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Acta de la vigesimotercera sesión ordinaria del Consejo para el nuevo
sistema de justicia penal; Michoacán, 18 de junio 2012
En la ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, a las 13:00 horas del 18 de junio de
2012, se reunieron en el salón de recepciones del H. Congreso del Estado, los
consejeros Elías Álvarez Hernández, Plácido Torres Pineda, Emiliano Martínez Coronel,
Fidel Calderón Torreblanca, José Sebastián Naranjo Blanco, Rigel Macías Hernández,
María Arcelia González Butrón, Jesús Sierra Arias, Amalia Herrera Arroyo, Juan Antonio
Magaña de la Mora y el consejero presidente Alejandro González Gómez. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 8° del reglamento interno del Consejo, también acudió
Rubén Pérez Gallardo como representante del consejero Jesús Reyna García.
Primeramente, el secretario ejecutivo pasó lista de asistencia y expresó que se contaba
con la presencia de once consejeros y un representante. El consejero presidente verificó
la existencia de cuórum legal, declaró abierta la sesión y pidió que se diera lectura al
proyecto del orden del día, el cual fue el siguiente:
I. Toma de protesta del licenciado Jesús Sierra Arias como integrante del Consejo
para el nuevo sistema de justicia penal, en calidad de consejero del Poder
Judicial del Estado.
II. Observaciones y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la
vigesimosegunda sesión ordinaria del Consejo.
III. Propuesta de aprobación del anteproyecto de la Ley de Justicia Alternativa
y Restaurativa del Estado.
IV. Informe de actividades del Consejo con motivo de su segundo aniversario.
V. Asuntos generales.
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El presidente puso a consideración del pleno el proyecto de orden del día. Tanto las
consejeras como los consejeros manifestaron estar conformes con él, por lo que se
sometió a votación y fue aprobado.
Acuerdo 1. Se aprobó el orden del día.
Luego, para desahogar el primer punto del día, se solicitó a los presentes que se
pusieran de pie para que el licenciado Jesús Sierra Arias, tomara protesta del cargo de
consejero del nuevo sistema de justicia penal. El consejero presidente le preguntó al
arriba mencionado si protestaba cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana, la
particular del Estado de Michoacán, las leyes que de ellas emanaban, así como las
disposiciones legales que regían el Consejo para el nuevo sistema de justicia penal. A
este cuestionamiento Jesús Sierra Arias respondió: “Sí, protesto”; por lo que el consejero
presidente le dijo: “Si así lo hiciere, que la sociedad michoacana se lo premie; y si no, que
se lo demande”.
Acto seguido, los consejeros tomaron asiento y se procedió con el segundo punto del
orden del día, referente a la aprobación del acta a la vigesimosegunda sesión ordinaria
del Consejo. El acta se dejó a consideración de los consejeros para que se hicieran
comentarios u observaciones sobre su contenido, lo cual no sucedió. Luego, se sometió a
votación y se aprobó de forma unánime.
Acuerdo 2. Se aprobó el acta correspondiente a la vigesimosegunda sesión
ordinaria del Consejo.
El tercer punto del orden del día fue el relativo a los trabajos de revisión del anteproyecto
de la Ley de Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado. Al respecto, el secretario
ejecutivo indicó que todos los integrantes del Consejo para el nuevo sistema de justicia
penal en el Estado habían sido citados el 30 de mayo del presente año a las 09:00 horas
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en la sala de lecturas del Antiguo Palacio de Justicia para llevar cabo la revisión del
mencionado anteproyecto de ley.
Informó que a dicha reunión habían asistido los consejeros Amalia Herrera Arroyo, Juan
Antonio Magaña de la Mora, Alejandro González Gómez, presidente del Consejo; así
como Iván Alberto Rodríguez Camacho, Luis Alonso Mendoza y Víctor Hugo Villagómez
Ortiz quienes eran los representantes de los diputados Eduardo Orihuela Estefan, Rigel
Macías Hernández y Fidel Calderón Torreblanca, respectivamente. En representación de
la Secretaría de Seguridad Pública acudió Héctor Emilio Ayala Bonilla; en representación
de Procuraduría General de Justicia del Estado fue Marco Antonio Tinoco Álvarez;
mientras que en representación de la Secretaría de Gobierno asistió Jorge Luis Solorio
García. También estuvo presente, como invitada especial, la licenciada Pilar Chávez
Franco, directora del Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado.
El secretario ejecutivo dijo que debido a la naturaleza de este proyecto se había
acordado que la revisión y adecuación del anteproyecto estuviera a cargo de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (Marco Antonio Tinoco Álvarez) y el Poder
Judicial del Estado (Pilar Chávez Franco) ya que estas instituciones se encargarían de
celebrar los acuerdos reparatorios derivados de la mediación y conciliación. Señaló que
lo anterior había sido una propuesta del magistrado Juan Antonio Magaña de la Mora, la
cual en su momento se había sometido a votación y había sido aprobada sin ninguna
abstención o voto en contra.
El consejero presidente añadió que el anteproyecto ya había sido remitido a cada uno de
los consejeros, como parte de los anexos del proyecto del orden del día de esta sesión,
por lo que lo puso a consideración del pleno para que se determinase lo conducente. El
consejero Juan Antonio Magaña de la Mora expresó que consideraba que se trataba de
un documento actual que cumplía con las expectativas. Dijo que de ser aprobado en esta
sesión, sólo restaría remitirlo al Honorable Congreso del Estado para que, conforme a
las facultades del poder legislativo, se siguiera con el procedimiento para su aprobación.
El consejero Fidel Calderón Torreblanca estuvo de acuerdo en que en esta sesión ya era
posible aprobar el anteproyecto de ley. Dijo que aunque estaba previsto el costo que en
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su momento tendría la implementación de la instituciones que deberían crearse una vez
que entrara en vigor dicha ley, se haría se manera gradual de acuerdo con las
disposiciones presupuestales del Estado. Expresó que no dudaba del éxito del
anteproyecto y que al final, esto repercutiría en las economías de las instituciones del
Poder Judicial y de la Procuraduría, entre otras, pues se agilizarían muchos asuntos y
juicios tardados con costo para el Estado. Consideró que para que no se formara una
mala percepción, a la opinión pública se le debería explicar que si bien la creación de
nuevas instituciones parecía un gasto, era una forma de modernizar el sistema justicia y
que a la larga significaría un ahorro.
El procurador Plácido Torres Pineda tomó la palabra para exponer que en la lectura que
había hecho al anteproyecto había encontrado algunos errores de redacción, así como
un error en la numeración de los artículos, pues del número 100 pasaba al 153. Por ese
motivo, solicitó se le diera el tiempo suficiente para hacer llegar ésta y otras
observaciones por escrito a los demás consejeros. Atendiendo al comentario del
procurador, el consejero presidente consideró que el documento estaba en condiciones
de aprobarse, por lo menos de manera general, ya que las observaciones eran carácter
formal y no afectaban su contenido.
El magistrado Magaña de la Mora opinó que si las observaciones del procurador eran
sobre cuestiones de redacción y ortografía, éstas no implicaban una modificación
estructural pues sólo se debían hacer las correcciones necesarias. Por lo anterior,
consideró que el anteproyecto podía ser aprobado, tanto en lo general como en lo
particular, para así evitar posponer su aprobación a la próxima reunión y poder remitirlo a
la brevedad al Congreso del Estado como iniciativa de ley. Al respecto, el procurador
mencionó que efectivamente sus observaciones no alteraban el contenido del
anteproyecto pues sólo trataban sobre cuestiones de forma. Cuando se le preguntó
cuánto tiempo necesitaría para enviar por escrito sus observaciones, dijo que una
semana sería tiempo suficiente.
Puesto que las observaciones finales del procurador estarían listas el día 25 de junio del
presente año y éstas no alteraban el contenido del anteproyecto; así el consejero
presidente sometió a votación la aprobación del anteproyecto de la Ley de Justicia
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Alternativa y Restaurativa del Estado y fue aprobado, tanto en lo general como en lo
particular, por unanimidad de votos.
Acuerdo 3. Se aprobó el anteproyecto de la Ley de Justicia Alternativa y
Restaurativa del Estado, tanto en lo general como en lo particular, a efecto de
que sea remitido al H. Congreso del estado como iniciativa de ley, una vez que el
procurador remita sus observaciones sobre la redacción del anteproyecto, y que
éstas sean incorporadas a dicho anteproyecto.
En el cuarto punto del orden del día, relativo al informe de actividades del Consejo con
motivo de su segundo aniversario. El consejero presidente recordó que el día 10 de junio
del 2010 se había publicado en el periódico oficial de esta entidad el decreto legislativo
mediante el cual se creó esta instancia de coordinación para los trabajos de
implementación del nuevo sistema de justicia penal en Michoacán.
En seguida, se procedió a presentar el informe de actividades ante el pleno a través de
un video. En él se señaló que el 18 de junio de 2008 se había publicado en el Diario
Oficial de la Federación el decreto de reforma de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, mediante el cual se establecieron las bases de un nuevo sistema de
justicia penal en la república mexicana. Dicho decreto estableció que la federación, los
estados y el Distrito Federal debían incorporar el sistema penal acusatorio en un plazo
máximo de ocho años. Asimismo, se expusieron brevemente los principios que regirán el
nuevo sistema.
Entre los principales beneficios del nuevo sistema, se mencionaron la despresurización
del sistema judicial, la reducción del índice de impunibilidad, la impartición de justicia
más transparente, así como la priorización de los acuerdos reparatorios, a través de los
mecanismos alternativos de solución de controversias que permiten, además de la
reparación el daño, la reconstrucción del tejido social, y la abreviación de los procesos
penales.
Sumado a esto, se indicó que todo proceso debería partir del principio de presunción de
inocencia, lo que implicaba que a quien se le imputase la comisión de un delito debería
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considerársele inocente hasta que con pruebas suficientes se demostrase su
culpabilidad, y no al contrario. Esto implicaría un mayor respeto de los derechos
humanos, tanto de la víctima como del imputado; y una defensa eficiente para este
último. La realización de una investigación científica también provocaría cambios
fundamentales en la presentación, admisión y evaluación de las pruebas.
En el video también se hizo mención de que el nuevo sistema atañía e incluía a todos los
que participasen en la impartición y procuración de justicia como los policías, peritos,
mediadores, ministerios y defensores públicos, jueces, abogados litigantes y miembros
del sector académico. Específicamente, se señaló que las instituciones involucradas en
este nuevo sistema de justicia eran la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de
Seguridad Pública, el Poder Judicial y la Defensoría de Oficio.
Asimismo, en el informe se indicó que el Consejo de coordinación para la
implementación, seguimiento y evaluación del nuevo sistema de justicia penal en el
estado de Michoacán de Ocampo, actualmente, está integrado por cuatro representantes
del poder legislativo que son: Fidel Calderón Torreblanca, Eduardo Orihuela Estefan,
Rigel Macías Hernández y José Sebastián Naranjo Blanco. Los cuatro representantes
del poder ejecutivo son: Plácido Torres Pineda, Jesús Reyna García, Elías Álvarez
Hernández y Emiliano Martínez Coronel. A su vez, el Poder Judicial también cuenta con
cuatro representantes: Alejandro González Gómez, presidente del Poder Judicial y del
Consejo; Juan Antonio Magaña de la Mora, Jesús Sierra Arias y Amalia Herrera Arroyo.
Por su parte, el sector académico es representado por María Arcelia González Butrón.
Se explicó que el Consejo sesionaba de manera ordinaria una vez al mes, mientras que
las sesiones extraordinarias se realizaban cada que fuese necesario. Por su parte, los
comités de: capacitación, difusión, adquisiciones e infraestructura sesionaban cuando
era necesaria la especialización en un tema. Como producto de estas sesiones, se
informó que desde el 2010 se habían tomado un total de 154 acuerdos.
En cuestiones de normatividad se indicó que el Consejo había impulsado la Ley de
Ejecución de Sanciones Penales y el Código de Procedimientos Penales del Estado, los
cuales ya habían sido autorizados por el Congreso del Estado. Se especificó que
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actualmente se estaba trabajando en varios anteproyectos, como el de la Ley de justicia
alternativa y restaurativa, la Ley del Instituto de Defensoría Pública, la Ley orgánica del
Poder Judicial y el Código penal del estado. De igual forma, se agregó que también
había proyectos que faltaban por elaborarse como la Ley para la atención y protección a
víctimas u ofendidos del delito, la Ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia, la
Ley de Sujetos Protegidos y la Ley de servicios previos al juicio.
Se destacó que, con el objeto de socializar el trabajo legislativo, se habían realizado el
foro «Fortalezas y oportunidades del Código de procedimientos penales del estado de
Michoacán» y el «Primer Foro de análisis de normatividad complementaria en torno al
nuevo sistema de justicia penal en Michoacán».
En lo concerniente al eje de capacitación se mencionó que el Poder Judicial había
completado la selección y capacitación inicial de diez jueces de ejecución de sanciones y
que ya se había iniciado el primer curso de formación inicial para jueces de primera
instancia, el cual contaba con la participación de 20 personas. También se hizo mención
de que la Procuraduría General de Justicia había dado capacitación general a su
personal sobre ejecución de sanciones, amparo penal, argumentación jurídica, entre
otros temas. Por su parte, en mayo del presente año, la Defensoría de Oficio había
realizado el curso de inducción al nuevo sistema de seguridad pública y justicia penal
para defensores de oficio.
Otras actividades que se destacaron fueron el foro “Formación para el litigio oral. Un
primer acercamiento”, el Curso de formación inicial para jueces de ejecución de
sanciones penales, el Encuentro sobre ejecución de sanciones penales y medidas
judiciales, el curso “Procesamiento de la escena del crimen”, el Curso de inducción al
nuevo sistema de justicia penal en Michoacán. En el informe también se hizo referencia
a que próximamente, de acuerdo con cronograma de capacitación y selección de
operadores del nuevo sistema de justicia penal que ya se había aprobado, se realizarían
cursos de formación y talleres prácticos desarrollados específicamente para
conciliadores y mediadores, defensores, jueces, policía investigadora, ministerios
públicos y policía preventiva.
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Respecto al eje de difusión se indicó que en Morelia, Zamora y Uruapan se habían
llevado a cabo 18 funciones gratuitas del documental Presunto culpable; Rodolfo Félix
Cárdenas había ofrecido la conferencia “La audiencia intermedia en el nuevo sistema de
justicia penal” y se había realizado la presentación de los libros El acceso a la justicia
para las mujeres víctimas de violencia de género en el sistema penal acusatorio y No
más pagadores. Guía de periodismo sobre presunción de inocencia y reforma del
sistema de justicia penal. Otras acciones que se habían tomado era la creación del portal
web interactivo (www.justiciapenal.gob.mx), así como la elaboración de folletería para
operadores y ciudadanía en general.
Asimismo, se señaló que se había hecho la elaboración de un diagnóstico sobre el cual
se construían las estrategias de difusión mediante una encuesta ciudadana de cobertura
estatal y 42 grupos focales sobre la percepción de los operadores del sistema con
relación a sus instituciones así como la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia
penal. Basado en este diagnóstico, se informó que, en lo referente al eje de difusión, se
estaba trabajando en la planeación de la campaña publicitaria 2012 sobre justicia
alternativa y el nuevo sistema de justicia penal.
En el informe se indicó que en la actualidad también se estaba trabajando en la
publicación del Anuario 2012 y en la elaboración de los manuales para operadores del
sistema. Igualmente, se estaba desarrollando la campaña de comunicación interna para
la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad Pública, Poder Judicial y
Defensoría Pública del Estado y a la par se esta haciendo una medición de la eficacia de
las estrategias de comunicación.
Sobre las acciones que se habían tomado en el eje de infraestructura, el informe destacó
la instalación de los equipos de videoconferencia en las subprocuradurías de Uruapan,
Zitácuaro y Zamora; la supervisión de obra en los juzgados penales de Uruapan y
Morelia Asimismo y las reuniones de vinculación con los ayuntamientos de Pátzcuaro,
Zamora y Zinapécuaro para gestionar la donación de terrenos donde se pudiesen
construir centros de acceso a la justicia. Asimismo, se hizo referencia a la presentación
de una guía metodológica para el diagnóstico de infraestructura en Poder Judicial,
Procuraduría General de Justicia y Defensoría Pública del Estado, así como al foro
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“Arquitectura para la nueva justicia” que se realizó en el pasado mes de abril. Se informó
que en el presente año se estaba trabajando en la elaboración de proyectos ejecutivos
para la construcción de un juzgado oral penal y un centro regional de mecanismos
alternativos de solución de controversias tanto Pátzcuaro y como en Morelia.
En lo relacionado a las tecnologías de la información se mencionó la realización del foro
“Arquitectura e informática en el nuevo sistema de justicia penal en Michoacán”.
Asimismo, se indicó que ya se habían iniciado las gestiones para implementar los
sistemas de información que permitan el intercambio electrónico de datos y la
implementación de un número único de caso. De esta manera, los ciudadanos podrán
dar seguimiento a sus asuntos con independencia de las instituciones de justicia. Otro de
los logros en este rubro fue la obtención de subsidio federal para equipar con un sistema
de grabación a las salas de oralidad en Morelia y Pátzcuaro, así como para dotar de
equipo de cómputo a los defensores públicos.
Dentro del programa de asociatividad del Consejo, se destacó la firma de un convenio
colaboración con 19 instituciones educativas públicas y privadas del estado, así como los
convenios de colaboración interinstitucional con organismos autónomos como el Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Michoacán, y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, en el informe se hizo referencia a las
actividades conjuntas de capacitación y difusión con las casas de la cultura jurídica de
Morelia y Uruapan, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de los Adultos
en América Latina y el Caribe (CREFAL), las comisiones de justicia y de derechos
humanos de las LXXI y LXXII legislaturas del Congreso del Estado, entre otras. También,
se hizo referencia a las reuniones de vinculación con los líderes de asociaciones
empresariales como Coparmex, Canacinca y Canaco, con empresarios particulares, así
como con presidentes de barras y colegios de de abogados, directores de medios de
comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Para finalizar, se mencionó que la implementación del sistema procesal acusatorio y oral
constituía el desafío más importante que en materia de seguridad ciudadana justicia
penal compartían los tres poderes del Estado. Por ello, las actividades ya mencionadas
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tenían como objetivo la óptima entrada del nuevo sistema de justicia penal en el estado
de Michoacán.
Finalizada la proyección del video, se pasó al quinto y último punto del orden del día, en
el que el presidente preguntó a los Consejeros si tenían algún asunto de carácter general
pendiente de tratar; como ningún consejero respondió en sentido afirmativo, el consejero
presidente pidió se diera cuenta de los asuntos generales de la Secretaría ejecutiva:
Primero, el secretario ejecutivo dio un informe sobre las actividades de la semana de
aniversario del Consejo. Comentó que del 11 al 13 de junio del presente año, se había
llevado a cabo en el auditorio “Ingeniero César Nava” de la Universidad Vasco de
Quiroga el “Primer foro de análisis de normatividad complementaria en torno al nuevo
sistema de justicia penal en Michoacán”, al cual habían asistido 760 personas. El
objetivo de dicho foro era que se analizaran y socializaran los anteproyectos de Código
Penal, Ley del Instituto de Defensoría Pública y Ley de Justicia Alternativa y
Restaurativa.
El lunes 11 se ofreció la conferencia titulada “Anteproyecto del Código Penal del Estado”,
a cargo del maestro Rubén Quintino Zepeda. Ese mismo día se realizaron 15 ponencias
sobre el mismo anteproyecto a cargo de magistrados, jueces, universidades y aspirantes
a jueces de oralidad.
El martes 12 se llevó a cabo la conferencia titulada “Anteproyecto de la Ley del Instituto
de Defensoría Pública”, a cargo de la maestra Ana Dulce Aguilar García. Además, se
realizaron 11 ponencias, una de las cuales estuvo a cargo de José María Cázares
Solórzano, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se contó con la
participación de aspirantes a jueces de oralidad y docentes.
El miércoles 13 de junio, tuvo lugar la conferencia titulada “Anteproyecto de la Ley de
Justicia Alternativa y Restaurativa del Estado”, a cargo de la licenciada Pilar Chávez
Franco, Directora del Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado. Asimismo, tuvo
lugar la conferencia titulada “La mediación como requisito de procedibilidad”, a cargo de
Omar Liévanos Ruiz, Magistrado presidente del Tribunal Colegiado en materia penal del
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Decimoprimer Circuito. Enseguida, se recibieron 9 ponencias a cargo de aspirantes a
jueces de oralidad, personal del centro de mediación y de la asociación de abogadas de
Michoacán.
También se mencionó que el jueves 14 de junio se había celebrado la firma del convenio
de colaboración interinstitucional entre la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el
Consejo, mientras que el viernes 15 de junio, se había llevado a cabo una simulación de
audiencia oral en materia de ejecución de sanciones penales.
Finalmente, en relación a la cuarta sesión del comité de capacitación, realizada el 7 de
junio del año en curso, el secretario ejecutivo informó que en ella se había aprobado la
realización de un curso sobre cadena de custodia y temas generales del sistema penal
acusatoria, dirigido a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la
Secretaría de Seguridad Pública. Señaló que este curso iniciaría el jueves 21 de junio a
las 11:00 horas, en el Instituto para la capacitación y profesionalización de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Concluidos los asuntos a tratar, la sesión se dio por terminada la sesión a las 14:20
horas del mismo día. Se levantó esta acta y fue firmada por las personas que en ella
intervinieron, ante el secretario ejecutivo.
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