REPÚBLICA DE COLOMBIA - Rama Judicial

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE
ANTIOQUIA
SALA PRIMERA DE ORALIDAD
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Medellín, veintisiete (27) de febrero de dos mil trece (2013)
ACCIÓN: TUTELA.
ASUNTO: IMPUGNACIÓN TUTELA.
DEMANDANTE: ALEXANDRA MARÍA GÓMEZ AGUDELO como agente
oficiosa de MARÍA MARLENY AGUDELO LONDOÑO.
DEMANDADO: ISS EN LIQUIDACIÓN Y OTROS.
RADICADO: 05-001-33-33-020-2012-00243-01.
PROCEDENCIA: JUZGADO VEINTE ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE MEDELLIN-ANTIOQUIA
INSTANCIA: SEGUNDA.
SENTENCIA: SPO- 34 - Ap.
TEMAS: Personas de Especial protección- MODIFICA SENTENCIA
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la accionante, en contra de
la Sentencia proferida por el Juzgado Veinte Administrativo Oral del
Circuito de Medellín Antioquia, de fecha catorce (14) de diciembre de dos
mil doce (2012), mediante la cual se tutelaron los derechos
fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social de la señora MARÍA
MARLENY AGUDELO LONDOÑO.
ANTECEDENTES.
La señora MARÍA MARLENY AGUDELO LONDOÑO, por medio de
agente oficiosa, acudió a la jurisdicción en ejercicio de la Acción de Tutela
de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos
2591 de 1991, 306 de 1992 y demás normas concordantes para que se
acceda a las siguientes:

APELACIÓN TUTELA.
DEMANDANTE: MARIA MARLENY AGUDELO LONDOÑO
DEMANDADO: ISS EN LIQUIDACIÓN Y OTROS
RADICADO: 05001-33-33-020-2012-00243-01
PETICIONES
Solicitó se ordene a Colpensiones que dentro de las 48 horas siguientes
pague a la señora MARÍA MARLENY AGUDELO LONDOÑO la pensión por
invalidez, de acuerdo al fallo que se aportó con el escrito de tutela.
HECHOS.
Expresó la agente oficiosa de la accionante que mediante decisión del 20
de mayo de 2011 la Sala Décima Cuarta de Decisión Laboral confirmó la
Sentencia proferida por le Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Medellín, la cual condenó al ISS a pagar Pensión anticipada y especial de
vejez a la accionante y que posteriormente el ISS demandó en Casación
laboral el fallo y finalmente el proceso regresó al juzgado de origen para
que se diera cumplimiento a la sentencia.
Agrega que la accionante se encuentra en grave estado de salud y que
ella y su familia pasan por una situación económica precaria y requiere de
la pensión y de la seguridad social.
POSICIÓN DE LAS ACCIONADAS.
Las entidades accionadas pese haber sido notificadas guardaron silencio.
LA SENTENCIA IMPUGNADA.
El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Medellín, mediante
sentencia de fecha catorce (14) de diciembre de la pasada anualidad,
concedió la tutela a los derechos al mínimo vital y a la seguridad social de
la señora MARÍA MARLENY AGUDELO LONDOÑO, y en consecuencia le
ordenó al ISS EN LIQUIDACIÓN que en el término de veinte (20) días
hábiles siguientes a la notificación de la providencia, haga entrega del
expediente a COLPENSIONES y luego de recibido, ésta entidad cuenta con
30 días hábiles para dar respuesta clara, concreta, oportuna y de fondo a
la cuenta de cobro presentada, el día 27 de septiembre de 2012; y
después de emitido el acto administrativo Colpensiones cuenta con un
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término de 30 días hábiles para proceder a incluir en nómina a la
tutelante.
Para impartir dichas órdenes la señora Juez, realizó un extenso y acertado
análisis acerca de la procedencia excepcional de la acción de tutela para
proteger los derechos de las personas de la tercera edad, ordenando su
inclusión en nómina, sin que tengan que acudir al proceso ejecutivo
laboral.
LA IMPUGNACIÓN
La agente oficiosa de la señora MARÍA MARLENY AGUDELO LONDOÑO
impugnó el fallo de primera instancia, argumentando que los plazos
concedidos a las entidades tuteladas son muy amplios y por el grave
estado de salud de su señora madre y su situación económica, sumado a
que es una persona de la tercera edad y en condiciones de debilidad
manifiesta, este plazo le es muy gravoso, por lo cual solicitó se
modifiquen y se ordene a las entidades resolver en el término de 48
horas, es decir, que cumplan el fallo laboral que se presentó en la tutela,
y se pague la pensión ya adquirida.
Se decidirá la controversia previas las siguientes,
CONSIDERACIONES.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el
Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto
de reclamar la protección inmediata de los Derechos Constitucionales
Fundamentales, cuando éstos se vean amenazados o vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública y procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
La tutela es considerada como una acción de carácter excepcional,
subsidiaria y sumaria, consagrada por el constituyente con el objeto de
que las personas puedan acudir a ella para la protección efectiva e
inmediata de sus derechos fundamentales; la búsqueda de objetivos
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distintos, para los cuales el ordenamiento jurídico prevé otras instancias y
jurisdicciones diferentes a la constitucional, excede el contexto
establecido para la misma tanto en la Carta Suprema como en la ley.
La Corte Constitucional ha reiterado jurisprudencial, con respecto a la
procedencia excepcional de la tutela cuando existen otros mecanismos de
defensa, lo siguiente:
“La regla general es que las controversias jurídicas sean resueltas
mediante los mecanismos contemplados en el ordenamiento
jurídico para tal fin, como lo son los procesos jurisdiccionales y/o
administrativos, pero estos mecanismos muchas veces pueden
resultar ineficaces para la protección de los derechos del
interesado. Lo anterior, obliga al juez de tutela a determinar en
cada caso, cuándo a pesar de contarse con otro mecanismo de
defensa diferente a la tutela, ésta se vuelve la vía expedita para la
protección de los derechos” 1 .
Específicamente para el caso de inclusión en nómina de personas a las
que les ha sido reconocido su derecho pensional a través de sentencia
judicial, la Corte ha desarrollado por vía de excepción algunas subreglas
que permiten ordenar el pago de mesadas pensionales, prescindiendo del
proceso ejecutivo, así por ejemplo en sentencia T- 498 de 2.005 expresó
la Corte:
“No obstante, lo anteriormente expuesto, la Corte precisó que aún
en el evento en que sea pertinente el proceso ejecutivo para
reclamar la satisfacción de una obligación de hacer cuando lo ha
ordenado una sentencia judicial ejecutoriada, el amparo tutelar
será procedente si se concluye que el incumplimiento conlleva a la
vulneración de derechos fundamentales y que la vía ejecutiva no
tiene la virtualidad de tener la misma efectividad de aquél, como
sucede en el caso, del reintegro de un trabajador. Bajo este
criterio, la Corte ha considerado que la acción de tutela resulta
procedente en los eventos en los que se ha exigido el
cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones, como
quiera que si el juez de tutela se abstiene de ordenar la inclusión
en nómina de los peticionarios estaría convalidando la afectación
del mínimo vital de los mismo.
Precisamente, en las Sentencias T-498 y T-720 de 2002, la Corte
concluyó que cuando se están afectando otros derechos
fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana y la
integridad física, es procedente que mediante el mecanismo de
amparo constitucional se ordene que el derecho debidamente
reconocido se ejecute, es decir, se incluya en nómina a quien
adquirió debidamente la calidad de pensionado.
1 Corte Constitucional, sentencia T-657 de 2011.
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Y más adelante al resolver el caso concreto expresó:
“Debido a que el Instituto de Seguros Sociales, contra quien fue
interpuesta la presente demanda, no contestó el requerimiento
realizado por el juez de instancia, se dará aplicación a la
presunción de veracidad, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, y se tendrá como cierto el
hecho de que la mencionada entidad, no ha dado cumplimiento a
los fallos proferidos por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de
Medellín y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma
ciudad, Sala Primera de Decisión Laboral.
Esta Sala de Revisión no comparte los argumentos esbozados por
los jueces de instancia para denegar la acción de tutela, por
cuanto son abiertamente contrarios con la jurisprudencia
previamente reseñada, según la cual la acción de tutela es el
mecanismo procedente para obtener el cumplimiento de
providencias judiciales cuando están de por medio derechos
fundamentales.
En esta medida, la Corte encuentra que, en este caso, es la acción
de tutela, el mecanismo adecuado para preservar el derecho
reconocido a la accionante para gozar de su pensión de
sobrevivientes, pues la no inclusión en nómina de pensionados
por parte de la entidad demandada, vulnera su derecho al mínimo
vital, pues con esa actitud omisiva se coloca a la pensionada en
una situación de indefensión, con lo cual se afecta su subsistencia
digna.
Recuérdese que en relación con el derecho pensional, la Corte ha
sido enfática en sostener que no puede predicarse que se
encuentre satisfecho con el mero reconocimiento, sino que es
necesaria la inclusión en nómina del beneficiario de la pensión y el
pago efectivo de la mesada pensional, pues de lo contrario se
someterá al pensionado además de soportar los dispendiosos
trámites para su reconocimiento, a soportar las continuas
negligencias administrativas, o lo que es más grave aún, a verse
sometido a un largo proceso para que su derecho se materialice”.
En el mismo sentido puede citarse la sentencia T -511 de 2.005 y las
demás que acertadamente citó el A- quo
Análisis del Caso Concreto.
En el caso concreto, sólo impugnó la parte accionante, cuya agente
oficiosa se muestra en desacuerdo con la orden impartida porque
considera que es demasiado extenso el tiempo que debe transcurrir para
la inclusión en nómina, dadas las especiales circunstancias de la actora.
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Luego de proferido el fallo de primera instancia, el I.S.S., presentó escrito
(Folios 41 a 51) en el que argumenta que la entidad se encuentra en
imposibilidad de cumplir la sentencia judicial porque al intentar entregar
las sentencias pendientes de resolver y pagar, las cuales ya se
encuentran digitalizadas, Colpensiones no ha dado pautas para el recibo
de éstas, por lo anterior y toda vez que se ha solicitado el desarchivo del
expediente administrativo de la tutelante que se encuentra en proceso y
bajo la custodia de un operador, se procederá a aportarlo en medio
magnético y solicita que una vez ocurra esto se le ordene a Colpensiones
proceda a su recepción y resuelva de fondo lo solicitado.
Posteriormente, el 14 de enero de 2013 presenta escrito el ISS en
Liquidación donde informa que el traslado del expediente a Colpensiones
fue enviado al encargado de digitalizar la información con el fin de migrar
la información a esta entidad y solicita le de un término de 20 días hábiles
mientras se termina de migrar el expediente (folios 59 a 61).
Nuevamente el 23 de enero de la presente anualidad el ISS en
Liquidación solicita ahora 30 días hábiles mientras termina de migrar el
expediente a Colpensiones para que sea esta quien de cumplimiento al
fallo (folios 62 a 64).
Se debe reiterar que las personas de la tercera edad han sido señaladas
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como sujetos de especial
protección por parte del Estado y en consecuencia deben ser objeto de
mayores garantías para permitirles el goce y disfrute de sus derechos
fundamentales.
Para la Sala, no es de recibo lo afirmado por el I.S.S., en el sentido de
que no puede dar cumplimiento a la sentencia, porque la otra entidad no
le recibe o porque el proceso este en poder de otro “operador”, porque lo
que está en juego son los derechos no sólo de una persona de la tercera
edad, sino porque además dicha persona se encuentra en situación de
salud precaria, lo que amerita aun mas una pronta solución por parte de
la administración.
Además, al momento de proferirse esta decisión ha transcurrido otro
tiempo adicional, durante el cual la entidad accionada ha debido hacer
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todo lo posible para el cumplimiento del fallo, atendidas las especiales
circunstancias del caso; es por esto, que la Sala accederá a la solicitud de
modificar la sentencia en el sentido de ordenar al Instituto de Seguros
Sociales en Liquidación que en el término de las 48 horas siguientes a la
notificación de este fallo entregue efectivamente el expediente
administrativo de la señora MARÍA MARLENY AGUDELO LONDOÑO a
Colpensiones, si aún no lo ha hecho y a Colpensiones para que una vez
recibida la documentación proceda a incluir en la próxima nómina de
pensionados a la señora MARIA MARLENY AGUDELO LONDOÑO y se
adelanten de inmediato las acciones necesarias para el efectivo pago de
las mesadas pensionales adeudadas.
Aclara la Sala, que la modificación a la sentencia, no se realiza por
considerar que la señora Juez no acertó en su decisión, sino en razón de
que incluso los términos que se concedieron en primera instancia están
vencidos y confirmar la decisión, sólo alargaría el término de vulneración
de los derechos, por eso en esta providencia se acortan de manera
considerable.
Por lo expuesto, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA,
SALA PRIMERA DE ORALIDAD, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO. MODIFIQUESE el numeral segundo de la Sentencia del
catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), proferida por el
Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Medellín, el cual quedará
así:
SEGUNDO: Se Ordena al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN
LIQUIDACIÓN, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación del presente fallo, si aún no lo ha hecho,
proceda a hacer entrega del expediente administrativo de la afiliada
MARIA MARLENY AGUDELO LONDOÑO a la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES.
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Y se ordena a COLPENSIONES, que una vez recibida la
documentación proceda a incluir en la próxima nómina de
pensionados a la señora MARÍA MARLENY AGUDELO LONDOÑO y se
adelanten de inmediato las acciones necesarias para el efectivo
pago de las mesadas pensionales adeudadas.
SEGUNDO. CONFIRMAR en los demás aspectos, la sentencia del catorce
(14) de diciembre de 2012.
TERCERO. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30
del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión y comuníquese ésta decisión al juzgado de origen.
CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE
Esta providencia se estudio y aprobó en Sala de la fecha, como consta en
Acta Nro.___-
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
YOLANDA OBANDO MONTES
ALVARO CRUZ RIAÑO
8-8