Recurso de Reconsideración Resolución Nº: 097 Fecha

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO TACHIRA
DIRECCION DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES
SAN CRISTOBAL, 02 DE MAYO DE 2006
RESOLUCION C.G.E.T Nº 097
El abogado Ramón Uribe Díaz, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad Nº 3.313.556, Director de Determinación de Responsabilidades de la
Contraloría General del Estado Táchira, en uso de las atribuciones conferidas en el
artículo 98, numeral 8 del Reglamento Interno de la Contraloría General del Estado
Táchira, según Resolución C.G.E.T Nº 040, de fecha 18 de enero de 2006, publicado en
Gaceta Oficial del Estado Táchira número extraordinario 1702, de fecha 20 de enero de
2006 y con el carácter de delegatario de la Contralora General del Estado Táchira,
Abogada Omaira Elena De León Osorio, según Resolución C.G.E.T Nº 064 de fecha
20/02/2006, publicada en Gaceta Oficial del Estado Táchira Nº Extraordinario 1721 de
fecha 22/02/2006, dicta decisión en el presente Recurso de Reconsideración en los
términos siguientes: Leído y analizado el escrito contentivo del Recurso de
Reconsideración interpuesto por el ciudadano VICTOR ALFONSO BUENO LOPEZ,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.792.521, en su
condición de interesado en la causa, “PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN
APROBACION Y REFINANCIAMIENTO DE CREDITO A COMUNICACIONES ANTENA
S.R.L” Expediente Nº RA-06-05, dicho recurso lo interpone contra la Resolución C.G.E.T
Nº 079 de fecha 10 de Marzo de 2006, mediante el cual este Organo Contralor, dictó
decisión de declaratoria de la Responsabilidad Administrativa al ciudadano Víctor Alfonso
Bueno López ya identificado.
CAPITULO I
DEL RECURSO INTERPUESTO
El escrito contentivo del Recurso de Reconsideración del ciudadano: Víctor Alfonso
Bueno López, antes identificado, fue consignado dentro del lapso de quince (15) días
hábiles siguientes a la notificación de la decisión de declaratoria de Responsabilidad
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en
concordancia con el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos el
cual fue notificado de la decisión en fecha 14 de Marzo de 2006, llenos los extremos de
Ley se admite el presente Recurso de Reconsideración antes indicado.

CAPITULO II
DE LOS HECHOS ALEGADOS
El recurrente antes identificado, esgrime fundamentalmente lo siguiente:
“DE LA SUPUESTA VALORACION A LA TESTIMONIAL PROMOVIDA…le solicito
se sirva reconsiderar el error administrativo de juzgamiento en que se incurrió en la
decisión de marras, cuando consideró que el testimonio promovido en mi defensa
por la ciudadana Yolanda Josefa Ramón Villamizar, a quien consideró ese
Despacho “…testigo calificado por los concomimientos y experiencia en materia de
control, y aportó y reforzó a este delegatario, conocimientos sobre la materia, que sirvieron
para tomar la decisión…” .
La anterior incoherencia sólo refleja la predisposición o juzgamiento definitivo que en
torno a mi situación jurídica ya había adoptado esa Administración Fiscal, pues si
fuera verdad como dijo, que la testigo promovida vertió conceptos que le sirvieron
para tomar la decisión, obviamente que la providencia administrativa, tenía que
haberme absuelto de los cargos que infundadamente se me señalaron…conforme al
Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ese órgano con
autonomía funcional estaba obligado en su decisión a obrar de buena fe, principio
que encausa toda actividad administrativa por parámetros de rectitud, lealtad
procesal y honestidad…solicito que se reconsidere el errado argumento contenido
en la decisión del 10 de marzo de 2006, de que : “…con respecto a los hechos
expresados en el interrogatorio no se valora su dicho, por no tener un conocimiento concreto
de los hechos…” …resulta obvio señalar que de manera incoherente a la testigo por
mi promovida, esa Administración Fiscal no la consideró admisible para ser experta,
conforme se desprende de la propia decisión, que citó entre otras normas
procesales el Artículo 453 del Código de Procedimiento Civil, para desvirtuarla sin
expresar por lo demás, las razones por las cuales desconsideradamente le aplicó
esa norma.
Ahora bien, sea como testigo o como experta, esa Administración Fiscal ha debido
valorar su declaración o apreciación de los hechos en base al principio de la sana
crítica contemplado en el Artículo 507 del código de Procedimiento Civil que obvió
por completo y, si en realidad hubiese habido una valoración de dicha prueba, la
vida, las costumbres, los méritos y la experiencia de la testigo por mi promovida,
forzosamente los hubiese hecho llegar a la conclusión de que nada tenía yo que ver
en el asunto investigado…como pudo afirmar esa Administración Fiscal que la
testigo por mi promovida, no tenía un conocimiento concreto de los hechos y que
por tanto, era un testigo referencial, cuando todo lo obrado por esa contraloría,
consta en documentales que la “testigo calificada” como esa organización la
denominó, pudo apreciar y valorar a tal punto, que como se dijo le sirvió para
obtener conocimientos sobre la investigación realizada…
Sigue alegando el recurrente:

DE LA ERRADA APRECIACION DE LAS PRUEBAS…ese Despacho Contralor, de
manera ligera afirmó que la copia de la demanda judicial intentada por FUNDESTA
ante el Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes y que fuera
promovida por mi en el irregular, injusto e incoherente procedimiento de
determinación de responsabilidades, no se valoraba porque no servía en absoluto
para desacreditar los hechos controvertidos en este proceso, al afirmar esto, incurrió
esa Dirección en el vicio de Falso Supuesto de Hecho, pues no es cierto que el
objeto o petitum de dicha demanda no guardare relación con los hechos que me
atribuyeron infundamente.
A todo evento, resulta pertinente promover nuevamente ante esta Dirección, la
demanda que cursa en las actas administrativas, con el agregado de la
TRANSACCION JUDICIAL efectuada entre FUNDESTA y la empresa mercantil
Comunicaciones Antena SRL, representada por el ciudadano LUIS JAIRO ROA, y
que demuestran: 1.- Que FUNDESTA demandó a la empresa COMUNICACIONES
ANTENA SRL., por el cobro de la suma de dinero que fue calificada
tendenciosamente como daño patrimonial, cuando en realidad como siempre lo
afirmé se trababa de una deuda de las muchas que los prestatarios contraen con
FUNDESTA por créditos y refinanciamientos recibidos y, que en el presente caso,
tuvo como elemento novedoso el error en el manejo del sistema de informática por
parte de la administración Activa. 2.- consta en la mencionada transacción judicial
que el saldo deudor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS BOLIVARES CON CERO OCHO CENTIMOS DE
BOLIVAR (Bs. 2.264.692,08), que incluye de acuerdo a lo allí escrito CAPITAL más
INTERESES, será pagado y cancelado mediante el pago de DOCE (12) CUOTAS
consecutivas y mensuales de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO BOLIVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS DE
BOLIVAR (188.724,34). En consecuencia esa fue la causa por la que se me
sancionó y como puede verse, si hay pertinencia entre esa demanda y el presente
proceso administrativo, pues este acuerdo judicial es uno más de los muchos que
efectúa FUNDESTA con sus deudores…como puede ser catalogada de impertinente
la prueba marcada “F” que llevaba adjunto los documentos administrativos
presentados como anexo marcado “D” consistentes en copia certificada emanada
de la Gerencia de Finanzas de FUNDESTA, contentiva de la memoria y cuenta de
las actividades de la Unidad de Contraloría Interna para el ejercicio fiscal 2002, en la
cual se señalaban cuales eran las operaciones sujetas a CONTROL PREVIO por
parte de la unidad de contraloría interna, y específicamente cual era el
procedimiento que se efectuaba respecto de las solvencias y constancias de pago,
que se validaban en la unidad de contraloría interna, como la del caso de LUIS
JAIRO ROA. Al no valorarla, ese órgano de control Fiscal, violentó el orden público
procesal y más concretamente el Artículo 509 del Código de Procedimiento Civil
vigente que es del siguiente tenor: “Los jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas
se hayan producido aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de
convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del juez respecto de ellas” De tal manera,
que cuando esa dirección expresó: “…no se valoran tales documentos, en virtud de que los
mismos no sirven en absoluto para desacreditar hechos controvertidos en este proceso y así se

decide…” incurrió en una descarada infracción al proceso, pues ha debido expresar
como se lo ordenaba la norma procesal porqué no era idónea para ofrecer algún
elemento de convicción, contrario a lo que se alegó por mi parte.
Asimismo continúa, alegando el recurrente:
VIOLACION AL DERECHO A LA DEFENSA Solicito la reconsideración igualmente,
del argumento expuesto por esa Contraloría en cuanto a que las pruebas
nombradas en el auto de apertura, que sirvieron… de base al investigador para
determinar la existencia del hecho y establecer la “presunta responsabilidad”
estaban formalmente promovidas. Al respecto, reitero una vez más, y lo debe
recordar esa organización fiscal, que en los procedimientos administrativos y más en
los sancionatorios, la administración es juez y parte y, en consecuencia, debe
garantizar al administrado,…un cabal ejercicio de mi derecho a la defensa en el
control y contradicción de la prueba…de la extensísima enumeración de supuestos
elementos probatorios,… no señalaron cual era su objeto a lo cual estaban
obligados, dado que al no hacerlo, me fue imposible discernir respecto de cual era la
finalidad de cada uno de esos enunciados y por lo tanto no pudieron ser
controvertidos… la Sala Político Administrativa del Tribunal supremo de Justicia en
sentencia número 00325 del 26 de febrero del año 2002, caso CORPOVEN
expresó: “…El derecho a la defensa en relación a la prueba, se patentiza en el procedimiento con las
actuaciones de las partes, cunado promueven pruebas, se oponen a las de la parte contraria, las
impugnan, contradicen, cuestionan, es decir, cuando realizan actividades de control y de contradicción
de la prueba…” ha debido entonces esa Contraloría como parte en este procedimiento
administrativo, permitirme conocer de que manera el cúmulo de pruebas
mencionadas, tanto en el auto de apertura como en la decisión de responsabilidad
administrativa, relacionadas con la presente causa, comprometían presuntamente
mi responsabilidad en el enojoso caso LUIS JAIRO ROA, y al no hacerlo tal como se
evidencia de las actas administrativas, violentó abierta, flagrante y ostensiblemente
este derecho fundamental, pues, me fue imposible impugnar, contradecir y
cuestionar las mismas, al no plantearse el objeto de las mismas.
VICIO DE FALSA SUPOSICION LEGAL: Haciendo una errónea interpretación del
Artículo 26 de los estatutos de FUNDESTA, vigentes para el momento en que
incurrieron los hechos, ese Despacho contralor expresó: “…en este sentido, visto lo
contemplado en la norma, lo señalado en la comunicación IAF-GF-0083-2006 de
fecha 13 de febrero de 2006, suscrita por la presidenta de FUNDESTA …” tales
funciones correspondían a la unidad de contraloría interna a mi cargo… la
administración fiscal pretende en esta decisión, atribuirle a dicho artículo menciones
que no contiene. En efecto, cuando afirma que yo era la persona encargada del
control interno Administrativo y del Control Interno Contable, incurrió en falsa
suposición legal, pues una cosa era evaluar el sistema de control interno y otra muy
diferente era ser la persona encargada del control interno administrativo y del control
interno contable, funciones por lo demás propias de la Administración Activa, como
bien se sabe…Mi función como Contralor Interno entre otras, era evaluar el sistema
de control interno, esto es, como funcionaba, incluyendo el grado de operatividad y
eficacia de los sistemas de administración y de información general, y esa

evaluación se señalaba anualmente, en las memorias y cuentas de la Unidad de
Contraloría Interna, tal como se evidenció en el anexo marcado “F” que fue sin
explicar razones, desechado por ese Despacho.
Continúa alegando el recurrente:
DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS APLICADAS: El Artículo 91 numeral 2 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de
control Fiscal, así como el Artículo 90 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
del Estado Táchira, confieren responsabilidad administrativa a aquellos funcionarios
que por omisión, retardo, negligencia o imprudencia no hayan preservado o
salvaguardado los bienes o derechos del patrimonio público… En el primer
supuesto, al no haber daño alguno, como se ha visto de la transacción judicial
efectuada, y que se agrega a las actas administrativas, mal puede hablarse que se
han perdido bienes o derechos del patrimonio público de FUNDESTA, pues como
este ente lo señalo, siempre lo consideró una deuda y por eso efectuó un cobro de
bolívares, como se evidencia de la copia del expediente judicial que se agregó en
este sentido. En el segundo supuesto, consta amplia, suficiente y numerosamente
de las actas procesales y administrativas, las múltiples diligencias que realicé en mi
carácter de contralor Interno de FUNDESTA y luego como Auditor Interno
encargado, para recuperar la suma que por error de la administración activa se le
había liberado de garantía a la empresa mercantil Comunicaciones Antena SRL….
También constan en oficios de enero a mayo de 2004 dirigidos a la Presidenta de
FUNDESTA en los cuales se le informaba de esta delicada situación y que por ser
determinantes en la solución de esta investigación, han debido ser valorados
conforme a la sana crítica por esa Contraloría y si lo hubieran hecho, también otra
habría sido la decisión. No puede esa contraloría simplemente porque hubo una
incidencia en relación a un prestatario, atribuir responsabilidades administrativas de
la manera como lo hizo, pues se entiende que primero tiene que producirse un
DAÑO para la Administración Pública, cuantificado materialmente y que resulte
irrecuperable para la misma, para que sí se de el supuesto sustantivo generador de
responsabilidad administrativa…”
CAPITULO III
DE LA DECISION DEL RECURSO
Esta autoridad observa con respecto a los alegatos esgrimidos por el recurrente en su
escrito contentivo del Recurso de Reconsideración lo siguiente:
En lo atinente “DE LA SUPUESTA VALORACION A LA TESTIMONIAL PROMOVIDA”:
De la decisión recurrida se desprende que este organismo en ningún momento incurrió
en el error administrativo de juzgamiento alegado por el recurrente, en virtud, de que el
testimonio rendido por la ciudadana Yolanda Josefa Ramón Villamizar, fue valorado tal
como fue admitido, es decir, como una prueba testimonial, pero dándole el carácter de
testigo calificado o técnico, en razón a sus conocimientos especiales, referentes a la

materia objeto del presente proceso, tal como quedo demostrado en el acto de la
audiencia pública al ser consignado su currículum vitae, y de cuya declaración se extrajo
los conocimientos sobre la materia que sirvieron para tomar la decisión recurrida. Es
conveniente dejar sentado que la testigo nada aportó sobre los hechos investigados, más
aún, no conoce el hecho, sólo se limitó a informar a esta autoridad, aspectos teóricos
sobre “Control”, pero nada dijo respecto al hecho investigado en esta causa, ratificando
de esta manera lo expuesto con respecto a la valoración de tal prueba, y así se decide.
Con respecto “DE LA ERRADA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS” alega el recurrente,
que este organismo de manera ligera afirmó que la copia de la demanda judicial intentada
por FUNDESTA ante el Juzgado Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes… no
se valoraba porque no servía en absoluto para desacreditar los hechos controvertidos en
este proceso,… incurriendo supuestamente esta Dirección en el vicio de Falso Supuesto
de Hecho, al señalar “que el objeto o petitum de dicha demanda no guardare relación
con los hechos que me atribuyeron infundamente, promoviendo nuevamente copia de la
demanda que cursa ya en las actas administrativas, así como copia de la transacción
judicial efectuada entre FUNDESTA y la empresa mercantil Comunicaciones Antena SRL,
en atención a tal argumento, esta autoridad hace las siguientes consideraciones: En
primer lugar, en el presente caso no se puede hablar del vicio de falso supuesto de
hecho, en virtud de que los motivos o supuestos, en que se baso el Organo Contralor
para imputar el hecho y decidir la causa, están plenamente probados y fueron
debidamente valoradas en su oportunidad procesal, y en tal sentido, es reiterada la
jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, quien en Sala Político Administrativa de
fecha 27 de Marzo de 2001, señaló: “se concibe el falso supuesto como un vicio que tiene
lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que incurrieron de
manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo, o finalmente, cuando la
Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto. Se trata,
entonces, de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad absoluta;
por lo cual es necesario examinar si la configuración del acto administrativo se adecuó a las
circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo, de manera que guardaran la
debida congruencia con el supuesto previsto en la norma legal.” (Sentencia de la Sala Político
Administrativo Nº 00465 del 27/03/2001); en segundo lugar, la prueba consignada por el
recurrente en el acto de la audiencia pública, como lo fue la copia de la demanda hecha
por FUNDESTA a la empresa mercantil Comunicaciones Antena ante el Juzgado
Tercero de los Municipios San Cristóbal y Torbes, es considerada a todas luces
impertinente para el hecho investigado e imputado, tomando en cuenta que el mismo fue,
“por firmar en señal de haber ejercido el control previo sobre la tramitación de Solvencia de
cancelación de fecha 26/09/2002 y posterior entrega de la Constancia de solvencia del pago de
fecha 27/09/2002, sin haber aplicado los mecanismos de control a fin de realizar la revisión
exhaustiva de la documentación necesaria para determinar efectivamente la cancelación del
crédito otorgado a la Sociedad Mercantil Comunicaciones Antena S.R.L, representada por el
ciudadano Luís Jairo Roa, y la procedencia de dicha solvencia de pago, constancia que sirvió de
soporte para el documento de Liberación de Garantía, protocolizado ante la Oficina de Registro
Inmobiliario de los Municipios Guásimos y Andrés Bello del Estado Táchira, bajo el Nº 5, Tomo 18,
protocolo I, fecha 06/12/2002, con tal hecho se ocasionó un daño al Patrimonio Público de la
Fundación, por la cantidad de DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
BOLIVARES CON 66/100 CTS. (Bs. 2.037.300,66), al haberse dejado de cobrar doce (12) cuotas

que faltaron por cancelar del precitado pagaré,”... tomándose el daño al patrimonio como una
consecuencia de su conducta negligente en el cumplimiento de sus deberes y funciones,
y no como lo quiere hacer ver el recurrente, al señalar que FUNDESTA demandó a la
empresa COMUNICACIONES ANTENA SRL., por el cobro de la suma de dinero
alegando que la misma fue calificada tendenciosamente como daño patrimonial, por
este organismo, y asevera “en realidad como siempre lo afirmé se trataba de una deuda de las
muchas que los prestatarios contraen con FUNDESTA por créditos y refinanciamientos recibidos
y, que en el presente caso, tuvo como elemento novedoso el error en el manejo del sistema de
informática por parte de la administración Activa... En consecuencia esa fue la causa por la que se
me sancionó y como puede verse, si hay pertinencia entre esa demanda y el presente proceso
administrativo, pues este acuerdo judicial es uno más de los muchos que efectúa FUNDESTA con
sus deudores, esta autoridad considera que tal alegato no es procedente, por cuanto no se
está hablando de una deuda contraída por un prestatario, sino del perjuicio causado al
patrimonio público en su momento, y no es menester de este Organo de control Fiscal,
esperar las resultas de un juicio civil, para tomar una decisión en un procedimiento
administrativo. En este sentido, es necesario resaltar, que la conducta asumida por el
investigado no puede ser borrada ni puede hacerse desaparecer del plano de las
realidades, esa actuación irregular queda allí, en el tiempo, que por ser una conducta,
una actuación, no es posible borrarla, no es posible hacerla desaparecer por su propia
naturaleza abstracta; muy distinto es la consecuencia de tal conducta, que es material, es
un daño, concreto, cierto, estimable, tangible y que su reparación no elimina ni hace
desaparecer la causa. El hecho de llegar a un acuerdo para el pago del daño constituye
una indemnización para aminorar los efectos de esa consecuencia, es decir, con el hecho
de que hoy se hayan efectuado gestiones para el rescate de ese dinero, no se logra con
esto borrar, eliminar de la conciencia histórica de un organismo, la conducta irregular
cometida. En consecuencia, se ratifica el criterio explanado en la decisión recurrida y así
se decide.
En atención a lo alegado como “VIOLACIÓN AL DERECHO A LA DEFENSA”: En ningún
momento se ha vulnerado tal derecho, por el contrario de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y
del Sistema Nacional de Control Fiscal, en su Titulo III, se le concedió al interesado todas
las oportunidades establecidas en la Ley para que desvirtuara el hecho irregular
imputado, ya que la actividad de control fiscal realizada por el órgano contralor y que
culmina con el procedimiento administrativo para la Declaratoria de Responsabilidad
Administrativa está sustentado en pruebas suficientes, que fueron expuestas en el auto
de apertura el cual fue debidamente notificado al recurrente para que alegara y probara
lo que a su juicio considerara oportuno para la mejor defensa de sus derechos e
intereses, conforme al artículo 99 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República y del Sistema Nacional de Control Fiscal que le permite al interesado producir
las pruebas que evacuara en el acto oral y público, dice la norma “ que desvirtúen los
elementos de prueba o convicción que pudieran dar lugar al procedimiento de
Determinación de Responsabilidades” , y tuvo el interesado pleno acceso al expediente
administrativo y en ningún momento manifestó su oposición a las mismas. En
consecuencia se mantiene el criterio señalado en la decisión recurrida y así se decide.

Con respecto al “VICIO DE FALSA SUPOSICION LEGAL”, alegado por el recurrente, al
señalar que este organismo hizo una errónea interpretación del Artículo 26 de los
estatutos de FUNDESTA, vigentes para el momento en que incurrieron los hechos,
cuando se señalo en la decisión recurrida: “…en este sentido, visto lo contemplado en la
norma, lo señalado en la comunicación IAF-GF-0083-2006 de fecha 13 de febrero de 2006,
suscrita por la presidenta de FUNDESTA …” tales funciones correspondían a la unidad de
contraloría interna a mi cargo… la administración fiscal pretende en esta decisión, atribuirle a
dicho artículo menciones que no contiene. En efecto, cuando afirma que yo era la persona
encargada del control interno Administrativo y del Control Interno Contable, incurrió en falsa
suposición legal, pues una cosa era evaluar el sistema de control interno y otra muy diferente era
ser la persona encargada del control interno administrativo y del control interno contable, funciones
por lo demás propias de la Administración Activa, como bien se sabe…Mi función como Contralor
Interno entre otras, era evaluar el sistema de control interno, esto es, como funcionaba, incluyendo
el grado de operatividad y eficacia de los sistemas de administración y de información general, y
esa evaluación se señalaba anualmente, en las memorias y cuentas de la Unidad de Contraloría
Interna…” en atención a lo alegado, esta autoridad, le señala que si bien es cierto, el
citado artículo 26 del Acta Constitutiva y Estatutos de la “Fundación para el Desarrollo
Económico y Social del Estado Táchira” (FUNDESTA), de fecha 19 de febrero de 2002,
norma aplicable en el presente caso, establece que le corresponde a la Contraloría
Interna el evaluar el sistema de control interno, también es cierto, que es hasta el 30 de
Abril de 2003, cuando se ordena la reestructuración de las Contralorías Internas, como
Unidades de Auditoria Interna, de conformidad con lo señalado en el Decreto 119, dictado
por el Gobernador del Estado Táchira, y hasta ese momento es la Contraloría Interna
quien tenia el Control Previo sobre todas las operaciones realizadas por la administración
activa, dentro de las que se incluyen el control Interno contable y el control Interno
administrativo, tal como fue señalado por la Presidente de FUNDESTA en su
comunicación Nº I.A.F./GF-2003/2006. En consecuencia este organo contralor, reitera y
ratifica el criterio expuesto en la decisión recurrida, y así decide.
Con respecto “DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS APLICADAS”, En atención a los
argumentos esgrimidos por el recurrente, al señalar “…al no haber daño alguno, como se ha
visto de la transacción judicial efectuada, y que se agrega a las actas administrativas, mal puede
hablarse que se han perdido bienes o derechos del patrimonio público de FUNDESTA, pues como
este ente lo señalo, siempre lo consideró una deuda y por eso efectuó un cobro de bolívares,
como se evidencia de la copia del expediente judicial que se agregó en este sentido..” este
Organo Contralor considera y mantiene el criterio en afirmar que si existió un perjuicio
material al Patrimonio Público de la Institución, al ser el daño cierto y materializarse en el
momento de la ocurrencia del hecho irregular, es decir, al momento de la liberación de la
garantía hipotecaria sin haberse cancelado totalmente el crédito, error no advertido a la
administración en el momento en que la Contraloría Interna hizo el control Previo, lo que
demuestra la negligencia en el control efectuado, al no revisar el expediente del crédito,
porque de haberlo hecho hubiese objetado la constancia de solvencia y por ende la
respectiva liberación de la garantía hipotecaría a favor de FUNDESTA, y se hubiese
corregido tal situación; asimismo señala el recurrente “...consta amplia, suficiente y
numerosamente de las actas procesales y administrativas, las múltiples diligencias que realicé en
mi carácter de contralor Interno de FUNDESTA y luego como Auditor Interno encargado, para
recuperar la suma que por error de la administración activa se le había liberado de garantía a la

empresa mercantil Comunicaciones Antena SRL…. También constan en oficios de enero a mayo
de 2004 dirigidos a la Presidenta de FUNDESTA en los cuales se le informaba de esta delicada
situación y que por ser determinantes en la solución de esta investigación, han debido ser
valorados conforme a la sana crítica por esa Contraloría y si lo hubieran hecho, también otra
habría sido la decisión…” es necesario exaltar que todas las diligencias y actuaciones
señaladas por el recurrente en su escrito y consignadas en la audiencia pública, son
posteriores a la comisión del hecho irregular, y que en base al cargo que ostentaba de
contralor Interno para la época, ejercía el control Previo sobre las operaciones realizadas
por la administración activa, y que ha debido revisar el físico del expediente a fin de
determinar si era procedente la emisión de la constancia de solvencia y posterior
liberación de la garantía hipotecaría. Continúa alegando, “…No puede esa contraloría
simplemente porque hubo una incidencia en relación a un prestatario, atribuir responsabilidades
administrativas de la manera como lo hizo, pues se entiende que primero tiene que producirse un
DAÑO para la Administración Pública, cuantificado materialmente y que resulte irrecuperable para
la misma, para que sí se de el supuesto sustantivo generador de responsabilidad administrativa…”
Respecto al presente alegato, ya quedó claro que sí se causó un daño cierto, el cual fue
cuantificado materialmente, y que si bien, se produjo una transacción judicial efectuada
entre FUNDESTA y la empresa mercantil Comunicaciones Antena SRL, es una tentativa
de pago, es decir, hasta tanto no se produzca ese pago, el mismo queda sujeto al
cumplimiento por parte de la empresa; aunado a esto es oportuno indicarle nuevamente
al recurrente, que la Responsabilidad Administrativa, surge de actos u omisiones que
violen, quebranten o desconozcan las normas cuyo acatamiento es obligatorio, por tanto
el hecho de que el daño posiblemente sea subsanado, no le excluye de la
responsabilidad en que incurrió el recurrente en el ejercicio de sus funciones, dado el
cargo desempeñado de contralor interno que ejercía el control previo para la época. En
este sentido, los autores Andrés J. Cruz M, Círa de Pelekais y William Torres citan en su
Libro “La Responsabilidad Administrativa en el Marco de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (Supuestos
generadores) establece: “Ley Orgánica de la Administración Pública dispone en los artículos 1
al 12 lo referente a los principios que deben regir la actuación de los ciudadanos al servicio del
Estado, el legislador en dicho dispositivo enumera la forma de actuar ( Léase: Omisión, retardo,
negligencia o imprudencia) que son vedadas al funcionario que, por su particular situación dentro
del ente administrativo respectivo derivado del cargo que ostenta, incumpla sus deberes y
funciones, sin necesidad de que se materialice el daño. Así el funcionario público se presenta, bajo
la perspectiva de la supuesta normativa en comento, como sujeto responsable de dicho perjuicio al
incumplir deberes y funciones que se concretan en la vigilancia, preservación, conservación y
mantenimiento del buen estado físico de bienes materiales así como en la conservación o
preservación de derechos o intereses del ente u organismo respectivo”. En consecuencia no se
toman tales argumentos esgrimidos por el recurrente y así se decide.
Por todo lo antes expuesto se declara sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto
por el recurrente, y se confirma la Declaratoria de Responsabilidad Administrativa
recaída sobre el ciudadano: VICTOR ALFONSO BUENO LOPEZ, antes identificado,
según decisión de fecha 10 de Marzo de 2006, Resolución C.G.E.T Nº 079, por los
hechos plasmados en el Auto de Apertura, al subsumirse los mismos dentro del
supuesto generador de responsabilidad administrativa y que se señala a continuación:

LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO TÁCHIRA
ARTICULO 90:
“Son hechos generadores de responsabilidad administrativa, independientemente de la
responsabilidad civil o penal a que haya lugar, además de los previstos en el título IV de la Ley
Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, los siguientes:
…3.-…negligencia… en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio
público, que hayan causado perjuicio material a dicho patrimonio”...
LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTROL FISCAL
ARTICULO 91:
“Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal y de lo que dispongan otras leyes, constituyen
supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se
mencionan a continuación:
…2.-… negligencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio de
un ente u organismo de los señalados en los numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta ley”…
Dicho todo lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal, en concordancia con el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos. Resuelve:
RESUELTO
PRIMERO: Declarar sin lugar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el
ciudadano: VICTOR ALFONSO BUENO LOPEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-
3.792.521, presentado en fecha 03 de Abril de 2006, confirmándose la Declaratoria de
responsabilidad Administrativa contenida en la Resolución C.G.E.T Nº 079 de fecha 10
de Marzo de 2006.
SEGUNDO: Se confirma la sanción pecuniaria (multa) impuesta al ciudadano: VICTOR
ALFONSO BUENO LOPEZ, en consecuencia, el monto de la multa, no existiendo
circunstancias atenuantes ni agravantes, corresponde al término medio de la sanción
mayor cien (100) Unidades Tributarias y sanción menor cinco (5) Unidades Tributarias,
que equivale a cincuenta y dos y medio (52.5) Unidades Tributarias a razón de Catorce
mil Ochocientos bolívares (Bs. 14.800,oo) costo de la Unidad Tributaria para el momento
en que se cometió el hecho. Por lo tanto el monto de la multa se calcula en la cantidad de
bolívares SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CON 00/100 (Bs. 777.000, oo). Se le
indica que la multa impuesta deberá ser pagada por ante la Tesorería General del
Estado Táchira, quien elaborara la correspondiente planilla de liquidación por el monto
señalado.

TERCERO: Se le informa al ciudadano Víctor Alfonso Bueno López, que contra la
presente decisión podrá ejercer el Recurso de Nulidad, por ante la Corte Primera en lo
Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de Caracas, de conformidad con lo
establecido en artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal, dentro de los seis (6) meses contados a partir
del día siguiente a la notificación del presente acto.
CUARTO: Notifíquese la presente decisión al interesado, a la máxima autoridad del
Instituto Autónomo para el Desarrollo de la Economía Social del Estado Táchira, y a la
Tesorera General del Estado Táchira.
QUINTO: Remítase la presente decisión al Ministerio Público a los fines de que se
determine la procedencia de la aplicación de la Ley contra la Corrupción.
SEXTO: Se ordena la remisión de la presente decisión a la Contraloría General de la
República, a los fines de dar cumplimiento a los establecidos en el artículo 105 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Notifíquese y cúmplase,
LDA
Exp. RA-06-05
030506
ABOG. RAMON URIBE DIAZ
DIRECTOR DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES