Anteproyecto de Ley

ANTEPROYECTO DE LEY POR LA QUE SE TRANSPONE EN ANDALUCÍA
LA DIRECTIVA RELATIVA A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
El sector servicios, el más importante de nuestra economía, es un motor de
crecimiento y creación de empleo en España y, en particular, en Andalucía. De
esta manera, es el sector de mayor importancia cuantitativa por su peso en el
PIB (a nivel nacional 66,7 % y a nivel andaluz 67,5 %) y empleo total (a nivel
nacional 66,2 % y a nivel andaluz 66,9 %), y de él depende de manera decisiva
el crecimiento y la competitividad del resto de ramas de actividad.
No obstante, determinadas carencias estructurales de la economía española se
concentran en este sector y ello es debido en buena medida a la propia
regulación de los mercados de servicios.
Con el fin de armonizar estas complejidades, el pasado 27 de diciembre de
2006 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva
2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, la cual recogía un
plazo para su transposición de tres años, plazo que finaliza, por tanto, el
próximo 27 de diciembre de 2009.
El fin perseguido por la Directiva es eliminar los obstáculos que se oponen a la
libertad de establecimiento de los prestadores en los Estados miembros y a la
libre circulación de servicios entre los Estados Miembros y garantizar, tanto a
los destinatarios como a los prestadores de los servicios, la seguridad jurídica
necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos libertades fundamentales del
Tratado.
En relación con la Libre Prestación de Servicios, la Directiva establece la
eliminación de todo procedimiento de autorización que afecte al acceso o
ejercicio de una actividad de servicios, si dicho procedimiento no cumple con
los requisitos de necesidad, proporcionalidad y carácter no discriminatorio.
Los procedimientos que se puedan mantener en la legislación nacional por
cumplir esos tres criterios deberán simplificarse en cuanto a sus trámites y
requisitos. No obstante, respecto de los requisitos han de tenerse en cuenta los
listados del artículo 14 de la Directiva, que recoge requisitos prohibidos, y que
por tanto, bajo ningún concepto podrán ser exigidos en el marco de un
procedimiento y el listado del artículo 15, en el que se recoge un catálogo de
requisitos que podrán exigirse previa justificación.
En cuanto a la Libre Prestación de Servicios, la Directiva establece unos
mecanismos para que se respete a los prestadores el derecho a prestar
servicios en un Estado Miembro distinto de aquel en el que están establecidos.
La presente Ley, por la que se transpone la Directiva de Servicios, tiene su
habilitación en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley
Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, el cual atribuye a la Comunidad Autónoma la
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competencia exclusiva, que comprende la potestad legislativa, en materia de
turismo (artículo 71), y en materia de carreteras (artículo 64.1). Así mismo, se
le atribuye la competencia exclusiva en materia de cultura, lo que está
directamente relacionado con cuanto se refiere a la protección del patrimonio
histórico de Andalucía y a los Museos y colecciones museográficas de
Andalucía, sin perjuicio de la asunción de competencias ejecutivas sobre
aquellos aspectos culturales que el Estado se haya reservado la titularidad, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.28ª, de la Constitución (artículo
68 del Estatuto de Autonomía de Andalucía).
En el Artículo primero se recogen las modificaciones que es necesario
introducir en la vigente Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, para
garantizar su compatibilidad con la Directiva de Servicios en una serie de
procedimientos.
La Ley del Turismo experimenta una profunda reforma en la ordenación de la
actividad turística tradicionalmente basada en el esquema clásico de
intervención jurídico-público de “policía administrativa”. Esto es, mediante el
establecimiento de una reglamentación estricta de requisitos iniciales exigibles
para el ejercicio de la actividad controlables a priori mediante el instituto de la
autorización administrativa; lo que se ve acompañado por el despliegue de una
actividad administrativa de control e inspección y, en su caso, sancionadora por
parte de las Administraciones competentes.
Puede sostenerse que, con la reforma que opera la presente Ley, el régimen
general de establecimiento para el ejercicio de una actividad de servicios pasa
de la sujeción a autorización previa a una mera declaración responsable que
facilite el control de la actividad.
En definitiva, de un control previo de la Administración basado en la
autorización previa se pasa a un control a posteriori basado en la actuación
inspectora.
En este ámbito, el Registro de Turismo de Andalucía pierde su carácter
autorizatorio para desempeñar un papel necesario como instrumento de
información para la actuación inspectora así como de fuente estadística. Ello
conlleva una modificación considerable del procedimiento de inscripción en el
que ésta se conceptúa como un acto debido de la Administración que trae
causa de la mera declaración responsable.
La transposición de la Directiva también incide en la concepción tradicional de
determinados servicios turísticos, especialmente, la intermediación turística
realizada por agencias de viajes a las que se asigna, con carácter exclusivo, la
organización y/o comercialización de viajes combinados de acuerdo con lo
establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Finalmente, se da
una nueva redacción a la habilitación de guías de turismo acorde con los
principios de la Directiva.
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En los artículos siguientes se regulan las modificaciones a introducir en el resto
de leyes andaluzas: la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía;
la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de
Andalucía; la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de
Andalucía y la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En relación con la primera de estas Leyes, la Ley 8/2001, de 12 de julio, de
Carreteras de Andalucía, se modifica en su artículo 58 en relación con el
procedimiento relativo al otorgamiento de autorización para la instalación de
rótulos de establecimientos mercantiles o industriales, indicativos de la
actividad que se desarrolla en los mismos, el cual queda sustituido por un
régimen de comunicación previa por parte del interesado. En concordancia con
este nuevo régimen de comunicación previa, se modifica la infracción tipificada
en los artículos 71.a) y 72..1.a) de la Ley.
Las modificaciones a introducir en la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y
Colecciones Museográficas de Andalucía se refieren al procedimiento de
autorización para la disolución de museos y colecciones museográficas,
regulado en su artículo 12 y el procedimiento de notificación y autorización de
salida de fondos museísticos regulado en su artículo 36.3
El primero de estos procedimientos, relativo a la disolución de museos,
consiste en la comprobación, por parte de la Administración competente en
materia de museos, de que la extinción de la institución no comporta riesgo o
peligro para la protección y conservación de los bienes culturales de la
institución extinguida. Este procedimiento de autorización previa para la
disolución de un museo quedará sustituido por una comunicación previa del
titular del mismo indicando fecha de extinción, destino de los bienes y medidas
de seguridad, para garantizar su protección y conservación. En concordancia
con este nuevo régimen de comunicación previa, se añade la infracción
tipificada en el artículo 54.1.f) de la Ley.
En el segundo de estos procedimientos, relativo a la notificación y autorización
de salida de fondos museísticos, se modificará el artículo 36.3 de la ley 8/2007
en el sentido de establecer un régimen único de control de los movimientos de
fondos, desapareciendo la anterior distinción. El procedimiento único consistirá
en la notificación previa de los movimientos de los fondos con indicación de las
condiciones de seguridad que se establezcan reglamentariamente.
Además, se recoge una modificación en relación con la autorización para
actividades arqueológicas preventivas, y aún cuando estas actividades están
reguladas en el artículo 59 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía, se estima que la modificación normativa
precisa para que el régimen de autorización no resulte ni directa, ni
indirectamente discriminatorio, no implica la modificación del artículo 59, del
que por sí mismo no se sigue discriminación alguna, sino del artículo 53, por la
remisión que éste efectúa al régimen de autorizaciones previsto en el mismo
Título de la citada Ley.
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Finalmente, mediante las reformas introducidas en la Ley 2/1986, de 19 de
abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía se
suprime la exigencia de autorización administrativa previa para la organización,
celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o
promocionales, cualquiera que sea la fórmula de loterías o juegos
promocionales que revistan, siempre que la participación del público en estas
actividades sea gratuita y en ningún caso exista sobreprecio o tarificación
adicional alguna, cualquiera que fuere el procedimiento o sistema a través del
que se realice.
Artículo primero. Modificación de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del
Turismo
La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo queda modificada como
sigue:
Uno. Se modifica la letra g) del apartado 1 del artículo 3, que queda con la
siguiente redacción:
“La planificación y ordenación del turismo y de los recursos
turísticos de interés para Andalucía y la coordinación de las actuaciones
que en esa materia ejerzan las entidades locales.”
Dos. Se modifica la letra d) del artículo 25, que queda con la siguiente
redacción:
“d) Al reconocimiento por parte de la Administración turística, en
los supuestos previstos en la presente Ley, de la clasificación
administrativa de los establecimientos de su titularidad.”
Tres. Se modifica en su integridad el artículo 28, que queda con la siguiente
redacción:
“Artículo 28. Libertad de prestación de los servicios turísticos
1. La prestación de servicios turísticos es libre, sin más
limitaciones que las derivadas del cumplimiento de las normas legales y
reglamentarias que les sean de aplicación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior,
quienes se dediquen en nombre propio y de manera habitual y
remunerada a la prestación de algún servicio turístico deberán, en su
caso, hallarse en posesión de las correspondientes licencias o
autorizaciones exigidas por la legislación aplicable figurando inscritos en
el Registro de Turismo de Andalucía en la forma dispuesta en esta ley.
La habitualidad se presumirá respecto de quienes ofrezcan la prestación
de servicios turísticos a través de cualquier medio publicitario o cuando
se preste el servicio en una o varias ocasiones dentro del mismo año por
tiempo que, en conjunto, exceda de un mes, salvo que
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eglamentariamente se determine otro para determinados servicios
turísticos, en razón de las peculiaridades de los mismos.
3. No obstante, para la prestación en Andalucía de servicios
turísticos sin establecimiento, los nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea, habilitados en sus respectivos países para la
prestación de los servicios turísticos a que se refiere esta Ley, no
necesitan figurar inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, sin
perjuicio de las facultades de supervisión de la Consejería competente
en materia de turismo.
4. La publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva
prestación de servicios turísticos sin haber cumplido el deber de
presentación de la declaración responsable prevista en el artículo 35.2
de esta Ley, será considerada actividad clandestina.”
Cuatro. Se modifica en su integridad el artículo 29, que queda con la siguiente
redacción:
“Artículo 29. Signos distintivos y publicidad de los servicios
turísticos
En toda la publicidad, anuncios, documentación, correspondencia y
tarifas de precios y facturas, las empresas turísticas y los sujetos no
empresariales que presten servicios turísticos deberán hacer constar, de
manera legible e inteligible, la clasificación administrativa del
establecimiento turístico, con los símbolos acreditativos de la misma que
reglamentariamente se determinen.”
Cinco. Se incorpora un nuevo artículo 31.bis con la siguiente redacción:
“Artículo 31 bis. Declaración sobre la clasificación en base al
proyecto.
1. Los interesados en la construcción, ampliación o reforma
de un establecimiento turístico sujeto a clasificación administrativa
presentarán ante el Ayuntamiento competente, junto con la solicitud de
la licencia de obras, la documentación establecida reglamentariamente,
con declaración expresa sobre la clasificación del proyecto de acuerdo
con el grupo, categoría, modalidad y, en su caso, especialidad del
establecimiento proyectado.
2. En el plazo máximo de cinco días, el Ayuntamiento remitirá
la documentación y la declaración a las que se refiere el apartado
anterior a la Consejería competente en materia de turismo, que
comprobará la adecuación del proyecto a la normativa turística de
aplicación al establecimiento proyectado en el plazo de un mes a partir
de la fecha de recepción de aquéllas, pudiendo reformular la
clasificación pretendida, lo que deberá ser objeto de notificación al
interesado y al Ayuntamiento.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la
Consejería hubiera comunicado o notificado objeciones, se considerará
conforme con el proyecto.
3. Finalizadas las obras de construcción, ampliación o
reforma, el interesado presentará ante el Ayuntamiento competente junto
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con la solicitud de licencia de actividad, la documentación preceptiva y la
declaración responsable a la que se refiere el artículo 35.2 de la
presente Ley, incluyendo en esta última manifestación expresa sobre la
adecuación del establecimiento a la normativa reguladora de la
clasificación de los establecimientos turísticos, cuyo reconocimiento se
solicite. El Ayuntamiento, una vez concedida la licencia de actividad,
remitirá, en el plazo máximo de cinco días, la documentación y la
declaración a las que se refiere el párrafo anterior a la Consejería
competente en materia de turismo.”
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 32, que queda con la siguiente
redacción:
“1. En los términos que reglamentariamente se determine, los
establecimientos turísticos deberán cumplir los requisitos mínimos de
infraestructura, los establecidos en materia de seguridad, los relativos al
medio ambiente, así como, en su caso, los exigidos por otra normativa
que resulte aplicable.
Los municipios exigirán el cumplimiento de dicha normativa al tramitar
las correspondientes licencias.”
Siete. Se modifica el apartado 2 del artículo 34, que queda con la siguiente
redacción:
“2. Los titulares de las viviendas deberán comunicar el inicio de la
actividad turística a la Consejería competente en materia de turismo”
Ocho. Se modifica en su integridad el artículo 35, que queda con la siguiente
redacción:
“Artículo 35. Inscripción en base a una declaración responsable
1. Los sujetos y establecimientos turísticos a que se refiere el
apartado primero del artículo anterior deberán figurar inscritos en el
Registro de Turismo de Andalucía, aunque no concurra en aquellos la
condición de empresarios o la prestación de los servicios turísticos no se
realice en establecimientos permanentemente abiertos al público, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 28.3
2. Salvo los supuestos previstos en esta Ley, la inscripción en
el Registro de Turismo de Andalucía se practicará a través de la
presentación, por parte del sujeto legalmente habilitado para ello, de una
declaración responsable manifestando el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa vigente relativos al servicio o al
establecimiento y su clasificación; el compromiso de su mantenimiento
durante el tiempo de vigencia de la actividad; así como la disposición, en
su caso, de la documentación acreditativa que corresponda.
Reglamentariamente se podrá determinar la documentación
complementaria que, en su caso, deba acompañarse a la declaración
anterior.
3. La presentación de la declaración responsable a que se
refiere el apartado anterior bastará para considerar cumplido el deber de
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figurar inscrito del sujeto o el establecimiento en el Registro de Turismo
de Andalucía.
4. La Consejería competente en materia de turismo procederá
a inscribir al sujeto o establecimiento en el Registro de Turismo de
Andalucía conforme al contenido de la declaración responsable y, en su
caso, de la documentación a las que se refiere el apartado 2; sin
perjuicio del ejercicio de las potestades administrativas de control y de la
adopción, en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que
pudieran corresponder.
5. Deberá figurar inscrita, conforme al procedimiento previsto
en los apartados anteriores, toda modificación de los presupuestos,
requisitos y datos contenidos en la declaración a que se refiere el
apartado 2 del presente artículo, determinantes de la inscripción.
6. Reglamentariamente se determinarán los términos y
condiciones procedimentales para la realización de los trámites a los que
se refieren los apartados anteriores.”
Nueve. Se modifica el apartado 5 del artículo 36, que queda con la siguiente
redacción:
“5. Sin perjuicio de las facultades de comprobación de otras
determinaciones previstas en la legislación vigente, el cumplimiento de
los requisitos a que se refiere el presente artículo será objeto de
comprobación por la Consejería competente en materia de turismo, así
como por los Ayuntamientos al tramitar las correspondientes licencias.”
Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 40, que queda con la siguiente
redacción:
“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los
campamentos de turismo podrán construirse elementos fijos destinados
a alojamiento, tipo bungaló, siempre que la superficie que ocupen no
supere el límite establecido reglamentariamente y sean explotados por el
mismo titular que el del campamento.”
Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 41, que queda con la siguiente
redacción:
“1. Son casas rurales aquellas edificaciones situadas en el medio
rural que presentan especiales características de construcción, ubicación
y tipicidad, prestan servicios de alojamiento y otros complementarios,
que figuren inscritas como tales en el Registro de Turismo de Andalucía
en los términos establecidos en la presente Ley.”
Doce. Se modifica el apartado 3 del artículo 47, que queda con la siguiente
redacción:
“3. Las empresas de intermediación turística que organicen y/o
comercialicen viajes combinados pertenecerán necesariamente al grupo
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de agencias de viajes, debiendo, a estos efectos, constituir una fianza en
los términos establecidos reglamentariamente.”
Trece. Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 3 al artículo 49,
que queda con la siguiente redacción:
“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, para
desarrollar la actividad propia de los guías de turismo será preciso el
reconocimiento por la Administración turística de la correspondiente
cualificación profesional, en los términos que se determine
reglamentariamente.
3. El reconocimiento por la Administración turística de la
habilitación para el ejercicio de la actividad de guía de turismo, conforme
a lo dispuesto en el apartado anterior, conllevará su inscripción de oficio
en el Registro de Turismo de Andalucía.”
Catorce. Se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 59, y se añade un
apartado 9 que queda con la siguiente redacción:
“1. La publicidad o prestación de un servicio turístico habiendo
cumplido el deber de presentación de la declaración responsable
prevista en el artículo 35.2, pero careciendo de documentos que al
efecto sean exigibles por las disposiciones turísticas que regulen dicha
actividad.
5. El retraso en el cumplimiento de las comunicaciones que exija
la normativa turística.
9. La inexactitud de los datos manifestados en la declaración
responsable a que se refiere el artículo 35.2 de esta Ley “
Quince. Se modifican los apartados 1, 4, 5, 7 y 13 del artículo 60 que queda
con la siguiente redacción:
“1. La realización o prestación clandestina de un servicio turístico,
definida en el artículo 28.4 de la presente Ley.
4 . El incumplimiento de las comunicaciones que exija la
normativa turística, tras ser requerido al efecto.
5. La falsedad de los datos manifestados en la declaración
responsable a que se refiere el artículo 35.2 de esta Ley así como su
alteración sin haber instado su modificación en los términos legal o
reglamentariamente establecidos.
7. Prestar el servicio turístico tras efectuar modificaciones
estructurales que afecten al grupo, categoría, modalidad o especialidad
del establecimiento sin la presentación de la declaración responsable en
los términos legal o reglamentariamente establecidos.
13. El no mantener vigente la cuantía de las garantías de fianza y,
en su caso, seguro exigidas por la normativa de las agencias de viajes.”
Dieciséis. Se modifica el apartado 1 del artículo 62, que queda con la siguiente
redacción:
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“1. Son responsables de las infracciones tipificadas en la presente
Ley las siguientes personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que
realicen las acciones u omisiones tipificadas en la misma, aun a título de
simple inobservancia:
a) Las personas titulares de empresas, establecimientos o
actividades turísticas, a cuyo nombre figure la habilitación o inscripción
en el Registro de Turismo de Andalucía.
b) Las personas que hubieren suscrito la declaración responsable
a que se refiere el artículo 35.2 de esta Ley.
c) Las personas que presten cualquier servicio turístico de manera
clandestina.”
Diecisiete. Se modifica en su integridad el artículo 65, que queda con la
siguiente redacción:
“Las infracciones contra lo dispuesto en esta Ley y demás
disposiciones en materia de turismo darán lugar a la imposición de las
siguientes sanciones:
a) Principales.
- Apercibimiento.
- Multa.
b) Accesorias.
- Suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos y
clausura temporal del establecimiento.
- La clausura definitiva del establecimiento o actividad turística.”
Dieciocho. Se modifica el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 67, que
queda con la siguiente redacción:
“La clausura definitiva del establecimiento procederá en el caso
de infracciones muy graves cuando el responsable haya sido sancionado
dos o más veces, mediante resolución firme en vía administrativa, por
este tipo de infracciones en el transcurso de tres años consecutivos y
medien graves perjuicios para los intereses turísticos de Andalucía
derivados de la conducta del infractor.”
Diecinueve. Se modifica el apartado c) del artículo 69, que queda con la
siguiente redacción:
“c) El Consejero competente en materia turística para la
imposición de las sanciones correspondientes a infracciones muy graves
cuya cuantía supere los 90.152 euros o consista en la clausura definitiva
del establecimiento o actividad turística”
Veinte. Se suprime la Disposición adicional sexta de la Ley 12/1999, de 15 de
diciembre, del Turismo.
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Veintiuno. Se modifica la Disposición final primera de la Ley 12/1999, de 15 de
diciembre, del Turismo, que queda con la siguiente redacción:
“Se declaran expresamente en vigor las normas turísticas,
cualquiera que sea su rango, en lo que no contradigan o se opongan a lo
dispuesto en la presente Ley.»
Artículo Segundo. Modificación de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos
y Colecciones Museográficas de Andalucía.
La Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas de
Andalucía queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica en su integridad el artículo 12, que queda con la siguiente
redacción:
“Artículo 12. Disolución de museos y colecciones museográficas.
1. La disolución de museos y colecciones museográficas de
titularidad privada, deberá ser comunicada previamente a la Consejería
competente en materia de museos y colecciones museográficas.
En la citada comunicación, que deberá cursarse con una
antelación de, al menos, dos meses a la fecha prevista de disolución, la
persona titular de la institución hará constar la fecha de disolución, el
destino de los bienes y las medidas de seguridad para garantizar la
protección y conservación de los mismos.
2. La disolución de museos y colecciones museográficas de
titularidad pública se acordará por el órgano al que corresponda
autorizar la creación. En este caso, el procedimiento para la disolución
se iniciará a petición de su titular, y deberá resolverse y notificarse en el
plazo de seis meses, a contar desde la recepción de la solicitud en el
registro del órgano competente para resolver. Transcurrido dicho plazo
sin que se haya notificado resolución expresa, el titular podrá entender
estimada la solicitud.
3. Cuando existan causas de peligro para la protección,
conservación o accesibilidad de los fondos, la Consejería competente en
materia de museos y colecciones museográficas podrá acordar el
depósito forzoso previsto en el artículo 48 de esta ley.
4. El órgano competente para la creación de un museo o
colección museográfica, a la vista de la comunicación de disolución o del
acto de disolución, según proceda, dispondrá la cancelación de su
inscripción en el Registro andaluz de museos y colecciones
museográficas.
5. En todo caso, los bienes integrantes de museos o colecciones
museográficas disueltos conservarán el régimen jurídico de protección
que les otorgue la legislación general de protección del patrimonio
histórico.”
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 36, que queda con la siguiente
redacción:
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“3. La salida de fondos museísticos pertenecientes a los museos y
colecciones museográficas no comprendidos en los apartados anteriores
deberá notificarse previamente a la Consejería competente en materia
de museos y colecciones museográficas. En la citada notificación, que
deberá cursarse con una antelación de, al menos, dos meses a la fecha
prevista de la salida, se harán constar las condiciones que se
establezcan reglamentariamente.
Durante el expresado plazo, la citada Consejería comprobará la
documentación presentada a efecto, en su caso, de requerir que se
subsane la misma o se completen las condiciones de la salida. En este
último caso, no podrá efectuarse la salida hasta que se cumplimente el
requerimiento.”
Tres. Se añade la letra f) al apartado 1 del artículo 54, con la siguiente
redacción:
“f) la disolución de un museo o colección museográfica sin la
comunicación previa prevista en el artículo 12.1”
Artículo Tercero. Modificación de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía.
La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
queda modificada en su artículo 53 con la siguiente redacción:
“Artículo 53. Solicitudes.
1. Podrán solicitar autorización para realizar actividades
arqueológicas:
a) Las personas físicas, individualmente consideradas o formando
equipos de investigación, que cuenten con la titulación o acreditación
profesional que normativamente se determine.
b) Los departamentos de universidades u otras instituciones
científicas, españolas o comunitarias, relacionados con la investigación
del Patrimonio Arqueológico.
c) Los museos arqueológicos o que cuenten con sección de
Arqueología.
d) Los institutos de Prehistoria y Arqueología del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.
e) Las Administraciones Públicas que pretendan realizar tales
actividades directamente y cuenten con el personal debidamente titulado
o acreditado para ello.
Cuando se trate de personas físicas, equipos de investigación o
instituciones científicas extranjeras no comunitarias, la solicitud se
acompañará de informe emitido por otra persona o institución española
de entre las enumeradas en este apartado.
2. En todo caso la solicitud habrá de ir suscrita por la persona con
titulación suficiente y acreditada experiencia que asuma la dirección de
los trabajos.
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3. Por la Consejería competente en materia de patrimonio
histórico podrá recabarse de los organismos y autoridades competentes
la información precisa para comprobar los datos referentes a titulación y
experiencia profesional.”
Artículo Cuarto. Modificación de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía.
La Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía queda modificada
como sigue:
Uno. Se modifica en su integridad el artículo 58, que queda con la siguiente
redacción:
“Artículo 58. Publicidad y carteles.
1. Fuera de los tramos urbanos de las carreteras andaluzas está
prohibido realizar cualquier tipo de publicidad en cualquier lugar visible
desde la calzada sin que de esta prohibición nazca derecho a
indemnización alguna.
2. No se considera publicidad los carteles informativos
autorizados por la Administración titular de la vía, o, en su caso,
comunicados a ésta y que se adecuen a las prescripciones siguientes:
a) Señales de servicio.
b) Los informativos e indicativos que localicen lugares de interés
general para los usuarios de las carreteras, ya sean culturales,
medioambientales o turísticos, poblaciones, urbanizaciones y
centros importantes de atracción con acceso directo desde la
carretera, siempre que no contengan, a su vez, mensajes
publicitarios.
c) Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la
carretera.
d) Rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que
sean indicativos de la actividad que se desarrolla en los mismos,
siempre que estén situados sobre los inmuebles en que aquéllos
tengan su sede o en sus accesos y no incluyan comunicación
adicional alguna tendente a promover la contratación de los
productos o servicios que ofrezcan.
3. Los interesados podrán colocar carteles en el dominio público
viario previa autorización administrativa y según la normativa de
señalización vigente.
4. Las autorizaciones para la instalación de carteles se otorgarán
por un plazo máximo de dos años, previa constitución de la fianza y
pago de la correspondiente tasa o canon por ocupación y
aprovechamiento de bienes de dominio público.
Cumplido el plazo, el titular de la autorización deberá proceder a solicitar
su renovación o, en su caso, a la retirada del cartel, procediéndose por
la Administración, en caso contrario, a su retirada a costa del interesado.
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5. La conservación y el mantenimiento de los carteles
corresponden a los titulares de las autorizaciones.
6. La autorización podrá ser revocada, sin derecho a
indemnización, en caso de mala conservación, cese de la actividad
objeto de la información, razones de seguridad de la circulación o
perjuicio al servicio público que presta la carretera, procediéndose, en su
caso, a retirar el cartel a costa del titular de la autorización.
7. Fuera de la zona de dominio público, los interesados podrán
colocar los rótulos de establecimientos mercantiles o industriales a que
se refiere el apartado 2.d del presente artículo, previa comunicación a la
Administración titular de la vía. Reglamentariamente podrá establecerse
el régimen de instalación.
La citada comunicación deberá cursarse con una antelación al menos
de un mes de la fecha prevista para la actuación.
En el supuesto de comunicación, la Administración tendrá un plazo
preclusivo de un mes para denegar la actuación comunicada por
razones de seguridad vial, sin perjuicio de las potestades administrativas
de control y de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares o
sancionadoras que pudieran corresponder.”
Dos. Se modifica la letra a) del artículo 71, que queda con la siguiente
redacción:
“a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones, incluida la
colocación de carteles, en el dominio público viario o en las zonas de
servidumbre legal o de afección de las carreteras, sin las autorizaciones
o comunicaciones requeridas o incumpliendo alguna de las condiciones
impuestas en las mismas, cuando puedan ser objeto de legalización
posterior y ésta se solicite en el plazo correspondiente.”
Tres. Se modifica la letra a) del apartado primero del artículo 72, con la
siguiente redacción:
“a) Realizar obras, instalaciones o actuaciones no permitidas,
incluida la colocación de carteles, en el dominio público viario o en las
zonas de servidumbre legal o de afección de las carreteras, llevadas a
cabo sin las autorizaciones o comunicaciones requeridas o incumpliendo
alguna de las condiciones impuestas en las mismas, cuando no sean
susceptibles de legalización posterior o ésta no se solicite en plazo
correspondiente.”
Artículo Quinto. Modificación de La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía queda modificada como sigue:
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Uno. Se modifica en su integridad el artículo 2, que queda con la siguiente
redacción:
“La competencia de la Comunidad Autónoma a la que se hace
referencia en el artículo anterior se ejercerá sobre la totalidad de los
juegos de azar, sorteos, rifas, tómbolas, apuestas y, en general, todas
aquellas actividades en las que se aventuren cantidades de dinero u
objetos económicamente evaluables en cualquier forma sobre los
resultados, y que permitan su transferencia entre los participantes, con
independencia de que predomine en ellos el grado de habilidad,
destreza o maestría de los jugadores o sean exclusiva y primordialmente
de suerte, envite o azar, y tanto si se desarrollan mediante la utilización
de máquinas automáticas como si se llevan a cabo a través de la
realización de actividades humanas.”
Dos. Se incorpora un nuevo apartado 3 al artículo 3, que queda con la siguiente
redacción:
“No se requerirá autorización administrativa previa para la
organización, celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias con
fines publicitarios o promocionales, cualquiera que sea la fórmula de
loterías o juegos promocionales que revistan, incluidos los establecidos
en el artículo 20 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, siempre que la
participación del público en estas actividades sea gratuita y en ningún
caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna cualquiera que
fuere el procedimiento o sistema a través del que se realice.”
Tres. Se modifica la letra e) del apartado 1 del artículo 4, que queda con la
siguiente redacción:
“e) Las rifas y tómbolas, incluidas las loterías.”
Disposición adicional única. Notificación a la Comisión Europea.
El órgano administrativo competente comunicará a la Consejería de la
Presidencia, antes de su aprobación y en los términos que se establezcan
reglamentariamente, cualquier proyecto legal, reglamentario o administrativo en
el que se prevean requisitos del apartado 2 del artículo 15 o del artículo 16 de
la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, motivando su
compatibilidad con los criterios de necesidad, proporcionalidad y no
discriminación, para su posterior notificación a la Comisión Europea por los
conductos correspondientes.
Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
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Los procedimientos de autorizaciones iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley se tramitarán y resolverán conforme a la normativa
vigente en el momento de la solicitud.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan
a lo establecido en esta Ley.
Disposición final primera. Adaptación de la normativa vigente.
En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, las
normas que fueron dictadas en desarrollo de las Leyes que son objeto de
modificación deberán adaptarse a la presente Ley en lo que contradigan o se
opongan a la misma.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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