibles, 387 y
292

las turbulencias de la guerra Carlista dificultaron la continuidad en el tráfico y en el
comercio feriado. Finalmente, el ferrocarril dejó a Fraga fuera de los circuitos
comerciales.
Multitud de ejemplos podrían aducirse de la intensidad con que se
desarrollaba el comercio de los más variados productos al calor de los privilegios de
ferias y mercados, como reclamo seguro para la obtención de mejores ganancias.
Desde precedentes tan lejanos como el de los portitori (trajineros) documentados
ya en 1277 en Fraga como portadores de vino forastero “feriado” del que los
vecinos se quejan al Moncada por su elevado precio (el Montcada protegía ese
comercio que venía del Priorato y perjudicaba a los cosecheros fragatinos), hasta el
trasiego habitual mucho más tardío de las recuas de burros que en el siglo XVIII
traen “arroz valenciano” y judías secas al mercado semanal desde Reus. 388 La
protección Real y municipal en este caso les garantizaba la vigilancia sobre posibles
“traidores, falsificadores de moneda, alborotadores, ladrones y destrozadores de
caminos” tanto en los días de feria como en los de mercado.
Una de las fuentes que mejor permite observar la intensidad del comercio
tanto con ocasión de las ferias como en el tráfico cotidiano de productos
agropecuarios es la colección de borradores de cartas y libros de contabilidad
conservados en el Archivo Histórico Provincial de Tarragona, correspondientes a la
Compañía de los Cortadellas de Calaf. Su correspondencia y sus libros de cuentas
proporcionan una excelente imagen de lo que llegó a suponer durante más de
cuatro décadas, entre 1770 y 1812, el establecimiento de redes comerciales supra
regionales con factorías fijas en múltiples lugares de la geografía aragonesa y en
concreto en el Bajo Cinca. 389 La de los Cortadellas es sin lugar a dudas el paradigma
del estilo comercial que se implanta como sistema novedoso en nuestro ámbito de
estudio, por lo que resulta obligado dedicarle una atención particular.
2.3.4 la Compañía de Calaf, paradigma del tráfico comercial.
La inicial “Compañía de Aragón” y luego “Compañía de Calaf” o de “José
Cortadellas y Cía.” es inicialmente una entidad dedicada al arriendo de diezmos y
rentas señoriales. No es desde luego la única compañía cuya actuación refleje la
intensidad del comercio en Aragón durante el período alcista de los precios y la
crisis finisecular del siglo XVIII, pero seguramente fue la de mayor envergadura en
cuanto al ámbito de actuación, volumen de negocio y variedad de productos
comercializados, así como en la implantación de “factorías de explotación” de una
parte del excedente agrícola y ganadero. Desde 1770 fueron apareciendo colectores
y factores de la compañía en múltiples localidades de la Hoya de Huesca, del
Somontano, del Cinca Medio, Bajo Cinca y Ribera Baja del Ebro. Factorías locales
293

insertas en una red comercial con distintas sedes en Aragón y Cataluña, desde
Calatayud y La Almunia de Doña Godina hasta el Pla de Girona y Barcelona, desde
el valle de Arán y el Pirineo oscense hasta Tortosa, teniendo a la pequeña villa de
Calaf y a Manresa como sedes sociales centradas en el comercio interior y a
Barcelona orientada al comercio marítimo. La red comercial más extensa y tupida
conocida hasta entonces.
Desde la abolición de la tasa del trigo y la liberación del tráfico, la actividad
comercial entraba sin prohibiciones permanentes en una red interregional,
anticipando un mercado de ámbito nacional. 390 Ya no se trataba sólo de acudir con
regularidad a las ferias o a mercados ocasionales, sino de establecer su presencia
continuada durante todo el año, en los meses mayores y menores, en tiempos de
escasez y de abundancia, con botigas y almacenes propios o alquilados en los
pueblos aragoneses. La finalidad de estas nuevas “administraciones” era la de
recoger los granos y corderos, el aceite, vino, lino y el cáñamo correspondientes a
sus arriendos de diezmos, junto a la seda, lana y pieles allí donde pudieran
adquirirlos, para convertir luego estos “excedentes” en mercancía a la venta en sus
propios graneros y botigas locales o en abastecer de grano y carne a ciudades
catalanas, al tiempo que surtían a sus fábricas textiles y de curtidos. Los
Cortadellas y sus socios, fueron a un mismo tiempo arrendatarios, prestamistas,
tratantes, negociantes y comerciantes de los productos recogidos aquí y de los que
importaban desde Cataluña.
Bastará un solo ejemplo de su actividad cotidiana para comprender el
alcance y complejidad de uno de sus objetivos en la zona: la ‘saca’ de trigo. Entre
sus libros de cuentas se incluye uno con un largo título: “libro borrador del negocio
de trigo y mercado de granos a través del Ebro, desde Mequinenza hasta Tortosa
mediante barcos, factorías y puestos de venta en la Ribera del Ebro". 391 El libro
comienza en el mes de mayo del año 1778 con anotaciones del trigo embarcado en
Mequinenza hacia Tortosa, procedente de diferentes localidades: 424 cahíces de
Tardienta, 466 de Alcubierre y 628 cahíces de Alcolea y Ballobar. El trigo ha sido
transportado en seis llahutadas por los patrones Manuel Oliberos, Tomás Conxel y
Domingo Soler de Mequinenza y Roig de Mosanfeliu de Tortosa. El trigo es enviado
por el señor Ramón Ibars, -comisionista de los Cortadellas en Mequinenza- a José
Figuerola y Sala, socio de la compañía en Tortosa, quien lo vende en días sucesivos
a varios patrones de barco de Vilanova de Sitges, de Blanes y de Mallorca, mientras
embarca otras porciones para la propia compañía en Barcelona, a cargo del señor
Francisco Cortadellas, quien lo recibirá allí. El encargado de la compañía en Tortosa,
José Figuerola, debe pagar los gastos ocasionados por el transporte fluvial, la carga
294

y descarga, los impuestos de paso de azudes, el almacenaje en silos y el transporte
en barco.
Por su parte, Antón Figuerola y Sala, hermano de José, que por estas fechas
se encarga de la factoría de Alcolea de Cinca, paga a don Ramón Ibars de
Mequinenza los fletes adelantados a los diferentes patrones de los llahuts, y la
comisión del uno por ciento en grano. Además, debe pagar el gasto que han hecho
los trabajadores Riera y son fill, mientras han permanecido en su casa de
Mequinenza. Igualmente deben pagarse los gastos de los mossos que, de propio, se
han desplazado a uno u otro pueblo con encargos de la compañía, el gasto de las
recuas que han transportado el trigo hasta Mequinenza y su alimentación, junto al
de los silos alquilados en esa población. Y, por último, esta compleja operación se
cierra con la anotación de Antón Figuerola sobre lo que “He gastat per los viatges
que he fet de anar a Miquinensia y baixar a Tortosa desde la Ribera de Sinca, jo y
lo mosso".
Si este ejemplo se acepta similar a los practicados en toda la variedad de
productos que maneja y a la infinidad de ocasiones en que se produce, se
comprenderá la complejidad de funcionamiento de una compañía asentada en más
de sesenta factorías ubicadas en otros tantos lugares de Aragón y Cataluña.
Hace unos años, Jaume Torras caracterizó este tipo de mercado como
“propio de economías atrasadas, con escaso nivel de integración, falto de
informaciones económicas fidedignas y de crédito comercial”, y en las que el grupo
humano que interviene formaría parte de la diáspora mercantil catalana “con
escasa integración en la sociedad local, efecto y a la vez motivo de dificultades de
relación y también de conflictos con intereses locales”. 392
Coincido en considerar la Compañía de Calaf como integrante de la diáspora
mercantil catalana, “con dificultades de relación y conflictos de intereses” sobre
todo con autoridades locales y comerciantes indígenas. Pero es posible matizar la
“falta de información económica fidedigna y de crédito comercial” así como el “débil
grado de integración en la sociedad local” que les atribuye. Es posible matizar estas
afirmaciones a la vista de la información epistolar y contable de varias factorías
como la de Ballobar –muy bien documentada- o la de Fraga, de implantación
posterior. Su estrategia de actuación no debió diferir de la de otras factorías y sus
responsables debieron recibir de los patronos similares recomendaciones, y
aportación de capitales. De hecho, las factorías se ordenan estratégicamente y en
ocasiones con un sentido anticipatorio en ciudades centro de actividad comercial,
en pueblos de las riberas de los tres ríos navegables: Ebro, Cinca y Segre y, en
algunos de ellos (Ballobar y Fraga por ejemplo) cuando van a sustanciarse
proyectos de nuevos regadíos que aumentarán la producción agraria.
295

El pilar básico en cada administración es el factor, que dirige a colectores,
medidores, aprendices, pastores, criadas y criados (mossos), además de a
jornaleros contratados a lo largo del año para atender las tareas más acuciantes. El
factor refleja la contabilidad en los libros y administra los caudales; se persona en
las subastas de arriendos de diezmos y rentas cuando no lo hacen sus amos;
transfiere dinero y productos entre administraciones y dirige la propia bajo la tutela
epistolar o presencial de don José Cortadellas u otro socio. Es él quien decide el
momento de la recolección, “cuartación”, almacenaje o traslado de productos, y
quien concede préstamos en metálico o en especie a vecinos de su lugar de
residencia o de otros pueblos agregados a la administración. Colectores, criados y
jornaleros ejecutarán sus órdenes como si de uno de los amos se tratase.
En cada factoría, el factor comienza por pagar religiosamente el arriendo de
las rentas que contrata a sus perceptores, -señor temporal o cuerpo inmortal-,
cuyas apremiantes necesidades les llevan a aparecer incluso y paradójicamente
como deudores de la compañía por los anticipos que ésta les facilita en metálico o
en especie. A cambio de esta sujeción a sus apetencias -sin duda el más poderoso
de los arrendadores es el obispo de Lérida-, el factor puede dedicarse libremente a
toda una serie de actividades comerciales relacionadas con los productos de las
rentas arrendadas y con otros al margen de ellas, sin ser tachado de especulador.
Su actividad es muy variada. Debe conocer y conoce perfectamente el mercado en
sus múltiples aspectos; es comprador y vendedor a un mismo tiempo; su atención
cambia con celeridad de un pueblo a otro de la administración. Sus actividades,
todas estacionales, se suceden sin solución de continuidad a lo largo del año
agrícola. Durante el verano, pueblo a pueblo, recoge cosechas, diezma, almacena
productos o compra seda. En otoño repite el trasiego con el vino, el lino o el
cáñamo. En invierno tampoco descansa: mientras mantiene abierta la botiga para
vender o extraer granos, debe prensar olivas y empozar aceite.
Su dedicación es constante; sus facultades para organizar y dirigir la factoría
amplias; su sagacidad para obtener en las subastas de cada arriendo el menor
coste para la compañía corre parejo con su capacidad para prever el grado de
bondad de la cosecha futura. Su beneficio depende en buena medida del cielo, pero
su aplicación a recuperar préstamos, cobrar diezmos y rentas feudales de
labradores y ganaderos con dificultades crecientes le obligan a mantener su mirada
atenta a lo terreno. Los factores de esta compañía fueron el espejo donde se
miraron los individuos económicamente más dinámicos de nuestra tercera
generación de contribuyentes, aunque tal vez sea exagerado entender, como
interpretó Pierre Vilar, que fueron ellos quienes sacaron a Aragón de su letargo. 393
296

Dentro de lo que es factible en la época, cada factoría es controlada muy de
cerca por los amos. Las factorías se comunican continuamente entre sí y las visitas
de los socios menudean. El ir y venir del correo es casi diario. Unos factores,
situados en la carrera principal, pasan a otros, distanciados de ésa, las cartas que
desde Calaf, Manresa, Barcelona o Lérida les remiten los socios, sobre todo los
Cortadellas. Por su parte, los factores suelen escribir una o dos veces por semana a
sus amos para informarles o consultarles, y mensualmente les remiten las
relaciones de entradas y salidas de frutos y dinero junto al arqueo de caja. Para
llevar el correo se aprovechan del general o de los arrieros que circulan de camino
a otros destinos. Cuando la urgencia o discreción del asunto lo requiere, una
persona es enviada de propio para entregar en mano la correspondencia. El dinero
efectivo que se trasvasa entre factorías puede ocultarse dentro de los propios sacos
de trigo en una recua de arrieros o remitido con un colector debidamente escoltado.
Como la actividad de cada factoría abarca varios pueblos agregados, allí
donde no hay factor funciona una amplia red de comisionistas, mayorales y
corredores especializados. En cada lugar, uno o varios hombres representan
oficiosamente a la compañía: compran, venden, prestan y cobran en su nombre.
Alguno de ellos realiza un trabajo tanto o más complejo que el de los propios
factores. Es, por ejemplo, el caso ya citado de don Ramón Ibars, -crucial para los
intereses de la compañía-, quien en Mequinenza prepara los embarques de cereales
que los factores le remiten por el río Ebro desde Luceni, Gelsa o Los Arcos (en el
municipio de Fraga), o mediante recuas desde Tardienta, Ballobar o Torrente de
Cinca. El uno por ciento en el volumen de granos que supone su comisión servirá
para tenerlo siempre dispuesto a colaborar. Su consuegro, don Gregorio Ibarz, es
“comisionado del Rey para asuntos de granos”. En opinión de Cortadellas “es lo
amo de la navegació del río Ebro, y tenirlo contrari nos podía fer molta mala
obra”. 394
Si don Ramón Ibarz es clave para la saca de granos, el leridano Agustín
Camps por ejemplo, tiene la complicada misión de fijar “a ojo” pesos y precios del
ganado, dejando a los factores la tarea de ultimar el trato. Don Joaquín Nogueras
por su parte, vecino acaudalado de Alcolea de Cinca, compra para la compañía
partidas importantes de la seda recogida en los pueblos de la Ribera por la comisión
de un sueldo jaqués en cada libra ponderal adquirida. En Fraga, primero son el
herrero Salvador Rubión y don Senén Corbatón, - encargado del cobro de las rentas
Reales-, quienes actúan de comisionistas; luego se instala en la ciudad una factoría
con botiga en la calle Mayor a cargo de Manuel Ferrer y Ribera que defenderá los
intereses de sus amos arrendatarios del diezmo del capítulo hasta la guerra de la
297

Independencia; finalmente será un sacerdote, el cura mosén José Serra quien se
haga cargo de los intereses de la administración durante el conflicto bélico. 395
Dentro de la compañía, todos estos hombres con intereses particulares,
paralelos o contrapuestos, sienten siempre cerca la mirada atenta y correctora de
sus principales, de los amos. Parentesco y proximidad serán los dos principios
básicos de su organigrama funcional: en la urdimbre horizontal, las relaciones
familiares proporcionan conocimiento, confianza y discreción respecto de cualquier
actividad; en la trama, los lazos de parentesco vertical entre amos y subalternos
unido a la proximidad física de los primeros a los lugares, circunstancias personales
y tareas de los segundos, constituyen su mejor garantía de funcionamiento.
La actividad fundamental: el tráfico de cereales.
En las factorías se comercializan tanto los cereales dedicados a la
alimentación humana como a la animal. Su almacenaje y conservación requiere
cuidados sencillos pero laboriosos, cuantificados minuciosamente en las fuentes:
desde encabir los graneros, remover el grano, cernerlo y medirlo, hasta airearlo o
trasladarlo para frenar el proceso de fermentación y picado, todo es anotado como
salida de numerario por los salarios pagados a los jornaleros que los ejecutan.
Una vez almacenados, el factor diferencia en sus “relaciones” los adquiridos
en las cuartaciones de diezmos de los que compra a particulares; los recolectados
por “siembra a medias” con los vecinos, de las cobranzas de préstamos para
simiente o consumo, y aún de los trasvases entre administraciones. Su monto
global se convierte en “entradas” de un libro conjunto. Con ese monto atenderá la
doble finalidad perseguida en cada factoría: subvenir de una parte al abasto en los
pueblos adscritos a la factoría y de otra extraer el cereal hacia el mercado catalán.
Las cantidades contabilizadas como entradas representan sólo una parte de
las finalmente comercializadas y, aún así, la mayor parte de los años suponen la
adquisición en una sola administración de tanto trigo como el que era posible
almacenar en los silos del pósito municipal de Fraga. Naturalmente, tal cantidad de
granos supera las necesidades del abasto local, lo que evidencia la oportunidad de
su venta o préstamo en otros pueblos o de su extracción a Cataluña. Cuando
compra granos con este propósito, suele hacerlo en el momento oportuno del año
conveniente y en el lugar adecuado. Sin prisas, mediante su tupida red de
información permanente. Pero casi nunca compra directamente. Cortadellas
advierte a su administrador del método a utilizar: "Si podias fer comprar per una
ma segura y dissimulada dos o trecents cahíces de blat fesho, que crech valdra mes
que seda, ni que fossen sinch cents. Faras be de acudir a Montsó per diners, tambe
als çobrants de Fraga y Sena si conve”. 396
298

Es decir, cuando se presenta una buena oportunidad, ordena a su factor
recoger dinero allí donde lo halle para acaparar todo el trigo accesible en el
mercado, de forma disimulada, mediante hombres de paja. Ahí es donde la
compañía pierde su apelativo de comercial para convertirse en especuladora. Tal
vez ahí se asimila a los comerciantes de tejidos y otros géneros, que cobran en
grano sus ventas “al fiado”, para revenderlo al mejor precio y convertirse de este
modo en “polilla de los pueblos” como advirtió Pérez Sarrión. 397 La documentación
permite comprobar que esta táctica no es única ni siquiera ocasional; se repite con
cierta frecuencia. En Fraga, en más de una ocasión, estas compras quedaron
truncadas por la escasa discreción de los intermediarios elegidos. Cortadellas utiliza
además todas las formas de presión en la compra de granos: desde su ventajosa
posición obliga a los vendedores a tomar lo que por contra él nunca admite: vales
Reales en lugar de efectivo. 398
Respecto de la venta de granos, el análisis de las factorías de Ballobar o de
Fraga permite demostrar que, de las dos finalidades perseguidas, -abasto de los
pueblos comarcanos y exportación-, la Compañía se dedicó con mayor intensidad a
la segunda que a la primera, aunque no con la rotundidad con que se ha afirmado
hasta ahora. La estrategia observable a largo plazo parece indicar que la apuesta
por el propio mercado local no era desdeñable, aunque las tácticas empleadas por
la compañía cambiasen de un año a otro en función de la cantidad de la cosecha,
de los precios en el mercado comarcal, del riesgo en la exportación y, finalmente,
del beneficio alcanzable en el mercado catalán. En este sentido, los datos
cuantitativos avalan esta afirmación respecto de la estrategia, y la correspondencia
de Cortadellas con sus factores demuestra las diferentes tácticas de temporada.
Durante los primeros años la estrategia fue la extracción de trigo hacia Cataluña.
Durante su primer quinquenio de actuación en el Bajo Cinca ni un solo cahíz de
grano se empleó en satisfacer la demanda local. Pero muy pronto, cuando la crisis
finisecular se acentuó, la factoría se adaptó a vender, prestar o sembrar buena
parte del trigo y casi toda la cebada en su poder a clientes locales y comarcanos a
los precios corrientes en el almudí de Fraga o en el de Barbastro.
Por otra parte, la venta local y comarcal manifiesta mayor continuidad que la
extracción. Si los datos oficiales de su contabilidad son fiables, algunos años no se
extrajo de la factoría hacia Cataluña ni un sólo cahíz de grano. Y casi siempre lo
vendido en el mercado comarcal superaba lo extraído. 399 La extracción a Cataluña
era la devoción que perseguía practicar, pero vender o prestar a los vecinos
comarcanos era la obligación de la que no podía escapar.
El grano que no se expide hacia Cataluña o se vende en la botiga acaba
prestado para la siembra o sembrado a medias con los lugareños. En este sentido,
299

la compañía se adapta a lo que venía haciéndose en Aragón al menos desde el siglo
XVI, como en su día expuso Mateos Royo. 400 Pero no deben confundirse sus
préstamos con los de los pósitos públicos. Los Cortadellas son comerciantes
estables y reconocidos y están acreditados para obtener beneficio de sus
operaciones, aunque no manifiestan un criterio único y general en todas las
situaciones crediticias. Dejan que cada administrador decida el tipo de interés a
establecer en su zona, de acuerdo con circunstancias concretas. La compañía
presta trigo, cebada o avena a precios que comparados con otros de las mismas
fuentes parecen precios corrientes de venta. Pero en realidad son más elevados
para un mismo mes, incluyendo un interés que fluctúa entre un seis y un doce por
ciento. 401 Otras veces el precio no se concreta en el momento de escriturar y pactar
las condiciones del préstamo, y se determina que será "el más alto (a que) se
venderán en el almudín de Fraga o Barbastro, a saber hasta el mes de Junio, los
que se han de cobrar ese mes, que así está puesto el pacto en los vales”. 402
Las relaciones mensuales remitidas por las factorías detallan puntualmente
dichos préstamos realizados ante notario, con un prestatario cabeza de lista y unos
compañeros mancomunados. Son escrituras de comanda en las que no se anota
ningún tipo de interés, y sí solamente el coste adicional de la escritura, -dos o tres
duros-, que deberán satisfacer los prestatarios. Los grupos de labradores así
constituidos aparecen año tras año en las relaciones y la lista de deudores aumenta
sin cesar de un año al siguiente. El préstamo de granos para la siembra es el mejor
ejemplo de que la compañía lo vive como una obligación para con los vecinos de
aquellos pueblos donde es arrendataria de rentas feudales o de diezmos.
El préstamo para el consumo es infrecuente en las fuentes, y cuando
aparece es para significar su estrategia: el factor sólo presta para el consumo si las
garantías de devolución son máximas; presta sólo a quien ya tiene grano o a quien
va a poder devolverlo en especie de seda. Los prestatarios del primer grupo, que
deben devolver “grano por grano” en el momento de la cosecha, están sin
excepción en la nómina de los hacendados, infanzones, abogados, médicos,
religiosos o viudas ricas. 403 No he encontrado en Fraga ejemplos de otros grupos
sociales. Cortadellas responde a las peticiones de estos prestatarios personalmente,
a vuelta de correo; y se pone a su disposición para cualquier otro “encargo” que le
pidan. La influencia social de muchos de ellos puede serle útil en el futuro y de ahí
el trato ventajoso del “grano por grano”.
En cambio, el préstamo a los menesterosos tiene usualmente otra finalidad:
cambiar cereal por hilo de seda. La compañía les prestará grano para su consumo
sólo cuando garanticen la devolución de su valor con la seda de la próxima cosecha.
Naturalmente, se les exigirá que la entreguen “al primer precio”, es decir, en los
300

primeros días después de hilada, cuando su abundancia obliga a mantener precios
de venta bajos y ventajosos para los compradores. El prestatario pobre no puede
esperar al aumento del precio cuando la seda escasee en el mercado: o la entrega
sin resistencia o dejará de participar en futuros préstamos que con seguridad habrá
de menester.
Otra de las variantes del tráfico de cereales utilizada por la compañía es la
“siembra a medias”. 404 Por aceptar sembrar a medias los vecinos se hacen
acreedores a un pequeño adelanto de pienso que el factor les prestará para
alimentar a sus caballerías hasta la recolección. La figura conocida del aparcero a
medias o mediero es aquí sin embargo doble. Unos son medieros de fincas
pertenecientes a señores temporales cuyas rentas ha arrendado la compañía y la
relación es por tanto la tradicional entre el propietario (en este caso el arrendatario
Cortadellas) que pone terreno y simiente y el subarrendatario o mediero que aporta
su trabajo. En cambio el otro tipo de mediero establece una relación no basada en
la propiedad o posesión de la tierra por parte de la compañía sino que la tierra es
enteramente suya, del labrador, y la compañía pone solamente el grano, todo el
grano. Cortadellas siembra su grano en la tierra de un labriego y éste, después de
laborear, acepta entregarle la mitad de lo recolectado. El sistema está indicando la
impotencia y debilidad de un ‘mediero’ que, poseyendo él la tierra, por no verse
capaz de retornar una simiente tomada en préstamo, prefiere no arriesgar nada a
cambio de ceder al final la mitad de la cosecha. Con el paso de los años, la práctica
cada vez más frecuente de la siembra a medias, el cultivo directo de algunas fincas
adquiridas por la compañía como consecuencia de impagos, y la gestión de otras,
propias de señores que se las arriendan, acabaron convirtiendo algunas “factorías
de explotación” en “administraciones de labranza”, modelo de factoría que
disgustaba a los patronos, por el elevado riesgo que suponía “la dependencia de
una climatología adversa”.
Finalmente, el último objetivo de la compañía en el tráfico agrícola es la
venta directa a los vecinos de los productos ensilados desde la cosecha. Durante
seis meses al año, de octubre a marzo, abre sus graneros y lagares y pone a la
venta en la botiga trigo, centeno, cebada, avena, aceite y vino cuyos precios serán
los corrientes en el mercado comarcal. La venta, sin embargo no es ingenua, como
no lo era el préstamo. Cortadellas nos hace ver de nuevo a través de sus puntuales
cartas las intenciones de la compañía en este terreno. Después de extraído todo el
grano que puede enviarse a Cataluña, no debe comenzar a venderse el restante sin
observar si se ha podido sembrar “con buen tempero”, porque eso será indicio de
dónde deben situarse los precios de principio de temporada. No debe venderse de
forma continuada sino sólo cuando dejar de hacerlo “levante” algún reproche
301

público. Se debe procurar vender sólo “a fanegas y no a cahíces”, lo indispensable
“para remediar las necesidades más urgentes”. 405 No debe venderse a todos sino “a
los seguros”. Se pone en cambio mucho énfasis en que los precios de venta sean
los corrientes para no señalarse frente a otros vendedores. La atención de
Cortadellas al proponer precios a sus factores se fija en las previsiones de futuro
más que en los datos de la demanda presente; de una parte está siempre atento a
la evolución de la meteorología para adelantarse a las expectativas sobre la
siguiente cosecha y por tanto determinar la tendencia de los precios; y de otra, su
atención se centra en el puerto de Barcelona, valorando las incidencias de la
importación internacional de granos. Machaconamente, Cortadellas repite una y
otra vez las mismas instrucciones a sus hombres en todas las administraciones de
Aragón. No es posible por tanto afirmar que carece de información económica
fidedigna.
La compañía como ejemplo de “un mundo que vive al fiado”.
Junto al préstamo de granos para la sementera y el consumo, Cortadellas se
dedica a vender “al fiado” caballerías de labor y de tiro a labradores y arrieros en
tres o cuatro teóricos plazos anuales cuando los tiempos parecen favorables. Pero
tal vez en mayor medida que en grano o ganado, Cortadellas adelanta también
dinero en efectivo.
Las operaciones más aparentes en este sentido las realiza directamente
como intermediario financiero en favor de algunos nobles y señores aragoneses; así
por ejemplo, en una sola fecha -enero de 1802- es capaz de proporcionar
numerario al Marqués de Ariño, a don José Aguado, procurador del Señor Conde de
Bureta, y a don Francisco Antonio Campos, procurador del Señor Comendador de
Miravet todos personajes de conocida relevancia social. En cambio, de forma mucho
más anónima y cotidiana, cuando llega el tiempo de la recolección de granos,
cuando es preciso contratar peones para las tareas agrícolas, los labradores acuden
a los factores para que les presten dinero. Estos lo prestan pero sólo si es "a cuenta
de seda" o con “vales de lana”. Es el momento del año en que el factor se siente
más generoso. Es también el momento en que espera conseguir más. Por supuesto
sólo presta a quienes ofrecen garantías y, además, haciéndolo de este modo se
asegura frente a otros compradores no sólo la devolución del préstamo sino lo que
le importa más, la adquisición para la compañía de la seda hilada en los pueblos de
su administración o de la lana trasquilada.
Durante los meses de junio y julio los factores reciben miles de libras
jaquesas procedentes directamente de los amos o de otras administraciones. El
dinero irá a parar a manos de los vecinos de los pueblos de la Ribera del Cinca:
302

Ontiñena, Alcolea, Estiche, Belver, Albalate, el propio Ballobar, Chalamera o Fraga,
que los emplearán en los gastos de la siega y trilla. Pero esta función financiera se
aplica también a otros sujetos: adelanta plazos de arriendos al mayordomo del
obispo o a la Marquesa de Ayerbe, paga la congrua a curas dependientes de un
abad y fía burros y mulas y presta efectivo a particulares. Un vecino pide dinero
para comprar un buey; otro para ‘comprar’ un soldado "por haber caído quinto su
hijo"; todo “al fiado”. A veces fía a individuos singulares y a veces a grupos,
comandados por el cabeza de lista; cargarán con la deuda solidariamente, ellos o
sus fianzas. Igualmente la compañía acepta “empeños” o ventas a carta de gracia
que sus factores escrituran religiosamente. 406
Con el paso de los años, el número de morosos e incobrables creció pese a
las advertencias de prestar en “manos seguras”, con proporción a las posibilidades
del que pedía, afianzados en escrituras de comanda u obligación, y casi siempre
con cláusulas de devolución en especie o mediante consignaciones de seda o lana.
La exigida “devolución en especie” de los créditos fue sin duda una de las
razones para el descalabro final de la compañía en la mayoría de sus factorías. 407 Y
junto a las deudas del período prebélico, la propia guerra de la Independencia sería
causa determinante de su cierre por la paralización del sistema de arriendos, 408 por
la desarticulación temporal del mercado de granos, de seda o ganado, por la
imposibilidad de extraerlos hacia Cataluña y por las consecuencias negativas
posteriores en orden a la recuperación de cultivos, de mano de obra y de fuerza
animal. Concluido el conflicto, una renovada incapacidad para devolver los
préstamos por parte de los supervivientes hubo de ser otra de las razones que
movieran a los sucesores de los Cortadellas a no continuar la experiencia
mantenida durante más de cuarenta años en Aragón.
Pese a su fracaso final, el ejemplo de los Cortadellas y de otras compañías
actuó en la zona como un revulsivo. La mentalidad de algunos aragoneses estaba
cambiando. Se habían acostumbrado ya a la actuación de aquellos comerciantes
cuando sólo cincuenta años antes lo normal era su prohibición por las autoridades
regionales y locales, en el convencimiento de que la coalición de personas en el
ámbito comercial se convertía en un monopolio que influía negativamente en las
posibilidades económicas del vecino particular. Tampoco temían que, en el comercio
de granos, "dar la vuelta al trigo dos y hasta tres veces en el año" fuera
enriquecerse más allá del límite de lo justo.
Cada factoría había actuado como una tienda abierta al público sin tasa
municipal, en la que los precios eran fijados libremente por los factores siguiendo
los consejos de su amo, quien disponía de una visión global en cada comarca y
conocía muy bien las previsiones de importación desde el extranjero a los puertos
303

catalanes. Algo también totalmente impensable hasta entonces, puesto que los
gobernantes municipales habían procurado siempre limitar al máximo esta libertad
en los precios. El considerable trasiego de personas, mercancías de todo tipo y
sobre todo de capital circulante, produjo imitadores entre los aragoneses de la
zona. Quienes como los Monfort fragatinos aceptaron compartir riesgos y beneficios
con la compañía como porcionistas en los arriendos de diezmos, aprendieron ese
juego de la mano de un socio poderoso, avezado en múltiples actividades, con
experiencia de años en el negocio.
2.3.5 Los imitadores locales y su aparente fragilidad.
Pascual Madoz, al referirse a los diezmos en la provincia de Huesca, emitía
una dura opinión sobre los arrendatarios, tanto de la época absolutista como de la
incipiente etapa liberal. Luego de referirse a la oposición tenaz al diezmo que él
mismo había observado en su tierra natal, criticaba la explotación de la provincia
“por miserables agiotistas que hicieron grandes fortunas, perjudicando
grandemente a los pueblos” y formando grandes compañías que impedían muchas
veces a los labradores lugareños participar en las subastas. Por si esto fuera poco,
denunciaba el compadreo entre los arrendatarios especuladores y algunas juntas
diocesanas en las que aquellos tenían “cómplices”. (Los Cortadellas tenían en Lérida
un hermano canónigo). Por eso la preferencia de unos arrendatarios sobre otros. 409
Hacía mucho tiempo que el sistema de arriendo de diezmos era percibido
desde la Corte como un mal en sí mismo, por el encarecimiento que infringía en los
precios de los productos agrícolas básicos. Y pese a ello, quienes tenían en su mano
la posibilidad de modificarlo –señores temporales, obispados y otras instituciones
eclesiásticas- preferían seguir con él, por más cómodo y seguro, pese a tener que
compartir sus rentas con terceros. Las autoridades civiles observaban con
preocupación un sistema considerado abusivo, por lo que en 1797 la Real Cámara
publicaba una orden con el propósito de mentalizar a los partícipes en diezmos de
las ventajas del sistema de administración directa sobre el de arriendo. La orden
especificaba en sus ítems los abusos observados en la práctica y recomendaba su
administración por “personas de probidad”, preferentemente los mismos
interesados y en especial los eclesiásticos. 410
Consecuente con la Real Orden, el Consejo de Castilla distribuía al año
siguiente una circular dirigida a los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Cabildos y
demás Prelados eclesiásticos del Reino “relativa a suspenderse por ahora las
subastas públicas de rentas decimales por entender que son ocasión del aumento
injusto de los precios y del acaparamiento de los frutos por parte de traficantes”. El
Rey entendía que los arriendos hechos en subasta daban lugar a una fingida
304

escasez de los frutos de primera necesidad ocultos en una sola mano, amén de
adquirir los arrendatarios, sobre las diezmadas, otras cantidades (de granos),
“haciendo un tráfico perjudicialísimo a la causa pública”. El sistema alejaba de los
eclesiásticos los productos en cuyas manos servirían para socorrer las necesidades
del pueblo y los ponía en manos de traficantes que lo supeditaban todo a su
interés. En cambio, si eran administrados por los propios interesados acabarían
mejor repartidos y a precios más moderados. Además, su exacción se haría “con
más dulzura y condescendencia que por medio de los compradores”, sin reservarlos
para los meses mayores, “con el torpe deseo de aumentar su precio”.
Por otra parte, la circular razonaba que, por el sistema de subasta, “con el
deseo de comprar muchos lo que uno solo vende” se producían pujas con premios y
alicientes, a lo que había que añadir los gastos de los arrendatarios en los viajes,
estancia en el pueblo del contrato y coste de las escrituras ante el notario, con lo
que el propio arriendo alcanzaba un precio desmesurado, que repercutía luego en
los de venta de los productos. La circular concluía señalando el ejemplo de “algunas
iglesias” que habían abolido ya las subastas, lo que espoleaba la decisión del rey
Carlos IV para suspender en adelante su continuación. 411
En el ámbito de los partícipes de diezmos de Fraga (mitra, capítulo y
ayuntamiento) tan sólo el capítulo eclesiástico se hizo eco de la orden regia y por
una sola vez. En 1800 solicitaba del Consejo de Castilla “…que en virtud de la Real
Cédula de 23 de Junio de 1798, se declare haber cesado la escritura de venta
otorgada en 11 de Diciembre de 1797 a favor de Juan Soler, de los frutos decimales
y primiciales y que pueden administrarlos por sí.” 412 Su decisión sin embargo, duró
tan sólo lo que duraba el arriendo de aquel vecino de Igualada, quien lo había
suscrito por un período de cuatro años. Cuando llegó la ocasión de un nuevo
contrato, en el año agrícola 1803-1804, volvieron al sistema de subasta, ganada en
esta ocasión para dos cosechas por el fragatino Antonio Cruellas. Volvían con ello al
sistema de arriendo habitual.
Madoz constataba con sus datos y opiniones el predominio de los grandes
traficantes y compañías arrendatarias de diezmos desde la liberación del comercio
de granos. Y sabemos que buena parte de ese predominio correspondió a los
Cortadellas. Incluso con anterioridad a dicha libertad, desde al menos 1761,
Francisco Cortadellas (el padre de los hermanos Cortadellas) es arrendatario de los
diezmos del Gran Priorato de Cataluña, por subarriendo a un comerciante de
Manresa. 413 Luego, entre mayo de 1785 y abril de 1789 los Cortadellas lo son de
todos los derechos del obispo de Lérida en la diócesis, tanto en los pueblos
aragoneses como en los catalanes. 414 Y desde 1785 hasta la guerra de la
Independencia la compañía de Calaf arrendó sin discontinuidad la parte del diezmo
305

correspondiente a la mitra en el llamado “priorato de San Pedro de Fraga” del que
hablaré por extenso en el próximo epígrafe. Aunque en realidad los Cortadellas no
habían sido ni los pioneros ni los únicos.
Antes que la compañía se hiciera con el monopolio del obispado de Lérida,
otros arrendatarios habían servido al diocesano en este ámbito. Respecto del
derecho del obispo en el priorato de San Pedro de Fraga lo habían hecho en el
cuatrienio de 1768-1782 el comerciante de Reus Raimundo Nicolau, quien aportó
como fianzas del arriendo a Miguel Boronat de Borjas Blancas y a Esteban Mallada,
del pueblo de Alcanó. En el siguiente cuatrienio, 1772-1776, entra en el ámbito del
diezmo el “tendero de paños” de Fraga Joaquín Monfort, quien aporta como fianzas
a los fragatinos Isidro Jorro, al infanzón don Miguel Aymerich y al labrador de
Lérida Anastasio Jordá. El cuatrienio siguiente lo escrituran el comerciante de Lérida
Antonio Prous y el mismo Joaquín Monfort como porcionista, junto a sus fianzas
Pablo Plana y el mismo Anastasio Jordá, ambos labradores de Lérida. Y todavía,
antes de que los Cortadellas entraran en liza por esta porción del diezmo, el
cuatrienio 1780-1784 fue arrendado por el comerciante de Montblanch José
Alfonso, en compañía con José Ortega también comerciante de Reus y José Vies,
labrador de La Granadella como fianzas. 415 En los primeros años del XIX, la
compañía de don José Moragas acaparó la mayor parte de los arriendos de la mitra
de Lérida y del cabildo de Roda, hasta que tuvo que apartarse del arriendo principal
durante el primer año de la guerra, por disposición de la Junta superior de
Cataluña, que se apoderó no solamente de todos los novenos, sino también de
mucha parte de diezmos, por causa de las grandes necesidades del momento,
como sucedió también en Aragón. 416
Respecto de la parte del diezmo correspondiente al capítulo eclesiástico de
Fraga conocemos el arriendo de la compañía de Pedrós y Sagristá de Manresa en
1793-1794; la de José Jordana y Parera, también de Manresa, hace lo propio en
1798-1799, teniendo como porcionista a los Cortadellas y como fianza al fragatino
Joaquín Miralles; la compañía de Juan José Soler de Igualada lo arrienda en 1800,
como ya hemos visto, para rescindirlo cuando el capítulo decide llevarlo por
administración. Desde entonces y hasta el inicio de la guerra de la Independencia,
el capítulo acudió al nuevo arrendatario general en la diócesis: la compañía de José
Moragas, con subarriendo de los frutos menores a la compañía de los Cortadellas.
Es innegable por tanto el predominio en este ámbito de las “compañías”, como
aducía Madoz, aunque frecuentemente dejaron margen de intervención a otros
inversores de menor entidad: comerciantes, tenderos, labradores, ganaderos e
incluso infanzones. Eran sus imitadores.
306

En el archivo histórico provincial de Lérida ha quedado constancia notarial de
las escrituras suscritas por otro tipo de pequeños capitalistas que arriesgan su
dinero en los arriendos: Juan Mensa, comerciante de paños de Lérida, (que aparece
en la documentación de Cortadellas) arrienda el diezmo de los “cuatro castillos” de
Llardacans, Granadella, Torreveses y Aspa desde 1784 y por cuatro años. 417 En
1786, don Ambrosio Barber, infanzón de Binéfar y luego con descendientes
fragatinos, arrienda los diezmos de varios pueblos de Aragón al seminario tridentino
de Lérida. 418 Antón Prous, negociante de Lérida, arrienda en 1788 los diezmos del
cabildo de la catedral en los pueblos de Almenar, Alfarrás y Torre de Santa María
pertenecientes al capiscol de Lérida. Sus fiadores eran en esta ocasión Jaume
Godia, “ganadero de Alcarraz” e Isidro Oliver. En 1790 arrendaron los diezmos del
capiscol los “payeses” Anastasio Jordà y Joan y Josep Orquia, ambos de Lérida. 419
El sobrino de Antón Prous, Isidro Jorro (inmigrante leridano en Fraga) participa
como fianza en el arriendo de los diezmos de Zaidín, que se escrituran a favor de
Juan Orquia, Antonio Corts y Jaume Godia, ahora calificado como “payés” de
Alcarrás en 1776 para cuatro años. 420 De nuevo el mismo Jaime Godia es fianza en
el arriendo del diezmo correspondiente a la mitra en Zaidín en 1785 y para otros
cuatro años. Godia venía siendo uno de los comarcanos más activos en todo tipo de
arriendos: desde 1767 era arrendatario “casi permanente” de las carnicerías de
Lérida. 421 Con estos ejemplos, vemos cómo pequeños “hombres de empresa” de las
comarcas próximas arriesgan sus capitales en la recaudación del diezmo.
Del mismo modo, en el libro de arriendos de diezmos conservado en el
archivo catedralicio de Lérida aparecen otros comerciantes, casi siempre de paños,
de Lérida, Barbastro, Monzón y otras localidades ribereñas del Cinca, que
evidencian la participación mayoritaria de los “comerciantes” en su gestión. Pero si
se consultan fuentes locales, y, en el caso que nos ocupa las relativas a Fraga, aún
aparecen otros pequeños arrendatarios, porcionistas y fianzas. Tempranamente,
algunos fragatinos entraron en este ámbito. No con la cuantía monetaria de las
grandes compañías, pero sí con capitales de envergadura similar a la de sus propios
patrimonios.
El primero en aparecer ha sido el comerciante fragatino Monfort, pero en
realidad un año antes, en 1771, el labrador hacendado “don” Miguel Cabrera Mañes
arrienda el diezmo del capítulo, con el también fragatino José Aribau como
porcionista. Su ejemplo es seguido por otros vecinos, preferidos por el capítulo a
los postores forasteros. Sin duda la cualidad se segundones de familias principales
que poseen muchos de los eclesiásticos capitulares explica dicha preferencia,
aunque la frecuente insolvencia de los arrendatarios les obligue a buscar “manos”
foráneas.
307

En el cuatrienio 1774-1777 por ejemplo, Domingo y Andrés Labrador, Miguel
Juan Rodríguez y José Cónsul, “labradores” y vecinos de Fraga arriesgan un capital
anual de 4.000 libras en los frutos decimales del capítulo. Pronto alegan no poder
pagar la mitad del arriendo suscrito y proponen a los eclesiásticos cobrar la deuda
de sus propias cosechas o retrasar el cobro al final de los cuatro años. Acuden al
Real Acuerdo para detener el embargo de sus bienes, alegando “la esterilidad de los
tres últimos años y escasez de cosechas”. Es decir, la fragilidad del capital líquido
con que cuentan los arrendatarios “labradores” les deja pronto al margen del
sistema, sin que vuelvan a arriesgarse en el futuro, aunque no queda claro en este
caso si su ruina es del todo cierta o en buena parte fingida. 422
Con mayor razón, el caso de otro arrendatario fragatino da cuenta de la
fragilidad con que algunos labradores entraban en el arriendo de diezmos: en 1815
los vicarios de Ballobar y Ontiñena reclaman a Domingo Satorres, “labrador” de
Fraga, ciertas deudas que dicen les debe como arrendatario que fue de los diezmos
y primicia en los años de 1812 y 1813, y que juntas alcanzan las 325 libras.
Satorres es condenado por el corregidor de Fraga a pagar y éste apela ante la
Audiencia. Aduce que en efecto fue arrendatario en 1812, tomando el arriendo del
administrador de Bienes Nacionales del “gobierno intruso” y que por ello se obligó a
pagar la congrua que antes cobraban los vicarios y los reparos ordinarios de las
iglesias. Pero añade que, siendo la parte principal de dichos diezmos la
correspondiente a los corderos, y que siendo aquel año corta la cosecha de granos
y abundante la cría de ganados, ocurrió que en el año 1813 "nuestras tropas
recuperaron la mayor parte de Aragón" y el comisionado para recoger los Bienes
Nacionales (don Manuel Frauca) se llevó toda la décima y primicia de corderos y
que las tropas de Mina se llevaron mucho trigo, y que a él se lo llevaron preso a
Barbastro, donde estuvo encarcelado ocho meses “habiendo salido por último de la
prisión bien purificado, pues se gastó en ella cuanto tenía”. Añade que arrendó por
8.000 duros la décima y primicia de Ballobar, Ontiñena, Sena, Villanueva y
Monasterio de Sigena, y que pagó al gobierno intruso dicho arriendo. Si se compara
el precio del arriendo con el valor catastral de su patrimonio en 1819, la fragilidad
del arrendatario labrador en este caso resulta evidente, aunque no ha quedado
arruinado. 423
Por último, mientras subsiste el diezmo al inicio del período liberal,
contamos con el ejemplo de dos fragatinos que arriesgan capitales en su arriendo.
Los comerciantes de Fraga “don” Camilo Miralles y “don” Cristóbal Calavera Rubira
forman sociedad en 1837. Usualmente trafican con productos agrícolas y con seda.
Gestionan el arriendo del diezmo del abadiado de Ballobar y el de la encomienda de
Ontiñena. Durante toda una década se verán envueltos en un larguísimo pleito con
308

su fianza de Zaragoza –don Juan Vela- por haber dejado de satisfacer el precio de
sus arriendos. 424 En este caso, sus respectivos patrimonios catastrales y su
actividad comercial, –según el catastro de 1832-, parecen ser suficientes para
afrontar el coste del arriendo y su fracaso cabe atribuirlo, mejor, a la acentuada
resistencia que oponen los labradores a satisfacer el diezmo en su etapa final. 425
Analizado el período para el que poseemos datos cuantitativos tanto de la
mitra de Lérida como del capítulo eclesiástico fragatino, parece evidente que el
arriendo cuatrienal del diezmo correspondiente a la mitra sólo podía ser abordado
con solvencia por compañías que manejasen capitales circulantes muy superiores a
los satisfechos en los arriendos. Así, mientras el precio anual del suscrito por los
Cortadellas con la mitra en el priorato de San Pedro oscila entre las 9.750 y las
11.250 libras catalanas anuales durante un período de veinte años, su saldo de caja
en la factoría en Fraga supera –por sí solo- las 6.000 libras jaquesas anuales,
equivalentes a 10.590 libras catalanas. Y cuando en 1807-1808 arrienda los
derechos decimales de la mitra y parte de los del capítulo por 14.000 libras
catalanas anuales, el saldo de caja en su factoría de Fraga rebasa las 18.000 libras
jaquesas. 426 Es decir, el capital de riesgo invertido por los Cortadellas en el diezmo
del priorato de San Pedro es mínimo respecto de su capital total circulante en las
factorías de Aragón. En cambio, cuando vemos arrendar diezmos a labradores o
pequeños comerciantes fragatinos, la exigencia de pago anual al capítulo
eclesiástico está en ocasiones muy próxima al valor catastral de su patrimonio.
Arrendar el diezmo en estas condiciones suponía correr un elevado riesgo.
Como afirmaba Madoz, tanto durante el período absolutista como durante
los primeros años del régimen liberal hasta la abolición del diezmo, algunas
compañías e individuos capitalistas de variada ocupación invirtieron capitales no
desdeñables en la negociación de productos agrícolas derivados del diezmo. Debe
matizarse en cambio la exclusión que de esta actividad de riesgo establece para
medianos agricultores, ganaderos o pequeños comerciantes “lugareños”. Sabemos
que los hubo y que su capacidad de riesgo pudo contribuir en ocasiones a mejorar
su patrimonio, situándolos –cuando no lo eran ya- entre los principales
contribuyentes de sus respectivas localidades, aunque en ocasiones el riesgo
adquirido malbaratara su hacienda. Y todavía más significativo que su riesgo directo
en los contratos parece su papel como avalistas o fianzas locales tanto de
arrendatarios foráneos como de sus convecinos. Ahí se aprecia mejor la potencia
patrimonial de algunos mayores contribuyentes de la cuarta generación.
En concreto, una vez concluida la guerra y desaparecidos los Cortadellas y
otras compañías catalanas del panorama aragonés, serán algunos comerciantes
fragatinos quienes ocupen su vacío en el comercio comarcal de granos. El principal
309

entre ellos es sin duda la familia Monfort que, –como ya hemos visto-, consigue
durante la contienda un privilegio exclusivo del mariscal Suchet para el comercio de
trigo en todo Aragón. 427 Junto a los Monfort, los individuos de la familia Miralles,
dedicados inicialmente a las labores de cerería, son ahora hacendados con
dedicación prioritaria al comercio y préstamo de granos, de manera que, en la
décadas iniciales del siglo XIX, liderarán el mercado comarcal con inversiones de
capital cuya estimación catastral supera los 100.000 reales de vellón entre Camilo
Miralles y su cuñada, la viuda de Salvador Miralles. Le siguen en este ámbito la
familia de los Isach-Salarrullana, y la de los Jorro i Prous a quienes acabamos de
desvelar como arrendatarios, porcionistas o fianzas de diezmos en el período previo
la guerra, y quienes complementan sus respectivas profesiones con su dedicación al
comercio del trigo y de la cebada.
Por otra parte, en sustitución temprana del negocio que los Cortadellas
tenían en el ámbito de la compra-venta de ganados lanares y mulares, la familia de
los Martí se introduce desde las propias peripecias de la guerra como
suministradora de los ejércitos en el punto de Fraga 428 y, concluido el conflicto,
serán sus vástagos quienes intenten monopolizar, junto a los Vera, el tráfico y
venta de reses, lanas y pieles con destino al mercado catalán, además de surtir las
carnicerías locales. Junto a estas dos familias y a una escala menor, otras sagas de
pequeños comerciantes imitarán durante la primera mitad del siglo XIX los hábitos
comerciales aprendidos de los factores de aquella compañía catalana que organizó
en botigas permanentes la actividad comercial sustitutoria de los mercados
semanales y de las compra-ventas tradicionales en el almudí. 429 Un auge comercial
que no decaerá hasta la segunda mitad del siglo XIX.
La oposición de las autoridades al acaparamiento del “trigo de cobranzas”
había supuesto el principio del fin de compañías catalanas como la de los
Cortadellas en el Aragón oriental. La guerra de la Independencia supuso su puntilla,
junto a las deudas incobrables de aragoneses. Frente a su debacle, otros hombres
supieron aprovechar la coyuntura bélica y el vacío dejado por sus maestros para
hacerse con el mercado local y comarcal de cereales, de carne, lana, pieles, seda y
otros productos, tanto los procedentes de rentas decimales y temporales como del
resto de excedentes comercializables. Estos sucesores serán individuos, familias y
linajes fragatinos y comarcanos –miembros de la tercera y cuarta generación de
nuestro estudio- que alcanzarán la cima de la sociedad local como comerciantes y
hacendados. Los Monfort, Barber, Martí, Vera, Miralles, Satorres o Cruellas ya
fragatinos desde generaciones previas o los Prous, Jorro, Aznar, Godia, etc.,
todavía leridanos pero pronto también vecinos de Fraga, coparán junto a sus hijos
los puestos de cabeza en la sociedad fragatina de la cuarta generación.
310

NOTAS DEL CAPÍTULO SEGUNDO.
1 NADAL FARRERAS, J. La introducción del catastro en Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal
de Cataluña en tiempos de Felipe V. Universidad de Barcelona. 1971. pp. 63-67.
2 ARTOLA, M. La hacienda del antiguo régimen, Madrid 1982 pp. 236-238, explica entre otras
disposiciones la de exención de contribución por parte de los jornaleros a partir del año 1759.
3 MAISO GONZÁLEZ, J. y BLASCO MARTÍNEZ, R. Mª. Las estructuras de Zaragoza en el primer tercio del
siglo XVIII, Zaragoza 1984, pp. 43-45. Estos autores advierten del “carácter coyuntural e historicista de
la clasificación de Colin Clark y Fourastié”, que denunciaba Josefina Gómez Mendoza, pero reconocen la
falta de solución alternativa. Por ello deciden utilizar la clasificación por sectores de actividad
apoyándose en autores de reconocida autoridad tales como Bartolomé Bennassar en su estudio sobre
Medina del Campo, o el de Antonio M. Bernal, A. Collantes de Terán y A. García Baquero sobre Sevilla.
4 Véase el cuadro I.1 en Cuadros económicos y estadísticos del apéndice.
5 PLA, Lluïsa y SERRANO Àngels, La societat de Lleida al Set-cents. Lleida 1995. p. 67.
6 Es lo que afirman para la ciudad de Lérida HUGUET, Ramona en Els artesans de Lleida, Lleida 1990
p.19; y para Zaragoza MAISO GONZÁLEZ, J. y BLASCO MARTÍNEZ, R. Mª. en “El sector artesano de
transformación a comienzos del siglo XVIII en Zaragoza”, Floresta Histórica. Homenaje a Fernando
Solano Costa. Zaragoza 1984, p. 313. También en Las estructuras de Zaragoza..... p. 88.
7 Así los llaman PLA, Lluïsa y SERRANO Àngels, Ibídem. pp. 240-255.
8 REDONDO VEINTEMILLAS, G. Los gremios en Aragón durante la Edad Moderna. Zaragoza 1981, p. 9.
9
MAISO GONZÁLEZ, J. y BLASCO MARTÍNEZ, R. Mª. Op. cit. p. 18.
10
PÉREZ SARRIÓN, G. “El Censo de Floridablanca en Aragón. Un análisis general”. Revista de Historia
Económica. Año II, otoño de 1984, nº 3. pp. 263-286.
11
PEIRÓ ARROYO, A. Jornaleros y mancebos. Identidad, organización y conflicto en los trabajadores del
Antiguo Régimen. Barcelona 2002, p. 48.
12
VILAR, P. Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España. Barcelona
1982. pp. 70-71.
13
PEIRÓ ARROYO, A. Op. cit. p. 45.
14
PÉREZ SARRIÓN, G. Aragón en el Setecientos. Lleida 1999, pp. 263-264.
15
PÉREZ SARRIÓN, G. “El Censo de Floridablanca en Aragón. Un análisis general”. Revista de Historia
Económica. Año II, otoño de 1984, nº 3.p. 284.
16
PLA, Llüisa y SERRANO, Àngels, Op. cit. pp. 67-69.
17
NAVARRO MIRALLES, L. “Una fuente fiscal: el catastro (s. XVIII), anotaciones metodológicas”, en
Actas de las II Jornadas de Metodología y Didáctica de la Historia. Cáceres 1981, p. 267. Al hablar de
Cataluña, señala que “a los individuos que ejercían sus actividades en los gremios y, en la práctica, a los
campesinos propietarios, se les suponían 180 días de trabajo al año.
18
MUSET I PONS, A. Catalunya i el mercat español al segle XVIII. Els traginers i els negociants de Calaf
i Copons. Publicaciones de la Abadía de Montserrat, 1997. Sus conclusiones en pp. 295-299.
19
A.H.F. C.92-4 Órganos de Gobierno de 1800.
20
ZEMELI, José "Descripción histórica y geográfica de la ciudad de Fraga y sus términos", documento
cedido por Félix Otero, p. 3. El original en B.N., Manuscritos.
21
PEIRÓ ARROYO, A. “Comercio de trigo y desindustrialización: Las relaciones económicas entre Aragón
y Cataluña”. En Actas del Ier Simposio sobre Las relaciones económicas entre Aragón y Cataluña
(siglos XVIII-XX). IEA. Diputación de Huesca 1990. p. 58.
22
A.H.F. C.437-6.
23 LAFOZ RABAZA, H. “La Contienda en Aragón. Revisión historiográfica”. En ARMILLAS VICENTE, J. A.
(coord.) La Guerra de la Independencia. Estudios. Volumen I. Institución Fernando El Católico. Zaragoza,
2001. p. 136. Según este autor, la información la habría solicitado el capitán general Palafox el 26 de
septiembre de 1814 a todos los ayuntamientos de Aragón.
24 BERENGUER GALINDO, A. Fraga en la Guerra de la Independencia. Amics de Fraga, 2003. Véase en
pp. 110-117 y pp. 156-157 el detalle pormenorizado de sus actividades durante la guerra.
25 FONTANA, J. De en medio del tiempo. La segunda restauración española. 1823-1834. Barcelona 2006.
26
A.H.F. C.99-5. Órganos de Gobierno de 28 de septiembre de 1832.
27
El análisis pormenorizado de este cuaderno de industrias permite ver distancias entre individuos de
un mismo oficio que duplican el salario de uno frente al de otro. Así, a los tejedores se les peritan entre
3 y 6 r. v. diarios; a los alpargateros entre 2 y 4 r. v.; a los carpinteros entre 7 y 14 reales, etc.
28
ASSO, I. Op. cit. p. 140 y en especial su “Observación” general sobre la industria en pp. 173-176.
Para el comercio de granos véase pp. 225-226.
29
FORNIÉS CASALS, J. F. La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en el período de la
Ilustración (1776-1808): Sus relaciones con el artesanado y la industria. Madrid, 1978. pp. 41-103 y
136-177. También GOMEZ-ZORRAQUINO, J. I. Los Goicoechea y su interés por la tierra y el agua en el
Aragón del siglo XVIII. Zaragoza, 1989. p. 64. Igualmente MIGUEL LÓPEZ, I. “El sector manufacturero
aragonés en el censo de 1784” en RHJZ, nº. 69-70 de 1994, pp. 193-224. Una síntesis de algunos
311

aspectos en la decadencia del artesanado aragonés en PÉREZ SARRIÓN, G. Aragón en el Setecientos.
Lérida, 1999. pp. 200-220.
30 VICEDO I RIUS, E. Les terres de Lleida i el desenvolupament català al set-cents. Producciò, propietat i
renda. Barcelona 1991. En pp. 45-49 resuelve cuestiones similares destacando rasgos muy parecidos a
los que aquí destacamos: 1º un crecimiento extraordinario de la población activa agraria y, dentro de
ella el de los jornaleros. 2º Un desarrollo notable del sector artesanal –especialmente en las poblaciones
mayores y que tienen un área de influencia comarcal. 3º Un desarrollo notable de los activos dedicados
al comercio y a los negocios, especialmente de los comerciantes-arrendatarios.
31 Con el fin de comparar la situación final del período con la que supuso la máxima diversificación de
oficios en Fraga al alcanzar un nuevo techo demográfico de 1860, he tomado en consideración el
amillaramiento realizado para el nuevo catastro de ese año, cuyo resumen por oficios de los tres
sectores se ofrece en el apartado de Estadísticas I.2 del apéndice documental.
32 PEIRÓ ARROYO, A. Jornaleros y mancebos. Identidad, organización y conflicto en los trabajadores del
Antiguo Régimen. Barcelona 2002. p. 44. No es posible buscar equivalencias entre los datos numéricos
recogidos para Fraga y los de otras poblaciones aragonesas, pese a que el autor los proporciona para
diferentes poblaciones y años, ya que los criterios de clasificación de la población activa parecen diferir
sensiblemente de un lugar y tiempo a otros.
33 A.H.F. C.100-1. Órganos de Gobierno de 14 de diciembre de 1832.
34
GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I. “La burguesía mercantil en el Aragón del siglo XVIII. Consideraciones
sobre su delimitación”. Actes del Congrés Els catalans a Espanya, 1760-1914, Barcelona, 1996 pp. 255-
270.
35
Los cinco de mayor extensión son Zaragoza con 105.990 Has., Egea de los Caballeros con 58.040,
Alcañiz con 47.220, Albarracín con 45.650 y Caspe con 44.540 Has. respectivamente.
36
A.H.F. C.417-7 Secretaría. Aunque el mapa no está fechado, su confección ha de ser anterior al año
1929, cuando la tierra cultivada en la huerta ronda las 2.000 hectáreas, mientras en el mapa se indica
que, en el momento de su realización, eran sólo 1.720 las hectáreas cultivadas. El documento gráfico
inicial ha sido modificado por el autor añadiendo los topónimos menores que aparecen en la
documentación del XVIII y XIX. Así mismo ha reescrito en la leyenda los nombres de las partidas y su
extensión en hectáreas, facilitando de este modo su lectura.
37
El profesor Javier Cangas de Icaza describió en un breve estudio de aproximación el conflicto
generado históricamente entre Fraga y Caspe por la propiedad de esta partida. Con el título de
Valdurrios. Un pleito de siglos entre los municipios de Fraga y Caspe, se publicó en Fraga por el
periódico La voz del Bajo Cinca en el año 2000. La escritura de cesión firmada por el alcalde de Fraga
don Pedro Dueso Poy y el de Caspe, don José Garrido Sancho, se encuentra en A.H.F. C.1245-52 de 17
de marzo de 1952. El plano con la nueva línea divisoria entre los dos términos municipales en A.H.F.
C.297-3 Secretaría.
38
A.H.F. C.295-2. Apéndices del catastro de 1859 fechados en 9 de junio de 1861 y con el título de
“Resumen del nº, clase, calidades y cultivos de los terrenos, casas y ganados de Fraga, que la Junta
Pericial y Ayuntamiento de la misma presentan en vista de las relaciones de los contribuyentes,
evaluaciones, cuadernos de riqueza, amillaramiento y otros datos consultados para la formación del
mismo y de su riqueza imponible”.
39
En 1862, el agrimensor titular don Manuel Carrasco y Castillo certifica haber verificado el perímetro
del término de Fraga, “que arroja una superficie de 44.576 hectáreas, 1 área y 38 centiáreas, que son
451.635 fanegas de la costumbre del país, o sean de 1.800 varas superficiales aragonesas, como puede
comprobarse por el adjunto plano". A.H.F. C.295-1.
40
En ocasiones las autoridades regionales hubieron de tomar cartas en el asunto. En 1788 el corregidor
de Zaragoza enviaba un comisionado para la averiguación de talas de los montes de Fraga. A.H.N.
Consejos, legajo 37.157, expediente nº. 9 del mes de marzo.
41
Véase el Documento II.1 del Apéndice. A partir de 1832 se documentarán en Fraga las primeras
noticias sobre el proyecto del futuro Canal de Aragón y Cataluña. Se expresa ese año el desacuerdo de
los terratenientes de la partida de Litera con el canon a imponer. A.H.F. C.139-2 Acta del ayuntamiento
de 12 de mayo. En 1835 se mantiene la resistencia al pago del nuevo canon. A.H.F. C.139-2 Acta del
ayuntamiento de 11 de enero.
42
COLÁS LATORRE, G. La Corona de Aragón en la Edad Moderna. Madrid 1998, p. 18. Señala cómo
Aragón extendió sus riegos por todas partes: Caspe, Alcañiz, El Burgo, Zaragoza (Acequia Imperial
1529), Luceni, Rueda, Urrea, Plasencia, Tauste, Huesca, Barbastro…, observando como “el regadío
asienta y atrae población, incrementa los recursos y con ellos necesariamente la población”.
43
SALLERAS, J. y ESPINOSA, R. Fraga y el Cinca: sus puentes y sus barcas. Edición de Amics de Fraga y
La Casa de Fraga en Barcelona. Fraga, 1994.
44
La primera ocasión se produce durante la guerra de Sucesión y se tardará dos años en reconstruir el
puente, entre 1710 y 1712. La segunda en 1730, cuando el ingeniero Francisco Mauleón inicia un
expediente para cambiar la madre del río. A.G.S. Secretaría de Guerra, legajo 3515. De nuevo en 19 de
octubre de 1732. A.H.N. Consejos, legajo 22149. expediente nº 9. Otra vez el 28 de mayo de 1740,
tardándose dos años en su reconstrucción. Cuando entra en servicio, una nueva riada el 16 de junio de
1743 rompe ocho de sus arcos. A.H.F. C.129-2 A.A. de 18 de enero de 1744. A primeros de octubre de
1751 vuelve a romperse el puente y no queda recompuesto hasta el 18 de agosto de 1753. Pasan veinte
años sin roturas de importancia hasta que el 18 de diciembre de 1773 una “furiosa avenida se lleva tres
312

arcadas”. En 1778 don Cristóbal Estroquía diseña un nuevo puente, que está construido ya en 1782.
A.H.P.Z. Expedientes del Real Acuerdo y A.H.F. C.410-1 Actas de la Junta de Propios. El 6 de septiembre
de 1788 una riada se lleva el fortín de la cabeza del puente y cinco arcadas, destruye el azud, hunde el
pretil de la carretera real recién construida y las casas contiguas. Se tardará más de un año en
reconstruirlo, hasta mayo de 1789. A.H.F. C.1096-2 y A.H.N. Consejos, legajo 37161, expediente nº. 32
del mes de noviembre de 1788. Pasarán desde entonces treinta y seis años sin que el puente sea
derrotado por el agua hasta el primero de octubre de 1824 cuando una riada se lleva cuatro arcadas e
inutiliza otras dos. A.H.F. C.139-1 A.A. Finalmente, el 10 de octubre de 1839 una riada impresionante se
lleva 18 de las 24 arcadas. No volverá a construirse un nuevo puente que se pretende definitivo hasta
1847, -el primer puente colgante- aunque se derrumbará en 1852. Reedificado al año siguiente, volverá
a derrumbarse en 1866. En 1883 se inaugurará el puente de hierro que será volado por el ejército
republicano en marzo de 1938.
45 El 6 de septiembre de 1795 se produjo "una avenida extraordinaria en el Cinca, que se llevó la presa,
la cual se reduce a una estacada de madera de pino verde, parapetada de piedras, marcintas y broza.
Habiendo trabajado en su reparación desde el 18 de Septiembre hasta el 29 del mismo mes, ocurrió una
segunda avenida el 4 de Octubre del mismo año que se llevó la obra y hubo que reconstruir la presa de
nuevo, con el dinero prestado por el comerciante Andrés Isach y de otros fondos, mediante obligación
formal que para pagarlo hicieron algunos capitulares del ayuntamiento y otros vecinos hacendados de
Fraga. Las obras costaron, junto con los salarios de los encargados de la acequia y alfarda, 1.609 L. j.
Para repartir dichos gastos se indica que deberá cobrarse la alfarda a razón de 36 dineros por fanega.
A.H.P.Z. Pleitos Civiles C.4583-2, 2ª pieza.
46 En fecha tan tardía como el año 1842 la barca que sustituye al puente en ese momento es sinónimo
de inseguridad incluso con las pequeñas avenidas que se suceden de continuo.
47 En 1820 se recibe una circular de la Diputación Provincial relativa al fomento de las obras públicas
útiles a los pueblos y el ayuntamiento propone, entre otras, la de construir estacadas en la huerta para
defenderse de las riadas con un coste aproximado de 20.000 reales. A.H.F. C.128-2 acta del
ayuntamiento de 9 de noviembre.
48 A.D.L. Rentería, legajo nº. 3, fechado en 1819. Documento cedido por A.E.S.
49 A.H.F. C.1243-1 Protocolos notariales.
50 La primera junta estará formada por los miembros del ayuntamiento, el secretario y los propietarios
don Domingo Mª. Barrafón, don José Rubio Sisón, don Antonio Junqueras, don Ramón Portolés, don
Miguel Jorro y don Andrés Isach y Luzán, y como miembro consultivo el presbítero don Joaquín Vera. De
éstos últimos se cambiarán dos miembros cada año, siendo sustituidos por otros dos propietarios
arraigados. A.H.P.Z. Expedientes del Real Acuerdo de 10 de julio de 1818.
51 Se han conservado las Ordinaciones de la villa de Fraga hechas por el Muy Ilustre Sr. Doctor don
Bartolomé Pérez de Nueros, ciudadano de Zaragoza, y comisario real para la insaculación de oficios de
gobierno que se hizo en la villa en 1685. La ordinación XVII trata en efecto “de estacadas y desvíos del
río, para que no haga daño en la huerta”. p. 44.
52 A.H.P.Z. Real Acuerdo. Libros de Consultas e Informes de 1757, Zaragoza a 30 de abril.
53 En 1800, el corregidor Serrano Belezar eleva un memorial a S. M. y alega entre otras actuaciones
beneficiosas para Fraga la de haber mandado construir “cinco frondosas alamedas a la salida del puente,
consolidadas con árboles..., cuyos paseos se van adornando con asientos de cantería simétricamente
puestos; de suerte que Fraga parece ya otra, habiéndose además enriquecido con un abundante vivero
de árboles, de que absolutamente carecía, para reemplazar y adelantar las alamedas, que al mismo
tiempo sirve de antemural al río, y evita los daños que con sus avenidas sentía la huerta, en cuyas obras
ha expendido el suplicante algunas cantidades de su bolsillo, con gusto, para acreditar con ello el
cumplimiento de su obligación”. A.H.N. Consejos, legajo 37205, expediente nº. 96 del mes de agosto.
54 El ayuntamiento acuerda que se publique en Madrid, en la Gaceta, en el Eco del Comercio, Eco de
Aragón y Boletín oficial de la provincia, la contrata para las obras de canalización del Cinca, por si alguna
empresa quiere hacerse cargo de las mismas. A.H.F. Acta del ayuntamiento de 7 de julio de 1842.
55 A.H.F. C.128-2 Acta del ayuntamiento de 9 de noviembre de 1820.
56 "... En atención a los desórdenes, y descombeniencia que se sigue de que los vezinos de la presente
ciudad saquen los sotos incultos cada uno en su confrontanza, se determina por uniformidad de votos,
que ningún vezino ni habitante pueda sacar soto alguno sin expreso consentimiento del ayuntamiento, el
cual deverá atender a la tierra que tuvo el confrontante o sus antecesores sin dejarle sacar más, y lo
restante del soto que quede a beneficio común. Y aún se da permiso que cada uno en su confrontanza
pueda plantar árboles fructíferos y silbestres. Y que nadie pueda cortárselos en pena de sesenta sueldos
por pie y treinta sueldos por rama. Y que de todo se haga pregón público". A.H.F. C.127-7.
57 A.H.F. C.295-1 Catastro de 1859.
58 OTERO, F. Op. cit. tomo I, p. 32 cuantifica las tierras nuevas sacadas en diferentes partidas de la
huerta durante las dos últimas décadas del siglo XVII. Lo que indica que el proceso de incremento en la
extensión de la huerta vieja no es un fenómeno nuevo del siglo XVIII, sino –al menos- del principio de la
recuperación demográfica de fines del Seiscientos.
59 Firmaban el informe el doctor Lorenzo López de Porras y don Nicolás Alfo Blasco, de Zaragoza, el 18
de marzo de 1721.
60 A.H.F. C.1245-40.
313

61
A.H.F. C.127-2 Acta del ayuntamiento de 24 de marzo de 1717. El listado –no conservado- de estos
terratenientes debía recogerse en un libro de reparto, junto a los vecinos de Fraga. En 1719 vuelve a
hablarse en ayuntamiento de los terratenientes de Mequinenza, Torrente, Masalcoreig y Velilla que
tienen masadas en el término de Fraga. A.H.F. Acta del ayuntamiento de 25 de junio.
62
Ordenanza del Intendente de Aragón don José del Campillo y Cossío, de 7 de enero de 1738, dada en
Zaragoza. En ella se dan una serie de normas sobre los bienes que deben cargarse, y entre ellas: "Que
se execute por las justicias y regidores actuales de cada pueblo, justificadamente a proporción de las
rentas, caudales, haciendas, tratos, comercios y grangerías de los vezinos, como también sobre aquellos
fondos de tierras, que de forasteros estuviesen situados en el término, o territorio de cada pueblo".
A.H.F. C.129-1.
63
A.H.F. C.965-9. En 1728 se trabajan en Valdurrios por parte de varios terratenientes 281 cahíces de
tierra. A.H.F. C.959-5. Cabreos de rentas.
64
A.H.F. C.410. Actas de la Junta de Propios. Dos años después se repite similar situación. A.H.F.
C.133-2. Acta del ayuntamiento de 18 de enero.
65
El libro confeccionado este año detalla 45 contribuyentes de Mequinenza, 28 de Torrente, 22 de Velilla
y 15 de Masalcoreig. Son en total 110 terratenientes forasteros que representan el 14,32% de los
contribuyentes. A.H.F. C.1059-2.
66
A.H.F. C.289-11 y A.H.N. Consejos, legajo 37.359, expediente de marzo nº. 27 de 1789.
67
A.H.F. C.139-2 Acta del ayuntamiento de 16 de febrero.
68
A.H.F. C.146-1 Acta de 25 de septiembre, y orden del B.O.P.H. nº. 43 bajo el nº. 144.
69
A.H.F. C.129-2.
70
A.H.F. C.131-1.
71
LLOPIS, E. (ed.) El legado económico del Antiguo Régimen en España. Barcelona 2004, Artículo
introductorio del propio Llopis. pp. 30-31.
72
SÁNCHEZ SALAZAR, F. "Los repartos de tierras concejiles en la España del Antiguo Régimen” en
ANES, G. (ed.) La economía española al final del Antiguo Régimen. Madrid 1982, p. 192.
73
Ibídem, pp. 198-204.
74
Ibídem, p. 208-209.
75
Ibídem, p. 216. La legislación sobre el reparto de tierras concejiles fue la siguiente: Provisión de
2/5/1766 extensiva a Extremadura; provisiones de 12/6/1767 y 29/11/1767 que hacen extensivos los
repartos a La Mancha, Andalucía y luego a todo el reino. Provisión de 11/4/1768 aclarando las dudas
surgidas con la puesta en vigor de las anteriores. La Provisión de 26/5/1770 deroga las anteriores por
haber provocado el efecto contrario al perseguido. Se declaran vigentes los repartos ya hechos. Se
ordena repartir en arrendamientos todas las tierras "de propios, arbitrios o concejiles". La Provisión de
29/11/1771, como adición a la anterior. Los decretos de 28/4/1793 para Extremadura y de 2/3/1801
para la Junta de la Diputación en Madrid de la Sociedad Cantábrica.
76
GARCÍA SANZ, A. “El reparto de tierras concejiles en Segovia entre 1768 y 1770” en Congreso de
Historia Rural. Universidad Complutense, Madrid 1984. pp. 251-260.
77
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona 1981.
78 Véase una copia de la Real Provisión en A.H.P.Z. Libro del Real Acuerdo de 1770.
79 BERNABÉ GIL, D. “Vocabulario de análisis para los bienes de propiedad colectiva” en Revista Studia
Historica, de la Universidad de Salamanca nº. 16 de 1997, p. 131, afirma que con la multiplicidad de
usos públicos y privados ..."la tradicional dicotomía que suele establecerse entre bienes comunales y de
propios acaba por difuminarse un tanto”. Del mismo modo, en MARCOS MARTÍN, A. España en los siglos
XVI, XVII y XVIII. Economía y Sociedad. Barcelona 2000, p. 187.
80 En 1756 Fraga sostiene un pleito con el capítulo eclesiástico y el obispo por las tierras de la "partida
de Moros que de presente se han establecido puestas en cultivo" y sobre las que cree tener derecho de
cobro del noveno, frente al derecho general del obispo y capítulo de cobro del diezmo. A.H.F. C.131-1.
81 SEBASTIÁN AMARILLA, J. A. en el libro colectivo editado por LLOPIS, E. El legado económico del
Antiguo Régimen en España, p. 151 afirma que “... En las regiones del Levante mediterráneo tuvo lugar
un importante proceso roturador iniciado antes de 1700. El protagonismo correspondió, más que a los
tradicionales cereales de secano, a la plantación de vides y olivos y, en las áreas en que pudo asociarse
a la ampliación del regadío, a la intensificación de las labores, prosperando el arroz, el maíz, las moreras
y distintos frutales y plantas de uso industrial”.
82 A.H.P.Z. Real Acuerdo. Expedientes de Zaragoza de 1770, nº. 2.
83 FERNÁNDEZ CLEMENTE, E. “La crisis de la ganadería aragonesa a fines del Antiguo Régimen. El caso
de Cantavieja”, en Teruel nº 75 de 1986. pp.95-140 y “Sobre la crisis de la ganadería española en la
segunda mitad del siglo XVIII” en C.I.H. BROCAR, nº 12, 1987. pp. 89-101. También en LATORRE
CIRIA, J. M. “La producción agraria en el sur de Aragón (1660-1827)”. en Historia Agraria nº 41, abril
2007. pp. 3-30.
84 A.H.P.Z. Real Acuerdo. Expediente de súplica de doña Teresa Coll, viuda de don Lorenzo Barber en
1768, solicitando se la incluya en el reparto.
85 OTERO, F. Op. cit. p. 32.
314

86 Desde la alfarda de 1715 se ubican en la Partida dels Barrafons más de 250 fanegas de tierra
cultivada; una partida que tradicionalmente se había utilizado como zona de pastos del común de
vecinos, al menos desde el siglo XV. A.H.F. C.118. Actas del Consejo de 2 de febrero de 1468 y 6 de
julio de 1466. En fecha tan tardía como 1796 se nombra el prado de Vermell como zona común a la que
tendrán acceso los bueyes de labor como reducto de pastos en la huerta. El 9 de octubre de ese año se
modifica la ordinación nº. 49 de la Ordenanza municipal: hasta entonces los bueyes sólo podían entrar
en las huertas entre noviembre y abril. Desde ahora podrán entrar en los campos propios todo el año,
pero en ningún momento en los ajenos. A.H.F. C.135-2 Acta del ayuntamiento de 29 de septiembre. El
aumento de fincas sobre el terreno común obligaba a buscar un reducto común de pastos –la adula- en
la Huerta Vieja.
87 Resumen de datos propio a partir del documento del A.H.F. C.412-2.
88 Los peritos agrimensores dicen que en total la partida ocupa 562 cahíces, 4 fanegas y 10,5 almudes
de tierra, "que serán equivalentes en regadío a 6.030 fanegas de Aragón ó 753 cahizadas y 6 fanegas,
por motivo de tener más terreno un cahíz de monte que uno de huerta”. Si se buscan las equivalencias
en varas cuadradas y en metros cuadrados, -tomando la fanega de 1.600 varas cuadradas- se ve que la
cahizada en la Partida del Secano se estimaba en 17.148,66 varas cuadradas y 10.218,88 m2 que está
algo por debajo del cahíz de 5 tornalls o cahizada antigua de 18.000 varas cuadradas y 10.728 m2.
A.H.F. C.412-2.
89 A.H.F. C.138-2. Acta del ayuntamiento de 12 de agosto de 1819.
90
A.H.F. C.133-2 Acta del ayuntamiento de 2 de mayo.
91
A.H.F. C.420-6.
92
A.H.F. C.416-3.
93
La circular del jefe político de Huesca inserta en el boletín nº 57 de 13 de mayo de 1842 daba
instrucciones a los ayuntamientos acerca del mantenimiento y protección de los montes. En su sesión de
22 de mayo, el consistorio disponía “vigilar con el más ardiente celo para evitar los excesos de su
referencia, sin embargo de haberse evitado el mal ya de un modo notable por lo que toca a esta
población, habiéndose suprimido la concesión y señalamiento de todo terreno inculto de la procedencia
de Propios o del común”.
94
VICEDO i RIUS, E. Les terres de Lleida i el desenvolupament català del set-cents. Producciò, propietat
i renda, Barcelona, 1991. p.70.
95
A.H.P.Z. Pleitos Civiles, C.5151-6.
96
A.H.F. C.133-1. Actas del ayuntamiento de marzo.
97
A.H.N. Consejos, legajo 37150 de 1786. Expediente nº. 23 del mes de junio.
98 A.H.P.Z. Pleitos Civiles C.5988-2.
99 A.H.P.Z. Pleitos Civiles C.691-3, 3 piezas. Además, el intendente condenaba a los regidores que lo
habían sido entre 1764 y 1778 a reponer en el arca 1.990 L. j. que faltaron al pasar las cuentas.
100 A.H.F. C.135-2. Actas de las sesiones de 5 y 24 de febrero.
101 A.H.F. C.138-1 acta del 19 de septiembre. “El ayuntamiento anterior concedió a Rubio un pedazo de
tierra en la partida de Litera de catorce cahizadas de cabida... y habiendo ocurrido alguna cuestión sobre
tal señalamiento, el secretario, en calidad de escribano Real, testificó escritura con fecha 26 de Julio
último, en cuya virtud, Antonio Martínez y María Canales, cónyuges, venden a favor del citado Rubio una
porción de tierras sitas en dicho término, que se suponen incluidas dentro de los mojones de la señalada
a éste, por precio de 88 L. j., quedando por este medio transigidas las cuestiones que pudiesen
suscitarse entre los citados Rubio y Martínez”.
102 A.D.L. Rentería, legajo nº 3 de 1819. Documento cedido por A.E.S.
103
OTERO, F. Op. cit. p. 31.
104
A.H.F. C138-2. Acta del ayuntamiento de 18 de septiembre.
105
A.H.F. C.138-2. Acta del ayuntamiento de 1 de octubre de 1820.
106
A.H.F. C.139-2. Acta del ayuntamiento de 21 de noviembre de 1836.
107
PÉREZ SARRIÓN, G. Aragón en el Setecientos. Lleida 1999. p. 167.
108
BADOSA COLL, E. “El cercamiento de tierras en Cataluña”, en Revista de Historia Económica. Año II,
otoño de 1984 nº 3. pp. 149-161.
109
BERNABÉ GIL, D. Revista Studia Historica, Historia Moderna de la Universidad de Salamanca nº 16
de 1997. p. 139.
110
A.H.F. C.296-6.
111
A.H.F. C.139-2. Actas de 23 y 25 de julio de 1838.
112
A.H.F. C.140-1 Acta del ayuntamiento de 10 de noviembre de 1842.
113
A.H.F. C.140-1, papel suelto y actas del ayuntamiento desde el 9 de junio al 1 de agosto de 1842.
114
A.H.F. C.140-1 Actas del ayuntamiento de 13 de enero de 1845.
115
ARTOLA, M. La hacienda del Antiguo Régimen. Madrid 1982, p. 419.
116
PESET, M. Dos ensayos sobre historia de la propiedad de la tierra. Madrid 1982, pp. 76-79.
117 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona 1981, pp. 513-514
"Entre las medidas tomadas para reforzar la Hacienda y levantar el crédito público, la más trascendental
315

fue la desamortización de 1798. El 6/10/1800 Pío VII concedió un noveno extraordinario sobre los
diezmos que produjo 31 millones de reales. Poco antes, la Real Cédula de 30/8/1800 que creaba la Caja
de consolidación de vales, exigía de los religiosos la mitad de las fincas donadas por la Corona. Mucho
más grave fue el decreto de 15/10/1805, que, con autorización del Papa Pío VII, ordenó la venta de
fincas eclesiásticas hasta un valor de 6.400.000 reales anuales, que capitalizados al 3% serían 215
millones. Otro golpe aún más fuerte fue el Breve de 12/12/1806 autorizando al Rey a enajenar la
séptima parte de todas las propiedades eclesiásticas".
118 A.H.P.Z. Pleitos Civiles C.2604-12.
119
A.D.L. Torres 19, de 19 de abril de 1807.
120
A.H.P.Z. Pleitos civiles, C.4679-1.
121
BERENGUER GALINDO, A. Fraga en la guerra de la Independencia. Amics de Fraga, 2003, pp. 88-94.
122 VILAR, P. Op. cit. p. 191.
123 ÁLVAREZ JUNCO, J. Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX. Madrid, 2001. p. 235.
124 A.H.P.Z. Bienes Nacionales. C.725, 20 de agosto. En la escritura de afianzamiento del cargo, Rubio
obligaba su casa, varias heredades en la huerta y un huerto, con un total de más de cien fanegas de
tierra. Presentaba como fiadora a su segunda esposa, doña Tomasa Caviedes y Valle, una heredera más
rica que él, descendiente de los antiguos Carvi de Fraga.
125 A.H.P.Z. Bienes Nacionales, C.726. 4 de julio de 1810
126
A.H.P.Z. Crédito Público, C.1021.
127
A.H.F. C.138-1 Acta del ayuntamiento de 25 de julio de 1811.
128
A.H.F. C.1222-5
129
A.H.P.Z. Crédito Público, C.1018 de 1822.
130
A.H.P.Z. Pleitos Civiles C.859-5, primera pieza.
131
A.H.P.H. Hacienda, legajo 16012-1. La heredad llamada Torre de los Frailes, del convento de
trinitarios, estaba dada en parte “a medias” a Joaquín Royes. El resto arrendada a trece vecinos en
contratos a seis años. La parte de la finca ubicada en la Huerta Nueva arrendada a nueve arrendatarios
por tiempo de doce años. La masada de La Tallada cedida en usufructo con el cargo del noveno de
frutos. Las siete propiedades rústicas de los Agustinos estaban igualmente arrendadas por tiempo de
tres o un año en la huerta, o dadas en usufructo por el noveno de frutos y por tiempo indeterminado en
el monte. El huerto de Capuchinos en los Alcabones es requisado junto a la casa convento y la iglesia
contiguos.
132
A.H.F. C.232-13 Boletín Oficial de Huesca nº 108, de 22 de diciembre de 1837. Isach proponía a sus
superiores de Zaragoza efectuar nuevos arriendos con condiciones más beneficiosas para el Crédito
Público, pese a que los “prelados” de los conventos habían contratado “confidencialmente” en el
momento del inventario con otros arrendatarios condiciones ventajosas a éstos. A.H.P.Z. Bienes
Nacionales, Crédito Público. C.1045 (C.43).
133
COSTA FLORENCIA, J. La ciudad de Fraga y su partido judicial durante el reinado de Isabel II. 1833-
1868. Edición del propio autor. Huesca 1994, pp. 56-58.
134
A.H.P.H. Hacienda, legajo 16012-4.
135
A.H.P.H. Hacienda, legajo 16126.
136
A.H.P.Z. Pleitos Civiles C.3985-2, pieza 3ª de cuatro.
137
A.D.L. Alonso y Vecino, legajo 20. Documento cedido por A.E.S.
138
Las Cortes de Cádiz decretan el 4 de enero de 1813 el repartimiento y venta de todos los terrenos
baldíos, realengos y de propios y arbitrios; sólo se exceptúan los ejidos de aprovechamiento comunal, y
utilizados generalmente para el ganado. Los propios deberían enajenarse a censo perpetuo, permitiendo
así sufragar los gastos municipales.
139
A.H.F. C.97-1 Órganos de Gobierno de 15 de marzo.
140
A.H.F. C.141-1. Actas del ayuntamiento de 8 de marzo de 1855.
141
GARCÍA CÁRCEL, R. El sueño de la nación indomable. Los mitos de la guerra de la Independencia.
Madrid, 2008. En p. 246 este autor argumenta el fuerte localismo de la época separando el concepto de
“patria” y de “nación”, y afirma “... es bien patente que sobre el concepto de nación primó siempre el de
jurisdicción. Lo que realmente afectaba a un individuo era su vinculación a una familia, su condición de
sujeto paciente de una administración real o señorial o eclesiástica con una monarquía lejana y sólo
presente a través de funcionarios de tercer grado. La conciencia jurisdiccional fue prioritaria respecto a
la conciencia nacional”.
142
COMÍN, F. HERNÁNDEZ, M. Y LLOPIS, E. Historia económica de España ss. X-XX, Barcelona 2002.
p.178.
143
DE CASTRO, C. La Revolución Liberal y los municipios españoles. Madrid 1979, pp. 187-197.
144 A.H.F. C.141-1. Acta del ayuntamiento de 2 de marzo de 1856.
145 A.H.F. C.295-1. El secretario del ayuntamiento certifica en 1869 el producto durante un decenio del
arriendo de los pastos de la Partida de Estorzones, que es la que ha quedado como bien común después
de la desamortización, y del ademprio de San Simón, como bien del hospital: en conjunto no rebasan
ningún año los 10.500 reales. Al año siguiente, la Comisión Principal de Ventas de Bienes Nacionales de
la provincia de Huesca denuncia al ayuntamiento de Fraga porque entiende que en realidad estas
316

“pardinas” son también bienes de Propios y no comunes como éste pretende, y le acusa de “fraude y
ocultación en perjuicio de la Hacienda”. A.H.F. C412-11. y A.H.F. C.412-10.
146 COSTA, J. Colectivismo agrario en España. Zaragoza 1983, tomo I, pp. 31-33.
147 En 1888 se votó una ley que declaraba caducados los derechos de los pueblos que no hubieran
efectuado las gestiones procedentes, con lo cual ingresaron numerosas tierras en el cupo de bienes
enajenables. De hecho, hubo de otorgarse nuevas prórrogas a los pueblos.
148 A.H.F. C.296-6.
149 Su encabezamiento reza: “Relación de los expedientes y solicitudes que se han incoado en este
ayuntamiento, pidiendo la legitimación o título administrativo, sobre los terrenos repartidos o roturados
arbitrariamente a que se refiere la ley de seis de Mayo de 1855, y cuyas peticiones han sido registradas
según prescribe la Real Orden Circular de 21 de septiembre de 1865”.
150 A.H.F. C.296-6.
151 A.H.F. C.296-9.
152 SÁNCHEZ SALAZAR, F. “Los repartos de tierras concejiles en la España del Antiguo Régimen” en
ANES, G. (ed.) La economía española al final del Antiguo Régimen. Madrid 1982, pp. 214-255.
153 COSTA, J. Colectivismo agrario en España. Zaragoza 1983, Tomo I, p176-178.
154
FONTANA, J. La crisis del Antiguo Régimen, 1808-1833. Barcelona 1979, p. 268.
155
SHUBERT, A. Historia social de España (1800-1990). Madrid 1991, pp.12-13.
156
LÓPEZ MUÑOZ, P. Sangre, amor e interés. La familia en la España de la Restauración. Ediciones de la
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 2001, p. 176.
157
VICEDO RIUS, E. Les terres de Lleida i el desenvolupament català del set-cents. Producciò, propietat
i renda, Barcelona, 1991. p. 361, lo afirma respecto de payeses, comerciantes y arrendatarios de
diezmos. PÉREZ SARRIÓN, Guillermo hace lo propio respecto de los jornaleros y de los arrendatarios
indígenas y catalanes en “Capital comercial catalán y periferización aragonesa en el siglo XVIII. Los
Cortadellas y la Compañía de Aragón” en Pedralbes, nº 4. Barcelona, 1984, p. 223.
158
CASTILLÓN CORTADA, F. “Política hidráulica de templarios y sanjuanistas en el valle del Cinca
(Huesca)”. En R.H.J.Z. nº 35-36 de 1979, pp. 381-445. Los ejemplos anteriores en pp. 389-391.
159
COLAS LATORRE, G. La bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII. Zaragoza, 1978, pp. 36-46. Luego
en “Las transformaciones de la superficie agraria aragonesa en el siglo XVI: los regadíos. Aproximación a
su estudio”, en Congreso de historia rural (siglos XV-XIX), Madrid 1984. pp. 523-534. Posiblemente sea
aplicable a Fraga la tesis del profesor Colás respecto de los regadíos durante el siglo XVI: “el crecimiento
demográfico originó un movimiento de roturación de tierras que terminó con su puesta en regadío”.
160
FERNÁNDEZ-CLEMENTE, E. y PÉREZ-SARRIÓN, G. “El siglo XVIII en Aragón: una economía
dependiente”, en FERNÁNDEZ, R. (ed.) España en el siglo XVIII. Barcelona, 1985, p. 592.
161
FORNIÉS CASALS, J. F. Fuentes para el estudio de la sociedad y la economía aragonesas 1776-1808.
Documentos citados en las Actas de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.
Zaragoza, 1980.
162
GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I. Los Goicoechea y su interés por la tierra y el agua en el Aragón del siglo
XVIII. Diputación General de Aragón. Zaragoza, 1989.
163
BERENGUER GALINDO, A. La dificultad de un nuevo cauce. En torno a la acequia nueva del secano
de Velilla, Fraga y Torrente de Cinca 1774-1841. Institut d’ Estudis del Baix Cinca. Fraga, 1999.
164
A.H.P.Z. Expedientes del Real Acuerdo, caja Fraga 1787-1788.
165 En carta de 16 de Julio de 1819, remitida por el cura Obis a don José Vidal, gobernador del obispado,
se relata la construcción inicial de la acequia y las previsiones de rendimiento de las tierras regables. El
cura aprovecha entonces para recalcar que "... el Obispo Villar quiso habilitar la acequia con el valor de
ciertas haciendas... e invertir su valor, que se regulaba en 7.000 duros, en la indicada obra, supliendo
S.I. de sus rentas lo que faltase hasta su total perfección". A.D.L. Documento cedido por A.E.S.
166 A.H.N. Consejos, legajo 22.398, expediente nº 3.
167 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1981 pp. 410-412.
168 OTERO, F. Op. cit. tomo I, pp. 31-32. da como extensión total para el año 1715 la de 9.170 fanegas.
Al analizar de nuevo estos documentos he rectificado alguno de los datos elaborados por este autor por
contener errores de suma y por haber incluido como pertenecientes a Fraga las 126 fanegas de la
partida de Daimuz, que en realidad pertenece al vecino pueblo de Velilla. Otero compara las alfardas de
1685 y de 1715. De su estudio se desprende el aumento de las “explotaciones” mayores de 20 fanegas,
con lo que se percibe un cierto grado de concentración en la posesión de la huerta vieja después de la
Guerra de Sucesión.
169 A.D.L. Rentería, legajo 3, del año 1819.
170
Con motivo de una reestructuración de las Ordinaciones de Fraga, en 1494, se incluye entre otras la
siguiente: "Item, que ningún bestiar no gos entrar en lo mont ni en Litera en restoll ningún, entretant
que los trillons (fajos de mies) e serán, en pena de vint sueldos de día e trenta de nit". A.H.F. C.119
Acta del Concejo de 24 de febrero, folio 149v. Referencia cedida por Ramón Espinosa.
171
Según el profesor Gregorio Colás, “eso mismo ocurre en Zaragoza cuando se barrunta que va a
llegar la Acequia Imperial”.
172
Véase el Cuadro I.6 del apartado Cuadros Económicos y Estadísticos del Apéndice.
317

173
DONEZAR, J. M. Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en el
siglo XVIII. Madrid, 1984, p. 123.
174
Respecto de la primera clasificación, hay historiadores que matizan mucho más al establecer los
diferentes grupos de propietarios. Hay quien habla de propiedad residual, pequeña, pequeña/mediana,
mediana/gran propiedad y gran propiedad. FERRER ALÓS, LL., SEGURA , A. Y SUAU, J. en “La propietat
de la terra al pla de Barcelona”, en Estudis d’història agraria, nº 6, p. 135, nota nº 8.
175
Para el ámbito nacional MATA OLMO, R. y ROMERO GONZÁLEZ, J. “Fuentes para el estudio de la
propiedad agraria en España (siglos XVIII-XX). Balance provisional y análisis crítico”. En Agricultura y
Sociedad, nº 49 de octubre-diciembre de 1988, pp. 209-291. Para el ámbito aragonés, PEIRÓ ARROYO,
A. “Fuentes para la historia de la evolución de la propiedad de la tierra en Aragón (siglos XVIII-XX). en
Actas de las III Jornadas sobre el Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, vol II. pp. 1113-1117.
176
Cifra VICEDO I RIUS, E. Les terres de Lleida i el desenvolupament cátala del Set-cents. Producció,
propietat i renda. Barcelona, 1991, p. 219.
177
PEIRÓ ARROYO, A. Regadío, transformaciones económicas y capitalismo. (La tierra en Zaragoza,
1766-1849). Zaragoza, 1988. p. 43. Establece inicialmente nada menos que doce grupos de propietarios
por su extensión, para finalmente reagruparlos en tres sin calificación expresa: los que poseen 0-2 Ha.,
los que están entre las 2,01 y 50 Has, y los que poseen entre 50,01 y 300 Has. Roberto FERNÁNDEZ,
basándose en varios estudios locales de la Cataluña interior, clasifica la propiedad en las tierras de
Lérida en: pequeña propiedad o límite de subsistencia, hasta 10 jornales de tierra; mediana propiedad:
entre 10 y 20 jornales; gran propiedad: más de 20 jornales de tierra. En Història de Lleida. El segle
XVIII. p. 173.
178
En el ámbito aragonés lo hizo ya en 1981 Carlos FRANCO DE ESPÉS en “La propiedad de la huerta de
Zaragoza. El término del Rabal en 1839”, en Cuadernos de Economía nº 6, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de Zaragoza, pp. 203-211. Luego ha sido moneda común entre los
historiadores interesados en la evolución socioeconómica de los diferentes grupos estamentales del
Antiguo Régimen.
179
En este sentido me parecen paradigmáticos los estudios recogidos en el volumen coordinado por
GARRABOU, R. Propiedad y explotación campesina en la España contemporánea editado por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid, 1992. La mayoría de ellos y especialmente el dedicado a
Navarra por el Grupo de Investigación del Instituto Jerónimo de Uztáriz de Pamplona, p. 105; o el
dedicado al Baix Empordà por Enric Saguer i Hom, quien en nota de p. 273 se refiere a la definición que
ya se hizo respecto de las categorías de propiedad de la tierra en el año 1978, durante el Primer
Col.loqui d’Història Agraria. Todos estos autores refieren sus clasificaciones a la realizada por el profesor
SEGURA i MAS, A. en “Els Estudis sobre l’evolució de l’estructura de la propietat de la terra:
consideracions generals i qüestions de mètode (ss. XVIII-XIX), en La vida quotidiana dins la perspectiva
històrica, Palma de Mallorca 1985.
180
VICEDO I RIUS, E. Op. cit. p. 221. Vicedo hace su estimación sobre tierras de secano y sitúa la
suficiencia en las 4,6 Has. equivalentes a unos 10,53 jornals. (Un jornal equivale a 4.368,47 m2.)
181
El obispo de Lérida entendía que para calcular adecuadamente el rendimiento en las tierras de
secano debían tomarse cinco cosechas: una buena, una mediana, una mala “y dos nada”, siendo el
rendimiento correspondiente a cada una el de 6x1, 4x1 y 3x1. A.D.L. Rentería, legajo nº 3. Por su parte,
VICEDO I RIUS, E. Ibídem, pp. 83-84, da rendimientos similares para las tierras de secano de las
poblaciones leridanas durante el siglo XVIII. O Pierre VILAR, en su Catalunya... tomo II de Ed. Crítica, p.
227, señala como la cifra más constante para el cultivo de trigo en el secano la de 4 por uno, aunque si
llueve bastante pueda alcanzarse el diez por uno.
182
VILAR, P. Ibídem, estima para el regadío la posibilidad de alcanzar el quince por uno. PEIRÓ A. en
Regadío... p. 104 establece el rendimiento medio del diez por uno en el regadío “aunque no era extraña
la producción del 18 ó 20 por uno”. Para el caso de Fraga, los eclesiásticos entienden que en años de
buena cosecha a fines del XVIII se conseguían cosechas de hasta el 20 por uno en la huerta vieja y del
diez por uno en la huerta nueva los años en que comenzó a regarse, antes de ser abandonada la nueva
acequia. A.D. L. Rentería, legajo nº 3.
183
A.H.F. C.960-2. Alfarda de 1715.
184 A.H.F. C.289. Catastro de 1751-1752.
185 Alfarda de 1929 recogida en A.H.P.Z. Pleitos Civiles C.859-5.
186 KRIEDTE, P. Feudalismo tardío y capital mercantil. 7ª edición, Barcelona 1989, p. 23. “El modo de
producción feudal contenía asimismo elementos progresistas. Los auges seculares impulsaban el proceso
de acumulación. El aumento de los precios y la caída de los salarios reales favorecían las explotaciones
de mayor magnitud y les abrían la posibilidad de aumentar sus posesiones. Las crisis de subproducción,
que se multiplicaban en la parte final de la fase de crecimiento secular, aceleraban el proceso de
concentración, y la distribución desigual de la tierra la hacía agudizarse aún más. Las explotaciones
grandes sacaban provecho de la crisis; las entregas al mercado disminuían, pero los ingresos
aumentaban como consecuencia del alza de los precios. Las pequeñas eran arrastradas, en cambio, en el
torbellino de la crisis. No sólo tenían que detener sus entregas al mercado sino que se veían obligadas a
cubrir sus necesidades más urgentes comprando en el mercado y a contraer deudas. Al final de este
proceso estaba con frecuencia la venta de parte de la tierra”.
187 El catastro de 1751 carga a los jornaleros por su jornal dos cantidades distintas: a unos los carga
con 1 sueldo, 8 dineros mensuales y a los otros con 12 dineros mensuales; la mitad que a los anteriores.
318

Hemos efectuado el análisis de la tierra de regadío que posee cada contribuyente de este estrato,
agrupando como jornaleros habituales a los primeros y como jornaleros ocasionales a los segundos
(dejando al margen a los jornaleros sin tierra). El resultado del análisis muestra que los jornaleros
habituales poseen un promedio de 7,54 fanegas de tierra en la huerta, mientras el promedio de la
poseída por los ocasionales alcanza las 8,35 fanegas. No son dos posesiones muy distantes: apenas una
fanega de diferencia promedio. Pero es obvio que, habitualmente, la suficiencia se sitúa en ambos casos
por encima de las respectivas extensiones medias o, dicho de otro modo, en años de buena cosecha la
suficiencia estaría muy próxima a las ocho fanegas.
188 Cifra: MILLÁN y GARCÍA-VARELA, J. Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo
político en el sur del País Valenciano, 1680-1840. Alicante, 1984, p. 64.
189 No es posible conocer con precisión el patrimonio de regadío de los Monfort en este catastro por
estar incluidos entre los forasteros y haberse perdido parte del volumen catastral que contenía los
contribuyentes de Torrente y de otros pueblos de la comarca.
190 Por lo cargado a cada poseedor de ganado de labor en el catastro personal podemos apreciar las
diferencias en el coste de su adquisición: el animal más valorado es la mula, por cuya unidad, en 1789
por ejemplo, se cargan 4 s. 6 d. de cuota anual; por un caballo 3 s. 1 d.; por un buey de labor 2 s. 2 d.;
y por un jumento 1 s. 8 d.
191 A.H.F. C.1025-1. En el libro de industrias de 1789 se carga a Lorenzo Flordelís “por la tercera parte
(que) tiene en un par de mulas”. Otro tanto ocurre con Salvador Novials y con la viuda de Francisco
Florenza.
192 Mariano PESET en Dos ensayos sobre historia de la propiedad de la tierra. Madrid, 1982, p. 40
advertía que “la aparcería deja escasas huellas -son verbales muchas veces- y con múltiples variantes;
se hallan en retroceso claro en la Edad Moderna frente a formas de arrendamiento. Son contratos en
virtud de los cuales propietario y campesino se ponen de acuerdo para suministrar la tierra y el trabajo
respectivamente, señalando las aportaciones de cada uno en semilla, animales, etc., y dividiendo por
partes alícuotas las cosechas. Las posibilidades de variación son grandes en las proporciones, incluso
pueden y son frecuentemente distintas para cada cosecha. Sin duda se emplearon con cierta amplitud
en los tiempos históricos, pero han ido desapareciendo; hasta fines del XIX parece que todavía se
conservan con firmeza en Cataluña, Valencia, Navarra, etc.”
193 A.H.F. C.127-1. Acta del concejo de 20 de mayo de 1703.
194
COLAS LATORRE, G. La Corona de Aragón en la Edad Moderna. Madrid 1998. p. 58.
195
A.H.F. C.959 Cabreve de rentas.
196
A.H.P.Z. Pleitos Civiles Antiguos, referencia 825. En 1700, el colector del derecho de noveno afirma,
-como testigo del concejo de Fraga en el pleito de aprehensión de estas fincas-, que lo ha cobrado de 12
heredades en la huerta y 21 masadas en varias partidas del monte. El ayuntamiento pretende que están
sujetas al pago del noveno por ser originariamente tierras de moriscos 55 heredades en la huerta con
una extensión aproximada de 260 fanegas; ocho huertos cerrados con extensión de 24 fanegas; y 31
masadas y campos en diferentes partidas del monte con una extensión total aproximada de 470 cahíces
de sembradura pertenecientes en ese momento a 66 vecinos.
197
A.H.F. C.131-1. Actas del ayuntamiento. El 28 de septiembre de 1769 los representantes del capítulo
eclesiástico piden al ayuntamiento que, “de acuerdo con la Concordia establecida en 21 de Diciembre de
1698 entre el abogado Fiscal y Patrimonial de S. M. en el Reyno de Aragón con Despacho Real y la
entonces villa de Fraga, según la cual muchas tierras tanto de monte como de huerta están afectas al
derecho de novenera, cuya percepción corresponde a la ciudad, y teniendo en cuenta que en aquella
concordia se establecía que cada 10 años los dueños de las tierras debían antipocarlas para que se
sepa”, ruegan al ayuntamiento se pase a mojonar, de acuerdo con el obispo de Lérida o sus
representantes, dichas tierras, para saber cuáles deben pagar novenera y cuáles diezmos. El
ayuntamiento había consultado con sus abogados de Zaragoza, quienes le respondían su falta de
derecho al cobro del noveno sobre las nuevas tierras establecidas en cultivo, aunque lo fueran en la
“partida de Moros”.
198
ESPINOSA CASTELLÁ, R. Trabajo inédito acerca de la Corte del Justiciazgo de Fraga en el siglo XVII.
199
A.H.P.Z. Pleitos Civiles Antiguos, referencia nº. 825, de 1698-1700.
200
A.H.F. C.1245-40. Los nuevos terratenientes deben pagar a “su señora” tres sueldos y tres dineros
jaqueses anuales por cada “cafizada” de tierra y el veinteno del brin de azafrán que cogieren en dicho
monte.
201
A.H.F. C.131-2. En 1757 se cita una masada de Antonio Barrafón “arrendada a terraje” a José y
Gaspar Santamaría.
202
A.H.P.Z. Bienes Nacionales, C.734. En 1813 se documenta una “porción de tierra de secano”, junto a
Torrente que los trinitarios tienen cedida a terraje al vecino Miguel Villacampa. Igualmente los agustinos
tienen cedida a terraje una masada de 30 cahíces en la partida del Medio a Pablo Teixidó, vecino de
Fraga.
203
A.H.P.Z. Pleitos Civiles, C.94-2 dos piezas.
204 A.H.F. C.296-6.
205 En 1768 se certifican desde el ayuntamiento las características de las ternas propuestas para las
regidurías y de uno de sus individuos se dice que tiene sus tierras “en administración por medieros”. En
1781, a propósito del cobro de lo correspondiente al excusado de la casa de don Juan Ramón Del Rey,
319

como mayor casa dezmera de Fraga, se indica que lo correspondiente al dueño de la casa debe cobrarlo
el colector del excusado, mientras la parte que corresponde pagar a “los terrajeros a medias”, que
cultivan sus fincas como subarrendatarios, deben satisfacerse al diezmador universal de Fraga. A.H.N.
Consejos, legajo 34.347, expediente nº 38, 2ª pieza. Al año siguiente vuelve a documentarse un
“mediero” en tierras de don Juan Del Rey. A.H.F. C.134-1 de 26 de septiembre. En 1808 se documenta
“un pedazo de tierras dado a medias”. A.H.F. C.1220-10. En 1813 se indica que unas torres en la huerta
pertenecientes a don Domingo María Barrafón eran cultivadas por cuatro “medieros”. A.H.P.Z. Pleitos
Civiles, C.3061-9. En 1822 se indica que “el mediero” de una finca que antes fue de los trinitarios, es un
antiguo fraile del convento que la trabaja con un lego que le sirve de criado. A.H.P.Z. Crédito Público,
C.1018. En 1833 se nombra a los “medieros” de las tierras de don Francisco Barber.
206 ASSO, I. Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza 1983, p. 29.
207 VILAR, P. Cataluña.... tomo II de Editorial Crítica, p. 464.
208 Es lo que ocurría con las fincas de los trinitarios en Fraga, durante la dominación de José I, una vez
nacionalizadas. Por su parte, GÓMEZ-ZORRAQUINO, J.I. en Los Goicoechea... p.148 supone que algunos
contratos de arrendamiento no eran testificados ante notario con el fin de que el arrendatario no
estuviese controlado por la fiscalidad.
209 A.H.F. C.1243-1. Protocolo notarial de Juan Bautista Nicolás.
210 A.H.F. C.1243-1. folio 200. Protocolo notarial de Juan Bautista Nicolás.
211 En 1703 Domingo Tejero arrienda a Roberto Curred un bancal de tierra blanca en la huerta por tres
años y dos meses por precio de 5 L. j., por todo el tiempo, con los pactos siguientes: 1º, el arrendador
podrá quitar la tierra al arrendatario si hubiese menester venderlo, dejándole levantar la cosecha; 2º, en
igualdad de precio de compra, el bancal sería para el arrendatario. A.H.F. C.1245-8, papel suelto.
212 En 1810, Manuel Arellano arrienda una heredad de doña Josefa Isach, viuda, en la partida de Batán,
por 6 años y 7,5 cahíces de trigo anuales, a satisfacer en tiempo de trilla o en la misma era, con cargo
de llevarlo a la casa de dicha Isach. También con la obligación de dejar la tierra en el estado en que la
tomó, esto es, dos fajas labradas a dos rejas y lo demás a una, de conservar las plantas de la heredad y
no poder sembrar panizo en el último año del arriendo. A.H.F. C.1220-27.
213 A.H.F. C.1220-29.
214 A.H.F. C.1245-8. Papel suelto.
215 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, C.2358-1, folio 19.
216 ORTEGA, M. Conflicto y continuidad en la sociedad rural española del siglo XVIII. Madrid, 1993, p.36.
217
A.H.F. C.289-9. Catastro de 1786.
218
ORTEGA, M. Op. cit. p. 84.
219
CAMPOMANES, M. Bosquejo de política económica española, delineado sobre el estado presente de
sus intereses. Editora Nacional, Madrid, 1984, p. 66-67.
220
A.D.L. Torres 19. Rentas de la iglesia de Fraga. Otro ejemplo de 1807 señala que don Antonio Sudor,
vecino de Fraga, posee una finca con su torre de 20 fanegas de extensión. Cuatro de estas fanegas
fueron vendidas por su padre a un vecino de Barcelona, quien mantuvo como arrendatario de ellas al
propio Sudor por ocho duros anuales. A.H.P.Z. Pleitos Civiles, C.132-6 1ª pieza.
221
La denominación censal mort ha de provenir de los inicios de la institución, cuando la redención del
censo no era posible por considerarse un treudo perpetuo. Véase en este sentido el trabajo del autor,
publicado en 1998 por el IEA de Huesca y el ayuntamiento de Fraga bajo el título CENSAL MORT.
Historia De la deuda pública del Concejo de Fraga (siglos XIV-XVIII). La denominación del censal como
“censo gracioso” véase en internet: LÓPEZ DE ZAVALÍA, F. J. “Las rentas reales” pp. 137-155.
222
ATIENZA, A. y FORCADELL, C. “Aragón en el siglo XIX: Del dominio religioso y nobiliario a la
parcelación y pequeña explotación campesina”, en Señores y campesinos en la península ibérica,
Volumen I, p. 138 y ss. afirman que el concepto de territorialidad de la Iglesia en el Antiguo Régimen es
absolutamente difuso y que las instituciones propietarias no conocen -ni se preocupan por saberlo- la
extensión de sus explotaciones. Perciben de ellas una renta fija e invariable y es sólo el cobro anual y
continuo lo que les interesa. Los autores intuyen incluso que no tiene por qué existir relación directa
entre la extensión o producción de una finca y el monto del censo al que está adscrita. Para el caso de
Fraga, he comprobado en multitud de ocasiones que, efectivamente, no se da esa relación directa.
223
Una excelente explicación del mecanismo del censal aplicado a la posesión de la tierra como régimen
de autoexplotación en FERRER I ALÓS, Ll. en “III Jornades d'estudis d'història" celebradas en 1990 y
publicadas en 1995 con el título de El mon rural català a l'època de la revolució liberal, volum I,
Ponencies, p. 39.
224
A.H.F. C.954. Cabreves censales.
225
PEIRÓ ARROYO, A. Regadío, transformaciones económicas y capitalismo. (La tierra en Zaragoza.
1766-1849). Zaragoza, 1988. pp. 117-118.
226
PESET, M. Dos ensayos.... p. 39. La Real Cedula de 26 de mayo de 1770 obligaba al arrendador a
comunicar al arrendatario la posible cancelación del contrato con un año de anticipación. En 1794 la
Corona estableció la imposibilidad de desahuciar, salvo en el caso de que el dueño fuera vecino y
quisiera cultivar las tierras por sí mismo. Una ley de 1805, dictada no por consideraciones de tipo social
o económico sino meramente hacendístico, autorizaba la redención de toda clase de censos enfitéuticos,
320

pero a una tasa de capitalización tan elevada (1,5%) que pocas operaciones de esta clase debieron
realizarse.
227
De la correspondencia epistolar entre la Comisión subalterna de Fraga de la oficina de "Arbitrios de
Amortización" y la Comisión Principal de Aragón, en Zaragoza, pueden extraerse ejemplos de las nuevas
condiciones a que se someten los arriendos de tierras pertenecientes a los conventos suprimidos: el 4 de
octubre de 1835, don Joaquín Isach y Junqueras –comisionado de Fraga- propone que "toda vez que se
ha de poner nuevamente en subasto público la parte de la heredad de la Torre de Trinitarios para ver de
arrendarla... una vez finados los anteriores arriendos”. ... la posibilidad de arrendarlas a los mismos que
las tenían “confidencialmente contratadas con los prelados del convento” y sugiere hacerlo así “siempre
que saque ventaja para el Establecimiento respecto de las condiciones y plazos antiguos”. A.H.P.Z.
Bienes Nacionales, Crédito Público. C.1045 (C.43).
228
A.H.F. C.960-2 Alfarda de 1715. Detalla al margen los cambios operados en la posesión de parcelas
entre la confección del documento y el año 1725.
229
A.H.F. C.290 y 291. Catastro de 1819.
230
TELLO, E. Els origens d'una Catalunya pobra, 1700-1860. Lleida, 1995, p. 101. describe una
situación casi idéntica para Cervera y La Segarra durante el XVIII y primera mitad del XIX: “La intensa
utilización del censal, el contrato de venta a carta de gracia ... para colocar las clases bienestantes los
capitales acumulados, daba lugar a una circulación constante de bienes inmuebles, tierras y casas, entre
payeses y menestrales entrampados, que las perdían en favor de sus acreedores censualistas, y otra vez
a nuevos artesanos, payeses o jornaleros, que se empeñaban para acceder a ellos, comprándolos con
censales... En síntesis, el sistema censalista daba lugar a una constante rotación capital-tierra-capital,
que era connatural a su propia estructura y un factor esencial de su rentabilidad como forma de
ganancia”.
231
A.H.F. C.127-2 Actas del ayuntamiento.
232
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1981, pp. 406-408.
233 Ibídem, p. 351.
234
GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I. Los Goicoechea y su interés por la tierra y el agua en el Aragón del siglo
XVIII. Diputación General de Aragón. Zaragoza. 1989, p. 57.
235
VILAR, P. Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes en la historia de España. Barcelona,
1982, p.138-139.
236
MARCOS MARTÍN, A. España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Barcelona, 2000, pp. 584-623.
237
VICEDO RIUS, E. Les terres de Lleida i el desenvolupament català del set-cents. Producciò, propietat
i renda, Barcelona. 1991. pp. 58-66.
238
Las cosechas “cortas” de 1716 y de 1734, que obligan al ayuntamiento a fijar el precio del trigo para
sus cobros y pagos en 48 reales de plata el cahíz y a prohibir “la saca bajo pena de 60 sueldos y el trigo
perdido”; o la menos corta de 1731, en la que se establece el precio “para la cobranza de los libros” en
40 reales. A.H.F. C.127-2 Acta del ayuntamiento de 8 de julio y C.129-1 acta de 15 de julio. También la
petición que Fraga eleva al capitán general a finales de agosto de 1737 para “buscar y comprar trigo
donde lo encuentre por la gran escasez que hay de él en la ciudad”; la similar necesidad en junio de
1748, cuando el ayuntamiento debe poner a la venta el que tiene guardado en depósito, o la del invierno
siguiente, cuando se solicita del intendente poder comprar trigo para el abasto “donde lo hubiere”. Otro
tanto ocurre en octubre de 1750, en que “por la falta de cosecha” el ayuntamiento decide “hacer pósito
como lo ha executado en los dos años anteriores”. A.H.F. C.130-2 Acta del ayuntamiento de 6 de
octubre.
239
A.H.F. C.128-1. Acta del ayuntamiento de 30 de agosto.
240 A.H.F. C.129-1. Acta del ayuntamiento de 29 de abril. El 18 de abril ya se había acordado realizar
una novena de misas cantadas “como ha sido costumbre executarlo siempre que se ha padecido
sequera”. Ese año, “por lo miserable de él” (la ausencia de trigo que moler) no se cortó el agua de la
acequia ni se limpiaron sus cajeros, lo que –por cierto- parece una contradicción con la menor necesidad
de agua para los molinos.
241 A.H.F. C.130-1 Actas del ayuntamiento.
242 A.H.F. C.133-2 Acta del ayuntamiento de 7 de abril.
243 Los diputados se refieren a los años agrícolas de 1780-1781 y 1781-1782, afectando la falta de
cosecha del primero “tanto al monte como a la huerta, por causa de unas nieblas furiosas que se
produjeron cuando debía granar la mies”; y cuando, durante el segundo, “por falta de lluvias”, muchos
vecinos “se han mantenido y alimentado con pan de cebada y panizo por no tener un grano de trigo, ni
con qué comprarle”. A.H.N. Consejos, legajo 37.173, Año 1781, expediente nº 16 del mes de junio. Al
año siguiente, el ayuntamiento pide permiso para sacar 6.000 duros del sobrante de propios y
emplearlos en trigo para surtir de pan al común. A.H.N. Consejos, legajo 37.127, Año 1782, expediente
nº 7 del mes de mayo. También en A.H.F. C.134-1 Acta del ayuntamiento de 2 de mayo de 1782.
244 A.H.F. C.134-1.
245
A.D.L. Torres 19. Carta de agradecimiento de don Senén Corbatón y Garcés desde Fraga al obispo de
Lérida fechada en 24 de mayo de 1789. Documento cedido por A.E.S.
246
Su Eminencia entiende la conveniencia de hacerlo porque “... además de que así nos lo manda la ley
de la caridad, en ello está y de ello dependen nuestros intereses, pues está bien claro que no sembrando
321

dichos vecinos en el año próximo, no tendríamos diezmos, y si desamparan los lugares, en muchos años
perderemos aquellas rentas”. A.D.L. Torres 19, en carta del obispo al Intendente de 31 de agosto.
247 A.H.F. C.133-2 Acta del ayuntamiento de 15 de febrero. El 7 de abril los diputados del común
proponen “bajar la imagen del Smo. Salvador del Convento de Trinitarios para paliar la sequía que
amenaza perder una excelente cosecha, como no se ha visto en 50 años, y para ver de curar a los 200
enfermos de la ciudad”.
248 Sería el caso -por ejemplo-, de la real orden de 1783 por la que se aplican varias cantidades
provenientes de diversos ramos de la administración a socorrer los partidos de Barbastro, Benabarre,
Huesca y Monegros (en pueblos próximos a Fraga). En Fraga, la inversión serviría para reparar y
acondicionar la carretera real que une Zaragoza con Lérida y, con ello, acudir “a las calamidades de
aguas producidas” y para “mantener la quietud de los jornaleros para que no se conviertan en
mendigos”. A.H.P.Z. Libro del Real Acuerdo de 1783, folio 657.
249 PEIRÓ ARROYO, A. “La crisis de 1763-66 en Zaragoza y el Motín del pan”, en Cuadernos aragoneses
de economía nº 6 de 1981-1982. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Zaragoza, pp.
239-250.
250 El 6 de octubre de 1766 el representante de los nueve pueblos del partido de Monegros representa al
Rey la falta de cosechas que sufren desde el año 1764 y la imposibilidad de hacer frente a la
contribución. Pide que se les exima de la mitad del pago o que se les dé plazo hasta la cosecha del 1767
porque la actual tampoco permitirá ni siquiera recuperar la simiente. También sugiere que se les dé trigo
y cebada para la sementera y que se les exima de luir censos a los acreedores para subvenir con dicho
dinero al pago de la simiente. Insinúan también la posibilidad de poderse regar sus tierras “las más
fértiles y duras de Aragón”. El Fiscal de S.M. aconseja que sea el arrendatario del Excusado de la
diócesis quien provea del trigo y lo cobre de los propios de los pueblos, a quienes lo devolverán luego los
labradores. A.H.N. Consejos, legajo 6.855, expediente nº 28.
251 El alcalde Villanova comunica al Real Acuerdo que el día 28 de abril se detuvo a un individuo de La
Almolda que pasaba una pequeña cantidad de trigo (11 fanegas) con dos bagajes a Cataluña. Y que
aunque el individuo dijo que el trigo era para alimento de su recua, lo tiene detenido. A.H.P.Z.
Expedientes del Real Acuerdo. Caja Fraga 1766.
252 PÉREZ MOREDA, V. “Crisis demográficas y crisis agrarias: paludismo y agricultura en España a fines
del siglo XVIII” Congreso de Historia Rural. Universidad Complutense Madrid, 1984, pp. 333-354.
253 El 6 de septiembre de 1788 una enorme riada se llevó la muralla de la carretera, el puente, algunas
casas y el azud. El 7 de enero de 1789 el diputado del común lamenta que “desde primeros de Octubre
de 1788, hasta de presente, las huertas de esta ciudad y lugar de Torrente están reducidas a secano, ya
porque los arrendadores del azud no cumplieron con su obligación, ya porque sin duda no se les
compelería por términos estrechos de justicia. Ya por la inacción en las providencias que exigía tan
urgente daño. Y ya últimamente por no haberse hecho aprecio de lo expuesto por este Diputado, antes
de serlo”. A.H.F. C.134-2 Acta de ayuntamiento de 7 de enero de 1789. En 23 de abril de 1789 se
entrega del sobrante de propios mil pesos “que el Consejo de Castilla manda entregar al ayuntamiento y
curas párrocos para la limosna que manda este supremo tribunal dar a los legítimos pobres en el
presente tiempo tan calamitoso en Orden de 18 de los corrientes”. A.H.F. C.1096-1. Libro de entradas y
salidas de caudales del arca de propios. En fecha tan avanzada como 1818, el ayuntamiento todavía
recuerda ante el intendente aquella secuencia de malas cosechas y enfermedades que comenzaron el
año agrícola 1788-1789 como “primer año malo”. A.H.F. C.95-5. Órganos de gobierno.
254 A.H.N. Consejos, legajo 37.359, año 1789, expediente nº 27 del mes de marzo.
255 Para el año 1790 y la miseria de los vecinos: A.H.N., Consejos, legajo 37.167, expediente nº 3 del
mes de abril. Para el año 1792 se pide moratoria en el pago del monte pío “por haber cogido apenas la
simiente”. A.H.N. Consejos, legajo 37.178, expediente de 17 de noviembre. Para el año 1793, el 27 de
agosto, la Audiencia informa al Consejo sobre lo representado por los pueblos de Monegros en que
exponen su miseria por la falta de cosechas y piden los auxilios correspondientes para hacer la
sementera. Lo piden los ayuntamientos de La Almolda, Bujaraloz, Valfarta, Peñalba y Candasnos
diciendo que "por cuatro años consecutivos habían sido las cosechas de granos, único producto de aquel
país, escasas," y que si no recibían auxilios se verían precisados a abandonar y dejar desiertos sus
hogares. La Audiencia dice que siente no haber podido emitir antes el informe -lo hace en 1796- porque
ahora ya es inútil, pero indica que "después acá la Providencia ha mirado por los habitantes del distrito
llamado de los Monegros, dándoles mejores cosechas con las que se han socorrido, y la de este año ha
sido por lo menos mediana”. A.H.P.Z. Real Acuerdo, informe de 4 de noviembre de 1796.
256 A.H.F. C.411-3 Secretaría-Arriendos. La junta de propios expone al intendente las razones de la
disminución en el arriendo de la primicia por los “repetidos apedreos que han defraudado la cosecha de
todos los frutos”.
257 A.H.F. C.965-2. Por razón de las heladas, el ayuntamiento, por medio de su síndico procurador
general, pide a S. M. autorización para pagar la contribución del caudal de propios.
258 A.H.F. C.136-3 Acta de la junta de propios de 5 de abril.
259 A.H.N. Consejos, legajo 37.359, Año 1794, expediente nº 27 del mes de marzo. A.H.F. C.135-1 acta
del ayuntamiento de 1 de octubre. En 1797 se pide al “Príncipe de la Paz”, Godoy, la exención de
contribuciones del vecindario, por poder ser satisfechas holgadamente con las rentas de propios. A.H.F.
C.965-2. En 1800 hasta algún infanzón hubo de solicitar del Consejo de Castilla moratoria en el
reintegro de su deuda al pósito por causa de las escasas cosechas. A.H.N. Consejos, legajo 43.733,
322

legajos sueltos nº 118 de 16 de enero. En 1802 nuevas peticiones sobre exención de pago de
contribución y limosnas a los vecinos a cargo de las rentas de propios. A.H.N. Consejos, legajo 37.397,
expediente nº 19 de agosto y legajo 37.398, nº 18 del mes de octubre.
260 El 18 de octubre de 1798 los peritos tasadores de los pastos alegan que no pueden garantizar
siquiera que las cabezas que consideran pueden pastar en las diferentes partidas del monte sobrevivan a
la sequía. A.H.F. C.135-2 Actas del ayuntamiento. En 1803 el precio de los pastos ha descendido por “la
excesiva sequía”. A.H.F. C.136-3 Acta de la junta de propios de 24 de octubre.
261 A.H.N. Consejos, legajo 37.397, año 1802, expediente nº 19 del mes de agosto.
262 A.H.F. C.307-6.
263 En 1802 Joaquín Cabós, tejedor de lienzos, vende un censo para poder comer “...para remediar mi
miseria y pobreza para alimentarme a una con mi mujer en este tiempo de tanta calamidad por las
fatales cosechas y por carecer de todo arbitrio y auxilio, sin poder trabajar ni ganar un jornal en ningún
oficio, a causa de tanta pobreza y sin un bocado de pan”. A.H.F. C.954-20.
264 BERENGUER GALINDO, A. Fraga en la Guerra de la Independencia. Fraga, 2003.
265
A.D.L. Rentería, legajo nº. 3 de 23 de septiembre de 1819 y de 5 de diciembre. También en A.H.F.
C.95-2. Órganos de Gobierno
266
El Intendente Barrafón levanta el apremio por un mes, pero con la advertencia de que si al cabo de
este tiempo no pagan los débitos de contribución del año anterior y de éste, se les enviará apremio
militar. A.H.F. Órganos de Gobierno C.98-4 de 26 de julio.
267
A.H.F. Órganos de Gobierno C.98-7.
268 A.H.P.Z. Expedientes del Real Acuerdo, año 1777, entre el 20 de junio y el 22 de octubre.
269
A.H.F. C.98-7 Órganos de Gobierno de 22 de agosto.
270
SEBASTIÁN AMARILLA, J. A. “La agricultura española y el legado del Antiguo Régimen (1780-1855)”
en LLOPIS, E. (ed.) El legado económico del Antiguo Régimen en España. Barcelona 2004. p. 157.
271 SEBASTIÁN AMARILLA, J.A. Íbidem. p. 164: “Entre 1815 y 1855 numerosos indicios permiten
asegurar que la tendencia al crecimiento agrario fue la dominante en este período y que el protagonismo
correspondió a la producción de cereales, ya que aunque la población aumentó intensamente entre 1815
y 1860, los precios del trigo se mantuvieron bajos y se redujeron respecto de la primera década del
siglo, en las décadas de 1820, 1830 y 1840”.
272
KONDO, A. La agricultura española del siglo XIX, Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación,
Madrid, 1990. pp. 21-28.
273
BERENGUER GALINDO, A. “Un ejemplo para el estudio de los libros de cofradías de oficios: La
cofradía de San Joseph de Fraga”. Revista Argensola nº 107, Huesca 1993, pp. 235-249. Los
manuscritos se encuentran en la actualidad en poder de un vecino particular de Fraga.
274
Corresponden a varios tipos de anotaciones: a) los movimientos del trigo que realiza el
ayuntamiento respecto del pósito y las panaderías; b) las cuentas del hospital de San Vicente para
varios años del siglo XVIII; c) los precios vigentes en la ciudad, certificados en las actas del
ayuntamiento por su secretario; d) con mayor continuidad, la serie de los precios aplicados al “cobro de
los libros de la ciudad” –médicos, bulas, sal, alfarda, etc.- que pueden entenderse como precios
‘políticos’, a tenor de las discusiones que ocasionan entre los regidores hasta ser fijados, y por las
consecuencias que implican; e) por último, las compraventas realizadas entre particulares.
275
A.H.F. Abastos. C.437-7.
276 Los autores cuyas series pretendo cotejar con las de Fraga admiten tomarlas por sus precios
nominales (sin deflactarlos), en la consideración de que, -como reconocía Pierre Vilar- “también los
precios nominales son precios reales, que miden la relación entre unidades de productos y unidades de
moneda”. He uniformizado la serie construida para Fraga y las ofrecidas por la historiografía a reales de
vellón por cahíz para el trigo y otros cereales. Para otros productos las unidades tomadas son la arroba,
el cántaro, etc., y su cabida respectiva responde a la indicada en el epígrafe de metrología incluido en la
Introducción de este estudio.
277 De acuerdo con la técnica propuesta por Antonio Peiró en “Precios y salarios. Fuentes y métodos
para su estudio”. En JEAESA, Daroca, 1984, he tratado los precios del almudí de Fraga entre 1822 y
1848 para obtener primero los índices de estacionalidad media mensual y luego ponderar respecto de
ellos cada uno de los precios encontrados en las fuentes.
278 LABROUSSE, E. Fluctuaciones económicas e historia social. Madrid, 1962, pp. 107-108. “La
depresión estacional se sitúa en la época de la cosecha, concretamente en el mes siguiente, y algunas
veces se prolonga hasta la mitad del año agrícola: el pequeño agricultor vende su trigo después de la
cosecha o en los meses próximos, porque tiene necesidad de dinero o porque no dispone de locales para
almacenarlo y preservarlo de la humedad. Los altos precios estacionales aparecen en la segunda mitad
del año agrícola, cuando la cosecha en pie se anuncia desfavorable... Se aprovechan de esta situación
los que han podido conservar o formar stocks, es decir, en primer lugar, los grandes terratenientes, los
beneficiarios de los derechos feudales pagados en especie, los grandes perceptores de diezmos; existe
también, parece ser, una especulación corriente, en ciertas regiones, “entre los burgueses del campo”,
consistente en comprar después de la cosecha para vender antes de la cosecha siguiente, en la época de
los altos precios... El movimiento estacional aparece en una forma más clara cuando distinguimos en la
periodicidad cíclica los años de altos y de bajos precios: casi insensible en el transcurso de los segundos,
se manifiesta en los primeros con gran violencia”.
323

279
En febrero de 1776, en sesión extraordinaria, el regidor decano expone que “en atención a la
extremada miseria que se experimenta por la falta de cosecha que hubo en el año pasado, en tanto
grado que se han visto morir algunos pobres por no tener el sustento necesario, ni haber sujetos que
puedan socorrerlos por ser esta calamidad general en este pueblo, su dictamen es que se represente al
M. I. Sr. Intendente dé su permiso para que, de los fondos de Propios se tomen trescientos escudos para
socorrer las necesidades particulares de los vecinos, para aplacar el hambre que vociferan,
distribuyéndose por medio de una comida diaria hasta fin de mayo... precaviendo que de el hambre y
miseria que padecen los pobres resulte alguna epidemia”. A.H.F. C.133-2 Actas del ayuntamiento. El 7
de abril se comenta con preocupación que hay más de doscientos enfermos en la ciudad.
280
Véase el listado de precios de Fraga, Barbastro y Zaragoza en el cuadro I. 7 del apéndice de cuadros
económicos.
281
OTERO, F. Op. cit. Tomo I, Apéndices, cuadros nº 9 y nº 10, pp. 142-143. SALAS AUSÉNS, J. A. La
población en Barbastro en los siglos XVI y XVII. Zaragoza 1981, apéndice nº 6 p. 349. PEIRÓ ARROYO,
A. “El mercado de cereales y aceites aragoneses (siglos XVII-XX)”. En Agricultura y Sociedad nº 43,
abril-junio de 1987, pp. 213-279.
282
El mismo planteamiento hace GARRABOU, R. “Sobre la formació del mercat cátalà en el segle XVIII.
Una primera aproximació a base dels preus dels grans a Tàrrega (1732-1811)”. En Recerques, nº 1
(1970) pp. 83-121, cuando reflexiona sobre el reflejo en las fluctuaciones de los precios agrícolas de dos
mercados no relacionados. Es la “discordancia de los precios entre mercados alejados” a la que ya se
refirió LABROUSSE, E. Op. cit. p. 27.
283
BARRINGTON MOORE, jr. Los orígenes sociales de la dictadura y de la democracia. El señor y el
campesino en la formación del mundo moderno. Barcelona 1991, p.18.
284
Hasta el Real Acuerdo hubo de recordar a Fraga en 1802 la “Orden Circular del Consejo para que se
observe y cumpla la Real Cédula de 16 de Julio de 1790, en que se obliga a los dueños de trigo que lo
tengan sobrante a que lo vendan a los precios corrientes, evitando todo abuso en el comercio de granos
y que no se estanque en monopolistas". A.H.P.Z., Real Acuerdo, libro de 1802.
285
COMÍN, F., HERNÁNDEZ, M. y LLOPIS, E. eds. Historia económica de España ss. X-XX. Barcelona,
2002, pp.165 y 187, entienden que “Entre 1790 y 1840 la economía atravesó dos fases muy distintas:
1790-1813 y 1814-1840. La primera estuvo caracterizada por la tendencia al estancamiento, las
violentas crisis agrarias y el agudo movimiento alcista de los precios; la segunda, por un notable
crecimiento del PIB, aunque desigualmente distribuido sectorial y regionalmente, y por una severa
deflación... Conviene recordar que la etapa de 1814-1840 a la que Ringrose llama ‘las décadas
olvidadas’ es una de las peor conocidas de nuestro desarrollo económico moderno y contemporáneo...
Tradicionalmente los especialistas han valorado de un modo bastante negativo los resultados obtenidos
por la economía española en el segundo período... Hoy se ve con una visión más optimista"... El
crecimiento del período tuvo un carácter marcadamente agrícola, y sobre todo cerealista.
286
MARCOS MARTÍN, Alberto. España en los siglos XVI, XVII y XVIII, Economía y Sociedad. Barcelona,
2000, p. 584. Recomienda “desprenderse de la imagen falsa que pudiera proyectar el estudio de la
evolución de los precios agrarios, pues su mayor dinamismo en la segunda mitad de la centuria en
contraposición a la primera,... y su acelerada subida después de 1765, lo que ponen de manifiesto en
realidad son las dificultades de todo tipo con las que tropezó el sector en los últimos decenios del siglo,
así como los crecientes problemas de la oferta para continuar satisfaciendo las necesidades de
subsistencia de una población que, por esa razón precisamente, se vio abocada a ralentizar su ritmo de
crecimiento”.
287
PÉREZ PICAZO, M.T., SEGURA i MAS, A., FERRER I ALÒS, LL. (eds.) Actas del Congreso Els catalans
a Espanya, 1760-1914, Barcelona, 21 i 22 de novembre de 1996.
288
PEIRÓ ARROYO, A. Regadío, transformaciones económicas y capitalismo (La tierra en Zaragoza.
1766-1849). Zaragoza 1988, p.131-132.
289
Conocemos dos series de precios de los productos básicos en Zaragoza proporcionadas por PÉREZ
SARRIÓN y Antonio PEIRÓ, cuyas informaciones –manifiestan ambos- han sido extraídas de Pío Cerrada.
Pérez Sarrión presenta un gráfico de los precios del trigo, aceite y vino en el mercado de Zaragoza entre
los años 1780 y 1820, en el resumen publicado de su tesis sobre el Canal Imperial. Peiró incluye en un
primer trabajo tres cuadros de datos entre 1649 y 1901, en sendas series para el trigo de huerta y la
cebada, el trigo de monte y el aceite respectivamente, que reconvierte en una única tabla de datos
expresados en reales de plata, en un segundo trabajo que abarca desde 1780 hasta 1876. En su primer
trabajo, la serie del trigo de huerta es la más completa, aunque manifiesta un vacío que abarca casi todo
el siglo XVIII. Menos datos ofrece la del trigo de monte, cuya serie los contiene para algunos años de los
siglos XVII, XIX y primeros del XX. Mientras, la más completa y cronológicamente más próxima a
nuestro interés es la del precio del aceite, que se inicia en 1650 y concluye en 1871, detallando precios
anuales para casi todos los años del siglo XVIII. Tomamos la franja de datos ofrecida por Peiró en su
segundo trabajo, entre 1780 y 1833, por referirse a uno de los períodos comprendidos en nuestro
estudio, después de comprobar si la capacidad de sus unidades de medida es o no coincidente con las
utilizadas entonces en Fraga.
290
VICEDO RIUS, E. “El preu dels cereals durant el segle XVIII en un mercat de l’interior: l’almodí de
Lleida”. 1 er Col-loqui d’història agraria. Barcelona 1978. pp. 327-346. Completa la serie para la primera
mitad del siglo XIX en “Els preus dels cereals al mercat de Lleida durant la primera meitat del segle
XIX”. Recerques, nº 14. Barcelona 1983, pp. 167-176. Para los precios de Tárrega GARRABOU, R. Op.
cit. y para los de Barcelona VILAR, P. Catalunya....
324

291 A.H.F. C.99-4 Órganos de Gobierno de 28 de agosto.
292 En efecto, parece que el mercado de la capital del Reino, desde hacía muchos años, no servía como
referente para la fijación de los precios en Fraga: en 1743 se recibe una orden del Regente y Oidores de
la Real Audiencia de Aragón para que en adelante no se “innoven” los precios de los granos por el
ayuntamiento como se hacía hasta ahora, sino que se tomen los precios de los Almudines de las
Capitales.
293 NADAL, J. ubica la crisis finisecular “que se concentra en el oeste (catalán), entorno a Cervera, y
conecta con una subida muy aguda de los precios del trigo en la Cataluña interior, que evoluciona de
manera paralela al resto de España”. Cifra GRAU, R. y LÓPEZ, M. “El creixement demográfic cátalà del
s. XVIII” en Recerques nº 21, 1988, p. 67. Por su parte, VILAR, P. en Hidalgos... pp. 193-194 recuerda
esa misma crisis y la conecta con “una inflación monetaria inquietante desde 1796, subida excesiva de
los precios nominales seguida de hundimientos vertiginosos desde 1800, paro casi absoluto de toda
actividad marítima en 1799-1800 y epidemias muy sensibles en casi todas partes; una situación que la
guerra acentúa.
294 BERENGUER GALINDO, A. En la transición al capitalismo. La compañía de Calaf en la Ribera del
Cinca. 1784-1812. Ayuntamiento de Fraga-Casa de Fraga en Barcelona, 1997.
295 FLORISTÁN, A. (coord.) Historia de España en la Edad Moderna. Barcelona, 2004, p. 617.
296
LABROUSSE, E. Op. cit. p. 296.
297
ASSO, I. Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, Edición de 1983, p. 79
298
A.H.F. C.94-2 Órganos gobierno de 1817.
299
El abasto de leche para quienes carecen de ella por su propia producción –es decir, ganaderos y
pastores- se reserva para los enfermos. El arrendatario de las carnicerías está obligado a llevar en el
“ganado de la mano” una docena de cabras, a las que les habrá de matar los cabritos para que
produzcan leche. Leche que está obligado a vender a todo vecino enfermo al que se la recete el médico.
300 A.H.P.Z. Pleitos civiles C.3388-10 del año 1722. Arriendo de las tiendas. También en A.H.F. C.412-
5, abastos del año 1817. Igualmente, A.H.T. C.52, f. 36. de la documentación de los Cortadellas en sus
aprovisionamientos de las factorías de Sena y Ballobar a fines del siglo XVIII.
301
En 1784, el administrador de la compañía de Calaf paga a "un moset por llevar la comida al campo
en la siega, por un mes 2 L. 15 s. "Pagué a otro moset por haver estado un mes para apacentar las
obejas 1 L. 10 s. Pagó a otro “mozo grande” por haber estado 2 meses a razón de 20 pesetas al mes.
Paga por 352 peones a 6 s. 6 d. por peón y a 220 mujeres a 2 s. 6 d. por mujer, para arrancar
“fabolines”. A.H.P.T. C.20.
302
Hoy, el símbolo más aceptado de Fraga es una estatuilla de la dona de faldetes: una mujer que
sostiene dos cántaros de agua: uno sobre su cabeza y el otro bajo el brazo.
303
PEIRÓ ARROYO, A. Jornaleros y mancebos. Identidad, organización y conflicto en los trabajadores
del Antiguo Régimen. Barcelona, 2002, p. 66. Según las respuestas a las encuestas realizadas por las
autoridades provinciales a mediados del siglo XIX, “en la provincia de Huesca los niños comenzaban a
trabajar de los diez a los doce años, mientras que en la de Zaragoza lo hacían a los doce... Es posible
que entre los siete y los doce años realizasen episódicamente trabajos que exigiesen poco esfuerzo, y
que a partir de esta última edad los realizasen de forma permanente”.
304
TORRAS, J. y YUN CASALILLA, B. (coords.) Consumo, condiciones de vida y comercialización,
editado por la Junta de Castilla y León en 1999. Hablan de la “revolución del consumo” y observan
cómo se distingue cada vez más entre el concepto de "riqueza" que antes se utilizaba de forma exclusiva
en el análisis de niveles de vida y rentas per cápita, y el de "bienestar" o "calidad de vida". Para ello
toman en consideración muchas variables: los métodos de venta al por menor, y el grado en que éstos
se ajustan a las características geográficas o temporales de los mercados; la tipología del crédito y la
venta al fiado, el grado de especialización de las tiendas. También la propensión al consumo de los
diferentes grupos sociales, los vínculos mayores o menores de las diferentes economías familiares y el
mercado, los diferentes grados de consumo en relación con el ciclo vital.
305
DE VRIES, J. La revolución industriosa. Consumo y economía doméstica desde 1650 hasta el
presente. Barcelona, 2009. Capítulo 3º, “La oferta de trabajo”, p. 95 y ss.
306
BERNAL, A. M. La lucha por la tierra en la crisis del antiguo régimen. Madrid, 1979, p. 402.
307 En 1807 los jornaleros que deben ir a trabajar en los reparos de la venta de Buarz –reunidos en la
plaza- no quieren ir si no se les paga el jornal a medio duro. A.H.F. C136-3. Actas de la junta de Propios.
308 En el catastro de 1859 los peritos estiman que un mosso que cuidara de una yunta de caballerías
mayores recibiría anualmente un salario de 800 r. v. más 1.825 r. v. por la manutención de los 365 días
a razón de 5 r. v. diarios, “consumiendo pan, vino, aceite, patatas, judías y carne en verano. A.H.F.
C.295-1.
309 En 1790, el administrador de la compañía de Calaf en Ballobar paga a los criados de la factoría
diferentes cantidades por los meses que han trabajado: a José Gota "por el mes de Abril y Mayo" a 3 L.
3 s. 12 cada mes. Por los tres meses de Junio, Julio y Agosto a 5 L. 2 s. al mes. Por 5 meses de
Septiembre a Enero inclusive a 3 L. 3 s. 12 cada mes. Es decir, en verano casi se dobla el salario. "A un
criado que ha estado 6 meses en esta casa a 15 r. por mes". A la criada de la casa le pagan 8 L.j.
anuales “comida y vestida”. A.H.P.T. Fondos Comerciales C.39 f. 39v
En 1796, los jornaleros que trabajan en el azud de la acequia cobran diferentes salarios según el día: el
12 de mayo cobran a 7 sueldos, 2 dineros por día; el 9 de julio a 12 s. 12 d. (3 pesetas); el 14 de julio
325

11 s. 11 d.; el 24 de julio cobran 10 s. 10 d.; y el 11 de agosto a 8 s. 8 d. A.H.P.Z. Pleitos civiles
C.4583-2, 2ª pieza.
310 A.H.F. C.292, Catastro, Tomo I.
311
A.H.F. C.128-1, Acta del ayuntamiento de 22 de mayo.
312
A.H.F. C.129-1, Actas del ayuntamiento.
313
A.H.F. C.135-2. Acta del ayuntamiento de 22 de mayo.
314
A.H.F. C.135-2. Acta del ayuntamiento de 7 de junio.
315
BERENGUER GALINDO, A. “Un ilustrado de Barbastro. Don Pedro Loscertales, 1785”. en Revista
Argensola nº 113, IEA, Huesca, 2003. pp. 173-193.
316
PEIRÓ ARROYO, A. Op. cit. p. 126: En abril de 1785 el síndico del ayuntamiento de Barbastro
informaba a éste que entre los jornaleros había alborotos y desórdenes nunca vistos, con petición de
sueldos mucho mayores de los habituales.
317
DE CASTRO, C. La Revolución Liberal y los municipios españoles, Madrid, 1979, p. 48, califica de
“labradores caciques” a los pequeños y medianos propietarios agrícolas que dirigen los ayuntamientos
durante el XVIII, precisamente por su afán de controlar el salario de los jornaleros.
318
En 1758 un mancebo herrero mantiene en su casa, dándole de comer todo lo necesario a un
mancebo labrador, durante unos cinco meses, a razón de tres sueldos por día. A.H.F. C.1219-16,
Juzgado.
319
En 1801 la compañía de Calaf paga los siguientes salarios: jornal por acarrear garba y trillar 11 s. 4;
jornal por recoger 4 s. 4; una junta de caballerías por trillar 6 pesetas; una burra por recoger 1 s. 8;
jornal de un peón por recolectar 4 s. 4; el "gasto" de los recolectores, uno 7 s. 7. A.H.P.T. Fondos
Comerciales C.69.
320
En 1785, para hacer una barca en Fraga se pagan: al maestro de hacer barcas a 7 r. 14 d. de plata
diarios; al maestro carpintero a 5 r. 10 d.; al calafatero de Tarragona 7 r. 14 d.; al patrón de una barca
8 r. de jornal diario; y a un peón de jornal a tan sólo 4 r. diarios. A.H.P.Z. Pleitos Civiles C.2186-3.
321
A.H.F. C.410-1. Actas de la junta de propios.
322 “Los que han trabajado hasta el día se han despedido porque no se les sube el jornal, siendo así que
se les ha pagado a cinco sueldos diarios, que es lo que se convinieron al principio de la obra, y que por
ningún título admita jamás a los que se han despedido sin expresa orden de toda la junta, respecto de
que su pretensión, a más de ser viciosa, reconoce la junta ser perjudicial al fondo de propios y también
a sus vecinos la alteración de jornales”. A.H.F. C.410-1. Actas de la junta de Propios.
323 A.H.F. C.411-6.
324
Es lo que ocurre en 1801 cuando se presentan ante el ayuntamiento tres “empedreadores” de
Barcelona que proponen para arreglar las calles un jornal de medio duro (10 r.v.) mientras los albañiles
de Fraga piden media peseta más (12 r. v.). El ayuntamiento contrata a los de Barcelona. A.H.F. C.136-
2. Actas del ayuntamiento.
325
VILAR, P. Hidalgos, …, p. 73. En Cataluña por las mismas fechas el salario de un jornalero era de 6
sueldos catalanes.
326
El 28 de marzo de 1801 el ayuntamiento acuerda, “en consideración a que los jornaleros están
aumentando el precio de los jornales de cada día, que se publique por vando que ningún vecino pueda
pagar por ahora, y hasta otra providencia a más precio el jornal que el de siete sueldos jaqueses, bajo la
pena de treinta reales de plata. Y bajo la misma pena y la de tres días de cárcel, no puedan pedir más
jornal que el de dichos siete sueldos”. El 12 de diciembre el ayuntamiento confecciona una tarifa de
precios y salarios (incompleta en la fuente) para algunos oficios artesanales “que alteran en notable
perjuicio de los moradores de esta ciudad, y que llena de dolor a este ayuntamiento”. Fijan el salario de
los mancebos prácticos en su oficio en 7 r. v. diarios. A.H.F. C.136-2. Acta de 28 de marzo.
327
TUÑÓN DE LARA, M., VALDEÓN LUQUE, J. y DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Historia de España, Barcelona
1991, p. 427 señalan que el salario promedio de los jornaleros de campo a mediados del siglo XIX
rondaría los 6 r. v. diarios en la Baja Andalucía y Extremadura, mientras sería de uno o dos reales más
en el norte y este de España. En Fraga, el sueldo de un mosso encargado del cuidado de una yunta de
caballerías se sitúa en 1859 en unos 7 r. v. que se deriva de un salario monetario anual de 800 r. y del
coste de su manutención cifrada en 1.825 r. v.
328
VICEDO i RIUS, E. “Desamortizació i reforma agrària liberal a les terres de Lleida” en El món rural
cátala a l’època de la revolució liberal, III Jornades d’estudis d’Història, Volum I, Ponències. Lleida,
1995, pp. 92-93.
329
FERNÁNDEZ, R. Història de Lleida. El segle XVIII. Vol. VI de Pagès Editors. Lleida, 2003. p. 304.
Según este autor, los salarios nominales que paga el ayuntamiento de Lérida a los jornaleros son de 5
sueldos catalanes en otoño e invierno en las décadas de 1740 y 1750; 7 sueldos en los años sesenta;
7,5 sueldos en los años ochenta y 8 sueldos catalanes en 1794, "la mitad de lo que cobraban los
maestros". Y añade: “Los salarios reales fueron inferiores sobre todo al final del siglo”. Estos precios son
coincidentes con los que ofrece VICEDO RIUS en Les terres de Lleida i el desenvolupament cátala del
Set-cents. Producció, propietat i renda. Barcelona, 1991, p. 287.
330
PEIRÓ ARROYO, A. Op. cit. p. 76 y pp. 99-100.
331 VILAR, P. Catalunya.... Editorial Crítica, tomo II, p. 515 ofrece los salarios de un jornalero medio en
Martorell, Cornellà y Espulgues, que se sitúan entre los 10 y los 17 sueldos barceloneses.
326

332 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona, 1981, p. 312. “En
esta provincia de Guipúzcoa el año 1766 llegaron a valer los granos de manera que los pobres oficiales
apenas alcanzaban con su trabajo para poder comer un poco de pan. Subió el trigo a cuarenta reales la
fanega, y la de maíz se vendía a treinta, y como el jornal diario no pasaba de cuatro o cinco reales y
muchos de ellos se hallaban cargados de familia y los años antecedentes habían sido también poco
felices, llegaron a verse muy apurados”.
333 KRIEDTE, P. Feudalismo tardío y capital mercantil, Barcelona, 1979, p. 192. “A medida que se
encarecían los productos alimenticios, especialmente las capas inferiores de la población, tenían que
restringir su demanda de bienes que no fueran absolutamente necesarios para la reproducción vital. A
comienzos de la década del noventa el 72,4 por 100 de los gastos de un minero de Durham correspondía
a productos alimenticios. Un albañil berlinés que tuviera que mantener una familia de cinco personas
tenía que emplear a fines de siglo el 72,7 por 100 de su ingreso para su alimentación. Los productos
alimenticios más caros por unidad nutritiva cedieron ante los más baratos. Esto significó que se
restringió aún más el consumo de carne y la demanda se concentró en productos alimenticios vegetales,
aunque también en éstos comenzaba una evolución nueva: a la sustitución de la carne por los cereales
le siguió la de éstos por la patata. Con ello la economía alimenticia occidental se acercaba a su nivel más
bajo: "el modelo de la patata" (W. Abel) de la primera mitad del siglo XIX”.
334 DE VRIES, J. Op. cit. p. 108.
335
MONTANARI, M. El hambre y la abundancia: Historia y cultura de la alimentación en Europa.
Barcelona, 1993. pp. 128 y 144.
336
LABROUSSE, E. Op. cit. p. 300 estima en 9,86 libras el consumo familiar diario de pan y entiende
que este gasto suponía la mitad de los gastos totales de la familia. CAMARERO-BULLÓN, C. “Las
detracciones sobre la economía agraria y el endeudamiento del pequeño campesino en el s.XVIII:
aplicación a un concejo castellano”. Revista Agricultura y Sociedad nº. 33 (Octubre-Diciembre 1984)
pp.197-253, afirma que con el salario mínimo podían adquirirse a mediados del siglo XVIII unos 6 kg. de
trigo.
337
Al acordar el ayuntamiento en 1754 el sueldo del maestro de gramática, determina un salario anual
de 100 pesos de a ocho reales, más casa franca, más el trigo necesario para el sustento de su casa, que
fija en tres cahíces. A.H.F. C.131-1. A.A.
338
DONEZAR, J. M. Riqueza y propiedad en la Castilla del Antiguo Régimen. La provincia de Toledo en
el siglo XVIII. Madrid, 1984, p. 136, estima en 27,8 fanegas (algo más de tres cahíces) el trigo que
puede comprar el labrador con su salario anual. PERPIÑÁ, R.... 1960, p. 24 estima en 30 fanegas la
cantidad anual para una familia de cinco miembros: padre, madre y tres hijos. BARREIRO, La
Jurisdicción de Xallas... p. 305. ANSÓN CALVO, M. C. Tarazona en la época de la ilustración. Zaragoza,
1977, p. 54. estima necesarios para la subsistencia 1,93 cahíces de trigo anuales por habitante.
339
Según los peritos, “de los 365 días del año tienen que guardar fiesta 69 por precepto, 10 días al año
que se lo impedirán los temporales, y 16 días por enfermedades”. A.H.F. C.295-1. Catastro de 1859.
340
En 1795, el ayuntamiento hace la prueba para ver el pan que puede darse del trigo que ha comprado
para el abasto y estima que el consumo de un individuo está en 16 dinerillos por día. A.H.F. C.135-1
Acta del ayuntamiento de 20 de junio. Durante la guerra de Independencia, la ración de pan de un
soldado comenzó a pagarse en Fraga a un real en 1809 y llegó a costar en 1813 un real y medio.
341
A.H.F. C.139-2 acta de ayuntamiento de 28 de Julio de 1833.
342 En 1723 el ayuntamiento determina “poner precios por la ciudad a todos los oficiales a quienes se
devieran poner, señalándoles al precio que deven vender lo que trabajaren" A.H.F. C.128-1. Actas del
ayuntamiento. En 1810 encontramos un ejemplo de trabajo a destajo o por obra trabajada: según
estipula el ayuntamiento, los rastrilladores del cáñamo cobrarán a razón de peseta y media por arroba
de cáñamo rastrillada (6 r. v.) mientras los hiladores de cáñamo deben cobrar a razón de 7 r. v. por día.
C.137-1. Es decir, el ayuntamiento sigue fijando los precios de todo tipo de jornales incluso en período
de guerra.
343 KRIEDTE, P. Op. cit. Barcelona, 1979, pp. 191-192.
344 LLOPIS, E. El legado económico del Antiguo Régimen en España. Barcelona 2004. p. 27.
345 En 1797, el médico de Fraga es, según el ayuntamiento, el mejor pagado del reino porque cobra
8.000 reales de vellón anuales, aunque, reconocen los regidores: “por el extraordinario aumento de los
precios de los comestibles y especialmente el del trigo, quienes los perciben (sus ingresos) en especie
salían ahora beneficiados”. A.H.F. C.135-2. Actas del ayuntamiento.
346 OTERO CARRASCO, F. Op. cit. tomo I, p. 28.
347 De hecho, las Ordinaciones de la villa de 1685 ya detallan los cultivos del momento: trigo, cebada,
centeno, avena, alfalces, viña, frutas, morales, aceitunas, lino, cáñamo y hortalizas. A.H.F. Fotocopia
del original sin catalogar.
348 Los peritos encargados del catastro de 1832 rebajan el rendimiento del trigo en este tipo de parcelas
frente a las destinadas de forma exclusiva a cereales en el regadío. A.H.F. C.292 Tomo II.
349 Un sistema de cultivo similar al expuesto por FERRER I ALÓS, E. “El mon rural català a l'època de la
revolució liberal” en III Jornades d'estudis d'història de 1990. Lleida, 1995. Volum I, Ponencies, p. 42.
350 En carta de 16 de julio de 1819, dirigida por el cura Obis al gobernador del obispado de Lérida, a
propósito de la próxima habilitación de la nueva acequia, se indica respecto de la Huerta Nueva que: “el
mencionado terreno, al presente, no puede dar otras producciones que las de granos, pero por los
327

preparativos que se observan, van los interesados a plantarlo todo a olivos y cepas, que a su tiempo
darán al Crédito Público una utilidad igual o mayor que la que va a reportar los granos". A.D.L. Rentería,
legajo nº 3.
351
A.D.L. Torres, 19. Año 1775. Razón y noticia que dan los curas párrocos de las iglesias unidas de
San Pedro y San Miguel de la ciudad de Fraga, en cumplimiento de lo mandado por el ilustrísimo Sr. Dn.
Joaquín Anos Sánchez Ferragudo, dignísimo obispo de Lérida, en su carta previa a la visita general de su
obispado.
352
A.C.L. Visita del Obispo. Tomo 14 (1820-1828) folio 469. También en ASSO, I. Op. cit., p. 78.
Atribuye el abandono del cultivo de azafrán al aumento continuado del precio del trigo.
353 A.H.P.Z. Bienes Nacionales, Crédito Público. C.1045 (C.43).
354
VICEDO RIUS, E. Les terres de Lleida… p. 58 señala una situación similar en las poblaciones cercanas
a Fraga para las primeras décadas del siglo XVIII: “Els erms, con es pot comprovar son abundants,
dedicant-se al pasturatge del bestiar per a les carnisseries dels pobles o, sobretot, al pasturatge dels
ramats que a l'hivern arriben a les zones planes. La terra cultivada està dedicada, básicament, a
sembradura. La vinya ocupa en un 4,16 per 100 dels pobles més del 20 per 100 de la terra cultivada. La
olivera es encara mes minoritaria”.
355
Con diferencia son las más arboleadas. A mediados del XIX contienen un promedio de 7,2 árboles
por fanega, frente a los 3,6 árboles de la tierra blanca. Sólo algunas parcelas de la partida del Secano y
las escasas del monte con plantío de olivos las superan: contienen unos 10 pies de olivo por fanega.
A.H.F. C.295-2 Catastro de 1859, apéndices.
356
En una fanega de 953,6 m2 se siembran dos fanegas de cañamones y se obtienen siete arrobas de
cáñamo.
357
En una fanega de 953,6 m2 se siembra una fanega de trigo y se obtienen seis fanegas.
358
ANSÓN CALVO, M. C. Tarazona en la época de la Ilustración, Zaragoza, 1977 p. 104: “Cultivar trigo;
luego de cosechado en junio, sembrar judías; recolectar éstas en octubre; enterrar las plantas verdes de
las mismas; y en marzo siguiente plantar cáñamo cuyas raíces se entierran para la próxima cosecha de
trigo”.
359
En fecha tan tardía como 1952, el ayuntamiento interpone un recurso de queja ante las autoridades
fiscales de la provincia por entender que “los terrenos de la huerta de Fraga, en sus clases 1ª, 2ª y 3ª
no pueden considerarse del mismo rendimiento y valor que las de los demás pueblos del mismo riego del
río Cinca, por cuanto los de Fraga están poblados en su totalidad de higueras, que por la gran extensión
de sus raíces chupan la mayor parte de la sustancia de la tierra, y por su frondosidad provocan tanta
sombra que hace que grandes extensiones de terreno, en especial los de debajo de ellas, queden
improductivos por lo que a hortalizas, legumbres y cereales se refiere, por lo que se considera que el
valor que tienen asignado en el amilloramiento (sic) que hoy rige, está ya amoldado a la realidad, y por
lo tanto no debe sufrir aumento alguno en su riqueza imponible”. A.H.F. Acta de ayuntamiento del 27 de
febrero de 1952.
360
En una fanega de 953 m2 se recogen 7 fanegas y media de olivas en dos años, de las que se
obtienen dos arrobas y media de aceite.
361
En una cahizada de 1ª calidad plantada con 120 pies de olivos se cogen en dos años 28 fanegas de
olivas, de las que se obtienen diez arrobas de aceite.
362
Se siembran en dos años dos cahizadas de tierra –mediante barbecho de dos hojas- con un cahíz de
simiente y se obtiene en los dos años cuatro cahíces de trigo.
363
Todos los datos anteriores en A.H.F. C.292. Catastro de 1832.
364
A.H.F. C.292. Catastro de 1832. “En las tierras de 1ª calidad no se ha hecho mención en la cosecha
del cáñamo de lo que aumenta la simiente sembrada, atendido a que muchos labradores los siegan en
flor, y en este caso la pierden toda; y otros siegan generalmente una tercera parte, en razón a que se
vende siempre cinco o seis reales de vellón más caro por arroba que el de simiente, por cuyo motivo
aumenta el precio medio en la tarifa. Por otra parte, las ocho fanegas de cañamones lo más que
producen son unas cinco, y considerando que en la sementera tiene dicha simiente un tercio de más
valor que en la cosecha, parece no resulta líquido alguno en el particular”.
365
La productividad media en Aragón sería de 2,5 cahíces por hectárea, o lo que es equivalente: 3,46
cahices recogidos por cahizada de terreno. Según Asso no representa la producción real debido "al
informe falaz de los pueblos, siempre interesados en ocultar el verdadero estado de las cosas, por el
temor de nuevas contribuciones". Asso deduce que la cosecha de 1787 –abundantísima- debió ser de
4,32 cahíces por hectárea, o lo que es equivalente: unos 6 cahíces de grano por cahizada sembrada”.
ASSO, I. Historia de la Economía... p. 114. CALVO, V. acepta 3,42 cahíces por hectárea, igual que
ANSON CALVO M.C., quien indica en su estudio sobre Tarazona un rendimiento medio por hectárea de
7,8 cahíces en regadío y de 1,9 cahíces en secano. Por su parte, Peiró refiere que “ la semilla producía
en el regadío un rendimiento del 10 por uno aunque no era extraña una producción de 18 o 20 por uno"
PEIRÓ, A. Regadío… p. 104.
366
SESMA MUÑOZ, J. Á. La Diputación del Reino de Aragón en la época de Fernando II (1479-1516).
Zaragoza, 1977. “El comercio de exportación de trigo, aceite y lana desde Zaragoza a mediados del siglo
XV”. Aragón en la Edad Media. Zaragoza 1977 Vol. I, pp. 201-237. “Comercio del reino de Aragón en el
siglo XV”. Estado actual de los estudios sobre Aragón (Teruel). Zaragoza, 1978, pp. 311-316. SESMA
MUÑOZ J. Á. Y SARASA SÁNCHEZ, E. “El comercio de la lana por el Ebro hacia el Mediterráneo. El puerto
328

fluvial de Escatrón a mediados del siglo XV”. Segundo Congreso internacional de Estudios sobre las
culturas del mediterráneo Occidental. Barcelona, 1978, pp. 399-409.
367
GÓMEZ ZORRAQUINO, J. I. La burguesía mercantil en el Aragón de los siglos XVI y XVII (1561-
1652). D.G.A. Zaragoza, 1987. Zaragoza y el capital comercial. La burguesía mercantil en el Aragón de
la segunda mitad del siglo XVII. Ayuntamiento de Zaragoza, 1987. “La burguesía mercantil catalana y su
presencia en Aragón (1770-1808)” en Pedralbes, 8-1, 1988. pp.405-423. “La burguesía mercantil
catalana en Aragón. La familia Torres (1750-1816)” en Estudis d'Història Econòmica, nº. 2 Palma de
Mallorca, 1989. pp. 115-132.
368
PÉREZ SARRIÓN, G. “Comercio y comercialización de granos en Aragón en el s. XVIII: una
panorámica general”. Comunicación presentada a las III Jornadas E.A.E.A. Tarazona, 1980. Vol II pp.
1013-1022. “Capital comercial catalán y periferización aragonesa en el siglo XVIII. Los Cortadellas y la
Compañía de Aragón” en Pedralbes nº 4 Barcelona, 1984. pp. 187-232. Agua, agricultura y sociedad en
el siglo XVIII. El Canal Imperial de Aragón, 1766-1808. Zaragoza, 1984. Aragón en el Setecientos.
Crecimiento económico, cambio social y cultura, 1700-1808. Lleida, 1998.
369
PEIRÓ ARROYO, A. “El mercado de cereales y aceite aragoneses SS. XVII-XX” en Agricultura y
Sociedad nº 43 Abril-Junio 1987. pp. 213-279.
370
El concepto se debe al profesor Jaime TORRAS en su artículo “La economía aragonesa en la
transición al capitalismo. Un ensayo” en Tres estudios de Historia económica de Aragón. Facultad
Ciencias Económicas, Universidad Zaragoza, 1982. pp. 9-32. También en Primer Simposio sobre las
relaciones económicas entre Aragón y Cataluña (siglos XVIII-XX) organizado por varias instituciones
aragonesas y catalanas y celebrado en Roda de Isábena en mayo de 1990. También en Nuria SALES,
quien dedicó su atención al tráfico terrestre de mercancías, a quienes lo ejercían, y a una de esas
actividades en particular: el “trato” de mulas de los comerciantes de Santa Coloma de Queralt, cuya
actividad incluía su aprovisionamiento en valles montañeses españoles y franceses, para su posterior
conducción y venta en múltiples ferias de Cataluña y Aragón. La fuente de donde obtuvo la mayoría de
sus informaciones, sumamente útil para el tratamiento más general del tema del tráfico terrestre y
fluvial, se guarda en los fondos del Archivo Histórico de Tarragona y, en concreto, en la documentación
de la denominada Compañía de Calaf o de los Cortadellas. De ese mismo fondo y de otros similares
bebió la profesora Assumpta MUSET i PONS cuando desarrolló su tesis sobre Catalunya i el mercat
espanyol al segle XVIII: Els traginers i els negociants de Calf i Copons. Propone en ella una nueva
interpretación del fenómeno de los arrieros y negociantes catalanes, que tendría sus causas remotas en
la pobreza de la comarca de origen de muchos de ellos (la comarca de L’ Anoia). Por último, cabe citar
una de las ocasiones en que con mayor variedad de ópticas se ha tratado este asunto: el congreso
celebrado en Barcelona en noviembre de 1996 con el lema de Els Catalans a Espanya 1760-1914, y en el
que se discutió sobre el concepto de “diásporas mercantiles”, en el contexto de la creación del mercado
interior español durante el período de la Revolución Liberal.
371
Dos días les costaba descender desde Oliana hasta Lérida o desde La Espuña o Tella hasta Fraga, y
otros cinco o seis días desde aquí hasta el mar.
372
A.H.F. C128-1 Acta del ayuntamiento de 15 de junio.
373
A.H.F. C139-2 Acta del ayuntamiento de 11 de junio.
374
A.H.P.Z. Pleitos Civiles, C815-8.
375
A.H.F. C.128-1 Acta del ayuntamiento de 27 de septiembre.
376
SESMA MUÑOZ, J. Á. “El comercio de exportación del trigo, aceite y lana desde Zaragoza a mediados
del siglo XV”, en Aragón en la Edad Media, p. 208.
377
LLADONOSA I PUJOL, J. “Tendencia de Lleida cap al mar”, en VI Congreso de la Corona de Aragón.
378 BENITO LUNA, L. “Fraga en las relaciones comerciales entre Aragón y Cataluña a mediados del siglo
XV”. (tesis de licenciatura inédita). Los manuscritos de la taula de Fraga a los que se refiere son los
correspondientes a los años fiscales 1445-46, ms. 665; año 1449-50, ms. 668; año 1453-54, ms. 45;
año 1458-59, ms. 50.
379 En los relatos de viajeros pueden espigarse ejemplos de la diferente consideración que les merecen
los trayectos terrestres respecto de los fluviales. El escritor inglés que firma con el seudónimo “Poco
más” resalta las penalidades sufridas en el trayecto terrestre de Canfranc a Zaragoza frente a la placidez
del realizado en barca por el Canal Imperial entre Zaragoza y Tudela durante el período de la primera
guerra Carlista. El viajero francés Cenac-Moncaut destaca en 1860 la aridez, aspereza, pobreza e incuria
que observa al entrar en Aragón por Fraga y la peligrosidad de sus caminos, plagados de bandidos. Son
relatos románticos, seguramente exagerados, pero indicativos de un contraste real. En este sentido,
véase el breve artículo de FERNÁNDEZ, R. “Viatgers per Catalunya. Els observadors de la Il.lustració”, en
L’Avenç nº 51, juliol/agost de 1982, pp. 58-65.
380 El Reino se organizó en las llamadas sobrecollidas como consecuencia de las reformas
proteccionistas establecidas por Pedro IV durante las Cortes Generales de Monzón de 1362-63. Su
pretensión era mejorar la economía de los estados de la Corona de Aragón, mediante la regulación del
tránsito de mercancías en las zonas fronterizas, por lo que se fijó una línea aduanera en los límites
externos de la misma. Dos años después, el sistema de aduanas se amplió considerablemente al tomar
la iniciativa –tanto Cataluña como Aragón- de ampliar los criterios iniciales a las fronteras interiores de
los reinos, multiplicándose los puntos de cobro del impuesto de las Generalidades. En las Cortes de
Monzón de 1376 se establecieron puntos de control o taulas en Mequinenza, Fraga, Alcolea de Cinca,
Tamarite de Litera y Monzón, añadiéndose otras desde inicios del siglo XV.
329

381
A.G.S. En el legajo 2.555 del año 1770 Fraga no produce ingresos de ningún tipo. El administrador
de la aduana es ahora don Senén Corbatón y Garcés con el sueldo de 1.800 r. v. asignados en el
reglamento de 1741 y desde el 13 de abril de 1765 en que don Senén la sirve por orden de "unión"
(puede ser unión con la administración del tabaco). El guarda de a pié sigue siendo Miguel LLorens con
el salario de 730 reales, “al respecto de cuatro r .v. diarios”. Una nota al margen del texto dice "Esta
aduana de Fraga se creó por orden del Rey, comunicada por el Sr. D. José del Campillo al Intendente de
Aragón en 8 de Agosto de 1742, cuya minuta para en el legajo de correspondencia de aquel año. Y
aunque por otra de 28 de Agosto de 1769 mandó S. M. se suprimiese esta aduana para desde 1º de
Enero de 1770, se abona el sueldo satisfecho en todo el año a su administrador D. Senén Corbatón,
porque la Dirección mandó continuase sirviéndola hasta que el administrador general de Cataluña
evacuase cierto informe que se le pidió, sobre si era necesaria o no su permanencia. La orden de la
Dirección en la que se previno continuase dicho administrador es provisional y su fecha es de 18 de julio
de 1770. Últimamente, consta que por orden de S. I. de 7 de febrero de 1771 se volvió a habilitar esta
aduana con el mismo sueldo de 1.800 r. v. que gozaba su administrador Corbatón, lo que se previene
para lo sucesivo”.
382
PÉREZ SARRIÓN, G. Aragón en el Setecientos, p. 177. “Entre Cataluña y Aragón hubo un intenso
tráfico de trajineros con lana, trigo, manufacturas, caballerías, dinero y los productos más diversos, por
multitud de sendas y caminos de caballerías; cabe suponer este tráfico trajo a Aragón manufacturas
extranjeras que no pasaban por la aduana de Fraga, creando dificultades añadidas a las manufacturas
aragonesas”.
383
LLOPIS, E. El legado económico del Antiguo Régimen en España. Barcelona 2004, en el artículo
introductorio del propio Llopis, p. 23.
384
Las primeras concesiones fueron las de la dirección norte-sur desde el Pirineo: Puigcerdá (1182) Jaca
(1187) Graus (1201) y Balaguer (1211). Luego las del eje transversal: desde 1232 en Lérida, 1276 en
Huesca, y luego las de Barbastro y Monzón, que en el siglo siguiente duplicaron sus fechas para un
mismo año. Finalmente vendrían las que conformaban la red complementaria y entre ellas las
concedidas a Fraga desde 1294 por privilegio del Rey Jaime II. Fraga estaba sujeta entonces a la
jurisdicción de los Montcada, quienes rogaron al Rey concediera la feria durante los diez primeros días
del mes de agosto, libre de lezda. La decisión de Pedro I en 1283 de establecer como obligatorio el
itinerario de Tortosa, Mora, Lérida y Zaragoza forzando de forma extraordinaria a los mercaderes a
pasar por Lérida, anulaba la anterior decisión de Jaime I de trazar la ruta entre Tortosa y Zaragoza,
pasando por Mora, Alcañiz y Caspe, es decir la línea al sur del Ebro, lo que evidenciaba la voluntad Real
de establecer la primacía de Barcelona en los intercambios entre el litoral y el interior peninsular y
potenciaba el punto de Fraga como necesario paso del Cinca por su puente.
385
SALES, N. “Ramblers, traginers y mules (segles XVIII i XIX)” en Recerques 1983, nº 13 pp. 65-81.
También en “Mules, ramblers i fires (s. XVIII i XIX)” L'avenç, 1983, nº 62 Juliol-Agost pp. 23-33.
386
Como ejemplo, valga la noticia que de este tipo de trato exponía un ilustrado de Barbastro, don
Pedro Loscertales, en el informe que presentaba a la Corte, en 1787, de sus propuestas para mejorar la
economía aragonesa: "En el quinquenio de 1780 a 1784 entraron en Aragón procedentes de Francia
17.325 machos y mulas; y que se adeudan en las aduanas del principado de Cataluña por las que se
introducen desde Francia, especialmente en la aduana de Bosot, para su venta en las ferias de Sariñena,
Huesca, Barbastro y Monzón 5.000 machos y mulas. Y que en las aduanas de Aragón se adeudan otros
muchos con lo que cada año salen de Aragón por la introducción de las mulas francesas 10 millones de
reales de vellón”. A.H.N. Consejos, legajo 37.156, expedientes de octubre, nº. 21.
387
Quienes traen productos a Fraga desde los pueblos de la comarca deben registrarlos y depositarlos
en el almudí hasta dos horas después del mediodía, para que quien quiera los compre allí al precio
corriente. Sólo luego de esa hora pueden ser vendidos a cualquier comprador a un precio convenido
libremente entre comprador y vendedor. A.H.F. C.134-1 Acta del ayuntamiento de 18 de agosto de
1785. En muchas ocasiones, no habiendo cebada en el almudí ni teniendo los cosecheros existencias
para la venta, son los mesoneros quienes la venden a un precio superior al corriente en tiempo feriado.
A.H.F. C.135-1. Acta del ayuntamiento de 13 de agosto de 1798. Los precios del almudí son por tanto
solo indicios del precio de cada operación de compraventa, y la realidad en tiempo de feria o mercado
puede alejarse con mucho de ellos. Por ejemplo, cuando según el libro del almudí de 1822-48, el precio
medio anual de la cebada fue en el año 1836 de 82,57 r. v. (20,64 pts. el cahíz) en la feria de agosto de
este año se vendía a 13 pesetas el cahíz si era de buena calidad, mientras el “de diezmo no se pagaba a
más de 12 pesetas”. A.D.L. Alonso, legajo nº 1.
388
A.H.N. Consejos, legajo 37.359, expedientes del mes de marzo nº. 27.
389 En el A.H.T. se conserva una sección de Fondos Comerciales formada por documentos catalogados
como Compañía de Calaf, distribuidos en dos subsecciones "Cuentas" y "Cartas". Dicha compañía
aparece con diversas denominaciones que en el fondo responden a la misma línea con matices derivados
de las condiciones de las distintas etapas: la más genérica es la de "Compañía de Calaf", que agrupa a la
antigua Compañía de Aragón, núcleo originario del que surge la Sociedad de los Señores "Soler, Bosch,
Figarola y Compañía", cuyo cajero es Josep Cortadellas, y que da nombre a la razón social "Josep
Cortadellas y Cía" a partir de 1809, año de su muerte. Las denominaciones "Brufau y Satorras",
"Mullerat, Brufau y Martí" son las dos sociedades en las que se concreta la herencia de "Josep
Cortadellas y Cía" como resultado de su liquidación en 1842. La documentación consta de 223 unidades
documentales, comprendidas entre los años 1729 y 1906, aunque la mayor parte se concreta entre
1777, año de fundación de "Soler, Bosch, Figarola y Cía", y 1841, año de la liquidación de las sucesivas
330

sociedades, cuya herencia y administración recae en el tarraconense Antonio Satorras. Entre las
factorías de la compañía sobresalen: en Huesca, además de la capital, las de Argavieso, Sietamo,
Peraltilla, Permisán, Monzón, Binaced, Ballobar y Fraga. En Zaragoza: Villarroya, Grisén y Mequinenza.
En Lérida: Menargues y Bellpuig. En Tarragona: Mora la Nueva, Masos de Mora, Benisanet y Miravet. Y
en Barcelona: Calaf, la más importante, y Manresa. Igualmente es significativo el papel de las
transacciones comerciales realizadas en las ferias de Ampurdá (Gerona), Verdú y Aytona (Lérida),
Monzón, Barbastro y Sariñena (Huesca), y Prades (Tarragona).
390 PÉREZ PICAZO, M.T., SEGURA I MÁS, A. FERRER ALÒS, Ll. (eds.) Actas del congreso Els catalans a
Espanya, 1760-1914. Barcelona, 21 y 22 de noviembre de 1996. Particularmente las ponencias
regionales de los doctores Gómez Zorraquino y Pérez Sarrión, junto a la comunicación del propio autor
de este trabajo.
391 A.H.T. Fondos Comerciales, Caja C.17.
392 TORRAS ELIAS, J. “Redes comerciales y auge textil en la España del s. XVIII” en MAXINE BERG, Ed.
Mercados y manufacturas en Europa. Barcelona, Crítica. 1995, pp. 111-132.
393 VILAR, P. Cataluña en la España Moderna. Tomo II, Crítica, Barcelona, 1987, p. 443.
394 Cuando en 1800 don Gregorio pide un favor a Cortadellas, éste escribe a su factor en Fraga
advirtiéndole de la necesidad de hacérselo para congraciarse con él. A.H.T. Fondos Comerciales, Ca-23,
f. 128v. de 21 de junio de 1800.
395 La administración de Fraga de la Cía. de Calaf estuvo "ultimamente a cargo de Mosen Josef Serra, y
en 1810 se pusieron sus bienes muebles en las casas de la molinera y en la del capellán Montamá".
¿Montemar?. A.H.T. Fondos comerciales C.102 folios 3 y 3v.
396 A.H.T. Fondos comerciales, Ca-17, folio 208v. de 22 de agosto de 1796.
397 PÉREZ SARRIÓN, G. Agua, agricultura y sociedad... p. 384 y ss. Analiza la encuesta iniciada en
Zaragoza y realizada a los corregidores de toda España en 1769 y distingue tres tipos de comerciantes
de productos agrícolas: los comerciantes de géneros que cobraban “al fiado” en especie; los
arrendatarios de diezmos y rentas señoriales y los comerciantes de productos agrícolas propiamente
dichos. De los primeros, el corregidor de Cinco Villas afirmaba ser “la polilla de los pueblos”. Sarrión
concluye que eran ellos quienes de forma inmediata y cotidiana imponía su ley a los labradores… y eran
causa de su ruina.
398 "Amich Joseph. Rebo la tua del 8 y jom reitero a la del 7, ab sola la restricció de que si preveias
haviam de tenir disgust ab la compra del blat de la Almolda, o altrament que no fos bo, y que se hagues
de pagar mes que a 12 r. lo deixes correr. No parles de diner efectiu, en qual cas encaixeriam vales, be
que per aso sería menester demanar un respiro fins que fos fora lo blat. Sent ab vales reals sen podria
donar a 12 r. 1/2 u 13”. Carta de Cortadellas a Sardañons, administrador de la factoría de Ballobar de
11 de marzo de 1795.
399 Por ejemplo, en el año agrícola 1805-1806 el trigo recogido en la factoría por los diferentes arriendos
ascendió a 1.363 cahíces, la mayor cantidad alcanzada desde su creación. Los precios del trigo durante
todo ese año fueron medianos en los pueblos de la administración y cabría esperar mejores precios en
Cataluña. Pues bien, desde junio de 1806 hasta mayo de 1807 las ventas en los pueblos del entorno,
más los préstamos y la siembra a medias con los vecinos comarcanos ascendieron a 1.375 cahices, doce
cahices más que lo recolectado, a un precio de 9 y 9,5 reales de plata la fanega, un precio moderado en
la década. Mientras tanto, durante todo el año agrícola 1806-1807 el trigo extraído desde Ballobar y
Ontiñena a Mequinenza fue de 531 cahíces y el conducido a Lérida desde Albalate, Zaidín y Ballobar
alcanzó la cifra de 193 cahíces. Es decir, sumadas las dos cantidades, se extrajo menos trigo a Cataluña
que el que se vendió en Aragón, en un año especialmente propicio para la saca.
400 MATEOS ROYO, J. A. “Elites locales, gestión pública y mercado preindustrial: la administración de los
pósitos en Aragón durante la Edad Moderna” en Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad
de Alicante, año 2008, nº 26 p. 130. “Conforme crecieron las compras de los pósitos desde mediados del
siglo XVI, los grandes comerciantes de Zaragoza ganaron importancia como proveedores de las
ciudades. Estos controlaban el mercado de grano al haber arrendado a la Iglesia y nobleza la percepción
de diezmos y derechos señoriales. Sus compras de trigo adelantado como préstamo al fiado sobre la
futura cosecha constituyeron una práctica corriente, sobre todo desde fines del siglo XVI al crecer el
endeudamiento campesino. Tras obtener el grano y almacenarlo en silos cercanos a los núcleos de
producción, estos comerciantes esperaban el alza de precios en los meses previos a la siega para
ofertarlo en el mercado”.
401 A.H.T. Fondos comerciales, C.39, folio 18v. Vende la cebada en Ballobar a 50 r. de plata el cahiz en
el mes de octubre de 1789. Este mismo mes presta a varios vecinos a 53 r. el cahiz. Es decir, se cobrará
el equivalente a un interés del seis por ciento. En diciembre presta trigo a varios vecinos de Ballobar a
13 r. la fanega. Es decir, 1,5 r. más caro que el precio corriente de venta, que es de 12 r., lo que supone
un interés del 12,5% en el momento de la devolución de los préstamos, en agosto siguiente.
402 A.H.T. Fondos comerciales, C20, folio 198v.
403 Es el caso del infanzón fragatino don Joaquín Isach Villanova, a quien Cortadellas presta trigo para
sembrar sus huebras después de consultarlo con sus socios; o el de doña Joaquina Villanova, a quien
también presta trigo y dinero en efectivo a cambio de sus cosechas de Sena y del alquiler de su casa en
aquel pueblo, que la compañía tiene arrendada como factoría. Préstamos que les ruega mantengan en
silencio “porque a otros se los ha negado”. En efecto, también después de consultar con su factor, niega
similar préstamo al también fragatino Manuel Galicia Salinas.
331

404 En 1789, por ejemplo, se sacan de los graneros de Ballobar 52 cahíces de trigo y 81 cahíces de
cebada "para sembrar a medias a los vecinos de Ontiñena, Ballobar y Chalamera". Al sellar el trato, el
factor incluye una cláusula de oscuro significado: “se debe dar por ayuda de cuerpo, del trigo 13 r. por
cahíz de sementera, y del ordio 11 r. por cahíz de sementera”.
405 A.H.T. Fondos comerciales, Ca.19, folio 29v, 20 de enero de 1798.
406
Es, por ejemplo, el caso de Antonio Guardiola, de Torrente, a quien el factor de Ballobar le entrega
70 libras jaquesas “por cuenta de un empeño de era, pajar, granero y fraginal, a carta de gracia, en
nombre y voz del Sr. José Cortadellas y compañía”. Dos años después, como consecuencia de un nuevo
préstamo de 47 L. j. se ponen sus bienes a “toda venta” con la condición de poderlos redimir Guardiola
en tres años, pero si no lo hace pasarán a ser propiedad de Cortadellas. Finalmente, es el propio factor
de Ballobar quien acaba apoderándose de los bienes en la subasta.
407
Cuando en julio de 1801 Francisco Soler se hace cargo de la administración de Ballobar, las deudas
pendientes de cobro alcanzan nada menos que a 335 vecinos en una treintena de pueblos ribereños del
Cinca en su mayoría, pero también de las comarcas del entorno de Lérida.407 De ellos, 105
corresponden a Albalate, pueblo natal del anterior factor –Sardañons-, donde prácticamente todos los
vecinos son deudores de la factoría. Le siguen el propio Ballobar con 49 deudores, Ontiñena con 39,
Alcolea 31, Osso 27, Zaidín 17 y Fraga con 12 vecinos. Los restantes 23 pueblos albergan 55 deudores a
la Cía.
408
Cortadellas reflexiona “sumament embarasat” la posibilidad de renunciar a los arriendos cuando ve
que lo hacen otros arrendatarios de Aragón y así lo cumple con los de la margen derecha del Ebro ya en
agosto de 1808. Pero todavía intenta controlar el resto de las factorías.
409
MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar Tomo
“Huesca”, p. 223. Edición facsímil de 1990.
410
A.H.P.Z. Libros del Real Acuerdo de 1797, folio 620.
411
A.H.F. Acta del ayuntamiento de 23 de junio de 1798
412
A.H.N. Sección Consejos / pleitos de Aragón. Libros de matrícula de los Expedientes de Oficio y
Gobierno. Libro de matrícula L.3254, relativo al legajo 37.387, expediente nº 6 de febrero del año 1800.
413
A.H.P.L. Protocolos notariales, signatura 1139, notario Ignacio Turull Clarió.
414
A.H.P.L. Protocolos notariales, signatura 1139, notario Ignacio Turull Clarió.
415
A.C.L. manuscrito nº 46, pp. 263 y ss.
416
A.H.T. Ca.42 Correspondencia entre la Cía. de Cortadellas y Fraga de 17 de febrero de 1816.
417
A.C.L. manuscrito nº. 46, pp. 263 y ss.
418
A.H.P.L. Protocolos notariales, signatura 1139.
419
PLA, Ll. y SERRANO, Á. La societat de Lleida…. p. 324.
420
A.C.L. manuscrito nº. 46, pp. 263 y ss.
421
PLA, Ll. y SERRANO, Á. Ibídem, p. 325.
422
Los arrendatarios habían escrito al capítulo ofreciéndole todos sus bienes para ser vendidos por la
institución “como dueña”, aunque “esperaban que no llevaría a sus casas y familias a mendigar por las
puertas”. El capítulo procede al embargo de todos los bienes de los cuatro arrendatarios, incluyendo
hasta los vestidos e incluso las mulas de labor (lo que según ellos es contra los privilegios de los
labradores). El capítulo alega ante el tribunal regional que las quejas respecto de la esterilidad son
infundadas, aunque reconoce que no han sido los años de los más abundantes. Respecto de la buena fe
de los arrendatarios dice que, por el contrario, pretendieron ocultar sus bienes en el momento de serles
embargados, y que sólo bajo juramento dijeron donde los habían ocultado. Respecto de los bienes que
poseen, el capítulo alega que sobre todo Domingo Labrador se ha estado construyendo en estos años
una casa por valor de más de mil libras, con bodega y bóvedas de piedra de cantería hasta el primer
suelo y luego de ladrillo. Y que los beneficios que obtuvieron en el primer año del arrendamiento, si no
los hubieran invertido en aumentar sus patrimonios les hubieran bastado para pagar el segundo año del
arriendo. El 22 de octubre de 1777 el Fiscal de la Audiencia aconseja al Real Acuerdo desestimar la
petición de los arrendatarios y el Real Acuerdo así lo hace. A.H.P.Z. Expedientes del Real Acuerdo.
423
A.H.P.Z. Pleitos Civiles, C.752-6.
424 A.H.P.Z. Pleitos Civiles, C.5259-2.
425 Durante la guerra de la Independencia ya “se registró una negativa extendida a pagar el diezmo”.
Según afirma ESDAILE, Charles en La guerra de la Independencia. Una nueva historia. Barcelona 2004.
p. 89. Más tarde, la existencia de un amplio movimiento de resistencia al pago del diezmo se manifiesta
durante el trienio y posteriormente, en el periodo 1836-37, por la abundancia de exposiciones dirigidas a
las Cortes en petición de la supresión de la contribución decimal.
CANALES, Esteban en “Los diezmos en su etapa final” en La economía española a fines del siglo XVIII y
comienzos del siglo XIX vol. I Madrid, 1982 p. 182 afirma que la mayor resistencia se produce en las
zonas “donde mayor desarrollo tenía en aquellos momentos la guerra carlista”, así como “en aquellas en
que la producción agrícola se ha convertido en mayor grado en mercancía”.
En el ámbito local, por ejemplo, en carta del 17 de julio de 1836 el comisionado fragatino don Joaquín
Isach y Junqueras expresa al Comisionado Principal de Arbitrios de Amortización la resistencia al pago de
diezmos de las tierras regadas con la acequia del secano, correspondientes a la hacienda estatal,
diciendo: "Creyendo fundadamente que por parte de los contribuyentes del diezmo … habría repugnancia
332

y acaso resistencia en el pago de algunos de dichos frutos de que han dejado de hacerlo en años
anteriores por falta de firmeza en sostener el derecho que tiene la Real Hacienda en hacer cumplir a
aquellos la obligación que contrajeron. Y a virtud de la Real orden que sobre el asunto recayó en el año
1818, en 13 de Junio último (1836) impetré el auxilio de este Sr. Juez de 1ª Instancia de conformidad a
lo que V.S. me previno en 7 del mismo mes para que hiciese entender a los expresados contribuyentes
de esta ciudad y de los pueblos de Velilla y Torrente de Cinca la obligación que tienen de pagar el
referido diezmo de todos los frutos que producen las mencionadas tierras, y que lo realizasen con la
equidad que corresponde, en vista de lo cual lo dispuso así el expresado Sr. Juez por medio de bando".
A.H.P.Z. Bienes Nacionales, Crédito Público. C.1045 (C.43).
426 PÉREZ SARRIÓN, G. en su artículo sobre la "Compañía de Aragón" en la revista Pedralbes nº 4,
aporta un cuadro de los "ingresos en caja de Soler, Bosch, Figarola y Compañía", y afirma que indica los
ingresos anuales en caja de varias procedencias. La columna V es la correspondiente a Fraga, y
proporciona datos para el período 1793-1809. Este cuadro, sin embargo, aunque nos muestra que la
administración de Fraga está viva en esos años, no debe interpretarse como indicador del nivel de
actividad ni de que en unos años esta factoría diera beneficios y en otros no, como parece interpretar el
autor apoyándose en estas cifras. Baste para ello saber que, por ejemplo, un año en que no ingresara
nada en la caja general de la Cía., el administrador de Fraga podía haber trasferido al de Ballobar miles
de libras de sus ingresos en "su" caja particular, producto de la venta de cereales. Fraga, en el balance
de fin de año, no contaría con estos miles de libras para aportarlos a la caja general. Igualmente, el
posible superávit de la factoría de Ballobar aquel año en la caja general, tampoco sería fiel reflejo de su
actividad económica ya que estaría engrosado con la aportación de Fraga. De hecho, la transferencia de
fondos de una factoría a otra es continua y generalizada, al menos entre las de Aragón, sin que se
anoten contablemente. Del mismo modo, cada uno de los socios de la Cía. aporta o detrae de las
factorías caudales con frecuencia, caudales que empleará en otros negocios o en otras factorías, con lo
que el balance final de cada una de ellas no parece indicar su actividad real.
427 BERENGUER GALINDO, A. Fraga en la guerra de la Independencia, p. 111 y ss.
428 BERENGUER GALINDO, A. Ibídem. pp. 112-104.
429 El catastro de 1832 detalla las peritaciones de todos los comerciantes de granos y tratantes de
ganado, entre los que destacan en cuantías inferiores las familias Canales, Agustín, Berges, Larroya, etc.
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