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UNIVERS][DAD AUTONOMA
DE SINALOA
FACULTAD DE DERECHO CULIACÁN
SISTEMA DE EDUCACiÓN ABIERTA Y SEMIPRESENC(AL
S.E@.S
ANTOLOGÍA DE ESTUDIOS
]D) lE ]RllE ]Rl(O)

DIRECTORIO
DR. vícron ANTONIO CORRALES BURGUEÑO
RECTOR
DR. JOSÉ LUIS URíAS MORALES
DIRECTOR
MC. LAURO JULIO RODRíGUEZ ESPARZA
SECRETARIO ACADÉMICO
MC. ROSA DEL CARMEN MEZA TORRERO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DR. FERNANDO CASTILLO LORA
COORDINADOR DEL SISTEMA DE EDUCACiÓN ABIERTA Y
SEMI PRESENCIAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
FACULTAD DE DERECHO CULIACAN.
DR. ROBERTO CASTAÑEDA NEVARE
aósto del 2012

UNIDAD 1.
1.- ANTECEDENTES DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.-
1.1.- CARACTERISTICAS DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.
1.1.1.- AUTONOMíA CIENTíFICA.
Mucho se ha discutido sobre la existencia de una verdadera autonomía científica
del derecho procesal del trabajo. Algunos juristas la niegan, al ligarla de forma
fundamental en el derecho procesal civil, como es el caso de maestro Rafael de
Pina, que afirma: "la incorporación del derecho procesal del trabajo a los planes de
estudio de las facultades de derecho no es argumento lo suficientemente
poderoso para demostrar la autonomía de esta materia, interesantísima desde
luego, como manifestación del derecho procesal frente al derecho procesal civil".
Contrariamente, otros autores como Méndez Pidal: "no puede ponerse hoy en
duda la autonomía científica del derecho procesal social necesario en la
jurisdicción especial del trabajo, evidenciando así el hecho de que casi todas las
legislaciones y tratadistas regulan y hacen el estudio de los procedimientos ante la
misma".
Al tener en cuenta que la autonomía de una rama jurídica se alcanza cuando la
materia goza realmente de un campo de estudio que abarca toda una serie de
principios y de instituciones, los cuales por su naturaleza corresponden a esta
rama de la ciencia jurídica, debemos reconocer que el derecho procesal del
trabajo, como es de todos conocido, esa fundamentado en una serie de nuevos
principios que sorprendieron al mundo jurídico en los primeros años del siglo XX.
Estos se basaban en la búsqueda de un sistema procesal que, contrariamente a lo
conocido, lograra celeridad con base en la sencillez de sus formas, pero
garantizando a la vez seguridad jurídica a las partes; que la inmediatez requerida
en la recepción de las pruebas brindará a los juzgadores integrantes del tribunal la
oportunidad de conocer de cerca y de viva voz la versión de los hechos, según los
testigos, peritos o de las partes en el juicio. Por otro lado, la integración de las
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juntas que conocerá los conflictos como autoridades jurisdiccionales y su
naturaleza híbrida que les proporciona natural ubicación dentro de la tradicional
división del poderes en el Estado, su forma de integración representativa por
sectores, a fin de garantizar su índole laboral y, sobretodo, su forma de resolver
las controversias en conciencia y a verdad sabida, han hecho ver en este derecho
un todo con autonomía científica; además, en los estudios integrados por los
tratadistas se diluye cada día más incisivamente una tendencia a reafirmar esos
principios rectores del nuevo proceso y a perfeccionar sus instituciones.
Consideramos, sin embargo, que dicha autonomía científica no debe hacernos
perder la línea estructural del derecho en general, a fin de no caer en
improvisaciones débiles que, más que hacer evolucionar el derecho procesal del
trabajo, lo podrían llevar al caos en un inútil afán de hacerlo parecer modernista y
avanzado.
Por lo anterior, consideramos conveniente que al integrarse los estudios sobre el
derecho procesal laboral, se tengan siempre presentes los principios generales
del proceso, en razón de que por ser, precisamente una ciencia integrada, resulta
valiosa por su adopción. Además, es necesario tomar en cuenta que la
problemática laboral, que encuentra su cauce dentro del proceso del trabajo, es
una problemática cambiante, conforme a las evoluciones económico-sociales que
se viven. Estos dos señalamientos nos brindaran la esencia jurídica institucional,
tan necesaria para estructurar nuevos principios o dispositivos que le otorguen a
esta reciente rama del derecho procesal la sencillez, la fluidez y la seguridad
jurídica que se requieren en la actualidad, con la consideración de las
características económico-sociales del país en un momento dado. Tales
advertencias nos impedirán caer en la trampa de elaborar un derecho procesal del
trabajo, estructurado en sistemas rígidos y a veces hasta anquilosados, en choque
con una realidad social que los llegue a considerar inoperantes. Tampoco se
desean que, bajo este afán de búsqueda o por precipitación o superficialidad en el
planteamiento, se lleguen a configurar como normas positivas y principios
rectores, disposiciones carentes de solidez jurídica que los conflictos obrero-
patronales requieran para su solución.
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AUTOR.- Miguel Bermúdez Cisneros
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Trillas
1997 reimprimido 2000
PAG.- 22, 23, 24.
1.1.1.- AUTONOMIA CIENTIFICA.-
Que el obrero representa la parte más débil y el patrón la más fuerte en la idea
laboral, es una verdad indiscutible; por esto se justifica la naturaleza proteccionista
de la legislación del trabajo. Pero no basta la existencia del derecho material,
protector y reivindicador de los derechos obreros, para que impere la igualdad en
las relaciones obrero-patronales; se requiere; a su vez, de normas jurídicas
procesales que realicen aquellos derechos. Por tanto, conjuntamente con el
derecho sustantivo del trabajo, existe otra disciplina para su ejecución: el derecho
procesal del trabajo. En las reglas procesales del trabajo no se debe ver tan solo
formulas que tienen por objeto restablecer situaciones jurídicas y económicas
perturbadas por la violación de la ley o de la relación laboral o por el acaecimiento
de los fenómenos que repercuten en la producción, sino medio instrumentales
nutritivos de los obreros que sirvan para materializar la justicia social,
reivindicando los derechos de los trabajadores en el proceso.
El derecho procesal del trabajo es autónomo por la especialidad de sus
instituciones, de sus principios básicos y por su independencia frente a otras
disciplinas, aunque no excluye que exista relación de las mismas.
Estas características fundamentales definen la autonomía científica. En efecto
para que una rama jurídica pueda decirse autónoma; la doctrina enseña que debe
ser "bastante extensa, que amerite un estudio conveniente y particular; que
también contenga doctrina homogénea, dominado el concepto general común y
distinto del concepto general informativo de otra disciplina; que posea un método
propio, es decir, que adopte procedimientos especiales para el conocimiento de la
verdad constitutiva del objeto de la indagación".
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Esta doctrina es aplicable al derecho procesal obrero o del trabajo, para la
definición de su autonomía. Además siendo el derecho del trabajo una rama
jurídica autónoma y parte del Derecho Social, asimismo tiene que ser autónoma la
disciplina procesal, también social, que organiza los tribunales y procedimientos
del trabajo, lo cual confirma Mossa, quien expone con acierto:
"No hay derecho especial sin juez propio, ni materia jurídica especial sin
derecho autónomo."
Otros autores italianos también sostienen la autonomía del proceso laboral que es
diverso del común o burgués, si más que la teoría italiana de entonces consagró
las normas del proceso laboral en estatus autónomos hasta que el Código Civil de
1944 volvió a incluir en sus textos las reglas de las controversias laborales. Y no
falta quien incluya el derecho procesal del trabajo en el proceso civil.
Un ilustre maestro del Derecho Procesal y de otras disciplinas jurídicas, Rafael de
Pina, al que tanto agradece nuestra facultad por sus sabias enseñanzas; es el
más caracterizado representante de aquellas ideas burguesas, como puede verse
en seguida:
"El derecho procesal del trabajo -como manifestación del derecho positivo-
es el conjunto de normas relativas a la aplicación del derecho del trabajo
por la vía del proceso. El derecho procesal del trabajo - como rama de la
Enciclopedia Jurídica- es la disciplina que estudia las instituciones
procesales del trabajo con finalidades y métodos científicos.
"Los principios en que se inspira el derecho del y trabajo no son, en lo esencial,
distintos de los del derecho procesal civil, como los de éste no son de los del
derecho procesal penal.
"Los tratadistas que han dedicado atención partícula al derecho procesal del
trabajo, defienden ardientemente la autonomía de esta disciplina científica.
Realmente, sin embargo, la autonomía del derecho procesal del trabajo como la
rama de Ciencia del Derecho, es una autonomía puramente académica.
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"La incorporación del derecho procesal del trabajo a los planes de estudio de las
Facultades de Derecho, no es argumento lo suficientemente poderoso para
demostrar la autonomía de esta materia, interesantísima, desde luego, como
manifestación del derecho procesal, frente al derecho procesal civil.
"El estudio del derecho procesal del trabajo como disciplina, separada del derecho
procesal civil; puede ser recomendada como método adecuado y eficaz en la
enseñanza de esta porción del Derecho, como puede serio el estudio del derecho
probatorio, por ejemplo, pero sin que ello signifique el reconocimiento de la
posibilidad de la construcción de una ciencia del derecho procesal laboral
independiente de la ciencia del derecho procesal civil! ni la posibilidad de la
existencia de una legislación procesal del trabajo cuyos principios informativos
sean en lo esencial, diferentes -menos, opuestos- a los de la legislación procesal
civil. Podetti ha escrito que no cree en la separación absoluta y tajante entre el
derecho procesal del trabajo común.
"Pietro Castro, por su parte, ve en el derecho procesal del trabajo una
manifestación del derecho procesal civil, fundada en consideraciones de tipo
práctico. El derecho procesal del trabajo -en su opinión-, podría figurar sin
inconveniente dentro del derecho procesal civil en sentido estricto, pensando,
pensado para el estudio por separado, más que los' principios en que se inspira, su
muy extendido ámbito de aplicación'."(Cfr. RAFAEL DE PINA, curso de derecho
procesal del trabajo, ediciones Botas, México, 1952, pp. 8 y ss. En el mismo
sentido con criterio civilista, ARTURO VALENZUELA, Derecho Procesal del
trabajo, _Editorial J. M. Cajica, Puebla, 1956, p.8 estima que son aplicables los
mismos principios a las dos disciplinas. lo cual es inexacto).
Entre los civilistas priva el criterio de que el criterio de que el derecho procesal del
trabajo sólo tiene autonomía puramente académico, le niegan independencia.
Piensan que en rigor técnico sólo existen dos manifestaciones autónomas del
derecho procesal: la civil y la penal, que las demás disciplinas procesales son
ramas de la civil, pero no se dan cuenta de que estamos viviendo desde hace
mucho tiempo situaciones que justifican la autonomía del derecho procesal laboral
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para resolver los innumerables problemas que presenta el trabajo en la vida de los
pueblos, de manera que a estas horas no se le puede negar independencia por
mas amor que se tenga a la concepción unitaria del derecho procesal y a la
ciencia burguesa, pues las realidades humanas, económicas y sociales, van
imponiendo cada día nuevas forma jurídicas que hacen que lo que en un principio
fueron pequeñas ramas se convirtieran en árboles frondosos. Es así como en la
actualidad el derecho procesal del trabajo ha adquirido autonomía no solo
académica, sino positiva y científica, como la rama del derecho procesal social en
el artículo 123.
En corroboración no sólo de la autonomía del proceso laboral, sino de que sus
principios han quebrado los del proceso civil, se reproducen las palabras del
eminente maestro uruguayo Eduardo J. Couture, en relación con nuestra tesis:
"He llegado a la convicción, por virtud de un estudio que el profesor Trueba Urbina
en su notable libro Derecho Procesal del Trabajo ha juzgado de modo en extremo
generoso, que el derecho procesal del trabajo, no ha dejado en pie ni un solo de
los principios del derecho procesal civil. El ha rebasado literalmente todos los
postulados que estamos manejando para la justicia civil ordinaria: la idea de
Trueba, por virtud de los fenómenos típicos de la inversión de la carga de la
prueba, en materia de accidentes o en materia de indemnización por despido. La
idea de cosa juzgada, mediante el problema de la sentencia colectiva. La idea de
jurisdicción, la relativa al principio de igualdad de las partes, etc. Todo ha sido
rebasado por las exigencias del proceso laboral. (Cfr. ESCUELA NACIONAL DE
JURISPRUDENCIA, conferencias y Mesa Redonda Acerca del tema,
interpretación e integración de las leyes Procesales. Ponente: Dr. Eduardo J.
Couture, catedrático de Derecho Procesal Civil de la Universidad de Montevideo,
México, 1950, p.98).
Gallart Folch incurre en lamentable confusión al sostener que la especialización
del derecho procesal de las corporaciones del trabajo -que acepta- no presume en
manera alguna su autonomía, la que estima desplazada porque rompe la unidad
del derecho procesal general. (Cfr. ALEJANDRO GALLART FOLCH, Derecho
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Administrativo y Procesal de las Corporaciones del Trabajo, Barcelona, 1929, p.
15). Y no es error científico, como cree el profesor de la Universidad de Barcelona,
que la independizarían de las corporaciones de trabajo y de sus normas de
tramitación, rompen la unidad del derecho administrativo y procesal; porque una
disciplina conserva su unidad aun cuando de sus instituciones se desprendan de
ella fenómenos sociológicos, pasando a integrar una nueva y cuya independencia
proviene precisamente de la especialidad intrínseca de sus materia y funciones,
que en esencia caracterizan su autonomía científica. Así, por ejemplo, el derecho
civil y mercantil han perdido instituciones como el contrato de obra, el contrato de
embargo y dependientes comisionistas, agentes comerciales, etc., que ahora
forman parte del derecho del trabajo, aunque con una concepción distinta de la
que tenían y sin embargo conservan su unidad, en lo relativo al derecho
patrimonial que es su materia propia. Más el derecho procesal, laboral no es
disciplina que corresponda a la "teoría general del proceso" que es en esencia
burgués, sino a la "teoría general del proceso social". porque se desentrañó de la
vida misma. Y se consignó en el artículo 123 de nuestra Constitución.
En cambio, otro jurista español, el ilustre magistrado de los Tribunales del Trabajo,
Juan Menéndez Pidal y de los Montes, es concluyente al respecto:
"No puede, ponerse hoy en duda la autonomía científica del derecho procesal
necesario en la jurisdicción especial del trabajo, evidenciándolo así el hecho de
que casi todas las legislaciones y tratadistas regulan y hacen el estudio de los
procedimientos ante la misma". (Cfr. JUAN MENENDEZ-PIDAL, Derecho Procesal
Social, Madrid, 1947, p. 6 siguen nuestra tesis de autonomía del proceso laboral:
ARMANDO PORRAS LOPEZ, ob. cit. pp. 19 Y 20 ARTURO VALENZUELA,
derecho Procesal del Trabajo, México-lima-Buenos Aires, 1959, p 91, aunque no
tienen una concepción clara de ella).
Aclaramos que no usamos el término derecho procesal del trabajo como sinónimo
de derecho social, sino como la rama de éste.
El derecho procesal mexicano del trabajo es ciencia autónoma frente al derecho
sustantivo laboral, pues uno y otro no fueron "expropiados al derecho privado", ni
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al derecho público al que pertenece el derecho procesal burgués y,
principalmente, frente al derecho procesal civil, por cuanto que su esencia
fundamental, técnica y procedimientos difieren y son incompatibles. Los órganos
jurisdiccionales del trabajo son distintos de los viejos tribunales comunes, de la
jurisdicción burguesa, lo mismo que sus correspondientes reglas procesales, y no
sólo se distinguen por la naturaleza especifica de sus instituciones y
procedimientos, sino que sus sistemas procesales son antiéticos: los tribunales
civiles son burgueses, pues valoran las pruebas conforme la ley que los regula,
en tanto que las juntas de Conciliación y Arbitraje las aprecian en conciencia; en
las sentencias judiciales impera la verdad legal o técnica y en los laudos de las
juntas la verdad sabida y la equidad Nuestra Suprema Gorte de Justicia, en su
Jurisprudencia, confirma implícitamente la autonomía el derecho procesal obrero
al reconocer la Jurisdicción especial del trabajo, aunque nunca ha percibido la
distinción entre el proceso burgués y el social, porque ella pertenece a la
jurisdicción burguesa.
Debemos contemplar el derecho procesal del trabajo como una disciplina nueva
de carácter social, que tiene por finalidad la aplicación del derecho del trabajo, con
el propósito de hacer efectivo el mejoramiento de las condiciones de vida de los
trabajadores y la salvaguarda de sus derechos y de sus conquistas contractuales,
así como la reivindicación de sus derechos, que no implica una simple función
pública de juzgar a la usanza civil, sino algo más trascendental: impartir justicia
social, en cuya práctica las juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a
redimir, a la parte obrera en el proceso haciendo efectiva la norma sustancial
laboral en los procesos jurídicos, porque en los económicos su función puede
culminar en la socialización de la empresa, bienes o servicios, entregándolos a los
trabajadores. También como consecuencia del libre ejercicio del derecho de
huelga, podrían alcanzarse, tales objetivos con mayor rapidez.
AUTOR.- Alberto Trueba Urbina
TITULO.- Nuevo Derecho Procesal del Trabajo
EDITOR!AL.- Porrúa
8

Primera Edición.
PAG. 24, 25, 26, 27, 28.
1.1.2.- ORALlDAD DE LA FORMA:
Otra de las características fundamentales del derecho procesal del trabajo, es la
oralídad, que aparentemente moderniza los cauces del derecho procesal. Si la
observamos con mayor detenimiento, la oralidad no es más que volver a las
formas primarias del procedimiento, tal y como era antes de tomarse escrito
durante el imperio Romano de Oriente, sistema este último que fue más tarde
ratificado en el solemnis ordojudiciarius, del Medievo, para llegar a los tiempos
modernos un procedimiento escrito, lento, pesado y falto de vivencia. La oralidad
justificó su aparición en las estructuras procesales, ya que la doctrina y la práctica
del derecho positivo han comprobado que constituyen un efectivo medio para
lograr la celeridad y la inmediatez buscada por elderecho procesal del trabajo.
La experiencia deriva del periodo histórico durante el cual se practicó este
sistema, ya la más reciente constancia que el derecho comparado aporta, nos
permiten afirmar que el proceso oral es superior y puede adaptarse con facilidad a
la problemática jurídica de la vida moderna, porque a través de él se logra
garantizar una justicia más económica, simple y, sobre todo, más rápida.
Tradicionalmente, el tipo de procedimiento está determinado por el medio de
expresión que en él se use: el elemento oral escrito.
En el procedimiento oral las discusiones y las conclusiones que se propician son
de viva voz; asimismo, el laudo o sentencia que en él se dicta es pronunciado por
el mismo juez o presidente del tribunal que recibió la prueba del juicio; esto es, con
el que hubo inmediación.
Los elementos fundamentales en que se basa el principio de la oralidad son: a) el
predominio de la palabra hablada, b) la inmediación entre juzgador y las partes.
Para concluir, queremos dejar sentado que el establecimiento de la oralidad en el
juicio laboral ha resultado tan sustancioso, que algunas otras ramas procesales
vuelven ahora sus ojos hacia las nuevas estructuras procesales que, como lo
9

laboral, incluyen a la oralidad como una característica de remodela miento y
efectividad en orden procesal.
AUTOR.- Miguel Bermúdez Cisneros
TITUlO.- Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Trillas
1997 reimprimido 2000
PAG. 73, 74, 75.
LA lEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 713.- En las audiencias que se celebren se requiere de la presencia
física de las partes o de sus representantes o apoderados, salvo disposición en
contrario de la Ley.
1.1.2. ORALlDAD DE LA FORMA.-
A diferencia del derecho común, el derecho procesal laboral se desarrolla con
base en audiencias, en las partes comparecen a hacer valer sus derechos,
teniendo la posibilidad de exponer verbalmente sus pretensiones ante la autoridad.
Por ello se le ubica como proceso eminentemente oral.
Se afirma que por dicha característica, predomina la palabra hablada aunque no
necesariamente se quiere decir con ello que haya nada escrito, ya que no podría
concebirse un proceso totalmente oral, debido a la necesidad de la constancia
gráfica, ocasionada por la imposibilidad material, de que el juzgado pueda en la
memoria todo el desarrollo de un conflicto.
A mayor abundamiento, el artículo 713 de Ley prevé que en las audiencias que se
celebren se requerirá de la presencia física de las partes o de sus representantes
o apoderados. Con ello se confirma la naturaleza oral del proceso, toda vez que la
ausencia física a la diligencia respectiva no puede sustituirse con promociones
escrita. En ningún otro caso se destaca con tanta precisión la oralidad del
procedimiento, esto se debe indudablemente a la necesidad de que se dé un
10

contacto directo entre la autoridad y el litigio, para un mejor conocimiento del
negocio y la impartición de una auténtica justicia laboral.
AUTOR.- Rafael Tena Suck.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- trillas.
2001.- Reimpreso 2007.
PAG.-18,19
1.1.3 SENCILLEZ EN LA FORMALIDAD.
Mientras el proceso civil prepondera la aplicación rígida e inflexible, en el derecho
laboral ocurre todo lo contrario, y el legislador tuvo en consideración para arribar a
esta conclusión que en la mayoría de los casos, el trabajador carece de
conocimientos jurídicos, encontrándose en desventaja con el patrón.
Debemos considerar que este principio se aplica a los casos en los cuales
directamente los interesados comparecen ante los tribunales a defender sus
derechos; consecuentemente no se les encauza por reglas rígidas o formularías.
El proceso laboral moderno no se encuentra en esta hipótesis, y se requiere de
peritos en derecho asesorado a las partes, no obstante cualquier afirmación en
contrario.
Al respecto, la ley de 1980, en su artículo 687 indica: "en las comparecencias,
escritos, promociones o alegaciones no se exigirá forma determinada, pero las
partes deberán precisar los pintos petitorios".
Esta facultad se encuentra reservada únicamente a las partes, puesto que la
autoridad está constreñida a observar las formalidades esenciales del
procedimiento en los términos expresados por la Carta Magna (art.16).
Luego entonces, se obliga al respecto absoluto de las formas procesales, cuya
violación se traduce en la facultad de exigir su cumplimiento, mediante la
regularización del procedimiento (art.686) o la interposición de la demanda de
amparo ante la autoridad constitucional.
11

AUTOR: Rafael Tena Suck
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- trillas.
2001.- Reimpreso 2007.
PAG.- 20.
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 686.- El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para
procesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente
Ley.
Las Juntas que se corrijan cualquier irregularidad u omisión que notaren en la
sustancia del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello
implique que pueda revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el Artículo
848 de la presente ley.
ARTICULO 687.- En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones, no
se exigirá forma determinada; pero las partes deberán precisar los puntos
petitorios.
1.1.3. SENCillEZ EN LAS FORMALIDADES.
Esta característica tiene su fundamento en el artículo 685, en su segundo
parágrafo, al establecer que: "las juntas tendrán la obligación de tomar las
medidas necesarias para lograr la mayor...sencillez del proceso".
Se refiere a la ausencia de formalismos en el procedimiento. Al respecto el artículo
687 establece que: "En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones
no se exigirá forma determinada..." lo cual significa que las partes solo están
obligadas a exponer los hechos en que fundan sus pretensiones y a precisar los
puntos petitorios, sin requerirse señalar las disposiciones legales que los
fundamenten (arts. 687 y 878 fraccs. 11 y 111).
12

Este principio resulta importante porque mientras en el proceso civil, se le da
preponderancia a la aplicación rígida e inflexible de la forma procesal, en el
proceso laboral ocurre lo contrario, ya que la forma procesal laboral es flexible y
carece de rigidez.
1.1.4.- FLEXIBILIDAD.
Para Ross Gámez implica ni más ni menos que la aplicación de la equidad en la
impartición del derecho, o sea, tomar en cuenta las particularidades especificas
del caso concreto al aplicar la ley.
AUTOR.- Néstor del Buen L.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- José M. Cajica, JR. S.A.
PAG.-48.
1.1.4. FLEXIBILIDAD.
Esta característica se equipara al principio de informalidad, en virtud del cual el
trabajador no está obligado a conocer el nombre del patrón y bastará con que
precise en la demanda el lugar donde prestó el trabajo y la actividad a la que se
dedica el patrón (art. 712). Se refleja también en la facultad discrecional de la
junta para tener por acreditada la personalidad de los representantes de los
trabajadores o sindicatos sin sujetarse a las reglas del artículo 692, tomando en
cuenta los documentos exhibidos, según el artículo 693. Asimismo en el poder que
otorgue el trabajador para ser representado en juicio, que se entenderá conferido
para reclamar todas las prestaciones principales y accesorias que correspondan,
aunque no se señalen expresamente (art. 696).
13

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 692.- Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por
conducto de apoderado legalmente autorizado.
ARTíCULO 693.- Las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los
representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del
artículo anterior siempre que de los documentos exhibidos lleguen al
convencimiento de que efectivamente se representa a la parte interesada.
ARTIcULO 712.- Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la
denominación o razón social de donde labora o laboró deberá precisar cuando
menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa,
establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o presta el trabajo y la actividad a
que se dedica el patrón.
La sola presentación de la demanda en los términos del párrafo anterior
interrumpe la prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador.
1.1.5.- LAUDOS DICTADOS VERDAD SABIDA Y EN CONCIENCIA.
La palabra laudo es una expresión forense que significa decisión o fallo que dictan
los tribunales.
En el derecho mexicano del trabajo, los laudos poseen una especial característica:
se dictarán a verdad y buena guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin
necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre la estimación de la prueba,
pero expresarán los motivos y aspectos legales en que se apoyen.
Esta cita nos obliga a analizar esa apreciación de los hechos en conciencia sin
sujetarse a reglas o formulismos. Dentro de la doctrina jurídica, son clásicos los
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tres sistemas operantes en cuanto a la apreciación de las pruebas rendidas en
juicio; ellos son: prueba legal o tasada, prueba libre o sistema mixto.
PRUEBA LEGAL O TASADA.- La prueba legal, que por cierto tiene aún sus
defensores, es un sistema, en que el legislador fija reglas de carácter general y, de
acuerdo con ellas, ha de resolver el juez la fuerza probatoria de cada prueba.
Este sistema constriñe el papel desempeñado por el juez, convirtiéndolo en un
acumulador de pruebas rendidas, con el valor probatorio prefijado por la ley, por lo
que se reserva una función muy reducida si se compara con la alta designación de
que ha sido objeto. Tal limitación, en el fondo, representa falta de confianza del
legislador hacia el juez que tendrá a su cargo la aplicación de la ley, puesto que lo
constriño de tal manera.
PRUEBA L1BRE.- Este sistema se caracteriza porque el legislador concede un
libre arbitro al juzgador, a fin de que va/ore las pruebas ante él desahogadas, sin
sujetarse a ninguna tasación previa, absolutamente sin ninguna limitación en
cuanto a la apreciación y, en su caso, convencimiento objetivo de las pruebas
desahogadas. Al contrario del sistema de la prueba legal, supone capacidad y
criterio suficiente en el juzgador, como para valorar un sinnúmero de
circunstancias que pueden rodear a la prueba ofrecida y desahogada, hasta llevar
a una concepción más clara, que es la verdad judicial buscada en juicio. Es
verdad que el manejo de tal sistema probatorio requiere de un juez con amplios
conocimientos, pero a la vez, otorga una mayor flexibilidad, que permite que se
puedan probar los más variados hechos, producto de la diversificación de
actividades, característica de la época moderna.
Aunque es evidente que los modernos sistemas aplicables en e/ derecho
adoptan este sistema de la libre valoración de la prueba, por considerarla más
idónea a la finalidad en el juicio, no deja de existir los vehementes defensores del
sistema clásico ya que, como afirma Bianchi, surgen dudas acerca de una
aseveración definitiva sobre qué sistema sea más operante. Según él, este
15

sistema moderno de persuasión racional, dependiendo de la variedad de carácter,
expone al peligro de las impresiones del criterio del juzgador, pero permite, por
otra parte, adaptar el resultado del proceso inductivo a las particularidades y
mínimas circunstancias del caso.
SISTEMA MIXTO.- Este tercer sistema de valoración de las pruebas es una
conjunción de principios de los dos anteriores; de ahí que sea conocido con la
denominación de mixto.
En la actualidad, la gran mayoría de las codificaciones aplican este sistema. Pero
a pesar de los argumentos de positividad que acerca de él se formulen, la realidad
es distinta, ya que si en él se aglutinan los principios rectores de la prueba, la
práctica ha permitido que exista esta conjunción, que trae como consecuencia una
mayor limitación de su aplicación que la que podría tener un sistema estricto de
prueba tasada. Muchas veces, el juzgador no localiza la liberalidad que el sistema
mixto pretende otorgarle, pues en el cuerpo de los mismos artículos se condiciona
dicha liberalidad a la observancia de ciertos principios que, en vez de darle
flexibilidad, anquilosan y dificultan su aplicación. En este punto coincidimos con el
maestro De Pina, quien afirma que tal método, en vez de resolver los
inconvenientes del sistema de la prueba libre y de la prueba legal, lleva al proceso
los inconvenientes de uno a uno.
Este sistema, caracterizado por la pretensión de limitar los inconvenientes de una
aplicación radical del sistema de la prueba libre y los de la prueba tasada o legal,
es el que han incorporado en su artículo las codificaciones modernas.
"Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los
hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismo sobre
estimulación de pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos en que se
apoyen". Tan importante artículo bien merece que nos detengamos y
escudriñemos un poco más en él, para preguntamos sobre el origen e incluso por
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la tan revolucionaria adopción del principio por la legislación laboral, ya que estos
puntos tal vez nos aclaren un poco la confusión a que nos condujo el hecho de
que, con diversas expresiones gramaticales, aludan a un mismo principio las
legislaciones laborales de otros países.
Iniciamos nuestro análisis precisando que debe entenderse por verdad sabida y,
posteriormente, el novísimo agregado que se le hizo a este artículo, al incluir "y
buena fe guardada", para que desglosemos por último, lo que se refiere al término
"en conciencia".
En relación la "verdad sabida", el doctor Néstor de Buen nos dice: "El concepto de
verdad sabida corresponde a la impresión que el desarrollo del juicio ha venido
creando en los representantes que integran los tribunales de trabajo". Se trata de
un concepto al que podríamos llamar de tracto sucesivo; esto es, que va
elaborándose conforme transcurren las secuencias procesales, que va creando
conciencia de las actividades de las partes y, sobre todo de las pruebas en los
representantes que integran el tribunal.
Por "buena fe guardad" debamos entender la correcta intención en todos los
actores a realizar.
Nos preocupa delimitar con precisión el significado de la expresión "en
conciencia", porque es verdad que todo el mundo sabe que en materia laboral, las
pruebas se aprecian en conciencia, pero no todos pueden precisar tan
trascendente facultad.
De aquí puede deducirse que la legislación laboral mexicana, nos reserva cierta
responsabilidad en los ámbitos del derecho, comparado, ya que, si fueron
nuestras leyes las que adoptaron el término, resulta lógico que debamos delinear
a la perfección su contenido.
Por si esto fuera poco, en otras legislaciones laborales también se transcribieron
términos parecidos que trataban de expresar lo mismo, o sea que el juzgador

gozara de una cierta libertad en la apreciación de las pruebas que se sometieran a
su conocimiento. Estas variaciones en la terminología, usadas evidentemente con
la misma finalidad pero sin una definición de esa liberalidad, han complicado el
problema que nos ocupa.
AUTOR.- Miguel Bermúdez Cisneros.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- Trillas.
1997. Reimpreso 2000.
PAG.- 84,85,86,87,88.
1.1.5. LAUDOS DICTADOS VERDAD SABIDA Y EN CONCIENCIA.
El laudo es la resolución ipso iure pronunciada por las juntas de conciliación y
conciliación y Arbitraje en el proceso que decide definitivamente el fondo de los
conflictos del trabajo, ya sean jurídicos económicos.
La Ley Federal del trabajo, en el artículo 775, reproducción de la anterior de 1931,
consagra un principio inconmovible que constituye la base esencial de la decisión:
"Los laudos se dictarán a verdad sabida."
Este principio significa que en el fallo laboral debe imperar la equidad y no el
rigorismo jurídico, puesto que substituye la verdad legal de la sentencia civil con la
verdad sabida o social, alma mater del laudo. Así se mitigan las asperezas del
absurdo es la verdad sabida, el complemento de ésta tiene que ser la buena fe
guardad. Al respecto, Hevia Bolaños explica magistralmente la verdad sabida y la
buena fe guardada, en los términos siguientes:
"Y la verdad sabida se entiende siendo la verdad del hecho hallada, y probada en
el proceso, conforme una ley de Recopilación. Y patrocinada y corroborada por las
leyes y derechos según Baldo, Alexandro y Gramático. La buena fe guardada se
entiende, que se ha de guardar equidad de la justicia, templándola con el dulzor
18

de la misericordia, porque la buena fe es equidad y la equidad es temperamento
del rigor; y así, ella no es en todo contraria a él, sino su modificativa con
templanza del rigor, y sutilezas del derecho, no se ha guardado en el consulado,
sino esta buena fe o equidad temperaría de él, según Maranta y Ruginelo. Y esta
equidad siempre debe tener el juez delante de los ojos, según lo dice un texto, por
ser la perfecta razón: donde la cual se usare, la justicia se honra, como consta de
Cicerón y un texto."
Tal parece que estos hermosos conceptos fueron los inspiradores de nuestra
legislación procesal laboral: verdad sabida en vez de verdad material o formal, y
equidad social en lugar de rigorismo jurídico.
Efectivamente, la verdad formal del proceso civil, que con otras instituciones
forman la teoría general del proceso, discrepan una y otra de la verdad sabida del
proceso laboral, en lo que atañe al continente y contenido: la verdad sabida se
forma en la conciencia de los juzgadores, no requiere comprobación objetiva como
la verdad material, ni entraña artíficos para dar vida jurídica a la ficción. Así se
encuentra, a la luz de la ciencia social, la verdad que todos saben o conocen sin
prueba concreta de la misma. Esta teoría del derecho proletario laboral constituye
el sustrato del laudo.
AUTOR.- Alberto Trueba Urbina
TITULO.- Nuevo Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Porrúa
Primera Edición.
PAG.- 391, 392, 393.
LA LEY FEDERAL DEL TEABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 841.- los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y
apreciando los hechos a conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas y
formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y
fundamentos legales en que se apoyen.
19

ARTíCULO 842.- los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la
demanda, contestación y demás prestaciones deducidas en el juicio
oportunamente.
UNIDAD 11.-
2.- PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.
2.1.- PRINCIPIO DE IMPULSO.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje no pueden manifestarse si los interesados
no actúan, es decir, para que el poder jurisdiccional intervenga por conducto de
sus titulares, es necesario que los particulares promuevan, impulsando el
procedimiento. Este principio se ha llamado tradicionalmente iniciativa o instancia
de parte, tal y como ocurre en nuestra materia.
lo anterior supone que el juzgador sólo actúa a petición de los promoventes. Ya
los romanos decían: nemo judex sine actore (no hay juez sin partes).
Este principio es el opuesto al principio o proceso inquisitorial, en donde funciona
la oficiosidad como norma en el proceso.
AUTOR.- Rafael Tena Suck.
TITUlO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- trillas.
2001.- Reimpreso 2007.
PAG.-19.
2.1.- PRINCIPIO DE IMPULSO.
Es una elegante exposición, el jurista Hugo Alsina estima que el proceso es un
organismo sin vida propia, que avanza justamente en virtud de los actos del
procedimiento. Esa fuerza externa que lo mueve se denomina impulso procesal,
que a la vez se vincula con la institución de los términos, lo cual establece un
20

límite en el tiempo a los actos procesales y con el principio de la preclusión
impone un orden sucesivo, que posibilita el desenvolvimiento progresivo del
proceso.
Ahora bien, puesto que hablamos del llamado impulso procesal y lo entendemos
con las palabras del maestro Alsina, señalaremos que existen tres sistemas que
corresponden a otros tantos modos en que puede impulsarse el procedimiento: el
sistema legal, el sistema dispositivo y el sistema inquisitivo,
En el sistema legal es la ley quien impone al tribunal y a las partes el cumplimiento
de determinados actos procesales; en el sistema dispositivo el impulso
corresponde a las partes, mientras que en el sistema inquisitivo es el tribunal
quien tiene la facultad de ordenar diligencias procesales.
AUTOR: Miguel Bermúdez Cisneros.
TíTULO: Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL: Trillas.
1997 Reimpreso.
PAG.75.
2.2.- PRINCIPIO DE FORMALIDAD.
En términos generales, la formalidad se refiere a la manera en que se deben de
desahogar los actos procesales; el proceso en el derecho común se rige por
formas determinadas "a priori" y manifestadas a través de reglas procesales que
determinan cómo y cuándo se deben realizar los actos procesales, entendiéndose
por "cómo", la necesidad de la forma escrita de las promociones, y por "cuándo"
los términos a que están sujetos los actos procesales.
El derecho procesal del trabajo no es formalista, ya que por tratarse de un derecho
social, que tiene por características la simplicidad, la sencillez y la flexibilidad,
reduce las formas a lo que necesariamente requiere la garantía del ejercicio de la
acción, permitiendo que en una audiencia, las promociones o alegatos se hagan
de forma escrita o verbal y sólo se requiere que se precise lo que se pide.
21

Al respecto el artículo 687 establece que: "En las comparecencias, escritos,
promociones o alegaciones, no se exigirá forma determinada, pero las partes
deberán precisar los puntos petitorios.
LA lEY FEDRAl DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 687.- En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones, no
se exigirá forma determinada, pero las partes deberán precisar los puntos
petitorios.
2.3. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.-
la esencia en este principio debe consistir en que, durante el desarrollo de las
audiencias en el litigio, las partes se comuniquen directamente entre sí y con el
presidente del tribunal encargado de dirimir el debate y que éste, por igual, se
comunique con las partes y con las de las demás personas intervinientes en el
proceso.
Al definir el principio, Couture nos dice: "Es el contacto directo de los litigantes con
el juez y la recepción de la prueba directamente por el juez sin intermediarios".
Para Veléz Mariconde, este principio busca llevar al ángulo del juez los elementos
de convicción sin sufrir alteraciones o desfiguraciones, a fin de que él pueda
captar amplia y correctamente lo sucedido, así como las pruebas que tienden a
demostrarlo.
El impartir justicia tiene que ser resultado de un análisis lógico jurídico de las
pruebas aportadas, y en los juicios orales, este análisis, en mucho, s~ basará en la
apreciación directa que de estas pruebas se logre a través de la inmediación.
Como vemos, la inmediación tiene una estrecha vinculación con la oralidad,
porque en este sistema la relación entre los litigantes y de éstos con el presidente
del tribunal es directa e inmediata.
22

Asimismo, el principio de la inmediación está íntimamente vinculado con el de
concentración procesal; es decir, que mediante los principios de inmediación se
encuentra el juez en un estado de relación directa con las partes, recibiendo
personalmente las pruebas, además de que los anteriores principios de oralidad y
de concentración no resultarían efectivos si no fueran compaginados con el de
inmediación. De nada serviría que en un proceso, al que asistieran las partes
involucradas, así como los testigos y los peritos, declararan oralmente, pero que
no lo hicieran ante la persona que va a resolver su conflicto.
Porque ante todo, debe buscarse que sea el mismo juzgador el que reciba las
pruebas y pueda estudiar, en esos momentos de la recepción, la personalidad,
actitudes y lenguaje, del que narra así como la espontaneidad así como en las
declaraciones vertidas.
Agregaríamos que no basta que esté presente en la prueba, sino que requiere que
la escuche o que intervenga, cuando esta intervención esté facultada por la Ley.
Para estos efectos no basta, como presencia; un juez desconocedor de la materia
litigiosa; un juez que oye pero no escucha.
Con respecto a esto último señalaré que el Diccionario de la Academia Española
define oír como percibir sonidos, y escuchar como prestar atención a lo que se
oye. En estos casos la inmediación en el proceso laboral. se requiere escuchar y
no tan solo oír.
Para concluir, podemos afirmar que la inmediación se torna fundamental en el
proceso laboral, ya que le proporciona celeridad y un mejor acceso del juzgador a
las pruebas presentadas.
AUTOR: Miguel Bermúdez Cisneros.
TíTULO: Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL: Trillas.
1997 Reimpreso.
PAG. 77, 78 ,79.
23

2.3. PRINCIPIO DE INMEDIATEZ.
Consiste principalmente en que los miembros de las Juntas de Conciliación y
Arbitraje deben estar en contacto personal con las partes: reciban pruebas, oigan
su alegatos, las interroguen, etc., para obrar con mayor justicia.
Armando Porras y López, precisa al respecto que el juez o el tribunal que deban
conocer y fallar el negocio o conflicto laboral tendrá que estar en contacto directo,
en relación próxima a las partes y deberán presidir, de ser posible, todas las
audiencias a fin de que conozca el negocio, no a través del secretario, en el
acuerdo, sino personalmente, de forma inmediata, a fin de dictar una sentencia
justa.
Para ello las Juntas están obligadas a recibir todas las declaraciones y presenciar
todos los actos de prueba, bajo la más estricta responsabilidad del funcionario que
actué, asimismo, los miembros de las Juntas podrán hacer libremente las
preguntas que juzguen oportunas a las personas que intervengan en las
audiencias, examinar documentos, objetos o lugares en atención de que el
derecho procesal del trabajo es profundamente dinámico y humano, por la
naturaleza misma de los intereses en juego (art. 620).
AUTOR.- Rafael Tena Suck.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- trillas.2001.- Reimpreso 2007.
PAG.-18.
2.4. PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL.
Significa para Guasp que la condición de cada parte debe de tener un contenido
equivalente, es decir, que no puede diferir en sustancia los deberes y derechos de
una parte a otra. Aclara Guasp que este es un principio instrumental y no
sustancial, dada la distinta perspectiva en que están colocadas las partes inclusive
24

Guasp habla de sujeto activo y de sujeto pasivo del proceso, intentando expresar
que el primero tiene un carácter protagónico.
AUTOR.- Néstor del Buen L.
TITUlO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- José M. Cajica, JR. S.A.
PAG.- 220.
LA lEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 840.- El laudo contendrá:
FRAC, Vl.- Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y doctrina que le
sirva de fundamento.
2.4. PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL.
El principio de igualdad procesal, de paridad procesal o de equidad en el proceso
y en el laudo está contemplado en los artículos 17 y 840 de la ley laboral:
El artículo 17 de la ley señala la equidad como fuente subsidiaria (no supletoria)
de! derecho del trabajo en caso de ausencia de disposición expresa en la
constitución, en la ley o en sus reglamentos o en los tratados internacionales
sobre la materia (ver arto 6 de la lFT y 133 de la constitución federal).
El artículo 840 de la ley, en su fracción VI contempla la equidad como una razón
que sirve de fundamento a los laudos emitidos por las juntas.
El principio de igualdad, equidad o paridad procesal, que en el derecho común
garantiza una igualdad absoluta entre las partes que se someten a la jurisdicción
de sus tribunales, en el derecho procesal laboral no da, de manera absoluta un
trato igual a las partes, sino que da un trato desigual para los desiguales, toda vez
25

que entre el patrón y el trabajador existe una disparidad en cuanto a los medios
económicos, que implica desigualdad en el acceso a inminentes profesionales de
la técnica jurídica y esto se convierte en una desigualdad de hecho para el
trabajador que es la parte débil en un juicio laboral.
El derecho procesal laboral al ser un derecho nivelador desigualdades, se
manifiesta no en procurar la igualdad formal, sino la igualdad real entre las partes.
"La ley laboral por su naturaleza -nos dice el laboralista brasileño Mozart Víctor
Russomano- es una ley especial no solamente por el ámbito de su aplicación
como por sus finalidades, desde el punto de vista social o económico, a través de
la protección jurídica que concede a los primeros. Si la ley del trabajo fuere
imparcial, sería injusta, porque tratando de la misma manera a los trabajadores y a
los empresarios, ayudaría a mantener el desnivel formado en el seno de las
sociedades capitalistas, por la influencia económica del empleador".
La tutela de la ley laboral en beneficio del trabajador y a cargo del propio tribunal
se refleja en muy diversos aspectos, como: la inclusión de las prestaciones que no
reclamó el actor pero que derivan de las acciones intentadas; ejercicio de las
acciones no intentadas que resulten de los hechos expuestos por el trabajador;
imputación general al patrón de la carga de la prueba; sencillez en las
formalidades, con la sola exigencia de que se precisen los puntos petitorios y la
libre elección del foro para el trabajador, ya que puede escoger cuando se trate de
Juntas de Conciliación y Arbitraje, ante la cual demandará al patrón: en el lugar
donde prestó sus servicios, la de celebración del contrato, o la del domicilio del
patrón demandado (Ver artículos 685, segundo párrafo, 700 frac. 11, 771, 772 Y
784).
2.5. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.
Constituye un derecho de a favor de los ciudadanos a presenciar las audiencias o
diligencias que se desarrollen durante el proceso, salvo las excepciones
26

expresamente establecidas, v. b.: razones del buen servicio; moral y buenas
costumbres; discusión y votación del laudo.
Es una garantía para que el proceso se desarrolle en forma limpia y honesta,
respetando sus reglas fundamentales. Se pretende que los terceros influyan con
presencia en el comportamiento de la autoridad.
Al respecto, el artículo 720 de la ley, previene que, "las audiencias serán
públicas. la junta podrá ordenar de oficio o a instancia de parte, que sean a puerta
cerrada cuando lo exija el mejor despacho de los negocios, la moral o las buenas
costumbres".
AUTOR.- Rafael Tena Suck.
TITUlO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- trillas.
2001.- Reimpreso 2007.
PAG.-17.
LA lEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 720.- las audiencias serán públicas. la junta podrá ordenar, de oficio
o a instancia de parte, que sean a puerta cerrada, cuando lo exige el mejor
despacho de los negocios, la moral o las buenas costumbres.
2.5. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD.
El principio de concentración también puede analizarse desde dos puntos de vista:
El contenido del artículo 720 de la lFT que se refiere a que las audiencias en el
proceso laboral serán públicas y abiertas, las cuales solo de manera excepcional
serán a puerta cerrada y por otro lado el punto de vista jurisprudencial en el
sentido de que el procedimiento judicial es de orden público, por lo que es
27

inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo (Apéndice al tomo
XCVII, pág. 1515).
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 720.- Las audiencias serán públicas. La junta podrá ordenar, de oficio
ode instancia de parte, que sean a puerta cerrada, cuando lo exija el mejor
despacho de los negocios, la moral o las buenas costumbres.
2.6 PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN.-
De acuerdo con la naturaleza del derecho laboral, los juicios deben ser breves en
si tramitación. Lo contrario a este principio es la dispersión, que trae como
consecuencia la prolongación de los procesos, como ocurre en el derecho civil.
El principio de concentración se encuentra precisado fundamentalmente en los
siguientes artículos:
1.- Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal, donde se
promueve, salvo los casos previstos en esta Ley (art.761).
2.- Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se
sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; el procedimiento se
continuará de inmediato.
3.- Además, de acuerdo con el artículo 848, de la Ley, las resoluciones de las
Juntas no admiten ningún recurso. Las Juntas no pueden revocar sus propias
resoluciones, sólo las partes pueden exigir la responsabilidad en que incurren sus
miembros.
Congruente con este tratamiento legal, el artículo 686 de la Ley, expresa que las
Juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad que notaren en la
sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que
ello implique que puedan revocar sus propias determinaciones (regularización del
procedimiento).

AUTOR.- Rafael Tena Suck.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- trillas.2001.- Reimpreso 2007.
PAG.- 20,21.
2.6. PRINCIPIO DE CONCENTRACiÓN:
Es el principio en virtud del cual los diversos momentos que integran el proceso
laboral, se resuelven en unidad de actos.
Para Courute, éste es el principio mediante el cual los actos procesales sometidos
a los órganos de la jurisdicción deberán realizarse sin demora, tratando de
abreviar los plazos y de concentrar en un mismo acto o audiencia todas las
diligencias que sea menester realizar.
El principio tiende a acelerar el proceso, al eliminar los trámites que no resulten
indispensables para concentrar una visión precisa de la litis, con la finalidad de
que en la memoria del juzgador no desaparezca la impresión de las actuaciones
que se vayan realizando, de tal modo que el laudo refleje fielmente el resultado del
debate en el menor tiempo posible. Es bueno afirmar que, cuanto mejor se cumpla
este principio, mayor es la oportunidad que tendrá el juzgador para apreciar los
elementos traídos al proceso.
La concentración también forma parte de las características de los derechos
procesales de corte moderno, como lo es el derecho procesal del trabajo, y en
general, todos los relativos a legislaciones sociales. Consiste, de formar más
explícita, en reunir en el menor número de audiencias y etapas procesales
posibles, la totalidad de la tramitación procesal. Con ella se trata de evitar el
fraccionamiento del proceso en partes múltiples, lo que dificulta que los
integrantes del tribunal retengan con facilidad en la memoria todos los detalles e
incidentes de las audiencias hasta el momento del laudo. El no observar este
principio, volverá frío y escrito al proceso laboral, además de hacerlo lento, con lo
que se contradice la esencia de la justicia laboral que, por su carácter social,
requiere ser pronta y expedita en beneficio de las partes contendientes en el juicio.
29

AUTOR: Miguel Bermúdez Cisneros.
TíTULO: Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL: Trillas1997 Reimpreso.
PAG. 79, 80.
LA lEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA.
ARTICULO 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito,
inmediato, predominante oral y se iniciará a instancia de parte. las juntas tendrán
la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía,
concentración y sencillez del proceso.
Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda
todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven las prestaciones que
de procedente conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la junta, en el
momento de admitir la demanda subsanará ésta. lo anterior sin perjuicio de que
cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el
artículo 873 de esta ley.
ARTíCULO 686.- El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos para
procesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en el presente
Ley.
las juntas ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaran
en la sustancia del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que
ello implique que pueda revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el
Artículo 848 de la presente Ley.
ARTICULO 687.- En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones, no
se exigirán forma determinada, pero las partes deberán precisar los puntos
petitorios.
30'

UNIDAD 111.-
3. TRIBUNALES DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.
3.1. ANTECEDENTES.-
Con anterioridad a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se crearon las
Juntas de Conciliación y Arbitraje en el Distrito y Territorios Federales, por Decreto
del presidente Venustiano Carranza, publicado en el Diario Oficial del 3 de
diciembre de 1917, aunque ya existían para entonces Tribunales de Trabajo en
distintas Entidades Federativas.
Es curioso observar que ya estas juntas tenían la composición tripartita y
procedimiento era sumamente expeditivo. Así lo establece el Decreto en su
artículo primero.
Los Gobernadores del Distrito Federal y de los Territorios Federales (actualmente
ya no existen Territorios, porque se han convertido en Entidades Federativas);
dentro de sus respectivas jurisdicciones procederán desde luego a citar a los
obreros y empresarios, para que nombren unos y otros un representante por cada
industria, dentro de los tres días siguientes, nombrando dichas autoridades en el
mismo plazo el representante dentro del término citado; lo nombrará el
Gobernador del Distrito Federal o Territorios.
En artículo cuarto las normas de procedimiento, cuyo texto es interesante
transcribir por inusitada celeridad:
Las juntas se sujetarán al siguiente procedimiento: 1.- El Representante del
Gobierno, el mismo día en que tenga conocimiento del conflicto, conocerá a la
Junta respectiva a fin de que ésta notifique a los interesados que tienen tres días
para representar sus demandas y excepciones, rendir sus pruebas y alegar todo
cuanto a sus derechos e intereses convenga; 11.-Al concluir el término expresado,
la Junta cerrará la averiguación y pronunciará sentencia a mayoría de votos,
dentro de las veinticuatro horas siguientes.
3~

Contra sus resoluciones no había más recurso que el de responsabilidad. Dicho
Decreto contenía un antecedente de requisa, al señalar.
Art. 10. En los casos de para lícito que ataña a los servidores públicos, el Ejecutivo
podrá incautarse del establecimiento industrial respectivo, siempre que ello tenga
por objeto evitar la paralización del indicado servicio público.
(Este precepto aludía al paro patronal.)
La junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se creó por Decreto del Presidente
Plutarco Elías Calle, publicado en el Diario Oficial del 23 de septiembre de 1927,
en los siguientes términos:
Art. 1 0
• Se estable la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en
esta ciudad y las Regionales de Conciliación que sean necesarias para normar
sus funcionamientos. Articulo 2°. La junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
tendrá por objeto prevenir y resolver los conflictos colectivos e individuales entre
patrones y obreros y la potestad necesaria para hacer cumplir sus decisiones.
El artículo 4°. Prevé su integración tripartita, diciendo:
En obediencia a lo ordenado por el artículo 123, fracción XX, la junta Federal de
Conciliación y Arbitraje quedará integrada por igual número de representantes de
los obreros y de los patrones y uno que nombrará la Secretaría de Industria,
Comercio y Trabajo.
Como se advierte del texto del artículo segundo, quedaba resuelto el debate
acerca de las funciones de las juntas como tribunales de trabajo con plena
jurisdicción para conocer y resolver todos los conflictos individuales y colectivos de
carácter laboral, suscitados entre patrones y trabajadores.
3.2.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
La ley prevé el establecimiento de las juntas cuya competencia está determinada,
por el artículo 123 constitucional.
32

AUTOR.- Néstor del Buen L.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- José M. Cajica, JR. S.A.
PAG.-175.
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE~ALA:
ARTICULO 1°. La presente leyes de observancia general en toda la República y
rige las relaciones de trabajo comprendidas en el Artículo 123, Apartado "A", de la
Constitución.
3.3.- NATURALEZA JURIDICA.
En conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, las juntas de
Conciliación y Conciliación y Arbitraje, son tribunales con plena jurisdicción que
tiene su cargo la tramitación y decisión de los conflictos de trabajo que se sucinte
entre trabajadores y patronos, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de
las relaciones de trabajo y de hechos íntimamente ligados con ellas, y su
competencia está determinada por el artículo 123 constitucional y por la ley federal
del trabajo.
AUTOR.- Néstor del Buen L.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- José M. Cajica, JR. S.A.
PAG.- 175.
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTICULO 2°._ Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio yla justicia
social en las relaciones entre trabajadores y patrones.
33

ARTICULO 3°.- El trabajado es un derecho y un deber social, no es artículo de
comercio, exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe
efectuarse en condiciones que aseguran la vida, la salud y un nivel económico
decoroso para el trabajador y su familia.
No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza,
sexo, edad, credo religioso, doctrina política o condición social.
INTEGRACION DE LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILlACION.
las juntas Federales de Conciliación Permanente se integrarán con un
representante del gobierno, nombrado por la Secretaria del Trabajo y previsión
Social, que fungirá como Presidente y con su representante de los trabajadores
sindicalizados y uno de los patrones, designados de conformidad con la
convocatoria que al efecto expida la misma Secretaría, Sólo a falta de
trabajadores sindical izados la elección se hará por los trabajadores libres.
Es pertinente anotar que aquí se encuentra un ejemplo, entre los muy escasos de
la ley, en que la sindicalización obrera otorga, algún privilegio.
Por cada representante propietario de los trabajadores y de los patrones se
nombrará, dice el arto 594, un representante suplente.
la integración de las juntas occidentales se llevará a cabo "cada vez que sea
necesario. (Art. 595).
AUTOR.- Néstor del Buen L.
TITUlO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- José M. Cajica, JR. S.A.
PAG.- 172,173.
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 591.- Las juntas federales de conciliación tendrán las funciones
siguientes:
34

l.-Actuar como instancia conciliatoria potestativa para los trabajadores y los
patrones.
11.-Actuar como juntas de conciliación y arbitraje, cuando se trate de conflictos a
que se refiere el arto600 fracc. IV; y
111.las
demás que le confieran las leyes.
ARTíCULO 592.- las juntas federales de conciliación funcionarán
permanentemente y tendrán la jurisdicción territorial que les asigne las Secretaría
del Trabajo y Previsión Social. No funcionarán esas juntas en los lugares en que
esté instalada la junta federal de conciliación y arbitraje.
Cuando la importancia y el volumen de conflictos de trabajo en una demarcación
territorial no ameriten el funcionamiento de una junta permanente, funcionará una
accidental.
ARTIcULO 593.- las juntas federales de conciliación permanente se integrarán
con un representante de gobierno, nombrado por la secretaría del trabajo y
previsión social, que fungirá como presidente y con un representante de los
trabajadores sindicalizados y uno de los patrones, designados de conformidad con
la convocatoria que al efecto expida la misma secretaría. Solo a falta de
trabajadores sindicalizados la elección se hará por los trabajadores libres.
ARTíCULO 594.- Por cada representante propietario de los trabajadores y de los
patrones se designará un suplente.
LAS JUNTAS lOCALES DE CONCILIACiÓN.
Los gobernadores de los Estados quedan para instalar JlC en los municipios o
zonas económicas que lo requieran (Art. 601). Sin embargo, no podrán hacerlo en
los municipios o zonas económicas en que están instaladas juntas de conciliación
y arbitraje (art. 602).

3.4. INTEGRACION DE LAS JUNTAS lOCALES DE CONCILIACiÓN.
Se aplicarán las disposiciones relativas a las juntas federales de conciliación.
AUTOR.- Néstor del Buen L.
TITUlO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAl.- José M. Cajica, JR. S.A.
PAG.- 174.
LA lEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 601.- En las entidades Federativas funcionarán juntas locales de
conciliación que se instalarán, en los municipios o zonas económicas que
determine el gobernador.
ARTicULO 602.- No funcionarán las juntas de conciliación en los municipios o
zonas económicas en que estén instaladas juntas de conciliación y arbitraje.
ARTICULO 603.- Son aplicables a las juntas locales de conciliación las
disposiciones contenidas en el capitulo anterior, las atribuciones asignadas a la
secretaría del trabajo y previsión social, se ejercerán por los gobiernos de los
estados y territorios.
LAS JUNTAS DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE.
a).- la junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
b).- las Juntas Especiales.
c).- las Juntas locales de Conciliación y Arbitraje.

LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje es un Tribunal con plena jurisdicción, que tiene a su
cargo la tramitación y decisión de los Conflictos de trabajo que se susciten entre
trabajadores y patrones, sólo entre aquellos o sólo entre éstos, derivados de las
relaciones de trabajo o de hechos íntimamente ligados con ellas, y su competencia
está determinada por la fracción XXXI del artículo 123 constitucional y por la Ley
Federal del Trabajo.
El funcionamiento de la junta puede ser en pleno o en juntas especiales.
El pleno lo integran el Presidente de la JFCA y los representantes de los
trabajadores y de los patrones.
las juntas especiales se constituyen de conformidad con la clasificación de las
ramas de la industria y de las actividades diversas que determinan la jurisdicción
federal.
La ley autoriza (arto 606 LFT) que se establezcan juntas especiales fuera de la
capital de la Republica "correspondiéndoles el conocimiento y resolución de los
conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y actividades de la
competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne".
INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACiÓN y
ARBITRAJE.
De conformidad con lo previsto en la LFT, los órganos de la JFCA, son los
siguientes:
El pleno.
Las Juntas Especiales.
E! Presidente de la junta.
37

Los presidentes de las juntas especiales.
Los secretarios generales de la JFCA.
A su vez, el Reglamento de la junta incorpora los siguientes órganos:
Secretaría general de consultaría jurídica y documentación.
Visitadores auxiliares.
Secretaría general de acuerdos.
Secretaría general de coordinación Administrativa.
Secretaría general de huelgas.
Secretaría auxiliar de huelgas estalladas.
Secretaría auxiliar de conflictos colectivos.
Secretaría auxiliar de amparos.
Secretaría auxiliar de distribución de diligencias.
Centro de microfilmación.
Auxiliares.
Secretarios.
Personal.
AUTOR.- Néstor del Buen L.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- José M. Cajica, JR. S.A.
PAG.- 175, 176.
LA lEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTiCULO 604.- Corresponde al junta federal de conciliación y arbitraje el
conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre
trabajadores y patrones, solo entre aquellos o solo entre estos, derivados de las
relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, salvo lo
dispuesto en el arto 600 frac. IV.
38

ARTíCULO 605.- la junta se integrará con un representante del gobierno y con
representantes de los trabajadores y de los patrones designados, por ramas de la
industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria
que expida la secretaría de trabajo y previsión social.
Habrá uno o varios secretarios generales según se juzgue conveniente.
LAS JUNTAS ESPECIALES.
Las juntas especiales conocen de asuntos relacionados con determinadas ramas
de la industria (veintiuna juntas) o bien, conocen de todos los asuntos de
competencia federal de naturaleza individual, sin especificación de especialidad
cuando se trata de las que se establecen en los estados de la República. Es
factible que en un solo estado se asienten dos o más juntas, en todo caso
atendiendo a divisiones municipales de manera que no coincidan territorialmente.
INTEGRACiÓN DE LAS JUNTAS ESPECIALES.
Está integrada por el presidente de la junta federal y con los respectivos
representantes de los trabajadores y de los patrones tratándose de asuntos
colectivos.
AUTOR.- Néstor del Buen L.
TITUlO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- José M. Cajica, JR. S.A.
PAG.- 177, 178.
LA lEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 606.- la junta funcionará en pleno o en juntas especiales, de
conformidad con la clasificación de las ramas de la industria o de las actividades a
que se refiere el artoAnterior.
39

La secretaría de trabajo y previsión social, cuando lo requieran las necesidades
del trabajo y del capital, podrá establecerse juntas especiales, fijando el lugar e su
residencia o de su competencia territorial.
las juntas especiales establecidas fuera de la capital de la república conforme al
párrafo anterior, quedarán integradas en su funcionamiento y régimen jurídico a la
junta federal de conciliación y arbitraje, correspondiéndoles el conocimiento y
resolución de los conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y
actividades de la competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial
que se les asigne, con excepción de los conflictos colectivos, sin perjuicio del
derecho del trabajador cuando así convenga a sus intereses, a concurrir
directamente a la junta federal de conciliación y arbitraje.
ARTfcUlO 607.- El pleno se integrará con el presidente de la junta y con la
totalidad de los representantes de los trabajadores y de los patrones.
ARTICULO 608.- Cuando un conflicto afecte a dos o más ramas de la industria o
de las actividades representadas en la junta, esta se integrará con el presidente de
la misma y con los respectivos representantes de los trabajadores y de los
patrones.
ARTíCULO 609,- las juntas especiales se integrarán:
1.-Con el presidente de la junta, cuando se trate de conflictos colectivos, o con el
presidente de la junta especial de los demás casos; y
11.-Con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones.
LAS JUNTAS lOCALES DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE.
Si bien en el arto 621 se dice que las juntas de conciliación y arbitraje funcionarán
en cada una de las Entidades Federativas, lo que parece significar que se refiere
exclusivamente a los estados, en realidad también se incluye en el mismo
40

concepto, sin rigor constitucional, al Distrito Federal. Allí mismo se indica que
deberán conocer de los conflictos de trabajo "que no sean de la competencia de la
junta federal de conciliación y arbitraje".
En cada estado o inclusive, en el Distrito Federal, si las necesidades del trabajo y
el capital lo requieren, se podrán establecer varias juntas de conciliación y
arbitraje. los gobernadores y el jefe de departamento del distrito federal fijarán el
lugar de su residencia y su competencia territorial (art, 622).
INTEGRACiÓN DE LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE.
Se le aplican las mismas disposiciones previstas para las juntas federales de
conciliación y arbitraje.
AUTOR.- Néstor del Buen L.
TITUlO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- José M. Cajica, JR. S.A.
PAG.- 180.
LA lEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTíCULO 621.- las juntas locales de conciliación y arbitraje funcionarán en cada
una de las entidades federativas. Les corresponde el conocimiento y resolución de
los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la junta federal de
conciliación y arbitraje.
ARTíCULO 622.- El gobernador del estado o el jefe del departamento del Distrito
Federal, cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá
establecerse una o más juntas de conciliación y arbitraje fijando el lugar de su
residencia y su competencia territorial.
41

ARTICULO 623.- La integración y funcionamiento de las juntas locales de
conciliación y arbitraje se regirán por las disposiciones contenidas en el capitulo
anterior. Las facultades del presidente de la republica y del secretario del trabajo y
previsión social se ejercerán por los gobernadores de los estados y en el caso del
Distrito Federal, por el propio presidente de la república y por el jefe del
departamento del Distrito Federal respectivamente.
ARTíCULO 624.- El presidente de la junta del Distrito Federal percibirá los mismos
emolumentos que correspondan al presidente del tribunal superior de justicia.
3.5.- CLASIFICACiÓN DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO.
LAS JUNTAS DE CONCILIACiÓN.
A).- LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACiÓN.
B).- LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACiÓN.
LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACiÓN.
Las JFC tienen por objeto actuar como instancia conciliatoria para los trabajadores
y los patrones y como JCA en asuntos de menor cuantía. Estos son, en los
términos del arto 600-IV LFT los juicios en que se reclame el cobro de prestaciones
cuyo importe no excede de tres meses de salario.
AUTOR.- MIGUEL BERMUDEZ CISNEROS.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- Tillas.
1997 Reimpreso 2000.
PAG.- 190,191.
42

UNIDAD 111.-
3.-TRIBUNALES DEL DERECHO PROCESAL DEL TRABAJO.
3.1.- ANTECEDENTES.-
JUNTAS LOCALES Y FEDERALES DE CONCILIACiÓN.
A).- LA JUNTAS LOCALES DE CONCILIACiÓN.
Las Juntas de Conciliación, o sean Juntas Locales, datan del año 1915, en la
República Mexicana. Se fundaron originariamente en los Estados de Yucatán y
Jalisco. Con posterioridad, los Códigos locales del trabajo, expedidos de acuerdo
con los mandamientos del artículo 123 de la constitución de 1927, reglamentaron
la organización y competencia de las juntas locales de conciliación. Actualmente
están reglamentadas en la nueva ley del trabajo en los artículos 601 y 603.
B).- LAS JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACiÓN.
En el decreto del 17 de septiembre de 1927, se establecieron, al mismo tiempo
que la junta federal de conciliación y Arbitraje, las Juntas Regionales de
Conciliación que funcionaron en diversos lugares del país. Estas juntas
Regionales fueron sustituidas por las Juntas Federales de Conciliación, y
reglamenta la Ley Laboral en los artículos 591 y 600.
LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE.
Las diferencias o conflictos entre el Capital y el Trabajo se sujetarán a la decisión
de las juntas de conciliación y Arbitraje, según el texto de la fracción 20, apartado
A), del artículo 123 constitucional.
43

En las Capitales de las Entidades Federativas, Distrito Federal y territorios
federales, funcionan juntas locales de conciliación y arbitraje para conocer y
resolver los conflictos contenciosos del trabajo, de conformidad con lo previsto en
las leyes reglamentarias. En Acapulco que no es capital, existe una junta de
conciliación y Arbitraje.
Hasta el año de 1927, solo existieron en México Juntas Locales, Municipales y
Centrales de Conciliación y Arbitraje; pero a partir de ese año, conjuntamente con
estas empezaron a funcionar las Juntas Regionales de Conciliación y la Federal
de Conciliación y Arbitraje.
C) LA JUNTA FEDERAL DE CONCILlACION y ARBITRAJE.
El origen de la Junta federal de conciliación y Arbitraje se encuentra en las
circulares del 28 de abril de 1926 y del 5 y 18 de marzo de 1927, dirigidas por la
extinta Secretaría de Industria, comercio y trabajo a los gobernadores de los
estados, notoriamente inconstitucionales, por cuanto que tuvieron por objeto
sustraer del conocimiento de las juntas centrales de conciliación y arbitraje
determinados asuntos: Ferrocarriles, Petróleo, Minas, Hilados y Tejidos, Industria
Textil. Posteriormente el ejecutivo federal dicto el decreto del 17 de septiembre
1927, estableciendo en la junta federal de conciliación y arbitraje.
AUTOR.- Alberto Trueba Urbina
TITULO.- Nuevo Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Porrúa
Primera Edición.
PAG. 260, 261,262.
3.2.- FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
Los códigos del trabajo están conforme a los mandamientos del artículo 123 de
nuestra carta magna.
44

AUTOR.- Alberto Trueba Urbina
TITULO.- Nuevo Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Porrúa
Primera Edición.
PAG.261.
3.3.- NATURALEZA JURfDICA DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO.
Las juntas de conciliación y Arbitraje, integradas con representantes del trabajo,
del capital y del Gobierno, son órganos del Estado de Derecho Social, autoridades
o tribunales especiales con funciones jurisdiccionales, legislativas y
administrativas, precisadas por la constitución, la jurisprudencia y la ley federal
del trabajo.
AUTOR.- Alberto Trueba Urbina
TITULO.- Nuevo Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Porrúa
Primera Edición.
PAG.259.
3.4.- INTEGRACION DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO.
A) JUNTAS FEDERALES DE CONCILIACiÓN.
Las juntas federales de conciliación permanentes se integrarán con un
representante del gobierno, nombrado por la secretaría del trabajo y previsión
social, que fungirá como presidente y con representantes de los trabajos
sindicalizados y uno de los patrones, designados de conformidad con la
convocatoria que al efecto expida la misma secretaría. Solo a falta de trabajadores
sindicalizados la elección se hará por los trabajadores libres.
45

B) JUNTA FEDERAL DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE.
La junta se integrará con un representante de Gobierno y con Representantes de
los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras
actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la
secretaría de trabajo y previsión social.
C) JUNTAS LOCALES DE CONCILIACiÓN.
Las juntas locales de conciliación a cuyo cargo está la función conciliatoria, se
integran conun representante del gobierno que designan los gobiernos de los
estados y territorios, uno del trabajador y otro del patrono afectado, cuando se
constituyen accidentalmente. No funcionaran las juntas de conciliación en los
municipios o zonas económicas en que estén instaladas juntas de conciliación y
arbitraje.
AUTOR.- Alberto Trueba Urbina
TITULO.- Nuevo Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Porrúa
Primera Edición.
PAG. 265, 266, 267.
3.5 CLASIFICACiÓN DE LOS TRIBUNALES DEL TRABAJO.
Las disposiciones de la nueva ley organizan la jurisdicción del trabajo y los
órganos jurisdiccionales: Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje,
locales y federales, regulando las actividades procesales y las responsabilidades
de los funcionarios laborales.
Nuestro sistema de gobierno, según el artículo 40 de la carta magna, es
republicano, representativo, democrático y federal, compuesto de estados libres y
soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos por una
federación: Estado.
46

Unidos mexicanos. Por consiguiente, tenemos en sus respectivas entidades, y el
federal, que se extiende en toda la nación Mexicana; siendo característica esencial
del régimen federativo la supremacía jurídica del Estado Federal.
Conforme a este principio federalista, las juntas de conciliación y de conciliación y
arbitraje son de dos clases: locales y federales; Las primeras, ejercen jurisdicción
dentro del territorio de los Estados miembros, y las segundas, en toda la
República. Coexisten, pues, dos clases de tribunales sociales del trabajo:
A).- JUNTAS LOCALES Y FEDERALES DE CONCILIACiÓN.
1).- Las Juntas Locales y Conciliación.
11).- Las Juntas Federales de Conciliación.
B).- LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE.
C).- LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE.
AUTOR.- Alberto Trueba Urbina
TITULO.- Nuevo Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Porrúa
Primera Edición.
PAG. 260,261,262.
UNIDAD IV.
4.- CONFLICTOS DE TRABAJO.
4.1.- CLASIFICACION DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO.
Los conflictos de trabajo, atendiendo a diversos criterios, se pueden dividir en:
a).Atendiendo a los sujetos
-Entre patrones y trabajadores (obrero-patronales), v.g.: despidos.
-Entre patrones,(interpatronales) v.g. : sustitución patronal.
47

-Entre trabajadores, (inter-obreros) v.g.: problema de escalafón o preferencia de
derechos.
- Entre sindicatos, (intersindicales-intergremiales) v.g.: detentación o titularidad de
un contrato colectivo de trabajo.
-Entre sindicatos y terceras personas, v.g.: cuando un sindicato se opone en su
calidad de titular del contrato colectivo de trabajo, a que la empresa contrate a un
trabajador ajeno al gremio.
b) Atendiendo a los intereses en pugna-Conflictos individuales: son los que
afectan intereses de carácter particular, independientemente del número de
trabajadores que en ellos intervengan.
Conflictos colectivos: son los que afectan intereses de carácter profesional o
sindical, también con independencia del número de trabajadores que intervengan
o participen en dichos conflictos.
Conflictos de Naturaleza jurídica: son los que se refieren al cumplimiento o
interpretación de la ley o de contratos y, desde luego, pueden ser individuales o
colectivos, según el interés del afectado.
Conflicto de naturaleza económica: son los que crean, modifican, suspenden o
terminan condiciones de trabajo e igualmente pueden ser individuales o colectivos.
a).-Atendiendo norma jurídica.
-Por violación de un derecho.
-Por violación de una norma.
-Por inexistencia de condiciones de trabajo justas.
Por desequilibrio entre factores de la producción,
-Por incumplimiento de lo pactado.
-Por insometimiento al arbitraje.
AUTOR.- Rafael Tena Suck.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDiTORIAL.- trillas.
2001.- Reimpreso 2007.
PAG.-27.
48

4.2.- CONCEPTO DE CONFLICTO.
La palabra conflicto, gramaticalmente hablando, se deriva de la voz latina,
configure, que significa combatir y, por extensión, combate, zozobra, inquietud,
apuro, aprieto, compromiso grave. El vocablo es sinónimo del término colisión,
derivado verbal de coligere, que significa chocar, rozar.
Guillermo Cabanellas (compendio de derecho laboral, Bibliografía Omeba, t 11,
Buenos Aires, 1968,p. 252). Expresa que el" término conflicto tiene mucha
similitud con colisión, sin embargo, no deja de ser frecuente en lo laboral hablar de
conflicto para un problema planteado con aspereza entre las partes, más o menos
irreductibles, y regalar el uso de colisión para concretos acontecimientos de los
trabajadores o contra ellos".
En su aceptación jurídica encontramos una gran variedad de definiciones de los
conflictos de trabajo, entre las principales podemos mencionar:
Para Mario de la Cueva (Derecho mexicano del Trabajo, Porrúa, México, p.19).
"Los conflictos de trabajo son las controversias que se suscitan en ocasión o con
motivo de la formación, modificación o cumplimiento de las relaciones,
individuales, o colectivas de trabajo".
A manera de ensayo, Armando Porras y López (óp. Cit. P. 72) define los conflictos
de trabajo como "las controversias jurídico-económicas que surgen con motivo de
la ampliación de la tutela de la Ley a la relación de trabajo individual o colectivo".
AUTOR.- Rafael Tena Suck.
TITUlO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EDITORIAL.- trillas.
2001.- Reimpreso 2007.
PAG.- 24, 25.
49

4.3.- CAUSAS QUE ORIGINAN LOS CONFLICTOS DE TRABAJO.
Entre los factores de la producción y en la mayoría de los casos, los conflictos son
sin lugar a duda manifestaciones de inconformidad.
Con la aparición de la propiedad privada la sociedad se dividió en dos clases
perfectamente diferenciadas que llamaron, en la Edad Antigua: esclavos y
patricios; en la Edad Media: siervos y nobles y señores feudales; en la edad actual
o del capitalismo industrial: proletarios de la ciudad y del campo y capitalistas
poseedores de los medíos de producción; cabe señalar que las luchas de época
antiguas y moderna no tuvieron las mismas características que tiene la lucha
social en nuestros días.
Ahora bien esta pugna, como todos sabemos, dentro del régimen actual tiene una
clara manifestación precisamente en los conflictos de trabajo.
En tal virtud podemos, concluir, sin pretender dar por agotado el tema, que los
conflictos de trabajo tienen sus raíces más profundas en el sistema de producción
nacido de la Revolución Industrial, como consecuencia de causas económico-
sociales, de las contradicciones existentes, y sobre todo en los abusos y opresión
hacia la clase trabajadora, ya que es bien sabido que en una empresa que cumple
con la ley respeta la dignidad de integridad de sus obreros, se eliminan las pugnas
en suma, los conflictos de trabajo se generan por un desequilibrio de partes o por
la violación de un derecho, surgidos en una realidad histórica.
AUTOR.- Rafael Tena Suck.
TITULO.- Derecho Procesal del Trabajo.
EOITORIAL.- trillas.
2001.- Reimpreso 2007.
PAG.- 26, 27.
50

4.- CLASIFICCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO.-
Los conflictos de trabajo - análogamente a los caracteres que reviste el contrato
de empleo- son de dos clases: individuales y colectivos. Individuales, los que
surgen entre el trabajador y patrón, a propósito del contrato de trabajo; y
colectivos, originados entre un grupo o sindicato obrero y uno o varios patrones,
sobre cuestiones de orden profesional general. Por tanto, la distinción de estas
contiendas se establece por los sujetos que intervienen en el conflicto y
fundamentalmente por su objeto. Por supuesto, el conflicto es individual aunque
sean varios obreros que demanden al patrón.
En cuanto a su naturaleza, los conflictos entre trabajadores y empresarios son, en
primer término - dice García Oviedo- jurídicos, porque afectan al contrato de
trabajo en alguna de sus estipulaciones o incidencias, y es al derecho, y con
soluciones jurídicas, a quien incumbe resolverlos; son también económicos,
cuando atañen a la producción y ya que en ellos juegan preferentemente intereses
de esta índole en las partes que contienden. Son, a veces, también conflictos
colectivos de orden público, Pero debe aclararse que todos son conflictos
laborales en esencia son sociales, en razón de que son partes el trabajador o el
sindicato obrero frente al patrón.
Precisamente conforme a la doctrina, a la ley y a la jurisprudencia invocada,
podemos dividir los conflictos contenciosos entre el capital y el trabajo en cinco
grupos, a saber:
a).- Obrero-patronales: Individuales jurídicos;
b).- Obrero-patronales: Colectivos y jurídicos;
c).- Obrero-patronales: Colectivos económicos;
d).- Interobreros: Individuales y colectivos.
e).- Interpatronales: Individuales y colectivos.
51

Las diferencias entre una misma clase social, ya sean interobreras o
interpaíronales pueden ser, como se ha dicho, individuales y colectivas, pero
únicamente de carácter jurídico.
2. CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES: INDIVIDUALES JURIDICOS.
Las diferencias surgidas entre trabajadores y patrones (persona física o moral),
con motivo del contrato o relación de trabajo o aplicación de la ley, son
individuales y esencialmente jurídicas, pues la pluralidad de trabajadores no le
quita el carácter individual al conflicto. Para resolver las controversias de esta
naturaleza - dice Pie- es siempre fácil encontrar jueces, la única cuestión es saber
si conviene dirigirse a los jueces del orden común o tribunales especiales.
3. CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES: COLECTIVOS Y JURfDICOS.
Los conflictos colectivos jurídicos como los individuales, tienen el mismo origen: La
violación del contrato o relación de trabajo, en este caso colectivo, o de la Ley, so
más que la contienda se desarrolla entre un sindicato de trabajadores y uno o más
patrones. Esta clase de conflictos son jurídicos, por cuanto que se refieren
concretamente a la aplicación e interpretación del contrato o relación colectiva de
labor o de las prescripciones de la Ley.
El régimen procesal aplicable a los conflictos colectivos jurídicos es el mismo de
los individuales (capítulo V del Título Catorce de la nueva Ley). Sin embargo,
cuando se trata de la violación del contrato colectivo de trabajo, el sindicato o
coalición de trabajadores afectados pueden intentar sus acciones por la vía
ordinaria o ejercitar el derecho de huelga.
4. CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES: COLECTIVOS ECONÓMICOS.-
Los conflictos colectivos de naturaleza económica son manifestaciones de la lucha
de clases, entre un grupo de trabajadores o sindicato y uno o varios patrones,
52

encaminadas al establecimiento de nuevas condiciones de trabajo o modificación
de las vigentes.
5. CONFLICTOS INTERPATRONALES: INDIVIDUALES y COLECTIVOS.-
Las diferencias o conflictos entre patrones, derivadas del contrato de trabajo o de
hechos íntimamente relacionados con él, como los interobreros, pueden ser
individuales y colectivos; es decir, entre patrones individualmente, y éstos son
agrupaciones patronales o puramente entre éstas. La naturaleza de tales
conflictos es esencialmente jurídica, por la misma razón ya asentada al tratar a los
inter-obreros. Nunca se han registrado pugnas entre empresarios en los tribunales
de trabajo.
6. CONFLICTOS ENTRE EL ESTADO Y SUS SERVIDORES.
Los trabajadores se originan conflictos laborales que deben ser dirimidos por la
jurisdicción especial del trabajo. La otra cara el Estado y derecho social, en el que
se desarrolla la lucha de clases.
AUTOR.- Alberto Trueba Urbina
TITULO.- Nuevo Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Porrúa
Primera Edición.
PAG.181, 182, 183, 184, 185186, 187, 188.
4.2.- CONCEPTO.
En nuestra obra principal, Derecho Procesal del Trabajo, 1941, el tratar de los
conflictos laborales, con toda intención no formulamos ninguna definición concreta,
porque los conflictos o diferencias entre los trabajadores y patrones son expresión
de pugnas, dificultades, choque, litigios, controversias, necesidades, etc., que se
53

elacionan con el trabajo, y cuando aquellos no pueden avenirse, entonces se
requiere de la intervención de un tercero que se encargue de solucionar esos
conflictos, llámense árbitros o tribunales y entre nosotros juntas de Conciliación y
Arbitraje, órganos de la jurisdicción social.
Para justificar ahora que es necesario definir los conflictos, porque cualquier
definición podría resaltar redundante o incompleta, por no poder abarcar
concretamente la variedad de causas que puedan originar esos conflictos o
diferencias, vamos a reproducir las que han formulado los maestros más eruditos
en el extranjero, a saber:
Krotoschin los defines así:
"por conflictos de trabajo, en sentido amplio, se entienden las controversias de
cualquier clase que nacen de una relación del derecho laboral, o sea que esta
relación se haya establecido entre un empleador y un trabajador individual
(contrato individual de trabajo) o entre grupos de trabajadores y patrones
(convención colectiva de trabajo; pero también cuando la relación pertinente al
derecho laboral existe entre un empleador o un trabajador del Estado."
Pérez Botija, con más sencillez, expresa:
"Con el nombre de conflictos laborales se alude a las fricciones que pueden
producirse en las relaciones de trabajo. Desde un amparo en masa, que pone en
peligro la vida de una comunidad, hasta la más leve controversia sobre si cierta
empresa ha impuesto o no una sanción injusta a uno de sus empleados."
AUTOR.- Alberto Trueba Urbina
TITULO.- Nuevo Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Porrúa
Primera Edición.
PAG.177.
54

4.3.- CAUSAS QUE ORIGINAN LOS CONFLICTOS DE TRABAJO.-
1. LA CUESTION SOCIAL.
Si por "cuestión social" se entiende el complejo de problemas que derivan de la
cooperación y convivencia de clases, extractos y estamentos sociales distintos,
por hábitos de vida y por su ideología y visión del mundo, las contradicciones y
pugnas entre esas clases integrantes de una misma sociedad, en lo que a
producción de bienes se refiere, originan los conflictos de trabajo. Y esa
contradicción y pugna entre capital y trabajo, es decir, entre salarios de otra,
constituye el contenido de la cuestión social en el sentido moderno de la palabra.
Dentro de esta cuestión, cuya expresión aparece al declinar el siglo XVIII, quedan
comprendidos también los conflictos que surjan entre los prestadores de servicios
y explotadores, así como los reclamos de todos los económicamente débiles.
Originalmente la cuestión social fue identificada como una cuestión obrera,
incluyéndose en ella la idea de la justicia social, que aparece en los años 1840 a
1850 como exigencia de la justicia en las relaciones laborales.
Con respecto a la cuestión social, Messner hace resaltar la crisis de la cultura
poniendo de manifiesto las raíces espirituales y culturales, de donde advierte que
la cuestión social moderna trasciende el ámbito económico y social, apuntando
cada vez más a la esfera de lo espiritual y cultural; pero, o obstante la cuestión fue
dominada por el punto de vista económico social, predominando también las
formas organizativas de tipo técnico-económico, como una nueva fuerza impulsora
en función de la "colectivización del hombre".
2.- LOS FACTORES DE PRODUCCION.
Los economistas clásicos distinguen tres agentes de la producción: la Tierra, el
Trabajo y el Capital. Estos factores producen conflictos en las actividades
industriales, pero principalmente los elementos dinámicos, Capital y Trabajo; el
primero, por su afán exagerado de obtener mayores utilidades en detrimento del
55

trabajo, y éste, por defenderse contra la explotación que implica la producción
capitalistas.
Entre el Capital y el Trabajo se han originado diferencias en las que cada una de
las partes defiende y reclama lo que considera su derecho para acrecentar sus
bienes.
3.- LA LUCHA DE CLASES.
La cooperación de los factores de la producción es exigencia fundamental del
régimen capitalista; mas como puede reclamarse cooperación cuando el capital ha
venido ejercitando tradicionalmente franca explotación del trabajo: he aquí, pues,
la causa de los conflictos entre el Capital y el Trabajo; en pocas palabras, el origen
de la lucha de clases, por esto es certera la tesis de Marx: la historia de toda
sociedad hasta nuestros días no sido sino la historia de clases.
AUTOR.- Alberto Trueba Urbina
TITULO.- Nuevo Derecho Procesal del Trabajo
EDITORIAL.- Porrúa
Primera Edición.
PAG. 173, 174, 175.
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SEÑALA:
ARTICULO 900.- Los conflictos colectivos de naturaleza económica, son aquéllos
cuyo planteamiento tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas
condiciones de trabajo, o bien la suspensión o terminación de las relaciones
colectivas de trabajo, salvo que la presente Ley señale otro procedimiento.
ARTICULO 901.- En la tramitación de los conflictos a que se refiere este Capítulo,
las juntas deberán procurar, ante todo que las partes lleguen a un convenio. A
56