"Amparo de Legalidad - Origen y Evolución". - Dr. Ernesto Jinesta

“Amparo de legalidad”: Origen y evolución
Dr. Ernesto Jinesta L. 1
Sumario: Introducción. 1.- Primera fase: Voto de la Sala Constitucional No.
2545-2008. A.- Razones del surgimiento. B.- Voto de la Sala Constitucional
No. 2545-2008. C.- Intención y voluntad genuina de la Sala Constitucional en
cuanto a la forma de tramitación de los asuntos en la sede contenciosoadministrativa.
D.- Exclusión de los asuntos en los que se alegaba violación
del artículo 41 constitucional en una relación estatutaria. E.- Tratamiento
procesal brindado a los asuntos por el Tribunal Oral de lo Contenciosoadministrativo.
F.- Precisiones y rectificaciones necesarias de la Sala Primera
de Casación. 2.- Segunda fase: Voto de la Sala Constitucional No. 17909-
2010. A.- Voto de la Sala Constitucional No. 9928-2010. B.- Voto de la Sala
Constitucional No. 17909-2010. 3.- Errónea y pretenciosa denominación de
“amparo de legalidad”. Conclusiones.
Introducción
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en su afán
permanente y sostenido de delimitar las esferas del control de legalidad y
de constitucionalidad, acuñó un instituto procesal pretoriano, que algunos
pueden atribuir al activismo judicial propio de nuestro Tribunal
Constitucional.
En suma, la Sala Constitucional, en una primera fase a través del
Voto No. 2545-2008 de las 8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, remitió a la
jurisdicción contencioso-administrativa para fueran conocidos y resueltos
en esa sede, todos los asuntos en que un justiciable pretendiera la tutela del
denominado derecho a un procedimiento administrativo en un plazo
razonable o “derecho a un procedimiento pronto y cumplido” –proyección
de la garantía individual del artículo 41 constitucional a la sede
administrativa- 2 , todo fuera de una relación estatutaria o de empleo público.
En una segunda etapa de desarrollo y consolidación del instituto
procesal de incuestionable factura jurisprudencial, a partir del Voto No.
17909-2010 de las 15:09 hrs. de 27 de octubre de 2010, esto es, dos años y
ocho meses después de dictarse el Voto que marcó el primer ciclo del
instituto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tomó la
determinación de enviar, también, los casos en que se alega la infracción
del derecho a un procedimiento administrativo en un plazo razonable en el
marco de una relación de empleo público a la jurisdicción contencioso-
1 www.ernestojinesta.com Catedrático de Derecho Administrativo UELD, Director y profesor programa
Doctorado Derecho Administrativo UELD, Profesor Especialidad en Derecho Constitucional
(Universidad Castilla La Mancha-UCI), co-redactor del Código Procesal Contencioso-Administrativo.
2 V. JINESTA LOBO (Ernesto), Tratado de Derecho Administrativo –Tomo III, Procedimiento
Administrativo-, San José, IUSconsultec S.A. y Editorial Jurídica Continental, 2007, 1ª edición, pp. 137-
143.
2

administrativa. Evidentemente, esta segunda fase fue jalonada por el
relevante Voto de la Sala Constitucional No. 9928-2010 de las 15 hrs. de 9
de junio de 2010, por virtud del cual se declaró inconstitucional el artículo
3°, inciso a), del Código Procesal Contencioso-Administrativo que
representaba un valladar insuperable al remitir toda pretensión de un
funcionario o servidor público, surgida en el contexto de una relación de
empleo público, a la jurisdicción laboral, así como la jurisprudencia de la
Sala Primera de Casación, surgida a la luz del derogado artículo 4°, inciso
a), de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
que estimaba como “netamente laboral” cualquier discusión nacida en el
contexto de una relación estatutaria. De modo que al ser anulado y
desaparecer del mundo jurídico, el numeral del Código Procesal
Contencioso-Administrativo que remitía de manera radical y absoluta
cualquier controversia en el marco de una relación estatutaria a la vía
laboral y la pauta jurisprudencial que también tenía esa orientación, la Sala
Constitucional dispuso, en el reciente Voto No. 17909-2010, rechazar de
plano las controversias específicas que se han indicado para que sean
ventiladas, también, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
De esta manera, surgió lo que, errónea y pretenciosamente, se ha
dado en llamar “amparo de legalidad” y que no es tal por las razones que
expondremos infra.
1.- Primera fase: Voto de la Sala Constitucional No. 2545-2008.
A.- Razones del surgimiento
Las razones y circunstancias que originaron y propiciaron, en una
primera etapa con el Voto de la Sala Constitucional No. 2545-2008 de las
8:55 hrs. de 22 de febrero de 2008, el surgimiento del instituto procesal
pretoriano que ahora analizamos podemos resumirlas de la siguiente
manera:
Primera: El elevado número de recursos de amparo que ingresaban
por infracción del artículo 41 constitucional en la sede administrativa al
excederse los plazos establecidos en la Ley General de la Administración
Pública (artículo 261, dos meses para sustanciar el procedimiento
administrativo constitutivo y un mes para resolver los recursos ordinarios)
y en las leyes sectoriales que regulan procedimientos especiales. Cabe
advertir que en tales supuestos, adicionalmente, existe una clara lesión de
ciertos principios que conforman el régimen constitucional de las
administraciones públicas como la celeridad, eficiencia y eficacia 3 . Sobre el
3 V. JINESTA LOBO (Ernesto), Los principios constitucionales de eficacia, eficiencia y rendición de
cuentas de las Administraciones Públicas. En Constitución y Justicia Constitucional, San José, Colegio de
Abogados-Escuela Judicial-Sala Constitucional, 2009, pp. 133-144.
3

particular, debe precisarse que, desde hace mucho tiempo, la Sala
Constitucional había identificado, en el contenido esencial del derecho
fundamental del artículo 41 constitucional, el derecho a una justicia en sede
administrativa “pronta y cumplida”, lo que denominaría, a partir de los
Votos 8548-2002 y 8549-2002, el “derecho a un procedimiento
administrativo pronto y cumplido” 4 , esto es, el derecho de los
administrados a que los procedimientos administrativos sean sustanciados o
tramitados en un plazo razonable.
Segunda: La promulgación del nuevo Código Procesal Contencioso
Administrativo –entrado en vigencia el 1° de enero de 2008-, abrió un
nuevo escenario esperanzador para el justiciable al consagrar una
jurisdicción administrativa plenaria, universal, célere, dinámica, incisiva,
en suma, pronta y cumplida según el imperativo constitucional 5 . Asimismo,
se ponderó, especialmente, que ese nuevo instrumento procesal permite la
impugnación fácil y efectiva de las omisiones formales de las
administraciones públicas (artículos 35, 36, inciso e, 42, inciso g, y 122,
inciso g) 6 .
Tercera: La Sala Constitucional, a través de sus sentencias y salvo
casos muy excepcionales y aislados, había, inevitablemente,
“constitucionalizado” los plazos legales establecidos en la Ley General de
la Administración Pública y en las leyes sectoriales que regulan
procedimientos especiales. Este aspecto merece una breve explicación y es
que ante el carácter sumario del proceso de amparo y el número ingente de
asuntos por violación del artículo 41 constitucional en la sede
administrativa, la Sala Constitucional no tenía capacidad y tiempo, para
detenerse, casuísticamente, y determinar si el trámite de cada
procedimiento administrativo concreto lo había sido o no en un plazo
razonable, atendiendo a criterios que se emplean, usualmente, en los
amparos interpuestos cuando se aduce que en la sede jurisdiccional se ha
quebrantado el derecho a un proceso en un plazo razonable 7 , tales como la
conducta endo-procesal de las partes (v. gr. con el planteamiento de
diversos incidentes, gestiones y recursos manifiestamente improcedentes),
la complejidad, el tipo de procedimiento y la conducta de las autoridades
administrativas. Consecuentemente, en este tipo de amparos –por violación
del artículo 41 constitucional en la vía administrativa-, realmente, la Sala
Constitucional se pronunciaba, siempre, sobre un aspecto de legalidad
4
V. JINESTA LOBO (E.), Tratado de Derecho Administrativo –Tomo III, Procedimiento
Administrativo-, pp. 137-143.
5
V. JINESTA LOBO (Ernesto), Fundamentos constitucionales de la nueva jurisdicción contenciosoadministrativa.
Revista de Derecho Público, No. 6, julio-diciembre, 2007, pp. 11-29.
6
V. JINESTA LOBO (Ernesto), Manual del proceso contencioso-administrativo, San José, IUSconsultec
S.A. y Editorial Jurídica Continental, 2008, pp. 123-125, 137-142, 158, 240-241 y JINESTA LOBO
(Ernesto) et alt., El nuevo proceso contencioso-administrativo –Tomo I-, San José, Editorial Jurídica
Continental, 2ª. Edición, 2008, pp. 244-251.
7
V. JINESTA LOBO (Ernesto), La responsabilidad del Estado Juez, San José, IJSA, 2006, pp. 109-130.
4

ordinaria –cumplimiento o no de los plazos legales establecidos-, por lo
que se consideró que este tipo de asuntos bien podrían remitirse a la
jurisdicción contencioso-administrativa para que fiscalizará la adecuación
de las administraciones públicas al bloque de legalidad.
B.- Voto de la Sala Constitucional No. 2545-2008
Bajo estos presupuestos, se decidió confeccionar una redacción única
–conocida en el argot judicial como “machote”- el que tuve la oportunidad
de redactar y se materializó en el primer Voto No. 2545-2008 de las 8:55
hrs. de 22 de febrero de 2008 –reiterado por innumerables votos
posteriores-. A partir de esta sentencia, todo asunto en que se alegara la
infracción del artículo 41 constitucional en sede administrativa, fuera de
una relación estatutaria, sería rechazado de plano. En esta redacción
predefinida, se puntualizaron las virtudes de la nueva justicia
administrativa como mecanismo célere y cumplido para la protección de
las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados y que la
verificación de los plazos para resolver en los procedimientos
administrativos es una cuestión de mera legalidad. Se trata de una
redacción de la mayoría, puesto que, se ha mantenido un voto disidente.
C.- Intención y voluntad genuina de la Sala Constitucional en cuanto
a la forma de tramitación de los asuntos en la sede contenciosoadministrativa
Resulta importante resaltar que en la redacción predefinida de la Sala
Constitucional y que arranca con el referido Voto No. 2545-2008, se indica
que tales asuntos deben ser discutidos y resueltos en la jurisdicción
contencioso-administrativa “con la aplicación de los principios que nutren
la jurisdicción constitucional, tales como los de la legitimación vicaria, la
posibilidad de la defensa material –esto es de comparecer sin patrocinio
letrado- y de gratuidad para el recurrente”. El espíritu o la voluntad de la
Sala Constitucional fue que la jurisdicción contencioso-administrativa
aplicará las formas o ritos establecidos en la Ley de la Jurisdicción
Constitucional y todos sus principios, para garantizar y conservar al
justiciable las ventajas y beneficios de esa sede jurisdiccional.
D.- Exclusión de los asuntos en los que se alegaba violación del
artículo 41 constitucional en una relación estatutaria
Poco después del Voto No. 2545-2008, el Tribunal Constitucional
afinó sus alcances, consecuencias y efectos –a nivel de organización
interna- admitiendo y dando curso a los amparos en los que un funcionario
5

o servidor público, en el contexto de una relación estatutaria o de empleo
público, alegara la violación del numeral 41 constitucional. Esto habida
cuenta de lo establecido –hasta ese momento- en el artículo 3°, inciso a),
del Código Procesal Contencioso Administrativo. Consecuentemente, a
partir de ese momento y hasta la segunda fase que veremos infra, los
asuntos en que era aducida la infracción del 41 constitucional, fuera de una
relación estatutaria, se rechazaban de plano y aquellos surgidos en el
contexto de una relación de empleo público continuaron siendo conocidos
y resueltos por la Sala Constitucional, para lo cual se ponderó el atraso
crónico y falta de remozamiento de la jurisdicción laboral, con lo que
resultaba inconveniente remitir a esa sede los asuntos planteados por
funcionarios o servidores públicos.
E.- Tratamiento procesal brindado a los asuntos por el Tribunal Oral
de lo Contencioso-administrativo
El nuevo Tribunal Contencioso-Administrativo empezó tramitando,
erróneamente y haciendo caso omiso de la pauta fijada por la Sala
Constitucional, este tipo de asuntos en julio de 2008 como procesos
preferentes (ex art. 60 CPCA), hasta una conveniente rectificación que
propició la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia No.
879-A-S1-2009 de las 8:50 hrs. de 27 de agosto de 2009), para evitar que
en tales procesos existiera la posibilidad del recurso extraordinario de
casación, con lo cual se recondujo el estado de cosas a la intención y
voluntad genuina de la Sala Constitucional de aplicar los principios, reglas
y normas de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, como la resolución en
única instancia. En una segunda fase, el nuevo Tribunal contenciosoadministrativo,
por observaciones atinadas de la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia en la sentencia supra citada, decidió aplicar, en lo
conducente, instituciones procesales del CPCA que representaran un
beneficio o ventaja para el justiciable, tales como la prevención del artículo
35.2 del CPCA para que la administración pública demandada cese la
inactividad formal y cumpla con la conducta omitida –opción que permite
tener por terminado el proceso sin especial condenatoria en costas y que ha
arrojado un nivel de satisfacción importante a favor de los justiciables-, así
como la conciliación intraprocesal (ex artículos 72-81 CPCA) que,
también, ha sido muy exitosa por la aplicación de las conciliaciones
masivas de 50 o 70 asuntos simultáneamente (v. gr. para los pensionados y
jubilados en los procedimientos administrativos seguidos ante la Dirección
Nacional de Pensiones para obtener un acto favorable).
F.- Precisiones y rectificaciones necesarias de la Sala Primera de
Casación
6

La Sala Primera de Casación, a través de la Sentencia No. 879-A-S1-
2009 de las 8:50 hrs. de 27 de agosto de 2009 –como ya se indicó-, se
encargó de precisar y rectificar algunos yerros del Tribunal oral de lo
contencioso-administrativo en cuanto al trámite o tratamiento de tales
asuntos. Así, indicó, oportunamente, que las reglas y principios del proceso
preferente no se avienen con la naturaleza de este tipo de procesos, pues se
prevén requisitos, etapas y recursos incompatibles con el carácter sumario e
informalismo del instituto. Para colmar la laguna procesal, la Sala Primera
estimó oportuno utilizar las reglas, plazos y principios de la Ley de la
Jurisdicción Constitucional –tal y como fue puntualizado desde un
principio por la Sala Constitucional-, y agregó –con acierto- que era posible
aplicar algunos de los institutos del CPCA que aceleren, beneficien o
permitan concluir de mejor manera el diferendo, tales como la subsanación
de la omisión y la conciliación. En esta sentencia, la Sala Primera le aclaró
al nuevo Tribunal contencioso-administrativo, con buen tino y conforme a
la intención y voluntad genuina de la Sala Constitucional, que no cabe el
recurso de apelación tasado ni el extraordinario de casación en este tipo de
asuntos.
2.- Segunda fase: Voto de la Sala Constitucional No. 17909-2010
A.- Voto de la Sala Constitucional No. 9928-2010
El presupuesto del Voto No. 17909-2010 que marca la segunda etapa
en la evolución del instituto adjetivo objeto de comentario, lo constituye el
previo No. 9928-2010 de las 15 hrs. de 9 de junio de 2010, por virtud del
cual se declaró inconstitucional el artículo 3°, inciso a), del CPCA que
excluía del conocimiento y resolución de la jurisdicción contenciosoadministrativa
cualquier pretensión en materia de relaciones de empleo
público y la jurisprudencia de la Sala Primera surgida a la luz del artículo
4°, inciso a), de la derogada Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa que remitía a la jurisdicción laboral cualquier
controversia relacionada con una relación de empleo público al
considerarla “netamente laboral” aunque el funcionario o servidor público
pretendiera, materialmente, impugnar la disconformidad sustancial o
invalidez de una conducta administrativa o manifestación específica de la
función administrativa con el ordenamiento jurídico administrativo.
De esta manera quedó allanado el camino para que se diera la
segunda etapa en la consolidación del instituto procesal de factura
jurisprudencial.
B.- Voto de la Sala Constitucional No. 17909-2010
7

Después de una prolongada deliberación y ante los efectos del Voto
No. 9928-2010, la mayoría de la Sala Constitucional dispuso rechazar de
plano el segmento de los amparos por violación del artículo 41
constitucional cuyo conocimiento y resolución se había reservado, esto es,
los surgidos en el contexto de una relación de empleo público. Para tal
efecto, me correspondió redactar un “machote” que cristalizó en el Voto
No. 17909-2010 de las 15:09 hrs. de 27 de octubre de 2010, el cual reitera
los razonamientos del Voto No. 2545-2008 y agrega el siguiente:
“Redacta el Magistrado Jinesta Lobo; y,
Considerando:
(…) III.- LA RELACIÓN DE EMPLEO PÚBLICO
COMO UNA RELACION JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA. VOTO No. 9928-2010 DE LAS
15 HRS. DE 9 DE JUNIO DE 2010. Este Tribunal
Constitucional en el Voto 9928-2010 declaró
inconstitucional el artículo 3°, inciso a), del Código
Procesal Contencioso-Administrativo, Ley No. 8508 de
28 de abril de 2006, al excluir del conocimiento y
resolución de la jurisdicción contenciosoadministrativa,
creada por el artículo 49
constitucional, toda pretensión relacionada con la
conducta de las administraciones públicas en materia
de relaciones de empleo público. En esta sentencia
constitucional, se indica, con meridiana claridad, que
hay pretensiones surgidas en el contexto de una
relación estatutaria que, por su naturaleza sustancial o
material y el régimen jurídico aplicable, deben ser
residenciadas, necesariamente, ante la jurisdicción
contencioso-administrativa y no en la laboral. Este
Tribunal entiende que las pretensiones que deduzca un
justiciable que es, al propio tiempo, funcionario o
servidor público, demandando el respeto y tutela del
derecho a un procedimiento pronto y cumplido o, lo
que es lo mismo, a un procedimiento administrativo en
un plazo razonable, sin dilaciones o retardos indebidos
o injustificados, debe ser conocida y resuelta por la
jurisdicción contencioso-administrativa, en cuanto se
refiere a verificar si se han cumplido o no los plazos
establecidos por la ley aplicable para sustanciar un
pedimento en la sede administrativa. Antes de esta
sentencia, este Tribunal Constitucional remitió a
conocimiento de la jurisdicción contencioso-
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administrativa, toda pretensión, fuera de una relación
estatutaria, en la que un administrado demandara la
protección del derecho a un procedimiento en un plazo
razonable, no así las verificadas en una relación
estatutaria, sin embargo, al poder, ahora por virtud
de la sentencia No. 9928-2010, ser remitidas a la
jurisdicción contencioso-administrativa, con las
ventajas inherentes a ésta, así lo decide para que los
órganos jurisdiccionales de ese orden sustancien tales
procesos de conformidad con los principios, reglas y
preceptos de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”
3.- Errónea y pretenciosa denominación de “amparo de legalidad”
Razones prácticas y didácticas, al tratarse de un instituto adjetivo de
factura pretoriana, demandan una denominación, con lo cual reconozco el
espíritu práctico y capacidad imaginativa de la Sala Primera de Casación en
llamarlo “amparo de legalidad” en la referida sentencia de ese órgano No.
879-A-S1-2009 de las 8:50 hrs. de 27 de agosto de 2009.
Empero, conviene reflexionar acerca del carácter jurídicamente
válido o no de la denominación y si resulta o no la más feliz o acertada.
En nuestro sistema jurídico el amparo es un proceso típicamente
constitucional esbozado en el numeral 48 de la Constitución Política y
desarrollado por la Ley de la Jurisdicción Constitucional, para la protección
y tutela directa de los derechos fundamentales y humanos contenidos,
respectivamente, en la Constitución y los instrumentos del Derecho
internacional público de los Derechos humanos que no sean la libertad e
integridad personales, para las que está previsto el hábeas corpus. En
nuestra larga tradición jurídica, el amparo no se ha concebido y entendido,
como en su lugar de origen –México-, como un mecanismo procesal de
carácter general y residual para la tutela de todo género de situaciones
jurídicas sustanciales, lo que permite distinguir, en ese país, un amparo
constitucional y uno de legalidad.
No resulta extrapolable la denominación y experiencia del “amparo
electoral” al terreno de los contencioso-administrativo, por cuanto, el así
llamado “amparo electoral” que fue, también, un instituto pretoriano
diseñado y concebido por la Sala Constitucional, ha sido un cauce procesal
para la protección y tutela de una amplia gama de derechos fundamentales
y humanos de carácter político-electoral y no de situaciones jurídicas
sustanciales nacidas a la luz de ordenamiento infra constitucional. En todo
caso el nuevo Código Electoral (Ley No. 8765 de 19 de agosto de 2009) en
sus artículos 12, inciso e), 220, inciso a) y 225-231 prevé el amparo
electoral.
9

En suma, en nuestra tradición jurídica el amparo siempre ha tenido la
connotación de tratarse de un proceso para la defensa efectiva de derechos
fundamentales y humanos, resulta, entonces, extraño, en nuestro medio,
emplear tal denominación para un proceso diseñado para la protección de
situaciones jurídicas que nacen de la ley.
De otra parte, el CPCA tampoco menciona o contiene tal
denominación, pese a la intención de algunos de ver en el proceso de
trámite preferente del artículo 60 una especie de “amparo de legalidad”.
La expresión “amparo de legalidad” resulta pretenciosa y
desorbitada, por cuanto, lo que la Sala Constitucional delegó en la
jurisdicción contencioso-administrativa, fue, un tipo específico y limitado
de casos, sea la protección del derecho a un procedimiento pronto y
cumplido previsto en el artículo 41 constitucional para la sede
administrativa, según su configuración legislativa. La remisión de asuntos
no fue para todo el universo e infinidad de situaciones jurídicas sustanciales
de origen legal que pueden existir.
Por lo anterior, estimo que el nuevo cauce procesal pretorianamente
diseñado debería denominarse proceso sumario para la protección del
derecho a un procedimiento administrativo pronto y cumplido. Así
debe ser reputado, por cuanto, la intención y voluntad manifiesta de la Sala
Constitucional, al declinar una pequeña porción de su competencia y al
crear la figura, ha sido que tales pretensiones se tramiten y sustancien
conforme con los principios, reglas y preceptos de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional, lo que admite, desde luego, la aplicación de los institutos
del CPCA que supongan una ventaja o un beneficio para el justiciable.
Conclusiones
1ª.) El proceso sumario para la protección del derecho a un
procedimiento administrativo pronto y cumplido es una institución
formal de factura pretoriana por la Sala Constitucional que ha sido,
también, afinada y precisada por la Sala Primera de Casación.
2ª.) Este proceso sumario constituye un voto de confianza de la Sala
Constitucional a la nueva legislación y jurisdicción contencioso
administrativas. Consecuentemente, la Sala Constitucional, mantiene la
competencia y atribución suficiente para revertir o rescatar, en cualquier
momento, el tipo de asuntos que fue enviado a la jurisdicción contenciosoadministrativa.
El ejercicio o no de tal competencia de reversión dependerá,
entre otros factores, de los niveles de éxito, celeridad y satisfacción de los
justiciables o usuarios por el servicio público de administración de justicia.
Desde ese punto de vista, los tiempos insumidos por la jurisdicción
contencioso-administrativa para dictar sentencia y, eventualmente, ejecutar
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–ante la omisión de la administración condenada- plena e íntegramente el
fallo, resultan de vital importancia para mantener el instituto 8 .
3ª.) La denominación de “amparo de legalidad” que se le ha dado a
este instituto procesal resulta, a todas luces, errónea y pretenciosa, por
cuanto, la Sala Constitucional no ha declinado su competencia o remitido
otro tipo de asuntos más que aquellos en los que se discute si en la
sustanciación de un procedimiento administrativo se han observado o no
los plazos prescritos por ley, ninguna otra pretensión puede ser discutida en
ese cauce procesal. La denominación que se le ha querido dar resulta muy
grande u holgada para el objeto restringido y específico de ese tipo de
procesos.
4ª.) En cuanto la Sala Constitucional señaló que tales pretensiones
deben sustanciarse y tramitarse conforme a los principios, reglas y normas
de la Ley de la Jurisdicción Constitucional (v. gr. gratuidad, legitimación
vicaria, defensa material, única instancia, etc.), se trata, simple y
llanamente, de un proceso sumario para la tutela del derecho a un
procedimiento administrativo pronto y cumplido.
8 Hasta el momento, las estadísticas son satisfactorias, así, en el 2009 ingresaron al nuevo Tribunal
Contencioso Administrativo 1232 amparos de legalidad, se dictaron 960 sentencias y 584
conciliaciones, el promedio de duración para dictar sentencia es de 3 meses y 14 días y, para los
casos eventuales que precisan de ejecución (5.97% sentencias), 3 meses más.
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