Estado de Situación de la Libertad de Expresión en Guatemala 2012

Las modificaciones a esta norma fueron criticadas y rechazas por un amplio sector
de la población, especialmente por agrupaciones indígenas y de radios
comunitarias que han luchado por varios años para ser reconocidas legalmente y
para que cese la persecución en su contra. Entidades como Reporteros sin
Fronteras (RsF) rechazó las reformas a la ley, argumentando que estas eran
excluyentes y antidemocráticas. La entidad mostró igualmente su apoyo a
diputados de los partidos UNE, URNG y Winaq’que interpusieron recursos legales
ante la normativa.
La reforma además es totalmente contraria a las reiteradas recomendaciones de
los distintos Relatores para la Libertad de Expresión de la OEA que han insistido
que la modalidad de subasta que contiene la ley para la asignación de frecuencias
es antidemocrática y excluyente. Eso ni siquiera fue considerado en la
modificación que obviamente buscaba beneficiar a los grandes empresarios.
En el mes de julio, el diputado de la bancada Libertad Democrática Renovada
(LIDER) José Luis Fernández Chenal, presentó una iniciativa con la que buscaba
modificar el artículo 219 del Código Penal, el cual estipula que “Quien, valiéndose
de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones
televisivas, radiales, telegráficas, telefónicas u otras semejantes o de igual
naturaleza, o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de cien a un mil
quetzales.
Con las modificaciones que el parlamentario presentó, el referido artículo
consignaría que “La persona individual o jurídica que utilizare el espectro
radioeléctrico perteneciente al Estado de Guatemala, sin el título de usufructo o la
correspondiente autorización emitida por la Superintendencia de
Telecomunicaciones, para la transmisión de ondas sonoras, audiovisuales, o
cualquier otro uso de comunicación, será sancionado con seis a diez años de
prisión y el decomiso y pérdida del equipo de transmisión”.
El Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala denunció que esta iniciativa
busca criminalizar del espectro radioeléctrico. Asimismo indicó que va contra las
radios comunitarias que no cuentan con estatus legal y que luchan por su
reconocimiento.
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