055 Fecha - Contraloriaestadotachira.gob.ve

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
DIRECCIÓN DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
SAN CRISTÓBAL, 04 DE MARZO DE 2.010
RESOLUCION C.E.T N° 055
Exp. N ° DDR-RA-R-06-09
El Abogado, Atos Zappi Morillo , titular de la cédula de identidad N° V- 14.460.143,
Director de Consultoría Jurídica, según Resolución C.E.T N° 009 de fecha 02 de enero
de 2.008, publicada en Gaceta Oficial del Estado Táchira, Número Extraordinario 2019 de
fecha 09 de enero 2.008, en su carácter de funcionario ad-hoc según resolución C.E.T N°
184 de fecha 28 de agosto de 2.009, publicada en Gaceta Oficial del Estado Táchira,
Número Extraordinario 2548 de fecha 28 de agosto de 2.009, en ejercicio de las
facultades conferidas en el artículo 2 eiusdem, y actuando por delegación de la
ciudadana Contralora del Estado Táchira, ABOGADA OMAIRA DE LEÓN OSORIO,
según Resolución eiusdem. Dicta Decisión en el presente Recurso de Reconsideración
en los términos siguientes: leído y analizado el escrito contentivo del Recurso de
Reconsideración interpuesto por el ciudadana: LCDA. DORIS VELSAY MORA DUQUE,
venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-8.091.318, en su
condición de interesado legítimo en la causa: "AUDITORÍA OPERATIVA, REALIZADA A
LA CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO TÁCHIRA, EJERCICIO FISCAL 2006 Y
PRIMER SEMESTRE 2007"; Expediente: DDR-RA-R-06-09. Dicho recurso se interpone
contra la resolución C.E.T 036 de fecha 02 de febrero de 2010, mediante la cual este
órgano contralor, declaró la responsabilidad administrativa de la recurrente en su en su
condición de de Jefe de la División Regional de Recursos Humanos de la Corporación de
Salud del Estado Táchira, durante el período del 27-06-2006 al 31-12-2006, así como la
imposición de una sanción pecuniaria de multa por la cantidad de diez mil ochenta
Bolívares (Bs. 10.080).
CAPÍTULO I
DEL RECURSO INTERPUESTO
En fecha 01 de marzo de 2.010, la ciudadana DORIS VELSAY MORA DUQUE,
representada por la Abg. Angélica María Zambrano Ochoa, interpuso Recurso de
Reconsideración contra la decisión dictada mediante Resolución C.E.T 036 de fecha 02
de febrero de 2010, contentiva de la Decisión de Declaración de Responsabilidad y
Formulación de Reparo. El cual fue consignado dentro del lapso previsto dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal y llenos los extremos de ley se admite el
presente recurso de reconsideración.

CAPÍTULO II
DE LOS HECHOS ALEGADOS
Alegó la parte actora en su escrito recursivo lo siguiente:
"En virtud de la decisión dictada por el órgano contralor en donde se condena a mi
representada por responsabilidad administrativa, y se le impone multa, la parte afectada
manifiesta su inconformidad con la decisión administrativa para lo cual deben tomarse en
cuenta varias premisas:
En primer lugar, sobre el hecho No. 1 imputado sobre la diferencias de sueldo percibidas
por ella, quedó demostrado que fue objeto de reparación por parte de la interesada , tal
como quedó demostrado durante el procedimiento administrativo, incluso temporalmente
dicha reparación puede ser ubicada al momento de inicio del procedimiento
administrativo de auditoría efectuada por el órgano contralor, en tal sentido, al hacerse la
reparación del virtual daño, que sea de paso observado que fue reparado
oportunamente, así como el hecho de que dicho pago fue ordenado por el Gobernador
del Estado, como estuvo probado en la causa, así como por no sólo uno sino varios
Presidentes del Consejo Directivo de CORPOSALUD, tal como fue demostrado en las
exposiciones de motivos que se encuentran adjuntas al documento del punto de cuenta
donde se aprueba el beneficio laboral; y tal como quedó asentado durante el proceso,
éste beneficio nunca fue originado por acción alguna por parte de mi defendida , puesto
que en este caso el resultado se produce por una acción; y como lo ha asumido el
órgano contralor, se derivó de una disposición emanada por el Gobernador del Estado ,
hacia el administrador de los bienes y activos de la Corporación de Salud del Estado
Táchira como lo es el Presidente del Consejo Directivo de CORPOSALUD.
Es por tal motivo, que la parte defensora, sostiene una vez más y así lo hará hasta el
infinito, que el órgano contralor al valorar y asumir una postura incurrió en un FALSO
SUPUESTO DE HECHO, puesto que no hizo abstracción absoluta de las pruebas
presentadas, ni valoró los hechos según la sana crítica que involucra, en una evaluación
aislada de cada prueba, siempre buscando la verdad como norte procesal, y de esta
premisa no debe escapar ni el operario de justicia en el área forense ni el que se
desenvuelva como tal en el área administrativa.
En este sentido, Honorable magistrado, hacemos suponer que al no valorarse de manera integral
con su lectura, directamente en la audiencia pública, situación comprobada en los videos que
sobre el proceso existen, tal vez no hubo la valoración acertada de los hechos, ocasionando el,
falso supuesto de hecho, razón por la cual éste falso supuesto ésta fundamentado en el artículo
49 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece:
'Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en
consecuencia:
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas
garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente,
independiente e imparcial establecido con anterioridad... "
Es por ello, que en la construcción del juicio del órgano contralor, debió hacerse una valoración
tendiente a considerar que la reparación del daño se realizó en momento oportuno, con diligencia

puesto que al hacerse cuando apenas se comenzó la auditoría, se constata que efectivamente se
realiza la reparación del presunto daño, a pesar, de que la instrucción y ejecución de la
disposición relacionada con el beneficio laboral aprobado, fue ordenada por el Gobernador del
Estado Táchira y que ésta fue ejecutada por el Presidente de la Corporación de Salud, quien en
definitiva es a quien le está atribuida legalmente la administración del patrimonio de la
Corporación de Salud del Estado Táchira y es quien hace los desembolsos en numerario, por ser
el cuentadante.
Asimismo, tampoco existe una conducta omisiva, ni imprudente, puesto que al simplemente
enterarse de que existe posiblemente un pago indebido, con diligencia expresa su voluntad de
reintegrar las cantidades de dinero aprobadas por los máximos jerarcas de la Administración
Pública estada/y del órgano descentralizado. '
En cuanto a la posibilidad de encuadrar el hecho a una posible conducta retardada, niego,
rechazo y contradigo cualquier posible aseveración, puesto que el retardo nunca se causó, puesto
que como anteriormente se expuso, el reintegró se hizo incluso antes de que en la auditoría
operativa fuera soportada con el informe definitivo; por ende, se subsanó cualquier retardo al
momento de manifestar la voluntad mi defendida de reintegrar el supuesto pago indebido.
Por otra parte, la inexistencia de una conducta pre delictual más que como atenuante, debe ser
vista como un elemento de absolución o sobreseimiento; a tal fin me permito indicarle al órgano
contralor que el reglamento de la Ley Orgánica de la Contrataría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal establece en su artículo 99 existe la institución del
sobreseimiento, que aunque teniendo condiciones propias del Derecho Penal, es una garantía de
juicio justo que tiene un imputado en materia procesal administrativa, la cual simplemente
ratificaría el hecho de que en la ley no existe elemento contundente que subsuma cualquier ilicitud
en el proceder de mi defendida con relación al primer hecho imputado por la investigación del
órgano contralor.
De la misma forma, respetuosamente me permito sostener, que la decisión es completamente
contradictoria al absolver a la formulación del reparo, por cuanto con esto reconoce la Contrataría
General del Estado Táchira que se subsanó el daño patrimonial y por ende el sobreseimiento era
la decisión menos contradictoria con la convalidación y subsanación del virtual daño patrimonial
que sea ratificado, fue reparado, produciendo inexistencia de daño patrimonial sobre
CORPOSALUD.
II
De la misma manera, con relación al segundo hecho imputado; la Contraloría General del Estado
Táchira a través de su persona, determina Responsabilidad Administrativa sobre el FALSO
SUPUESTO DE DERECHO, por cuanto se fundamenta en una norma penal en blanco,
indeterminada, sólo por el afán de sancionar, por tanto, queda constituido que al no sancionar una
conducta que es sancionada por otra norma, se produce este supuesto de FALSO SUPUESTO
DE DERECHO, en contradicción explícita al artículo artículo 49 numeral 6 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela , que establece:
'Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, en
consecuencia:

6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como
delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. "
En tal sentido debe hacerse una interpretación restrictiva de esta norma penal en blanco,
violatoria de las Garantías procesales y Derechos Constitucionales de mi defendida, por cuanto, la
interpretación amplía es piso para la lesión de normas constitucionales que perfectamente debería
tutelar cualquier acción de amparo constitucional sino existiera procedimiento idóneo, como el
recurso interpuesto.
En tal sentido, durante el procedimiento a pesar de la anterior concepción, se esgrimió de manera
pulcra una defensa sobre dicho punto, para que no quedara lugar a dudas, de que en primer
lugar, quien es el administrador general sobre el recurso humano que presta servicios a la
Corporación de Salud, es el Presidente de su Consejo Directivo; y para ello prevalece la Ley de
Creación de dicho ente; siendo necesariamente reforzada esta convicción legal por las
disposiciones normativas por la propia Ley Orgánica de Administración Pública del Estado
Táchira.
Para hacer nosotros esas reflexiones, fundamentamos oportunamente que nuestra República es
un Estado Federal descentralizado, donde los Estado federados dan a su administración y todos
los aspectos permitidos por la Constitución de la República, el tinte y la forma que más se
acomode a las necesidades propias de su pueblo y administración.
Para ello, partiendo de la idea de que es el Presidente del Consejo Directivo de CORPOSALUD
quien tiene funciones ejecutivas, así como el hecho de que el Gobernador del Estado es quien
personifica la máxima autoridad del Estado, ellos tienen un mandato legal que les compele a
garantizar el Derecho a la Vida y el Derecho a la Salud, que están reconocidos por la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
Es así como ante los hechos notorios y públicos de la existencia de un déficit de recurso humano
para atender la salud en los establecimientos asistenciales adscritos a la administración de la
Gobernación del Estado Táchira; hechos que fueron probados a través de la prensa regional,
quien no era sino un canal de comunicación que enlazaba al pueblo con su gobierno, no era
menos cierto el hecho de que se atendió a las necesidades del pueblo a través de los canales
normales; seleccionando médicos que cubriera las vacantes y permitieran una mejora en el
servicio público de salud; tal como quedó demostrado no sólo en el acervo probatorio presentado,
sino reconocido por demás en los informes de auditoría, había recursos financieros, además
existía para el momento urgencia por dar respuesta al pueblo; por ello se asignaron, pero todos,
incluyendo a los órganos de control fiscal debía existirles certeza de que esta era una situación
eventual; quedando plenamente demostrado que posteriormente la Administración convocó a
concurso público y que se subsanó el proceder de la administración, siendo plenamente válido
éste proceder.
Apreciado delegatario, no es comprensible pues cómo en el proceso de evaluación de las pruebas
se haya desestimado en la valoración por la sana crítica, el hecho notorio y público, la
convalidación auxiliar con la que contaba mi defendida, por cuanto la propia norma legal especial
sobre la materia, es decir, la Ley de Creación de la Corporación de Salud del Estado Táchira.

Por otra parte, el Manual de Cargos de CORPOSALUD establece y ratifica el hecho de que el Jefe
de la División Regional de Recursos Humanos es un órgano asesor, más no ejecutivo, por ende a
quien le corresponde la convocatoria de cualquier recurso, así como al asignación de cargos es al
Presidente del Consejo Directivo de CORPOSALUD.
Mas sin embargo, nuevamente ratificamos, la existencia del FALSO SUPUESTO DE DERECHO
por cuanto el órgano contralor actuó por encima de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en cuanto a la normativa aludida al actuar como interprete extensivo de la norma y no
como debe actuarse, desde un punto restrictivo y sólo cuando fuere patente la infracción, es decir,
que ni siquiera en este punto se hubiere solucionado posteriormente la situación objeto de debate.
De la misma manera la parte interesada, considera que en este punto la decisión de la Contraloría
fue contradictoria, provocado por el mismo falso supuesto de derecho, así como por la
interpretación de que la absolución de reparo va desunida de la responsabilidad administrativa,
puesto que muy por el contrario al absolverse del reparo, la Contraloría una vez más reconoce
que no existe aparejado daño patrimonial, mucho menos cuando tal como quedó demostrado- en
el curso del procedimiento, se probó que se convocaron los concursos públicos y estos
proveyeron los cargos, y además los cubrió con las mismas personas designadas, repito, por el
Gobernador del Estado y e! Presidente del Consejo Directivo de CORPOSALUD.
Honorable Delegatario, sobre este punto nuevamente debe reforzarse que no se actuó con total
ajuste a la probidad procesal, mucho menos a la imparcialidad, por cuanto las pruebas se
valoraron de manera tarifada y no ajustada a la verdad real que es el propósito del procedimiento
administrativo, máxime cuando e! juez que actúa como tal y además como parte, debe ser más
exhaustivo en su valoración según la sana critica, a! punto de que en la decisión se desconoció
cualquier fuente jurídica que coadyuvara a la búsqueda de la verdad, incluyendo a la
jurisprudencia, más cuando las mismas tienen carácter progresivo tal como quedó demostrado en
la sentencia a que se hizo referencia durante el procedimiento, en donde se estableció la
aceptabilidad de situaciones de asignación de cargos de manera temporal, para cubrir
necesidades particulares del servicio público; es por ello que perfectamente en este caso, la
decisión tiene que dirigirse hacía la absolución total o el sobreseimiento, puesto que en ninguno
de los casos expuestos existe norma que prohíba dicha situación.
III
Ciudadano Delegatario, en razón a que el recurso de reconsideración por su naturaleza jurídica es
un recurso donde el interesado puede exponer cuáles motivaciones le inducen a pensar diferente
que la decisión administrativa, se hace necesaria nuevamente la invocación como medios
probatorios, los siguientes; para el punto primero:
1. Punto de Cuenta No. 080 con la exposición de motivos suscrita por la ciudadana Presidente del
Consejo Directivo de CORPOSALUD, Dra. Mima Méndez, quien ratifica en dicho acto la voluntad
de realizare! pago a la ciudadana, a fin de que se le realizara el pagó objeto del debate.

2. Acta de reintegro suscrita por DORIS VELSA Y MORA DUQUE y quien aparece como
representante de CORPOSALUD, en donde se demuestra la intencionalidad de reintegrar y
reparar cualquier daño que se produjera, aunado a que este pago indebido no es producto de la
responsabilidad de ella, por cuanto los cuentadantes de Corposalud es el Presidente del Consejo
Directivo.
Para el segundo punto:
1. Los artículos de prensa enunciados en el escrito de promoción de pruebas que ríela en el
expediente, puesto que como una vez más se expone, se produjo en aquella época una situación
de contingencia que se atendió asignando cargos, pero una vez más se reitera el hecho que la
propia auditoría arrojo que existían los recursos, razón por la cual nunca se comprometió
indebidamente el patrimonio de la institución, e igualmente, se reitera el. hecho de que el máximo
jerarca en el área de recursos humanos, según la propia ley que regula a CORPOSALUD, es el
Presidente del Consejo Directivo.
2. Se promueve para su revisión, el acervo probatorio que comprende las convocatorias a
concurso público, así como las actas de celebración del mismo y las actas donde se desglosan los
resultados; a fin de que nuevamente se valoren en función de formalizar la convicción hacia el
hecho de que se convalidó la situación, se proveyeron los cargos correspondientes, y en fin se
legalizó la condición de los mencionados funcionarios, razón por la cual no existe ningún asidero
para fundamentar decisión condenatoria por éste hecho.
3. Decisiones judiciales de la Corte Primera Contencioso Administrativa y del Juzgado Superior
Contencioso Administrativo de la Región Sur-Oriental, en donde se establece de manera expresa
que los funcionarios pueden adquirir estabilidad provisional, así como pueden ser designados
temporalmente para cubrir necesidades y contingencias, y no sólo esto, sino que su tiempo al
servicio de la administración, forma parte de los aspectos a tomarse en consideración en la
evaluación del personal que participa en los concursos públicos.
4. De la misma manera cualquier otra prueba que sea en su condición útil para la búsqueda de la
verdad real y cumplir así con los preceptos legales y constitucionales sobre el debido proceso
administrativo.
lV
En consecuencia, ciudadano Delegatario, atendiendo a las normas y garantías constitucionales
invocadas, así como a las razones de hecho y de derecho, es que procedemos a solicitar:
1. La revocatoria de la decisión administrativa contenida en el Capítulo Ill, punto segundo y sexto
numeral 2 de la Resolución CET No. 036 de fecha 2 de Febrero de 2010.
2. La absolución o en su defecto la declaratoria de sobreseimiento sobre la ciudadana DORIS
VELSAYMORA DUQUE, parte interesada en el procedimiento de auditoría llevado por la Dirección
de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado Táchira bajo
expediente administrativo No. DDR-RA-R-06-09.
3. La suspensión, mientras dura la sustanciación y decisión del recurso de reconsideración, de la
multa impuesta de manera injusta a la ciudadana DORIS VELSAY MORA DUQUE, en el capítulo
Ill, punto sexto numeral 2 de la resolución anteriormente enunciada.
4. La suspensión de la cualidad de responsabilidad administrativa impuesta a mi defendida en el
mismo capítulo lll, punto segundo de la anteriormente enunciada norma durante la decisión del
procedimiento administrativo. "

CAPÍTULO III
DE LA MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
En lo que respecta a las aseveraciones realizadas por la parte recurrente en su escrito,
en cuanto al primer hecho imputado a la Licenciada DORIS VELSAY MORA DUQUE, en
su carácter de Jefe de la División Regional de Recursos Humanos de CORPOSALUD, en
el cual se verificó el pago de diferencia de sueldo a su favor, por concepto de Comisión
de Servicio, afirma en este caso la parte recurrente que este órgano contralor al valorar y
asumir una postura incurrió en un FALSO SUPUESTO DE HECHO, fundamentándolo en
el artículo 49 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En
este sentido, tal imputación fue realizada sin ningún tipo de sustento legal ni probatorio
que permita demostrar su verificación, por cuanto el vicio de falso supuesto de hecho se
verifica en el acto administrativo, cuando la Administración, fundamenta su decisión en
hechos inexistentes, falsos (acontecimientos o situaciones que no ocurrieron, o
acaecieron de una manera distinta a la apreciada en la resolución), o bien no
relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, y cuya inexistencia resulta de
las actas. En este sentido ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia, mediante
Sentencia N° 02807 de la Sala Político Administrativa, expediente 146474 de fecha
21/11/2001 lo siguiente:
"El vicio de falso supuesto, que da lugar a la anulación de los actos
administrativos, es aquel que consiste en la falsedad de los supuesto o motivos
en que se basó el funcionario que los dictó. Ahora bien, si en verdad los motivos
son totalmente diferentes, de manera que la decisión debió ser otra, cabe e
consecuencia, hablar entonces de falsedad, por cuanto es incierto el supuesto
que motivó la decisión. De modo que para que pueda invalidarse una
decisión administrativa por falso supuesto, es necesario que resulte
totalmente falso el supuesto o los supuestos que sirvieron de fundamento
a lo decidido. Cuando la falsedad es sobre unos motivos, pero no sobre el resto
no puede decirse que la base de sustentación de la decisión sea falsa. Por al
contrario, la certeza y la demostración del resto de los motivos impiden anular el
acto, porque la prueba de estos últimos llevan a la misma conclusión. En
concreto, cuando resultan inciertos determinados motivos, pero sin embargo, la
veracidad de los otros permiten a los organismos administrativo adoptar la
misma decisión, no puede hablarse de falso supuesto como vicio de ilegalidad
de los actos administrativos."(Negrillas nuestras)
Por tal motivo, mal podría afirmarse la verificación de tal vicio, cuando consta en las
actas del expediente, primero, cual fue el hecho imputado a la misma, segundo, que
durante el período comprendido desde el 27 de Junio de 2.006 hasta el 31 de Diciembre
de 2.006 se encontraba como Jefe de la División Regional de Recursos Humanos de
CORPOSALUD la ciudadana Doris Velsay Mora Duque, tercero, la exposición de motivos
suscrita por dicha funcionaria, mediante la cual justifica la procedencia del cobro de la
diferencia de sueldo con ocasión a la comisión de servicio, cuarto, el punto de cuenta N°

080 mediante el cual solicita la aprobación de dicha cancelación, y por último, los reportes
bancarios donde se constata la verificación de tales pagos a favor de la precitada ciudadana.
Para tales efectos, la parte recurrente fundamenta tal vicio en el artículo 49 numeral 3 de
nuestra carta magna, el cual contempla la garantía al debido proceso, que implica el derecho
a ser oído en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo
razonable determinado legalmente, por lo tanto, al constar en el expediente de la causa,
actas de audiencia, las cuales fueron suscritas con la firma de la parte recurrente, así como
de sus apoderados legales, como señal de conformidad y aprobación, de todas las
actuaciones llevadas a cabo durante la audiencia pública, especialmente en lo que respecta
al ejercicio pleno y absoluto de su derecho a la defensa, para exponer los alegatos que
consideraban le asistían, así como evacuar las pruebas promovidas, y el contradictorio de las
mismas, entre otras; las cuales se encontraban plenamente adecuadas a las leyes que rigen
la materia. En consecuencia y de conformidad con los argumentos señalados anteriormente,
queda totalmente desvirtuada la írrita acusación realizada por la parte recurrente, y así se
decide.
En este mismo sentido y dirección afirma la parte recurrente, que dicho pago fue ordenado
por el Gobernador del Estado, como estuvo probado en la causa. Circunstancia que
desconoce este órgano Contralor, por cuanto resulta imprescindible señalar, que consta en el
expediente copia certificada de Exposición de Motivos (Folio 44) suscrita por la Lcda. Doris
Mora, mediante la cual señaló que: "...siguiendo instrucciones del ciudadano Gobernador
del Estado Táchira Ronald Blanco la Cruz fue transferida en Comisión de Servicios a
esta Corporación de Salud del Estado Táchira...", así como la aprobación de una
diferencia de sueldo mediante punto de cuenta N° 080 de fecha 27-06-2.006 y ratificada
mediante tal exposiciones de motivos (la cual consta igualmente en el expediente en copia
certificada, y que fue preparada y suscrita por la Lcda. Doris Mora en su condición de Jefe
Regional de Recursos Humanos y aprobada por el ciudadano Dr. Denny Castro, Presidente
de COTATUR), por tal motivo, no consta en el expediente instrucciones escritas del
ciudadano Gobernador para la aprobación del pago de tal diferencia de sueldo, por lo tanto,
la suscripción con su firma por la parte recurrente, como señal de aprobación y conformidad
con el contenido de tal exposición de motivos, permite demostrar que la misma actuó de
manera negligente y no adecuada a derecho, ya que si bien se reconoce que la misma tenía
derecho a percibir el cobro de la diferencia de sueldo, tal diferencia fue calculada de manera
errónea conllevando a la verificación de un pago no procedente, y un daño al patrimonio
público.
Asimismo, afirma la parte recurrente que no existe una conducta omisiva, ni imprudente,
puesto que al simplemente enterarse de que existe posiblemente un pago indebido , con
diligencia expresa su voluntad decide reintegrar las cantidades de dinero aprobadas por los
máximos jerarcas de la Administración Pública estada ) y del órgano descentralizado , así
como la inexistencia de retardo alguno ante el reintegró , el cual se hizo incluso antes de que
en la auditoría operativa fuera soportada con el informe definitivo ; por ende, se subsanó
cualquier retardo al momento de manifestar la voluntad mi defendida de reintegrar el
supuesto pago indebido . En este sentido, debe aclararse a la parte recurrente , que aun y
cuando fue reintegrado a la Administración el pago indebido, tal reintegro no elimina de la
realidad la verificación de un hecho violatorio de las disposiciones legales que rigen la
materia, y que fue realizado por la parte recurrente, el cual encuadra en el supuesto
generador de responsabilidad administrativa previsto en el numeral 2 del artículo 91 de la
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
Control Fiscal , publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela N° 37.347 del 17 de Diciembre de 2.001, el cual se refiere a: la omisión,
retardo, negligencia o imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes
o derechos del patrimonio de un ente u organismos de los señalados en los
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta Ley , salvo las excepciones que
establezcan las leyes ; por lo tanto , el hecho sancionable en el presente caso, de
allí que no es en sí mismo el daño al patrimonio público ocasionado lo sancionable, ya
que las actuaciones realizadas por este órgano contralor están dirigidas a la
determinación de la ocurrencia o verificación de actos, hecho u omisiones que resulten
contrarios a una norma legal o sublegal, y la determinación del daño al patrimonio público
causado si fuere el caso, es decir, que no todas las faltas administrativas generan un
daño al patrimonio público, pero ello no implica que se encuentre exento de sanciones,
ya que igualmente tales circunstancias al ser verificadas si se encuentran encuadradas
en los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, y que sean
demostradas en el respectivo procedimiento, conllevan a la declaratoria de
responsabilidad administrativa, igualmente debe señalarse a la parte recurrente que en
ninguno de los actos administrativos dictados por este órgano y que fueron notificados a
la parte interesada se realizo imputación alguna de algún retardo en el reintegro por la
parte recurrente, reiterándose que el hecho imputado a la ciudadana Doris Velsay Mora
Duque según el auto de apertura de fecha 25 deseptiembre de 2.009 fue:
"...se verificó el pago de diferencia de sueldo , por concepto de Comisión de
Servicio, a la Licenciada DORIS VELSAY MORA DUQUE, Jefe de la División
Regional de Recursos Humanos de CORPOSALUD, durante el período
comprendido desde el 27 de Junio de 2.006 hasta el 31 de Diciembre de 2.006,
efectuado según orden N° 035964 de fecha 14 de Diciembre de 2.006, por la
cantidad de cuatro millones doscientos noventa y tres mil trescientos treinta y tres
Bolívares con 33/100 céntimos (Bs. 4.293.333.33), equivalentes actualmente a
cuatro mil doscientos noventa y tres Bolívares con 33/100 céntimos ( Bs.
4.293.33), a nombre de CORPOSALUD, según Punto de Cuenta N° 080 de fecha
26 de Julio 2.006, mediante cheque N° 07179058, del Banco SOFITASA, cuenta
N° 0137-0027-31-0009006311."(Negrillas y subrayado nuestro)
Según se ha citado, la parte recurrente indica que la manifestación de voluntad de la
interesada legitima para reintegrar el daño ocasionado subsana tal circunstancia, razón
por la cual este delegatario procede a desestimar tal afirmación, porque el hecho de la
parte recurrente haya reintegrado el monto respectivo, solo conlleva a confirmar que la
ciudadana que incurrió en tal actuación, tenía plena conciencia de su inadecuada
actuación, ya que si bien se comprobó la reparación del daño al patrimonio público
causado (y por ende la absolución de formulación de reparo), la falta aún se mantiene,
como lo es una actuación negligente e inadecuada, que no es borrada del plano de la
realidad, y por tanto sancionada con la declaratoria de su responsabilidad administrativa.
Como puede observarse del escrito recursivo, la parte igualmente señala la inexistencia de una
conducta pre delictual que más como atenuante, debe ser vista como un elemento de absolución
o sobreseimiento. Al respecto, debe indicarse que la presente actuación se encuentra en sede
administrativa, por lo tanto, a lo largo del procedimiento de determinación de responsabilidad
administrativa, no se toma en consideración una conducta pre delictual o no, (ni siquiera como
factor que agrave o atenué de responsabilidad administrativa) y que pueda incidir en

este delegatario al momento de tomar decisión al respecto conforme a la sana crítica, ya que la
propia Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,
contempla de manera expresa e inequívoca en su artículo 91 cuales son los supuestos
generadores de responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal
a que hubiere lugar, las cuales si fuere el caso, serian determinadas por los respectivos órganos
competentes, ya que se encuentra fuera del ámbito de actuación de este órgano contralor,
igualmente la parte recurrente trata de manera indistinta la figura de absolución o sobreseimiento,
como si fueran sinónimos, o se trataran de una misma institución jurídica, lo cual significa una
aberración jurídica, ya que cada una procede por causales especificas, por cuanto la absolución
implicaría que la persona a quien le fuere imputado el hecho logra demostrar que no se
encontraba relacionada con el hecho, o bien la inexistencia del hecho que dio origen, a diferencia
del sobreseimiento que implica la verificación de los supuestos previstos actualmente en el
artículo 99 del reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado Táchira, por lo tanto, se
tratan de dos figuras jurídicas excluyentes entre sí.
Por otra parte, en lo que respecta al segundo hecho imputado a la parte recurrente, la
misma realizó las siguientes aseveraciones en su escrito recursivo, en primer lugar,
señala la verificación del Vicio de FALSO SUPUESTO DE DERECHO, el cual
fundamenta en el artículo 49 numeral 6 de la Constitución Nacional. Ante la situación
planteada, el vicio de falso supuesto de Derecho consiste en que la Administración al
momento de dictar el acto, lo subsume en una norma errónea o inexistente en el universo
normativo para fundamentar su decisión, incidiendo directamente en la esfera de los
derechos subjetivos del administrado, lo cual conlleva a la nulidad del acto administrativo,
criterio que puede ratificarse con los señalado por el Tribunal Supremo de Justicia, en
sentencia N° 75 de la Sala Electoral, expediente N° 01-000146 de fecha 24/04/2002, al
indicar:
"...el falso supuesto de derecho supone entonces, que a un determinado hecho le ha
sido aplicada la consecuencia prevista en una norma jurídica para un supuesto de
hecho distinto a aquél al que tal consecuencia se imputa , incidiendo esta decisión
negativamente en la esfera jurídica subjetiva de aquellas personas a quienes tal decisión
involucra".(negrillas y subrayado nuestro).
De lo anteriormente planteado se colige, que en todas las actuaciones realizadas por
este órgano contralor se realizó la imputación a la parte interesada de la designación
efectuada en forma directa, sin que conste la realización de Concurso Público para el
ingreso de ese equipo de médicos a CORPOSALUD; lo cual trae como consecuencia la
falta de formalidad para el nombramiento de los funcionarios, afectando la validez de sus
designaciones y sus respectivas actuaciones como servidores públicos, ya que la referida
ciudadana para el momento de la ocurrencia del hecho, se desempeñaba como Jefe de
la División Regional de Recursos Humanos de CORPOSALUD, actuación que resultó
contraria a los artículos 40 y 41 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, lo cual
quedó demostrado en autos, y por ende se subsume en el supuesto generador de
responsabilidad administrativa previsto en el artículo 91 numeral 29 de la Ley de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en
consecuencia, se logra desestima la imputación realizada por la parte recurrente a este
órgano contralor de haber incurrido en el vicio de falso supuesto de derecho, carente de

todo fundamento, e imprecisión al ni siquiera haber indicado cual era la supuesta norma penal en
blanco.
Asimismo , señala la existencia de un hecho público y notorio del déficit de
personal médico , así como una contingencia lo cual conllevo a la contratación de los
mismos con prescindencia total y absoluta de las formalidades legales requeridas,
resultando determinante señalar a la parte recurrente, que si bien podría encontrarse
CORPOSALUD o el estado en una situación excepcional , y en donde se encuentra en
tela de juicio derechos tan fundamentales como el derecho a la vida, mal podría este
órgano contralor, justificar actuaciones realizadas en contra de la legalidad, principio
fundamental en la Administración pública , ya que ante excepciones como estas, los
legisladores han sido sabios ante la previsión de determinados supuestos que conlleven
a la aplicación de procedimientos expeditos que permitan suplir o subsanar tales
circunstancias excepcionales , pero que a su vez, no han sido dejadas a la discreción de
los funcionarios u autoridades competentes , sino que se encuentra igualmente sujeta al
cumplimiento de ciertas formalidades legales, como en el caso de la contingencia, que
requiere que la misma sea demostrable y declarada , lo cual no ocurrió en el presente
caso, y que si bien de manera posterior fueron realizados los concursos públicos, ello no
subsana ni elimina de la realidad de la verificación del hecho sancionado en la presente
causa , y que pretende justificar con criterios señalados por los tribunales , los cuales no
resultan vinculantes al presente caso , y que fueron desestimados en su oportunidad
legal. '
A lo largo de los planteamientos realizados por la parte recurrente, se atreve en afirmar que
se esté delegatario actuó sin total ajuste a la probidad procesal, mucho menos a la
imparcialidad, por cuanto las pruebas se valoraron de manera tarifada y no ajustada a la
verdad real que es el propósito del procedimiento administrativo, cuando en realidad ha sido
la propia parte promoverte quien ha actuado en contra del principio de lealtad y probidad al
alegar y promover pruebas con plena conciencia de su manifiesta falta de fundamentos, y es
la propia parte recursiva quien hasta esta instancia sigue pretendiendo que se le reconozca
pleno valor probatorio a unas documentales presentadas en copias simples de puntos de
cuenta (insertas en los folios 1388 al 1397) mediante las cuales se somete a estudio y
consideración del Lcdo. Ronald Blanco la Cruz la aprobación de una serie de cargos, objeto
de controversia en la presente causa, las cuales fueron presentadas de manera posterior por
la parte interesada, y que al ser cotejadas con las ya insertas en el expediente, de manera
originaria por el equipo auditor, estas últimas constan de manera certificada (las cuales
fueron recopiladas en el ejercicio pleno de las funciones de este órgano contralor con ocasión
a la respectiva auditoria) de las cuales se evidencia la falta de firma o suscripción por parte
del Gobernador del estado Táchira para la época de la verificación de los hechos, es decir,
por el Lcdo. Ronald Blanco la Cruz, así como la ausencia del sello de la Gobernación y que
se encuentran insertos en los folios 70 al 80), presumiéndose de aquellas una alteración de
documentos, y aseverando la parte recurrente que fueron aprobados por el Gobernador,
cuando no consta en el expediente resoluciones acordadas por el ciudadano Gobernador, y
menos aún la suscripción de tales puntos de cuenta, en consecuencia mal podría este
delegatario darle valor probatorio a una serie de documentos que no fueron admitidos en
su oportunidad legal, así como tampoco podría este delegatario emitir juicio alguna sobre
la veracidad o falsedad de las mismas, ya que serán los organismos competentes
quienes se encarguen de analizar tal situación. Razón por la cual se ratifican los
argumentos realizados en contra de la ciudadana Doris Velsay Mora Duque, y que

conllevaron a la declaratoria de su responsabilidad administrativa y por ende la sanción pecuniaria
de multa.
Por último, las peticiones realizadas por la parte recurrente resultan incongruentes, ya
que la figura de la absolución y el sobreseimiento son totalmente diferentes, y cada una
procede por causales específicas, y por tanto, excluyentes entre sí, tal como fue
señalado ut supra, así como la solicitud de unas medidas cautelares propias en materia
contenciosa administrativa. En este propósito resulta determinante citar el criterio
jurisprudencia) señalado por el Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia N°
00330 de la Sala Político Administrativa, Exp. 15349 de fecha 26/02/2002 en esta materia
al señalar-
"...la Sala ha sido constante en afirmar que al alegarse simultáneamente los
vicios de inmotivación y falso supuesto, se produce una incoherencia en la
fundamentación de los supuestos expresados que no permite constatar la
existencia de uno u otro, dado que se trata de conceptos mutuamente
excluyentes. Tanto es así que la inmotivación supone la omisión de los
fundamentos de hecho y de derecho que dieron lugar al acto, y el falso supuesto
alude a la inexistencia de los hechos, a la apreciación errada de las
circunstancias presentes, o bien a la fundamentación en una norma que no
resulta aplicable al caso concreto. Siendo ello así, cómo podría afirmarse que un
mismo acto, por una parte, no tenga motivación, y por otra, tenga una motivación
errada en cuanto a los hechos o el derecho. Expresarse en los términos
indicados, sin duda, representa un preocupante desconocimiento de los
elementos que acompañan al acto administrativo y los efectos que se producen
cuando adolecen de los vicios indicados."
RESUELVE
Una vez analizados los alegatos esgrimidos por la parte recurrente en su escrito
contentivo del recurso de reconsideración, y por las consideraciones anteriormente
expuestas y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 107 de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal,
actuando con el carácter de delegatario según resolución C.E.T 184 publicada en Gaceta
Oficial del Estado Táchira, número extraordinario 2548 de fecha 28 de agosto de 2.009,
quien suscribe, Abogado Atos Zappi Morillo, ya identificado, en su condición de Director
de Consultoría Jurídica de la Contraloría del Estado Táchira, y en su carácter de
funcionario ad-hoc según resolución C.E.T N° 184 de fecha 28 de agosto de 2.009,
publicada en Gaceta Oficial del Estado Táchira, Número Extraordinario 2548 de fecha 28
de agosto de 2.009, resuelve:
PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
ciudadana DORIS VELSAY MORA DUQUE, de fecha 01 de marzo de 2.010.
SEGUNDO: Confirmar la Declaratoria de Responsabilidad Administrativa de la ciudadana
DORIS VELSAY MORA DUQUE, la cual fue dictada mediante Resolución C.E.T 032 de
fecha 02 de febrero de 2.010, en la causa: "AUDITORIA OPERATIVA, REALIZADA A

LA CORPORACIÓN DE SALUD DEL ESTADO TÁCHIRA, EJERCICIO FISCAL 2006 Y
PRIMER SEMESTRE 2007"; Expediente: DDR-RA-R-06-09.
TERCERO: Se confirma la sanción pecuniaria de multa por un monto de diez mil ochenta
Bolívares (Bs. 10.080), en contra de la ciudadana DORIS VELSAY MORA DUQUE, la
cual fue dictada mediante Resolución C.E.T 032 de fecha 02 de febrero de 2.010, en la
causa : "AUDITORÍA OPERATIVA, REALIZADA A LA CORPORACIÓN DE SALUD DEL
ESTADO TÁCHIRA, EJERCICIO FISCAL 2006 Y PRIMER SEMESTRE 2007";
Expediente: DDR-RA-R-06-09; la cual deberá ser cancelada ante la Tesorería General
del Estado Táchira, quien elaborará la correspondiente planilla de liquidación del monto
señalado.
CUARTO: Se le indica a la interesado que contra este acto administrativo podrá
interponer RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, por ante la
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de Caracas,
previsto en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal, dentro de los seis (06) meses siguientes
contados a partir del día siguiente a su notificación.
QUINTO: De conformidad con el artículo 85 de la Ley de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal en concordancia con lo establecido
en el numeral 2 del artículo 287 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena la
remisión de la presente decisión al Ministerio Público.
SEXTO: Se ordena la remisión de la presente decisión a la Contraloría General de la
República, para su conocimiento y demás fines
Notifíquese, publíquese y cúmplase
ABG. ATOS ZAPPI MORILLO
DIRECTOR DE CONSULTORIA JURÍDICA
CONTRALORÍA DEL ESTADO TÁCHIRA
Funcionario Ad-Hoc Según Resolución C.E.T. 184 de fecha 28 de Agosto de 2.009
Publicado en Gaceta Oficial del Estado Táchira N°2548 de fecha 28 de Agosto de 2.009
DAHA
Exp. DDR -RA-R-06-09
04-03-2010.