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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004

Situación de los
Derechos Humanos
en el Paraguay
2004

ÍNDICE
CONTEXTO
CRÍTICAS
CRÍTICAS DE LA IGLESIA CATÓLICA
MAGNICIDIO DE LUIS MARÍA ÁRGANA
CORRUPCIÓN
CIUDAD DEL ESTE
ADUANAS
IPS
CONSECUENCIAS Y MÁS CASOS
YACYRETÁ
MÁS CASOS DE CORRUPCIÓN
PETROPAR
EVASIÓN DE IMPUESTOS, COMISIONES, ROBOS Y FRAUDES
PODER LEGISLATIVO Y POLÍTICA
PRENSA
FUERZAS ARMADAS
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PODER JUDICIAL Y FISCALÍA
JUICIO POLÍTICO AL FISCAL GENERAL
INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA
POLI Y MILIBANDIS
TRAGEDIA DEL YCUA BOLAÑOS
Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 200
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Comité de Iglesias
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
RESULTADOS DEL CENSO 2002 88
EDUCACIÓN 89
SALUD 95
ECONOMÍA 100
LEY DE ADECUACIÓN FISCAL 103
OTROS ASPECTOS DE LA ECONOMÍA NACIONAL 105
PROBLEMÁTICA CAMPESINA Y RURAL 107
PARO CÍVICO 123
SINTECHOS 127
CASO QUE INVOLUCRA A PAÍ RUBIO 128
ÁREA URBANA - CIPAE
VIVIENDA 133
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA 134
MEDIDAS ADOPTADAS PARA PONER EN PRÁCTICA EL DERECHO A LA VIVIENDA 135
LABORALES 139
CRUCIFICADOS 141
MEDIO AMBIENTE Y ECOSISTEMA 142
POBREZA 150
INDÍGENAS 155
DERECHOS HUMANOS 159
PROCESOS POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 161
COMISIÓN VERDAD Y JUSTICIA 166
SITUACIÓN DE LA MUJER 167
SITUACIÓN DEL MENOR 168
MIGRACIONES, TRÁFICO DE PERSONAS Y REFUGIADOS 175
SITUACIÓN DE PENITENCIARÍAS 183
CONCLUSIÓN 191

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 200
Informe del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia
Contexto
Tras la caída de la dictadura ocurrida el 2 y 3 de febrero de 1989 el Paraguay ha soportado en los
últimos años los peores índices en cuanto a la economía y ni qué decir la desigualdad social. La
pobreza, la inseguridad, el desempleo, falta de solución al drama de los campesinos, pésimo
sistema educativo y de salud son algunos puntos que hablan por sí solos y muestran que los
paraguayos deben hacer "maravillas" para enfrentar diariamente la dura realidad. Las malas
condiciones del país y la ausencia de un Estado que no toma medidas para revertir la situación son
aprovechadas por la delincuencia organizada para empeorar la situación.
Nuestro país está considerado el 6to. país más corrupto del mundo, segundo en el continente americano,
después de Haití, y primero en Sudamérica en ese ranking. Cuenta con alrededor de 400.000 familias sin
tierra; 2.324.000 personas viven bajo la línea de pobreza; el 37,4 por ciento de la población
económicamente activa tiene problemas de empleo; la población analfabeta de más de 15 años de
edad, es del 7 por ciento; analfabeta rural mayor de 15 años, 10 por ciento; de más de 15 años sin
estudio, 5 por ciento; población rural sin cédula de identidad, el 58 por ciento; población juvenil
analfabeta, 4,5 por ciento; población juvenil del país, 1.527.435. Desde el año 1989 90 dirigentes
campesinos fueron asesinados; el 20 por ciento de la población más rica tiene el 60 por ciento de las
riquezas, y el 40 por ciento más pobre tiene solo el 10 por ciento de las riquezas; el 10 por ciento de la
población tiene el 66 por ciento de las tierras y un 30 por ciento de paraguayos no tienen acceso a la
tierra. El 75 por ciento de los presos no tienen condena. El desempleo abierto es del 7,6 por ciento;
desempleo oculto, 8,3 por ciento; desempleo total, 15,9 por ciento; subempleo visible, 7,7 por ciento;
subempleo invisible, 14,4 por ciento; subempleo total 22,1 por ciento. El salario mínimo de un
obrero es de G. 972.000.
El gobierno de Nicanor Duarte Frutos que asumió el 15 de agosto de 2003 alentó a muchos. Varios
compatriotas quizás pensaron que este año sería el de la consolidación de las instituciones y el
despegue socioeconómico de los habitantes de esta República. Este
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Comité de Iglesias
gobierno despertó muchas esperanzas en diversos sectores de la sociedad, por el discurso
revolucionario del presidente y por la actitud dura, firme e intransigente que trasmitía el mandatario
en sus continuas arengas. Sin embargo, el transcurso del tiempo y sin ver ni sentir resultados
concretos que favorezcan a la ciudadanía, se fue decantando esa ilusión y esperanza de la gente hacia
la nueva autoridad nacional. Los discursos y los gestos en contra de la corrupción, son insuficientes
hasta ahora Este año que concluye encuentra al Paraguay sumido en una profunda corrupción, cada
vez más alarmante inseguridad, en una creciente pobreza y miseria que sigue azotando a la mitad de
su población y sin poder encontrar fórmulas que ayuden a emerger a una superficie con crecimiento
económico, generación de empleo, mayor seguridad y equidad social.
Toda esta situación es el destino de esta nación o es la consecuencia de la larga dictadura que padeció
el país (mayo 1954 a febrero 1989). El advenimiento de la democracia no fue resultado de una lucha
social. El golpe de Estado militar que derrocó al general Alfredo Stroessner el 2 y 3 de febrero de
1989, nació de las mismas entrañas de la dictadura cuyos protagonistas sostuvieron y fueron parte
fundamental de la dictadura derrocada. La transición hacia la democracia tampoco fue fruto de un pacto
político y social hacia la construcción de un modelo de país, sino más bien fue concebida como una
apretada agenda electoral.
Este modelo de Estado vigente en el Paraguay, agropastoril, terrateniente, con agregados
contrabandistas, vigente en los últimos cincuenta años, es sostenido por un mismo partido identificado
con el Estado y con las Fuerzas Armadas, aunque en menor medida en este ámbito en los últimos
años, no ha sufrido grandes variaciones a pesar de los profundos cambios mundiales y regionales
que se han venido sucediendo en los últimos tiempos. Ni siquiera la denominada globalización y
las nuevas corrientes comerciales como el Mercosur, por mencionar lo más próximo en materia de
integración aduanera, han logrado modificar el estado de cosas.
El modelo político-económico vigente que absolutamente no ofrece alguna variación en su esquema,
ya que se nota una falta de visión estratégica para lograr, por ejemplo, el crecimiento
socioeconómico y el desarrollo del país, solo actúa por inercia y de acuerdo a las circunstancias que se
presentan. Así como están las cosas lejos está de dar los saltos necesarios hacia el mejoramiento de
la producción y de una administración moderna tal como lo requiere en la actualidad las nuevas
exigencias para una convivencia adecuada que apunte la definición constitucional del Paraguay como
un estado social de derecho. El sistema económico paraguayo está sustentado básicamente en dos
pilares desde hace décadas. La propiedad agropecuaria calificada por algunos como latifundio
especulador, la que siempre se benefició con el sistema tributario, excenciones fiscales, enormes
facilidades crediticias de la banca pública y privada, primero; y segundo, el comercio de
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
triangulación, llámese contrabando a gran escala, que ha ido definiendo el poder administrador a su imagen y
semejanza. A estos dos hay que agregar el de la falsificación y la piratería. Todo esto fue posible gracias a
legislaciones benignas y funcionales, aranceles favorables, subvaloración de mercadería importada y otras
prerrogativas y normas no escritas pero de plena vigencia, así como la vigencia de un esquema fuertemente
arraigado en la administración pública para favorecer la corrupción y la impunidad por parte de la justicia.
A estos dos "pilares" se le ha sumado un rubro agrícola más ligado a la exportación y que casi no ha traído
absolutamente beneficios a nuestro país, pese a que el Paraguay ostenta el galardón de ser el cuarto país
exportador a nivel mundial de la soja. Al contrario, el cultivo masivo de este rubro ha acelerado el
proceso de concentración de la tierra y el ingreso, ha fomentado la emigración por pobreza de la población
rural hacia zonas urbanas aumentando el cordón de miseria que rodea los centros urbanos. Esto en la
práctica trae consecuencias traumáticas para la gente afectada, colapsando los servicios de salud,
educación y vivienda, porque no tiene empleo seguro y sobrevive en medio de changas o lo que sea
deteriorando la calidad de vida.
A un año y medio de gobierno Duarte Frutos no logra aún dar un salto cualitativo de las palabras a las
acciones, no logra dar con la palanca del poder para producir las anunciadas transformaciones. Es como si
continuara en su propia campaña electoral que debe enfrentar que sería su propia responsabilidad.
En el contexto internacional y sobre todo regional el Paraguay ha seguido una lógica de consenso con
los demás países en asuntos que requerían una posición de la República. Es así que la decisión del
presidente de la República de no enviar tropas a Irak (solicitada por España y Estados Unidos),
responde a un acuerdo sostenido con los presidentes del Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, y de la
Argentina, Néstor Kirchner. Con esta decisión estos tres países muestran ante el mundo una actitud de
bloque de cara, por ejemplo a las negociaciones del ALCA (Área de Libre Comercio de las América).
Tampoco Paraguay se apartó de estos dos países cuando en Naciones Unidas le tocó votar sobre un pedido
de enviar una comisión de derechos humanos de la ONU a Cuba.
Por otra parte, el gobierno paraguayo sigue dependiente fuertemente del apoyo y cooperación,
sobre todo de las donaciones, que el gobierno de la República de China Taiwán otorga. El gobierno
oriental se caracteriza por su generosidad financiera para con nuestro país, ya que es su único aliado
internacionalmente en esta parte del continente. Como contrapartida, el Paraguay, cada reunión cumbre de
mandatarios en Naciones Unidas pide por el reconocimiento de Taiwán como estado soberano.
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|Comité de Iglesias
En el plano regional en varias ocasiones se plantearon interrogantes sobre la conveniencia del Paraguay de
seguir formando parte del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Esto debido a que nuestro país es
objeto de constantes barreras impositivas de parte de los socios mayores del grupo, como son Argentina
y Brasil. En una de las últimas reuniones del bloque, celebrada en Puerto Iguazú, Argentina, el presidente
paraguayo hizo un formal reclamo exigiendo la supresión de la barrera impositiva a productos nacionales,
"porque de lo contrario Mercosur no tiene sentido", decía.
Sin embargo, a pesar de la insistencia de Duarte Frutos en levantar, por ejemplo, el impuesto interno aplicado
por el Brasil a las exportaciones paraguayas, el gobierno nuevamente retornó con las manos vacías de
la Cumbre del Mercosur. Reclamó que los discursos integracionistas entre los países no aterrizan en la
burocracia ni bajan a los niveles de aplicación, y que ese es un capítulo que se debe revisar y resolver.
El ministro de Hacienda Dionisio Borda, también puso en duda la efectividad del MERCOSUR, Considera
que el Paraguay "debería conseguir mucho más. Lo que nos preocupa es hasta qué medida Paraguay se
beneficia del Mercosur". En los trece años de vigencia del Tratado de Asunción el proceso de integración ha
experimentado más contramarchas que avances positivos, según el análisis del economista Ricardo
Rodríguez Silvero, plasmado en m libro. Asevera que la creciente pérdida de credibilidad en el proceso
es, en gran medida responsabilidad de sus propulsores: Brasil y Argentina, que han hecho hasta ahora todo
lo posible por obstaculizar su normal funcionamiento. Agrega que para el Paraguay, el Mercosur
representa mayores desventajas que ventajas, básicamente debido a la diferencia de intereses con sus socios
mayores, y deja entrever que más le conviene abrirse al mundo y no permanecer bloqueado por acuerdos que
solo persiguen el beneficio de Argentina y Brasil, tanto en las negociaciones intrarregionales como frente a
otros bloques económicos subregionales, como la Unión Europea y los Estados Unidos. Puntualiza que al
Paraguay más le conviene abrirse al mundo que estar preso en el bloque.
El análisis de Rodríguez Silvero enumera los principales problemas del Mercosur que son dificultades para
el Paraguay, por ejemplo: el arancel externo común sigue siendo relativamente alto (12 y 14 por
ciento), varias veces más elevado que el promedio de los Estados Unidos y la Unión Europea; el promedio
arancelario de Paraguay se encuentra en alrededor del 9 por ciento; en Chile, en contraste, alrededor del 6 por
ciento; para avenirse al Mercosur, estos países tendrían que aumentar el promedio de sus aranceles. Qué
ventajas podría obtener Paraguay con esto, acostumbrado a la libre competencia, ninguna; asimetrías (por
ejemplo, pobreza, mediterraneidad); el actual acuerdo en el bloque imposibilita desde el punto de vista
jurídico-contractual las negociaciones bilaterales; los intereses de Brasil y Argentina divergen entre sí, y son
radicalmente diferentes a los de Paraguay, por eso no le convendrán las negociaciones en bloque.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
En cuando a los principales problemas del Paraguay, menciona la mala imagen: contrabando
(aproximadamente 20 por ciento del comercio con el bloque), piratería, falsificación, competencia
desleal, etc.; el Gobierno demuestra voluntad política para combatirlos, pero la raigambre de aquellos
vicios y el poder de las mafias pueden debilitarlo; fragilidad de sus instituciones y fallas en su
gobemabilidad; inseguridad jurídica en ciertas áreas; escasa presencia diplomática en el exterior en
general, y en ciertos puestos claves en particular, especialmente cuando dicha presencia debe articularse
en propuestas técnicas.
CRÍTICAS
El gobierno de Duarte Frutos durante este año recibió duras críticas de diversos sectores de la sociedad. Una de
las tantas provino de los empresarios, quienes exigen al gobierno, como lo han venido haciendo desde hace
años a sucesivos gobiernos de esta transición, desarraigar la corrupción, asegurar justicia pronta y barata,
definiciones en políticas financieras y crediticias, la lucha contra la pobreza, la seguridad física y de los bienes.
"Estado paquidérmico y corrupto no nos sirve" afirmaba en junio Enrique Riera, presidente de la Feprinco.
Representantes de sectores sociales también se hacían sentir cada vez con más frecuencia con sus críticas al
gobierno de Duarte Frutos por la falta de respuesta a los reclamos y por falta de cumplimiento de las propias
promesas del jefe de Estado. A mediados de junio, casi simultáneamente cuando Nicanor recibía críticas de la
Feprinco, trabajadores del transporte público criticaban al Mandatario. Incluso llegaron al extremo de que
algunos de ellos se crucificaron frente al local de la Setama (Secretaría del Transporte del Área
Metropolitana).
En este caso el reclamo es por falta de trabajo, pues con algunas medidas implementadas por la Setama
varios vehículos del transporte público fueron sacados de circulación ocasionando la pérdida de
puesto de trabajos de varios jefes de familia.
A mediados de mayo el vicepresidente de la República Luis Castiglioni, en ese entonces en el ejercicio de
la presidencia ante la ausencia de Duarte Frutos, declaraba a medios de prensa que tanto el presidente
como él y todos los que están empeñados en la lucha contra las mafias están recibiendo amenazas.
"Nosotros le estamos tocando, le estamos pisando los callos y los talones. Le estamos acorralando a
una red mañosa, evasora, que ha sobrevivido durante décadas en el Paraguay, cabalgando sobre los
privilegios de una burocracia estatal corrupta", afirmaba el número dos del Poder Ejecutivo. Agregaba
que la mafia está siendo combatida con la mayor fortaleza por eso las amenazas de muerte contra el
viceministro de Tributación, Andreas Neufeld. y por eso las amenazas contra
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Comité de Iglesias
Margarita Díaz de Vivar, directora de Aduanas. Insistía en que las mafias están reaccionando
como siempre reaccionan, amenazando e inclusive tal vez llegando al extremo de ocasionar la muerte de
autoridades.
En enero pasado el propio presidente de la República Duarte Frutos había dicho que había amenazas
contra su integridad, razón por la cual retrasó un día su retorno al país cuando vacacionaba en el Brasil..
CRÍTICAS DE LA IGLESIA CATÓLICA
En lo que va del año 2004 la Iglesia Católica en diferentes ocasiones fue la voz crítica hacia las acciones
del gobierno y sus miembros. Una de las críticas las formuló el titular de la Conferencia Episcopal
Paraguaya, Mons. Claudio Giménez Gaona y fue dirigida al titular del Ejecutivo. Decía que el Ejecutivo
por un lado expresa algo; pero, después, al cambiar de oyentes se produce otro discurso. Entonces eso trae
consigo un desconcierto, una contusión de la población por la falta de una línea clara de conducción.
A principios de noviembre la Conferencia Episcopal Paraguaya realizó su asamblea anual de análisis de la
realidad nacional y eclesial. Con severas críticas al Poder Ejecutivo por su incoherencia frente a importantes
temas relacionados con la vida del país y con el Poder Judicial, que se ve salpicado por continuos escándalos
de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, extorsión y otros vicios culminó la 172° asamblea de la
CEP. Los pastores reclaman además seguridad para la población y la recuperación de las tierras mal
habidas.
La situación del país que perciben los obispos es que sigue siendo dramático y doloroso el vía crucis por el
que atraviesa la nación como consecuencia del aumento de la pobreza y la miseria, del aumento de la
violencia y la criminalidad que dejan en situación de vulnerabilidad, inseguridad y sin defensa a la
ciudadanía; la inseguridad se instaló no solamente en el ámbito social, sino sobre todo en la sicología, la
violencia criminal pase a tomar parte de nuestra vida cotidiana; la incoherencia del Poder Ejecutivo
confunde 3 crea desconfianza hacia las intenciones y las acciones del gobierno; el Poder Legislativo debe
asumir una actitud mucho más responsable y activa para proponer proyectos de leyes que den
respuestas a las necesidades y aspiraciones de la sociedad; los cambios en el Poder Judicial no han
mejorado la justicia y la credibilidad y eficacia de la misma se debilita por continuos escándalos de
corrupción, de nepotismo, de tráfico de influencias de extorsión y otros vicios que creíamos desterrados con
la renovación de la Corte Suprema; de Justicia. En resumen, en estas condiciones, no se podrá pensar en
garantizar, resguarda
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
y, menos, mejorar la seguridad jurídica, los bienes y la vida de las personas; se dan situaciones
concretas del origen ilegítimo de la tenencia de la tierra, legitimadas, sin embargo, por la corrupción,
que requieren justicia, esclarecimiento y acciones decididas para recuperar las tierras mal habidas.
Las acciones que proponen inmediatas y concretas que sugieren son: es urgente que los poderes públicos
diseñen e implementen un proyecto serio de país para dar respuesta a los graves problemas y conflictos
sociales relacionados con la tenencia y el uso de la tierra y con la pobreza en general en nuestro país; es
necesaria una profunda renovación de nuestra clase política para que esté a la altura de las actuales
circunstancias políticas, sociales y económicas; el gobierno debe crear las condiciones para una
reactivación de la economía nacional, apostando a la producción y a la transformación de la materia
prima nacional; se debe encarar con urgencia y seriedad el problema de la seguridad ciudadana; hace falta
una urgente atención a la niñez, preferentemente a la carenciada, atendiendo con urgencia sus necesidades
básicas de sanidad y nutrición con la creación de un fondo común de parte del Estado; dada la
población mayoritariamente joven del país, es necesaria una política de Estado que contemple y
privilegie consecuentemente esta fuerza poblacional en número, energía y creatividad; es necesario
modificar las relaciones sociales injustas hacia horizontes de mayor equidad y solidaridad, con una
política que contemple el bien común; reafirmamos que las escuelas y colegios católicos son el lugar
privilegiado de la educación integral de la persona humana a través de un claro proyecto educativo que
tiene su fundamento en Cristo.
La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) considera que los problemas del país de hace 25 años son los
mismos, pero agravados. Así se resume un documento divulgado el 12 de junio pasado con motivo de
cumplirse 25 años de la publicación de la carta pastoral "El Saneamiento Moral de la Nación". Según los
obispos, continua la apología de la ganancia fácil a través del robo, la violencia e incluso la tortura. "Lo que
llama la atención de un modo extraordinario es que los problemas de hace 25 años son los mismos, pero
agravados, en el Paraguay del año 2004, motivo por el cual invitamos a los fieles cristianos y a las personas
de buena voluntad a releer el documento de los obispos, a la luz de la fe, de la esperanza y del
compromiso para revertir con urgencia una situación que daña profundamente la vida de la sociedad
nacional", expresa el documento.
Recuerdan que en 1 979 los obispos manifestaban su preocupación por los ídolos que destruyen el tejido moral y social
de la nación, como el ídolo de la riqueza como valor supremo, ya que exige adoradores incondicionales y
sacrificios crueles; es insaciable y pide ganancias rápidas. y suculentas, sin mirar a los medios. "Hoy queremos
agregar a estos hechos negativos las, calumnias y falsas delaciones que tan profundamente lesionan la
convivencia social. Sé intriga y se denuncia falsamente, sin medir la gravedad de las consecuencias, lo mismo
a pobres e indefensos ciudadanos que a sacerdotes y obispos", expresa.
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Comité de Iglesias
A fines de julio pasado nuevamente la Iglesia Católica dio a conocer un informe de la situación del país.
El panorama pintado mencionaba un mayor empobrecimiento de gran parte de la población; la injusta
distribución de la tierra sin una debida reforma agraria nacional, que lleva a una galopante
latifundización, con preeminencia de extranjeros e intereses multinacionales; la deficiente atención de
la educación y la salud; el evidente crecimiento del desempleo con su secuela de migraciones internas y
externas; la herencia de gobiernos dictatoriales y corruptos; el atropello a la misma soberanía nacional;
la creciente violencia contra la vida y los bienes de los ciudadanos, que genera la inseguridad y el miedo en
la población; la vergonzosa impunidad ante flagrantes hechos punibles; el aumento doloroso de las familias
desintegradas a causa de la emigración hacia las periferias urbanas; se constata un panorama sombrío con un
futuro incierto.
El presidente decía compartir plenamente la legítima preocupación de los obispos y sacerdotes de la
Iglesia Católica para corregir la herencia de los gobiernos dictatoriales y corruptos y ofrecer mejores días
al pueblo.
A principios del mes de noviembre se difundió por medios de prensa que inteligencia del Brasil detectó un
plan para atentar contra tres obispos de la Iglesia Católica. Mario Melanio Medina, obispo de Misiones y
Ñeembucú; Femando Lugo, obispo de San Pedro, y Adalberto Martínez, obispo de San Lorenzo. El obispo
de Misiones afirmaba que los rumores de amenaza contra su vida serían para desviar la atención ante los
problemas sociales o para amedrentarlo. Señalaba que desde la dictadura salían rumores de amenaza de
muerte y que en esa época incluso uno creía más en las amenazas, pero que ahora en la democracia no tiene
sentido. "Yo personalmente no creo ni me da miedo ni me va a doblegar mi postura de crítico",
expresaba.
Por su parte Mons. Lugo sostenía que la policía y los militares no gozan de la confianza ciudadana en San
Pedro por lo que el clero diocesano rechazó el ofrecimiento del presidente de custodio policial y militar para el
obispo. El clero sampedrano emitió un comunicado mediante el cual rechazó el ofrecimiento del gobierno,
alegando que "nos parece incoherente que mientras los militares y policías matan, maltratan, apalean, apresan y
perjudican a nuestra gente sencilla, pobre y desprotegida, quieran proteger a su pastor devorando a sus ovejas".
La fiscala María Dominga Benítez fue designada para investigar el supuesto plan de atentado contra
los tres obispos.
Las amenazas serían por la postura crítica que mantienen los citados obispos contra el gobierno de
Nicanor Duarte Frutos, especialmente en lo que se refiere a cuestiones sociales que afectan a sectores
desposeídos como los campesinos, indígenas y personas que viven en la miseria.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El obispo de San Pedro, Mons. Femando Lugo, advirtió en ese tiempo que "se viene un nuevo marzo
paraguayo", con relación a la crisis social que azota al país y que cada vez se percibe un mayor agravamiento.
El obispo dijo que el presidente de la República debe tomar la iniciativa de convocar urgentemente a un pacto
social entre todos los sectores. "Debería darse cuenta (Nicanor) de que si persiste esta situación, el gran
perdedor será él". Agregaba que el clima social de zozobra y de alta temperatura en el país está instaurado, y si
el presidente no convoca de manera urgente para lograr un pacto social entre todos los sectores, se viene un
nuevo marzo paraguayo. Insistía en que la mafia se metió por atrás, y puede aprovecharlo para otros objetivos si
el Jefe de Estado no toma las medidas urgentes y correctas.
El sacerdote Félix Miranda aseguró a través de medios de prensa que la actividad de los delincuentes es
continua y que tendría la protección de poderosos "padrinos" vinculados al poder político. Según el
titular de las parroquias del sur del Ñeembucú, existiría complicidad de representantes de organismos
de control de Paraguay y Argentina que no son capaces de ver lo que todo el mundo ve en la frontera.
Incluso se menciona que las pistas ubicadas en lugares casi inaccesibles podrían ser utilizadas como
aguantadero de los secuestradores. La agilidad con que se desplazan los delincuentes en la zona, utilizando
aviones y veloces embarcaciones, facilita el "trabajo" de traslado de las víctimas de plagios y su permanente
"rotación" para evitar su localización. Precisamente una de las víctimas de secuestro, María Mercedes
Elizeche, había sido rescatada al note del departamento del Ñeembucú. El sacerdote lamenta la inacción de
las fuerzas de control que aparentemente estarían protegiendo las acciones ilícitas en el Ñeembucú y
que de la misma manera obrarían las autoridades argentinas.
La Conferencia Episcopal Paraguaya realizó a principios de noviembre su 172° asamblea. Concluyó
realizando severas críticas al Poder Ejecutivo por su incoherencia frente a importantes temas
relacionados con la vida del país y con el Poder Judicial, que se ve salpicado por continuos escándalos
de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, extorsión y otros vicios. Los obispos reclamaron
mayor seguridad para la población y la recuperación de las tierras mal habidas.
La situación que perciben es la siguiente: sigue siendo dramático y doloroso el vía crucis por el que
atraviesa la nación como consecuencia del aumento de la pobreza y la miseria, del aumento de la
violencia y la criminalidad que dejan en situación de vulnerabilidad, inseguridad y sin defensa a la
ciudadanía; la inseguridad se instaló no solamente en el ámbito social, sino sobre todo en la sicología, la
violencia pasó a formar parte de nuestra vida cotidiana; la incoherencia del Poder Ejecutivo confunde y
crea desconfianza hacia las intenciones y las acciones del Gobierno; el Poder Legislativo debe asumir una
actitud mucho más responsable y activa para proponer proyectos de leyes que den respuestas a las
necesidades y aspiraciones de la sociedad; los cambios en el Poder Judicial no han
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Comité de Iglesias
mejorado la justicia y la credibilidad y eficacia de la misma se debilita por continuos escándalos de
corrupción, de nepotismo, de tráfico de influencias, de extorsión y otros vicios que creíamos
desterrados con la renovación de la Corte Suprema de Justicia; en resumen, en estas condiciones no se
podrá pensar en garantizar, resguardar y, menos, mejorar la seguridad jurídica, los bienes y la vida de
las personas; se dan situaciones concretas del origen ilegítimo de la tenencia de la tierra, legitimadas, sin
embargo, por la corrupción, que requieren justicia, esclarecimiento y acciones decididas para recuperar
las tierras mal habidas.
En cuanto a las acciones inmediatas y concretas que propone la Iglesia Católica, se menciona la
urgencia que los poderes públicos diseñen e implementen un proyecto serio de país para dar respuesta a los
graves problemas y conflictos sociales relacionados con la tenencia y el uso de la tierra y con la pobreza
en general en nuestro país; es necesaria una profunda renovación de nuestra clase política para que esté a la
altura de las actuales circunstancias políticas, sociales y económicas; el gobierno debe crear las
condiciones para una reactivación de la economía nacional, apostando a la producción y a la
transformación de la materia prima nacional; se debe encarar con urgencia y seriedad el problema de la
seguridad ciudadana; hace falta una urgente atención a la niñez preferentemente a la carenciada,
atendiendo con urgencias sus necesidades básicas de sanidad y nutrición con la creación de un fondo
común de parte del Estado; dada la población mayoritariamente joven del país, es necesaria una
política de Estado que contemple y privilegie consecuentemente una fuerza poblacional en número,
energía y creatividad; es necesario modificar las relaciones injustas hacia horizontes de mayor
equidad y solidaridad, con una política que contemple el bien común; reafirmamos que las escuelas y
colegios católicos son el lugar privilegiado de la educación integral de la persona humana a través de un
claro proyecto educativo que tiene su fundamento en Cristo, expresa las conclusiones.
Los problemas actuales del país y la ausencia del Estado para ayudar al pueblo a superarlos serán temas de
reflexión de los obispos del Paraguay durante las festividades de la Virgen de los Milagros de Caacupé,
anunció el obispo cordillerano y titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Mons. Claudio
Giménez.
MAGN1C1DIO DE LUIS MARÍA ÁRGANA
La aparición de nuevas "evidencias", respecto al magnicidio del entonces vicepresidente de la República
Luis María Árgana, ocurrida el 23 de marzo de 1999, generaron un largo debate a través de medios de
prensa. Todo se inició con la denuncia de Ladislaa Medina
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
viuda de Aguilar, esposa de Gumercindo Aguilar, considerado testigo falso del hecho criminal que involucró a
varias personas del ámbito político en la muerte de Árgana. La misma dijo que su marido fue contratado
para ser testigo del hecho. Involucró a varias personas como el fiscal general del Estado, Osear Germán
Latorre, a Nelson Árgana, Juan Ernesto Villamayor, Francisco José De Vargas, José Alberto Planas,
Walter Bower, entre otros.
Acusó a algunos policías en actividad de ser autores del asesinato de su esposo, Gumercindo Aguilar.
También ex-allegados a Árgana como Recasens Molinas, su secretario, y su chofer Víctor Barrios Rey,
único sobreviviente del atentado, habían declarado a medios de prensa locales y extranjeros que Árgana
falleció la noche antes del atentado.
La cuestión de fondo de todo esto es la responsabilidad o no en el magnicidio del polémico ex-militar Lino
César Oviedo Silva. El entonces juez Jorge Bogarín González en base de los testimonios falsos de
Gumercindo Aguilar, José Alberto "Icho" Planas, Francisco José De Vargas y Walter Bower, procesó a
Oviedo, Conrado Pappalardo, Víctor Hugo Paniagua y Bonifacio Nara, como autores morales del atentado
que costó la vida a Luis María Árgaña.
Oviedo desde el Brasil y también a través de sus abogados en el Paraguay alentaba la idea de que el
proceso sea reabierto "debido a los nuevos elementos que salieron a la luz pública sobre el magnicidio".
Parecía que el ambiente se estaba preparando para la vuelta del exmilitar a nuestro país. Hecho que se
produjo a fines de junio pasado y actualmente guarda reclusión en la prisión militar de Viñas Cué de
Asunción. El propio titular de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, afirmaba que era posible
revisar el caso si es que así se solicita y los hechos ameritan. También en numerosas ocasiones se planteó
la existencia de dudas respecto al informe de la autopsia del cuerpo de Luis María Árgana. Entre las
diligencias realizadas por la justicia en el caso del magnicidio también continuó la investigación en torno
a la ejecución de José "Coco" Villar, ocurrida el 2 de julio de 1999, a quien se involucró en el asesinato
de Luis María Árgana. El ex presidente de la República Luis Ángel González Macchi admitió ante el
juez José Waldir Servín que había ordenado la intervención militar que culminó con el asesinato de Villar en
Montelindo, Chaco. El ex Mandatario reconoció que no había contado con una resolución judicial y que
actuó sobre la base de los informes que había recibido de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Secretaría
Antidrogas, que sindicaron a Villar como un hombre peligroso y que estaba involucrado en el crimen de
Árgana.
Sobre Oviedo pesa una sentencia de 10 años de prisión dictada por un tribunal militar extraordinario
por la intentona golpista del 22 y 23 de abril de 1996. Esta sentencia fue confirmada por la Corte
Suprema de Justicia.
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Comité de Iglesias
Tras los sucesos del marzo paraguayo (1999) se había fugado del país la tarde del 28 de marzo, tras la
renuncia del entonces presidente de la República Raúl Cubas Grau. Se refugió en la Argentina donde
permaneció hasta el 10 de diciembre de 1999. El 12 de junio del 2000 fue capturado en el Brasil donde le
inició un proceso por algunos hechos delictivos estando 18 meses preso. El Supremo Tribunal Federal
rechazó el pedido de extradición solicitado por el gobierno de Luis González Macchi. Luego obtuvo
residencia en ese país hasta junio del 2004.
Actualmente sigue guardando reclusión en la cárcel militar de Viñas Cue.
CORRUPCIÓN
La corrupción existente en el país es uno de los problemas centrales de la gobernabilidad democrática del
Paraguay. Encarar realmente la corrupción es uno de los principales retos que debe enfrentar el gobierno,
que hasta ahora lo viene haciendo solo en los discursos, ya que en los hechos, como se podrá observar a
lo largo de este informe, cada vez más abundan hechos de corrupción. La percepción que se tiene es
que quienes realmente combaten la corrupción en el Paraguay son los medios periodísticos y cuando
aparecen denuncias de irregularidades en reparticiones del Estado, la reacción es el traslado o el castigo
del funcionario que facilita los datos a la prensa.
El flagelo que quizás sea el que más perjuicio causó a la nación paraguaya es la corrupción en las últimas
décadas y cuya consecuencia sigue pagando muy cara la ciudadanía. Desde diversos sectores sociales se
critica este hecho, se aportan mecanismos para combatirlos, se hacen promesas a diestra y siniestra, pero la
práctica sigue tan campante y tan arraigada especialmente en la administración pública. El Paraguay avanzó
poco o nada en la lucha contra la corrupción en el ámbito estatal, porque sigue en déficit en el
cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
El presidente Duarte Frutos, pese a que pasó más de un año de haber asumido el poder de la República
parecería que sigue en plena campaña electoral por el tono y el sentido de sus discursos, especialmente
cuando se refiere a la corrupción. Prometía en varias ocasiones que los bienes despojados del pueblo serán
recuperados y que "recién estamos en el primer giro del tomillo". Decía también que terminó la época del
despilfarro, de la complicidad, del amiguismo que demasiado robo causó a la patria.
El Paraguay ocupa el lugar más alto del ranking de corrupción política, según el informe global de la
corrupción 2004 de la organización Transparencia Internacional. Señala que
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
el Paraguay tiene una alta corrupción política y figura entre el 17 por ciento de los países que realizan
pagos irregulares en campañas políticas, entre el 41 por ciento de los países que tienen una prevalencia de
donaciones políticas ilegales y entre el 69 por ciento de los países que tienen un alto impacto en su política
como consecuencia de las donaciones.
El Paraguay también aparece como el país que tiene a los aduaneros y policías más corruptos de
Sudamérica en una guía de viñas, bodegas y vinos, editada para esta parte del continente y distribuida a
grandes e importantes empresarios de la región. "Entrar al Paraguay en un auto puede ser, desde los
primeros kilómetros, una experiencia disgustante: los aduaneros y policías más sinvergüenzas de Sudamérica
acosan al forastero demandando papeles y visas inexistentes y desconocidos en cualquier otro país
vecino, con el único propósito de hacerse de unos pocos miles de guaraníes para la cervecita". Esa
es la presentación que precede al relato de las experiencias vividas por un grupo de profesionales que
visitaron varias naciones del continente, entre ellos nuestro país, durante los primeros meses del año pasado.
El Paraguay se compromete ante Naciones Unidas a combatir la corrupción tanto en el sector público
como privado. El Poder Ejecutivo remitió al Congreso la convención de las Naciones Unidas firmada por
nuestro país el 9 de diciembre de 2003 en Mérida, México. El citado instrumento tiene por objetivo
promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de manera eficiente la corrupción en los
sectores público y privado. Obliga al Paraguay a facilitar y ayudar la cooperación internacional y la
asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, así como la recuperación de activos,
promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes
públicos. Este instrumento fue ratificado por el Congreso paraguayo.
Sin embargo, está visto que en la práctica, este tipo de instrumentos y leyes vigentes que apuntan al
combate a la corrupción tiene muy poco valor en nuestro país. Una muestra palpable fue la sanción de
un proyecto de ley sobre declaración pública de bienes y rentas de funcionarios en el que no se establecía
taxativamente la obligatoriedad del acceso público a los bienes. Esta propuesta, por desidia de
diputados del partido de gobierno, tuvo sanción automática. Como queriendo reparar el criticable gesto
de sus diputados el gobierno vetó la ley. Luego se presentaron otros proyectos en el que se garantizaba
el acceso público a los documentos de bienes y rentas de funcionarios. Actualmente sigue pendiente en
el Poder Legislativo este tema.
Hay otras muestras de esta incoherencia. Por ejemplo, la aprobación del proyecto de ley en el Senado que
tipifica y castiga los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Este es un nuevo
instrumento que salió "mutilado", ya que excluye de la normativa a los parlamentarios. Se aplica a toda
persona que cumpla una función pública o tenga
19

Comité de Iglesias
facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos. Castiga
con prisión de 1 a 10 años a quienes con posterioridad al inicio de sus funciones hayan obtenido la
propiedad, la posesión o el usufructo de bienes, derechos o servicios cuyo valor sobrepase sus legítimas
posibilidades económicas y las de su cónyuge o conviviente; también a quien haya cancelado deudas o
extinguido obligaciones que afectaban su patrimonio. Castiga con penas de 3 años o multa al que
reciba o se haga prometer para sí o para un tercero dinero o cualquier otro beneficio como estímulo o
recompensa para mediar ante un funcionario público en un asunto que se encuentre conociendo,
invocando poseer relaciones de importancia o influencias reales o simuladas; igual pena se aplicará a quien
entregue o prometa dinero o cualquier otro beneficio para obtener el favor de un funcionario público. Castiga
con penas de hasta 10 años al funcionario público que promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto
favorable en la emisión de decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que otorguen en forma
directa beneficios para su provecho personal o para el de su cónyuge o conviviente o el de sus parientes
hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.
A principios de setiembre sin embargo, el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad
(CISNI) y Transparencia Internacional Paraguay presentaron el resultado del monitoreo realizado sobre el
cumplimiento en el país de las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Señala
que el Paraguay avanzó poco en la lucha contra la corrupción a nivel estatal en el primer semestre de
este año, porque sigue en déficit en el cumplimiento de la citada convención. Las instituciones públicas ni
siquiera tienen datos sobre hechos ilegales. Hay muy pocos recursos para acceder a datos. La Fiscalía
General del Estado no tiene cifras sobre las causas promovidas contra hechos punibles contra el
patrimonio estatal y enriquecimiento ilícito.
En abril Transparencia Paraguay presentó su informe sobre la lucha contra la corrupción por parte del
gobierno. Señala que el poder administrador no ha demostrado un compromiso demasiado firme en la lucha
anticorrupción. "El grado de cumplimiento de las promesas electorales en los cuatro meses del periodo de
observación no ha demostrado un compromiso demasiado firme del Ejecutivo y menos del Legislativo y
puede ser calificado como no satisfactorio", expresa parte del informe.
Señala también que todos los partidos políticos prometieron luchar contra la corrupción sin embargo, no
existe consenso o debate concertado sobre las medidas a tomar y, en general, todos cayeron en
generalidades. En otras palabras, los programas políticos anticorrupción quedaron en los libretos.
Encuestas realizadas por este organismo señalan que el 50,9 por ciento sostiene que ganan las licitaciones
quienes sobornan a funcionarios, y el 33,3 por ciento dice que las licitaciones ganan los amigos del presidente
de la República; el 49,7 por ciento ya sabe el sistema y cuánto hay que pagar en concepto de coima, el
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
28,80 por ciento sostiene que el propio funcionario pide plata; en tanto que el 14,50 por ciento señala que
el usuario del servicio ofrece el pago o regalo al funcionario. Otra parte de la encuesta dice que el 94,9
por ciento cree que ser pariente de un político abre la puerta al trabajo de un empleo público.
A fines de octubre esta misma institución presentó igualmente el informe sobre la percepción de la corrupción
en 146 países del mundo. Si bien el Paraguay en materia de puntaje tuvo una leve mejoría, 0.3 por ciento,
sigue estando entre los países más corruptos del mundo y del continente. Pues el nivel de corrupción en que se
encuentra el Paraguay es crónico y sistémico. En el mundo está en el sexto lugar entre los más corruptos, y en
Latinoamérica en el segundo lugar después de Haití, lo cual lleva al Paraguay a ser el país más corrupto de
Sudamérica.
A principios de agosto el entonces procurador general de la República Nelson Alcides Mora Rodas, anunció
que querellará a todos los ex presidentes responsables de que el país figure en los primeros lugares en el
ranking de corrupción en el mundo. Dijo que los acusará de "daño moral" e intentará obligarlos a resarcir
económicamente al Estado. También pedirá embargo contra los bienes de ex jerarcas que ya tienen
condena en primera instancia. En realidad esto fue nada más que un anuncio, porque hasta ahora no se
conoce de acción alguna para concretar el anuncio hecho desde la Procuraduría General de la República.
A fines de octubre se habilitó el consejo presidencial con la promesa de hacer un gobierno menos costoso,
desburocratizado y transparente. Asumió el liderazgo del Consejo Presidencial de Modernización de
la Administración Pública el propio presidente Nicanor Duarte Frutos. El objetivo es combatir la
corrupción, premiar la eficiencia, la honestidad, y volver ágil el funcionamiento del aparato estatal. Está
integrado por el Jefe de Estado, el ministro de Agricultura y Ganadería, Antonio Ibáñez; la titular de
Educación, Blanca Ovelar; de Hacienda, Dionisio Borda, y de Industria y Comercio, Emst Bergen. En un
panel debate realizado a principios de este año sobre la Convención Interamericana contra la Corrupción
los panelistas coincidieron en que la corrupción socava el cimiento de las naciones y retrasa el desarrollo de
los pueblos. Uno de ellos, el Dr. Daniel Mendonca, decía que la corrupción provoca conmoción y alarma a
la población y que ello se justifica porque "causa enormes costos económicos, genera inestabilidad
política, retrasa el desarrollo de las naciones, conduce al desprecio de la legalidad, aumenta el poder
de la criminalidad organizada, propicia la desintegración social, destruye los fundamentos morales de
la nación, atenta contra los derechos fundamentales, minan los cimientos del Estado y socava los
fundamentos de la democracia".
En referencia específica a nuestro país, decía que es de corrupción sistemática. Explicaba que eso es así
porque la incorrección es la norma y la corrección la excepción, la conducta desviada se encuentra tan
institucionalizada que rara vez se castiga a un agente corrupto
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Comité de Iglesias
mientras se protegen los comportamientos indebidos. Estima que en el Estado de corrupción sistemática la
administración posee un código formal de prácticas que alientan, desarrollan y ocultan sus violaciones y
quienes violan el código formal son protegidos y quienes hacen públicos dichos comportamientos son
degradados y sometidos a represalias.
CIUDAD DEL ESTE
Esta capital departamental es considerada por muchos como el centro de la corrupción del Paraguay y
quizás del Cono Sur del continente. En esa zona del país reina la piratería, el contrabando, falsificación de
productos y una variedad de actividades ilegales como la evasión de impuestos y subvaloraciones, etc.
Todo lo malo se le atribuye al Paraguay, pero en gran medida los "empresarios" que están detrás de estas
actividades en la mayoría o son brasileños, chinos, árabes o de otra nacionalidad.
Paralelamente al floreciente negocio que permite a unos cuantos enriquecerse, la población común cada vez
vive en peores condiciones de vida. Sobre esta situación reflexionó el embajador paraguayo ante Naciones Unidas,
Rigoberto Gauto Vielman. Este funcionario afirmaba que se la ilegalidad hubiera sido un elemento de riqueza,
Ciudad del Este sería un lugar de gente rica. En el centro de esa capital del departamento del Alto Paraná vive
gente pobre, que gana poco con la venta de productos falsificados, pero que enriquece a extranjeros. Abogó por la
necesidad de cambiar ese modelo de actividad comercial, puesto que los legales no quieren competir con la
piratería existente en la zona. Indicó que el problema es que la ilegalidad impide que aquellos comercios legales se
puedan establecer porque a la hora de vender no es posible competir con la ilegalidad. Nadie quiere establecer un
negocio en un país donde tenga que pagar impuestos, beneficios sociales de los trabajadores y competir con gente
que no cumple estas obligaciones Esto porque comercia, por lo general, con cosas falsificadas que traen del
exterior y en consecuencia saca el 100 por ciento de las ganancias.
El entonces obispo de Ciudad del Este, Mons. Ignacio Cogorza, condenó la bajeza de la corrupción, el
egoísmo y el exagerado partidismo que benefician solo a unos pocos. En el festejo del santo patrono de esa
ciudad, San Blas, el prelado condenó la piratería que destruyó la industria de la zona. Hizo un llamado a la
población para que diga sí a la reconversión de Ciudad del Este.
El centro del comercio entre las dos ciudades fronterizas, Foz de Yguazú y Ciudad del Este, se da por el
Puente de la Amistad que une físicamente a los dos países separados por el río Paraná. El Puente soporta
un tráfico de 25 mil vehículos por día; por la pasarela pasan todos los días más de 50 mil personas; desde
las 16:00 se libera el paso de camiones de cargas; los turistas compradores comienzan a ingresar desde las
4:00; en la margen
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
brasileña son solo dos los organismos que hacen controles: la Policía Federal y la Receita Federal
(Secretaría de Ingresos Federales). En la margen paraguaya son unas 15 las instituciones que
realizan los controles. Todos piden coimas. Un diagnóstico sobre el Puente señala que tiene
infraestructura deficiente; señalización inadecuada; sistema de controles y fiscalización inadecuados;
falta de control entre los organismos de control; tránsito conflictivo de personas y vehículos;
dificultad para el tránsito de turistas; instalaciones precarias para atención a turistas; insalubridad del
local; instalaciones y equipos informática arcaicos.
Desde el Brasil se está impulsando la reestructuración del Puente como parte de un ambicioso plan
turístico de los brasileños, que busca cambiar el concepto de "ilegalidad" que caracteriza a la frontera
entre Paraguay y Brasil. También se viene hablando insistentemente de la necesidad de concretar el
viejo proyecto de construir un segundo puente sobre el río Paraná en las cercanías de Ciudad del
Este, como una forma de descongestionar el tráfico por el Puente de la Amistad.
A mediados de noviembre hubo movilización de personas en la cabecera del Puente de la Amistad
interrumpiendo el paso de vehículos y personas en protesta por la medida del Gobierno del Brasil de
"tolerancia cero", al contrabando. Estaba vigente una normativa que permite a compradores o
"sacoleiros" del Brasil comprar en el lado paraguayo hasta un monto de 150 dólares por persona. A esta
movilización se sumaron autoridades de Ciudad del Este y representantes de diversos sectores de la
ciudad. El conflicto tuvo carácter internacional interviniendo la Cancillería, el embajador del vecino país y
el propio presidente de la República Duarte Frutos quien contactó telefónicamente con el presidente
brasileño Inacio Lula Da Silva. En el segundo día del bloqueo intervino el gobernador del Estado de
Paraná, Brasil, Roberto Requiáo, prometiendo buscar una salida al conflicto. En tanto que el embajador
del Brasil en nuestro país, Valter Pecly Moreira, ratificó que su gobierno seguirá con el operativo
"Cataratas" hasta el 22 de diciembre.
Tras una serie de negociaciones entre autoridades de ambos países en las dos ciudades fronterizas se
levantó el bloqueo y se rehabilitó el tránsito por el puente internacional. En una asamblea popular los
manifestantes decidieron aceptar el acuerdo compromiso firmado. Los trabajadores indicaron que si no se
cumple el pacto, volverán a cerrar el paso por la pasarela internacional. El compromiso contempla:
agilizar el paso de vehículos por el Puente de la Amistad, retirando todas las barreras físicas que existen
en la zona primaria brasileña; cumplir la cota de 150 dólares; el compromiso de la Receita Federal
de acompañar el pedido de aumento de la cota a 500 dólares; exigir a los gobiernos de Brasil y Paraguay
el cumplimiento de la agenda 19 del Mercosur que establece políticas para el desarrollo de Ciudad del Este
y Foz de Yguazú; el compromiso fue avalado por el presidente de la República en ejercicio, Luis
Castiglioni, y diputados de Paraguay y del Brasil.
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Comité de Iglesias
El coordinador general de la administración aduanera de la Secretaría de la Receita Federal del Brasil,
Ronaldo Lázaro Medina, había dicho que mientras no se cierre la "puerta de entrada", llamada Ciudad del
Este, su país seguirá siendo "invadido" desde Paraguay por productos falsificados que, para colmo de
males, ingresan de contrabando. Un informe divulgado en Brasilia en un seminario nacional de la
propiedad intelectual, decía que empresarios brasileños fabrican cigarrillos en el Paraguay e ingresan de
contrabando al mercado brasileño. Señala que en el año 2002 movilizó 46 billones de cigarrillos, es decir
el 32,5 por ciento del total de cigarrillos consumidos en territorio brasileño.
El presidente paraguayo Duarte Frutos anunció que pedirá una compensación al Brasil ante la lucha
contra la ilegalidad y la piratería que implemento en la zona de Ciudad del Este. Con ese dinero se
construirá el centro comercial para reubicar a todos los trabajadores informales de la vía pública de la ciudad
fronteriza. "No es posible que estemos luchando contra la piratería y otras ilegalidades y debamos hacer
pasar hambre a nuestro pueblo”, expresó el Mandatario en un acto en Ciudad del Este.
La excesiva burocracia municipal y los pedidos de coimas están trabando una inversión de 3,5 millones
de dólares en Ciudad del Este, según denuncia del abogado Paraguayo Cubas. Indicó que para
conseguir una simple certificación de localización tuvo que "peregrinar" por la comuna durante 30
días. Agregó que en la División Catastro de la comuna le pidieron la suma de 500 dólares para acelerar
todo el proceso. Un grupo de empresarios taiwaneses pretendían instalar una fábrica de CDs vírgenes y
DVD.
A principios de marzo de este año fue incautada de una casa de cambios clandestina que funcionaba en
Ciudad del Este la suma de 450.000 dólares americanos y 240.000 reales (unos 3.000 millones de guaraníes
al cambio del momento), presumiblemente producto de lavado de dinero. Esta intervención se realizó en
prosecución de las investigaciones de lavado de dinero y evasión impositiva, a cargo de los fiscales Juan
Carlos Duarte y Carolina Rosa Gadea. El local intervenido fue "Telefax S.A. Préstamos Prendarios", una
casa de cambio que operaba clandestinamente.
Un grupo de chino es sospechoso de haber remesado colosales sumas de dinero "sucio" a bancos del Asia
como parte de operaciones que, según investigaciones fiscales, apuntan al lavado de dinero. Al menos
tres casas de cambio de Ciudad del Este fueron utilizadas para esos envíos. Estos datos fueron
descubiertos tras la intervención del citado negocio clandestino que es utilizado para blanquear fortunas.
De acuerdo a las investigaciones, hasta 5 millones de dólares por día remesaban al exterior desde la casa de
cambios "Telefax S.A. Préstamos Prendarios". Seis paraguayos de un grupo de 22 personas fueron acusados
de haber lavado cerca de 880 millones de dólares entre Foz de Yguazú y Ciudad del Este. La acusación
estuvo a cargo del Ministerio Público del Brasil, que ha dividido en varios procesos el caso de la
"lavandería" instalada en la frontera.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Los paraguayos denunciados por el ilícito cuyos nombres fueron publicados por medios de prensa son:
Aníbal Antonio Montiel Ibarrola, Anuncio Rafael Almada Huber, Juan Bautista Almada Huber, Mario
Miguel Almada Huber, Mario Alcides Toppi Ortigoza, Juan Carlos Rotela Millos, Juan Carlos Ramírez
Villanueva, Juan Carlos Domingo Prono, Juan Carlos Baraja Saldívar, Juan Carlos Augusto Ferreira
Martínez, Humberto Manuel Aquino Gómez, Guillermo Eduardo Espinóla Villanueva, Francisco
Isabelino Lovera Bareiro, Agripino Ortega Ramos, Crescencio Barreto Portillo, Daniel Villalba Jara, Elvio
César González, Francisco Ortiz, Rodolfo Gustavo Benítez Reyes, Ramón Ramírez Zarate y Pedro Alcides
Barreiro Molinas.
La prensa publicó que un libanés acusado de lavado contaba con la bendición de policías y fiscales. Un
verdadero esquema de protección creó a su alrededor el libanés Kassem Mohamad Hijazi para operar
sin ser molestado por las autoridades policiales y hasta militares en el lavado de dinero. El mismo operó
por años con la casa de cambios clandestina "Telefax...", sin que los organismos de seguridad y
prevención de hechos delictivos procedan siquiera a molestarlo. Además, pese a no tener arraigo en
el Paraguay y a la oposición del fiscal Juan Carlos Duarte, el juez Raúl Virgilio Martínez concedió la
medida sustitutiva de libertad. Igualmente el paraguayo Nelson Fariña Fleitas, detenido con 160.000 reales
adheridos al cuerpo, fue beneficiado con la medida sustitutiva.
Solo estos dos casos constituyen muestras palpables de que en el Paraguay reina absolutamente
el imperio de la impunidad de la mano de la Policía Nacional y de representantes del Poder Judicial.
El esquema de lavado de dinero que se montó en la frontera paraguayo-brasileña utilizó casas de cambio
y bancos de ambos países y tuvo la protección de autoridades de Paraguay y del Brasil. En el Brasil la
investigación sobre esta actividad ilícita se inició en el año 1996 y existen 3.500 personas
investigadas, de las cuales están procesadas 191. Se informaba que más de 100 paraguayos fueron
procesados en el Brasil por delito contra el sistema financiero, entre ellos el lavado de dinero, y otros 300
estarían siendo investigados por el Ministerio Público Federal. Los principales acusados están o estuvieron,
vinculados a casas de cambio que operan en Ciudad del Este.
Las pesquisas giran sobre lavado de dinero, evasión de impuestos y lesión de confianza. Desde Foz de
Yguazú se remesaron al exterior 24 mil millones de dólares entre 1996 al 2000. El Parlamento del
Brasil abrió una investigación para identificar a políticos involucrados en el esquema. Conformó dos
Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) para realizar pesquisas sobre el lavado de dinero en
Tres Fronteras. Se presume que los mismos lavaban dinero a nombre de testaferros, quienes recibían
irrisorias sumas por prestar el número de su CPF (Catastro de Personas Físicas).
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Comité de Iglesias
En el lado paraguayo el superintendente fiscal Juan Carlos Duarte, ensayando una llamativa defensa de las
casas de cambio clandestinas, declaró que esos "negocios", que estarían sirviendo para lavar millones de
dólares diariamente en la frontera, no son otra cosa que "corredores de cambio". La prensa publicaba que
haciendo un simple cruzamiento de datos con la Comuna de Ciudad del Este, que no tardaría más de 5
minutos, se puede afirmar que lo manifestado por el fiscal es falso, pues ninguna de las prácticas mencionadas
figuran en la Municipalidad como dedicada al mencionado rubro.
A fines de agosto la Fiscalía anunciaba la imputación de 47 personas por lavado de dinero junto al libanés
Kassan Hijazi, anunciaba el fiscal Juan Carlos Duarte Martínez.
Otra denuncia en Ciudad del Este señalaba que funcionarios de Delitos Económicos de la Policía Nacional
daban protección a abogados que extorsionan a comerciantes extranjeros. La rosca es conocida como la
"mafia de las marcas". Las publicaciones daban cuenta que a principios de abril en la galería Zuny, la
abogada Linda Taiyen, junto a tres agentes policiales, exigía a un libanés que le pague supuestamente la
suma de 6 mil dólares para que le permita comercializar una carga de cepillos de dientes. A raíz de las
publicación agentes del Departamento de Delitos Económicos de la Policía y abogados de la referida
mafia de las marcas, iniciaron una fuerte presión sobre los comerciantes extranjeros para evitar que los
mismos denuncien ante los medios de prensa las extorsiones de los que diariamente son objeto. Se
informaba que el comerciante de origen árabe Majed Kamel Younes huyó del país ante las amenazas que
recibía de los integrantes de la mafia de las marcas casi diariamente.
Una de las organizaciones delictivas mejor estructuradas y las que más recaudan es la referida mafia de
las marcas. Una sola de las ramas de ese grupo integrado por comerciantes y abogados, que tiene sus
tentáculos en el Ministerio de Industria y Comercio, Poder Judicial, Ministerio Público, aduanas,
policías y militares, obtiene ingresos por más de mil millones de guaraníes mensualmente en detrimento
de las arcas del Estado y de la imagen del país, fruto de la extorsión que realizan a comerciantes. Esta
denominada mafia de las marcas tiene dos grandes ramificaciones o especialidades: la primera es la
integrada por abogados que se dedican a trabajar con las grandes firmas internacionales, como ser la
Disney, Nintendo, Bic, Lorytonn. Etc. Estos tienen la misión de impedir que ingresen al país cualquier
imitación de los productos que representan. El otro equipo es el que se dedica a registrar las marcas
como inventadas y creadas por ellos. Es así que en Ciudad del Este viven los que "inventaron" el
paraguas o sombrillas, los mantelitos, los estuches de CDs, los jueguitos electrónicos portátiles, el
encendedor, los autitos en miniatura y los colores y nada más y nada menos que el creador de los
embalajes para los cepillos de dientes. La prensa publicaba que el comerciante de origen libanés, Alí
Ahmad Zaioun, además de ser informante de la Policía Antiterrorista del Paraguay, es un gran inventor,
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Pues, según los registros solicitados y obtenidos en el Ministerio de Industria y Comercio, el mismo se
presentó como el inventor de las máquinas de calcular.
Pese a las graves denuncias publicadas por la prensa sobre el accionar de la mafia de las marcas en las
aduanas del país un poderoso grupo dedicado a extorsionar y negociar el ingreso de mercaderías
falsificadas, no se observó resultado concreto sobre alguna investigación que se haya iniciado.
En la zona fronteriza del Este por lo visto hay lugar para todo tipo de hechos delictuales. Los casos que se
dan podrían hasta servir de inspiración a novelas sobre hechos reales al más pintado escritor. Otros casos
ilícitos conocidos a través de la prensa es la clonación de teléfonos celulares. Pero no solamente teléfonos
celulares son clonados por el esquema mafioso que está instalado en Ciudad del Este. Documentos al igual
que tarjetas de crédito y cheques también son duplicados en base a otros auténticos. Las empresas
brasileñas son las principales víctimas de ese esquema ilícito que deja millonarias ganancias a quienes
comandan el negocio ilegal que sigue creciendo ante la tremenda impunidad que existe. Pero, como es
lógico en el imperio de la impunidad, la justicia ignora todo lo denunciado a través de los medios de
comunicación. Incluso si intervienen su accionar sirve más bien para "blanquear" los ilícitos. En el caso
de la clonación de celulares el fiscal Carlos Giménez Vallejo intervino la firma "Mini Carlos", donde
periodistas comprobaron que sí se hace esa operación, y "comprobó" que en ese lugar no se venden
celulares robados y clonados y no existe clonación en el lugar.
Un conflicto entre transportistas creó caos en el Puente de la Amistad que une Ciudad del Este, Paraguay
con Foz de Yguazú, Brasil. De por medio existen denuncias de coimas para habilitar a los mototaxis
para que realicen el servicio de transporte en la frontera. Taxistas paraguayos impidieron el ingreso de
mototaxistas a la zona céntrica de la capital del Alto Paraná desde el citado puente internacional.
También se denunció nuevamente este año la vigencia de los "guías" en el puente de la Amistad que
piden coimas a quienes ingresan al país apoyado por agentes policiales. Los "guías" de estacionamiento
exigen coimas a los visitantes que llegan a Ciudad del Este. Los mismos trabajan en contubernio con
funcionarios de la Policía Municipal y efectivos de la Policía Nacional. La coima exigida por los mismos
oscila entre 5 a 10 reales a los turistas, para que les puedan indicar dónde estacionar o tener acceso
privilegiado en el citado puente internacional.
La Receita Federal (Secretaría de Ingresos Federales) del Brasil instaló en la zona primaria del Puente de la
Amistad, lado brasileño, alambres con cortantes (tipo arpón) para combatir
27

Comité de Iglesias
el contrabando. Es decir para evitar que los sacoleiros tiren sus mercaderías al río, de donde otras
personas recogen o ingresan al país y así logran burlar el control.
A principios de este año el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica nuevamente
vinculó a la región de Tres Fronteras (Paraguay-Argentina-Brasil) con grupos terroristas. Algunos analistas
tomaron esta información como una especie de represalia contra el Brasil, cuyo gobierno decidió fichar a
todos los estadounidenses que llegaban al vecino país. El viceministro de Relaciones Exteriores, Luis
Fernando Avalos, señaló al respecto que el "alerta" estadounidense sobre la zona de Tres Fronteras, está
desfasado . En tanto que en Foz de Yguazú, Brasil (ubicado frente a Ciudad del Este, Paraguay)
culpan a los norteamericanos y a este tipo de información de la disminución de turistas. Indicaron que
cerca de 400 mil turistas dejaron de venir el año pasado a la zona de las tres fronteras a causa de las
acusaciones sobre la existencia de supuestos grupos terroristas.
ADUANAS
Una investigación profusamente divulgada por la prensa daba cuenta que mensualmente ingresan al
Paraguay mercaderías por valor de entre 35 y 40 millones de dólares. La mayor parte de estos
productos, que son adquiridos en la zona franca de Iquique, Chile, entra directamente de contrabando; la
otra parte está subvalorada. En el esquema estarían involucrados funcionarios de la Dirección General de
Aduanas, del Ministerio de Hacienda, políticos y empresarios del sector privado. Abastecen al 70 por
ciento de los pequeños y medianos comerciantes de la capital del Alto Paraná. Todo el sistema funciona
con una tremenda informalidad e ilegalidad que permite traer cargas a nombre del propio presidente de la
República Nicanor Duarte Frutos, identificado con las iniciales PNDF. Para respaldar el trabajo periodístico
se informa que los investigadores compraron un lote de mercaderías que entró al país sin ningún tipo de
documento. Solo se utilizaron boletas de remisión de los negocios chilenos que ya vienen subfacturadas.
La investigación periodística dice que por cada camión que ingresa con mercadería desde la zona franca
de Iquique se estaría abonando una coima de 7.500.000 guaraníes a los aduaneros involucrados en el
esquema. Haciendo un cálculo rápido, los "muchachos” estarían recaudando semanalmente G. 450
millones, teniendo en cuenta que ingresan como mínimo 60 camiones. Igualmente se está entregando una
"tasa" mensual a funcionarios del Ministerio de Hacienda, desde donde existe una protección a
los supuestos contrabandistas, quienes, pese a las denuncias, seguían operando regularmente.
La firma Latina Import S.R.L., responsable del ingreso masivo de mercaderías supuestamente
de contrabando, desde Chile, paga sumas irrisorias en concepto de impuestos,
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
según los registros de la Municipalidad de Ciudad del Este. Menciona la información que una firma que en
un solo día ingresó más de 40 camiones de gran porte repletos de mercaderías, el año pasado pagó apenas
1.221.000 guaraníes en concepto de patente comercial. Latina registró en Aduanas importaciones desde
Iquique por más de 10,8 millones de dólares en siete meses, y en el mismo periodo, sin embargo, no
declaró un solo guaraní en ventas, ni pagó un centavo de impuesto. Esta empresa controla cerca del 90 por
ciento de todas las importaciones que llegan del puerto franco de Chile. Esta firma fue ligada por la prensa
con el diputado colorado Ricardo "Lilito" Árgana, quien usaría su influencia política para subvaluar o
evadir directamente el pago de tributo por la mercadería que la citada firma Latina Import S.R.L. ingresa
al Paraguay. La Dirección General de Aduanas a través de su titular Margarita Díaz de Vivar, anunció la
realización de un sumario a la empresa Latina Import S.R.L. Sin embargo, hasta fines de noviembre no
pasó nada.
En Aduanas se denunció el robo de recaudaciones que serían más de 4.000 millones de guaraníes. Las
administraciones aduaneras de Asunción, Pilar, Paksa y del aeropuerto Silvio Pettirossi no enviaron las
documentaciones exigidas por los auditores para controlar sus recaudaciones. Eso, decía la información
publicada, hace suponer que el monto desviado sería muy superior a los 4 mil millones de guaraníes. El
informe de auditores revela además que varios funcionarios del sistema informático Sofía están
involucrados en el esquema, teniendo en cuenta que algunas operaciones fueron "borradas" para permitir
el robo al fisco. En un solo día se robaron más de 313 millones de guaraníes de las recaudaciones
de la Aduana de Ciudad del Este, revela el informe de auditoria número dos entregado a la titular de la
entidad recaudadora estatal, Margarita Díaz de Vivar.
Funcionarios de Aduanas estaban vendiendo las informaciones confidenciales de los despachos de importación y
exportación, que luego eran utilizadas para manipular los documentos. Igualmente, despachantes e
importadores eran habilitados momentáneamente para operar y facilitar el robo del dinero público, según
revela el informe de la auditoria, lo cual confirma que el esquema del desvío de fondos es manejado por los
propios jefes aduaneros, quienes siguen impunes en sus cargos, pese a las evidencias que existen contra los
mismos.
Un gigantesco esquema de falsificación y evasión fiscal fue desbaratado en Ciudad del Este con la retención
de dos contenedores clonados y la incautación de casi 2 millones de CDs vírgenes, de la marca Dr. Hunk,
además de chapas de vehículos y otros documentos aparentemente falsos. Los contrabandistas clonaban
los números de los contenedores, que eran pintados con el mismo color y características, y hacían el despacho
legal de las mercaderías de uno de ellos, para utilizarlos posteriormente con todos los otros que de esa forma
ingresaban al país en "frío". De esa manera habrían evadido millones de guaraníes en impuestos, en
complicidad con funcionarios de Aduanas, quienes supuestamente, no se percataban de la burda falsificación
de los números de los contenedores, según presumen en el Ministerio Público.
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Comité de Iglesias
El administrador de Aduanas del aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, Ramón Mostafá Admen Benítez,
fue detenido tras ser detectado mercaderías presuntamente falsificadas, ingresadas de contrabando. Esto
ocurría a fines de marzo. También otros tres aduaneros, quienes participaron en la recepción y verificación
de las mercaderías provenientes de Miami, Estados Unidos, y que llegaron a la citada estación
aeroportuaria de Alto Paraná fueron detenidos y recluidos por orden de la fiscala regional. Ellos son:
Víctor Olmedo Florentín (jefe de valoración), Luis Expedito Gauto Céspedes (jefe de inspección), y Juan
Guillermo Espínola Velázquez (jefe de registros). El operativo formó parte de una serie de
procedimientos fiscales, tendientes a desbaratar toda una red delictiva que estaría introduciendo al país
mercaderías de contrabando y en otros casos evadiendo impuestos mediante la subvaloración de los
artículos importados.
A través de un sofisticado sistema informático unas 380 empresas están evadiendo al fisco "clonando"
tiquetes. El programa incluso fue aprobado por el Ministerio de Hacienda. Llamativamente, a pesar de
denuncias concretas sobre 3 empresas que hacen esta doble facturación, no fueron fiscalizadas. La
"clonación" se está constituyendo en los últimos tiempos en delito de moda. Pues esta práctica es
aplicada en diversas actividades económicas y lo grave es que va ganando terreno en la actividad
delictiva del país.
IPS
A partir de la funesta administración de Edgar Osvaldo Oviedo y su sucesor el militar Hugo Dejesús
Araújo, ninguno de los presidentes sucesivos del IPS pudo combatir y erradicar la mafia y el robo en esa
institución. Antes bien, han derrochado la plata aportada por obreros y patrones. Por el IPS pasaron los
siguientes presidentes: Edgar Osvaldo Oviedo Zaracho, Hugo Dejesús Araújo, José María Fernández,
Samuel Brunstein, Ignacio Mendoza, Luis Cubas Grau, Elio Brizuela, Alberto Echeverría Meza, Mario
Luján Melgarejo, Filemón Paniagua, Darío Filártiga, Bonifacio Irala Amarilla, Leandro Domingo Redondo,
Víctor Solalinde, Cecilio Cano Flores, Ovidio Otazú y actualmente es el Ing. Pedro Ferreira. De las 17
personas las primeras dos fueron durante gran parte de la larga dictadura de Stroessner y el resto
corresponde a la era de la transición democrática. Es decir 15 presidentes en 15 años de transición
democrática; en promedio se tiene que cada año hubo cambio de presidente del IPS.
Los males históricos de este instituto son: Robos de medicamentos, licitaciones amañadas, compras
sobrefacturadas, planillerismo, sindicalistas haraganes y radicalizados, falta de insumos y remedios,
maltrato a los asegurados, legión de recomendados políticos, fuente de préstamos preferenciales, oídos
sordos e impunidad a denuncias, colas interminables
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
en la farmacia, incumplimiento de horario de médicos, atención y remedios para los aportantes,
escasa cobertura en horario nocturno, feriados, atención a cargo de practicantes, y caos en sector de
vendedores informales, entre otros.
El actual presidente tiene como meta corrupción cero, mejoramiento del servicio de salud y jubilación
ordinaria automática. Sus promesas fueron que ya no faltarán medicamentos, implementación de un
organigrama específico integral, solución a la burocracia y los maltratos, acciones para la
recaudación inmediata, no más créditos directos, inversiones seguras, atención digna a todos los
asegurados. Pero todo esto hasta ahora sigue en veremos ya que la percepción de los asegurados es
que todo sigue igual o peor que antes con excepcionales y aislados casos de mejoramiento.
En otra de sus tantas arengas Duarte Frutos hacia una severa advertencia a los proveedores de
medicamentos del Instituto de Previsión Social, asegurando que no permitirá que estafen al pueblo,
puesto que hasta pastillitas de almidón daban (los proveedores) como aspirinas. Explicaba que había
empresas que falseaban los medicamentos que entregaban al IPS. Uno de los dramas de los
asegurados del IPS desde hace un buen tiempo es la falta de remedios. A fines de marzo el instituto
aprobó la compra de medicamentos sin licitación por G. 8.000 millones debido a la imprevisión y
deficiencia administrativa del sector salud. A la falta casi permanente de medicamentos los asegurados
del IPS también sufren de malos tratos, según denuncias recogidas por la prensa. También resalta la
falta de atención de pacientes crónicos que no pueden ser atendidos debido a que casi
constantemente los instrumentos tecnológicos no están en condiciones. Uno de los sectores más
castigados en ese sentido es el que afecta a personas que deben seguir tratamiento de diálisis.
Afines de agosto se informaba por los medios de prensa que el IPS logra ahorrar G. 2.232 millones al
mes luego de descubrir y suspender la atención a 93 O personas que consultaban periódicamente en las
clínicas periféricas sin tener derechos. El dato es resultado de la inversión en nueva tecnología
informática, explicaba el titular del ente Ing. Pedro Ferreira. Jubilados del IPS se manifestaron a
mediados de mayo y denunciaron que la atención médica del IPS podría entrar en un colapso.
Afirman que ello ocurriría si no aumenta la recaudación ante el aumento de pacientes, en especial
docentes jubilados. Advirtieron sobre posible desvío de medicamentos para atención en los
hospitales del Ministerio de Salud Pública. Entre las irregularidades denunciadas se mencionan: 1-
Los jubilados denunciaron que signen faltando algunos medicamentos pese a millonarias compras
por más de G. 7.000 millones. Funcionarios de la farmacia externa del hospital central
confirmaron la carencia. 2- Los manifestantes también se quejaron de la racionalización en la
entrega de fármacos. Las autoridades del IPS aclaran que el objetivo es evitar despilfarros al
entregar productos para pacientes no crónicos. 3- El consejo de
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Comité de Iglesias
administración del ente completó la adjudicación para la compra de fármacos por unos G. 32.000 millones.
Los productos se tendrán en los hospitales en unos días más, según la promesa. 4- Los jubilados advirtieron que el
plan financiero de la administración del Ing. Pedro Ferreira serviría para desfondar el IPS. El titular del instituto
defendió su proyecto y aseguró que la diversificación de la inversión es justamente para evitar nuevas pérdidas
de fondos en bancos.
Los jueces Digno Fleitas, Germán Torres y Mará Ladan dejaron impune un perjuicio de 4.500 millones
de guaraníes al patrimonio del IPS, que se concretó a través de un pago irregular de gratificaciones a los
funcionarios de la institución, de acuerdo a la acusación de la fiscalía. Los mismos, mediante un criticado
fallo, sostuvieron que no es reprochable la conducta del ex presidente del ente Bonifacio Irala
Amarilla, así como de los ex consejeros y del ex administrador, también enjuiciados.
Otro golpe contra la mayor previsional de nuestro país fue la impunidad que se dio con el "asqueroso" robo
detectado en la cocina del hospital. En 1994 se había denunciado el robo de alimentos de ese lugar,
hecho que acaparó las portadas de los distintos diarios, causando la repulsa de la ciudadanía y motivó
reiteradas promesas de castigo a los culpables por parte de las autoridades. También dio origen a un
juicio que llegó a su final sin condenados ni absueltos, solo varios sobreseídos por inacción judicial. Es
un hecho de corrupción más que se integra a la nefasta galería de la impunidad que ostenta el Poder
Judicial en el Paraguay. El abogado Simón Jara Sosa, en la parte final del sumario administrativo
expresaba textualmente: "Puede colegirse que, de todos los productos comprados, licitados y
adjudicados semanalmente para el hospital, es un robo asqueroso y una montaña de corrupción que
solamente basta realizar la comparación de los precios oficiales de productos con su escala de menor al
máximo posible y no llega ni al 50 por ciento del precio en que son adjudicados desde hace tiempo a
cuatro empresas que pasan precios inflados hasta en 72 por ciento del valor real".
Se trata de otro caso más que pasa a engrosar la larga lista de casos de corrupción caratulados
popularmente como el "opa rei".
A fines de abril la fiscala Victoria Acuña solicitó la condena del ex presidente del IPS Alberto
Echeverría Meza, de los ex consejeros del ente Néstor Méndez Núñez, Andrés Burgez y Stella de Servín y
del ex síndico de la previsión Víctor Pérez Mazó, por defraudación y peculado. Fue por la concesión de un
millonario crédito a la empresa Atilio Salomón e Hijos, que ha causado un perjuicio de más de 1.800
millones a la institución.
El ex síndico del IPS Guillermo Báez Huerta denunció ante la prensa que la previsional de enero a abril
de este año dejó de ganar G. 1.268 millones porque obtuvo menor rentabilidad en sus colocaciones.
Señaló que de enero a diciembre de 2003, perdió más de
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
G. 6.600 millones. Los consejeros estarían violando la Ley 98/92, pero el titular del instituto, Ing. Pedro
Ferreira, aseguró que no se debe tener en cuenta solo la rentabilidad para aprobar las inversiones, sino
también la seguridad.
CONSECUENCIAS Y MÁS CASOS
A inicios de marzo el jefe de Estado anunciaba la habilitación de un portal electrónico para realizar las
contrataciones públicas. En tono desafiante hacia los corruptos del sector público y privado decía "a los que
apelando a maniobras torcidas, a los vicios que encarecen los costos en las contrataciones, generan
privilegios irritantes, matan la competencia sana y empobrecen a la nación" que la habilitación del
Portal de Contrataciones Públicas, permitirá a toda la ciudadanía vía Internet el control sobre el uso de
recursos oficiales. La corrupción y la inestabilidad política en el Paraguay ahuyentan las inversiones,
decía Orto J. Reich, enviado del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica a nuestro país.
Señaló que de las tres fronteras sale el dinero para financiar a grupos terroristas. El subsecretario para
Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, advertía igualmente que la seguridad
jurídica que ofrece Paraguay no ha sido suficiente hasta ahora como para atraer realmente la inversión
extranjera. Sostuvo que uno de los mayores obstáculos es la corrupción. "La mayoría de las compañías de
países industrializados no pueden trabajar donde hay corrupción, por las limitaciones que le imponen
sus propias leyes nacionales", decía.
Un ejemplo de las advertencias del funcionario estadounidense es lo que sucedió con un inversor
argentino. Cansado de los robos y todo tipo de atropellos sufridos, el inversor argentino Claudio Zichi
Thyssen decidió retirarse del país. Para ello anunciaba el remate de 3.000 cabezas de ganado y tratar de
levantar las 1.500 hectáreas de soja que tiene cultivada. La estancia del mismo, Toro Blanco, está
ubicada en Taba'i, departamento de Caazapá, unos 300 kilómetros de Asunción. Mencionaba que en
menos de dos meses los abigeos le robaron 45 animales.
La prensa local denunciaba a través de sus publicaciones que traficantes de cigarrillos, vehículos y
droga dominan las rutas del Chaco. Los traficantes de los citados rubros que tienen por destino el mercado
argentino y boliviano trazaron caminos en el departamento de Presidente Hayes aprovechando el escaso
control y lo desolado de estas zonas. Uno de los caminos utilizados es la conocida Ruta Ñ, que parte en el
Km. 160 de la Transchaco y comunica con la Ruta XII a la altura de Fortín Caballero. El otro tramo es
Gral. Díaz y sus bifurcaciones hacia La Patria y Blas Garay hasta llegar a la frontera seca. En un
aparatoso procedimiento judicial policial se decomisaron 200 cajas de cigarrillos en Fortín Caballero
correspondiente a la marca Rodeo y 51 entre otros productos.
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Comité de Iglesias
YACYRETÁ
Un informe de 350 páginas de la Entidad Binacional Yacyretá fue remitido a la Cámara de Diputados y
revela en detalles el grosero despilfarro de fondos públicos. El documento, que en principio la Cámara de
Diputados retuvo y no quiso dar a publicidad el contenido, muestra, entre otras cosas, que solo en viáticos al
personal superior se pagó más de 5 mil millones de guaraníes entre el 2000 y junio de 2004. Además
detallan los 300 millones de guaraníes que se gastaron en reparar el nuevo edificio que Yacyretá compró en 2
millones de dólares y los G. 1.900 millones que se pagaron en alquiler de aviones.
Un informe sobre Yacyretá también fue elaborado por la Contraloría General de la República en el
que revela multimillonario despilfarro del dinero que bien pudo haberse utilizado en programas de
carácter social que tanta falta hace al país para mitigar la aguda pobreza que afecta a una gran mayoría
de la población. El documento fue tomado por el denominado bloque opositor que integran cuatro
partidos de la oposición con representación parlamentaria y presentado ante la Fiscalía General del
Estado como una denuncia formal para que se investigue y sancione a las personas involucradas en los
millonarios fraudes, algunos de ellos integrantes del gabinete de este gobierno y otros miembros de la
Cámara de Senadores. También se constató que la entidad binacional desde el año 97 hasta la
presentación del informe, mediados de julio, pagó 1.630.688 dólares a policías y militares bajo el
argumento de servicio de vigilancia. Eso a pesar de que la Policía y los militares tienen presupuesto
estatal y tienen la obligación de cuidar intereses nacionales.
Este emprendimiento hidroeléctrico que en un momento el entonces presidente de la República
Argentina Carlos Saúl Menem lo denominó como un "monumento a la corrupción", motivó una
reunión de parlamentarios de nuestro país con el del vecino país. Concretamente miembros de la comisión
de Minas y Energía de Paraguay conversaron con sus pares de la Argentina para conformar una
comisión binacional para investiga a fondo a la entidad. "Lo que pretendemos es crear una comisión
binacional, de forma tal que podamos entrar a tallar directamente y no tengamos que recurrir a informes,
ya sea a través de Relaciones Exteriores o de Cancillería. Que ambos parlamentos nos pongamos de
acuerdo cómo vamos a comenzar un proceso de investigación profundo en la EBY y tener que manifestar
y mostrar cómo se está robando la plata del pueblo", afirmó el titular de la comisión de Minas y Energía,
Gustavo Mussi.
El parlamentario incluso llegó a afirmar a través de medios de prensa que el presidente de la República
Nicanor Duarte Frutos, protege la corrupción en el ente binacional al evitar que su director de entonces,
Luis Fretes Escario, responda a requerimientos del Poder Legislativo ante numerosas denuncias y
evidencias de persecución a denunciantes.
34

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Sin embargo, en una reunión entre los presidentes de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, y de
Argentina, Néstor Kirchner, el mandatario paraguayo sostuvo que Yacyretá tiene una historia
estigmatizada de corrupción, despilfarro y abusos, a causa de la voracidad de quienes le
precedieron en el gobierno de nuestro país. En tanto que el jefe de Estado del vecino país afirmaba
que "Yacyretá se ha convertido en una fotografía de lo que no se debe hacer". Ambos asumieron
el compromiso de transparentar la culminación de las obras de la hidroeléctrica.
Las entidades binacionales estaban fuera del alcance de organismos de control de la República.
Desde hace años se venía reclamando esa situación, porque no permitía conocer el manejo financiero
tanto de Itaipú como Yacyretá. En marzo pasado el propio presidente de la República confirmaba los
despojos a la nación en ambas hidroeléctricas. Resolvió abrir Yacyretá a la investigación. Pidió a la
Contraloría General de la República iniciar una auditoria para esclarecer los estados contables y
financieros, la deuda, costo del servicio, proyección del flujo de fondos, estado de cuenta de las
compensaciones por resarcimiento del territorio inundado, y por cesión y energía. Anunciaba también
la misma operación en Itaipú.
El fiscal Adolfo Marín imputó por lesión de confianza al exdirector paraguayo de Yacyretá, Walter
Reiser, para quien solicitó un embargo de 230 mil dólares, entre otras medidas alternativas de
prisión. Es a raíz de la sobrefacturación del trabajo de señalización del aeropuerto de Ayolas, por
el cual se pagaron 230 mil dólares, pese a que su costo real sería de G. 87.300.000. Esta imputación
fue sobre la base de una denuncia presentada por el Sindicato de Personal de la Entidad Binacional
Yacyretá, encabezada por Federico Schenk.
El director de Yacyretá actual, Carlos Miguel Goiburú, y el fiscal general del Estado Osear Germán
Latorre firmaron un convenio para agilizar la remisión de documentos con el fin de investigar ilícitos
que se perpetraron en el ente. Existe una larga lista de hechos de corrupción que deben ser develados y
que nunca fueron investigados, ya que, según la prensa, eran taponadas por el propio fiscal Latorre,
cuya esposa, Haydee Aguadé, fue contratada con un salario de "primer mundo" (G. 10.000.000
mensuales) por la binacional, cuando uno de sus principales denunciados, Walter Reiser, era el director
paraguayo del ente.
Entre los hechos irregulares que deben ser investigados se menciona la presunta compra
sobrefacturada del edificio de Yacyretá en Gral. Díaz 831; la adquisición de equipos
informáticos supuestamente "truchos"; el intento de soborno a un ex diputado nacional, Nery
Pereira; el pago de 200 mil dólares por la pintura de la pista del aeropuerto de Ayolas
(Misiones); la denuncia de violación de oficinas del ente en Encarnación, en las que guardaban
documentos relacionados con la compra del edificio; el pago de grandes
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Comité de Iglesias
cantidades de dinero a distintos medios de comunicación en concepto de publicidad para la entidad, hecho
que la Ley 1297/98 prohibe a las empresas estatales sin competidores. A mediados de mayo un grupo de
diputados y sindicalistas de Yacyretá denunció a la Fiscalía que el embalse (lago) de la presa habría sido
operado en forma ilegal en un lapso de 10 años, produciendo un fraude financiero para la entidad y miles de
familias paraguayas damnificadas, que se estima en 740 millones de dólares. Según normas bilaterales
vigentes, el embalse de la hidroeléctrica binacional, ubicada sobre el río Paraná en el eje Encarnación
(Paraguay) - Posadas (Argentina), no debe ser mayor a 76 metros sobre el nivel del mar hasta que se
completen obras sociales y medioambientales para proteger áreas afectadas por las inundaciones
causadas por el proyecto. La citada altura, o cota, se alcanzó en 1994, mientras que las reglas de juego
se fijaron en 1992, sobre la base del canje de instrumentos diplomáticos (notas reversales) entre el
Paraguay y la Argentina, dueños condóminos de la presa.
MÁS CASOS DE CORRUPCIÓN
A mediados de julio el juez Martín Ortega y el fiscal César Cáceres constataron que las mercaderías del
megacontrabando entregadas a un particular en carácter de depositario desaparecieron. El magistrado y
el agente del Ministerio Público se constituyeron en el lugar donde debían estar los productos
decomisados en abril del 2001 y que corresponde a un cargamento de cinco semirremolques que
transportaron millones de CDs, partes de computadoras y ropas usadas. El depositario de las mercaderías
incautadas era Estanislao Franco de Oliveira. El cargamento junto con los camiones fue incautado el 6 de
abril de 2001. Estos camiones son parte de los 12 vehículos repletos de mercaderías que ingresaron al país de
contrabando por las zonas de Itapúa y Pilar. El monto de los cargamentos desaparecidos sería de unos
6 millones de dólares. Pero no solamente desaparecieron las mercaderías y los camiones, sino que
también el expediente del megacontrabando desapareció de la oficina de Aduanas. Los cargamentos
debieron ser rematados por el Estado, pero con la desaparición de las mercaderías y del propio
expediente no se pudo realizar, lo cual privó al Estado la posibilidad de ingreso de importante suma de
dinero. A mediados de julio el fiscal Francisco Vergara ordenó la detención de Gerardo Colmán, ex
director administrativo del Ministerio Público, y José Galeano Yegros, ex encargado del depósito de la
fiscalía en el barrio San Pablo, por el robo de las mercaderías del megacontrabando. Se informaba
por la prensa sobre este caso que el fiscal general del Estado Osear Germán Latorre demostró total
desinterés para esclarecer el robo de tres camionadas de mercaderías del megacontrabando del depósito
del Ministerio Público de la capital. La publicación daba cuenta que el padre del fiscal, el abogado Diógenes
Latorre, abogó por la liberación de mercaderías del megacontrabando.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
A principios de junio el Ministerio de Industria y Comercio remitió a la Fiscalía General del Estado
27 presuntos casos de contrabando y piratería, relacionados con la masiva importación de CDs vírgenes
(discos compactos) y de otros tipos de soportes magnéticos, normalmente utilizados para la realización de
copias ilegales de música, de películas y hasta de programas informáticos. El citado ministerio advertía
que la rápida imputación de los responsables de estos supuestos ilícitos está en manos del Ministerio
Público.
La Contraloría General de la República denunció ante la Fiscalía General del Estado el robo de G. 6.070
millones del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). El dinero estaba en una cuenta del ex
director de finanzas, Nicolás Dagogliano Vídovich. El monto es parte de la transferencia que realiza
el Instituto de Previsión Social (IPS) a la entidad, correspondiente al uno por ciento del total de salarios
pagados y registrados en el IPS, según la ley que establece el Sistema Nacional de Formación y
Capacitación Laboral. El director del SNPP, Aniceto Ovelar, había denunciado también la
desaparición de más de G. 26.000 millones de acuerdo al resultado de auditoría interna de los
ejercicios 2000-2003.
La prensa local publicaba que el Estado pierde miles de millones de guaraníes anualmente como
consecuencia de la contratación de obras sin diseños de ingeniería que impongan las condiciones de
calidad de las mismas. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones constató que solamente en los
denominados "empedrados chinos" (construidos con el famoso préstamo chino de U$S 400 millones,
otorgado durante el gobierno de González Macchi en 1999), el Estado perdió 30 millones de dólares
debido a la falta de diseños que facilitaron a las contratistas ''licencias para matar", decía la crónica.
Igualmente hacía referencia a que cada contribuyente es finalmente víctima de la tozuda opción del
MOPC por las rutas asfaltadas, pues estas resultan una carga pesada y constante al fisco. Las mismas
requieren un material que necesariamente se debe importar a un precio cada vez más alto. Además,
requieren reparación en periodos cada vez más cortos.
Otra publicación periodística señalaba a fines de agosto que por defectos propios y por un complejo
juego de corrupción e intereses internos y externos el Paraguay es el país peor interconectado del Cono Sur.
Sin embargo, esto parecería no preocupar a las autoridades de nuestro país. En las últimas dos décadas, en
coincidencia con la apertura política en la región y los cambios ocurridos en el escenario global, los
países del Cono Sur se han embarcado en una actividad febril por mejorar su infraestructura nacional
y por desarrollar una amplia interconexión física y energética entre sí.
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Comité de Iglesias
El Paraguay, sin embargo, ha quedado al margen de ese proceso. Ni por carreteras, ni por ferrocarril, ni por
agua, ni por aire, ni por comunicaciones, ni por capacidad de transporte de energía el Paraguay está
sustancialmente mejor posicionado que hace 15 años, y en muchos aspectos está sustancialmente peor.
Una posible estafa con bonos del Tesoro fue ocultada por el gobierno, según publicaciones de la
prensa local. Bancos locales fueron víctimas de lo que podría SER una multimillonaria estafa con bonos del
Tesoro. Se trata de títulos que tienen el sello de "pagado", lo que significa que ya fueron rescatados por el
Ministerio de Hacienda y que de alguna forma volvieron a salir del ministerio. El descubrimiento de la
posible estafa obligó al Banco Central del Paraguay a suspender los pagos a todas las intermediarias
poseedoras de estos títulos. Los bonos oficiales emitidos entre 1994 y 2002, por valor de unos 1.400 millones
de dólares, no reúnen las más mínimas medidas de seguridad en lo que respecta a su eventual
falsificación, según un informe de la Contraloría General de la República. De este modo se advierte
que no se puede descartar que haya en circulación documentos clonados o falsificados.
También se descubrió que un total de G. 33.000.000 fueron sustraído de la caja fuerte de la tesorería del
Banco Central del Paraguay en billetes que tienen en forma transversal la leyenda "muestra sin
valor" a los cuales el ente emisor no reconoce curso legal careciendo por ello de fuerza cancelatoria.
Una auditoría realizada en la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO S.A.) detectó la
existencia de diez casos concretos de irregularidades administrativas, con perjuicio para la telefónica estatal
por más de 14,7 millones de dólares. El examen practicado detectó 10 casos concretos de anomalías:
ingresos irregulares de pagos a favor de Comser S.A.; pago irregular por arrendamiento, con opción de
compra de equipos informáticos de la empresa Son Shop S.A.; contrato con la firma Guías Latinas para la
confección, impresión y distribución de guías telefónicas; pago irregular a la firma Gateway
Telecomunicaciones S.A.; pagos efectuados a empresas de audiotextos Varna, Amerfone S.A., Cálculos SA,
Pringles SA, Cencom SA, Telemaster SA, W. Telecom SA, a pesar de la deuda que las mismas tienen
con Copaco; utilización irregular de líneas telefónicas por parte de la empresa Tesys SA.; conciliaciones
de cuentas y pagos a empresas proveedoras de telefonía móvil; deudas acumuladas por los licenciatarios
del servicio de telefonía pública (locutorios); deficiencias en gestiones administrativas y judiciales para el
cobro de morosos; e intención de la empresa W. Telecom SA de traspasar a la Copaco S.A. el sistema de
servicio prepago de telefonía fija. Todas estas operaciones significaron el pago de G. 87.033.101.500
guaraníes de la telefónica estatal.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
También se informaba que el despilfarro en la telefónica de capital estatal no solo se da en las millonarias
compras en dólares, sin previa licitación, sino hasta grandes desembolsos en guaraníes por poda de
ramas o alquilar de impresoras.
La directora de los registros públicos, Lourdes González, advertía a principios del mes de julio sobre la
inseguridad absoluta con que se manejan actualmente los registros de propiedad en Paraguay. Dijo que en
las actuales condiciones "es aterradoramente fácil" sobornar a un funcionario para adulterar, falsificar o
robar documentos. Contó incluso que se está pagando hasta un millón de guaraníes por hojas selladas en
blanco, que se utilizan luego para falsificar títulos. Decía que en la actualidad, de los 24
departamentos con los que cuenta la Dirección del Registro Público, solo en tres pudieron iniciar un
proceso de microfilmación de documentos para evitar que sean robados o adulterados. El resto es
totalmente permeable a falsificadores o estafadores.
El entonces procurador general de la República Nelson Alcides Mora Rodas a principios de enero
denunció a abogados, síndicos entre los que se encuentra el titular de la Sindicatura, Fausto Portillo, jueces
y fiscales, escribanos y oficiales de justicia, que suman unos 40 en total, por cobro indebido de honorarios,
enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y omisión culposa. Una suma parcial de los montos
presentados por Mora da cuenta que se causó un perjuicio de aproximadamente 27 mil millones de
guaraníes al Banco Central del Paraguay, al Instituto de Previsión Social (IPS) y al Estado paraguayo.
Mora explicaba que la intención es probar por lo menos medianamente que se ha montado un
modelo de percepción de honorarios profesionales de las entidades en liquidación y/o quiebra aparentemente
legal para recuperar bienes de los entes bancarios quebrados al solo efecto de pagar altísimos
honorarios, en complicidad de jueces, fiscales, síndicos, etc.
La prensa local divulgaba a principios del mes de febrero de este año que la Cancillería nacional instruyó
sumario a la entonces embajadora paraguaya ante el gobierno de Italia, Lilia Romero Pereira. La causa
es que durante años el Consulado General del Paraguay en Barcelona, España, estaba expidiendo
ilegalmente y sin reportar los ingresos correspondientes, matrícula para embarcaciones y hasta títulos de
capitán. Un reporte periodístico desde España daba cuenta de que en el Consulado paraguayo en
Barcelona hay catorce biblioratos repletos de patentes para embarcaciones y convalidaciones de
títulos de tripulación concedidas ilegalmente por la citada diplomática. Consignaba la
información que la ex consulesa aseguraba haber transferido religiosamente a la Cancillería todos
los aranceles cobrados, que en el caso de las patentes era de 40 dólares. Sin embargo, agregaba, que
existe un caso por lo menos en el que el afectado, un alemán de nombre Gunther Henkel, domiciliado en
Mallorca, España, afirma haber pagado 2.000 marcos en 1987 (1.200 dólares al cambio
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Comité de Iglesias
de la época), para obtener la matrícula paraguaya para su yate. A fines de octubre los fiscales Juan
Avalos y Matilde Moreno se ratificaron en la imputación contra la ex consulesa general en Barcelona, España
por supuestos hechos punibles contra la prueba documental, tras constatar irregularidades en la expedición
de licencias para embarcaciones.
PETROPAR
Petropar es una de las entidades consideradas como la caja de la corrupción estatal. Las
irregularidades detectadas en este ente fueron conocidas gracias a las denuncias periodísticas
y en alguna medida a la intervención del ente fiscalizador del Estado paraguayo. A principios de
este año el procurador general de la República Nelson Alcides Mora anunciaba la formalización de
una denuncia contra funcionarios y autoridades de Petropar, sin importar a cuál de los gobiernos
hayan pertenecido. Decía que los ilícitos cometidos contra la petrolera se necesitaron dos
sectores, el público y el privado. Lo lamentable es que pese a las denuncias contundentes y a los
informes reveladores sobre irregularidades y hechos de corrupción, no existe ni un solo
condenado por los multimillonarios saqueos ocurridos en Petropar en los últimos años y bajo los
gobiernos de Juan Carlos Wasmosy y Luis Ángel González Macchi. Sí existe un proceso en la
fiscalía general del Estado contra ex directivos de la entidad. La fiscala Rocío Vallejo había
acusado por lesión de confianza a los ex integrantes del consejo de administración encabezado por
Genaro Burro, para los que solicitó juicio oral y público. Es raíz de una serie de irregularidades
detectadas durante el ejercicio del año 2000 denunciadas por una investigación periodística y que
según la fiscalía, causaron al ente estatal un perjuicio de millones de dólares.
En otro de los tantos casos que involucra al ente petrolero la fiscala María Teresa Flecha imputó por
supuesto enriquecimiento ilegítimo a Emilio Alejo Ramírez Russo, quien fuera presidente del ente,
durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy. Un dictamen de la Contraloría General de la
República revela que los bienes patrimoniales del citado ex funcionario se incrementaron en más
de G. 2.300 millones entre los años 1993 y 1998.
A fines de enero se informaba por la prensa que por más de dos millones de dólares y cerca de
1.000 millones de guaraníes estaban demandando al ex titular de Petropar, Ramírez Russo. Menciona la
información que solamente entre el 2002 y el 2003 la entidad perdió más del millón de dólares con la
caída de los bancos Alemán y Multibanco. Agrega que Ramírez Russo estaba prácticamente en
quiebra cuando entró a trabajar a la petrolera bajo el gobierno de Wasmosy y jamás ganó más de 6
millones de guaraníes mensuales.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Las investigaciones develan que se convirtió en prestamista y financista, además de administrar
inmobiliarias junto a otros políticos y ex funcionarios de Petropar.
Investigaciones periodísticas dan cuenta que los negociados perpetrados en Petropar también se
extienden a los seguros contratados por la petrolera con elevadísimas franquicias, cláusulas
ambivalentes y multimillonarias primas. Menciona como muestra que un tanque había quedado
inservible por fallas humanas y la empresa aseguradora ofreció apenas pagar U$S 100.650 por un tanque
que costó cerca de un millón de dólares y que si se tuviera que comprar nuevo el costo está por los 5
millones de dólares.
La diputada Blanca Lila Mignarro había hecho varias denuncias sobre las irregularidades y hechos de
corrupción en el ente petrolero del Estado. En su primera denuncia arrimada a la Fiscalía General del
Estado, pidió investigar la fortuna de todos los ex presidentes de Petropar, quienes avalaron los millonarios
negociados gestados en el ente. La legisladora calificaba a Petropar como una máquina de fabricar
millonarios, por el abultado estado de cuenta de ex directivos que pasaron por la entidad en sucesivos
gobiernos.
El gran negocio de esta entidad está en las multimillonarias contrataciones para la provisión de diversos tipos
de combustibles a nuestro país. Además el tema de los fletes. Por lo general se opta por los precios
más altos cuando se llama a licitación y concursos de precios. Y bueno, ahí está el "negocio" para
avivados funcionarios en complicidad con sectores privados ligados a los gobiernos de turno.
EVASIÓN DE IMPUESTOS, COMISIONES, ROBOS Y FRAUDES
H Ministerio de Hacienda ha detectado todo tipo de maniobras utilizadas por muchas empresas para
evadir el pago de impuestos. Mediante un sistema informático halló que se falsean los datos de las facturas
utilizadas en supuestas operaciones y hasta encontró que algunos están vendiendo sus boletas. Mediante el
sistema Confrontación de Operaciones Autodeclaradas (COA), está ejerciendo un control sobre 520 grandes
firmas y sobre 61.108 proveedores que tienen las mismas.
Publicaciones periodísticas dan cuenta que el Ministerio de Hacienda habilita desde hace años programas
informáticos que permiten a algunos llevar una doble contabilidad y evadir al fisco sumas millonarias.
Mediante ellas se duplican los tickets de los comercios, se ajustan las contabilidades y se opera sin
tributar. La denuncia fue
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Comité de Iglesias
formulada al Ministerio de Hacienda, pero desde allí no se hace nada. Este caso fue investigado por la
Cámara de Diputados. Se habla de evasión de más de 7 mil millones de guaraníes, según las
estimaciones. El viceministro de Tributación, Andreas Neufeld, admitió que hay una denuncia sobre
evasión impositiva mediante programas informáticos, pero indicó que el ministerio no tiene la
capacidad de investigar.
Documentos confidenciales de un banco privado confirman que en el sistema financiero se ha estado
pagando millonarias "comisiones" para captar dinero público, informaba la prensa local en mayo de
este año. La información revela la existencia de un grupo de "comisionistas" que administra una
cartera de ahorristas, por cuyas colocaciones cobran un porcentaje. Es un secreto a voces en el
sistema financiero que durante años los administradores de varias instituciones públicas hicieron
fortuna cobrando comisiones "bajo la mesa" antes de definir en qué banco o financiera depositarían
los fondos de la entidad. La investigación periodística señalaba que las instituciones del Estado
involucradas en esta operación son el Instituto de Previsión Social (IPS), Antelco (hoy Copaco),
Corposana (hoy Essap), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y Conatel.
Las autoridades de la Dirección de Aduanas, a cargo de Margarita Díaz de Vivar, descubrieron el
robo sistemático del dinero recaudado en concepto de impuestos pagados. A fines de mayo la
prensa local publicaba que el robo de impuestos detecta do en la Dirección General de Aduanas llegó a
cerca de G. 4.000 millones. La información estaba basada en los primeros controles de las 100.000
operaciones que fueron auditadas. La titular de la entidad presentó la denuncia ante la Fiscalía
General del Estado. Los fiscales César Alfonso y Javier Contreras tomaron la investigación del
multimillonario robo de impuestos denunciado y ordenaron la detención de dos cajeros de Aduanas que
han sido imputados por los delitos de lesión de confianza, apropiación y exacción. Los mismos son
Hilarión Osorio González y Arnaldo Abegg Saccelaridi, ambos de la aduana de Asunción. Los dos
habrían tenido acceso a la base del sistema Sofía y de esa manera lograban alterar los pagos de
tributos por las importaciones.
Desde Ciudad del Este se informaba por la prensa que más de 100 millones de guaraníes eran sustraídos
diariamente de la aduana de ese distrito fronterizo con el Brasil y girados a nombre de altos
funcionarios de la Dirección General de Aduanas, con sede en Asunción, entre ellos el mismo jefe de
Recaudaciones y Garantías Víctor Hugo Carreras. Consignaba igualmente la información que los
dos cajeros, cuya detención fue ordenada por los fiscales que investigan el caso de desvío serían
los últimos eslabones del esquema que viene funcionando desde el año pasado.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Una muestra clara de que el robo del dinero que ingresa en concepto de impuestos es una práctica que
viene desde hace años es el considerable aumento del ingreso logrado en los últimos meses. Entre
enero y mayo de este año el Ministerio de Hacienda logró un incremento en las recaudaciones
impositivas de 568 mil millones de guaraníes respecto al mismo periodo del año 2003. Algunos
analistas privados sostenían que el incremento apenas es una leve mejora y demuestra la cantidad que
se estaba robando al Estado a través de la evasión y la corrupción.
El cajero de Aduanas Hilarión Osorio González, fue detenido por orden del juez Pedro Darío
Portillo, por el robo de tributos de aduanas. También fue imputado por apropiación exacción y lesión
de confianza. Las investigaciones realizada por la fiscala de Delitos Económicos arrojaron un monto
probable del que supuestamente se habrían apropiado el detenido Osorio González y Arnaldo
Abegg. El monto apropiado por Osorio fue de Gs. 1.183 millones y Abegg con 290 millones de
guaraníes.
Un hecho que va más allá de lo imaginable que ocurra en estos tiempos se da con el gobernador del
Alto Paraguay, Erasmo Rodríguez (ANR). La prensa local consignaba que el citado jefe
departamental a marzo de este año gastó Gs. 1.500 millones sin haber pisado su departamento. El
mismo hace oficina en Asunción, a 800 kilómetros de su región. Envió un informe a la junta
departamental, según el cual de agosto a diciembre de 2003 gastó más de gs. 1.500 millones. Sin
embargo, en la zona no se conoce la existencia de obra alguna ejecutada por su administración.
La junta departamental resolvió sobre tablas devolver su informe a Rodríguez e intimarlo a que
concurra personalmente a justificar sus gastos.
Una fuerte pulseada se dio entre el Poder Ejecutivo y el sector opositor del Parlamento respecto al
manejo de dinero producto de donación de la República de China Taiwán para la construcción de
viviendas populares. Desde el Parlamento se acusaba al Ejecutivo de mala utilización de esos
fondos. En tanto que el presidente sostenía que las mismas están siendo bien utilizadas. Se trata de un
monto de 29 millones de dólares conseguidos por el presidente paraguayo durante la visita realizada al
país oriental en mayo de este año. La sospecha de la oposición era que con ese dinero se hacia campaña
electoral a favor del oficialismo. Además, se cuestionaba el hecho de que el monto no estaba incluido
en el presupuesto general de gastos de la nación. Pues el dinero de Taiwán fue derivado
directamente a una fundación privada, Fundapueblos, para la ejecución de los programas de
construcción de viviendas populares, con fiscalización de la Secretaría de Acción Social (SAS) y el
Conavi. Tras varias reuniones, acusaciones, intercambio de opiniones y reclamos, se acordó que el
dinero donado por Taiwán será incluido en el presupuesto y se hará una manejo transparente con
participación de entidades privadas para un mejor control en la utilización del dinero.
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Comité de Iglesias
Tres concejales municipales (dos colorados y un liberal) fueron detenidos cuando estaban recibiendo
16 millones de guaraníes en carácter de coima para tratar una reprogramación del presupuesto
solicitada por el intendente municipal Juan Carlos Pereira Arroyo (liberal). Esto se descubrió mediante un
operativo montado y filmado por orden judicial. Los concejales afectados son: Anuncio Olmedo, liberal;
Domingo Saavedra (presidente de la junta municipal) y Lucía Ruiz Díaz de Rolón, ambos de la ANR.
Todo se inició ante el pedido del intendente de aprobar en la junta una reprogramación del
presupuesto y los citados concejales pidieron al jefe comunal la suma de 20 millones de guaraníes para su
aprobación, a lo que se negó el intendente. Después los concejales bajaron su reclamo a 16 millones. A partir
de ahí el intendente comunicó el hecho a la fiscalía y comenzó el operativo para atrapar in fraganti a los
ediles.
La Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en la administración del
intendente de Ayolas, departamento de Misiones, Antonio Barreto (ANR) en el año 2002. Menciona
sobrefacturaciones de obras, millonarias retenciones y no transferidas, malas imputaciones de rubros,
boletas de ingreso de la institución sin pie de imprenta, en donde se estipulen fecha y cantidad de
documentos impresos en esa serie forman parte de las anomalías detectadas.
Los concejales municipales de Puerto Casado-La Victoria, denunciaron ante la fiscalía del Ministerio Público
de Concepción las irregularidades administrativas cometidas por el intendente municipal, Pedro Martínez
Segovia (ANR), a quien responsabilizan por un faltante de 700 millones de guaraníes. Martínez Segovia
es el intendente de Casado, pero que la mayor parte del tiempo está en la capital y alrededores. Incluso
tiene una oficina en Lambaré, desde donde pretende gobernar el citado municipio del Chaco.
En la segunda quincena de noviembre el titular de la Dirección Nacional de Aeropuertos Civiles (DINAC),
Cnel. SR César Aguilera, dispuso el traslado de un funcionario de la institución que denunció la existencia de
aviones descompuestos, los viajes y viáticos del titular de la entidad. Aguilera adujo que el traslado del
funcionario Lorenzo Orué a la ciudad chaqueña de Villa Hayes es parte de una reestructuración de la entidad.
Lo llamativo es que la "reestructuración" se dio solo con un funcionario y justo en el momento en que
saltan a la opinión pública las irregularidades de al administración denunciadas por el funcionario. La
prensa expresaba que el Cnel. Aguilera era veloz para castigar a funcionarios que denuncian
irregularidades, pero no usó la misma rapidez para arreglar los seis aviones que están descompuestos
pese a que el mismo fue designado al frente de la institución hacía más de ocho meses.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
En una intervención judicial policial realizada el 19 de noviembre en la estancia Pindoty, jurisdicción
del distrito Alto Verá, Itapúa, se detuvo cinco aviones, una furgoneta, 43.000 pesos argentinos, varios
cientos de cajas de cigarrillos confiscados y una veintena de detenidos. El operativo encabezó el fiscal
Francisco Vergara y efectivos de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas). La estancia es propiedad de
Roque Antonio Zarza Schuller, ex intendente de Encarnación (ANR). De acuerdo a los datos en el lugar
operaban aeronaves con cargas de estupefacientes, por lo que se solicitó una orden de allanamiento al
juez de garantías de Asunción. De las cinco aeronaves, dos tenían matrícula argentina, dos brasileña y una
con matrícula paraguaya. La pista estaba habilitada, pero no autorizada para ese tipo de actividades.
PODER LEGISLATIVO Y POLÍTICA
A fines de junio las dos cámaras del Parlamento renovaron sus autoridades en medio de polémicas,
acusaciones, discusiones y todos los ingredientes que adornan la legislatura paraguaya para que se
encuentre cada vez más desprestigiado ante la ciudadanía, como ser intentos de sobornos, ofrecimiento de
cargos, etc.
En la Cámara de Diputados fue electo el colorado Osear Salomón, quien se alió con el denominado
bloque opositor que integran en esa cámara diputados de los partidos Liberal Radical Auténtico, Patria
Querida, Unace y País Solidario. Derrotó al candidato del presidente de la República, el también colorado y
presidente saliente, Benjamín Maciel Pasotti. Para este triunfo Salomón junto a otros tres diputados
colorados se alejaron de la bancada y se aliaron con diputados de los partidos mencionados. A Salomón
lo acompañan en las vicepresidencias Héctor Lacognata de Patria Querida y Juan Bartolomé Ramírez del
PLRA.
En el Senado la cosa fue a mayores. La elección de la nueva mesa directiva significó prácticamente el
quiebre del bloque opositor. Resultó electo el senador por Patria Querida Miguel Carrizosa quien enfrentó a
Carlos Filizzola, senador y presidente del Partido País Solidario. País Solidario era integrante del bloque
opositor hasta ese día. El día de la elección de la mesa directiva se apartó y se alió con la bancada
colorada y otros tres liberales y el encuentrista Emilio Camacho. Carrizosa contó con el apoyo de su
bancada, los liberales de la conducción oficialista y la bancada de Unace. Las votaciones en tres
ocasiones resultaron empatadas 22 por cada candidato. Finalmente desempató el titular del Senado
saliente Carlos Mateo Balmelli a favor de Carrizosa. Fueron electos vicepresidentes Enrique
González Quintana de Unace y Modesto Luis Guggiari del PLRA. A fines de noviembre se daba como un
hecho la ruptura del bloque opositor. Patria Querida liderado por Pedro Fadul inició un proceso de discusión
interna sobre la conveniencia de
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Comité de Iglesias
continuar o no en el bloque. Para ese tiempo existían varias actitudes adoptadas por los legisladores
liberales y patriaqueridistas que contribuían al alejamiento cada vez más. Uno de los puntos
cuestionados a Patria Querida fue su apoyo al Partido Colorado para aprobar el proyecto de ley de
reordenamiento administrativo y adecuación fiscal, conocido como "ley del impuestazo". El reproche
de PPQ al PLRA fue su alianza con el Partído Colorado para reelegir al defensor del pueblo Manuel
María Páez Monges (colorado) y designar al liberal Edgar Villalba como adjunto. También
surgieron otras divergencias entre los socios, como el apoyo liberal y de los oviedistas al
oficialismo colorado para aprobar en Diputados un presupuesto inflado para la nación. También el
PLRA apoyó al oficialismo para prestar acuerdo constitución a Carlos Miguel Goiburú (ANR) al
frente de la Entidad Binacional Yacyretá, cuando que existen serios cuestionamientos al manejo. de
recursos del ente binacional.
Por otra parte, a principios de año el senador colorado Amado Yambay fue detenido por orden del
fiscal del crimen Francisco Vergara, ante una denuncia sobre presunto pedido y cobro de una coima
de 130 millones de guaraníes. La detención se realizó justo cuando estaba en tratativas de cobrar
la citada suma en concepto de gestiones que haría el parlamentario ante Hacienda para el cobro
de dinero, mil millones, a favor de la familia Gaona Lugo, por la expropiación de centenares de
hectáreas de tierras en la zona de Edelira, departamento de Itapúa. El legislador colorado dijo que
solo fue a cobrar un pagaré de 130 millones que le había prestado a César Luis Gamarra Pascottini
"par su tratamiento médico". El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de
Hacienda, Miguel Gómez, confirmó a la prensa que mantuvo contactos con el senador Yambay
debido a que el legislador estaba intercediendo para el pago por unas tierras que fueron expropiadas
por el Estado paraguayo en Encamación hace más de 10 años. En este caso Yambay fue desaforado y
la causa sigue en el Poder Judicial. A este caso hay que sumarle varios otros que soporta el legislador
colorado entre demandas y pedidos de remates por monto millonario en concepto de cobro de
guaraníes.
El ex diputado liberal Julián Sosa, sobre quien pesa una orden de captura en un caso de extorsión,
cohecho y resistencia en Santa Rita, departamento de Alto Paraná, fue por fin detenido y remitido a
la cárcel de Ciudad del Este. Este ex legislador venía eludiendo la acción de la justicia y tras varias
indefiniciones se dio lugar a la disposición de la Cámara de Apelaciones de la citada circunscripción
judicial. Antes guardaba reclusión domiciliaria en la ciudad de San Lorenzo. El año pasado había sido
sorprendido con unos 20 millones de guaraníes en su poder, producto de una coima exigida a unos
colonos brasileños para frenar la expropiación de un inmueble de 1.300 hectáreas, que ocupaban
los extranjeros en el distrito de Naranjal, Alto Paraná.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El diputado colorado Miguel Corrales se vio envuelto en dos escándalos este año. Primero, amenazó al fiscal
Blas Imas con llevarlo al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados porque demoró a su hijo, Miguel Corrales
Ríos de 33 años, para someterlo a una prueba de alcotes, ante la presunción de que estaba conduciendo un
vehículo en estado de ebriedad. A fines de setiembre nuevamente la opinión pública pudo conocer las
andanzas de este legislador que integraba el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en representación de
la Cámara de Diputados. El congresista fue denunciado por la madre de su amante por maltrato y trato
violento que somete casi en forma permanente a su pareja de 25 años, Carolina Jhenclertts. A raíz de la
denuncia pública que formularon en su contra familiares de su amante el congresista colorado habría
ordenado el despido de su cuñada Heidi Soledad Jhenclerttss de la Justicia Electoral, donde habría conseguido
trabajo con la influencia del diputado Corrales, según reportes periodísticos. Para "enfriar" el escándalo Corrales
pidió permiso en la Cámara de Diputados y viajó a Buenos Aires, Argentina. En las dos ocasiones la bancada
colorada de Diputados evitó que el mismo sea suspendido o sancionado de acuerdo a los reglamentos internos
de ese cuerpo legislativo. Una muestra de cómo la impunidad cuenta con fuertes aliados para seguir
reinando. Como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados solicitó permiso a raíz del primer
escándalo.
En la segunda quincena de abril la diputada electa por el Partido Patria Querida por el departamento de
Presidente Hayes Marilín Rejala renunció a su partido, alegando sentirse presionada por denunciar algunas
irregularidades y supuestos hechos de corrupción en Acepar (Aceros del Paraguay). Ratificó que su alejamiento
se debe a las presiones que recibió por las investigaciones realizadas contra directivos de Acepar, quienes,
según afirmó, guardan relación directa con las autoridades de su partido que lidera el licenciado Pedro Fadul.
En algunos momentos del debate político se habló de la necesidad de impulsar la reforma de la
Constitución Nacional, incluyéndose entre los asuntos a ser reformados la reelección presidencial. En una
ocasión el ministro de Justicia, Juan Darío Monges, dijo que para el gobierno es un tema considerado como
crucial que el presidente Duarte Frutos sea reelecto. Desde la oposición también se impulsa la reforma de
la Constitución. Al parecer hay consenso sobre tres temas de crucial importancia para la vida
democrática del Paraguay: la reelección presidencial, el voto de los paraguayos residentes en el
exterior y la implementación del balotaje o segunda vuelta electoral en caso de que el ganador no
obtenga la mayoría requerida para ser presidente de la República.
A fines de julio por unanimidad la Cámara de Senadores confirmó en el cargo a los tres miembros del
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por otros cinco años más. Con la medida adoptada
Alberto Ramírez Zambonini logró la inamovilidad hasta que cumpla 75 años de edad, porque fue su
segunda confirmación desde que asumió el cargo. En tanto que fue la primera confirmación para los
miembros Rafael Dendia y Juan Manuel Morales, actual presidente de la institución electoral.
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Comité de Iglesias
Al mejor estilo de la dictadura stronista cuando los colorados proclamaban la defensa del dictador hasta las
últimas consecuencias, el gobernador del departamento del Guairá Esteban Torres, anunció a principios
de noviembre que los "colorados pynandí" se preparan para defender al presidente Duarte Frutos. En un
discurso dijo que los colorados de ese departamento se ponen a disposición del presidente para defenderlo
"hasta perder la vida si necesario fuere". Dijo que en su departamento están preparados 25 mil hombres
para salir a las calles y acusó a los dirigentes campesinos de haraganes.
Para redondear el difícil panorama que vive la gente desde hace tiempo, principalmente por la corrupción
reinante y la falta de políticas estructurales del gobierno de Duarte Frutos para encarar los problemas,
el titular del Partido Colorado Herminio Cáceres declaraba a los medios de prensa que "estamos
viviendo en un país de maravillas". "Estoy seguro de que es un país de maravillas", respondió cuando se
le consultó acerca de la zozobra en la ciudadanía a causa de la inseguridad.
PRENSA
Durante el año 2004 continuó la tendencia de ocultar la información de carácter público en el Paraguay. Esto se
hizo notorio a través de la sanción de una ley, que no incluyó un artículo, que garantizase la publicación de la
declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay denunció el 26 de marzo que el diario Popular fue objeto de censura
para poner fin a una serie de publicaciones que afectaban al presidente de la República Nicanor Duarte
Frutos. El citado diario publicó que el presidente había regalado un automóvil por su cumpleaños a la hija
del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Benjamín Maciel Pasotti.
Molesto por una serie de publicaciones periodísticas realizadas por el corresponsal del diario ABC
Color en Salto del Guaira, Rosendo Duarte, sobre autotráfico, la inseguridad y el blanqueo de
malvivientes brasileños en la zona de frontera, el autotraficante Wilson Evangelista de Souza, alias
"Wilsao", habría ordenado que paren las publicaciones "cueste lo que cueste", según se publicaba en el
citado diario el 26 de abril de este año, coincidentemente con el "Día del Periodista". El citado
marginal, según la publicación, ordenó a sus contactos que busquen la forma de parar las publicaciones que
le afectan. Los diversos mensajes recibidos por el periodista fueron puestos a conocimiento del fiscal
Raúl Insaurralde, mientras que al jefe de Policía de Salto del Guaira el periodista Duarte solicitó un
patrullaje más continuo en sus lugares de trabajo para precautelar su seguridad. "Wilsao" fue aprehendido
por personal de investigación de delitos de la jefatura de Policía de Salto del Guaira. Se responsabilizó
también al mausero que sería el responsable de la
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
masiva presencia de malvivientes brasileños en los barrios marginales del mencionado distrito. El
citado periodista había publicado a principios de este año una serie de notas sobre la metodología y
la ruta utilizada por los traficantes de vehículos robados. En una de ellas mencionaba que el refugio
binacional Mbaracayú, ubicado en la frontera no delimitada entre Paraguay y Brasil, propiedad de la
Entidad Binacional Itaipú, era utilizado para traficar vehículos de todo tipo desde el Brasil.
Señalaba que los robacoches utilizan los senderos internos del parque para burlar los puestos de
control fronterizos en su cruce al lado paraguayo. Decía el periodista Rosendo Duarte que fuentes de
la Policía brasileña le informaron que un promedio de 5 O a 60 vehículos son traficados por el lugar
mensualmente. La Sociedad Interamericana de Prensa inició una campaña para firmar una carta pública
al presidente de nuestro país Nicanor Duarte Frutos, pidiéndole su colaboración para esclarecer el crimen
del trabajador radial Benito Ramón Jara, perpetrado en abril del año 2000. Jara, de 37 años, se
desempeñaba como agente comercial de radio Yby Yau, distante 450 kilómetros de Asunción, fue
muerto a balazos y su crimen es considerado por los periodistas paraguayos como un intento de
amordazar la libertad de prensa.
El 20 de abril fue asesinado el periodista Samuel Román en la localidad de Cnel. Sapucaia, ciudad
brasileña ubicada frente a la ciudad paraguaya Capitán Bado, departamento del Amambay. La
investigación sobre el asesinato a balazos de Román detectó serios indicios que sindicaban al propio
intendente de Cnel. Sapucaia, Eurico Mariano, como el presunto mandante del ilícito. Román conducía
un programa radial en el que desnudaba los hechos de corrupción en la administración municipal de
Mariano. El jefe comunal huyó de la ciudad cuando un juez decretó su prisión. Sin embargo,
consiguió una medida para permanecer en libertad mientras duren las investigaciones. Unos días
después fueron detenidos a los supuestos autores del crimen. Ellos son: Ricardo Antonio Machado,
Faviano Lucena Dos Santos y Luciano Gregorio De Lucena.
El 23 de abril pasado el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció ante la I comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores el secuestro, tortura y amenaza de muerte del
periodista Bernardo Vera Roa, de radio Tavagua FM de Ciudad del Este. El j mismo fue secuestrado
por tres personas identificadas como policías. El gremio de periodistas también expuso ante los
parlamentarios la amenaza de muerte que hicieron j policías contra el periodista César Palacios
y el fotógrafo Osear Florentín, ambos I corresponsales del diario Noticias en Ciudad del Este.
El gremio de periodistas igualmente expresó su condena a la resolución de la Dirección de j
Migraciones del Ministerio del Interior por la cual se expulsó del país al periodista de I origen
chileno, Tito Alberto Palma, director de la radioemisora FM Mayor Otaño, de la {localidad de
Otaño, departamento de Itapúa. En la resolución número 62, el Ministerio del I Interior reconoce que
obró en el sentido mencionado por pedido del Julio Antonio Ríos,
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Comité de Iglesias
presidente de la seccional colorada local; Gerardo Denis Florentín, presidente de la Junta Municipal; la
profesora Guillermina Vera López y Jorgelina Vera González, todos molestos por las denuncias
periodísticas realizadas a través de la radio que conduce Palma. Menciona el SPP que la causa de la
expulsión del chileno no es su nacionalidad sino la colisión con poderes locales afectados por las
difusiones periodísticas. Palma vivía en el país desde hacía más de 10 años, incluso tiene familia
paraguaya. Posteriormente se revió la expulsión y el periodista volvió al país a ejercer la profesión
periodística.
El SPP presentó una denuncia ante la fiscalía contra Editora Continental (diario Noticias) por una
mora con el IPS de hace tres años y que a abril de este año ascendía a G. 3.200 millones. La
millonada deuda hace que los trabajadores no puedan acceder a los beneficios de la jubilación a pesar de
que mensualmente se descuentan los aportes a sus respectivos salarios. A principios de noviembre el
gremio presentó una acción de amparo para que la previsional brinde atención médica al
periodista y su familia cuya empresa realiza puntualmente el descuento de su salario pero que no
aporta a la entidad.
La pública disputa entre miembros de la familia del ex vicepresidente Luis María Argaña y el director
del diario ABC Color es de larga data. Cuando surgieron '"nuevos testimonios del magnicidio" este
enfrentamiento se agudizó.
Tal es así que la familia Árgana entregó al director del Instituto de Prensa de la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo Trotti, un escrito en el que denuncian la manipulación
del citado periódico del magnicidio. Los Árgana repudiaron el accionar deshonesto y perverso del
director de ese diario, Aldo Zuccolillo, porque a través de su medio divulga "inverosímiles y
disparatadas versiones". La nota-protesta menciona la "falta de ética de ciertos medios de
comunicación, quienes por espurios intereses tergiversan la verdad, manipulan la información, sin rubor
alguno, causando un grave daño no solo a nuestra familia sino a toda una población a la que con esta
campaña de desinformación pretende llevar a un estado de confusión, convirtiendo a víctimas en
victimarios".
Una turba de jóvenes colorados encabezada por Raúl Sánchez, hijo de un diputado con el mismo
nombre, por poco mató al fotógrafo del diario La Nación, Daniel Duarte, durante una salvaje agresión
al reportero gráfico. El propio jefe de gabinete de la Junta de Gobierno, Arsenio Basualdo se mostró
indignado por lo sucedido que consideró que "no está a la altura de los tiempos que hoy vivimos". La
agresión de jóvenes colorados también alcanzó a los periodistas Juan Carlos Bareiro del mismo
diario, Julio César Zamphirópolos, de radio Ñandutí y Mario Hugo Sanabria, jefe de prensa de la
ANR, quienes intentaban defender al fotógrafo agredido. El titular de este partido, senador Herminio
Cáceres, ordenó un sumario y pidió el informe policial.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Como en la época de la dictadura, la fiscala Teodolina María de Fátima Burro dictó una orden de captura
bajo la figura de comparecencia compulsiva para una declaración testifical, contra el director del diario
Vanguardia y corresponsal del diario ABC Color en Ciudad del Este, Héctor Guerín, y el periodista de
ABC Fermín Jara. Luego de dictar la medida la fiscala se tomó unas vacaciones. Los hombres de
prensa se dieron por detenidos, pero luego de cuatro horas, la fiscala de turno, Graciela Ortíz, levantó la
medida. A los indagados se les negó el derecho a la defensa, ya que no permitieron al abogado
representante, Celso Espínola, acompañar la declaración.
Desde Ciudad del Este se informaba que el fiscal del crimen Carlos Giménez Vallejos, amenazó con
"meter plomo" a los periodistas que le critican. Muy molesto por las publicaciones sobre su farsesca
intervención en el local donde se clonan las líneas telefónicas del Brasil y su abierto apoyo a los miembros de
la Mafia del Clon, el citado fiscal trató a los periodistas de "cretinos" e "idiotas útiles". Totalmente
desaforado, el funcionario del Ministerio Público dijo: "A esta clase de periodista se le mete un balazo y
luego se le rinde tributo", decía la crónica periodística.
El expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy promovió una demanda contra el diario ABC
Color y las periodistas Mabel Beatriz Rehnfeldt y Edith Marciana Sánchez, para exigir una
indemnización de 10 millones de dólares por daño moral. Afirma que se mancilló su honor y dignidad
con la serie de publicaciones en ese periódico en las que aparece vinculado a supuestos manejos
irregulares en Petróleos Paraguayos (Petropar). Wasmosy solicitó también al juez en lo civil Enrique
Mongelós que incluyera la edición digital de ABC Color en la acción promovida.
La cámara de apelaciones integrado por los camaristas Arnaldo Martínez Prieto, Eusebio Melgarejo
Coronel y Osear Paiva Valdovinos revocaron una resolución de primera instancia por la cual se declaró la
extinción del juicio al periodista del diario ABC Color Carlos J. Benítez, que fue querellado por el ex juez
del menor Víctor Llano, por supuesta comisión de delitos de difamación, calumnia e injuria. Sugestivamente
los miembros del citado tribunal se opusieron a la aplicación de la ley más benigna al comunicador social
como lo establece claramente la Constitución Nacional. El ex juez del menor Víctor Llano concedía más de
500 adopciones internacionales al año, de acuerdo a las estadísticas del Poder Judicial. Esa situación fue
duramente cuestionada por el citado diario a través de investigaciones realizadas por el periodista
Benítez. Además, numerosos expedientes que se tramitaron ante el juzgado de Llano presentaron varias y
groseras irregularidades.
El fiscal Alder Ferreira, de San Ignacio, Misiones, inició un proceso contra el corresponsal del diario
Ultima Hora en esa zona del país, Andrés Arias, por el supuesto delito de producción de documentos
no auténticos (falsificación). El periodista considera que la
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Comité de Iglesias
imputación en su contra se debe a una vendetta política a raíz de sus publicaciones sobre corrupción en la
zona.
El SPP repudió la violenta actitud del sacerdote de la Pastoral Indígena Leopoldo Esteban contra la
periodista Vicenta Risso, corresponsal del diario ABC Color en la localidad chaqueña de Benjamín
Aceval. De acuerdo a los datos, el cura párroco arrebató la grabadora y al cámara fotográfica de Risso, molesto
por una de las preguntas acerca de una supuesta violencia contra un indígena de 64 años.
En noviembre el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunciaba agresión y
amenaza de muerte a fotoperiodista, Amadeo Velázquez. El mismo estaba realizando una tarea profesional
en la comunidad indígena enxet Puerto Colón, Chaco, donde los aborígenes habían denunciado haber sido
víctimas de un violento desalojo y que estaban siendo hostigados permanentemente por los nuevos
administradores de la empresa Algarrobal. Velázquez, enterado de las denuncias publicadas en la prensa,
fue al lugar a verificar y documentar fotográficamente la situación, tarea amparada por la Constitución, pero
como respuesta recibió agresión verbal y física de personas que se identificaron como
administradores y propietarios del establecimiento. El comunicado del SPP relataba que centre las
personas que agredieron a Velázquez está una persona de apellido Caríssimo, quien trató de sacarle la
cámara fotográfica tras un breve forcejeo. También otra persona que se identificó como Avalos Chávez, y
dijo ser abogado de la firma, le explicó que (estaba prohibida la entrada a personas extrañas sin previo
permiso de la empresa y que si él apareciera muerto en los alrededores no iba a ser responsabilidad de los
administradores de la estancia. Darío Peralta, ex diputado oviedista, también fue otro de los agresores
verbales contra el fotoperiodista. El gremio de periodistas denuncia este hecho como ungrave atentado
contra la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) denunció la detención ilegal de Alejar Lanas y Pablo
Cáceres, miembros del semanario cultural El Yacaré.
El hecho ocurrió el 15 de noviembre a las 23:00 horas. La denuncia fue presentada ante Fiscalía General del
Estado. Los hechos refieren que esa noche los periodistas salían de "El Otro Espacio", local de la
publicación y de diversas actividades culturales, como así también de recreación, para llevar ejemplares a ser
distribuidos en Resistencia, Argentina.
En ese instante dos efectivos policiales de la comisaría 5ta., uno de ellos de apellido Recalde, los esposaron
y los metieron en una camioneta. El procedimiento fue directo sin mediar preguntas ni pedido de
identificación personal. La nota del gremio de periodistas suscrita por el secretario general en ejercicio
Roberto González Aguilera, pide la investigación y advierte que "el hecho se produce en un
contexto general de represión y retroceso extraordinario de los derechos de manifestación y
organización en nuestro país".
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
La Corte Interamericana de Derechos Humanos este año dictó un fallo que condenó al Estado paraguayo
a pagar más de 35 mil dólares al Ing. Ricardo Gañese, a quien la justicia paraguaya lo había procesado y
condenado por más de ocho años. Fue a raíz de una crítica al entonces candidato a presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy. Los empresarios vinculados a Conempa (Consorcio de Empresas Paraguayas,
constructora de la represa Itaipú) se agraviaron y querellaron a Gañese. La Corte Interamericana
consideró que la libertad de expresión es una de las formas más eficaces para denunciar la corrupción y
sostuvo que la regla debe ser la publicidad de los presuntos actos de corrupción. El organismo de la OEA tuvo
esta postura en el fallo que condenó al Estado paraguayo a indemnizar a Gañese.
FUERZAS ARMADAS
Esta institución del Estado nuevamente se vio envuelta en hechos de corrupción propiciados por algunos de sus
miembros durante este año. A principios de enero y en ausencia del presidente de la República en el país se
descubrió infraganti al teniente coronel de la Fuerza Aérea, Enrique "Kike" Sarubbi, al intentar robar una
ametralladora .50. A partir de ahí se tejieron varias hipótesis ya que cada cierto tiempo se denunciaba el robo de
armas en unidades de las Fuerzas Armadas. Los investigadores militares hablaban de posibles conexiones de
Sarubbi en otras unidades militares. Se cree que un mismo grupo de militares sería responsable de los robos
realizados en los últimos años en el Ejército, e incluso algunos sostienen que la gavilla habría acumulado un
verdadero arsenal de armas para venderlas de una sola vez a las mafias internacionales o grupos terroristas. A
fines de octubre un tribunal militar condenó a Sarubbi a la pena de 5 años de prisión por ese hecho.
A mediados de octubre se informaba que tres fusiles ametralladores, "no inventariados", fueron robadas
del Museo Histórico del Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo las máquinas no son de museo,
"funcionan perfectamente", decía el reporte periodístico. A propósito de este tema, casi la totalidad de los
efectivos de las Fuerzas Armadas presos en la cárcel militar de Viñas Cue están procesados por robo de
fusiles. Estos son negociados en el mercado negro por valores relativos.
El negocio en las Fuerzas Armadas con el seguro médico produjo una explosión de empresas de seguro. En la
actualidad existen 68 empresas prepaga, algo inaudito para un mercado chico como el Paraguay. Es que la
milicia vino a pervertir más este sector básicamente porque ha creado una red ilícita donde no se busca la
asistencia médica sino establecer un mecanismo de fraude para quedarse con los G. 75.000 que cada
empleado civil recibe mensualmente, se publicaba en la prensa local. Consignaba que el fraude al fisco se
produce
53

Comité de Iglesias
al mes, al pagarse los G. 75.000 para seguro médico. Ese dinero es repartido entre la supuesta empresa
de seguro y los empleados afectados; en la mayoría de los casos quedan ( G. 50.000 a los empleados y G.
25.000 a la empresa fantasma o pantalla; existen en todas las FF.AA. unos 4.000 empleados civiles,
beneficiados con este régimen; el Estado desembolsa mensualmente G. 225 millones, suma que al año
asciende a G. 2.700 millones El régimen funciona en complicidad de generales, giradores, afectados y
funcionarios del Ministerio de Hacienda, al aceptar el pago a empresas que ni siquiera figuran en el registro
de proveedores o en la Superintendencia de Salud como COAS SER.
A fines de octubre el juez Ángel Cohene dio lugar a un recurso de amparo presentado por el vicesargento
primero Ariel Casui Penayo y ordenó al comandante de las Fuerzas Armadas, Nicanor Duarte
Frutos, arbitrar todos los medios necesarios para brindar tratamiento médico al militar. Casui Penayo
sufrió la explosión de una granada durante un entrenamiento militar y le ocasionó la pérdida de la mano
derecha y heridas considerables en las extremidades. Había recurrido a la justicia a denunciar que las Fuerzas
Armadas lo había abandonado a su suerte luego del accidente y que requería que el Estado se hiciera
cargo de inmediato de su rehabilitación.
A fines de junio y unos días antes de concretarse el retorno de Lino Oviedo al país se publicaba por los
medios de prensa que los suboficiales principales Gabino Cardozo y Severiano Medina fueron
arrestados por tiempo indefinido en el Regimiento Escolta Presidencial por haber integrado un grupo de
música que animó la convención del Partido Unace, donde se habló del retorno de Oviedo al Paraguay
desde el Brasil. El argumento esgrimido por los voceros militares fue que los suboficiales músicos pueden
disponer de sus ratos libres, con "'autorización", pero que no pueden participar de actividades políticas porque son
"militares como todos los demás". La detención de los suboficiales músicos y la amenaza de doblarles el arresto
si seguían las publicaciones constituye un abuso de autoridad y acto de prepotencia, como ya nos tiene
acostumbrada la cúpula militar, afirmaba la diputada Olga Ferreira, integrante de la Comisión de Derechos
Humanos de la Cámara de Diputados.
El teniente coronel José Antonio Idlemir, fue arrestado por 90 días en la Artillería, Paraguarí, como
resultado de un sumario abierto para determinar cómo se filtró una información publicada en el diario
ABC sobre irregularidades en la milicia. La esposa del militar pidió recurso de hábeas corpus a favor de su
marido. Señalaba que el militar no tuvo acceso a la defensa y no fue notificado de las razones de su
aprehensión.
El Poder Ejecutivo solicitó a la Cámara de Senadores el ascenso a general de Ejército del comandante de las
Fuerzas Militares, general de división José Key Kanazawa, en tres ocasiones. Una vez el Senado rechazó
y en otras dos ocasiones el Ejecutivo se vio obligado.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
a retirar el pedido ante el seguro rechazo del pedido. El pedido de acuerdo no fue acompañado
por legisladores del denominado bloque opositor. El argumento de fondo para oponerse al pedido
fue que Kanazawa había encabezado un grupo de militares que allanó la vivienda de Lino César
Oviedo en octubre de 1997, cuando estaba prófugo de la justicia. Ese hecho el oviedismo no le
perdona al militar y en esta ocasión tuvo la oportunidad de pasarle la factura. El bloque opositor
estaba integrado por senadores del Partido Unace, PLRA, Patria Querida, País Solidario y
Encuentro Nacional. Al parecer existe un compromiso de solidaridad de estos partidos con el
Unace, fundado por Lino Oviedo, para no acompañar el ascenso.
Por otra parte, el decreto 14.914 del año 2000, reglamentario de las leyes 1.115, del Estatuto
Militar, y 216 del 93, establece con claridad que tanto la comandancia de las Fuerzas Militares
como la de las armas (Ejército, Marina y Aviación) son cargos "privativos" de general de Ejército
y almirante. El rechazo del ascenso del Gral. Kanazawa ha vuelto de muy vulnerable legalidad su
permanencia en el cargo de comandante de las Fuerzas Militares y crea una peligrosa "distorsión
institucional" en la milicia.
A raíz de esta situación el militar accionó contra el artículo 118, segundo párrafo, de la Ley del
Estatuto del Personal Militar, que establece que "en ningún caso el tiempo máximo en el grado de
general o su equivalente será superior a cinco años. Al cumplir cinco años en el mismo grado pasará
de oficio a situación de retiro". El fiscal adjunto Marco Alcaráz recomendó a la Corte Suprema de
Justicia el rechazo de la acción de inconstitucionalidad presentado por el militar para evitar ser
pasado a retiro.
En la segunda quincena de mayo el general (SR) Pablino González, acusado del robo de más de
11.000 millones de guaraníes en la Intendencia del Ejército, fue beneficiado por el presidente Nicanor
Duarte Frutos con el "retiro temporal" de las Fuerzas Armadas. La medida causó indignación en
filas castrenses, ya que a pesar de haber sido condenado a 18 años de cárcel por corrupción,
González sale prácticamente por la "puerta grande", ya que a tenor del decreto respectivo hasta podría
retornar a la institución armada.
La objeción de conciencia va teniendo plena aceptación social a 12 años de su aprobación
constitucional. Tal es así que para esa fecha se tenían registrados 135 mil objetores en nuestro país.
Un 17 de agosto de 1994 se presentaba un grupo de 7 jóvenes para objetar el servicio militar.
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Comité de Iglesias
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PODER JUDICIAL Y FISCALÍA
La justicia siempre ha sido blanco de diferentes sectores de la sociedad porque ese derecho no llega a la
ciudadanía o no percibe que ella actúe tal como se quisiera. Este estamento del Estado ha tenido fallos muy
criticados y también fallos que constituyen señales positivas de cambio o por lo menos de querer mejorar la
alicaída imagen que proyecta ante la ciudadanía.
A fines de febrero pasado la prensa local informaba que de 498 procesos judiciales que se abrieron desde el
año 2000 por lavado de dinero, solo en un juicio existe sentencia. La falta de celeridad en las causas y la
carencia de uniformidad de criterios en la interpretación de la ley que castiga el referido delito favorecen a los
sospechosos. El director de la Unidad de Análisis Financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de
Dinero (SEPRELAD), Carlos Yegros, expresó su preocupación al titular de la Corte, Víctor Núñez.
Este es un solo ejemplo de la alta morosidad judicial que se tiene desde hace años en los tribunales. De ahí
que cuando se realizan encuestas y sondeos a la opinión pública sobre las instituciones del Estado, el Poder
Judicial acapara las referencias pero en sentido negativo.
A fines del año pasado seis ministros de la Corte Suprema de Justicia dejaron el cargo, algunos
renunciaron en pleno proceso de juicio político y otros fueron cesados como consecuencia del juicio
político. Este año la discusión de los actores políticos se centró en cómo llenar las vacancias o quiénes serán
los responsables del máximo tribunal del país. Tras una serie de reuniones de idas y vuelta entre líderes
de los partidos políticos con representación parlamentaria y el Poder Ejecutivo se acordaron los seis
nombres que ahora forman parte del máximo tribunal del país. Ellos son: Raúl Torres Kirmser, Sindulfo Blanco,
José Altamirano, César Garay Zuccolillo, Alicia Pucheta de Correa y Miguel Osear Bajac Albertini. De los
seis nombrados tres fueron apoyados por el Partido Colorado, dos por el PLRA, y uno por Patria Querida.
Sumado los seis nuevos miembros a los tres que quedaron tras la poda, que también son colorados, se tiene que
el partido de gobierno tiene una amplia mayoría. De los nueve miembros 6 son del partido de gobierno y tres
de la oposición.
Los nuevos designados, como casi siempre ocurre, han llenado de promesas de mejorar la imagen de la
justicia, calificada por propios y extraños como el antro de la corrupción y del tráfico de influencias para
dictar fallos en determinados sentidos. Pero la práctica diaria presenta un escenario casi igual o peor
de lo que era la justicia de antes de estos cambios en la Corte. Prácticamente los ministros siguen con los
mismos vicios y actitudes criticables que motivaron la destitución de los anteriores. A continuación se
mencionan
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
algunos casos que constituyen factores determinantes para que la ciudadanía piense que en realidad no se
dan los cambios esperados en la justicia paraguaya.
A fines de noviembre el superintendente de Justicia, Modesto Elizeche, recomendó la destitución del ex
director general de Administración y Finanzas de la Corte Suprema de Justicia, Lie. Luis Insúa Ego,
por una serie de irregularidades detectadas en su administración. También recomienda la promoción
de acciones contra Insúa, a fin de que el ex "brazo derecho" de la administración anterior de la Corte
repare con sus bienes el perjuicio causado al Estado.
Un caso de que la justicia demora en exceso para personas humildes es lo que se da con las víctimas del
frigorífico San Antonio. Quince años de espera y desesperación se cumplieron para los familiares de
las víctimas fatales del siniestro ocurrido el 7 de setiembre de 1989 en el frigorífico San Antonio. Como
una cruel burla a los genuinos reclamos hechos en su momento, la causa se encuentra durmiendo en
tribunales desde hace varios años. En aquella trágica jornada perdieron la vida un total de 10 obreros y en
la actualidad dos familias siguen luchando contra el poder económico de los Antebi, propietarios del
frigorífico siniestrado, y la desidia de los abogados y de los jueces del caso. El siniestro ocurrió
justamente porque los propietarios prefirieron arriesgar la seguridad y la vida de sus empleados antes que
realizar inversiones que podrían haber proporcionado una vía de escape a quienes cayeron en una mortal
trampa de fuego.
La corrupción y el tráfico de influencias son flagelos que están presentes en casi todas las instituciones del
Estado. La Corte Suprema de Justicia no es la excepción. De acuerdo a publicaciones periodísticas las
hijas y sobrinas del presidente del máximo tribunal del país, Víctor Manuel Núñez, fueron
beneficiadas con jugoso incremento de salario, de acuerdo al presupuesto 2004 del Poder Judicial. En
menos de un año de antigüedad Cynthia Núñez Albertini recibió un aumento de G. 1.460.500 y se
desempeña como auxiliar de la Corte; Kathia Stefana Núñez Albertini, relatora, registró un incremento de
G. 332.900. También fue beneficiada su hijastra, Claudia Larissa Madelaire Albertini, con aumento de
G. 1.286.400, y Lis Natalia Albertini Centurión, sobrina del presidente. Hay casos mucho más
graves como lo que ocurre con Claudia Larissa, quien de acuerdo a publicaciones periodísticas,
concurre diariamente a la Corte Suprema a registrar su asistencia y luego se retira para atender a la
gente en un consultorio que brinda asistencia odontológica. Es decir es una perfecta planillera, porque por
un lado estafa al pueblo que aporta mensualmente para el sueldo que recibe por no cumplir en forma su
función. Por otro lado, también la prensa descubrió que la misma no terminó la carrera de Odontología y
que ejerce la profesión en forma ilegal.
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Comité de Iglesias
También el hijo del ministro Wildo Rienzi Gaicano, Augusto, tuvo un aumento de G. 499.300. Otros
parientes de Rienzi beneficiados con el aumento son Nilda Graciela Gaicano Guerrero y Ruth Carmen Osorio
González.
Estos hechos constituyen muestras fehacientes del tráfico de influencias que funciona a full en el Poder
Judicial. Lo criticable es que los nuevos ministros de la Corte que fueron nombrados este año, seis en total,
rápidamente se adaptaron al modus operandi, ya que designaron a sus parientes cercanos en cargos en
la Corte Suprema de Justicia. Estos hechos insignificantes a primera vista, presagian que los cambios
son de nombres y de fachada nada más, porque los mismos vicios que motivaron la remoción de los
anteriores ministros siguen plenamente vigentes.
A principios de abril de este año el tribunal de sentencia dictó su fallo en el largo y sonado caso del desvío
de 16 millones de dólares de dinero de los bancos Unión y Oriental al exterior. El 2 de abril condenó por
unanimidad a Julio González Ugarte a 10 años de prisión, a Carlos Pecci a 8 años, a Juan Femando
Rodríguez Leith a siete años y seis meses, a Ramón Guillen a siete años y a Valeria Ortiz de Esteche a 4
años. Los declaró culpables del delito de lesión de confianza como partícipes del desvío de los 16 millones de
dólares de los citados bancos. En tanto que el ex contralor general de la República, Daniel Fretes Ventre,
quien había sido acusado por asociación criminal, fue absuelto de culpa y pena.
Después de más de dos días de deliberación los jueces Roque Orrego, Antonio Ocampos y Gustavo
Santander, miembros del tribunal de Sentencia dieron a conocer su veredicto. Previamente se había
realizado el juicio oral y público donde se pudo conocer detalles y entretelones del manejo de la citada
suma de dinero y el involucramiento de varias personas entre ellas el propio presidente de la República de
entonces, Luis Ángel González Macchi. Esta condena en primera instancia contra los responsables del desvío
ha echado por tierra el principal argumento esgrimido por los receptores del dinero en los Estados Unidos para
impedir su repatriación, es decir que los fondos fueron entregados con la venia del gobierno paraguayo.
A mediados de junio la Cámara de Apelación redujo las penas impuestas a los a los condenados. A
González Ugarte le redujo la condena de 10 años a 9 años y seis meses; de 8 años a 7 años y 6 meses al
ex superintendente de bancos, Carlos Pecci. Los más beneficiados fueron Ramón Guillen y Juan
Fernando Rodríguez Leith, quienes de una condena de 7 años y 7 años 6 meses, respectivamente, la pena
reducida los retendrá en la cárcel hasta el 10 de agosto del año 2006. El caso de Valeria Ortíz de Esteche,
la Cámara confirmó la pena de 4 años de cárcel. El fiscal Javier Contreras anunció que recurrirá a la Corte
Suprema de Justicia a pedir que revea el fallo de la Cámara de Apelación. Este escándalo se conoció
gracias a investigaciones periodísticas y no así por reacción propia
58

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
de organismos del Estado encargados de verificar el cumplimiento de las normas establecidas en
materia de juicio a bancos en liquidación. El 8 de enero del año 2001 el diario ABC Color inició la
publicación del escándalo de corrupción de la administración González Macchi. La montaña de pruebas
dio origen a dos intentos de juicio político contra el entonces presidente González Macchi. Sin embargo,
pese a que los argumentos para enjuiciarlo faltaron los votos en el Parlamento para enjuiciarlo cuando aún
estaba al frente del Poder Ejecutivo. Este proceso siguió para algunas personas como el caso de
González Macchi, quien fue acusado de instigador del desvío de los 16 millones de dólares. La justicia
decidió en noviembre pasado que el exmandatario será sometido a un juicio oral y público por cohecho
agravado (coima).
El fiscal Javier Contreras, quien fue el agente acusador de los condenados, había dicho que existen
numerosos elementos para condenar al ex presidente, porque según las pruebas tuvo participación del inicio
al fin en la operación realizada para desviar los 16 millones de dólares. A fines de octubre este fiscal se
retiró del cargo.
A principios de noviembre se publicaba en algunos medios de prensa datos sobre el meteórico
enriquecimiento de la familia del expresidente. Mencionaban que hasta febrero de 1999 Luis González
Macchi y su esposa Susana Galli tenían un ingreso mensual de Gs. 10 millones, vivían en una casa
alquilada y poseían un automóvil usado. Para el 2002, la pareja había acumulado 1,2 millones de
dólares en una cuenta Suiza, comprado siete vehículos y construida una mansión valuada en 2,2 millones
de dólares. Estos datos corresponden a una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos
Económicos a partir del descubrimiento de una cuenta bancaria secreta del ex mandatario. De acuerdo a la
investigación de la Fiscalía, la mayor parte del dinero que recibieron los González Macchi provino de
un benefactor, el empresario Reinaldo Domínguez Dibb. El Ministerio Público relaciona estos pagos con la
concesión para la explotación de juegos de azar a la empresa Monsol S.A., propiedad de Domínguez Dibb.
La Cámara de Apelaciones integrada por los camaristas Arnaldo Martínez Prieto, Eusebio Melgarejo
Coronel y Fremiort Ortíz Pierpaoli, absolvió al ex presidente de la República Juan Carlos Wasmosy en el
proceso por el auxilio irregular de G. 42.500 millones al Banco Desarrollo. La fiscalía había solicitado
una pena de 8 años de cárcel para el ex mandatario. El entonces juez Jorge Bogarín González lo sentenció
a 4 años de cárcel. Los defensores de Wasmosy apelaron y la citada instancia judicial falló absolviéndolo
del caso. El elemento que fue considerado "hecho nuevo" para dejar libre al ex jefe de Estado fue un
informe que el entonces presidente del Congreso Juan Carlos Galaverna había solicitado al Banco
Central del Paraguay (BCP), donde se informaba que la entidad bancaria no sufrió daño alguno con la
"inyección" al BD ya cuando estaba quebrado. El camarista
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Comité de Iglesias
Eusebio Melgarejo Coronel, quien votó en contra de la absolución de Wasmosy, dijo que no existió ningún
"hecho nuevo" para la liberación del ex presidente. Ratificó también que se causó un enorme daño al
Estado y que el ex mandatario y sus ex ministros Carlos Facetti y Ubaldo Scavone deben ir ocho años a
prisión. La resolución rué apelada por la fiscala Rocío Vallejo ante la máxima instancia judicial que es la
Corte Suprema de Justicia. Insistió en que los procesados sean condenados a 8 años de cárcel. La Sala
Penal de la Corte, donde irá a parar el expediente, está integrado por los ministros Wildo Rienzi
Gaicano, Alicia Pucheta y Sindulfo Blanco.
Un Tribunal de Sentencia condenó a ex directivos del Banco Nacional de Fomento por conceder
créditos irregulares a empresarios del transporte. El ex titular del BNF, Víctor Chamorro fue condenado a
cinco años de cárcel. En tanto que los ex consejeros Heriberto Arguello y José Pujol fueron condenados a 3
años y seis meses de prisión y a tres años de pena privativa de libertad, respectivamente. La fiscala del caso
Artemisa Marchuk había solicitado penas mucho más elevadas para los procesados y calificó las penas
dictadas por el tribunal de sentencia como muy benevolente. El citado tribunal estuvo integrado por los
jueces Gustavo Amarilla, Miguel Said y Mará Ladán.
Créditos autorizados: En su carácter de presidente del BNF Víctor Chamorro autorizó en total 25 créditos a
transportistas, que totalizaron U$S 25.998.182. Heriberto Arguello, ex consejero de la entidad bancaria,
autorizó a 23 empresas préstamos que totalizaron U$S 24.705.591. José Pujol, también ex consejero del
BNF, firmó resoluciones para la concesión de créditos a 25 empresas del transporte público, que significaron
una erogación de U$S 24.205.532. El ex consejero Arcidio Aquino autorizó créditos para nueve empresas,
que totalizaron U$S 9.184.754. Antonio Arpea autorizó créditos para 11 empresas por valor de U$S
11.426.964.
Otro grupo de personas que fue condenada en primera instancia había apelado la condena que se dictó en
contra de los mismos, apeló la medida y a mediados de noviembre la fiscala Artemisa Marchuk presentaba un
quinto urgimiento ante la Cámara de Apelación, tercera sala, para que dicte una resolución que confirme las
condenas impuestas a Carlos Noguera, Joaquín Vera y Vida Capurro, ex directivos del BNF por haber
autorizado créditos irregulares a transportistas que han ocasionado a la entidad un perjuicio de más de Gs.
86.000 millones.
En un juicio de investigación por millonario desvío de dinero en la Municipalidad de San Lorenzo, la fiscala
Blanca Aquino recomendó el sobreseimiento provisional del intendente de ese distrito, Germán Villalba
Frutos (ANR) y seis funcionarios, a más del sobreseimiento definitivo de cinco concejales municipales,
investigados por un fallante de más de Gs. 7.000 millones en la citada comuna. La fiscala ignoró el
informe de Contraloría que constató una serie de irregularidades, como pagos indebidos, mala utilización
de rubros y uso discrecional de los fondos de la Municipalidad en contravención a las leyes. El dictamen
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
de la fiscala pasó a consideración del juzgado a cargo de Fabriciano Villalba. En contrapartida, el citado distrito
registra el abandono de algunos barrios por parte de sus autoridades. El reporte periodístico señala que San
Lorenzo cuenta con calles intransitables, llenas de baches, hasta con malezas y las escasas plazas en total
estado de abandono. Esa es la patética imagen que brindan los barrios de la ciudad. En el año 2002 el
intendente Germán Villalba malversó Gs. 650 millones de fondos que debían ser destinados a obras, a
salarios y pago a proveedores. Este hecho constituye una muestra de quienes sufren las consecuencias de
hechos de corrupción que protagonizan las autoridades locales son los ciudadanos que aportan con sus
impuestos para recibir un mejor servicio y atención pública, pero no es así.
El Tribunal de Sentencia absolvió a Martín Burt, ex intendente de Asunción, a quien la ñscalía acusó
del delito de lesión de confianza en la ejecución de los proyectos de mejoramiento del vertedero
Cateura y los talleres municipales que dejó un daño patrimonial superior a los Gs. 8.500 millones. Los
jueces Lourdes Cardozo, Roque Orrego y José Waldir Servín concluyeron que el Ministerio Público no
probó la acusación en contra del ex j efe comunal y que ante las dudas existentes correspondía absolver al
citado ex munícipe. El tribunal de apelación 4ta. Sala, confirmó la condena de cinco años de cárcel por
lesión de confianza para el ex presidente de la Ande, y el ex gerente financiero del ente, Mario Orué y
Emigdio Duré, respectivamente, quienes tendrán sus penas compurgadas en el 2009. Es a raíz del
perjuicio de Gs. 1.400 millones causado a la institución con la compra de divisas por un valor superior al
vigente en el mercado. A la par de este proceso en lo penal, ambos ex funcionarios también soportan
una demanda en el fuero civil como consecuencia del perjuicio causado por su nefasta administración.
En su acción, la Ande reclama a sus ex autoridades el pago de más de Gs. 2 mil millones en
concepto de indemnización por los daños y perjuicios causados mediante la compra de divisas que
derivó en su condena. Sin embargo, a mediados de noviembre se conoció un llamativo fallo de la Corte
Suprema de Justicia. Decía la información que los ministros de la Corte Suprema de Justicia, de extracción
colorada, Víctor Núñez, Antonio Fretes y Wildo Rienzi dejaron impune a uno de los principales operadores
del Partido Colorado y ex presidente de la Ande, Mario Orué. La Sala Constitucional anuló los dos fallos
que condenaron al citado acusado a cinco años de cárcel, por la compra irregular de divisas. Agregaba
que como en los tiempos de la Corte anterior, los altos jueces habrían cedido ante las presiones políticas y
otros incentivos para favorecer a Orué. La fiscala Rocío Vallejo sostuvo que la resolución por la cual la
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló el juicio al ex titular de la Ande, además de
aberrante e inexplicable, constituye un antecedente nefasto para la administración de justicia, por ser
contradictoria a una resolución anterior, dictada en el mismo caso, por la sala penal. La fiscala recordó que
cuando el Tribunal de Apelación remitió el expediente a la Corte para que se expida sobre la
excepción de inconstitucionalidad, la Corte dijo que la defensa en el juicio oral planteó reposición
contra eso, pero como no apeló, ya no podía ser objeto de revisión.
61

Comité de Iglesias
La físcala Carolina Bogado, en forma supuestamente irregular, tuvo casi dos años en su poder 80 millones
de guaraníes que una encausada le entregó en un procedimiento abreviado en el expediente abierto al conocido
megaasaltante Osear Celestino Romero. El millonario monto tenía que ser depositado en una cuenta judicial,
pero sospechosamente quedó casi 24 meses en poder de la agente del Ministerio Público, que luego de ser
intimada por el juzgado entregó el dinero. Así informaba la prensa a mediados de febrero pasado. También la
citada fiscala tenía en su poder otros bienes y objetos del citado Romero, como el caso de un lujoso vehículo
Mercedes Benz. Durante el allanamiento de la residencia de Romero fueron incautados dinero en efectivo,
joyas, vehículos, inmuebles, electrodomésticos, armas y hasta animales silvestres. Todos estos objetos
habrían desaparecido del depósito de la Fiscalía General del Estado, según se publicaba en los medios. La
profusa difusión de los hechos que rodean a este caso mencionaba que el lujoso vehículo fue entregado
por la fiscala Carolina Bogado a la presunta propietaria, Antoliana Romero Cubilla, quien habría simulado
la compra del vehículo valuado en 35 mil dólares en tan solo 10 millones de guaraníes. A raíz de todos
estos hechos la fiscalía dispuso la investigación penal de la fiscala Carolina Bogado. La misma presentó
renuncia indeclinable al cargo. Repuso 52 millones de guaraníes, varios dólares y reales que había
requisado de la casa de Celestino Romero. Al día siguiente fue procesada por el juez Hugo Sosa Pasmor
por el delito de quebrantamiento del depósito. El juez de garantías Pedro Darío Portillo ordenó la reclusión de
la ex fiscala al penal del Buen Pastor. La misma había apelado la decisión del juez Portillo, pero a fines
de abril el Tribunal de Apelación rechazó el pedido de la ex fiscala por lo que seguirá en el penal del Buen
Pastor.
La investigación del fiscal Juan Claudio Gaona reveló la existencia de una pandilla que estaría
compuesta por la ex fiscala Bogado, funcionarios del Centro de Investigación Judicial, policías,
escribanos y abogados. La banda retiraba del depósito del Ministerio Público las "evidencias" confiscadas
en diferentes procedimientos y las comercializaba a través de Ramón Sánchez, encargado de colocar las
"mercaderías". A fines de abril el juez de garantías Pedro Darío Portillo decretaba la prisión de los
funcionarios del Centro de Investigación Judicial, Miguel D 'Eclessis y Luis Olazar y del supuesto reducidor
Sabino Sánchez. Los mismos fueron encontrados seriamente implicados en la venta de evidencias de la
fiscalía. Las sospechas también van dirigidas hacia el ex director del Centro de Investigación
Judicial, Javier Cazal, debido a que fue uno de los que encabezaron el allanamiento a la casa de
Celestino Romero. El ex subjefe del Centro de Investigación Judicial Gabriel Rodríguez, fue detenido
ante la sospecha de que en su residencia había evidencias incautadas de la vivienda de Romero.
El robo de evidencias del Ministerio Público al parecer es un eslabón de toda una cadena de corrupción que
funcionaba a las maravillas para sus directos beneficiados. Sin embargo, d caso de Celestino Romero
permitió conocer a fondo el asunto. Tal es así que el fiscal Joan Claudio Gaona siguió investigando lo que
hay detrás, especialmente la implicancia
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
de funcionarios del Centro de Investigación Judicial. Eso le valió que recibiera amenazas de muerte para
que pare la investigación.
Romero fue implicado en el denominado megaasalto, ocurrido en agosto de 2000, de 11 millones de
dólares que poco antes de ser depositado en una aeronave para su envío al exterior fue incautado por un
grupo de asaltantes. Romero fue detenido el año pasado y luego logró escapar de la cárcel de Tacumbú.
Meses después se lo encontró muerto de varios tiros de arma de fuego.
E1 fiscal adjunto Hugo Velázquez y el superintendente fiscal de Ciudad del Este, Juan Carlos Duarte. quienes
integran el primer anillo del criticado titular del Ministerio Público, Osear Germán Latorre, fueron
fuertemente salpicados por varios hechos de corrupción, según denuncia la prensa. Se mencionó pedidos
de coimas y hasta el retiro irregular de evidencias del depósito de la institución en Alto Paraná se atribuyen
a los dos representantes de la sociedad. Otro caso llamativo implica a la físcala Basiliza Vázquez,
considerada también protegida de Latorre. La misma hace más de un año es investigada por
enriquecimiento ilegítimo pero en la actualidad no fue imputada pese a los indicios en su contra.
Otra información señalaba que los muebles y electrodomésticos incautados de la casa de San Bernardino
donde residió el narcotraficante detenido, Claudair Lopes de Paría fueron a parar supuestamente en la
casa del fiscal Rubén Villalba. La especie periodística se atribuye-a fuentes antidrogas.
La físcala Basiliza Vázquez encubrió el robo de 765 cajas de CD vírgenes del depósito del Ministerio
Público de Ciudad del Este, decía una información periodística, basada en la denuncia que formuló Luis
Alcides Zarza Ibarra, en el 2002, ante la fiscalía del Alto Paraná. El caso quedó a cargo del fiscal Manuel
Rojas, quien nunca investigó a su colega Vázquez. Este es otro de los tantos casos que revelan que los
funcionarios que integran una rosca con el fiscal Latorre gozan de total y absoluta impunidad.La jueza
electoral María Teresa Escobar tuvo que devolver a la Corte Suprema de Justicia más de 45 millones de
guaraníes que cobró irregularmente. La misma, luego de ser nombrada magistrada por el alto tribunal,
seguía percibiendo su salario de defensora de pobres de Luque. Esta magistrada soporta un proceso en
el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados porque ordenó a la Cámara de Diputados, en junio de
2003, tomar juramente al liberal Carlos Zena, en vez de su correligionario Eduardo Vera Bejarano,
cuyo triunfo electoral fue confirmado por la instancia judicial y pendiente de resolución en la Corte, para
representar al departamento de San Pedro en la Cámara de Diputados.
La doble remuneración de funcionarios públicos, como es el caso de la citada jueza, colisiona con lo
que establece la Constitución Nacional, y es considerado causal de destitución. El artículo 105 de la
Carta Magna establece que "ninguna persona podrá
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Comité de Iglesias
percibir como funcionario o empleado público más de un sueldo simultáneamente". El Jurado de
Enjuiciamiento solicitó un informe a la Corte Suprema de Justicia sobre este hecho. Con la respuesta de
la Corte el Jurado abrió un nuevo proceso a la jueza. Sin embargo, los miembros del Jurado se mostraron
muy complacientes con la jueza procesada por prevaricato e investigada por cobrar en forma supuestamente
irregular doble salario. En el primer caso el organismo juzgador solo le quitó los fueros a la magistrada y la
puso a disposición de la justicia, pero no la suspendió en principio pese a la gravedad de la imputación.
En el segundo caso se dilataba su juzgamiento, demostrando que los intereses políticos siguen primando en el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados pese a los cambios de miembros, según analistas. El fiscal adjunto
en lo penal, Marco Antonio Alcaráz pidió ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados la remoción de
la magistrada electoral. Esta instancia resolvió destituir a la jueza a principios de noviembre de este año.
Unos días después la ex jueza electoral planteó una acción de inconstitucionalidad contra la resolución
del Jurado que la destituyó del cargo.
La jueza de la niñez y la adolescencia de San Lorenzo, Stella Vera, fue arrestada en su domicilio luego
de que el fiscal Víctor Maldonado haya recuperado de la casa de la magistrada un aparato celular que
fue robado durante un procedimiento judicial. Según publicaciones periodísticas, existen grabaciones en
las cuales la jueza solicita dinero para la devolución del teléfono.
A mediados de noviembre el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados absolvió al juez Hugo Sosa
Pasmor, quien en su momento resolvió la extinción de la causa que investiga el vaciamiento del Banco
Oriental, con una pérdida calculada en 80 millones de dólares. Ese monto fue á parar a manos de familiares,
parientes, amigos y empresas del presidente del banco, Wai Fu-Chan, y de sus hermanos miembros del
directorio. El citado juez, sin entrar siquiera a estudiar la cuestión de fondo, es decir, si hubo o no robo de
dinero en el Banco Oriental, declaró la extinción de la causa penal abierta por una cuestión de plazos e
intentó dejar sin castigo a los procesados. Esta decisión, sin embargo, fue revocada por la Cámara de
Apelaciones, en su momento, por lo que la causa sigue abierta.
El dirigente del Partido Revolucionario Febrerista de San Juan, Misiones, Timoteo Llano Benítez, sufrió un
arresto domiciliario de 20 días a principios de noviembre en la cárcel de Abraham Cue, por orden del juez de
liquidación y sentencia Patricio Poletti. Supuestamente el dirigente febrerista agravió al magistrado al emitir
una opinión sobre la lentitud que tiene el proceso al ex gobernador de Misiones, Egidio Ruiz Pérez, cuyo
grueso expediente se encuentra a cargo de Poletti. Llano Benítez había formulado duras críticas por la
televisión local al juez Poletti. Lo responsabilizó de "cocinar" el expediente que investiga los supuestos hechos
punibles de lesión de confianza que involucra al ex gobernador. El 18 de noviembre recuperó su libertad tras
presentar un recurso de hábeas Corpus.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
A principios de noviembre de este año el fiscal Delio González Sánchez, fue objeto de un atentado estando
en la ciudad de Villarrica. Cuando viajaba con su familia en un vehículo el rodado fue acribillado, pero
felizmente resultaron ilesos. El mismo se desempaña como fiscal de narcotráfico en el departamento de
Canindeyú. A raíz de este hecho el citado fiscal decidió abandonar esa zona del país porque dijo estar
seguro que el intento de asesinato del que fue víctima lo ordenó la mafia saltoguaireña. Indicó que su
alejamiento obedece especialmente a la preocupación por su familia y señaló que no existe suficiente
apoyo para enfrentar a la mafia fronteriza. Su sospecha principal como mandante del atentado recae
sobre el influyente seccionalero de Salto del Guaira Marciano Godoy, sindicado como uno de los
principales jefes de la mafia de esa zona. El dirigente colorado negó tener algo que ver en el hecho, según
transcribe la prensa y aseguró que la presencia del citado agente fiscal en Salto del Guaira nunca le causó
ningún tipo de molestia. Sin embargo, dijo que "ojalá no venga más acá para que descansemos de él".
A principios de año la Corte Suprema de Justicia dispuso la intervención del Registro del Automotor ante
serias sospechas de varios hechos de corrupción y para transparentar el manejo en el Poder Judicial. El
argumento de la intervención es la necesidad de tener una información adecuada de la realidad actual de la
entidad, de adecuar los datos informáticos a la realidad, de replantear la metodología de trabajo, de
detectar irregularidades de cualquier índole si existieren, en la búsqueda de la transparencia en al manejo
institucional y del cumplimiento del fin último pretendido en la ley que implemento el nuevo sistema, en
los plazos regístrales legales para el logro de la anhelada seguridad jurídica.
El Registro del Automotor fue montado para posibilitar todo tipo de irregularidades y fraudes, en beneficio de
una rosca corrupta que manejó la institución a su antojo. La base de datos es totalmente irreal y responde a una
estructura fríamente calculada para estafar a la ciudadanía. Así expresaba una de las conclusiones a las que
arribó la interventora de la entidad, escribana Norma Oreggioni, quien incluso denunció boicot y amenazas de
parte de grupos que responden al ex ministro de la Corte Suprema, Carlos Fernández Gadea. Sugería una serie
de acciones para solucionar la situación con las siguientes medidas: sanear el sistema informático, adecuar los
datos a la realidad, ajustes informáticos, relevamiento de datos en secciones A, B, C, organización de
mesa de entrada, nacionalidad de vehículos irregulares, desburocratizar procesos, capacitación del
personal y dictar nuevas disposiciones.
Ante las irregularidades detectadas sobre la base de las primeras investigaciones de la Fiscalía General
del Estado a cargo de los fiscales Alejo Vera, Arnaldo Giuzzio y Claudia Penayo, se tiene que hubo
lesión de confianza y estafa, tanto a la ciudadanía como al Estado paraguayo. El ex ministro de la
Corte, Carlos Fernández Gadea, su hombre de confianza, entonces director general de administración y
finanzas del Poder Judicial, Luis
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Comité de Iglesias
Insúa Ego y otros altos funcionarios del entorno fueron los que manejaron desde un principio el
Registro del Automotor. Unos 50 mil vehículos fueron inscriptos en forma totalmente irregular en el
Registro del Automotor, según un informe preliminar proporcionado a la fiscalía por la
interventora Oreggioni.
A mediados de marzo se informaba que más de 400 casos de corrupción en los ministerios, municipalidades,
gobernaciones, etc., quedaron en la impunidad con la promulgación de la Ley 2.248, a través de la cual se
quitaron atribuciones al Tribunal de Cuentas, segunda sala, para juzgar la gestión administrativa de
instituciones estatales. Esa tarea, con la nueva ley, pasó a cargo de la Contraloría General de la
República.
A principios de marzo de este año el fiscal de Encarnación, Eduardo Petta, fue repuesto en su cargo por
el fiscal general Osear Latorre. El polémico fiscal encarnaceno había denunciado varios hechos de
corrupción considerados "gordos", pero fue removido de su cargo en noviembre del año pasado por el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuyos miembros alegaron que Petta incurrió en mal desempeño
en sus funciones al permitir el ingreso de gendarmes argentinos en Encarnación, sin autorización del
Congreso, para participar de un procedimiento. Petta, quien estaba asignado a la investigación de la Unidad
Especializada de Contrabando y Evasión, anunciaba que solicitará al fiscal general que le otorgue
competencia por los hechos de corrupción en la Entidad Binacional Yacyretá, y que de esa manera pondrá a
prueba la voluntad política de Latorre.
Semanas después Petta San Martín renunció al cargo y presentó una denuncia contra el fiscal general
Osear Germán Latorre Cañete, por violación de la Constitución Nacional y varias leyes. La denuncia la
realizó ante los tres poderes del Estado. Menciona, por ejemplo, el archivamiento de varias de denuncias
contra agentes fiscales involucrados en hechos de corrupción. Uno de ellos se refiere al fiscal Claudio
Marciano Kostinchok, acusado de encubrir el tráfico de cigarrillos a la Argentina. Otro caso afecta al fiscal
de Itapúa Zacarías Gaicano, quien habría recibido diez mil dólares americanos para disponer el levantamiento
de la detención que pesaba contra un conocido narcotraficante de la zona, Adalberto Vanni Alegre,
detenido con 15.000 kilos de marihuana.
El fiscal penal de la Unidad Uno de la ciudad de Concepción, Luis Ramón Granee, recibió tiros a la altura de
la espalda mientras huía de la Policía después de recibir supuestamente una coima para evitar una
investigación en un caso de tráfico de rollos de madera. El mismo estaba siendo investigado por el fiscal
Amaldo Giuzzio, sobre la base de la denuncia de intento de extorsión de un maderero de la zona norte.
El fiscal general adjunto Marcos Alcaraz, recomendó la inmediata suspensión del fiscal que fuera filmado
por un programa periodístico de la televisión local, mientras recibía una coima de dos mil dólares americanos
para no objetar la explotación y tráfico de madera en una propiedad situada en la zona norte.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Otro caso que involucró a la cúpula del Poder judicial estuvo relacionado con la carta de naturalización
de extranjeros. Por tres mil dólares, un ciudadano coreano obtuvo una carta de naturalización con las
firmas falsificadas - según información periodística -, de los ministros de la Corte Suprema de Justicia
anterior, Bonifacio Ríos Avalos, Felipe Santiago Paredes y Raúl Sapena Brugada. El fraude, en el que
estarían involucrados gestores y funcionarios judiciales, quedó al descubierto cuando el extranjero
solicitó una fotocopia autenticada del documento. Como primera medida judicial el fiscal Alejo Vera
ordenó la captura de la gestora Rosa Han.
La Corte Suprema de Justicia detectó que una organización delictiva, que estaría integrada por
funcionarios judiciales, del Banco Central del Paraguay y hasta por jueces, "bicicleteaba" con
alrededor de 40 millones de dólares que el Poder Judicial tiene depositados en el BCP, en distintas
cuentas y a la orden de diferentes juzgados. El entonces presidente interino de la Corte, Raúl Torres
Kirmser, confirmó la información difundida por la prensa escrita. Según los datos manejados por la
fiscalía, se utilizaron órdenes falsas para extraer fondos de cuentas judiciales "congeladas" y derivar el
dinero a otras cuentas abiertas con órdenes igualmente falsas. El dinero era posteriormente transferido a
otras cuentas particulares y luego extraído. Firmas escaneadas de jueces, secretarios y abogados
particulares, órdenes judiciales "maus" dictadas en el marco de expedientes "fantasmas", son algunos
de los recursos utilizados para la perpetración del delito.
La prensa publicaba que existen evidencias de que los jueces Miguel Ángel Rodas, Arturo de los Ríos,
Hugo Bécker y Hugo Sosa Pasmor, están implicados en la extracción ilegal de fondos judiciales que,
según los datos, orilla los Gs. 5 mil millones. Secretarios judiciales, funcionarios de la Contaduría
de Tribunales y del Banco Central integran igualmente el engranaje corrupto, responsable del
vaciamiento de cuentas judiciales mediante las más variadas artimañas, que llegan hasta el fraguar
expedientes. El fiscal Arnaldo Giuzzio abrió una investigación al respecto. En ese sentido una
funcionaria judicial, Norma Rolón Caballero, fue detenida por orden del citado fiscal ante la sospecha de
que habría fraguado un expediente para cobrar un cheque por un valor de Gs. 3.700.000 de guaraníes con una
firma supuestamente apócrifa del juez Arturo de los Ríos.
Los fiscales Francisco Vergara y Sixto Marín imputaron al ex fiscal y ex viceministro del Interior, Carlos
Cálcena, por el supuesto hecho punible de apropiación. La investigación guarda relación con un
fallante de 350 mil dólares de la caja fuerte hallada en el procedimiento en el cual fue detenido el
narcotraficante brasileño Jayme Amato Filho, en Capitán Bado en diciembre del año 2000. El juez de Pedro
Juan Caballero Albino Aquino Amarilla, procesó a Cálcena por el citado delito del cual fue acusado por
los dos fiscales mencionados.
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Comité de Iglesias
El juez de liquidación y sentencia de San Lorenzo, Antonio Ocampos Carvallo renunció al cargo ante su
inminente remoción por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El mismo fue procesado por haber
habilitado más de 60 cuentas comentes canceladas, solamente de enero a marzo de este año y con los del
año pasado suman 250 cuentas. A raíz de las publicaciones la Corte Suprema de Justicia denunció que la
rehabilitación de cuentas era un negocio de varios jueces. Había solicitado informes al Banco Central del
Paraguay y en base a los documentos suspendió de inmediato a Ocampos y al juez de Lambaré Luis María
Yaryes y luego remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Yaryes ordenó la
reapertura de 150 cuentas comentes canceladas judicialmente.
El máximo tribunal del país ordenó la instrucción de un sumario administrativo al ex director general de
administración y finanzas y a la ex directora administrativa de la Corte, Luis Insúa Ego y Patricia Giucich.
Fue a raíz del lapidario informe de la intervención de dichas reparticiones, que ha dejado al descubierto una
serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos entre los años 2001 y 2003, entre ellas operaciones
con firmas fantasmas. Las proveedoras fantasmas, en total 8 cuyas direcciones no existen, tenían
exclusividad en la adquisición de artículos de oficina por sumas significativas.
A mediados de octubre la Corte Suprema de Justicia destituyó a la funcionaría Ruth Carmen Osorio de su
cargo de mediadora de la Oficina de Conciliación Penal por ineptitud moral manifiesta. La fiíncionaria se
vio envuelta en un escándalo al acompañar a su pareja Arnaldo Acuña cuando este exigía a un particular 80
mil dólares para liberar a un procesado, el aduanero Víctor Hugo Carreras. El ministro de la Corte Miguel
Osear Bajac Albertini, dijo al respecto que hay una gavilla operando en el Poder Judicial, pero anunció que el
máximo tribunal del país será implacable con los funcionarios involucrados en hechos de corrupción.
El día 2 de diciembre, medios de prensa daban cuenta que cinco miembros del Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrado, admiten la insólita acusación contra el fiscal ARNALDO GIUZZIO, por investigar a su
colega ANTONIO BERNAL CASCO por liberar a mariguaneros.
JUICIO POLÍTICO AL FISCAL GENERAL
Líderes de partidos de oposición de la Cámara de Diputados pidieron el juicio político del fiscal general del
Estado Osear Germán Latorre Cañete, por mal desempeño de funciones y comisión de delitos comunes.
Este pedido fue presentado a fines de mayo de este año. Los fundamentos del pedido son: Denuncia de las
hermanas Arrom en el caso de secuestro y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí. Las mismas involucran
a Latorre en hechos de terrorismo de Estado, tortura, secuestro, asociación criminal y desaparición de
personas, entre otros delitos graves de lesa humanidad; protección a fiscales acusados de coimas; los
fiscales Juan Carlos Duarte, Hugo Velázquez y Amilcar Ayala, vinculados a la mafia
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
de las marcas, son protegidos por el fiscal general; irregularidades en el Centro de Investigación
Judicial; funcionarios comercializan evidencias robadas que involucran a los fiscales Carolina Bogado y
Rubén Villalba en connivencia con Javier Cazal; Latorre no corrige rumbos como principal responsable
de la institución; denuncia de la viuda de Gumercindo Aguilar. Esta involucra a Latorre en entrega de dinero
para sostener testimonios falsos de su fallecido marido, Gumercindo Aguilar, considerado testigo ialso del
magnicidio de Luis María Árgana.
Los opositores pertenecientes a los partidos PLRA, Patria Querida, Unacey País Solidario, necesitaban 53
votos para que la acusación sea aprobada. Sin embargo, siempre Latorre contó con el apoyo de la
bancada colorada y del propio Poder Ejecutivo.
En este caso ocurrieron cosas muy curiosas como la postura del vicepresidente de la República Luis
Castiglioni, quien fue uno de los que desde un principio reclamaba la salida de Latorre. El propio
presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, sostenía que tras lograr la destitución y renuncia de
seis ministros de la Corte Suprema de Justicia le llegó el turno al fiscal. "Estamos intentando terminar con la
impunidad y los privilegios. Eso se inició con los cambios en la Corte y luego vamos a ir a la Fiscalía",
decía Nicanor. Castiglioni afirmaba que el Poder Ejecutivo está realmente preocupado e indignado ante la
"conducta dubitativa o anodina del fiscal general del Estado Osear Latorre, pues no vemos una acción
decidida del representante de nuestra sociedad para promover la investigación y dilucidación de los
hechos denunciados", con relación al escándalo desatado en la Policía Nacional a raíz de la denuncia de que
un grupo de uniformados de la institución pretendía repartirse un multimillonario botín robado al Banco
Nacional de Fomento de Coronel Oviedo. Se hablaba de Gs. 3.000 millones.
También se denunciaba en la prensa que el titular del Ministerio Público conformó una verdadera rosca
en esa institución y con un grupo de agentes de su confianza manejó a su antojo la misma. Se lo acusa de
proteger a políticos y parlamentarios involucrados en hechos ilícitos, y de supuestamente encubrir al
expresidente Luis Ángel González Macchi, quien soporta tres procesos ante la justicia del crimen.
Sin embargo y ante la presión de parlamentarios colorados, tanto Duarte Frutos como Castiglioni
aflojaron sus críticas al fiscal hasta terminar apoyando al funcionario del Ministerio Público. Hechos
como estos constituyen la incoherencia y la pérdida de confianza de la gente en sus representantes.
También pesan sobre el fiscal general el hecho que nunca evidenció un combate decidido a la corrupción y
dejó ir a los mejores fiscales. Fue acusado de ocultar documentos en el caso del desvío de los 16 millones
de dólares; de impulsar la destitución del fiscal Alejandro Nissen, por haber pedido seis años de cárcel
para uno de los hijos del fallecido
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Comité de Iglesias
vicepresidente de la República Luis María Árgana e investigado al senador colorado Osear González Daher.
Supuestamente también intentó trabar las averiguaciones contra el ex titular del Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados, Luis Caballero Krauer, al no autorizar la intervención del fiscal Eduardo Petta.
Pese a que desde la oposición se había impulsado el juicio político al fiscal ya desde el año pasado a
principios de este año se notó una actitud vacilante de la oposición, especialmente del oficialismo de
estos partidos. Eso demuestra que los partidos políticos, y especialmente su dirigencia, se mueven detrás de
un objetivo exclusivamente sobre la base de intereses partidarios y particulares coyunturales antes que
atender el reclamo de la ciudadanía. Aprincipios de año se notó un "congelamiento" del juicio político a
Latorre. De acuerdo a las publicaciones esa postura fue fruto de una determinación basada
esencialmente en el interés del PLRA de evitar el juicio político del contralor general de la República,
como consecuencia del juicio al fiscal. Esa fue una muestra palpable de la vigencia de la práctica del
toma y daca que se da en política en forma grosera y nada ética. El fiscal general Latorre es de
extracción colorada y el contralor general Francisco Galiano es liberal.
En octubre nuevamente se reflotó el pedido de enjuiciamiento político de Latorre a raíz de varios hechos
criminales, como el recrudecimiento delictual, secuestros y asesinatos de víctimas jóvenes. En esa ocasión
nuevamente la bancada del Partido Colorado (del gobierno de Duarte Frutos) impidió el tratamiento sobre
tablas del juicio a Latorre, pese a que de distintos sectores de la sociedad, incluso los senadores
colorados, pedían la destitución del mismo. La siguiente semana se planteó nuevamente el tratamiento del
pedido de juicio político y esa vez se trató sobre tablas, pero a la hora de votar no hubo la mayoría requerida
por lo que fue rechazado el pedido de juicio político. En esos días también llegaba de vuelta al país el
presidente de la República Duarte Frutos de una gira por países de Europa. Se le consultó sobre la traba
existente en la bancada colorada para enjuiciar a Latorre, a lo que respondió tajantemente que ese tema no
está incluido en la agenda país.
Días después del rechazo del juicio político en la Cámara Baja representantes de las bancadas de la
oposición en la Cámara de Diputados presentaron nuevamente un pedido de juicio político al
representante del Ministerio Público. La acusación se basa en una presentación hecha en su momento
al Senado por el ex fiscal Alejandro Nissen, que consta en 328 fojas. Los opositores no estaban
seguros de tener los votos necesarios, pero esperan que esta vez el presidente de la República tenga
en cuenta el reclamo generalizado de la ciudadanía.
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INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA
Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
La inseguridad reinante en el país es cada vez más alarmante por la pérdida de vidas y la violencia que
con que actúan los malvivientes. Mucho se debatió sobre este punto en diversos ámbitos de la
sociedad, pero desde el Estado hasta ahora solo se ha aportado cambio de personas en organismos
encargados de la segundad ciudadana y apariciones temporales de miembros de las Fuerzas Armadas en
la vía pública para tratar de intimidar a los potenciales delincuentes. Sin embargo, la cuestión de fondo
que origina la ola de criminalidad y delincuencia no es atacada en forma por el Estado. La pobreza, la
ineficiencia policial y fiscal, la inoperancia judicial, la lucha por el poder político, la corrupción y la
impunidad son el caldo de cultivo para la creciente inseguridad. Estos elementos necesitan de una respuesta
eficiente y decidida desde el gobierno. Mientras la ciudadanía percibe que los políticos priorizan las
luchas internas y dejan de lado el tratamiento de temas que son reclamados para garantizar la seguridad,
como ser la modificación del Código Penal para evitar que las medidas sustitutivas favorezcan a los
delincuentes reincidentes o procesados con expectativas de altas condenas.
Resumiendo los pilares sobre los que se sustenta la inseguridad se tiene como Aspectos
socioeconómicos. 2.324.000 personas se encuentran bajo la línea de pobreza; 1.100.000 paraguayos
indigentes; 7,6 por ciento de desempleo abierto; 8,3 por ciento de desempleo oculto; 15,9 por ciento de
desempleo total; 7,7 por ciento de subempleo visible; 14,4 por ciento desempleo invisible; 22,1 por ciento
subempleo total; 37,4 por ciento de personas económicamente activas con problemas de empleo; 19,4 de
mortalidad infantil (por cada mil nacidos vivos); 114,4 mortalidad materna (por cada 100 mil nacidos
vivos); necesidad de viviendas, 300.000; total de familias sin tierra, 400.000; tierras malhabidas,
144.000 hectáreas; el 20 por ciento de la población más rica tiene el 60 por ciento de las riquezas y el 40
por ciento más pobre tiene solo el 10 por ciento de las riquezas; el 10 por ciento de la población tiene el 66
por ciento de las tierras y un 30 por ciento de paraguayos no tienen acceso a la tierra.
Fiscalía. Funcionarios inexpertos, muchos de ellos abogados recién recibidos; elevada ineficiencia a la
hora de sostener sus imputaciones; carencia de recursos tecnológicos y presupuesto para realizar su
trabajo; fuera del caso María Edith Bordón de Debernardi y el del propio fiscal general no tuvo éxito en
sus investigaciones de secuestro. Fuerzas Públicas. Elevados índices de corrupción en las fuerzas
policiales; efectivos dedicados a la seguridad privada más que a la ciudadana; oficiales y suboficiales
con salarios por debajo del mínimo; escasez de recursos económicos y de infraestructura; con escasos
rubros para combustible y mantenimiento de sus vehículos. Poder Judicial. Considerado como el más
corrupto de los poderes del Estado; nombramiento político de jueces,
71

Comité de Iglesias
camaristas y ministros de la Corte Suprema de Justicia; otorga con excesiva facilidad medidas
sustitutivas de prisión; no dicta condena contra personalidades poderosas que son acusadas de cometer
delitos; mantiene elevados índices de presos sin condena en las cárceles. El 75 por ciento de los internos en
las cárceles no tienen condenas. Clase Política. Los partidos y los poderes del Estado se distribuyen cuotas de
poder a la hora de nombrar jueces, fiscales, camaristas y ministros de la Corte Suprema de Justicia; priman
intereses sectoriales a la hora de nombrar a los responsables de las fuerzas públicas; el Parlamento no
aprueba las leyes necesarias para evitar el otorgamiento de medidas sustitutivas a delincuentes;
Ministerio de Justicia y Trabajo no ejerce control sobre los actos delictivos que se manejan desde las
cárceles; no existe voluntad política de perseguir las mafias; el Estado no tiene presencia en las zonas de
frontera. Corrupción e Impunidad. No existe control de las casas de empeño donde los delincuentes
comercian los botines; 400 millones de dólares desperdiciados del crédito chino y no existen
investigaciones para determinar responsables; 25 millones de dólares en compras amafiadas de Copaco
sin que existan imputados; 92 millones de dólares de inversiones ociosas en Essap y desde el Ejecutivo se
sostiene a los funcionarios responsables; responsables del vaciamiento de los bancos quedaron sin
castigo; responsables del progresivo vaciamiento del IPS no tienen persecución judicial; no existen medidas
judiciales contra transportistas que realizaron préstamos fraudulentos del BNF.
El Ministerio Público no tiene una política criminal en serio para luchar contra la corrupción y tampoco prevé
ni incentiva la gestión de sus agentes para que inicien las investigaciones de oficio, expresa un informe que
el ex fiscal Alejandro Nissen envió a Transparencia Internacional, capítulo paraguayo. Señala que la
sociedad está desprotegida ante la actitud omisiva del Ministerio Público y demás autoridades para hacer
frente de manera preventiva a aquellos hechos punibles de corrupción. Agregaba que de combatir dichas
conductas de manera preventiva o consumadas en su defecto y de producirse en ambos casos una
implacable, pero objetiva investigación, impedirá la impunidad de aquellas conductas ilegales, lo que a
su vez permitiría en gran forma luchar contra la pobreza para vencer luego la miseria que son los
factores fundamentales que de nuevo desembocan en la delincuencia. Puntualiza el informe de
Nissen que las instituciones solo se encuentran abocadas a enfrentar el auge de la delincuencia
común pasando por alto de manera inexplicable la lucha contra organizaciones internacionales de
delincuentes ligados generalmente a políticos influyentes, mezclados en sectores financieros y
comunicacionales, pero escudándose siempre detrás de las garantías ciudadanas.
El propio gobierno carece de un plan real contra la inseguridad reinante. El ministro del Interior, Nelson
Mora, y el comandante de la Policía Nacional, Carlos Zelaya, en una audiencia con la mesa directiva y
líderes de bancada de Diputados, dejaron al descubierto que no tienen un plan institucional para combatir
la delincuencia y la inseguridad.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
La ola delictiva cobró varias víctimas en este año, especialmente de jóvenes. Uno de ellos fiíe el caso del
estudiante del colegio Internacional Emilio Andrés Aguirre Rojas (18), quien fue apuñalado por un
"peajero" cerca de su domicilio, en una zona residencial de Asunción para robarle un teléfono celular. En
medio del dolor y la indignación las críticas apuntaron a la inseguridad reinante debido a la impunidad y a
la complicidad de la Policía con los delincuentes, así como a la necesidad de reformar el Código Procesal
Penal.
Algunos ciudadanos que se animaron a dar su opinión sobre las posibles causas señalaban que todo el
mundo, incluyendo a los policías, sabe dónde están los malandros en cada barrio de la ciudad.
Señalaban también que el ocio desmedido por falta de programas sociales es el que lleva a los jóvenes
a drogarse y a delinquir, y en el caso de las mujeres a dedicarse a la prostitución.
Otro caso que causó la indignación de la ciudadanía fue el de una niña violada y luego asesinada. Se
trata de la menor Felicita Estigarribia, oriunda de Yaguarón, departamento de Paraguarí. El cuerpo de la
menor fue hallado en las faldas del cerro Yaguarón, con señales de haber sido violada y estrangulada.
A raíz de este horrendo crimen, miles de pobladores se congregaron en el local de la Escuela Básica No.
5.355 María Auxiliadora del barrio Santa Librada de Yaguarón, para reclamar a las autoridades
seguridad en la región y para exigir justicia por la muerte de la menor.
A raíz de los dos hechos ocurridos en la misma semana en distintos puntos del país la gente, especialmente
estudiantes, salió a las calles a reclamar justicia y a exigir a las autoridades que cumplan con su deber de
brindar seguridad a la ciudadanía. En Asunción la manifestación reunió a alrededor de 15 mil personas. Todos
los dedos acusadores apuntaron al gobierno, que genera un clima de injusticia social que es campo fértil para la
violencia y la delincuencia. Los manifestantes expresaban que las autoridades viven en una burbuja que no
percibe el drama diario que la gente vive a merced de delincuentes y violadores.
Las localidades de Ñemby y San Antonio, del departamento Central, son consideradas como las ciudades más
peligrosas del área metropolitana de Asunción, por la presencia de delincuentes urbanos, en especial los
denominados "peajeros". Estos delincuentes juveniles son los que azotan a la población y crean un ambiente
de extrema inseguridad. La Policía Nacional dice mantenerlos bajo control. Pero en la realidad cotidiana de la
gente eso no ocurre.
A mediados de año y a raíz del recrudecimiento de la delincuencia, la violencia y la inseguridad se
divulgó por la prensa resultado de algunos estudios y análisis sobre el asunto. Se mencionaba que en
los últimos años, la inseguridad urbana ha crecido de manera considerable, según informe elaborado
por la dirección de Política Criminal y Criminología del Ministerio Público. Señalaba que la variación
fue de más del 100 por
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C omité de Iglesias
ciento entre 1990, cuando se daban 9.560 hechos delictivos por año, y el año 2000, cuando trepó a 24.565
casos anuales. La Policía Nacional admitía igualmente que la tendencia ascendente de delitos se mantiene.
Las formas de criminalidad que han experimentado un verdadero boom son los llamados "delitos callejeros"
o "predatorios", con lo cual también ha aumentado la sensación de inseguridad en la población.
Para la Policía Nacional, si bien los delitos que tienen que ver con muertes violentas y lesiones graves se
registran en cualquier punto del país, se dan con mayor frecuencia y en forma más evidente en aquellas
zonas de gran pobreza, como los asentamientos precarios, las zonas ribereñas y las villas. Para la fuerza
del orden público hay gente honesta y trabajadora en estas zonas de proliferación de la violencia como
producto de la pobreza, la falta de una mejor educación escolar, los malos ejemplos y las malas
compañías, que constituyen un círculo vicioso. Esta situación es perniciosa para los niños y jóvenes que
viven deslumhrados por el poder adquisitivo del dinero, que casi no alcanza para el sustento. Sin embargo, por
otro lado, están a la orden del día el consumo del alcohol, las drogas y estupefacientes. Es así que los
jóvenes recurren a todo tipo de trucos y artimañas para conseguir dinero, desde robos bagatelarios, hurtos
y rapiñas haciéndose "caballos locos", "carteristas" y últimamente los "peajeros".
La Fiscalía General del Estado conformó una unidad para combatir el secuestro. La unidad antisecuestro
será entrenada por especialistas de Colombia. Cuatro fiscales, Rogelio Ortúzar, Cynthia Lovera,
Néstor Suárez y Sandra Quiñónez, integran el equipo al que se irán acoplando en forma paulatina otros
representantes del Ministerio Público.
El 28 de junio fue secuestrado el ganadero Sebastián María Llano Gavina. Fue liberado unos días después,
previo pago de un rescate.
El 12 de octubre fue secuestrado el menor de 10 años Aníbal Amín Riquelme Seif Eddine. Unos días después
fiíe encontrado el cuerpo del niño muerto en los alrededores de Luque. Un hecho llamativo es que se trata
del hermano de Katia Riquelme, quien dos años atrás fuera secuestrada y luego liberada tras pagar sus padres
el rescate solicitado por sus captores.
El 21 de setiembre fue secuestrada Cecilia Cubas Gusinky, hija del expresidente de la República Raúl
Cubas Grau. Hasta el momento sigue cautiva. Informaciones no tan claras se ventilaron respecto a este caso
sobre el supuesto pago de parte del rescate, así como la aparición de pruebas de vida de la víctima del
secuestro.
La empresaria gastronómica Gilda María Estela Vargas, fue secuestrada el 28 de agosto del año pasado, y
este es el tiempo que aún no aparece, pese a que sus familiares pagaron el rescate solicitado por los captores
en dos ocasiones.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Otra persona secuestrada que aún no fue rescatada, es el estudiante de abogacía correntino, Cristian
Schaerer, quien fue secuestrado el 21 de setiembre del año pasado. Sus padres también pagaron el
rescate pero el joven de 22 años no aparece.
Horacio Martín Lañe de Aguirre, de 17 años fue muerto en un asalto a su vivienda por un malviviente que
una vez consumado el robo advirtió a la familia asaltada, que se encontraban tendidas en el piso de la
vivienda, que nadie levante la mirada, instantes en que Horacio Martín levantó la cabeza para observar
al asaltante y este le disparó un balazo en la cabeza. Al día siguiente falleció el joven.
Este hecho más el secuestro de Aníbal Amin Riquelme conmocionó nuevamente a la ciudadanía que salió a las
calles a manifestarse reclamando, una vez más, seguridad a las autoridades y la destitución del fiscal general
del Estado, Osear Germán Latorre Cañete, sobre quien pesa sospechas de vinculaciones con la mafia.
Igualmente la Policía fue blanco de críticas.
Estos dos sucesos costaron el cargo al ministro del Interior Orlando Fiorotto, quien fue reemplazado por
el abogado Nelson Mora, quien se desempeñaba como procurador general de la República. En la
comandancia de la Policía Nacional Humberto Núñez fue destituido y en su reemplazo nombrado el
comisario Carlos Zelaya. La movida general en la Policía ubicó al cuestionado policía Roberto González
Cuquejo como titular de la dirección general de orden y seguridad. Días después fue relevado de ese cargo
ante una ola de protestas y críticas de diversos sectores de la sociedad. A González Cuquejo se lo
vincula con el secuestro y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, supuestos secuestradores de María
Edith Bordón de Debernardi.
Una de las primeras medidas adoptadas por el comandante de la Policía Nacional, comisario Zelaya fue que
ningún jefe policial formule declaraciones a la prensa, excepto el vocero Santiago Velazco. La insólita
medida contradice a otra firmada años atrás por el ex jefe de Policía, Mario Agustín Sapriza, que se refería
precisamente a la búsqueda de los mecanismos para transparentar la gestión policial a partir de la apertura a
los medios periodísticos.
Asociaciones y consejos de padres de 25 instituciones educativas organizados en la Asamblea
Ciudadana, reclamaron seguridad por estar cansados de la inseguridad e impunidad por los casos de
asaltos, violaciones, secuestros y homicidios. Exigen a las autoridades resguardo para los estudiantes.
Eso es custodia policial en forma inmediata y permanente de todas las instituciones educativas públicas y
privadas del país. Con ello los padres buscan garantizar la vida, integridad física y psíquica de los
estudiantes. A fines de octubre estas asociaciones presentaron al presidente de la República como
reclamo la inmediata intervención y depuración de la Policía Nacional por el Poder Ejecutivo con la
fiscalización de una comisión ciudadana. También pidieron que el 10 por ciento del presupuesto militar
sea destinado a un plan de seguridad ciudadana.
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Comité de Iglesias
En octubre rué detenido en la Argentina Cristhian Carro Córdoba, supuesto secuestrador. Esta acción
permitió conocer las conexiones del mismo con casos de corrupción en la Argentina y en el Paraguay.
Al parecer este personaje fue detenido dos días después del secuestro de Cecilia Cubas, pero luego dejado
en libertad por dos altos jefes policiales, previo pago de 60 mil dólares. Tras este escándalo los dos jefes
policiales fueron separados de la Policía Nacional. Uno de ellos era nada menos que el jefe antisecuestro de la
Policía, comisario Osear Larrosa. El otro es el comisario principal Juan Pereira, director de apoyo técnico.
Otro policía separado de la institución a raíz de este hecho fue el comisario Antonio Martínez, ex
titular de Vigilancia y Delitos de Investigaciones. También se descubrió que un funcionario de la
Policía Nacional ayudó al Carro Córdoba a obtener cédula de identidad paraguaya falsificada. Se trata
de Blas Darío González Capdevila (26), quien se desempeña como funcionario del Departamento Judicial
de la Policía, tras haber prestado servicio anteriormente en el Departamento de Identificaciones.
El fiscal Alejo Vargas fue asignado por el Ministerio Público para investigar a los tres policías que
fueron separados de sus respectivos cargos por la supuesta liberación del secuestrador argentino.
Un pedido de extradición de Carro Córdoba fue solicitado por los fiscales Cynthia Lovera y Néstor Suarez a
la jueza Blanca Gorostiaga. El pedido fue hecho sobre la base de la implicancia del mismo en el
secuestro de Sebastián Llano.
A raíz de la ola de violencia y delincuencia de la que es víctima la sociedad ministros del Ejecutivo y el
Poder Judicial se reunieron para elaborar una política criminal y penitenciaria y combatir la violencia. El
titular de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez; los ministros de la sala penal de la Corte y varios
jueces; el ministro del Interior, entonces titular Orlando Fiorotto; el ministro de Justicia y Trabajo,
Juan Darío Monges; el comandante de la Policía, entonces Humberto Núñez, y el fiscal general adjunto,
Humberto Insfrán, conformaron una comisión que busca la solución integral al problema de la
violencia que azota al país.
El 1 de noviembre nuevamente se realizó una cumbre de poderes del Estado para abordar el tema seguridad.
A iniciativa del presidente del Congreso, Miguel Carrizosa Galiano estuvieron cara a cara los titulares
del Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El ejecutivo habló de lograr mayor seguridad, el Legislativo de
analizar proyectos de leyes y el Judicial de sancionar la delincuencia. Es decir que solamente hablaron de
lo deben hacer y no delinearon una política de Estado para intentar la reactivación económica ni para
combatir la pobreza, posibles causas de fondo de la delincuencia.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
También abordaron temas tales como el aumento de presupuesto para penitenciarías y reforma
penitenciaria; ampliación presupuestaria para la Policía; plan de contingencia presentado por el Poder
Ejecutivo (plan de prevención); reforma del Código Penal y Procesal Penal. El plan de contingencia
menciona fuertes intervenciones de la Policía Nacional, apoyada por las Fuerzas Armadas y con un
trabajo cercado del Ministerio Público, en distintas áreas clasificadas por importancia; cambiar desde el
punto de vista legal, infraestructura, tecnología, y gestión, crear nuevas penitenciarias en la región Oriental y
Occidental, actualmente el sistema penitenciario deficiente que reproduce el 70 por ciento de
reincidencia; resolución del proyecto de ejecución penal, que hace a la reforma del cumplimiento de las
penas.
En la reunión no se mencionó temas pendientes tales como que la pobreza que afecta a 2.300.000
personas y 1.500.000 en la extrema pobreza; la impunidad existente con las 144.000 hectáreas de tierras
malhabidas que no son recuperadas, y los últimos fallos que salvaron a Wasmosy, González Macchi y
otros; corrupción en la Policía y otros entes del Estado; desempleo que afecta al 15,9 por ciento de la
población económicamente activa; compromiso político para analizar continuidad del cuestionado fiscal
general del Estado Osear Germán Latorre; presupuesto y gasto social (19,7 billones de guaraníes de
los cuales el 40 por ciento se destina a gasto social, según el gobierno); reactivación económica, sigue
paralizado el proceso de reforma del Estado.
A mediados de noviembre el senador liberal Carlos Mateo Balmelli presentó un proyecto de ley que
castiga "el crimen de secuestro y conexos". Establece penas más severas que van hasta 50 años de cárcel
y dispone medidas que pueden ampliar la actuación preventiva de la Policía y de las instancias judiciales.
El legislador argumentó que el aumento de la inseguridad y del activismo delincuencial amenaza superar
la capacidad instalada de los órganos de seguridad del Estado.
En tanto que desde el Poder Ejecutivo el asesor político del presidente, Clemente Barrios anunciaba que el
presidente Duarte Frutos quiere incluir la pena de muerte en el debate para una próxima convención
nacional constituyente.
Las cifras oficiales demuestran cómo en los últimos años la modalidad delictiva del secuestro dejó de
ser exclusiva de los grandes centros urbanos latinoamericanos, para pasar a formar parte de nuestra
realidad. Entre el 2001 y el 2003 la mesa de entrada del Ministerio Público recepcionó un total de 154
denuncias de secuestro y 45 denuncias por tentativa del mismo delito. Las cifras resultan alarmantes, al
igual que las características de violencia registradas en los últimos plagios.
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Comité de Iglesias
La verdadera voluntad de cambio de los gobernantes se manifiesta a través de la distribución equitativa y
racional de los recursos del Estado. Existe una marcada contradicción entre la intención expuesta por los
presidentes de los tres poderes del Estado, de restaurar la seguridad, y el manejo desprolijo e irracional
del Presupuesto General de Gastos de la Nación para el año 2005. Este instrumento no atiende
cuestiones fundamentales que en definitiva son las que crean el caldo de cultivo para el desarrollo de la
inseguridad. La crítica realidad del país no admite más discursos o acciones meramente paliativas; exige
cambios estructurales que obligatoriamente deben venir a través de la racionalización del presupuesto
general de gastos.
La sociedad se ve forzada a convivir con los denominados "peajeros", quienes abordan a las posibles
víctimas y exigen dinero o cualquier cosa para que las personas transiten por el lugar. Si no obtienen lo
que piden atacan con sus armas y en algunos casos con saldo fatal como viene ocurriendo en los últimos
tiempos. Esta nueva modalidad de delincuencia juvenil se ha apoderado de las calles de las ciudades del país
y más aun en Asunción y el área metropolitana, donde ha dejado numerosas víctimas. En la actualidad los
asaltos callejeros se multiplican y no todos los casos trascienden. Para la Policía Nacional las medidas
sustitutivas de prisión constituyen el mayor obstáculo porque según afirman, gente que debería estar tras
las rejas, merodean las calles de la ciudad. En tanto que pobladores de las zonas marginales culpan a la
Policía de "hacer la vista gorda" a los delincuentes.
En el mes de abril pasado la Junta Municipal del distrito de Salto del Guaira, juntamente con
representantes de diversos sectores de la sociedad local exigieron al gobernador del departamento de
Canindeyú, Manuel Dej esús Caballero, su intervención para poner fin al estado de inseguridad reinante
en la región. Expresaron su total repudio a la inacción policial y del Ministerio Público local, contra
los jefes del narcotráfico y autotráfico, quienes propician la masiva venida de malvivientes en la capital
departamental.
En la madrugada del día 3 de diciembre, en un emprendimiento conjunto de fiscales y autoridades
policiales, detuvieron a más de 10 personas, implicadas supuestamente en el sucuestro y muerte del menor
AMIN RIQUELME SEIF EDDINE.
POLI Y MILIBANDIS
En los últimos tiempos con mayor frecuencia se puede observar en los medios de prensa que oficiales y
suboficiales de la Policía y de la milicia, en actividad o en retiro, suelen aparecer implicados en hechos
delictivos. En Villa Hayes, Bajo Chaco, un ex suboficial de la Policía y ex custodio del ahora diputado y ex
gobernador de Presidente Hayes Eugenio Escobar Cattebeke, fue capturado al mando de una camioneta
robada en un asalto el 13 de febrero de este año en la ciudad de Fernando de la Mora. Se trata de Guido Alain
Estigarribia Ojeda.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Un subteniente de Infantería que hacía un tiempo no se presentaba a su unidad militar fue detenido el 20 de
octubre cuando viajaba en una unidad del transporte público en Asunción, poco después de haber
cobrado 10.000 dólares a una funcionaría del Ministerio de Hacienda, bajo amenaza de secuestro
de ella o algún familiar. El detenido es Andrés Francisco Martínez Gauto, de 25 años.
El 6 de febrero se divulgaba por la prensa que el comandante del batallón militar de Capitán Bado,
departamento del Amambay, Tcnel. Mario Cristaldo, fue detenido por varios civiles en la citada ciudad
fronteriza con el Brasil, cuando se desplazaba a bordo de una camioneta denunciada como robada en la
zona de Ype Hu, departamento de Canindeyú. Las informaciones señalaban que el militar estaría
liderando un grupo al que se atribuyen los robos de motocicletas y automóviles en la zona fronteriza en
los últimos tiempos.
A mediados de junio un militar retirado, mayor Osear Elias Céspedes, fue detenido en un hotel de Ciudad
del Este al ser sorprendido in fraganti en el momento que recibía cinco mil dólares, para supuestamente
frenar una investigación de la Fiscalía local sobre el envío de millonarias sumas de dinero al exterior en
forma ilegal y en el que fueron implicados dos ciudadanos de origen libanes, Atef Alí Avvali y su cuñado
Nazar Hicham Mohamad.
Dos agentes que prestan servicios en el sistema 911, de emergencia policial, y en la comisaría 25 a .
de Ytororó, respectivamente, fueron capturados en la ciudad de Villeta tras ser sorprendidos in fraganti
mientras perpetraban un atraco contra el chofer de un ómnibus de "La Villetana", que estaba estacionado
en el desvío a Guarambaré. Se trata del oficial segundo Milciades Rubén Torres Bordón, y el oficial
ayudante Miguel Fernando Cantero Mendieta. Ambos estaban fuera de servicio, en estado de ebriedad
y vestidos de civil cuando fueron capturados, decía la crónica periodística.
Tres "polibandis" frieron capturados junto con una camioneta y un automóvil robados en asalto a la
residencia del concejal municipal de Asunción Augusto Isidro Wagner. Los policías son sospechosos
de haber capturado y liberado después a cambio de dinero a los robacoches. Los detenidos son: oficial
inspector Gustavo Adolfo Ortíz, suboficial primero Juan Concepción Villasanti, y el suboficial inspector
Salvador Ramón Noguera Recalde. El juez en lo penal de garantías, Pedro Darío Portillo, dispuso la
prisión preventiva de los tres agentes policiales.
En junio pasado frieron descubiertos en la valijera de un vehículo los cuerpos de dos hermanos que
habían sido ejecutados. Se trata de Roberto Orlando (27) y Javier Gustavo Glizt Velázquez (25). El móvil
habría sido el robo de una caja fuerte que contenía 80 mil dólares y documentos relacionados a una
fábrica investigada por falsificación de cajetillas
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Comité de Iglesias
de cigarrillos. La fiscalía apuntó su investigación a tres policías que fueron detenidos como los
principales sospechosos de estar implicados en la ejecución de los dos hermanos. Los mismos son: el
comisario José Dolores Amarilla Jara, el suboficial inspector Mauro Luis Benítez Amarilla, y el suboficial
primero Edgar Germán Insfrán Giménez. El hermano de los ejecutados, Víctor Manuel Glizt Velázquez,
acusó a los tres policías del asesinato de sus dos hermanos. El mismo se presentó en los tribunales a pedir
garantías a la justicia porque su vida corre peligro.
El jefe de policía del departamento del Alto Paraná, Crio. Aristides Cabral ha sido imputado por el fiscal
Francisco Vergara. El fiscal investiga el caso del robo de la caja fuerte del narcotraficante Jaime Amato
Filho, ocurrido durante un operativo que se realizó en la estancia ubicada en la localidad de Capitán
Bado. El fiscal sostenía que Cabral cometió el delito de producción de documento público de contenido
falso.
A través de la prensa se informaba que al menos 52 efectivos de la Policía dados de baja por el Tribunal
de Calificaciones de la institución. En la nómina figuran agentes involucrados en tráfico de
vehículos, asaltos, comercio de estupefacientes, entre otros delitos. En el último año un total de 78
efectivos de la fuerza policial fueron separados de la institución por distintos motivos.
A fines de abril la prensa informaba que la justicia ha puesto en circulación a 113 convictos en poco más de
un mes al valerse de las medidas sustitutivas de prisión establecidas en el Código Procesal Penal, uno de los
instrumentos legales más criticados en su aplicación en la actualidad. Decía la información que con las
libertades condicionales, la ciudadanía es la gran perjudicada. Solamente en el mes de junio al menos 110
convictos regresaron a las calles al ser beneficiados con las medidas sustitutivas, pese a las severas críticas de
distintos sectores de la sociedad.
Esta es una medida sumamente cuestionada y cada vez que ocurren hechos delictuosos que conmueven a
la ciudadanía como el asesinato de menores, secuestros, asaltos, etc. vuelve al debate público y las
críticas van dirigidas a los parlamentarios que siempre prometen darle prioridad, pero luego queda en el
olvido.
Los incisos del artículo 245 del Código Procesal Penal, sobre medidas alternativas, constituyen letra
muerta a la hora de su aplicación. Desde la vigencia de este instrumento, se ha demostrado que cientos de
procesados no cumplen con las medidas impuestas a cambio de su libertad. Se ha comprobado
suficientemente que un gran porcentaje de convictos beneficiados con la libertad condicional no acude a
firmar los libros de registro, así como tampoco se someten a la vigilancia de personas o instituciones
adecuadas. Existieron casos de procesados que efectuaron viajes al exterior, pese a tener prohibido
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
salir del país. Las críticas señalan que las medidas sustitutivas de prisión más bien constituyen un
elemento importante que fomenta la impunidad. Por eso el índice de delincuencia y violencia sigue
siendo preocupante cada vez más.
La revista Reforma Penitenciaria, del Ministerio de Justicia y Trabajo, señalaba en mayo pasado que de
cada diez procesados que recuperan su libertad en todo el país, siete vuelven a delinquir. La publicación
evidencia una alarmante realidad entre cuyas diversas causas está, a criterio de la jueza de ejecución y
sentencia Ana María Llanes, la inexistencia de una política penitenciaria con vistas a la rehabilitación
de los reclusos y la concesión indiscriminada de medidas alternativas y sustitutivas de prisión y de
suspensión condicional del procedimiento.
Ante las críticas de diversos sectores de la sociedad contra el casi nulo accionar de la Policía para
detener la ola delictiva nuevamente el presidente de la República Nicanor Duarte Frutos anunció severa
purga en la Policía Nacional. Este tipo de anuncios ya le tiene acostumbrado a la gente que ya no cree
por lo reiterativo y por la ineficacia en la práctica. A principios de junio anunciaba una severa purga en la
Policía para limpiar sus cuadros de corruptos. Exigía a los encargados de la seguridad del país
rigurosidad y recuperar los valores morales.
El primer día de este año unos 1 4 efectivos de la Policía, entre ellos el mismo jefe del departamento de
Investigación de Delitos, Crio. Princ. Rubén Darío Mendoza, fueron arrestados como derivación de las
denuncias del fiscal que investiga el robo a los móviles del Banco Nacional de Fomento (BNF), Pedro
Alderete. También la máxima autoridad policial de Cnel. Oviedo, zona donde ocurrió el robo, Crio.
Gral. Osear Barboza, fue destituido por la comandancia. El citado fiscal denunció a un grupo de altos jefes
policiales y una veintena de oficiales de intentar quedarse con parte de los más de 3 mil millones de
guaraníes que se habían robado del BNF en diciembre del 2003. El caso se dio a conocer en una
conferencia de prensa realizada en la casa presidencial de la que también participó el propio presidente de
la República Nicanor Duarte Frutos. Los policías afectados por la medida disciplinaria acusaron al fiscal
Alderete de destruir la investigación con la denuncia hecha. El comisario Arnaldo Sanabria Moran, uno de
los 14 arrestados, fue quien acusó al magistrado de destruir la investigación iniciada sobre el caso,
cuyos indicios ya apuntaban hacia personas determinadas.
Curiosamente al día siguiente de haberse publicado en los medios periodísticos la denuncia del fiscal este fue
desafectado de la investigación del robo. Tras ser desafectado de la investigación reveló a los medios
de prensa que los comisarios Rubén Mendoza, Hugo Benítez y Arnaldo Sanabria fueron quienes le
propusieron distribuirse unos G. 2.750 millones del BNF. También los policías le comentaron al fiscal
Alderete que esa práctica
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Comité de Iglesias
era algo que siempre se hacía entre policías en estos casos. El juez de garantía de Cnel. Oviedo, abogado
Alberto Godoy Vera, decretó la prisión preventiva de los tres mencionados jefes policiales, por el supuesto
hecho punible contra ejercicio de funciones públicas y soborno agravado.
El escándalo desatado con el robo a los móviles del BNF revivió las sospechas de lo que se considera una
antigua práctica policial sobre la "repartija" de botines recuperados de bandas criminales. El recuento
sobre caudales rescatados de algunos sonados casos constituyen algunos de los elementos que sustentan
esa presunción, revela una investigación periodística basada en algunos ejemplos como los casos del
megaasalto cuyo botín era 11 millones de dólares, solo se recuperaron 1,5 millones de dólares; pago
por rescate de María Edith Bordón de Debernardi, 1.000.000 de dólares y solo se recuperaron 400 mil
dólares; secuestro de César Cabral, 1.500.000 dólares, y se recuperaron bienes y vehículos; caso Gilda Estela
Vargas, 80 mil dólares y se recuperaron 11 mil dólares; robo al BNF de Carapeguá, 1.000 millones de
guaraníes y se recuperaron 285 millones. El caso de los móviles de Cnel. Oviedo el robo fue de Gs.
3.250 millones.
A mediados de julio se informaba por los medios que más de 1.000 millones de guaraníes fueron sustraídos
de la bóveda de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de Hernandarias, departamento del Alto Paraná,
durante un golpe llevado a cabo por desconocidos. Este hecho ocurre siete meses después del robo a los
móviles del BNF ocurrido en Caaguazú. Parecería que el estatal BNF es el blanco preferido de los
delincuentes.
A fines de enero el Tribunal de Calificaciones de la Policía Nacional dio a conocer la nómina de 35
agentes y dos funcionarios policiales que fueron echados por hechos de corrupción e incumplimiento de
deberes. La nómina incluye a los subcomisarios Nasario Portelli e Ildefonso Candía; oficiales inspectores
Edgar Brizuela y Antonio Samudio; los oficiales primero, Walter Molinas, Pedro Ruíz Díaz y Mariano
Céspedes; los suboficiales principales, Rosalino Chaparro y Andrés Moreno; los suboficiales mayor, Roque
Cabrera y Luis Maciel Villalba; los suboficiales inspectores, Ramón Enriquez, Osear Martínez y Darío
Patino; los suboficiales primero, Fernando Sanabria, Daniel Agüero, Julio Cañete, Julio Echeverría, Primo
Fretes, Santiago Montanía, Serafín Ortega, Facundo Ortíz y Pedro Pérez; los suboficiales segundo, Vicente
Barboza, Guido Estigarribia, Virginio Gómez, Arnaldo González, Elvio Martínez, José Félix Oviedo,
Pablo Yoni Ruiz, Edgar Torres y Gustavo Vázquez; los suboficiales ayudante, Roberto Solís, Miguel Vera
y Aldo Duarte; y los funcionarios Julio Chaparro y Lourdes Ortíz.
A fines de julio fueron echados de la Policía otros 52 efectivos policiales por cometer delitos y faltas
graves. Ellos son: Carlos López Espinóla, Gustavo Adolfo Ortíz, Milciades Rubén Torres, Carlos Martín
Caballero, Miguel Cantero, Francisco Avalos, Pedro Lezcano
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Portillo, Juan Carlos Rolón, Miguel Ángel Agüero, Lucas Benítez, César Casco Lezcano, Justo López
Guerrero, Juan Bautista Ortíz, Vicente Verdún, Salvador Noguera, Aníbal Rodríguez, Juan Vidal
Salinas, Alberto Ramón Ayala, Florencio Azuaga, Julián Cabanas, Juan Bautista García, Estanislao
Giménez, Patricio Martínez, Mirna Martínez Ferreira, Lucio Mendoza Leiva, Luis Gonzalo Morales,
Mario Peña, Juan Concepción Villasanti, Hugo César Ruiz, Herculano Cardozo, Bernardo Cubas, Felipe
Nery García, Julio César Giménez, Derlis Godoy Segovia, Heriberto Herrera, Carlos Mayeregger,
Alicio Ortiz Orué, Darío Ramón Soto, Arnaldo Andrés Vega, Eliezer R. Velazco, Cristhian Avezada,
Milciades Brítez, Virgilio Cantero, Nelson González Soto, Ernesto Llamas, Valderlei Núñez, Carlos
David Torres, Luis Maciel, Francisco Martínez, Pedro Báez Sino, Arsenio Da Silva e Ignacio Sanabria.
El esquema del robo de vehículo y la extorsión a víctimas desde las cárceles del país sigue intacto y
campante. Así se desprende de numerosas denuncias formuladas que apuntan al grupo comandado por el
conocido autotraficante Hugo Insfrán Santacrúz como responsable de esas operaciones. Este delito es una
mafia que mueve unos 50 millones de dólares al año en el Cono Sur. Sigue vigente sin ningún tipo de
quebrantamiento operando desde las dos principales cárceles del país. Los casos de robo de lujosas
camionetas son digitados tanto desde la prisión de Minas, Emboscada o Tacumbú. Víctimas de robos de
vehículos formaron una asociación denominada "Socorro". Sus integrantes expresaron su oposición a la
liberación de los robacoches con las cuestionadas medidas sustitutivas de prisión.
El entonces jefe del Departamento de Investigación de Delitos, Crio. Princ. Juan Pereira González,
advirtió a la ciudadanía a través de la prensa que los autotraficantes recurrieron a un nuevo método que
consiste en robar un vehículo, devolverlo poco después al dueño y después extorsionarlo. Este método es
utilizado por el grupo que integra el convicto Amado Francisco Berino.
La capacidad creativa de los presidiarios no tiene límites a la hora de llevar a cabo maniobras para
estafar a incautas víctimas de robo de vehículos. Se informaba por la prensa que los malvivientes
recurren a los "santo y seña" que lo hacen por escrito para generar más expectativas en los afectados
que solo al final de la historia descubren la patraña. Se publicaron varios casos de personas que
fueron víctimas de robo de sus vehículos que luego fueron "localizados" por convictos desde centros
penitenciarios quienes hacían una serie de exigencias para devolver o dar la pista del vehículo sustraído.
Casi siempre estos casos terminan en una segunda y grosera estafa. Se informaba también que los
convictos que integran el grupo dedicado a embaucar a personas que resultaron víctimas de robo de
vehículo tienen un rápido acceso a la información sobre los detalles de los rodados debido a que
cuentan con vvalkies (sistema de comunicación) que tienen la frecuencia de la Policía.
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I Comité de Iglesias
En setiembre se produjo la detención de un oficial de Policía sobre quien pesaba sospechas de
integrar un grupo que extorsionó a una mujer para la devolución de un vehículo robado. Se trata del
oficial segundo Gustavo Errecartes, quien presta servicios en la comisaría 9° Metropolitana.
Una serie de publicaciones por medios escritos daba cuenta que la ilegalidad se apoderó de olvidados
distritos del departamento de Ñeembucú. La situación en el departamento del sur de la República se
describía en estos términos: Ignorar lo que ocurre en la extensa frontera del Ñeembucú con la
Argentina es dar la espalda a la realidad. Mencionaba que aviones y veloces embarcaciones
trasponen los límites territoriales transportando cargas que no corresponde precisamente a mercadería
legal. Agregaba que de unos años a esta parte, la mafia instalada en otros sectores del país han encontrado
la alternativa ideal en el despoblado departamento, en el que existen parajes casi inaccesibles
para los tradicionales habitantes de la zona, pero muy valiosos e ideales para los que operan en la
clandestinidad.
A fines de abril el oficial inspector de Policía Richard Gabriel Cabrera Babañoli (33), fue baleado
en la comisaría de Arroyo Seco por un hombre ebrio, molesto porque habían demorado a su hijo. El
citado policía falleció luego de permanecer en terapia intensiva durante 14 horas. El imputado por
este crimen fue identificado como Guillermo González Rolón.
A fines de febrero unas 250 personas, en su mayoría familiares de víctimas de hechos delictivos en la zona de San
Pedro del Ycuamandyyu, exigieron justicia y reclamaron la intervención de la fiscalía y del juzgado de
primera instancia de la capital departamental. Los mismos señalaron que existen 25 casos de asesinatos que
nunca fueron aclarados por la inacción de las autoridades. El obispo de esta zona del país, Mons. Fernando
Lugo, quien acompañó a los manifestantes, sostuvo que todas las autoridades de San Pedro son ineptas.
Pobladores que abandonan sus hogares luego de recibir el "golpe" de los delincuentes suman a diario
en la comunidad de Arazaty, San Roque González, según el reporte periodístico. Los lugareños
afirman que en principio los atracos fueron esporádicos, pero que luego los casos se multiplicaron.
Para colmo, dicen que en la comisaría 12° jurisdiccional ya no les quieren tomar las denuncias.
84

TRAGEDIA DEL YCUA BOLAÑOS
Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El 1 de agosto de este año el Paraguay sufrió su peor tragedia de su historia al incendiarse el supermercado
Ycúa Bolaños Botánico. En pleno día domingo en que una gran cantidad de personas concurre a ese centro
comercial a realizar sus compras, se habló de un poco más de mil personas. En esa tragedia perecieron
alrededor de 400 personas. Empleados y clientes del supermercado siniestrado coincidieron en afirmar
que las bocas de salida del local fueron cerradas por orden de los propietarios, para evitar robos. Fue luego de
desatarse el incendio. De acuerdo a los datos, este hecho precipitó las muertes masivas por asfixia y
quemaduras. Una cajera dijo que escucho gritar a los guardias privados que el patrón ordenó cerrar las
puertas.
La conclusión sobre la causa del siniestro presentada por la Fiscalía General del Estado revela que el
fuego se originó en el ducto de la chimenea en forma de que sale de la parrilla de carnes del patio de
comidas. La acumulación de residuos grasos en la chimenea en forma de codo generó llamas a causa del
calor interno. El calor convirtió en llamas la grasa acumulada dentro del ducto de la irregular chimenea.
La llamarada producida en el interior del ducto de la irregular chimenea se extendió en el espacio
existente entre el cielo raso y el techo de zing recubierto con poliuretano. La combustión de
materiales altamente inflamables que componen el techo y el cielo raso facilitó el crecimiento del fuego
encima de la gente que se encontraba en el interior del centro comercial. La rampa que conduce al
estacionamiento del supermercado fue uno de los puntos de mayor concentración de calor, debido
a que el fuego encontró en ese lugar un canal para alimentarse de oxígeno, según los técnicos.
Para el fiscal Edgar Sánchez es evidente que hubo negligencia que derivó en la tragedia del
supermercado. Citó como ejemplo la acumulación de grasa y carbonilla en la chimenea del patio de
comidas, lo que constituyó una de las causas del siniestro.
El incendio llegó al "nivel de cremación", o sea a la temperatura de 900 grados centígrados, suficiente para
carbonizar a cualquier ser vivo en minutos. La investigación sobre el siniestro del Ycua Bolaños apuntó
a dos aristas: la responsabilidad de la empresa proyectista y constructora y la administración de la
Municipalidad de Asunción a partir del año 2001, año en que se presentaron los planos, según reveló la
fiscala Teresa Sosa.
Se concluyó igualmente que la principal causa de que fallecieran muchas personas en el siniestro fue
porque las puertas fueron cerradas tras detectarse el incendio y algunas explosiones. Por esta razón el
fiscal Edgar Sánchez enfatizó que se debe investigar a los imputados por el incendio por el delito de
homicidio doloso. Fueron imputados Juan Pío
85

Comité de Iglesias
Paiva, su hijo Víctor Daniel Paiva, cuatro guardias de seguridad y con el cargo de homicidio de auxilio contra
Humberto Casaccia. "Se constató negligencia en el mantenimiento de la chimenea y del sistema de
alarma contra incendio", expresaba igualmente parte de la conclusión de la Fiscalía.
Esta tragedia desnudó también la situación de inseguridad en que se encuentran la gran mayoría de los
supermercados de la zona metropolitana, así como de edificios donde alberga a importante número de
personas. Recién a partir de este luctuoso suceso la Municipalidad se decidió a realizar el trabajo que
siempre debió haber hecho y por el cual venía cobrando millonaria suma de dinero en concepto de canon por
revisión y fiscalización de los sistemas de seguridad de edificios y centros comerciales año tras año.
El proyectista del edificio que albergaba al supermercado Ycua Bolaños Botánico asegura que el sistema de
salidas de emergencia funcionó, pero que se convirtió en una trampa mortal porque las puertas estaban
cerradas. El arquitecto Bernardo Ismachowiez aseguró que el sistema de provisión de gas, en el patio de
comidas, se instaló siguiendo patrones de seguridad aceptables.
Como consecuencia de la tragedia los centros hospitalarios se llenaron de pacientes, tanto del sector
público como privado. Llegaron muestras de solidaridad de todos los sectores de la sociedad y de varios
países extranjeros, especialmente costosos insumes para los cientos de heridos graves que generó el
siniestro.
En el barrio Trinidad, aledaño al local comercial siniestrado, el luto envolvió a mucha gente. La mayoría de las
víctimas fatales fueron de esa zona. En algunos locales escolares también se sintió la pérdida de alumnos,
incluso de profesores. Según el relevamiento realizado por el Ministerio de Educación y Cultura, fueron unas
treinta y cinco, entre escuelas y colegios, las instituciones educativas afectadas directamente por la tragedia en
el supermercado. Eso significa que tuvieron pérdidas de alumnos, docentes o padres y hermanos.
Donaciones de medicamentos se recibieron de varios países para atender el costoso y largo tratamiento
a los heridos del siniestro. En el manejo de las donaciones no podía ser que todo sea trasparente, pues se
denunciaron malos manejos en las donaciones de dinero que generó la tragedia. Familiares de víctimas se
quejaron de eso en varias ocasiones. También se detectó en una farmacia la comercialización de
medicamentos costosos que se habían donado para las víctimas del incendio.
La tragedia del 1 de agosto dejó un total de 132 niños huérfanos, 1.071 hogares afectados y 66 adultos
desempleados inmediatos, según cifras reveladas por el Consejo de Emergencia Nacional tres semanas
después del incendio. En ese tiempo se dieron a conocer algunas
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004 •
cifras que arrojó la tragedia del Ycúa Bolaños: fallecidos identificados, 320; fallecidos no identificados,
42; total de fallecidos, 362; personas desaparecidas, 49; restos humanos rescatados, 55; niños huérfanos
de fallecidos, 119; niños huérfanos de desaparecidos, 16; miembros de hogares afectados, 1.071.
Un hecho sumamente negativo y cuestionado por la ciudadanía fue el manejo que se le daba a las
donaciones por parte del Comité de Emergencia Nacional. Los reiterados cuestionamientos obligaron
al Poder Ejecutivo a sustituir a Manuel Sarquis y reemplazarlo por Aristides González.
A partir del incendio del supermercado Ycúa Bolaños varios centros comerciales y supermercados
de todo el país iniciaron refacciones internas de sus edificios con el objeto de dotar de salidas de
emergencias y sistemas de seguridad para casos de emergencia. Tal es así que recién a partir del desastre
municipios de todo el país iniciaron inspecciones en serio de los edificios que albergan a importante número
de personas. Un informe preliminar de las inspecciones realizadas por los Bomberos Voluntarios del
Paraguay e inspectores municipales en los diferentes supermercados de la capital revela el estado
de las instalaciones, que ameritan, en algunos casos, el cierre de los locales. En ese sentido varios
supermercados fueron clausurados temporalmente hasta adecuar sus instalaciones a un sistema de
seguridad aceptable.
El 18 de noviembre se registró un principio de incendio en el patio de comida de otro de los
supermercados Ycua Bolaños, el que está ubicado en el centro comercial Multiplaza de Asunción. Este
incendio se inició por las mismas causas que provocaron la tragedia del 1 de agosto: la acumulación de
hollín y grasa en la chimenea dio inicio al fuego, aunque esta vez no hubo víctimas. Las áreas de
producción de calor del local fueron clausuradas por funcionarios de la Municipalidad tras este hecho que
causó un gran susto a quienes se encontraban en el local comercial.
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Comité de Iglesias
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
RESULTADOS DEL CENSO 2002
A principios de octubre fueron presentados los resultados finales del censo de población y vivienda
realizada en el año 2002. Revela que en los últimos 50 años, el Paraguay cuadruplicó su población;
la población total en el 2002 era de 5.163.198 habitantes y actual, según proyección 2004, es de
5.742.006 habitantes; el 56.7 por ciento de los habitantes (2.928.437) están concentrados en la zona
urbana y el 43,3 (2.234.761) en áreas rurales; el 40 por ciento de la población se aglutina en Asunción,
Central y Alto Paraná. En cuanto a la densidad, se tiene que a nivel país se cuenta con 12,7 habitantes por
kilómetros cuadrados; la región Occidental o Chaco paraguayo alberga sólo al 2,6 por ciento de la
población total del país, con 0,5 habitantes por metros cuadrados. El 37,1 por ciento de la población total
tiene entre O y 14 años de edad, lo que significa 1.915.309 personas; cerca de 1.500.000 habitantes
están en la franja de 15 a 29 años. El 50,4 por ciento de la población (2.603.242) está conformado por
varones y el 49,6 por ciento por mujeres; hay más varones (52,8 por ciento) que mujeres (47,2 por ciento) en
zonas rurales, mientras que en áreas urbanas, las mujeres llevan la delantera con 51,4 por ciento frente al 48,6
por ciento del sexo opuesto.
En lo que refiere a perspectivas en educación y trabajo, los datos arrojan que la población de 15 años y más
registra un promedio de 7.1 años de estudio; los habitantes de áreas urbanas estudian un poco más de
8 años (8.4), mientras que los de zonas rurales sólo alcanzan 5,3 años; el analfabetismo de personas de 15
y más años bajó del 19.9 por ciento -registrado en 1972- a 7.1 por ciento en el 2002. Esto indica que sólo 1 de
cada 14 personas es analfabeta; el 8,2 por ciento de las mujeres son analfabetas, frente al 6 por ciento de los
varones; la población económicamente activa (PEA) está conformada por 1.968.273 personas; la tasa
de actividad de la población paraguaya pasó del 51 por ciento (1992) al 54.2 por ciento (2002); sólo el
26.7 por ciento de la población económicamente activa (525.393) opera en la agricultura y el 52,4 por
ciento (1.031.697) en los servicios y el comercio; la mayor parte de las mujeres trabaja en el sector terciario
(servicios y comercios), registrando un 39.8 por ciento frente al 39.8 por ciento de los varones; el 41,8 por
ciento de la PEA es trabajador por cuenta propia; el 1 por ciento de la población de 12 años y más de edad
busca su primer empleo.
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EDUCACIÓN
Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El pilar fundamental que permite a una sociedad encarar el desarrollo hacia mejores condiciones de
vida sin duda alguna es la educación. Hay conciencia de ello en diferentes sectores de la sociedad. Desde
el gobierno y sectores de poder también se habla con insistencia en la necesidad de aumentar el gasto
público en ese rubro. Sin embargo, a la hora de definir los montos presupuestarios si bien el rubro
educación lleva un monto importante, más es absolutamente insuficiente. La reforma de la educación ha
demandado ingentes recursos del Estado, pero hasta ahora los resultados logrados no son los adecuados. En la
prensa se mencionaba casos sumamente preocupantes como los informes presentados en el seminario
"Educación de la Población Rural en América Latina: Alimentación y Educación para Todos", realizado
en Santiago de Chile. Menciona como ejemplo que de cada 100 alumnos que inician la educación escolar
básica en el sector rural, menos de 10 terminan la educación media. Según el referido documento, el
sistema educativo actual presenta altos índices de ineficiencia: altas tasas de repitencia, de deserción y baja
relación alumnos/profesor. Estos indicadores demuestran la necesidad de políticas de fortalecimiento de la
calidad de la educación y una reestructuración importante de los cargos docentes.
Uno de los puntos observados como déficit de la educación paraguaya es que no se cumple la meta de
desarrollar 200 días de clase según establece la legislación respectiva. El artículo 14 de la Ley
General de Educación, expresa que "El año lectivo, en la educación escolar básica, media y profesional
tendrá como mínimo doscientos días laborales contando cada día con no menos de cuatro horas, en los cuales
no se incluyen los días de exámenes". Sin embargo, esta práctica no se da en todo el territorio nacional.
Una de las excepciones sería en las escuelas del departamento de Boquerón, Chaco. En pleno Chaco
árido, en el citado departamento se da la pauta a las demás regiones del país acerca de cómo se debe
desarrollar un año lectivo. La prioridad en esa zona del país es cumplir con el desarrollo de las clases y
por eso no hay huelgas ni pérdidas de clases vanas. La contracara de ese esfuerzo se da en la deserción
escolar, que en épocas de intensa sequía sigue siendo alta, decía un informe divulgado por la prensa.
El informe señalaba que planificar, y, más que nada, cumplir lo planificado es la clave para que los
colegios menonitas del departamento de Boquerón concreten sus metas. En esas instituciones chaqueñas
se asegura el cumplimiento de los doscientos días de clase que exige la ley. Pero como las horas de clase
diarias son más que las que cumplen otras instituciones, al terminar el año los alumnos habrán cursado el
equivalente a 230 días de clase, mientras en el resto del país apenas se llegan a cumplir 180 días, en
general.
En la localidad de Loma Plata funciona el Centro de Formación Profesional de las Colonias Menonitas,
institución responsable de la formación de los técnicos y mandos medios que ocupan un espacio en la
cadena productiva del departamento de Boquerón.
89

Comité de Iglesias
Como cada año el inicio del año escolar es motivo para que los medios de comunicación se ocupen de la
situación de las escuelas y colegios. Uno de los varios casos publicados fue el de la escuela San Vicente
de Paúl. Decía la información que en esa institución se desarrolla clases en un ambiente de pobreza tal
que muchos alumnos ni siquiera tienen útiles, y sus padres se declaran sin posibilidades de comprarlos.
Incluso hay quienes no asisten a clases, a la espera de una donación de materiales que a veces tarda en
llegar o sencillamente no llega. En esta situación de carencia muchos de los alumnos que asisten a este local
escolar están condenados a no terminar siquiera la educación escolar básica, que va hasta el noveno
grado.
En un acto de recordación de la independencia del Paraguay la ministra de Educación, Blanca Ovelar de
Duarte, afirmaba que la libertad no le sirve de mucho a un analfabeto que carece de las capacidades mínimas
para dignificar su vida. Anunció en ese acto un plan del gobierno para erradicar el analfabetismo para el
2008. Reconocía que el Paraguay tiene 230 mil analfabetos, un millón de pobres extremos que aún
gastando todos los ingresos en comida, no alcanzan a consumir los mínimos nutrientes que necesitan para vivir
dignamente. "Tenemos desempleo, violencia creciente y una profunda desigualdad económica y social que
representan una interpelación a nuestra dignidad como nación libre y un desafío político, económico, social y
cultural que asumimos en el gobierno nacional, confiados en la conciencia de pertenencia y el sentimiento de
solidaridad", expresaba.
En cuanto a las metas de la educación para el año 2004 fueron expuestas por la ministra a inicios del año
lectivo. Educación inicial y escolar básica: habilitar 450 secciones nuevas y aumentar la cobertura a 10.350
niños más; distribuir 250 mil kits escolares a alumnos de zonas más carenciadas; implementación del
programa de alimentación escolar para beneficiar a 518.364 niños de zonas carenciadas; entrega de
aportes a 500 asociaciones de cooperación escolar para mejoramiento de la infraestructura; distribución de
materiales educativos especiales para 12 mil niños; construcción de 657 aulas para séptimo, octavo y
noveno grados. Educación media: habilitación de 699 nuevas secciones; recursos para la atención de 1.467
secciones que funcionaban ad honorem y de crecimiento vegetativo; licitación para la construcción de tres
colegios modelo; educación de jóvenes y adultos; atención a 64.500 personas que no han concluido sus
estudios; programa de capacitación laboral a 20 mil adultos. Formación docente: capacitación a 34.350
docentes en servicio; profesionalización de cinco mil bachilleres en ejercicio de la docencia;
fortalecimiento institucional; implementación de las nuevas normativas de selección y contratación de
docentes, y habilitación de un edificio para concentrar todas las dependencias del MEC. A finales de junio
se informaba que la meta para el año 2008 es reducir en 97 por ciento el analfabetismo. Paraguay se ha
fijado la meta de reducir para ese año el número de jóvenes y adultos analfabetos absolutos en 97 por
ciento. Para ello ha lanzado la campaña
90

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004 •
''Por un Paraguay alfabetizado". El 7,1 por ciento de la población (230 mil personas) es absolutamente
analfabeto, mientras que el número de analfabetos funcionales llega a 893 mil personas, según el censo
del año 2002. Para lograr la meta se apelará a diversificar las ofertas educativas, incluidas las que no son
formales. El plan se valdrá de tres programas: educación básica bilingüe de jóvenes y adultos,
alfabetización bilingüe intensiva y alfabetización por teleclase. Entre las estrategias figuran una
financiada por el gobierno español y el material donado por Fidel Castro al escritor nacional Augusto
Roa Bastos. De acuerdo a una encuesta publicada en medios escritos para el 66,6 por ciento de los
educadores encuestados, con la reforma del sistema que llegó a las aulas una década atrás, la
educación ha mejorado. Sin embargo, reconocen, que aún persiste entre un grupo de docentes la
percepción de que todos los cambios introducidos apenas sirvieron para mejorar la educación "un
poco" o, incluso, nada.
El 55,7 por ciento de los educadores que saben usar una computadora no navega en Internet y el 81 por
ciento de ellos no tiene una dirección de correo electrónico. En sus respuestas a la encuesta los
docentes, que son del área urbana y rural, revelan que están fuera de la red informática mundial. Hay
un 24,4 por ciento del magisterio que ni siquiera sabe usar una computadora y un 20,5 por ciento que no
tiene acceso a la informática.
Para el 40 por ciento de los docentes encuestados la violencia ha aumentado entre un poco y mucho en
escuelas y colegios. El 38,4 por ciento considera que también la circulación de drogas ha crecido en
las instituciones educativas. Si bien hay gente que opina que ambas situaciones se mantienen
estables, también hay un porcentaje importante de educadores que ve una disminución.
Una encuesta realizada por First Análisis y Estudio y publicada por el diario ABC Color revela que los
empresarios consideran que la educación media y universitaria no sirve para que el joven ingrese al
campo laboral. Señalaron que más del 67 por ciento de los jóvenes universitarios que se presentan a
pedir empleo no están preparados. Esa cifra en los jóvenes de educación media al 86,8 por ciento.
Estos datos, dice la publicación, coinciden con estudios realizados en distintos ámbitos que señalan
que la educación que se ofrece actualmente es irreal e insuficiente.
La misma encuesta en otro capítulo expresa que la educación básica y media preparan poco o nada
para que los estudiantes y egresados del sistema educativo paraguayo se inserten en la vida laboral y
prepara deficitariamente para el ingreso a la universidad. Señala que la escasa preparación
incrementa los niveles de decepción de los padres por un lado y los índices de frustración de los
jóvenes por otro e incide fuertemente en el desinterés que tienen muchos jóvenes en concluir su
educación.
91

Comité de Iglesias
Menciona también la muestra que la educación escolar básica no tiene nada de gratuita, tal como se
pregona desde el gobierno. De acuerdo al artículo 76 de la Constitución Nacional, la educación
escolar básica debe ser gratuita en las escuelas públicas. Nada más alejado de la verdad: según la
encuesta del citado diario el cien por cien pagó algo en concepto de cuotas. Lo que se gasta en útiles y
uniformes supera ampliamente lo que cuesta la lista básica proveída por el Ministerio de Educación,
y en la mayoría de los casos, la Ley del Boleto Estudiantil es letra muerta prácticamente.
El sondeo revela que el principal motivo por el cual los alumnos abandonan los estudios, tanto en el nivel
de educación escolar básica como en la educación media, es la falta de recursos económicos de las
familias para solventar los gastos que demanda la educación. En ese sentido, el 86,7 por ciento de los
docentes consultados respondió que en la educación escolar básica los problemas económicos son el principal
motivo de abandono de las aulas.
En junio se anunciaba la realización de una huelga de maestros agremiados en la Federación de Educadores
del Paraguay y la Unión Nacional de Educadores por reivindicaciones laborales y salariales. El último
aumento de sueldo que tuvieron los educadores ocurrió en el año 2000. Según cálculos de las
organizaciones gremiales se perdió entre el 35 y 37 por ciento el poder adquisitivo del salario de los
maestros. Además del aumento de sueldo también reclamaron el cumplimiento de beneficios laborales
que el sector debe recibir según la legislación. El viceministro de Economía, José Buttner, en reunión
con los dirigentes sindicales, dijo que para un reajuste como el que reclaman los docentes se precisan
al año 375 mil millones de guaraníes.
La segunda quincena de junio se concretó la huelga, lo cual implicó una pérdida de G. 1.276 millones de
guaraníes para el Estado. Sin embargo, la huelga se extendió hasta fin de mes. Después de siete días de
paralizar el sistema educativo público, los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la
Federación de Educadores del Paraguay (FEP), firmaron un acuerdo con el gobierno para obtener, desde
noviembre del 2004, un incremento salarial del 10 por ciento. También se acordó crear 1.633 rubros para
maestros que trabajan gratis y recategorizar a 1.500 maestros. En síntesis, los puntos del acuerdo son:
garantizar la remisión al Congreso Nacional de un proyecto de ampliación presupuestaria;
conformar una mesa de diálogo para el estudio de la pirámide salarial y un posible incremento salarial
hasta del 15 por ciento para el año 2005; incluir el escalafón docente como parte de la jubilación y ampliar
hasta el 31 de diciembre la elección del plan de jubilación; impulsar la jubilación automática para los
docentes; los docentes participarán en la construcción de la cultura de la legalidad; elaborar
conjuntamente el anteproyecto de presupuesto del MEC; levantar la huelga y asumir responsablemente
estrategias didácticas que minimicen el efecto de las clases perdidas; la FEP y la UNE participarán en la
concesión de rubros, y las partes renunciaron a las acciones legales.
92

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
También este año entre las protestas de los docentes se incluyó el reclamo de sueldo para más de cuatro
mil docentes que enseñan ad honorem, sin percibir remuneración alguna. Los mismos, según las
publicaciones, sobreviven con la ayuda de sus familiares o lo que los padres de alumnos pueden juntar.
De entrada se mencionó la posibilidad de una ampliación presupuestaria que serviría para resolver la
situación de unos 1.600 maestros sin sueldo. Para ello el Ministerio de Educación y Cultura solicitó
al Congreso una ampliación de Gs. 21.000 millones.
A principios de noviembre nuevamente la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) realizó una
huelga en reclamo de establecer una pirámide salarial para este sector. El Ministerio de Educación
recurrió a un amparo y la jueza de la Niñez y la Adolescencia, Graciela Romero, ordenó como medida
cautelar el cumplimiento del año lectivo y comisionó a la Policía Nacional para que verifique la situación en
las instituciones educativas. Sin embargo, los docentes en huelga no acataron la disposición. El 15 de
noviembre docentes de la FEP levantaron la medida de fuerza con el compromiso que el Ministerio de
Educación acompañe al gremio en su reclamo de que una pirámide salarial y varios beneficios sociales sean
introducidos en el presupuesto para el año 2005. El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, advertía que
las finanzas públicas están en una situación muy difícil como para satisfacer los reclamos del sector.
En los últimos tiempos proliferaron denuncias contra profesores de parte de alumnos que se sienten
acosados sexualmente. Luis Alberto Ramírez Verón, profesor del Colegio Naciones Unidas, y
Eduardo Prieto López, profesor del Colegio República del Perú, han sido sumariados por el Ministerio de
Educación y Cultura. Ambos fueron filmados, por separado, cuando acosaban sexualmente a dos
estudiantes menores de edad, a cambio de una buena calificación y las imágenes fueron transmitidas
por un canal local. Ante las denuncias de acoso sexual por parte de profesores de colegios secundarios
del Estado, la ministra Blanca Ovelar de Duarte, aseguraba que realizarán todas las investigaciones
que sean necesarias y sancionarán a los responsables como corresponde.
La violencia estudiantil también fue motivo de preocupación en este año. En agosto pasado alumnos del
Colegio Nacional de la Capital y del Colegio Presidente Franco se trenzaron en una batalla campal en
pleno microcentro de Asunción. La crónica periodística decía que una horda de alumnos del CNC se
trasladó desde su colegio hasta el local del colegio Presidente Franco, para provocar a sus alumnos
tirándoles piedras. La pelea siguió en las calles y se disolvió ante la presencia policial. Un adolescente,
Rodrigo Duarte, sufrió graves fracturas en brazos y piernas.
De acuerdo a resultados de una investigación presentada en un foro médico el 88 por ciento (983
jóvenes de 1.114 encuestados) de estudiantes de colegios públicos y privados,
93

Comité de Iglesias
de 14 a 18 años, consume bebidas alcohólicas. El trabajo fue elaborado por tres alumnos del 5to. Curso de
la Facultad de Medicina de la UNA durante el III Congreso Científico Nacional de Estudiantes de
Medicina del Paraguay y la XIV Jornadas Franco-Paraguayas de Neírología, realizado en Asunción. El
trabajo sostiene que las mujeres consumen más bebidas alcohólicas que los varones. De 983 encuestados
499 mujeres (50.76 por ciento) sostienen que beben bebidas con alcohol, mientras que 484 son varones
bebedores (49,24 por ciento). Agrega como dato curioso que el 99 por ciento de menores que fuman terminan
bebiendo. De 983 estudiantes de la secundaria encuestados, 345 fuman. Los responsables del trabaj o
coincidieron que el excesivo consumo de alcohol por los menores es un problema complejo, en el cual
incluyen varios factores como la educación, el hogar, la publicidad agresiva de ídolos que consumen
bebidas, etc.
Desde la Universidad Nacional de Asunción se hicieron fuertes críticas al Ministerio de Hacienda, debido
a los considerables recortes presupuestarios que esa secretaría de Estado aplicó a la educación terciaría
pública. El rector de la UNA, Ing. Pedro Gerardo González, calificó de "incoherentes" las medidas adoptadas
por Hacienda con respecto a los discursos del presidente de la República Nicanor Duarte Frutos. Mientras el
Mandatario sostiene que se priorizará a la salud y la educación, en Hacienda recortan el presupuesto de la
UNA. Este hecho motivó que en varias ocasiones estudiantes de la universidad pública se manifestaran en el
microcentro de la capital en reclamo y protesta por el recorte presupuestario.
A principios de setiembre los alumnos de distintas facultades de la UNA bloquearon la ruta Mariscal
Estigarribia, a la altura del campus universitario de San Lorenzo, en repudio al recorte presupuestario. Los
manifestantes señalaron que la disminución afectará recursos destinados para la compra de insumos
necesarios para las prácticas laboratoriales en las diferentes carreras universitarias.
Lo que se describe a continuación es una muestra palpable de cómo actúa el Estado paraguayo ante las ingentes
necesidades sociales y en este caso la educación. Directivos del Hospital de Clínicas a mediados de agosto
necesitaban de Gs. 6.000 millones para "aguantar" hasta fin de año. El Ministerio de Hacienda decidió
conceder al nosocomio Gs. 5.800 millones, pero en detrimento de otras facultades de la Universidad
Nacional de Asunción, afectando incluso recursos para becas que usufructúan unos 400 estudiantes. Es lo
que en la jerga popular se conoce como "desvestir a un santo para vestir a otro santo".
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SALUD
Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Este año en el Paraguay se dio una situación alarmante por el alto número de personas que decidieron
acabar con su vida. El suicidio fue un fenómeno que causó estragos en la ciudadanía paraguaya,
especialmente en los jóvenes. Este fenómeno motivó la intervención de profesionales sicólogos que
analizaban posibles causas que pueden impulsar a una persona a terminar con su existencia.
Según un documento elaborado por la Organización Mundial de la Salud dirigido a docentes, los
estudiantes suicidas da a la gente que los rodea suficientes avisos y margen para intervenir. Por eso
sostiene que en el trabajo de prevención de suicidio, los docentes y el equipo institucional enfrentan un
desafío de gran importancia estratégica, en la cual es fundamental, en primer lugar, identificar estudiantes
con trastornos de personalidad y ofrecerles apoyo psicológico. Agrega que mundialmente, el suicidio es
una de las cinco causas de mortalidad en la franja de edad entre 15 a 19 años.
En cuanto a números, a mediados de noviembre se tenía una cifra parcial de 270 casos de suicidio
ocurridos en el Paraguay. Esta cifra se fue muy arriba tras el luctuoso suceso del supermercado Ycua
Bolaños, donde fallecieron trágicamente más de 400 personas como consecuencia del incendio del centro
comercial.
A fines de octubre se integró una Comisión Interinstitucional de Contingencia y Prevención del Suicidio.
Anunciaron que la comisión trabajará con diversas instituciones como la Iglesia Católica, instituciones
educativas y con la misma sociedad buscando la prevención del suicidio.
Un informe de la Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República menciona que los factores
influyentes para el suicidio son las emociones sentimentales, problemas económicos, familiares,
enfermedades, pérdidas de valores y autoestima baja. En cuanto al porcentaje que motivan el suicidio, el
informe menciona que el 30 por ciento es por depresión, 10 por ciento esquizofrenia (diversas
alucinaciones, ideas delirantes y el autismo); 10 a 15 por ciento, bipolares (dos polos, podría ser por
dos causas diferentes); 10 a 12 por ciento, pánico (temor o miedo intenso, generalmente colectivo). El
resto es por trastorno de personalidad o consumo de droga.
A principios de año el presidente de la República visitaba el hospital neurosiquiátrico para constatar en
qué estado se encuentra ese centro. Esta visita permitió que los medios de prensa difundieran la caótica
situación en que se encuentra. Los colchones en pésimas condiciones, el cocido (desayuno) aguado,
comedores sucios, cubiertos herrumbrados, pacientes con prendas ajadas, era el panorama que ofrecía el
local a la visita presidencial.
95

Comité de Iglesias
Cuando la visita el nosocomio albergaba a 480 pacientes mentales, mientras que la capacidad es de solo 350
pacientes. Pero eso no es todo, este hospital mantiene un presupuesto igual que hace 7 años atrás con un
monto de Gs. 8.000 millones, de los cuales Gs. 1.000 millones se destinan a medicamentos y Gs. 500
millones a alimentos. Este hospital fue intervenido.
Siguiendo un plan de fortalecimiento y desarrollo de los recursos humanos, el Ministerio de Salud Pública
remitió a un total de 1.191 personales de blanco, entre los cuales hay médicos, enfermeras, técnicos y
auxiliares de salud, a zonas carenciadas del interior del país. Aún así, tierra adentro, existe un déficit de
profesionales del área de la salud, lo que se manifiesta especialmente en las zonas rurales aisladas. Los
datos brindados por el MSP señala que en junio del 2003 en el interior se contaba con 2.189 personal de
blanco y en junio de este año, 2.280; en Asunción y Central en junio del 2003 se contaba con 3.591
personal de blanco y en junio de este año 4.199. A esto hay que agregarle la dotación de 58 médicos
cubanos, nueve epidemiólogos y 49 especialistas en medicina integral asignados a comunidades
excluidas.
De enero a junio de este año se registraron 53 muertes maternas, lo que presagia que para fin de año los
números podrían superar los 150 casos de mujeres que el año 2003 fallecieron durante el parto. El Dr. Hugo
Arellano, director de Programas de Salud, dijo que recién en el año 2015 se podrá revertir esta situación y
alcanzar la meta de la región que es menos de 100 muertes anuales.
A principios de julio se informaba que el Ministerio de Salud Pública busca reducir la mortalidad
materna en nuestro país que por entonces superaban los 160 casos. La estrategia consistía en que a partir de
agosto se implemento la gratuidad de los análisis laboratoriales básicos durante el embarazo. También se
proyecta implementar un seguro médico integral y gratuito para mujeres en edad fértil y niños hasta 5 años.
Esta propuesta busca reducir los índices de mortalidad infantil, sin embargo, aún no cuenta con recurso real
ni seguro, según las publicaciones de mediados de noviembre. El titular de la cartera de Salud Pública, Julio
César Velázquez, afirmaba que el proyecto tendría andamiento efectivo desde el año 2006 y que para
ello serían requeridos anualmente entre 7 a 9 millones de dólares para una cobertura de por lo menos 5
años.
La gripe fue otro de los males que atacó duramente este año a la población, especialmente a ancianos y
niños. A mediados de julio el Ministerio de Salud tenía registrado el fallecimiento de 25 niños por
epidemia de la gripe. Pese a esta crítica situación el titular de Salud Pública se negaba a declarar estado de
emergencia sanitaria. Desde el Parlamente se reclamó la necesidad de declarar estado de emergencia. Los
datos que se expone a continuación revelan que el sistema sanitario del país estaba colapsado: 25 niños
fallecieron
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004 •
por causa de la gripe; 20.700 casos de insuficiencia respiratoria; 800 casos de neumonía; solo hay 66
respiradores en capital y alrededores, todos ocupados. Se informaba que todas las camas y
respiradores están saturados en todos los hospitales dependientes del Ministerio de Salud Pública.
A mediados de mayo se informaba que un indígena de 62 años resultó la segunda víctima fatal de la
leishmaniasis, una epidemia que tuvo un gran impacto este año. Decía la información que la víctima
tenia el tabique nasal totalmente carcomido y además presentó una neumonía. En ese tiempo se tenían
registrados 142 casos de leishmaniasis cutáneo o tegumentaria, que es la forma más leve de la enfermedad
y cuya manifestación más visible son las ulceraciones en la piel. En tanto que la leishmaniasis visceral
es la forma más grave de la enfermedad y afecta órganos internos como el hígado y el bazo.
Se informaba que con la iodización de la sal, Paraguay consiguió reducir al 17 por ciento la prevalencia
de bocio en los escolares, que en el año 88 era del 48,6 por ciento. Las estadísticas señalan que la
importación de la sal el año pasado fue de 40.000 toneladas, de las cuales 19.600 se yodizaron en
nuestro país.
Cansado de las promesas y del indignante manoseo del que es objeto a diario, un grupo de enfermos
renales del hospital central del IPS amenazaron con instalarse en la explanada del nosocomio para hacer
huelga de hambre ante la falta de máquinas e insumos para las sesiones de hemodiálisis. La información
periodística señala que en ambas salas del servicio de hemodiálisis no hay bicarbonato; los sillones están
rotos y funcionan solamente 11 máquinas en la sala A y 9 en la sala B. En este hospital acuden a realizar
sesiones alrededor de 200 pacientes. Pese a estos reclamos y a estas acciones las autoridades del IPS
hacen caso omiso. A principios de setiembre seguían padeciendo esta inexplicable desatención de parte
del Instituto.
Una mujer falleció mientras buscaba cama en hospitales, se informaba por la prensa en octubre. Se
trata de Eleuteria Penayo, de 54 años de edad, oriunda de Itacurubí de la Cordillera. Falleció
buscando un hospital que lo reciba en la capital. La misma fue traída en una ambulancia por bomberos
voluntarios de la citada localidad, la falta de oxígeno y el trajín de no conseguir una cama en más de siete
hospitales que recorrió, le produjo un paro cardiorrespiratorio.
A fines de julio los datos oficiales del Programa Nacional de Lucha contra el Sida de Paraguay
revela que en 18 años de epidemia, están registrados 3.913 infectados con el VIH. De esa cantidad,
1.023 corresponden a casos de sida. El mayor número de casos se registra en Asunción.
97

Comité de Iglesias
La amplia infraestructura de hormigón armado ubicado en el Centro Maternoinfantil (CMI) de San Lorenzo,
no pudo concluir por falta de contrapartida del gobierno paraguayo. Hacía más de un año la sala de
Pediatría del Hospital de Clínicas se trasladó en forma provisoria con muchas falencias, porque el
gobierno no honró el compromiso de terminar la construcción. También quedó inconclusa la obra del
nuevo hospital de Clínicas que debe trasladarse con todas las especialidades en el amplio predio
ubicado en la ciudad universitaria. Sin embargo, a mediados de noviembre el director del nosocomio, Dr.
Jorge Rodas, informaba que en el presupuesto del año entrante del Hospital de Clínicas se prevé un rubro de
30 mil millones de guaraníes para inversión física que sería para la prosecución del nuevo hospital. En ese
sentido se aguardaba con optimismo que el Parlamento aprobara el pedido sin modificaciones para que, una
vez terminada la construcción, sea trasladado el centenario nosocomio al nuevo edificio.
A mediados de año se informaba que este centro hospitalario colapso. La información mencionaba que
había niños en los pasillos por falta de camas o compartiendo un lecho entre dos o tres exponiéndose a
contraer otras enfermedades, otros instalados con sus sueros en los pasillos, improvisación de terapias
intensivas forman parte de su realidad. Los médicos y enfermeros ya no daban abasto; mientras esto sucede,
diariamente se escucha en los discursos de autoridades gubernamentales y políticos que el país está
avanzando. En números este hospital materno-infantil se tiene que cerca de 100 pacientes por día
consultan en el servicio de urgencia pediatría; la capacidad de internación en urgencia es de 6, pero en
realidad quedan entre 14 a 18 pacientes; se necesita cuanto menos 6 licenciadas/os en enfermería, 4
asistentes de enfermería y 4 auxiliar de enfermería; precisan 60 fluviómetros, un aparato que mide el
porcentaje de oxígeno que se le va a poner al niño; al trasladarse el materno-infantil de Clínicas a
San Lorenzo, la capacidad de internación se redujo de 80 a 60.
A fines de junio a través de la prensa se pronosticaba momentos críticos para el Hospital de Clínicas por la falta
de productos químicos y medicinales. La falta de fondos para hacer frente a las necesidades de productos
químicos y medicinales hacía que el panorama para los próximos meses se avizore crítico en ese hospital y en el
Centro Materno-infantil de San Lorenzo.
Para entender el complicado panorama de este hospital conocido como el hospital de los pobres, hay que
remontarse al año 2003. En ese año Clínicas tuvo un presupuesto de Gs. 15.400 millones para productos
químicos y medicinales. Pero solo recibió Gs. 9.400 millones. Quedaron pendientes Gs. 6.000 millones.
En el presupuesto del año 2004 para productos químicos y medicinales fue fijado en Gs. 10.700
millones, de los cuales Gs. 6.000 millones deben ser utilizados para cubrir deudas del año 2003. Por eso, el
presupuesto real para este fin en el año 2004 es de Gs. 4.700 millones, que a fines de junio se estaban
98

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
por agotarse. Entonces el hospital solicitó al Ministerio de Hacienda una ampliación de G. 4.800
millones. Esto es solo para cubrir el rubro de productos químicos y medicinales. También hay déficit en la
ejecución presupuestaria de otros rubros, razón por la que casi siempre está al borde del colapso
administrativo y financiero.
Enfermeras y personal médico de este hospital iniciaron una huelga indefinida a fines de octubre en
reclamo del pago de beneficios sociales a los funcionarios permanentes y contratados del citado
nosocomio. Tras cinco días fue levantada la medida de fuerza y las reivindicaciones fueron conseguidas.
A mediados de año se dio una situación que afectó especialmente a compatriotas que residen en
localidades fronterizas con ciudades del Brasil. Es una costumbre de una gran mayoría de esta población
que recurre a los hospitales del vecino país a solicitar atención médica. Sin embargo, este servicio que se
venía prestando desde hace años fue interrumpido. Uno de los centros especializados en atención médica al
que suelen recurrir los compatriotas porque reciben buena atención y sin costo alguno es en el estado
de Mato Grosso, específicamente en Campo Grande. La suspensión de la atención médica fue tema
de negociación a nivel ministerial entre ambos países, logrando destrabar la atención médica a
compatriotas en un primer paso hasta el mes de octubre de este año. Por la prensa se informaba que a
partir del 2 de noviembre ningún hospital del estado de Mato Grosso del Sur podrá atender gratuitamente a
extranjeros en situación irregular en Brasil. Al momento de disponerse la suspensión de atención a
extranjeros, en el hospital de Campo Grande se encontraban 10 paraguayos internados, de los cuales dos
fueron detenidos por posesión de documento falso. A los demás se les pidió su salida del país por falta de
visto consular para realizar los tratamientos necesarios. En total habían recurrido a ese centro hospitalario del
vecino país 38 compatriotas para hacer tratamiento de hemodiálisis, según información brindada por el
delegado de la Policía Federal, Aldo Roberto Brandao, responsable del operativo "limpieza".
Un hospital que se cae a pedazos, con graves carencias en insumos y recursos, es el botín de políticos
inescrupulosos que se aprovechan de la institución para dar cargo a sus incondicionales, desviar
medicamentos para campañas políticas y presionar para obtener exoneraciones para sus paniaguados. Así
describía la situación del hospital del distrito de Choré, departamento de San Pedro, una información
periodística. Señalaba que mientras la población sufre la carencia de falta de camas, insumos, ambulancia
y hasta el teléfono del hospital, que se cortó por falta de pago. La población de este distrito es de
40.000 habitantes; el hospital cuenta con dos pequeñas salas, con tres camas cada sala; no tiene servicio
pediátrico, no tiene servicio de ambulancia, no tiene sala de niños, no tiene sala de urgencia, no tiene
servicio de laboratorios.
99

Comité de Iglesias
La Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública decomisó de la farmacia Faly
medicamentos que forman parte del kit de parto y con ello de uso exclusivo del Ministerio de Salud, según
se denunció por la prensa. El kit de parto es de distribución gratuita en todos los centros asistenciales
públicos.
Una muestra de cómo la corrupción está enquistada en el cerebro de mucha gente del gobierno es el
caso de Perla de Vázquez, titular del INPRO. Esta funcionaría y en coincidencia con el proselitismo
dentro del Partido Colorado para elegir a autoridades del estamento femenino, se ufanó ante seguidores
del uso y abuso que hace de recursos del Estado para sus fines políticos. Afirmó que hace lo que quiere
con el centro de salud de Santaní, a cuyo director Luis Gómez le tiene alineado como vela, según sus
propias expresiones. Perla de Vázquez es esposa del diputado colorado Juan José Vázquez. La mujer
admitió y con orgullo que hacen lo que se les antoja en el hospital a tal punto de dejar sin ingresos al
nosocomio público dado que exonera de todo a la gente que es beneficiada por ellos.
ECONOMÍA
El resumen de la situación económica del Paraguay a fines de noviembre fue el siguiente: Población
económicamente activa 1.968.273, 54,2 por ciento; hombres,73,4 por ciento y mujeres, 35 por ciento;
población económicamente inactiva, 1.716.700, 40 por ciento; tasa de desempleo total 2003, 13 por
ciento de la población económicamente activa. Inflación acumulada a fines de octubre es del 9,3 por
ciento. Deuda externa a setiembre de 2004: U$S 2.347,9; dólar a Gs. 6.110; salario mínimo: Gs.
972.413.
A mediados de junio el ministro de Hacienda Dionisio Borda presentó una serie de indicadores, cuyos datos
utilizó para sostener que hay una reactivación económica en el Paraguay. Dijo que hay sectores que desean
alentar expectativas negativas, con la pretensión de que ese estado de ánimo finalmente repercuta en los
resultados económicos. El principal logro de la administración de Duarte Frutos en materia económica es el
sustancial aumento de ingresos tributarios. Pero la gente común no siente que se haya dado una reactivación
económica.
A mediados de julio se informaba por la prensa que el gobierno estaba interesado en emitir bonos
para cubrir deuda pública de fin de año. En ese tiempo el gobierno planteó una serie de ampliaciones y
reprogramaciones presupuestarias. La propuesta contemplaba la emisión de bonos del Tesoro por Gs.
150.000 millones. El monto de ampliaciones ascendía a Gs. 940.000 millones, unos 159 millones de
dólares de acuerdo al cambio de ese tiempo.
100

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
La deuda pública extema del Paraguay se triplicó en la última década mientras que, en igual periodo, los
compromisos internos del Estado aumentaron en más de 1.200 por ciento, según un informe financiero
elaborado por el Ministerio de Hacienda. Los datos indican que en 1994 el saldo de la deuda pública
externa ascendía a 832 millones de dólares y al cierre de abril de este año el indicador se ubicó en los 2.465
millones de dólares.
A mediados de noviembre la Cámara de Diputados dio su media sanción al proyecto de ley de
presupuesto de gastos de la nación para el año 2005. El principal instrumento jurídico de la nación
fue aprobado con votos de colorados, liberales y oviedistas y el retiro de diputados de Patria Querida y
País Solidario. El mismo contempla una serie de aumentos de salarios para algunos funcionarios,
creaciones de cargos y más dinero para partidos políticos. Contempla aumentos en gastos rígidos como
equiparación salarial para asesores de la Cámara de Diputados respecto al Senado; creación de cargos
para 1.677 maestros ad honorem y la inclusión de 134.276 horas cátedras; creación de 210 nuevos
cargos para funcionarios ad honorem del Registro Civil; aumento de salarios para guardiacárceles;
creación de 270 nuevos cargos para la Corte Suprema de Justicia (en el año 2004 con las ampliaciones
aprobadas ya habían sido creados otros 240 nuevos cargos); creación de 14.500 nuevos cargos de
contratados a través del rubro de honorarios.
En síntesis, el proyecto aprobado en Diputados fue aumentado en casi 700.000 millones de guaraníes
respecto al proyecto del Ejecutivo. El Ejecutivo había sugerido al Congreso un proyecto de ley que
contemplaba un gasto total de 19,7 billones de guaraníes (U$S 3.070 millones), mientras que la
comisión bicameral de presupuesto había planteado aumentarlo a 21,7 billones de guaraníes (U$S
3.380 millones), lo que representaba una variación de 1,9 billones de guaraníes (U$S 304 millones).
Los legisladores de Patria Querida y País Solidario consideraron que el proyecto aprobado es ilegal,
inmoral y absolutamente irreal.
El año 2004 fue bastante pesado para la ciudadanía, especialmente porque se dieron varios reajustes en el
precio de los combustibles, especialmente el gasoil que ahora se cotiza a Gs. 3.100 el litro, lo cual tiene su
directa repercusión en el costo de vida de la gente puesto que genera una serie de aumentos de precios en
cadena prácticamente. Tal es así que tras el aumento del precio del gasoil decretado a fines de octubre
empresarios del transporte público empezaron a reclamar la suba del precio del pasaje. Tras una serie de
negociaciones, tires y aflojes, amenazas de paro, reguladas, etc. se acordó aumentar el precio de 1.500
guaraníes que estaba vigente desde enero del 2003 a 1.700 guaraníes que entraría a regir en la segunda
quincena de noviembre. Este aumento se dio siempre con la promesa de mejoramiento de las unidades del
transporte público, cosa que por lo general no ocurre.
101

Comité de Iglesias
Un censo integral de funcionarios públicos reveló que 170.652 personas trabajan en las instituciones del
Estado, de los cuales el 70 por ciento se concentra en el Poder Ejecutivo donde trabajan 119.887 personas.
Esta cantidad representa el 6,7 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del país, que es de
2.532.491 personas. Según afirmaba el ministro de la Función Pública, César Talavera, el siguiente
paso es confrontar los datos recogidos en el censo con la base de datos (planillas) de las instituciones
censadas. El Paraguay "logró" el calificativo de mayor pirata informático de América Latina, según
resultados del Estudio Global 2003 de la Business Software Alliance (BSA), divulgado en los Estados
Unidos. La posición del país empeora, porque estaba encasillado en un nivel de piratería del 71 por
ciento, que a principios de julio de este año trepó al 83 por ciento. Esto quiere decir que de 100
programas utilizados en el país, 83 son ilegales o piratas. El informe señala que nueve países
latinoamericanos tienen una tasa de piratería superior al 70 por ciento, y la lista incluye a Paraguay con el
83 por ciento.
En el Paraguay el turismo es el tercer mayor generador de divisas, según la titular de la Secretaría
Nacional de Turismo (Senatur), Evanhy de Gallegos. La funcionaría, durante un encuentro en Buenos
Aires, aseguró que con el crecimiento del turismo en el primer semestre de este año (14,4 por ciento), se
registró un importante ingreso de divisas para el país, de casi 50 millones de dólares.
A principios de año el subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Shigemitsu
Sugisaki, recomendó al Poder Ejecutivo que no gaste un solo guaraní más en las empresas públicas que
registren pérdidas. Propuso iniciar una reforma gradual de las estatales para evitar que una eventual
oposición de los sectores más radicales paralice el proceso.
Desde el gobierno constantemente se escuchaban discursos alentando la venida de inversionistas
extranjeros que permitan fortalecer la economía del país, pero en la práctica no ocurre eso, ya que altos
funcionarios del gobierno no le dan importancia a estos temas, según refiere publicaciones periodísticas. Tal
es así que inversiones japonesas están paradas desde hace tiempo por desidia y burocracia administrativa.
De esto se quejaba Gustavo Silgueira, director ejecutivo de la consultora Sansei, integrante de la
Asociación Nippo Paraguaya de Confraternidad Económica. Lamentó el doble discurso existente en ese
sentido.
A continuación una serie de proyectos que interesan a inversores japoneses que no pueden concretarse
por la burocracia gubernamental: industrialización del algodón vía hilandería (300.000 toneladas/año);
planta procesadora de kaá heé (producción exportación); planta procesadora de jugo de frutas; planta
procesadora de sésamo para una producción mínima de 30.000 toneladas/año; reforestación para
protección del medio ambiente en el Chaco; reforestación de palmas de coco con vistas a producción de
aceite para uso en biodiesel;
102

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
producción y exportación de soja; producción de alimentos balanceados para exportaciones de Japón;
producción de azúcar orgánica, y producción de capullos de seda para uso industrial. La ejecución de
todos estos proyectos requerirá una inversión de alrededor de 500 millones de dólares en cinco años,
principalmente en el área de la agroindustria.
Uno de los temas que siempre está en la agenda de los políticos es el de la reforma del Estado.
Algunos hablan de capitalización y otros de privatización directamente. El presidente de la
República anunció la elaboración de un plan de capitalización de las empresas públicas deficitarias.
Decía estar a favor de buscar algunos mecanismos de concesión, pero no con la privatización
directamente.
Cada cierto tiempo desde el partido de gobierno surgían cuestionamientos hacia el equipo económico del
presidente Duarte Frutos. Los cuestionados suelen ser Dionisio Borda, ministro de Hacienda; Ernst
Bergen, ministro de Industria y Comercio, y Margarita Díaz de Vivar, directora de Aduanas. En varias
ocasiones se hablaba de la posibilidad de cambio de los mismos, pero a casi un año y medio de haber
asumido el gobierno de Duarte Frutos, siguen en sus respectivas reparticiones.
A fines de octubre sin embargo, se generó una crisis en el gabinete presidencial a raíz de la renuncia del
jefe del equipo económico Dionisio Borda. Fue luego de fuertes discusiones con el presidente de la
República quien apuró a Hacienda el pago por la transferencia de tierras del sector privado al sector
público para su posterior distribución a los campesinos sin tierra. Duarte Frutos exigía pasar por alto
algunas cuestiones administrativas, pero Borda se opuso. Luego de un día de incertidumbre sobre si
hay renuncia o no, ambos volvieron a reunirse y a aclarar posiciones y condicionamientos, especialmente
por parte de Borda, para continuar como ministro de Hacienda. Aunque versiones desde el oficialismo
aseguraban que seguirá en el cargo solo hasta fin de año.
LEY DE ADECUACIÓN FISCAL
A fines de junio quedó sancionada la polémica ley de reordenamiento administrativo y adecuación
fiscal, conocida comúnmente como ley del "impuestazo". La legislación incluye una serie de exigencias y
modificaciones tributarias que fueron duramente cuestionadas durante el tratamiento de este proyecto
que se había presentado el año pasado y luego de varias discusiones y desacuerdos entre el gobierno y
las fuerzas políticas representadas en el Parlamento se habían acordado algunos puntos, pero luego
surgieron fuertes críticas especialmente impulsadas por sectores de la oposición, a excepción del
Partido Patria Querida cuya alianza con el Partido Colorado facilitó la aprobación de la misma.
103

Comité de Iglesias
La referida ley plantea modificaciones sustanciales al régimen tributario paraguayo. La normativa no
solamente prevé la introducción de ciertos cambios en algunos impuestos, sino también la creación de
nuevos tributos y la eliminación de otros.
Incluye entre otros puntos, el impuesto a la renta general: baja de 30 a 20 por ciento en el primer año y en
el segundo a 10 por ciento que será la tasa definitiva; Impuesto al Valor Agregado (IVA): se generaliza su
aplicación, alcanzando a combustibles, alquileres, juegos de azar. Se aplica una tasa diferenciada de hasta
5 por ciento para los productos de la canasta familiar como: arroz, fideo, aceites comestibles, harina, sal
yodada, yerba mate, carne erada y huevo. Estos últimos cuatro productos actualmente están considerados
en estado natural y, por ende tienen una tasa cero; préstamos: se aplica una tasa diferenciada de 5 por
ciento sobre los intereses, recargos y comisiones de todos los préstamos de financiación. El Ejecutivo
tiene potestad de subir al término de dos años en una proporción de 1 por ciento por año hasta alcanzar de
vuelta 10 por ciento; Medicamentos: de 10 por ciento el IVA sobre estos productos baja a 5 por ciento
(con potestad del Ejecutivo de subir nuevamente, al cabo de dos años hasta converger a l0 por ciento); I VA a
profesionales: serán contribuyentes por el ejercicio efectivo de profesiones universitarias todos los que
presten servicios en situación de independencia, sin importar sus ingresos (todos pagarán); IVA a personas
físicas: serán contribuyentes las demás personas físicas por la prestación de servicios personales en forma
independiente cuando los ingresos brutos sean superiores a un salario mínimo mensual; renta personal:
entra en vigencia desde 2006 con una tasa de 10 por ciento para quienes ganen a partir de 10 salarios
mínimos mensuales. La base irá bajando un salario mínimo por año hasta llegar a tres salarios y para este
grupo la tasa será de 8 por ciento; régimen de turismo: se mantiene por tiempo indefinido; patente fiscal a
autovehículos: se crea un nuevo impuesto que alcanzará a los propietarios de autovehículos,
cuyo valor aforo sea a partir de 30.000 dólares; impuesto a la renta agropecuaria: se elimina el régimen
actual y se crea un nuevo esquema: grandes inmuebles, pagarán sobre una base real. Medianos inmuebles,
pagarán sobre base presunta. Pequeños inmuebles: exonerados; tributo único: se elimina y se crea en su
reemplazo el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, que también pasa a ser contribuyente de IVA;
impuesto selectivo al consumo: se incrementan ligeramente algunas tasas máximas (cigarrillos), se
mantienen otras (whisky, cigarrillos, combustibles). Se crea un nuevo capítulo que fija tasas de 1 entre 5
por ciento sobre productos suntuarios.
La comisión Nacional por los Derechos Humanos y Nunca Más al Terrorismo de Estado presentó una
acción de inconstitucionalidad contra diversos artículos de la Ley de Reordenamiento Administrativo
y Adecuación Fiscal, popularmente conocida como ley del impuestazo. También el denominado Acuerdo
Patriótico que nuclea a seis partidos políticos sin representación parlamentaria (Revolucionario
Febrerista, Humanista,
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Demócrata Cristiano, Unidad Popular, Comunista, Frente Amplio), presentaron una acción ante la Corte
contra la referida ley muy cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil y política.
A criterio de la abogada tributarista Nora Lucía Ruoti Cops, la citada ley violenta algunos artículos de la
Constitución Nacional, la normativa violenta el principio de legalidad, no responde a principios sociales y
justos y no atiende la capacidad contributiva de los habitantes.
Por otra parte, el analista en temas energéticos, Ing. Ricardo Gañese, sostenía en un artículo periodístico que
en lugar de atacar frontalmente la usura que nos aplica Eletrobras a través de Itaipú, el gobierno de
Nicanor Duarte Frutos le pide al Brasil apenas la eliminación del factor de ajuste de los préstamos de la
citada entidad a Itaipú. Brasil, a través de Eletrobras, nos cobra una tasa de 7.5 por ciento/año, más
la inflación de los Estados Unidos, lo que constituye una de las peores usuras registradas en los anales de
la historia de la humanidad. Insólitamente, en lugar de atacar frontalmente a la usura, el planteamiento del
Gobierno paraguayo se limita a pedir la eliminación del factor de ajuste respecto a la inflación
norteamericana.
OTROS ASPECTOS DE LA ECONOMÍA NACIONAL
Gañese sostiene que de los 2.000 millones de dólares/año que consumidores paraguayos y brasileños pagan
a Itaipú, el 65 por ciento, unos 1.350 millones de dólares/año, corresponde a la tasa de interés usuraria que
aplica Eletrobras, de 7,5 por ciento/año, sobre el total endeudado. Agrega que sin ser excesivamente
pretensiosos, la mitad del ahorro, 500 millones de dólares/año, podrían destinarse en partes iguales para
proyectos que busquen terminar la pobreza y alcanzar un desarrollo sustentable en ambos países; es decir,
250 millones de dólares/año para el Paraguay. Se pregunta finalmente qué ha ganado el gobierno de Duarte
Frutos al plantear lo accesorio, el factor de ajuste del préstamo de Eletrobras a Itaipú, y no la principal, la
descomunal usura que nos aplica, "hasta ahora, nada", se contesta.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Paraguay tendrá este año un crecimiento económico del
2,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), levemente inferior a las estimaciones realizadas por el
Banco Central del Paraguay, que era de 2,6 por ciento. El jefe de la misión del FMI, Alejandro Santos, indicó
que por desgracia el aumento del PIB no será mayor debido a la sequía que afectó al campo, ya que en
ausencia de esta sequía se estimaba que la tasa podría haber alcanzado entre 3 y 3,5 por ciento. En tanto que el
titular del Banco Central del Paraguay, Gabriel González, anunciaba a fines de octubre que la economía
paraguaya crecerá este 2004 2,6 por ciento y tendrá una inflación del 5 por ciento.
105

Comité de Iglesias
El ministro de Hacienda Dionisio Borda había pedido al ente monetario extender por seis meses más el
stand by para realizar las reformas y cumplir las metas. Las metas establecidas para diciembre son: reserva
monetaria 855 millones de dólares, atraso en la deuda externa O, deuda flotante Gs. 250.000 millones, gastos
en salarios Gs. 2.900.000 millones, superávit fiscal Gs. 55.000 millones, inflación 8,2 por ciento, PIB 2,5 por
ciento, aprobación de la modificación de la Ley 861 de Bancos y Financieras, y aprobación de la ley de
reforma de la banca pública.
En el primer trimestre del año el Estado paraguayo destinó solo el 2,5 por ciento de sus gastos a las
inversiones públicas, según datos del Ministerio de Hacienda. La mayor parte de las erogaciones se destina
al personal y al pago de deudas.
El balance del Banco Nacional de Fomento al 30 de junio del 2004 evidencia una situación de probable
bancarrota, según se desprende de los indicadores financieros. Las constantes pérdidas promedian Gs.
4.600 millones para fin de año. Para agravar la situación, los créditos "clavos" superan Gs. 350.000
millones, sobre una cartera total de Gs. 673.000 millones. Analistas señalaban que de existir una verdadera
intención política para encontrar una solución definitiva ante tanta ineficiencia, la única salida que le
queda al BNF es depurar su muy poblado plantel de funcionarios y sanear su cartera de "clavos",
transfiriendo al Estado aquellos créditos cuasi dolosos concedidos.
Asunción es la ciudad más barata del mundo, según una encuesta para ejecutivos realizada por la consultora
británica Mercer. La más cara del planeta es Tokio, Japón. La información señala que la puntuación fue dada a 144
centros urbanos desde la más costosa hasta la de menor precio.
El presidente del Banco Central del Paraguay Gabriel González, reiteró a principios de noviembre por
nota al Ministerio de Hacienda que no se puede cancelar una deuda de 100 millones de dólares con un
simple decreto. Se refería a una resolución adoptada bajo el gobierno de Luis Ángel González Macchi
por la que se intentó saldar la deuda sucia del fisco con el BCP, duplicando artificialmente parte del
crédito chino destinado al pago de ahorristas. Por alguna razón desconocida la administración González
Macchi intentó eliminar de un plumazo la citada deuda sucia mediante un decreto emitido dos días antes
de que el ex mandatario entregara el poder, el 13 de agosto de 2003.
El informe financiero 2003 del Poder Ejecutivo remitido a la Contraloría General de la República para su
fiscalización muestra escandalosas diferencias entre montos de la deuda y de ingresos públicos. Además
revela que las ganancias de las entidades públicas no están registradas en el Ministerio de Hacienda.
Algunos datos del informe señalan que el Ministerio de Hacienda no tiene asiento contable de los activos
de COPACO, ESSAP y ACEPAR que asciende a 1.386 millones de guaraníes; el balance general del Tesoro
Público
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
presenta una diferencia de 142 millones con relación al Informe Financiero del Ejecutivo; solo se presentó
el informe financiero del 6,6 por ciento de las municipalidades; existe una diferencia de 3.500 millones
de guaraníes entre el informe presupuestario de las entidades descentralizadas y el informe financiero
del Ejecutivo; el saldo de la deuda pública externa de los organismos de la administración central
informado por el Ministerio de Hacienda no coincide con el saldo registrado por el Banco Central del
Paraguay y con los registros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La diferencia con el Banco
Central es de 11 millones de dólares, mientras que con el BID es de 259 millones de dólares. No se
sabe cuáles son los registros válidos; el registro de la deuda pública entre el cierre del 2002 y la apertura
del 1 de enero de 2003 muestra una diferencia de 1.273 millones de guaraníes; a pesar de que la ley de
Administración Financiera lo exige, no existe ningún tipo de control en las operaciones del Tesoro
Público, lo que hace que la información sea inconsistente; hay una diferencia de ingreso de 366 millones de
guaraníes entre el informe del Tesoro y el Informe Financiero del Ejecutivo; solo 10 del 40 por ciento
presupuestado para las municipalidades fue girado. No se tiene registro de dónde fue a parar el 30 por
ciento restante; el registro de ingresos por royaltíes en el informe financiero y en el tesoro público
presenta una diferencia de 53 mil millones de guaraníes.
PROBLEMÁTICA CAMPESINA Y RURAL
La falta de tierra para un número considerable de campesinos constituye una de las principales
causantes del grave conflicto social en el Paraguay, principalmente en el área rural que lógicamente tiene
sus repercusiones en la urbana del país.
Este año se realizó una serie de movilizaciones de distintos sectores campesinos que se agrupaban
aliados con otros sectores sociales y políticos en frentes y coordinadoras para reclamar sus derechos y
reivindicaciones. Desde el inicio del 2004 hubo movilizaciones, marchas, cierres de rutas, ocupaciones,
destrucción de cultivos, muertes, heridos, desalojos y detenciones que pusieron en jaque al gobierno de
Nicanor Duarte Frutos. Todo esto surgió como una reacción a la falta de respuesta a los viejos reclamos
del campesinado paraguayo y a la falta de acción por parte del gobierno que durante casi todo el año su
titular se dedicó a dar fuertes discursos y arengas con promesas, amenazas y quejas, pero nada de hechos
concretos. Es decir, esas promesas y discursos se repitieron casi cotidianamente sin que ello
signifique mejoras a la hora de aplicar los programas y proyectos gubernamentales para el sector
rural. El titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) Mons. Claudio Giménez reclamó al
gobierno la falta de cumplimiento de las promesas hechas a los campesinos. "Hay promesas que durante
años, como en este caso o como en algunos que soportan los campesinos", interpelaba el obispo de
Caacupé.
107

Comité de Iglesias
Los reclamos campesinos se centraron básicamente en la falta de tierra para los que no la tienen, el
conflicto con productores sojeros por la utilización de agrotóxicos y la deforestación de bosques
para el cultivo del grano y el consecuente impacto ambiental, la defensa de los bienes públicos (no a la
privatización), la implementación de una ley que establezca una franja de seguridad fronteriza,
recuperación de tierras malhabidas distribuidas discrecionalmente y prebendariamente durante la
dictadura, la propuesta de implementar programas de industrialización de la materia prima producida para su
posterior exportación y ampliar la tarifa social de la ANDE de 100a 200 kilowatt.
Todo esto indudablemente produjo un desgaste al sector campesino y al propio gobierno cuyas promesas ya
no eran creídas por nadie. Tal es así que en varias ocasiones el Mandatario en sus discursos denotaba un
favoritismo hacia las reivindicaciones de los labriegos en detrimento de sectores productivos agroexportador
y agroproductor. A principios de noviembre la cúpula de la Asociación Rural del Paraguay, la Feprinco y otros
gremios empresariales se reunieron con el Mandatario a quien intimaron a que de una buena vez por todas
defienda el derecho a la propiedad y garantice la seguridad jurídica en el país para que los mismos puedan
dedicarse con seguridad a la actividad productiva. También le cuestionaron su actitud complaciente y tibia
respecto a las constantes invasiones de inmuebles privados. Días antes de esa reunión la Asociación Rural
del Paraguay (ARP) reunida en asamblea ordinaria exigió al gobierno una política de seguridad nacional y
otra agropecuaria, reorientación del gasto social, racionalización y redistribución del gasto público, y
advirtió que grupos radicalizados están poniendo en peligro el estado de derecho.
En respuesta a esos pedidos, unos días después Duarte Frutos dijo en un acto en Caazapá que se le acabó
la paciencia y que ahora el gobierno va a usar la fuerza contra las ocupaciones de tierra. "Creíamos
que iban a reconocer la iniciativa de construir la paz mediante el diálogo, iban a entender nuestro esfuerzo,
pero no entendieron nada", expresó. Trató de "haraganes" a los dirigentes campesinos y les advirtió que los
enviará a la cárcel. El gobierno se abocó a la búsqueda de recursos para comprar tierras y desactivar
la constante presión campesina. En ese sentido dialogaron con varios dueños de inmuebles para
adquirirlos, sobre todo las tierras que estaban en la mira de las organizaciones campesinas. El propio
presidente de la República incluso dijo que si el dueño del terreno no quiere vender y sus tierras no están
racionalmente explotadas plantearán la expropiación. El sistema democrático no tiene viabilidad en una
sociedad que lleva como lastre una pesada carga de campesinos ignorantes. La corrupción de la clase
política y la dirigencia social se nutre de la miseria que impera en el sector rural. El primer paso para romper
esa perversión es convertir a los campesinos en agricultores productivos, capaces de obtener la renta
necesaria para llevar una vida digna.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El Poder Ejecutivo conformó una comisión especial para atender la crisis agraria, denominada
gabinete de crisis.
A mediados de julio el Poder Ejecutivo promulgó la ley que hace desaparecer el Instituto de Bienestar
Rural (IBR) y crea en su reemplazo el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La nueva
legislación le otorga mayor presupuesto a la reforma agraria, pero recién a partir del año 2005. La ley
dispone que el nuevo ente recibirá el 5 por ciento de los royaltíes que recibe la administración (Yacyretá e
Itaipú). De acuerdo a los cálculos se tiene que el Indert podría recibir más de Gs. 32.000 millones de
guaraníes por año solo en ese concepto.
La ley dispone como patrimonio y recursos de la institución los bienes inmuebles rurales del dominio
privado del Estado; inmuebles o muebles que posea o se encuentren en su dominio y los demás bienes
que adquiera; el importe de la venta y arrendamiento de sus tierras; la suma asignada anualmente en la
ley de Presupuesto General de la Nación; los créditos internos y externos obtenidos y sus rentas; recursos
provenientes de la aplicación del impuesto a las rentas de las actividades agropecuarias; lo producido
por las multas aplicadas; los ingresos provenientes de prestación de servicios, y las fincas rurales de
sucesiones vacantes, de conformidad a lo dispuesto por el Código Civil.
Para el sector campesino el inicio del año 2004 no fue nada halagüeño. Apoco de iniciarse este sector social
registró dos bajas. Los labriegos Mario Arzamendia y Carlos Robles Correa, fueron ultimados por
policías en la zona de Repatriación, departamento de Caaguazú el 21 de enero. Los mismos
partieron de Ypekua y se dirigían con un grupo numeroso de campesinos en un camión para participar
de una manifestación en repudio a la utilización de agrotóxicos en cultivos de soja en el asentamiento
Juliana Fleitas, de la colonia Ypekua, a 300 kilómetros de Asunción. Fueron interceptados por una
patrullera que tras lograr detener el camión acribilló la carrocería donde iba un número importante de
labriegos. En ese hecho fallecieron los dos mencionados y resultaron heridos varios campesinos.
También resultaron una decena de lesionados y más de 40 detenidos.
Como consecuencia de este hecho dos altos jefes de la Policía fueron destituidos y arrestados. El
entonces comandante de la Policía, Crio. Gral. Humberto Núñez, ordenó la destitución del jefe de la
Agrupación de Policía Ecológica y Rural (APER), Crio. Princ. Rogelio Benítez. Igual suerte le tocó al jefe
de la Agrupación Especializada de la institución, Crio. Princ. Fidel Isasa. El entonces ministro del Interior
Orlando Fiorotto, afirmaba que en la Policía Nacional existirían oficiales interesados en desestabilizar al
Gobierno. Indicó que la muerte de los dos campesinos aumenta la sospecha de un complot, al señalar que se
desacató una orden que prohibe a los policías el uso de armas en conflictos rurales.
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Comité de Iglesias
Algunas fuentes policiales argumentaron que se pidió a los labriegos que viajaban en el camión que
detengan la marcha y no obedecieron, razón por la cual se produjo el tiroteo contra los campesinos. Sin
embargo, uno de los sobrevivientes del ataque policial, Francisco Cabanas, cuenta que la Policía no hizo
ninguna señal pidiendo al conductor que pare la marcha. "Nosotros íbamos tranquilamente hasta que la
patrullera se nos cruzó en el camino y un policía bajó, apuntó su arma y disparó directamente a la cabeza
del chofer", relató. Días antes de este suceso en la misma zona se registró un enfrentamiento entre
campesinos y policías. De ese enfrentamiento resultaron heridos cinco policías y algunos lesionados tras
el intenso fuego cruzado entre ambos sectores. Los pobladores querían impedir la fumigación de unas
70 hectáreas de soja, se internaron en el bosque y desde allí comenzaron a disparar, decía los informes
periodísticos.
Afines de febrero y poco más de un mes de producirse la masacre de campesinos en Ypekua, se caldeaba
nuevamente el ambiente en la zona. Se divulgaba por la prensa que unas 40 hectáreas de soja de David
Enns fueron quemadas por desconocidos. El afectado denunció que fue amenazado de muerte por los
campesinos del asentamiento "Juliana Fleitas". El fiscal Alfirio González decía que el hecho no "está lejos
de ser un acto terrorista". En tanto que la Federación Nacional Campesina (FNC) calificó el hecho de
montaje de los agroexportadores y niegan que sus asociados estén involucrados en el siniestro.
No solo la exposición a agroquímicos utilizados en el cultivo de soja dañó las parcelas de algodón y
mandioca de campesinos de San Pedro del Paraná. Según informes de técnicos del Ministerio de
Agricultura y Ganadería divulgados por la prensa, los problemas climáticos también contribuyeron
con el deterioro de las plantas inspeccionadas.
En varias ocasiones se informaba que asentamientos de campesinos impedían la fumigación de cultivos de
soja, especialmente con herbicidas. En Fassardi, departamento del Guaira, a principios de enero, hubo
fuertes discusiones entre algunos sojeros y líderes de labriegos que se oponen al uso de agroquímicos por
temor a un "envenenamiento". Incluso los campesinos nucleados en la Organización Comunitaria
de Paso Yobai y Colonia Independencia, exigieron la suspensión de las exportaciones de soja y la
erradicación de la oleaginosa del país.
Un campamento militar-policial se montó en la comunidad de Ypekua, Repatriación, para garantizar la
cosecha de la soja y brindar seguridad al campesinado. Esto se debe a una serie de hechos delictivos que
sucedieron en el lugar, como enfrentamiento campesinos policial y el incendio de un sojal. A principios
de marzo el gobierno ordenó que más efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas protejan cultivos
de soja de lo que las autoridades consideran hechos de sabotaje. La idea era dar seguridad a
campesinos y sojeros, afirmaba el entonces ministro del Interior Orlando Fiorotto. El custodio de militares a
los cultivos de soja siguió dándose en los meses de octubre y noviembre.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Se informaba por la prensa que se extendió la destrucción de plantaciones de soja. En la zona de Mcal.
López, departamento de Caaguazú se produjo un incendio que destruyó 15 hectáreas, y en la zona de Paso
Yobai un grupo de padres de familia atacó con machete una plantación en esta zona, departamento del
Guaira, destruyendo unas 5 hectáreas.
Luis Aguayo, presidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC),
afirmaba que los incendios de cultivos de soja, que se denunciaron en Caaguazú, Canindeyú y otras zonas de
producción, fueron causados por los propios dueños de las parcelas.
En tanto que la Federación Nacional Campesina (FNC) responsabilizaba a los sojeros de la quema de sus
cultivos en la zona de Repatriación y trató de poco serio al ministro del Interior por acusar al campesinado
de esos hechos. También señalaban que el gobierno de Nicanor Duarte Frutos demuestra debilidad al
enviar militares para custodiar sojales y que la actuación "stronista" de los uniformados preocupa a las
familias campesinas.
A mediados de abril se publicaba por la prensa que organizaciones campesinas impulsarán una campaña
nacional para expulsar a extranjeros. El dirigente de San Pedro, Elvio Benítez, manifestaba que darán dos
semanas al gobierno para que cumplan un acuerdo firmado anteriormente, que les obliga a frenar ese
hecho. Decía que no permitirán que grandes empresas brasileñas sigan comprando enormes extensiones
de tierra para instalar grandes cultivos de soja.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció que hará un nuevo intento de firmar un pacto social con
organizaciones campesinas y de productores mecanizados, que estaban enfrentados por el uso de
agroquímicos y por el avance del cultivo de la soja.
Los conflictos no solo se dieron entre el campesinado y productores agrícolas mecanizados. También se
dieron casos de conflictos entre los propios labriegos. Tal es así que agricultores de la Cooperativa de
Desarrollo Vecinal (CODEVE) de la colonia 3 de Noviembre, departamento de Caaguazú, que reúne a
39 comités y colonos menonitas, denunciaron la permanente persecución que sufren de parte de algunos
miembros de la Federación Nacional Campesina y la falta de seguridad en la zona. Estas inquietudes
fueron expuestas aprovechando la presencia en el lugar del entonces presidente del Congreso
Nacional Carlos Mateo Balmelli y del diputado liberal César López.
A raíz de las denuncias de campesinos del uso masivo de agrotóxicos cuyos efectos causan daño al medio
ambiente, a la salud de las personas y los animales, todos los sectores de la sociedad, incluyendo el
gobierno, pusieron la mirada en los productores de la oleaginosa. En los últimos años la soja constituyó uno
de los productos más exportados por el Paraguay. Pero también se reconoció que es el rubro que muy poco
tributa al fisco cuando es exportado.
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Comité de Iglesias
A principios de febrero el ministro de Hacienda, Dionisio Borda, anunció la aplicación de un impuesto del 4
por ciento sobre las exportaciones de soja. La medida tendrá un carácter transitorio señalaba. Con ello el
gobierno pretendía recaudar este año 170.000 millones de guaraníes. El titular de la Coordinadora
Agrícola del Paraguay, Héctor Cristaldo, dijo que a su criterio la aplicación de un impuesto a la
exportación de soja es más bien una represalia tomada por el gobierno hacia los productores por la
oposición que tienen al proyecto de ley de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal.
El presidente de la República a fines de abril se despachaba con duros términos hacia los productores
sojeros, en estos términos: los grandes manguruyúes, los sojeros que nos chupan la sangre,
instrumentaron a los campesinos contra la ley de adecuación fiscal; quienes ganan mucho dinero
explotando nuestra tierra, contaminando arroyos y hasta pudiendo enfermar a nuestros campesinos
tienen que pagar sus impuestos; quisimos cobrarles, pero se opuso la oposición y, para no pelearnos
entre todos, no cobraremos; lamentablemente no tengo mayoría parlamentaria y no les cobraremos.
Se anunció la entrada en vigencia de dos proyectos de ley que grava el patrimonio rural y la exportación de la
soja. Esta propuesta del Ejecutivo fue calificada como un despropósito por los productores de soja. Expresaron
que el Gobierno pretende echar sobre los hombros del sector agrícola su responsabilidad por la crisis
económica que soporta la República. A raíz de estas propuestas legislativas incluso los gremios productores de
soja y pecuario se retiraron de una mesa de diálogo que conformaron con el gobierno para buscar solución a la
crisis rural.
A la intención de gravar la exportación de soja se le suma la sequía que azotó un buen tiempo al
Paraguay este año, lo cual repercutió en forma negativa para varios rubros agrícolas y una de ellas la
soja. La sequía, según anunciaba Héctor Cristaldo de la Coordinadora Agrícola del Paraguay,
ocasionará una gran pérdida. Según cálculos del gremio, la falta de lluvia arruinará al menos 1.000.000 de
toneladas de la oleaginosa, con lo que se espera una pérdida de entre 200 y 300 millones de dólares.
La sequía también destruyó este año 70.000 hectáreas de 180.000 de maíz que se sembraron después de la
soja, según informes brindados por el Ing. Luis Cubilla, asesor agrícola de la CAPECO. En porcentaje eso
significa la destrucción del 40 por ciento del área sembrada con este rubro, que ya por culpa de la falta de
agua no pudo alcanzar 330.000 hectáreas proyectadas para este año.
Solamente en el segundo departamento, San Pedro, la sequía castigó duramente y las pérdidas
estimadas fueron de más de 40 millones de dólares. Los informes mencionan que hay rubros que solamente
llegaron a salvar el 50 por ciento. Agrega que enero y febrero fueron los más críticos en esa zona, ya que
el déficit de lluvia alcanzó el 90 por ciento, de acuerdo con los datos históricos de las precipitaciones.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
La Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) determinó a través de un
estudio con fotos satelitales que el cultivo de soja ocupa en la campaña de 2004 un total de 1.936.622,6
hectáreas. Estos datos señalan que el cultivo de este rubro tuvo un crecimiento de 386.622,6 hectáreas, ya
que en la campaña anterior se tenía que el área de cultivo de la soja abarcó 1.550.000 hectáreas.
Productores de soja de la zona de Repatriación expresaron su inquietud al entonces presidente del
Congreso, Carlos Mateo Balmelli, porque no pueden ejercer su derecho de propiedad. Hay un ambiente
enrarecido muy preocupante, señalaron y advirtieron que en la zona existe ausencia del Estado paraguayo.
El gobierno brasileño manifestó su preocupación por el anuncio campesino de expulsar a los extranjeros
que tienen grandes inversiones en tierras en el Paraguay. En noviembre del año pasado ya el canciller
brasileño, Celso Amorin, había advertido a la cancillería paraguaya de la tensión entre agricultores y
brasileños. La amenaza la hizo pública el dirigente campesino de San Pedro Elvio Benítez. Este
anunció que organizaciones campesinas impulsarán una campaña nacional para expulsar a extranjeros.
A principios de noviembre el nuevo embajador del vecino país, Valter Pecly Moreira, reiteró a las
autoridades paraguayas la preocupación de su gobierno por esa situación. A principios de junio se
publicaba el caso del asesinato de un brasiguayo y su guardia a escopetazos en Itakyry. La
información señalaba que un grupo de supuestos sintierras asesinó a sangre fía las dos personas y luego
quemó dos tractores, en tanto un maquinista huyó y salvó su vida. El hecho ocurrió en la localidad de
Ycúa Pora momentos en que el dueño del inmueble se encontraba abriendo un camino en el lindero de la
propiedad que los labriegos intentaron invadir casi un mes atrás del crimen. Las víctimas fueron
identificadas como Celso Pablo Lanzarín (42 años) y su custodio Albersio González (51). Tres integrantes
de una banda de supuestos sintierras sospechosos de haber ejecutado al colono y su custodio fueron
capturados por la Policía. Los detenidos fueron identificados como Alcides Ramoa Peralta, Juan Manuel
Brítez y Alcides Giménez Iriel. También fue detenido el cabecilla del grupo, Beato Giménez Escobar.
El gobierno del Brasil pidió castigo para los autores.
Productores nucleados en la Unión de Comunidades de Naranjito, departamento de Itapúa, reclamaron a las
autoridades seguridad para poder trabajar y producir tranquilos. Ante el creciente clima de inseguridad no
descartan recurrir a la defensa propia si son atacados y muchos piensan seriamente en vender sus chacras
y abandonar el país, para lo cual ya tomaron contacto con sus respectivas embajadas, según se
informaba por la prensa. Sostenían que la corrupción y la falta de interés del gobierno en atender la
problemática
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Comité de Iglesias
campesina y la venta de derecheras (derecho a las parcelas) que aprovechan los dirigentes campesinos son
las principales causas de la inestabilidad que se vive en el sector rural. Un empleado de un
establecimiento agrícola de Naranjito, propiedad del .ciudadano brasileño José Carlos Gasparini, fue
herido de un disparo de rifle cuando se encontraba realizando labores en el local. La víctima fue
identificada como Vanderley Soares (31). Una de las acusaciones que se formulan contra los inmigrantes
brasileños es que ingresan en forma ilegal al país, adquieren o arriendan tierras, destruyen los recursos
naturales y luego regresan a su país. Sin embargo, esa idea es rechazada por Claudio Schuh, miembro de la
Pastoral Social del Inmigrante.
A raíz de estos constantes conflictos entre productores de soja y campesinos que se ven avasallados por
los mismos con el cultivo de la oleaginosa, pero principalmente por la utilización de agrotóxicos que
perjudican el medio ambiente rural y hasta a personas y animales, el senador del Partido País Solidario
José Nicolás Morínigo, y un equipo de investigadores anunciaron la próxima presentación de leyes para
encontrar un equilibrio entre la producción masiva de soja y la protección del ambiente. La legislación
buscará transformar el modelo de producción de soja que hasta ahora se funda en el uso extensivo de la
tierra y de agrotóxicos, según dijo el proyectista.
También se anunció que varias instituciones públicas y privadas participaron de un proyecto que pretende
elaborar un manual para el uso seguro de plaguicidas en el Paraguay, con apoyo canadiense El entonces
titular de la Secretaría del Ambiente, Ing. Luis López Zayas, afirmaba que en nuestro país se utilizan
plaguicidas o agrotóxicos en medio de un caos y una anarquía generalizada. Anunciaba que ejercerán un
duro control sobre la utilización de los citados productos, atendiendo que de un tiempo a esta parte
se generaron innumerables conflictos.
En la colonia Jamaica, La Palma, Canindeyú, se informaba que una menor de 17 años fue intoxicada
presumiblemente con productos agroquímicos utilizados por sojeros de esa comunidad. Un médico de la
localidad de Francisco Caballero Alvarez diagnosticó que los síntomas de cefalea, ansiedad, taquicardia y
náuseas presentados por la víctima tendrían como causa intoxicación con plaguicidas. Otros lugareños
padecen los mismos síntomas que por la falta de médicos en la comunidad no fueron atendidos como
corresponde.
Unos días después se informaba que otras ocho personas fueron presumiblemente intoxicadas con
agrotóxicos en la mencionada colonia. Los pacientes asistidos en el puesto de salud local padecen de
diarrea, cefalea y fiebre, causadas, según se cree, por inhalación de los plaguicidas utilizados en
cultivos de soja de colonos brasileños instalados en la comunidad.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Vecinos del barrio San Luis de Encarnación, denunciaron la contaminación de un pequeño arroyo con
agroquímicos empleados en la fumigación de soja. Varios niños del lugar tienen granos en las piernas
y el rostro, y presentan cuadro de vómitos, mareo y fiebre, se informaba a fines de enero. Los
denunciantes indicaron también que se registró una gran mortandad de peces y animales de corral
(gallinas), por el efecto de los plaguicidas. María Estela Muñoz, pobladora del lugar, señaló que sus hijos
Carlos (9) y Jorge (6) presentan granos en el rostro y en la espalda, y que esta situación se repite
frecuentemente en esta época del año, coincidente con la etapa de mayor fumigación de los sojales y
el uso frecuente de las aguas del arroyo.
A mediados de abril se informaba que dos productores sojeros, Alfredo Laustenlager y Hermán
Schlender, han sido condenados a dos años de prisión con suspensión de condena por un tribunal de
sentencia de Encarnación. Ambos fueron acusados de la muerte del niño Silvio Talavera Villasboa
por intoxicación con agrotóxicos en la jurisdicción de Pirapey. La suspensión de condena es a condición
de que paguen una suma de 25 millones de guaraníes cada uno por daños causados a la familia.
La problemática ambiental como consecuencia del uso de agroquímicos también fue analizada por las
autoridades del departamento de Misiones. La expansión del cultivo de la soja, el uso del agroquímico,
las semillas vencidas, la aplicación de las leyes y la defensa del medio ambiente fueron debatidos en
una reunión realizada en la gobernación de este departamento entre autoridades parlamentarias,
departamentales, municipales y campesinos. Las propuestas surgidas en el encuentro fueron: el uso
racional, con aplicación técnica de los agroquímicos; manejo integral y controlado de los
plaguicidas y enfermedades; utilizar productos de baja toxicidad que puedan degradarse fácilmente sin
ocasionar daños; practicar la siembra directa, rotación de cultivos. Control a través de enemigos
naturales de las plagas; uso de la dosis mínima. La marca también influye porque existen productos muy
resistentes y tóxicos.
Un ciudadano identificado como Osvaldo Ornar Rolón Rey presentó ante la Dirección General de
Aduanas una denuncia sobre un presunto caso de contrabando de 37.500 litros de agroquímicos. El
denunciante señala como responsable del hecho a la firma Diagro S.A., filial de la empresa brasileña
Disam, distribuidora de insumes agrícolas. Rolón Rey, en su escrito, explica que la firma en cuestión
incurrió en una evasión por valor de 1,2 millón de dólares en perjuicio del fisco paraguayo.
En la colonia Capiati, distrito de Raúl Arsenio Oviedo familias campesinas y la empresa productora de
soja Tractur SACI, en un histórico acto, acordaron trabajar en forma mancomunada y evitar de esa
manera conflictos que solo generan atraso en las comunidades
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Comité de Iglesias
rurales. La firma podrá fumigar sus sojales con plaguicidas clase 3 y 4, respetando la dirección del viento, y los
labriegos paraguayos serán contralores del uso de esos productos químicos.
Se informaba que toda la ribera del lago formado por las aguas del Yguazú fue deforestada para el cultivo
de soja. El caudaloso río, uno de los más importantes afluentes del río Paraná, corre serio riesgo a
causa de la salvaje deforestación, se advertía a través de la prensa. Para colmo, agrega, inspectores
fitosanitarios de la dirección de defensa vegetal del MAG encontraron cajas vacías de plaguicidas
tiradas en medio del sojal y a pocos metros del agua. Se denunciaba que los productores no respetan la ley
que exige dejar una franja de protección.
Unas 300 hectáreas de bosques fueron deforestadas para cultivar soja en la colonia Tendal, Villa Ygatimí,
Canindeyú. El inmueble fue arrendado por el brasileño Pedro Sinader Pitta, quien sería directivo de la firma
Agrorama, se encuentra en el área de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Mbaracayú, declarada
como tal por la UNESCO. Especialistas del medio ambiente aseguraron que el daño causado contra la
naturaleza es irreparable.
La problemática de la tierra sería uno de los detonantes de varias movilizaciones campesinas durante este año
que mantuvo en vilo al gobierno de Duarte Frutos. El reclamo de tierra para los campesinos que no la
poseen fue el principal punto de una serie de reclamos que se hicieron este año.
Poco tiempo después del asesinato de los campesinos Arzamendia y Robles Correa Duarte Frutos de nuevo
salió con un discurso un tanto oportunista. Ordenó al entonces IBR (actualmente INDERT)
individualizar las tierras que fueron otorgadas indebidamente, fuesen a políticos, autoridades, amigos o
correligionarios, para que la nueva Corte Suprema de Justicia, si tiene coraje y valentía, decía, las restituya
al Estado paraguayo.
Al inicio de este año se informaba que el Ministerio de Agricultura y Ganadería preparó al menos trece
programas nacionales para apoyar la producción primaria. Las medidas, según el anuncio, serán
implementadas dentro de lo que el titular de la cartera Antonio Ibáñez llamó el "Plan Nacional de
Desarrollo Agrario y Rural 2003-2008". Contempla el plan nacional de reactivación de la agricultura
familiar, programa nacional del algodón, programa nacional de sésamo, programa nacional de fomento al
cultivo de caña de azúcar orgánica, programa nacional de frutas y hortalizas, programa nacional de la
mandioca, programa nacional de kaá heé, programa nacional de tártago, programa nacional de
sericultura, programa nacional de desarrollo e industrialización de leche, subprograma de cría de cerdos en
el ámbito familiar, subprograma de cría de aves en el ámbito familiar y subprograma de acuicultura.
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Paraguay y Brasil acordaron iniciar un trabajo conjunto para asistir a la agricultura familiar. Los ministros de
ambos países, Antonio Ibáñez, de Agricultura y Ganadería de Paraguay, y Miguel Rossetto, de Desarrollo
Agrario del Brasil, firmaron un protocolo de intenciones por el que acuerdan iniciar un "trabajo serio",
para asistir a la agricultura familiar. Menciona la prestación mutua de cooperación técnica.
Se publicaba que los herederos de Alfredo Stroessner buscaban darle validez a los títulos de unas
propiedades que le fueron adjudicadas en forma irregular al dictador y a un grupo de generales amigos
suyo. La empresa "Sur Inmobiliaria", que figuraría a nombre de Alfredo Stroessner Domínguez, nieto
del ex presidente, reclamó la propiedad de unas fincas en Ciudad del Este y donó a la Municipalidad
parte de las mismas para levantar allí una nueva sede del Palacio de Justicia.
A principios de febrero el Poder Ejecutivo inició el proceso para recuperar tierras malhabidas. El
listado completo de los titulares de tierras malhabidas otorgadas por gobiernos anteriores a militares,
políticos, empresarios y otros personeros que no siendo sujetos de la reforma agraria se beneficiaron
indebidamente fue elevado a la Procuraduría General de la República. Luego serán planteadas las
acciones de nulidad de los títulos, según anunciaba el entonces procurador general de la República,
Nelson Alcides Mora. Sin embargo, no existe mucha esperanza de que se recuperen las tierras mal
habidas por jefes militares o políticos desde varias décadas, conforme a las declaraciones del titular del
IBR, Erico Ibáñez. Reconoció que existen miles de casos, "pero es difícil su recuperación",
declaraba.
A principio de noviembre diputados liberales presentaron al contralor general de la República Francisco
Galiano y al procurador general de la República Benigno Rojas Vía, el listado de unas 242 personas
adjudicadas en forma ilegal con tierras del IBR, sujetas a la reforma agraria. Entre los beneficiarios se
encuentran conocidos políticos empresarios y militares. El total de superficie adjudicada en forma ilegal en la
región Oriental es de 480.566 hectáreas y en la región Occidental es de 1.018.127 hectáreas. El periodo que
abarca la información dada es de unos 50 años hasta el año 2000. Entre los adjudicados se mencionan
al ex dictador Alfredo Stroessner; el ex jefe de investigaciones, Pastor Coronel; Alejandro Fretes Dávalos,
Feliciano Duarte, Magno Ferreira Falcón, Roberto Knopfelmacher, el ex senador colorado Pedro Pablo
Ovelar, Guido Parquet, Andrés Rodríguez y su esposa, Adilson Rossati, George Parid Yamil, Osear Zacarías
Cubilla, entre otros.
El gobierno apeló a este recurso para hacer frente a la demanda de tierras del campesinado paraguayo que
es uno de sus constantes reclamos. De acuerdo a datos brindados por organizaciones campesinas y
registros oficiales, existen 300 mil familias que necesitan
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Comité de Iglesias
tierras según la Federación Nacional Campesina; según la Mesa Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas (MCNOC), la falta de tierra afectan a 350 mil familias, incluyendo a las
familias con menos de cinco hectáreas "insuficientes para la producción"; el 80 por ciento de las propiedades
en el Paraguay es controlado por menos del cinco por ciento de los propietarios; el 83 por ciento de las
explotaciones campesinas son menores a 20 hectáreas y apenas ocupan el 6,1 por ciento de la superficie
total; de 20 a menos de 100 hectáreas unas 39.096 familias, 1.360.557 hectáreas 12,72 por ciento,
superficie 5,71 por ciento.
La Federación Nacional Campesina anunció la ocupación de propiedades privadas si el Gobierno no da
tierra a los campesinos que la necesitan. Odilón Espinóla, secretario general de la FNC, advertía que hay
varios compromisos asumidos por el Gobierno que no se están cumpliendo. Hablaba de la posibilidad de
recuperar por cuenta propia bienes malhabidos.
En un panel debate organizado por la Red Rural y el Área Rural del Comité de Iglesias, representantes de
las principales agrupaciones campesinas señalaron que si es que no se realiza una verdadera reforma
agraria, con un reparto equitativo de las tierras, será imposible realizar un desarrollo sustentable del
sector rural. Uno de los panelistas, Adolfo Ortíz, habló de exigir al Gobierno que imponga una frontera
para el cultivo de soja e impida que los extranjeros sigan avanzando. Este es un problema social,
político y económico, recalcaba.
El Comité de Iglesias en un pronunciamiento divulgado a principios de noviembre, tiempo en que la crisis
campesina con ocupaciones, desalojos y represiones brutales contra labriegos, sostenía que las
ocupaciones de tierras agrícolas son hechos que revelan la existencia de serios conflictos sociales, cuyo
común denominador es la pobreza y la miseria en que vive el 33,9 por ciento del país y el 41,2 por ciento
en la zona rural, sin entrar a considerar que en algunas regiones el porcentaje supera el 50 por ciento.
El 4 de noviembre, mientras se realizaba el desalojo de campesinos de la estancia Guape, jurisdicción de
Naranjito, departamento de San Pedro, falleció el campesino Aureliano Espinóla, al parecer de un infarto,
según los datos brindados por la Policía. Fue aprehendido durante el operativo de desalojo, estaba sentado
junto a unas 31 personas detenidas y repentinamente se desvaneció. Fue llevado a un centro asistencial
para su atención médica y luego hasta el centro de salud de General Resquín, donde comprobaron que
no tenía señales de vida y que la causa probable es de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, monseñor
Fernando Lugo, obispo de San Pedro, afirmaba a mediados de noviembre que Aureliano Espinóla no
falleció de muerte natural, sino que perdió la vida al resultar desnucado tras el violento desalojo.
118.

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Por la prensa se informaba que el general retirado Galo Escobar posee unas 50 fincas que totalizan unas
2.100 hectáreas de tierra en Juan León Mallorquín, departamento del Alto Paraná. Son tierras del Estado
destinadas en la década del 60 a la reforma agraria. Una comisión vecinal de 150 familias, expulsadas
dos meses antes de la denuncia hecha en febrero, luego de denunciarse la posible existencia de tumbas
N.N. en su territorio, reclama recuperar las tierras "ilícitamente obtenidas".
En los años 70 y 80 como parte de una política de colonización de las regiones fronterizas, la dictadura
stronista transfirió, a través del IBR, una cantidad inmensa de tierras a poderosos del régimen y a
muchos empresarios brasileños. La distribución se hizo de la única manera en que operaba el régimen con
las tierras y con casi todas las cosas: negocios, prebendas, saqueos.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas, con un total de 286.456 hectáreas de tierras en todo el país, es uno de
los feudos más voluminosos e improductivos. En total cuenta con 540 propiedades, de las cuales, tras
una acelerada tramitación, ha logrado legalizar 233. El gobierno, en su "interés" de disponer tierras para
campesinos, bien podría comenzar con un sector que tiene bien a mano, la estructura castrense.
En las tierras que el IBR quiere recuperar están instaladas estancias y grandes cultivos agrícolas, decía
el titular de la entidad, Ing. Erico Ibáñez. Los inmuebles que serían las tierras malhabidas quedaron
en manos de grandes productores por razones que se investigarán para determinar la situación de las
mismas e intentar recuperarlas.
El vicepresidente de la República Luis Castiglioni anunciaba en mayo pasado que investigarán la
tenencia ilegal de las tierras en los departamentos de San Pedro y Caaguazú. Decía que nadie sabe la
situación real de muchos asentamientos y colonias creadas por otros gobiernos. Con esa tarea nos
encontraremos con grandes sorpresas, decía.
El senador del Partido País Solidario, José Nicolás Morinigo, presentó un proyecto de ley "que sanciona
al vendedor y comprador de derecheras". A propósito del conflicto campesino, se mencionaba que
la venta de derecheras constituye uno de los factores que agrava la crisis en el campo. Se da que el
campesino beneficiado con un inmueble de parte del IBR para su explotación agrícola, se instala en el
lugar y luego de acabar con la reserva forestal vende su "derecho" sobre las tierras y nuevamente se une
a otros grupos a reclamar tierras al Estado. La propuesta de Morinigo castiga con pena privativa de
libertad hasta cinco años al que induzca o favorezca la compraventa de lotes agrícolas o fracciones
fiscales y con cinco años de pensa privativa de libertad la participación del funcionario público en los
delitos tipificados.
119

Comité de Iglesias
Un informe periodístico publicado señalaba a fines de abril que en el departamento de San Pedro, solo
el 60 por ciento de las tierras adquiridas para asentamientos campesinos está ocupado. El IBR adquirió
124 mil hectáreas para dar solución a campesinos sin tierra. De 10.378, instalados en esas 124 mil
hectáreas, 4 mil se encuentran desocupados. Agregaba que el problema de tierra es real, consecuencia de
la ineficiencia, corrupción y anarquía imperantes en el IBR, actual INDERT. Otra información
complementaria señalaba que más de 170 mil hectáreas de tierra entregó el IBR en los últimos 14 años a
campesinos de San Pedro. La mayoría fue negociada luego de sendas ocupaciones y, en algunos casos,
violentos desalojos inclusive con pérdida de vidas humanas.
Este departamento tiene una extensión territorial de 2.000.200 hectáreas y de acuerdo a datos de la
Dirección de Estadísticas Agropecuarias, de esa extensión, un poco más del 50 por ciento está destinado
a la producción ganadera y el cultivo agrícola ocupa solo el 10,5 por ciento de toda la extensión. La
desproporción entre lo que ocupa la ganadería y la producción agrícola es abismal, según los datos.
Hay que tener en cuenta que el departamento de San Pedro es el de mayor extensión en la región
Oriental.
Una de las medidas adoptadas por el gobierno para atender y buscar soluciones de fondo a la
problemática del campesinado fue la realización de un censo de campesinos que reclaman tierras. El
trabajo iniciado debe culminar con la identificación de las personas que realmente necesitan tierras.
Carlos Walde, asesor del presidente de la República, afirmaba que actualmente no existe un censo
confiable sobre la tenencia de tierras, porque la información más seria que poseen solo contiene datos del
desempeño del IBR entre los años 90 y 2001.
A principios de junio se publicaba por los medios periodísticos que el IBR no pedirá la compra de
nuevas tierras hasta que pueda procesar la mitad del censo campesino que se estaba haciendo.
Un relevamiento de datos en las zonas críticas del departamento de San Pedro respecto a la situación de
los campesinos concluye que el arraigo de las familias campesinas en los asentamientos todavía no se
encuentra consolidado por falta de infraestructura económica y social, puesto que esos factores se están
dando todavía con intermitencia y en algunos casos con debilidad, según explicaba el Ing. Hugo Halley
Merlo, asesor de la Comisión de Atención de al Crisis Agraria en el Campo.
La Unión de Gremios de la Producción pidió al gobierno que intervenga el Instituto de Bienestar Rural,
a fin de investigar cómo se distribuyeron las tierras fiscales. Este pedido fue formulado públicamente
atendiendo a las constantes amenazas de que propiedades de miembros de este gremio serían invadidas
por campesinos sin tierra, según afirmaciones de sus representantes.
120

Situación de los Derechos H-umanos en el Paraguay 2004
En tanto que el titular de la Feprinco, Enrique Riera Figueredo, se quejaba de que el propio
presidente de la República Nicanor Duarte Frutos alienta las ocupaciones. "El presidente está
cometiendo graves errores como gobernante; su discurso incita a comisión de un delito", expresaba el
dirigente gremial en alusión al anuncio hecho por el Mandatario de que recuperarían las tierras malhabidas.
En una reunión celebrada a principios de abril la Unión de Gremios de la Producción obtuvo del
presidente de la República Nicanor Duarte Frutos el compromiso de respetar y hacer respetar la propiedad
privada. Fue ante la legalización del asentamiento Marquetalia, ubicado en el distrito de San Lorenzo. Duarte
Frutos aseguró a los mismos que no permitirá el atropello de sus bienes. A partir de la quema de sojales y
amenazas de invasión, los productores exigen garantías.
Semanas después mientras grupos campesinos amenazaban con invadir 13 propiedades en el
departamento de San Pedro, Alto Paraná e Itapúa, el Poder Ejecutivo advertía que si llevan a cabo su
objetivo, serán desalojados por las fuerzas del orden previa autorización judicial. De esa manera prometió
hacer respetar la propiedad privada.
Sin embargo, las ocupaciones de propiedades privadas se realizaron en varios departamentos.
Durante los meses de setiembre, octubre y noviembre se dio con mayor intensidad y solo en algunos
casos hubo desalojos. Durante este tiempo irrumpió en la escena las Fuerzas Armadas para
participar de los desalojos, cuidar los inmuebles desalojados y brindar protección durante la cosecha
de la soja. En otros casos hubo retiro voluntario previa negociación de la dirigencia de la organización
campesina. En octubre se había llegado a acuerdos entre el gobierno y labriegos para abandonar las
ocupaciones y el Ejecutivo se comprometía a dotar de tierras. Sin embargo, en el plazo establecido no se
dieron los reclamos campesinos, por lo que nuevamente recrudecieron las invasiones, especialmente en
los departamentos de Canindeyú, San Pedro, Alto Paraná e Itapúa.
Recién el 30 de octubre se concretó la compra de tierra por parte del Indert para la reforma agraria en el
departamento de San Pedro. El Estado adquirió 5.237 hectáreas de tierra a un valor de G. 9.099
millones. El titular del Indert Erico Ibáñez, explicó que tras la firma de transferencia de las propiedades
vendidas al Estado, las organizaciones campesinas tendrán que presentar la lista de los sintierras que
serán beneficiados con las tierras. En tanto que el líder de la MCNOC, Luis Aguayo, recordó que
con la entrega de 5.000 hectáreas de tierra para el departamento de San Pedro, el Gobierno no
satisface aún los reclamos y compromisos asumidos con el Frente de Lucha por la Soberanía y la Vida.
Recordó que el Ejecutivo se había comprometido a comprar 13 mil hectáreas en esa zona del país para los
sintierras.
121

Comité de Iglesias
Afines de octubre organizaciones sociales, nucleadas en el Frente Nacional de Lucha por la Vida y la
Soberanía, realizaron una marcha de protesta frente al Ministerio Público denunciando la verdadera
inseguridad existente. Denunciaron que la pobreza y la criminalización de las luchas sociales que se
cobraron varias vidas hasta el momento constituyen la "verdadera inseguridad". Sostenían que desde el
año 1989 a la actualidad murieron en manos de la policía y de civiles armados 90 campesinos que
reivindicaban su derecho a la tierra, mientras que otros 1.500 están imputados por delitos que tienen que
ver con la lucha social, de acuerdo a la acusación presentada por el citado frente.
Otro hecho sin precedente en el accionar de las organizaciones campesinas, se dio en la madrugada del
día domingo 28 de noviembre del cte. año; cuando unos doscientos campesinos atracaron la Comisaría
Tercera de San Juan Nepomuceno del departamento de Caazapa, y forzaron la liberación del dirigente
campesino Porfirio Benítez.
Posteriormente a este hecho, fuerzas conjuntas de la Policía Nacional y efectivos Militares, intervinieron el
asentamiento "11 de Mayo" del Departamento de Caazapa y detuvieron a 45 labriegos, quienes
supuestamente participaron del atraco a la Comisaría.
Asimismo una turba de unos supuestos sintieras con armas de fuego, que actuaron como delincuentes
comunes, atacó entre los días sábado 27 y Domingo 28 de noviembre un establecimiento de Tavaí,
departamento de Caazapa. Rodearon el lugar, redujeron y golpearon al personal, incendiaron parte del casco,
robaron todo lo que pudieron, afirmaba la prensa.
En respuestas a todos estos hechos, el Monseñor Ricardo Valenzuela condenó los ilícitos que se presentan en
diferentes formas en el campo, tales como el desacato a las resoluciones judiciales, la agresión a funcionarios
y autoridades, los bloqueos de rutas etc. Instó a intensificar el dialogo y cumplir con el compromiso asumido para
solucionar la problemática del campo.
El Obispo condenó la violencia, pero al mismo tiempo reconoció que es consecuencia de la pobreza y la
miseria que crece en el país.
Como consecuencia de todo esto, el Ministro del Interior, solicito a la Fiscalía General del Estado la
inmediata detención y procesamiento del Líder campesino Odilón Espinóla. Asimismo, fuente
periodísticas informaban que en un enfrenamiento registrado entre campesinos y policías el día 30 de
noviembre en zonas del departamento de Encarnación, resultó muerto el oficial de policía Arnaldo Paiva y
otros oficiales heridos.
Asimismo, medios de prensa informaban que el día 1ro. de diciembre se enfrentaron campesinos y policías en la
localidad de Guajaibí, dejando un saldo de 20 heridos y 312 campesinos detenidos.
Igualmente el día 2 de diciembre, se produjo otro enfrentamiento en el departamento de San Pedro entre
campesinos y las fuerzas públicas, quedando a consecuencia de ello 10 heridos y 170 campesinos
detenidos.
122

PARO CÍVICO
Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El 16 de noviembre organizaciones campesinas con sectores sociales y políticos realizaron una jornada de
protesta nacional. Básicamente eran tres las consignas: cese de represión en las ocupaciones
campesinas, liberación de labriegos detenidos, en ese tiempo eran alrededor de 200, y la vuelta a los
cuarteles de miembros de las Fuerzas Armadas que participaron activamente en los últimos desalojos.
También se incluyeron otros reclamos tales como 400.000 hectáreas de tierra para los campesinos;
reajuste salarial del 24 por ciento para los sectores público y privado; arancel O para universitarios de la
UNA; banca pública de acuerdo con el proyecto presentado por el Frente Nacional de Lucha por la
Vida y la Soberanía; mejor distribución del presupuesto general de gastos de la nación; la destitución del
fiscal general Osear Germán Latorre y una depuración de todo el Ministerio Público; rechazo a la política
económica del gobierno y la incidencia del Fondo Monetario Internacional; derogación de decreto que
libera la semilla transgénica de soja; congelamiento de la canasta básica, y mayor inversión social.
La lluvia caída el día de la jornada de protesta incidió en la escasa respuesta cívica a la convocatoria del
Frente. A ello se sumó la visible falta de organización. En la tranquila jornada hubo cierre de rutas, no se
registraron incidentes ni detenciones. En el transcurso de la jornada se realizó una reunión en el Palacio
de Gobierno entre el presidente sus ministros y dirigentes del Frente. En esa reunión no hubo acuerdo y
el gobierno resolvió endurecer su postura invocando la facultad de utilizar la fuerza para defender los
derechos constitucionales. En tanto que el frente se reunió al día siguiente y resolvió continuar con el paro
cívico, las invasiones y cierre de rutas.
En la víspera de la jornada del paro cívico la Iglesia Católica se reunió con líderes campesinos y de
sectores sociales así como con algunos senadores para analizar la situación. La propuesta fue una tregua de 60
días entre campesinos y el Gobierno, así como el retiro de los militares de los desalojos para iniciar un
proceso de diálogo que busque las soluciones al problema de la tierra. La propuesta fue entregada al
presidente de la República Nicanor Duarte Frutos por parte de Mons. Fernando Lugo y Juan Bautista
Gavilán.
Un grupo de campesinos que habían sido detenidos en San Pedro y trasladados a la cárcel de Concepción
realizaron huelga de hambre y unos días después de sed, en reclamo de libertad. El empleo de fuerzas
militares en los desalojos de campesinos motivó duras críticas al presidente de la República desde
diversos sectores de la sociedad. El Frente Nacional de Lucha por la Vida y la Soberanía presentó el
19 de noviembre una acción de inconstitucionalidad contra el decreto N° 167 del 27 de agosto que
autoriza la intervención de miembros de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
Precisamente este
123

Comité de Iglesias
fue uno de los puntos del reclamo del paro cívico del 16 y 17 de noviembre. La Dra. Idalina Gómez
Hansen, coordinadora de la Red Rural y titular del área Rural del Comité de Iglesias, declaraba que las
Fuerzas Armadas son el brazo armado del pueblo y no el garrote del mandatario de turno, como para que
utilice a los humildes soldados sacados de las entrañas del pueblo y emplee las armas pagadas con dinero
del pueblo en contra de hombres, mujeres y niños humildes que salen a defender sus derechos.
El Partido País Solidario en un comunicado denunció que la represión desatada contra campesinos
como respuesta a los problemas sociales nada soluciona y constituye una regresión al modelo stronista.
Señala además que la utilización de las Fuerzas Armadas es un alzamiento contra la Constitución
Nacional y la ley y que el presidente Duarte Frutos se expone en este caso a un juicio político.
Un inmueble de 500 hectáreas de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOIC A) fue invadido en
varias ocasiones por campesinos integrantes de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesinas (MCNOC). El inmueble está ubicado en la colonia Tapiracuai Loma del distrito de Capiibary,
departamento de San Pedro.
A fines de febrero el presidente de la República Nicanor Duarte Frutos amenazó con tomar medidas
en contra de los empresarios algodoneros a quienes acusó de "bajar descaradamente" el precio del
producto. Anunciaba que el gobierno realizará un control riguroso de la situación financiera e impositiva de
las empresas que están en el negocio. A su mejor estilo de "tendota", advertía que "no le vamos a perdonar
un milímetro". Luego condenó el "espíritu de expoliación y el oligopolio" y advirtió a los empresarios
algodoneros que no tolerará "el abuso, el lucro inmoral, ni el despojo a los campesinos". El Mandatario
exigió que se pague G. 2.300 el kilo por la fibra, porque de lo contrario apelará al envío del algodón en
rama al Brasil donde hay mejor cotización.
La zafra algodonera 2004/2005, cubriría entre 340.000 y 350.000 hectáreas, según estimaciones del
ministro de Agricultura y Ganadería, Antonio Ibáñez.
La Federación Nacional Campesina decía que esperaba que las expresiones del presidente se conviertan en
hechos y no permanezcan como simples expresiones. Esta organización presentó al Congreso un proyecto
de modelo de desarrollo nacional que propone centrar el crecimiento del país en el desarrollo del sector
agrícola e industrial bajo la supervisión del Estado. Los ejes de la propuesta contemplan: reactivación de
la producción agrícola mediante la reforma agraria, cambio del carácter del crédito agrícola,
introducción tecnológica, mercado para los productos agrícolas y seguro agrícola; reactivación de la
producción industrial mediante la elaboración de un programa nacional de desarrollo
124

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
industrial, reapertura de las industrias cerradas por la crisis, participación contable de los trabajadores,
reinversión obligatoria de las utilidades en el proceso productivo, prioridad a la producción industrial de
consumo básico, impulso a las pequeñas y medianas empresas, crédito productivo, apoyo a la introducción
de tecnología industrial, y consolidación y protección de mercado interno.
La Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) reclamó al gobierno de Duarte Frutos coherencia y
firmeza para encontrar soluciones a los problemas que enfrentan los trabajadores del campo y los
aborígenes. Señala que la represión a campesinos, la violación de los derechos de los trabajadores de la
salud, la falta de pago de aguinaldo en Yacyretá, así como la situación de Puerto Casado son atropellos
a la clase trabajadora, dice el documento divulgado a mediados de enero de este año.
A principios de setiembre se informaba que un tractorista de un establecimiento perteneciente a
la empresa VETRA, del inversionista ítalo-brasileño Tranquilo Pavero, fiíe ultimado a tiros en la colonia
Loma Pucú, del distrito de Santa Rosa del Aguaray. El dueño de las tierras dijo tener la película muy
clara, al señalar que la criminal acción fue obra proveniente de los "sintierras" de Kororo-í. Este hecho
constituyó uno de los tantos conflictos que se dio entre propietarios de inmuebles y labriegos denominados
sin tierras. A fines de mayo campesinos que reclaman expropiación de tierras se enfrentaron a tiros con
policías en el interior de un establecimiento agrícola ubicado en al compañía Naranjito, distrito de San
Rafael del Paraná, departamento de Itapúa. En ese enfrentamiento nadie resultó herido. El
establecimiento es propiedad del ciudadano brasileño José Carlos Gasparini. Antes del
enfrentamiento unos 80 campesinos sin tierra habían tomado por asalto el lugar y tras desalojar a las
tres familias de empleados se apropiaron de armas, aparatos de celular y de electrodomésticos, según
la denuncia de Miguel dos Santos, empleado del establecimiento.
El debate sobre la problemática campesina y la pobreza impulsó a medios periodísticos locales a exponer
experiencias similares en otros países del continente. Uno de ellos fue la expuesta por el economista peruano
Hernando de Soto en una entrevista concedida al diario ABC Color. Sintetizaba que una de las respuestas que se
debe dar a los pobres es del derecho de propiedad sobre los bienes que hasta hoy están en su poder y facilitarles
su incorporación a la economía formal. Reconoce que no es el único factor para vencer la pobreza.
Un informe periodístico de fines de enero señalaba que campesinos vendían derecheras a buscadores de
diamante. Se trata de la colonia José Félix López, departamento de Concepción. A casi 10 años de
la ocupación de las tierras de la Comercial e Inmobiliaria Paraguayo-Argentina S.A. (CIPASA) y
nueve años de la expropiación, los colonos
125

Comité de Iglesias
prácticamente terminaron con los mejores cortes de madera de la zona y a partir de ahora se disponían a la
venta de sus derecheras (terrenos adjudicados) a los interesados en la búsqueda y explotación de minas
de diamantes.
Las denominadas asambleas populares que nuclea a organizaciones sociales y campesinas resolvieron dejar
de pagar a la ANDE mientras el gobierno no otorgue la ampliación de la tarifa social hasta 200 kWh
mensuales de consumo. Entonces la tarifa vigente era de 100 kWh/mes y a un precio de G. 15 O por kWh.
Cerca de 2.5 00 delegados campesinos de todo el país se congregaron en Asunción para exigir al gobierno
la aprobación del referido proyecto. Este reclamo fue uno de los puntos esgrimidos por organizaciones
campesinas que este año realizaron ocupaciones, invasiones y cierres de rutas. A fines de octubre el
Senado sancionó el proyecto de ley que establecía la tarifa social en 150 kWh. Los reclamantes
aceptaron la decisión aunque no muy satisfechos.
El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) atraviesa una situación crítica, se publicaba en la prensa
local a mediados de febrero. Era como consecuencia de una endémica desastrosa política
crediticia, según se desprende del informe presentado por la Superintendencia de Bancos.
Mencionaba la excesiva morosidad, balances maquillados que no consignan el monto total de los créditos
morosos, depósitos bancarios congelados, etc., como algunos de los cuestionamientos contenidos en el
revelador documento.
En el Fondo de Desarrollo Campesino se detectó un posible negociado con cooperativas. El titular de la
entidad que asumió el cargo en junio, César Duarte, ordenó la instrucción de un sumario administrativo
para determinar la responsabilidad de los funcionarios de la entidad que gestionaron la concesión de
créditos por más de G. 7.000 millones a cooperativas que en la actualidad aparecen totalmente
desmanteladas. Entre los años 1999 y 2002 fueron concedidos préstamos a las cooperativas ''Los
Tamberos", de Remandarías; "Vergel Luqueño", de Luque; "Las Flores", de Areguá. Los préstamos
fueron de 1.170 millones, 4.160 millones y 1.700 millones de guaraníes, respectivamente. Cuando se intentó
dar con el paradero de cada intermediaria se encontraron solo con edificios abandonados y vacíos y
ninguna pista sobre el destino de los fondos.
Campesinos invadieron en 1999 una propiedad de 1.374 hectáreas, ubicada en la localidad de Yuty,
departamento de Caazapá. Sus propietarios no pueden ingresar al predio desde fines del 2002. La justicia
ordenó el desalojo y el apresamiento de los invasores del inmueble, pero la Policía no cumple la orden. Los
propietarios son Nelly Zaldívar, Teófilo Zaldívar y Nelly Boggiano viuda de Zaldívar. La estancia
contaba con 400 cabezas de ganado. Actualmente ya no hay animales, las casas que poseía fueron
quemadas, y sus actuales ocupantes venden los últimos árboles que celosamente se cuidaban, denunciaron los
Zaldívar.
126

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Acusados del delito de invasión de propiedad, 65 campesinos han sido condenados a un año de cárcel
con suspensión de pena a prueba por un tribunal de sentencia. Es en el primer caso de condena
masiva por invasión que se dicta en tribunales del país. Con un voto en disidencia, el tribunal integrado
por los jueces César Daniel Delgadillo, Luis Alberto García y Guillermo Skanata, condenó a un año de
cárcel a los campesinos acusados de invadir la propiedad de Josías Rickli, el 15 de agosto del año 2001,
en el distrito de Carlos Antonio López.
Pobladores de Puerto Casado, Alto Paraguay, pidieron la expropiación de las tierras pertenecientes a
la secta Moon, que en la zona posee más de 800 mil hectáreas, incluyendo el casco urbano del pueblo. El
objetivo, según habían expresado los miembros de la comisión pro-tierra de esa localidad, es generar los
recursos agrícolas y ganaderos necesarios como para independizarse de la empresa Victoria S.A., propiedad
de la organización religiosa. La referida secta "ha privatizado la ciudad, desconociendo las leyes nacionales y
aprovechándose de la total ausencia del Estado", afirmaban los dirigentes.
Puerto Casado cuenta con alrededor de 6.500 habitantes, de los cuales cerca de 70 trabajan en la empresa
Victoria S.A.. Una de las características más notorias es la ausencia del Estado. La Policía Nacional,
así como los puestos públicos de salud, no cuentan con recursos y el representante más cercano del
Ministerio Público se encuentra en Concepción, a unos 100 kilómetros.
Hace 4 años duerme en la Cámara de Senadores un proyecto de ley de expropiación de 150.000
hectáreas. Los pobladores argumentan que Puerto Casado no puede permanecer en manos privadas, menos
aún extranjeras, teniendo en cuenta que guarda sitios históricos, como el puerto que recibió a los más de 30
mil soldados en la Guerra del Chaco de 1932. Por otra parte, a mediados de mayo se informaba de
una millonaria inversión en reforestación realizada por la empresa Victoria S. A. La reforestación es en
1.000 hectáreas con el objeto de crear una reserva ecológica. Anteriormente reforestaron 600 hectáreas y
el objetivo final es reforestar 10.000 hectáreas. Otro proyecto de inversión de esta empresa es de 30
millones de dólares con la instalación de un frigorífico que permita exportar carne directamente al
extranjero, utilizando como vía de salida el río Paraguay.
SINTECHOS
Otra de las tantas falencias y necesidades de la gente carenciada es la vivienda. Desde hace unos años se viene
implementando la modalidad de construir casas con préstamos y donaciones del gobierno de China Taiwan,
buscando de esa forma atender esta necesidad y este derecho en medio de conflictos sociales, políticos y algo
que casi nunca falta: corrupción.
127

Comité de Iglesias
Una ocupación irregular de tierras urbanas que data de hace varios años fue legalizada por el propio
presidente de la República. Se trata de Marquetalia, donde pobladores mantenían un largo litigio con
los propietarios del inmueble ubicado en el distrito de San Lorenzo, de aproximadamente 37 hectáreas.
Las negociaciones para la adquisición del inmueble se habían iniciado con el gobierno de González
Macchi y se manejaba como posible precio de la transferencia Gs. 36.000 millones. De acuerdo a los datos
divulgados por la prensa, el gobierno se comprometió a entregar Gs. 10.000 millones como parte de pago
a los propietarios, y el resto, será saldado a través de la cesión de propiedades que actualmente están en
poder del Estado. En el predio viven alrededor de 1.000 familias. Aquí se había denunciado que se vivía
un régimen de violencia que incluso la propia Policía no tenía acceso, ya que los invasores manejaban de
acuerdo a su propio código. A fines de marzo el gobierno de Duarte Frutos blanqueó la invasión de la citada
propiedad anunciando en el mismo lugar el fin de las negociaciones con los propietarios del terreno
ocupado desde hacía cinco años atrás.
En la segunda quincena de abril de este año el gobierno vetó la ley de condonación de deudas con el
Conavi y el Banavi. La ley sancionada por el Parlamento autoriza la cancelación de deudas de los
beneficiarios de créditos blandos y viviendas por parte de las dos instituciones. A cambio de la referida
legislación el Poder Ejecutivo planteó un proyecto alternativo que contempla la reducción de los
intereses y la cancelación de las deudas en situaciones específicas.
CASO QUE INVOLUCRA A PAÍ RUBIO
La Procuraduría presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la supuesta comisión de los
hechos punibles de lesión de confianza, estafa y producción de documentos de contenido no auténtico contra el
sacerdote José Antonio Rubio y el ex sacerdote Sócrates Garcete, como directores de un proyecto que recibió
una donación de la Unión Europea para la construcción de pozos de agua. El escrito presentado menciona que
ambos desliaron 17.000 millones de guaraníes del dinero que estaba destinado a la construcción de pozos de
agua.
El proyecto YS AKA, manejado por Rubio y Garcete, siguió desviado fondos de la donación europea hacia la
fundación María Gloria, apenas 48 horas antes de que se inicie una auditoría independiente al
emprendimiento, ordenado por la Comunidad Europea y la Secretaría Técnica de Planificación. La
intención era construir 50 pozos de agua y líneas de distribución de agua potable para diferentes
localidades de los departamentos de San Pedro, Misiones y Central.
128

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El fiscal Juan Claudio Gaona solicitó el embargo preventivo sobre todos los bienes del sacerdote Rubio
y de los demás procesados hasta cubrir la suma de U$S 3.200.000. Además solicitó el bloqueo de numerosas
cuentas bancarias del sacerdote. La medida cautelar fue requerida tras presentar la imputación por lesión de
confianza y producción de documentos no auténticos, al constatar irregularidades en la administración de
fondos otorgados por la Unión Europea para el proyecto Ysaka.
Investigaciones periodísticas publicaban que desvío de donación sería solo parte del negociado que
involucra a José Antonio Rubio. Mientras el citado gestionaba ante el gobierno proyectos de subsidio
habitacional y administraba donaciones mediante una ONG, Habitat Social, otra entidad privada de la que él
era accionista, La Capital S. A, canalizaba la mayor parte de esos programas con financiamiento del Conavi
(CONSEJO NACIONAL DE LA VIVIENDA). Según informe de Contraloría General, Conavi falseó
los datos de La Capital para incluirla en el proyecto de subsidios, con una línea de crédito de más de 14
mil millones de guaraníes.
A principios de noviembre se informaba de una nueva denuncia por estafa contra el padre José Antonio
Rubio. La misma fue radicada en el ámbito penal y sindica a Rubio, Sócrates Garcete y Jorge Marín
Postigo. La Unión Europea asegura que el fiscal Juan Claudio Gaona no analizó ni investigó el manejo
fraudulento del proyecto, por lo que existiría el peligro de que el sacerdote quede libre si el fiscal acepta
su compromiso de construir 50 pozos para resarcir el daño.
La prensa local señalaba que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Paraguay ocultó un
escandaloso caso de coima por préstamo al Conavi. El chileno Jorge Rojas Gaete, representante del
BID en nuestro país para la administración de un crédito,de U$S 53 millones, destinado a financiar el
subsidio habitacional, fue acusado de exigir una coima de U$S 200 mil, y destituido por corrupción. El
mayor escándalo relacionado con el crédito de 53 millones de dólares que Paraguay recibió del BID en
marzo de 1992 se desató dentro del propio organismo multilateral, y se ocultó al público y a la
justicia paraguaya, pese a que el Paraguay es el que paga el crédito.
El actual representante del BID en el Paraguay, Alvaro Cubillos, confirmó a la prensa que la entidad
destituyó al chileno Rojas Gaete, tras hallarlo culpable de cargos de corrupción vinculados con el manejo
de los fondos.
El titular del Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), Ing. Isacio Vallejos, sostuvo que los
proyectos de viviendas encarados en el marco del convenio Conavi-Fundapueblos, financiado con una
donación de la República de China Taiwán, no se limitan a la
129

Comité de Iglesias
construcción de las casas, sino que constituyen una infraestructura integral para atender a los beneficiarios,
que son del sector de extrema pobreza.
Este proyecto contempla la construcción de 557 viviendas con el siguiente detalle: Cnel. Oviedo, barrio
Ciudad Nueva, 120 viviendas; Itá, barrio María Auxiliadora, 90; Asunción. Villa Esperanza, 86;
Ñeembucú, Laureles, 30; Guarambaré, Tesa Peará, 50; Asunción, Refugio, 72; Atyrá, Rosa Mística, 15;
Pdte. Mayes, Nanawa, 24; y Filadelfia, Campo La Princesa, 70. Los tipos de viviendas son: de más de un
dormitorio, 301 viviendas; dos plantas más dos dormitorios, 114; más de dos dormitorios, 72; galería más dos
dormitorios, 70.
Otro proyecto que se puso en marcha a mediados de junio fue la construcción de 72 viviendas en la
zona de la Chacarita en la zona denominada Área Refugio. Este proyecto se concretó después de casi 3
años de espera. Entonces los pobladores de la Chacarita (sector marginal de Asunción) que en la
actualidad viven en el vivero del Parque Caballero, fueron testigos del inicio de sus viviendas. El costo de este
emprendimiento es de 2.700.000 dólares, y la concreción estuvo a cargo del Comité de Emergencia
Nacional y entregada a la Municipalidad de Asunción. El área abarca 6 hectáreas y forma parte del
área del subprograma de la franja costera o la franja'i, cuya experiencia será tomada en cuenta para el
proyecto de la megaobra de la franja costera.
A mediados de junio también se informaba que la Secretaría de Acción Social y el Conavi se disputan por la
donación de China Taiwán de 5 millones de dólares para la construcción de viviendas populares y ayuda a
combatir la pobreza. Esta información fue deslizada por el entonces titular de la SAS, Silvio Ovelar. El
funcionario dijo que hay mucha presión de las constructoras para que la ejecución de casas populares sea
acaparada por el Conavi, dirigido por el empresario constructor Isacio Vallejos. Ovelar responsabilizó al
Partido Patria Querida de querer saber el manejo de los fondos.
Sobre este punto se desató toda una polémica, pues desde el Parlamento la oposición empezó a
desconfiar del destino y la forma en que se utilizan los fondos donados por el país oriental. La
preocupación radicaba en que no hay un control por parte del ente físcalizador que es la
Contraloría General de la República y que tampoco se dada participación al Parlamento, que
constitucionalmente corresponde que pase por esa instancia todo préstamo, donación, etc.. Hubo una
serie de reuniones, de acusaciones y discusiones entre legisladores de la oposición liderado por el
diputado patriaqueridista Osear Mercado y responsables del Poder Ejecutivo para la implementación del
programa de construcción de vivienda y combate a la pobreza. Luego de un largo debate e intercambio de
ideas y reuniones se acordó que el dinero de la donación taiwanesa será canalizado a través del
Parlamento, con el control de la Contraloría y la participación de todas las organizaciones no
gubernamentales que tengan interés en colaborar con el programa.
130

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Tras la definición de la temática a ser aplicada en las donaciones el gobierno de Taiwán continuó
apoyando al Paraguay con las donaciones. Incluso en octubre pasado parte de la cooperación fue
entregada al gobierno para la compra de tierra para hacer frente a la crisis campesina.
Una investigación periodística difundida por el diario ABC Color reveló que el gobierno de Duarte Frutos
ha entregado la primera partida de la donación china de 29 millones de dólares, unos 171.000.000.000
de guaraníes a organizaciones de supuestos sintechos vinculados a presuntas malversaciones ya desde
la época de los presidentes Wasmosy y González Macchi. Decía la información que los falsos dirigentes
son quienes designan en forma arbitraria a quiénes construirán el techo propio y son los giradores de
cheques de una cuenta de G. 15.000 millones de la donación. Además, alertaba que las viviendas que se
están edificando y las que ya concluyeron, no cuentan en su gran mayoría, con las regularizaciones
respectivas ni siquiera los municipios.
Agregaba que la Cooperativa Oga Reka, dirigida por el dirigente sintechos Blas Vera, nunca rindió cuentas de
los movimientos financieros con las donaciones chinas ni las hizo figurar en sus balances. Viciada de
irregularidades, Oga Reka es una de las encargadas de manejar 7.500 millones de guaraníes para la
construcción de viviendas populares. La cooperativa, que ya manejó dinero durante el gobierno de González
Macchi, malversó fondos, expulsó a socios que exigieron informes y exige adhesión obligatoria para dar
viviendas.
En setiembre pasado la Policía reprimió en el microcentro de Asunción a un grupo numeroso de personas que
integran las organizaciones de sintechos del departamento Central. Los mismos se manifestaron cerca de
la Secretaría de Acción Social (SAS). La prensa reportó que hubo heridos entre civiles manifestantes y
uniformados. "Hemos venido en forma pacífica a pedir al Gobierno que nos asista y que no estamos
interesados en administrar el dinero de la ayuda. Solo queremos tierra y vivienda para los compañeros.
Hemos llegado a un acuerdo con la ministra Jiménez", expresó Felipe Cabrera, uno de los líderes de los
sintechos de Central.
Propietarios de un inmueble de 6 hectáreas, ubicado en la jurisdicción de Palma Loma, Luque, urgieron a
mediados de setiembre a la fiscalía que tome medidas para la restitución de la propiedad. Un grupo de
aproximadamente 250 personas invadió el terreno e inmediatamente comenzaron a construir varias
casas precarias. El terreno invadido pertenece a Justo Pastor Alonso, Olga Blinder y Natividad Alonso.
También la Asociación de Solidaridad de Italia (ASES) encara un proyecto de asistencia a familias de escasos
recursos en el Paraguay. Norberto Bellini y Luis Espósito, integrantes de ASES, anunciaron la construcción de
100 viviendas en el asentamiento Martín Rolón,
131

Comité de Iglesias
de San Ignacio, departamento de Misiones. La inversión prevista es de 500 mil dólares. El objetivo es dotar
de casa y darles todas las herramientas necesarias para llevar una vida digna a los pobladores de la citada
compañía, capacitarlos técnicamente para cultivos de subsistencia y de renta, ofrecerles algunos medios
técnicos para el trabajo, ofrecerles semillas, animales genéticamente mejorados y asistencia técnica; apoyarlos
para que vayan fundando una cooperativa para reforzar el sistema de comercialización y de entrada al mercado
nacional; y consolidar la presencia y el arraigo de las familias campesinas asentadas en el asentamiento Martín
Rolón mejorando sus conocimientos técnicos, sus viviendas, sus productos agrícolas y la cría de animales para
llegar a la creación de una cooperativa.
En Asunción se realizó la Tercera Conferencia Regional de Vivienda Popular a mediados de agosto, reuniendo
a representantes de países sudamericanos, de Centroamérica, de organismos crediticios y cooperativas. La
conclusión de esta conferencia señala que sin una vivienda digna, las familias, la sociedad ni los pueblos
podrán desarrollarse y progresar. "No se puede esperar un desarrollo grave y sostenido de personas que
deben lidiar su día a día en cajones aburridos llamados viviendas populares", afirmó el mexicano Enrique
Ortíz. Criticó igualmente el papel que cumple en la actualidad el Estado que de su papel de benefactor del
sector social popular ha cambiado mucho, para presentarse hoy día como facilitador de negocios al sector
privado y "estorbar lo más posible a la gente sin recursos".
Las familias integrantes de la Federación Nacional de Familias Sin Techo y Afínes, Fenafatta,
deslindaron toda responsabilidad en hechos publicados que involucran a esta organización en la que
supuestamente pidieron el desalojo masivo de adjudicatarios de viviendas del Conavi.
Un grupo de sin techos de la Villa San Miguel de Puerto Pabla, jurisdicción de Lambaré, denunció que la
Municipalidad local, la Secretaría de Acción Social (SAS) y el Consejo de Organización Popular-
Movimiento Sintechos (CONOP-MST) estarían tratando de blanquear negocios en el asentamiento a
través de la adquisición del terreno donde se construyen viviendas populares. La denuncia es que el precio
del inmueble fue sobrevaluado y luego se reloteó el lugar para justificar las irregularidades.
Se denunciaba por la prensa a fines de junio el funcionamiento de toda una rosca mañosa que estaría
operando detrás de las ejecuciones de unos certificados de pavimentación en varias localidades del país.
La información divulgada hace referencia a lo ocurrido en los suburbios del distrito de Villa Elisa,
departamento Central. Menciona que los empedrados de las calles prácticamente ya no existen, pero
algunos frentistas ya han perdido sus casas y otros están a punto de quedarse en la calle. Los remates se
realizan por deudas de menos de un millón de guaraníes en algunos casos, pero llegar a un "arreglo"
extrajudicial cuesta unos 5 millones de guaraníes.
132

Área urbana- CIPAE
VIVIENDA
Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
MARCO LEGAL
Sigue sin reglamentarse el derecho a una vivienda digna (art. 100, Constitución Nacional), luego de 12 años
de su promulgación.
La discusión en relación a la problemática de la vivienda, se orientó a la constitución de entes públicos que
debían atender la problemática del déficit habitacional. Ante las severas críticas existentes contra la política
oficial de viviendas bajo gobiernos anteriores, el propio Poder Ejecutivo orientó la discusión hacia la
creación de una Secretaría o Ministerio de Vivienda, en sustitución del Consejo Nacional de la Vivienda
(CONAVI), creado por Ley N° 118/90.
A partir de la iniciativa de la sociedad civil, organizaciones de sectores sin vivienda y Ongs, se consiguió en
diciembre de 2003 la promulgación de la "Ley que Crea el Fondo para las Viviendas Cooperativas ", lo que
facilitará la autogestión comunitaria en la búsqueda de una solución al déficit habitacional. En el curso de 2004
se pudo consensuar entre organizaciones cooperativas y el CONAVI un borrador de Decreto reglamentario
para esta Ley, el cual está a consideración del Ministerio de Hacienda, sin que se haya promulgado aún.
En cuanto a la utilización y distribución de tierras, no se ha avanzado nada. No existe ordenamiento
territorial y, al contrario, los monopolios privados de empresas inmobiliarias continúan con la práctica de
elevar artificialmente el precio del lote urbano y suburbano sin ley que limite su práctica monopólica,
prohibida por la Constitución Nacional (art. 107), pero impunemente violada. Tampoco hay cambio alguno
en relación a leyes que restrinjan la especulación de la tierra o la vivienda.
En cuanto a leyes relativas a las normas de construcción, no ha existido cambio de la legislación, que es tradicional
y orientada al sector formal. No ha habido cambio en la legislación relativa a los derechos de los inquilinos.
Tampoco hay cambios en cuanto a la legislación relativa a los que viven en una ocupación. Sigue vigente la ley
de usucapión que permite que en el plazo de 20 años el ocupante de un terreno privado pueda ser propietario del
terreno que ocupa mediante tramites judiciales. Y la ley 622/6o que establece que las ocupaciones estables en
precios privados sean urbanas o rurales, podrán ser regularizadas a partir de 10 años y serán reconocidas como
colonizaciones de hecho en el área rural o urbanizaciones de hecho en las ciudades.
133

Comité de Iglesias
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA
Un análisis detallado de los datos estadísticos ha permitido calcular en forma más precisa que en el
Paraguay existía en 1998 un déficit habitacional de 635.000 viviendas o bien un 55,7% del total. A la fecha,
el déficit habitacional estaría en tomo a 73 6.000 viviendas, si es que no creció porcentualmente con el aumento
de la pobreza, como sería lo lógico de estimar 1 .
El déficit puede ser clasificado de la siguiente forma:
a. Un 16,3 % (206.000 viviendas) son viviendas materialmente deficitarias.
De éstas, un 8,3% (110.000 viviendas) presentan hacinamiento y un índice sanitario
deficitario (es el déficit habitacional más agudo) y un 8,0% (106.000) presenta una de las dos
últimas falencias (hacinamiento o deficiencia sanitaria), pero no en forma simultánea.
b. Un 20,8% (275.000 viviendas) son viviendas de calidad regulares. En este grupo, están
las que presentan en forma simultánea deficiencias sanitarias y hacinamiento (103.000
viviendas) y, en cambio, un 13,0% (172.000 viviendas) que presentan una de estas
falencias (hacinamiento o deficiencia sanitaria), pero no en forma simultánea.
c. Un 18,6% (246.000 viviendas) son de buena calidad, pero presentan falencias
simultáneas de hacinamiento y deficiencias sanitarias (6,2%, o bien 82.000 viviendas), o una
de ellas (hacinamiento o deficiencias sanitrias, un 12,4%, o bien 164.000 viviendas).
Otros aspectos que hacen al déficit habitacional importantes de destacar son que:
1. El 71,1% de la población vive en casas de material y un 0,4% en departamentos,
en tanto que un 22,7% en ranchos; 3,8% en piezas o inquilinatos; y un 0,4% en
viviendas precarias.
2. De acuerdo al índice de saneamiento, en cambio, más del 50% de las viviendas del país son
deficitarias.
3. Se considera que existe hacinamiento cuando hay tres o más personas por dormitorio, lo
que llega a un 22,4% de las viviendas del país.
4. Otro hecho importante a resaltar es el dominio o situación legal de las familias en relación a su
vivienda. El 76,1 % vive en su casa propia, lo que es un elevado porcentaje. Un 11,3% son
inquilinos y un 11,1% tienen una vivienda cedida.
134

Situación de les Derechos Humanos en el Paraguay 2004
También son relevantes los datos en cuanto a los servicios públicos con que cuenta cada vivienda. Se
observa, así, que más del 40% de las viviendas carecen de agua potable o de un aceptable sistema de
tratamiento de excretas. También más del 40% de las viviendas cocina con un combustible inadecuado e
insalubre (leña, carbón) y más del 60% carece de un adecuado sistema de recolección de residuos sólidos.
El servicio de energía eléctrica, en cambio, llega a la inmensa mayoría de la población (casi 92%).
El número de familias que viven en asentamientos "ilegales" es, también, difícil de medir, por la definición
misma de tal concepto. En la misma Asunción, se estima en forma bastante precisa que el 15% de la
población (75.000 personas) viven en áreas inundables y un 5% (25.000 personas) en "salamancas"
(cañadones profundos), u otras zonas de riesgo, en plazas y calles ocupadas. En el departamento
Central, que rodea a Asunción, se estima igual porcentaje (20%) de viviendas con tenencia irregular.
La cantidad de personas expulsadas de su vivienda (desalojos por no pagar el alquiler o por ocupación de
terrenos) es una cifra importante cada año, pero no existen estadísticas especializadas ni confiables.
MEDIDAS ADOPTADAS PARA PONER EN PRÁCTICA EL DERECHO
A LA VIVIENDA
El Estado ha tomado pocas o ninguna iniciativa para que el derecho a la vivienda sea accesible. En
general algunos avances de regularización de tenencia de tierra o el logro de la vivienda para los sectores
carenciados provienen de la lucha de los propios afectados. No hay planes eficientes para que el sector
popular (o incluso el sector medio) pueda acceder a un alquiler razonable ni, mucho menos, a un lote
de terreno a bajo costo.
Planes de viviendas populares impulsados por el Gobierno son muy inferiores a la tasa de crecimiento del
déficit habitacional. En el último año que se analiza (2003-2004), el Estado no ha llegado a construir
ni 1.500 viviendas, menos del 10% del crecimiento del déficit habitacional del país por año (15.000
viviendas/año).
Se debe destacar que, en el último año, el Gobierno ha impulsado el mejoramiento de la vivienda en
barrios de extrema pobreza, pero con soluciones habitacionales de baja calidad, alto costo para la calidad
ofrecida, contratando a empresas constructoras privadas y sin participación de la población,
principalmente en base a donaciones de Taiwán. La suma asignada en el Presupuesto General de la
Nación de recursos del Tesoro (fuente 10) a nuevas viviendas o mejoramiento de viviendas es
prácticamente nula.
135

Comité de Iglesias
De acuerdo a informaciones proporcionadas por el Presidente del Consejo Nacional de la Vivienda
(CONAVI), Ing. Isacio Vallejos, con el fínanciamiento a través de una donación de la República de China-
Taiwán se desarrollaron proyectos de viviendas mediante un convenio entre Conavi y Fundapueblos,
los cuales no se limitan a la construcción de las viviendas, ya que los proyectos orientan a satisfacer otras
necesidades de los beneficiarios provenientes de sectores de extrema pobreza. Según el mismo, este
proyecto contempla la construcción de 557 unidades habitacionales con las siguientes características
localidades:
* El proyecto de construcción de 72 viviendas en la zona de la Chacarita en la zona denominada Área Refugio, se concretó
después de casi 3 años de espera. Los beneficiarios son pobladores de la Chacarita (sector marginal de Asunción) que vivían en el
vivero del Parque Caballero. El costo de este emprendimiento es de 2.700.000 dólares, y la concreción estuvo a cargo del
Comité de Emergencia Nacional y entregada a la Municipalidad de Asunción. El área abarca 6 hectáreas y forma parte del área del
subprograma del Proyecto de la Franja Costera. Esta experiencia será tomada en cuenta para la implementación global del
Proyecto de la Franja Costera de Asunción encarada por la Municipalidad con apoyo del BID.
Para 2005 se prevé un presupuesto —en base a la misma donación de Taiwán y poco más— por unos
60 mil millones de Gs, lo que daría para construir unas 2.000 viviendas (apenas un 12% del crecimiento
del déficit habitacional de un año) y equivalente a un 3% de lo que se destina a la educación (2,0 billones
de Gs). Sin desconocerse la importancia de la educación —que tendría que tener un presupuesto incluso
mayor, así como mejor utilizado— salta la evidencia la escasa importancia que le otorga el Gobierno a un
derecho humano que es fuente de otros derechos, como es el derecho a una vivienda digna.
136
Coronel Oviedo: barrio Ciudad Nueva, 120 viviendas
Ita: barrio María Auxiliadora, 90
Asunción: Vil la Esperanza, 86
Ñeemucú: Laureles, 30
Guarambaré: Tesa Peará, 50
Asunción: Refugio 72*
Atyrá: Rosa Mística, 15
Pte. Hayes: Nanawa, 24
Filadelfia: Campo La Princesa, 70.

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
La institucionalidad del Estado para la ejecución de los planes de viviendas está caracterizada
por la falta de coordinación y centralidad, ya que aún estando en funcionamiento el Consejo
Nacional de la Vivienda -CONAVI son varios los organismos del estado que se involucran en la ejecución
de proyectos para los sectores afectados por la carencia, de tal modo que se pueden citar que además del
CONAVI, también la Secretaría de Acción Social- SAS y el Comité de Emergencia Nacional-CEN con
participación de la Municipalidad de la Capital construyen viviendas sin intervención del CONAVI..
El impulso a la vivienda cooperativa -a través de la Ley N° 2.329/03 y su decreto reglamentario, en
estudio— ha sido más una iniciativa de la sociedad civil que del Gobierno, el que ha mostrado cierta
receptividad, que es de destacar.
Otra iniciativa de las organizaciones sociales de importancia ha sido la promoción de la tarifa (eléctrica)
social. Luego de bastante insistir, la Cámara de Diputados aprobó en agosto de 2004 una ley que
elevaba la tarifa social de 100 a 150 kWh/mes (hasta agosto de 2003 estaba en 75 kWh y en setiembre
subió a 100 kWh/mes), con lo cual se estima que más del 50% de los usuarios (500.000 familias) de
extrema pobreza y situadas en la franja de pobreza serán beneficiadas por una tarifa que será 50% de lo
normal. La Ley fue promulgada en noviembre de 2004 y, aún con sus imperfecciones, será un alivio para
los sectores sociales más carenciados.
Como un hecho puntual se señala la regularización de una ocupación de tierra producida hace mas de 8
años, que ha pasado por procesos muy conflictivos y litigiosos entre pobladores y propietarios, en el
Distrito de San Lorenzo, lugar denominado Marquetalia, ocupado por un promedio de 1.000 familias sin
techo. En varias ocasiones la policía había intentado sin éxito proceder al desalojo de los mimos en el
marco de gestiones judiciales realizadas por los propietarios. Tales desalojos no fueron logrados mediante
la resistencia de los ocupantes. Sin embargo este año el caso fue finiquitado con el compromiso del
Estado de abonar a los propietarios por el precio del terreno una parte en efectivo y la suma restante a
través de cesión de propiedades del Estado. El mismo Presidente de la República Nicanor Duarte Frutos
participó en la celebración realizada por los pobladores en el terreno por la legalización de la urbanización
de hecho.
Por otro lado, también mediante el esfuerzo de la sociedad civil, en el mes de agosto de este año, se
desarrolló en Paraguay la Tercera Conferencia Regional de Vivienda Popular del cual participó
representantes de todos los países latinoamericanos y de organizaciones cooperativas internacionales que
apoyan el sector, Una de las conclusiones del evento es que la vivienda digna es un factor
indispensable para que los pueblos se desarrollen sustentablemente y que el Estado debe prever los
mecanismos técnicos y financieros para dar solución a esta carencia sufrida por miles de familias en la
región.
137

Comité de Iglesias
Recomendaciones.
En el caso del Paraguay, para que el derecho a la vivienda digna sea una realidad, probablemente lo
que más falta hace es:
138
a. Crear más conciencia que la vivienda es uno de los derechos humanos más
trascendentes, no sólo en sí mismo, sino para que el respeto de otros derechos, como a
la salud y educación, puedan cumplirse. Sin una vivienda digna -la primera escuela de
los niños/as— ¿qué educación y salud podrán recibir los niños/as?
b. Apoyar las propuestas autogestionarias y participativas que, de hecho, han sido
las que más éxito han tenido, como son las basadas en la ayuda mutua y ahora, más
recientemente, en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, que desde fines de 2003
cuentan con una Ley que les da el necesario marco legal (Ley 2.329/03).
c. Reforzar el rol del Estado, tanto para la obtención de fondos como de un adecuado
marco jurídico, que (i) facilite el acceso a la tierra urbana a bajo costo, creando
"carteras de tierras" a partir de los inmuebles urbanos que el Estado recupera de la
quiebra generalizada de bancos públicos y privados, (ü) proporcione suficiente
financiamiento "blando" en la forma lo más directa posible a los sectores populares,
que se organicen autónomamente (como las cooperativas), bajo un estricto control,
reduciendo a cero la tasa de interés como mecanismo más idóneo para reducir los costos
financieros de largo plazo y con mecanismos de reajuste hechos según la dimensión
humana (el salario mínimo), y no en base a variables externas (dólar) y (iii) que el
subsidio sea a los sectores de escasos recursos y no a las empresas de construcción e
intermediarias financieras privadas (IFIs), como ha sido la desgraciada práctica en
materia de supuestas soluciones a la vivienda popular en los últimos años, con
catastróficas consecuencias. En cuanto al subsidio habitacional, lo más adecuado es -como
ya se indicó— actuar sobre las tasas de interés (que deberían ser nulas para sectores de
bajos ingresos), reajustándose el monto a prestar sobre la base del salario mínimo, con lo
que el subsidio va a la familia y no al capital, que subsidia a las empresas constructoras y
a las IFIs, que siguen lucrando con tasas usurarias y precios inflados.
d. Hacer más estrictos los controles del uso de fondos, con participación de toda la
sociedad y no sólo de parte de los organismos del Estado. Se debe buscar que el dinero
público que se utilice para financiar viviendas

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
populares se empleado en ese fin y que sea recuperable, para lo cual se ve la vía cooperativa como una de
las más convenientes, por los controles que posee y por la modalidad muy particular de
departamentos de vivienda, que prevé la reciente Ley N° 2.329/03.
Dada la positiva experiencia nacional en ayuda mutua y cooperativas, el Estado podría adoptar esta
modalidad como la alternativa principal para resolver el déficit habitacional, en forma inmediata,
continuando con la experiencia en cooperativas de vivienda como una de las vías que podría optimizar
el uso de los recursos y, sobre todo, la calidad de las soluciones, como se puede constatar ya en el caso de
algunas experiencias en curso, a más de las existentes en otros países de América Latina, con buenos
resultados. De esta forma, el costo de la vivienda será mucho menor, pues se ahorrará el costo de la mano
de obra y también se ahorrará en la compra de materiales, gracias a la autogestión cooperativa.
LABORALES
Las centrales obreras CUT, CPT, CGTy Cesitep firmaron un compromiso que consiste en llevar adelante un
plan de lucha, debido a que el actual gobierno no presente un modelo de reactivación económica y
productiva que tenga como objetivo la creación de nuevas fuentes de trabajo. A este petitorio se sumó la
Confederación Nacional de Funcionarios del Estado (CONFEE). Señala el documento suscrito a mediados
de abril que lo único que se percibe del gobierno de Duarte Frutos es la intención de cerrar las cuentas con
nuevos impuestos, lo que facilitará acceder a nuevos préstamos para seguir hipotecando el futuro del país
y aumentando cada vez más la deuda externa, que en ese tiempo ya superaba los 2.400 millones de
dólares.
Las organizaciones de trabajadores exigieron al gobierno la reactivación económica y productiva; el
cambio de la Ley 1626 del funcionario público; un modelo de seguridad social que contemple una
mayor cobertura y una administración transparente; el rechazo de la Ley de la Caja Fiscal; la no
contratación de asesores y técnicos del exterior con salarios del Primer Mundo; apoyo a los campesinos
y la ratificación del convenio sobre la seguridad y la salud en la agricultura (uso de agrotóxicos), entre
otros.
La Central Nacional de Trabajadores (CNT) cree que en el país existen 1.250.000 paraguayos
desocupados. Es casi el 50 por ciento de la población activa que asciende a 2.750.000 habitantes.
Considera que en el Paraguay aumenta la desocupación porque el Gobierno apuesta más al sector
agroexportador y especulativo que a la industrialización.
139

Comité de Iglesias
Una publicación denominada "Educación, trabajo y juventud", revela que el 18 por ciento de los jóvenes de
15 a 29 años no estudia ni trabaja. Este fenómeno es más sentido en las áreas rurales, donde 21 de cada
100 jóvenes se encuentran en esta situación. El estudio revela datos preocupantes sobre la realidad de
este grupo etario, que tiene dificultades para calificarse y por lo tanto, también tiene problemas de
empleo.
El trabajo fue realizado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos y el Viceministerio de la
Juventud, con el apoyo de la GTZ y el BID.
La historia de este país registra capítulos parecidos. El más tenebroso, el de la dictadura del general Alfredo
Stroessner, mediante una insólita alquimia convertía el calor en frió y las riadas en severos estiajes. A
mediados de mayo el presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, sustentado por los resultados de la
Encuesta Permanente de Hogares, que la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos realizó el año
pasado, anunciaba que la tasa de desempleo total se había apeado del 16,4 por ciento al 13 por ciento.
Días después, la imaginación presidencial, una vez más sucumbía ante la realidad: una verdadera multitud se
aglomeraba ante una agencia de viajes de Asunción, que les había ofrecido la posibilidad de concretar el sueño
de trabajar en España. La percepción de la realidad es muy diferente, según las opiniones vertidas al
respecto por exponentes sindicales y empresariales.
La fiebre de conseguir trabajo en España tuvo picos altos en la capital este año. Amediados de mayo y cuando
el presidente Duarte Frutos anunciaba que se redujo la tasa de desempleo, unas 2.500 personas se agolparon
frente a una agencia que ofrecía trabajo para ir al país europeo. La gente venía de diferentes puntos del
país y hasta durmieron en las veredas de la agencia a esperar y ganar turno para presentar sus
respectivas carpetas. Esa es la muestra palpable de la real situación de miles de paraguayos que no
encuentran medio para subsistir honradamente en el país. Constituye igualmente un mentís rotundo a
las numerosas e irresponsables promesas que hiciera el presidente de la República respecto a que terminó la
época en que las familias se disgregaban porque algunos de sus miembros se ven obligados a emigrar al
exterior en busca de mejores oportunidades.
Aprovechando una cumbre de mandatarios realizada en Guadalajara, México, en la que participó el
presidente Duarte Frutos, este se entrevistó con el recientemente electo jefe de gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero. Ahí se anunció que el gobierno español otorgará mil cupos migratorios por año para
que paraguayos puedan viajar y trabajar legalmente en ese país europeo. El acuerdo será formalizado vía
Cancillería próximamente. Este año nuevamente hubo movilizaciones masivas de sectores sociales contra el
proceso de privatización de empresas públicas del Estado. Tal es así que a mediados de mayo el
denominado Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional sentó su
140

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
postura de que no permitirán que el proceso de privatización sea reactivado. Esta reacción de estos sectores
surgió ante la propuesta legislativa de reactiva la ley 1615 que fuera remitida al Congreso en el 2002 y luego
anulada tras una movilización social que duró varias semanas.
Las centrales Nacional de Trabajadores (CNT) y Unitaria de Trabajadores (CUT-A) condenaron el
acuerdo que firmó el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) con una ONG española para
capacitar mano de obra tendiente a desarrollar otro país. Hay un contrasentido cuando se afirma que
se crearon 60.000 puestos de trabajo; sin embargo, se apoya una política de migración de obreros.
Consideran que el país se encuentra sometido a los dictámenes de una oligarquía empresarial que
responde exclusivamente al Fondo Monetario Internacional.
A mediados de mayo dirigentes de varias centrales de trabajadores pidieron un reajuste salarial del 23,8
por ciento. Las centrales solicitantes son: Nacional de Trabajadores, Unitaria de Trabajadores
Auténtica y la Unión Nacional de Trabajadores del Estado. El salario mínimo nominal vigente es de G.
972.413 y la pretensión de los sindicalistas es llegar a G. 1.203.847. Este fue uno de los temas
planteados por el largo conflicto de campesinos y sectores sociales que se manifestaron y ocuparon
inmuebles rurales durante los meses de setiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, las autoridades pidieron
informe del Banco Central del Paraguay un informe, ya que por ley el reajuste salarial se debe dar cuando
el informe oficial de la variación del costo de vida exceda el 10 por ciento. Desde el BCP se informó que
la variación aún estaba por debajo del 10 por ciento, por lo que se rechazó el pedido de reajuste salarial.
CRUCIFICADOS
Durante este año varias protestas de sectores sociales contra medidas de organismos del Estado se
caracterizaron por la crucifixión. Algunos choferes de vehículos del transporte público lo han hecho en
dos ocasiones en protesta por disposiciones de la Setama de retirar de circulación vehículos que no
reunían los requerimientos básicos para prestar un buen servicio del transporte de pasajeros.
También un jubilado del Instituto de Previsión Social (IPS) llegó a ese extremo porque demoraba
excesivamente el cobro de su jubilación. Se trata de Marino Siró Rodríguez, oriundo de San Ignacio,
Misiones, quien decidió clavarse manos y pies con largos clavos herrumbrados, quien se vio cansado
de los trámites burocráticos para conseguir su jubilación y también por falta de medicamentos.
141

Comité de Iglesias
Un funcionario de la institución Marco Stanley se crucificó en reclamo de la destitución del presidente del
consejo de administración del IPS, Ing. Pedro Ferreira.
En este caso el fiscal Fabián Centurión imputó al médico y sindicalista Esteban Von Lucken por la
supuesta comisión del delito de lesión grave. El médico había anestesiado la mano del funcionario para
luego ser crucificado. En su defensa Von Lucken afirmó que "el gobierno de Nicanor Duarte Frutos todos
los días nos crucifica... sin anestesia".
El caso del conductor de vehículo del transporte público, Silverio Florentín de 46 años, decidió
crucificarse en un madero en reclamo de ser repuesto en sus puestos laborales él y otros 80 conductores
que perdieron sus trabajos por la cancelación de líneas no permisionarias. "Soy plenamente consciente
de lo que hago. Me crucifiqué por convicción. Yo no estoy loco. La desesperación por la falta de trabajo me
llevó a esto. En mi casa ya estamos pasando hambre", declaraba Florentín en medio de numerosos
conductores afectados por la medida de la SETAMA (Secretaría del Transporte del Área Metropolitana).
Por su parte el consejo de la Setama afirmaba que los mismos choferes que recurren a la fuerza nunca se
presentaron a pedir trabajo a pesar de la oferta abierta desde el acuerdo firmado con ellos el 30 de mayo, según
declaraba el Ing. José Tomás Rivarola, directivo de Setama.
Dos días después se crucificaba el tercer chofer. Se trata de Ramón Vera, desempleado desde hacía 47
días, de 48 años, quien trabajaba en la línea 36-2 y al quedar cesante ni siquiera percibió el dinero
correspondiente a indemnización. Los choferes inmolados pertenecen a las líneas del transporte que
fueron canceladas su circulación por la Setama. Las líneas son la 42, 242 y 36-2 del área metropolitana. El
17 de junio los choferes de las tres empresas decidieron poner fin al conflicto que precipitó la
crucifixión de tres conductores como medio de protesta por la suspensión de sus empleos.
MEDIO AMBIENTE Y ECOSISTEMA
La calidad de vida de una población está dada en el ambiente en que vive. Si su entorno o habitat está
contaminado, entonces se tendrá una población enferma, que constituye una carga económica bastante
grande al Estado. Agregaba que donde hay contaminación, hay pobreza. Donde hay pobreza, hay déficit de
salud pública. Un pueblo que no sabe convivir con la naturaleza y destruye los recursos naturales está
condenado a ser pobre. Estos análisis surgieron durante un taller para periodistas ambientalistas
realizado en Costa Rica (Centroamérica). En el caso del Paraguay se mencionó que tiene evidencias
claras de tener déficit de desarrollo sostenible: No ha aprendido aún a convivir con los recursos
142

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
naturales. Como ilustración, menciona, que se tienen los bañados norte y sur, que abarcan parte de los
bañados de Cateura (donde está el vertedero municipal). Estos humedales, en vez de ser protegidos
como riqueza hídrica y de ecosistemas únicos, son alterados y contaminados con basura y efluentes
cloacales o industriales.
A fines de octubre fue presentada ante periodistas ambientalistas la Política Nacional Ambiental,
que fuera aprobado por el Consejo Nacional del Ambiente y cuya implementación estará a cargo
de la Secretaría del Ambiente (SEAM). Establece nuevas medidas con respecto a la deforestación, plan
de uso de suelo, de agroquímicos, entre otros. Contempla la realización de campañas educativas, de
comunicación, sobre temas puntuales o casos que afecten a la sociedad, como la deforestación y otros. El
titular de la SEAM, Ing. Alfredo Molinas, explicó que con ello se busca una alianza con sectores de la
sociedad para implementar el plan y contrarrestar las presiones y las amenazas que tiene de los
depredadores, según comentó.
La Contraloría General de la República realizó un examen especial de la gestión de la Secretaría del
Ambiente (SEAM) en el Parque Nacional Defensores del Chaco, encontrando que la entidad estatal es
"altamente ineficiente y negligente", al no cumplir su función de acuerdo a lo que establece la Ley 1.561,
sobre áreas protegidas. El informe de Contraloría dice que las exigencias internacionales señalan que el
Paraguay debe proteger por lo menos el 10 por ciento de su territorio, pero apenas llega al dos por ciento. Por
ello recomendó a la SEAM implementar un programa de titulación de áreas silvestres protegidas. La
entidad estatal, sin embargo, no dio cumplimiento a leyes sobre protección de áreas silvestres
protegidas, por lo que el ente fiscalizador recomendó impulsar los medios para proteger efectivamente el
Parque Defensores del Chaco y otros patrimonios ecológicos.
A fines de marzo pasado unas 5.100 ranas de tres especies chaqueñas fueron incautadas por la Secretaría
del Ambiente del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, cuando estaban a punto de ser embarcadas
hacia Estados Unidos, donde son comercializadas como mascotas. El expediente fue caratulado como
"infracción a las normas de caza y producción de documento no auténtico". El fiscal Ricardo Merlo decía
que se trata de tráfico ilegal de animales silvestres dado que los involucrados no están registrados en la
SEAM ni cuentan con los documentos para el procedimiento.
La Secretaría del Ambiente (SEAM) y la Fiscalía del Ambiente, en varias intervenciones lograron
decomisar al menos 55.000 pieles de animales silvestres, cuyo valor supera los 2 millones de dólares. Se
trata de la incautación más grande en la historia de la destrucción de pieles silvestres hasta el momento y
será analizada por CITES, Ginebra, informaba el ingeniero agrónomo Jorge Rojas Ibieta, coordinador
del operativo que culminó con la incineración de las pieles.
143

Comité de Iglesias
Un total de 712 plantas nativas y exóticas, colocadas en siete contenedores, estaban listas para su
exportación en la zona de preembarque de Puertos, pero inspectores de la SEAM intervinieron y
decomisaron las plantas por no contar con la autorización ni con la verificación fitosanitaria. Las
plantas tenían como destino Europa.
El fiscal del medio ambiente Ricardo Merlo Paella constató que la mayoría de los propietarios de
terrenos que lindan con el lago Ypacaraí había alambrado las playas, que forman parte de la franja de
dominio público e inclusive en algunos casos los alambrados llegaban hasta las aguas. La actuación del
fiscal fue a raíz de denuncias presentadas.
La fiscalía del medio ambiente comprobó el daño ecológico ocasionado al arroyo Naranjo, jurisdicción de
Piribebuy. Tres de los propietarios que represaron las aguas del citado arroyo se comprometieron ante
el fiscal del Medio Ambiente, Isacio Cuevas, a demoler los muros y dijeron que construyeron los diques
porque desconocían la ley que prohibe la modificación de los cauces naturales de los arroyos.
/'
Afines de marzo pasado el ministro de Agricultura y Ganadería ordenó al Servicio Forestal Nacional (SNF)
la apertura de un sumario para identificar al propietario y al chofer de un camión cargado con rollos de
madera que fue detenido cuando abandonaba una reserva ecológica. La información señalaba que
campesinos que integran la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC)
detuvieron un camión Mercedes Benz, de color azul, con chapa AAG 014, que transportaba 33 rollos de
madera de las especies guatambuy cedro, que fueron extraídos de la Reserva Ecológica Capiibary. Los
campesinos acusaban a militares del ilícito. El maderero Alcides Zacarías Pérez Quiñónez de 33 años,
fue sindicado como presunto dueño de los 33 rollos extraídos de la citada reserva. El mismo fue recluido
a la cárcel de la comisaría de Curuguaty. Unos días después, en declaración indagatoria ante el fiscal
Leonardo Cáceres Alvarenga dijo no tener conocimiento de la extracción de 33 rollos de la reserva de
Capiibary y que más bien se siente perseguido por un periodista del diario ABC Color. El juez de garantía
local Silvio Flores Mendoza, convirtió en prisión la detención del mismo y ordenó su remisión a la cárcel
regional de Coronel Oviedo, pese a la medida sustitutiva solicitada por su defensor Alberto Escobar
Medina.
A principios de abril el fiscal Leonardo Cáceres Alvarenga decía que los jefes militares del Primer
Cuerpo de Ejército no enviaron aún la nómina de personal asignado a la custodia de la reserva forestal de
Capiibary. Los uniformados, al igual que grupos campesinos asentados en los alrededores de la reserva
estarían vinculados con despiadada deforestación del área boscosa de aproximadamente 3.307 hectáreas,
decían informaciones periodísticas. Se informaba a fines de octubre el tráfico de palo santo en gran escala
se había instalado en el Chaco Central con la apertura de una oficina regional en Cruce los Pioneros, Km
144

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
411 de la ruta Transchaco. La información decía que solamente en Boquerón, el ilícito mueve unos Gs.
10.000 millones por año, sin tener en cuenta la masiva explotación de la madera en Alto Paraguay ni las
exportaciones.
Una información periodística proporcionada por la Federación Paraguaya de Madereros daba cuenta que
en el año 2003 el Paraguay importó madera por casi 12 millones de dólares. El Paraguay, tradicionalmente
reconocido por la producción y procesamiento de la madera, está recurriendo a la importación de ese
producto para abastecer a las industrias locales.
Una comitiva de investigadores de la unidad penal ambiental del Ministerio Público y la Secretaría de
Medio Ambiente (SEAM) corroboraron la gigantesca devastación de bosques y tráfico de rollos en las
propiedades del lugar conocido como Ibel Paraguaya, propiedad de la familia Viudez. En el lugar
existirían más de 20 mil hectáreas de bosques destruidos sin ninguna documentación de las instancias
autorizantes. El propietario es un brasileño identificado como José Viudez Rodríguez. La fiscalía local
había constatado un desmonte de aproximadamente 200 hectáreas en el mes de febrero de este año.
Se informaba también que en los últimos tres años la deforestación promedio fue de 130 mil hectáreas
año. El contrabando de productos forestales al Brasil puede durar cuanto menos unas horas de viaje,
agregaba la información, pero los rollos intrínsecamente llevan de 40 a 80 años de desarrollo de las
especies nativas. Si es que bajó el promedio de área deforestada no fue porque mejoraron los controles sino
porque cada vez hay menos bosques, según los datos proporcionados por el Ing. Forestal Rafael Ortiz, experto
del sector privado. El proceso de deforestación se incrementó desde 1989. En su mayor pico llegó a 300
mil hectáreas en un solo año. Entre las causas se encuentran las invasiones de tierra y el desmonte de
los mismos propietarios para "uso alternativo" al bosque, ante el temor de ocupaciones ilegales de sus
inmuebles.
Unas 2.700 hectáreas de bosque nativo fueron deforestadas impunemente en la estancia "Guayaibí" de
Horqueta, departamento de Concepción, se publicaba a fines de agosto. El responsable del terreno
depredado es Cicero Terto Da Silva, brasileño, conforme con documentos obrantes en la Secretaría
del Ambiente (SEAM). El hecho fue calificado como delito ecológico. El periodista del diario ABC
Color Walberto Caballero, afirmaba que el hecho es una evidencia clara del déficit de una política
ambiental en el país acorde con las exigencias internacionales. Esta fragilidad puede afectar la imagen
nacional en tratados internacionales, señalaba. La Ley 1848 prohibe la tala indiscriminada de árboles en la
zona de Concepción, y declara que los bosques de dicho departamento "podrán ser usados para
aprovechamiento forestal y no para uso pecuario o productivo (pastura-plantaciones)".
145

Comité de Iglesias
A mediados de mayo se informaba que nuevamente cayó un importante cargamento de palo santo en el
Chaco Central. Fue en Pozo Hondo. En total fueron decomisados 23 metros cúbicos de rollos, según
consta en la guía, con un valor comercial de 22 millones de guaraníes, categoría exportación y se
encontraban en un semirremolques triple eje con carrocería cerrada.
Una información periodística señalaba que el Servicio Forestal Nacional es responsable de la impresión
y expedición de guías de traslado forestal, documento que constituye aval para la comercialización e
industrialización de la madera. Uno de los requisitos para obtener las guías es la solicitud presentada
por el propietario de las tierras. Agregaba que hay dudas sobre la honestidad del director del SFN, Cristino
Benítez García, por la entrega de tales documentos a Isabel Aguilera de Antebi.
A fines de agosto se informaba por la prensa que la ANDE (Administración Nacional de Electricidad)
seguía utilizando equipos que contienen aceite Askarel, que están entre los 10 productos más
contaminantes del mundo. La empresa estatal tiene almacenada en forma irregular una gran cantidad de
dicho producto que puede estar contaminando el medio ambiente y a personas en forma silenciosa. Un
informe preparado por un experto extranjero recomendó medidas urgentes. Los directivos de la institución
reconocen la situación, pero trataron de minimizar el peligro que representa, reportaba la prensa.
Se describía que el Askarel es un aceite oscuro, similar al aceite quemado de auto; se caracteriza por
no ser flamable, se ha utilizado como aislante o refrigerante en los transformadores y equipos
eléctricos debido a su resistencia a temperaturas extremas tanto altas como bajas sin cambiar su
estado físico. Por el gran potencial tóxico y contaminante que siempre posee, es altamente peligroso y
carcinógeno.
Por supuesto delito de apropiación y violación de la Ley 716/94, de medio ambiente denunciaron
ante la fiscalía del crimen al intendente municipal de Cambyretá, distrito de Itapúa, Luis Alberto
Wiehdel. El denunciante, Santiago Caballero, señaló que el jefe comunal ordenó la tala de unos 40
añosos árboles nativos en un loteamiento, entre ellos algunos que estaban dentro de su propiedad.
El Paraguay sostiene que el acuífero Guaraní no es patrimonio de la humanidad sino de los países que
abarca el reservorio, que es uno de los tres más grandes del planeta, según la óptica del asesor de
Cancillería, Luis María Ramírez Boettner. Se informó igualmente que en cinco localidades del
departamento de Itapúa se implementará un proyecto piloto de protección ambiental y desarrollo
sostenible del suelo del área donde está el Acuífero Guaraní. Es en una zona netamente agrícolaganadera
de impacto ambiental pro cambio de uso de suelo. El proyecto es impulsado por la Secretaría
del Ambiente (SEAM).
146

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Las poblaciones y autoridades locales del área del acuífero Guaraní deben entender la importancia del
cuidado de dicha reserva subterránea de agua. A criterio del Ing. Daniel García Segredo, uruguayo,
coordinador del proyecto Acuífero Guaraní, durante un seminario taller para periodistas
ambientalistas, sostuvo que la deforestación, por ejemplo, es una de las principales amenazas de daño a la
calidad del agua del acuífero. Si bien el acuífero es una reserva de agua subterránea que ocupa gran
parte del subsuelo de la región Oriental del Paraguay, sin embargo, está siendo gravemente
amenazada por la acción descontrolada del hombre, con prácticas reprochables como la masiva
deforestación, el uso indiscriminado de agro tóxicos, etc.
Desde los tiempos primitivos se compara al agua con el aire, "el aire que se respira, como el agua limpia
que se bebe es imperativo para la salud de la humanidad". Actualmente el 60% de las internaciones
hospitalarias en el Tercer Mundo, tiene como causa el consumo de agua no potable (OMS, 2002). Por
todo esto, el derecho a acceder al agua limpia por cada persona, debe declararse como UN DERECHO
UNIVERSAL, el cual debería ser un objetivo a perseguir.
El agua debería ser uno de los bienes públicos básicos de la humanidad, por lo que la gestión de
abastecimiento deberá ser "económicamente viable, ambientalmente sustentable
económicamente justa". De esta manera se tiene que ver que el "agua" no se cobra, lo que se debe
cobrar es el servicio de abastecimiento y el tratamiento para los diferentes usos, ya sea doméstico,
agrícola o industrial, como por el saneamiento básico, retornarlo al ambiente una vez tratada.
Mientras se mantenga la mentalidad de las grandes obras; de las empresas; de las corporaciones
técnicas; de los políticos que viven manipulando con la estrategia de la industria de las "escasez del
agua; de la sequía", será difícil implementar un sistema de Gestión Sustentable, sobre todo en nuestro
Chaco.
Series de conferencias nacionales e internacionales fueron dictadas en los últimos años, sobre la
problemática del agua, viendo la manera de un uso inteligente y conservación del mismo. Infinidades de
objetivos y mecanismos fueron establecido, pero muy poco se ha adquirido e implementado, porque
perdura la mentalidad o modalidad de política mencionado ya en el párrafo anterior.
El Paraguay tiene dos realidades totalmente diferentes con respecto a la disponibilidad de agua, tanto
superficial como subterránea, y con precipitaciones y climas diferentes, de 400 mm/año hacia la frontera con
Bolivia/Argentina y variando hacia el este, de 500 mm/año a 1.000 mm/año, y 1200mm/año en el área del
río Paraguay, llegando en la zona del Paraná a 1700 mm/año, el clima va de tropical a húmedo-tropical seco
a semi-árido hacia el oeste.
147

Comité de Iglesias
Esta diferencia marcada entre las dos regiones del Paraguay, implica una Gestión de los recursos
hídrícos diferentes para ambas regiones, porque la disponibilidad y el acceso al agua son restringidos en el
Chaco que tiene sus características ambientales propias y frágiles.
Un dato actualizado, que como ejemplo es muy elocuente de la situación del derecho de acceder al agua
con un costo social justo en el Chaco Central, específicamente Colonias menonitas, es el siguiente, 17
guaraníes el litro de agua puesto en el aljibe (relación dólar/ guaraníes 1 dólar cuesta 6000 guaraníes), un
aljibe domestico tiene unos 15 a 20 m, si tenemos en cuenta que para la región Oriental del Paraguay se
calcula, unos 120 I/día/ persona, aquí ya comienza la diferencia en la Gestión del agua, para el Chaco no se
puede mantener ese volumen, debe ser menos.
Por otro lado, al parecer es preocupación de los parlamentarios, lo que respecta al tema "aguas" tanto
superficial como subterránea, pues en el momento de redactarse este articulo, estaba tratando y posiblemente
ya sea aprobado el proyecto de ley que modifica el Articulo 1° Modificarse el inciso b) del articulo 1898
de la Ley N° 1183/85 Código Civil", del articulo que habla sobre el dominio público de las aguas
subterráneas, cuyo texto quedaría redactado de la siguiente forma: Art. 1898 b) Los ríos y todas las aguas
que corren por sus causes naturales y estos mismos causes, así como las aguas subterráneas.
Una realidad del Chaco, es que el acceso al agua, y ni hablamos de agua potable, con un pago social justo,
cada vez se aleja mas, y la tenencia del "agua" es sinónimo de "supremacía"
Con motivo de iniciarse el 1 de noviembre el periodo de veda para la pesca en los ríos del Paraguay los
pescadores organizados pidieron al Gobierno un sueldo mínimo como subsidio durante el tiempo de veda que
normalmente tiene una duración de 50 días. En el año 2001 6.100 pescadores registrados habían recibido Gs.
250.000 cada uno más 60 kilos de víveres; en el 2002, 7.100 pescadores recibieron Gs. 216.000 cada uno
sin víveres; en el 2003, 6.028 pescadores recibieron Gs. 203.000 cada uno más 15 kilos de víveres. Este
año piden que el subsidio sea lo correspondiente al sueldo mínimo. Bernardo Zarate, secretario general de la
Unión Nacional de Pescadores de la Central Nacional de Trabajadores, dijo que si les quieren pagar menos
de lo que piden harán "cierre de río" con sus canoas y pequeñas embarcaciones. "Con 200 o 300 mil
guaraníes no podemos aguantar 50 días", expresó.
A mediados de noviembre se acordó que cada pescador debidamente registrado en la Secretaría del
Medio Ambiente recibirá un aporte de Gs. 350 mil a ser canalizados a través del Banco Nacional de
Fomento. El subsidio beneficia a 4.771 personas.
Pobladores del sur del Ñeembucú denunciaron a principios de octubre la depredación de la fauna íctica de
la zona. Manifestaron que supuestos turistas brasileños invaden los ríos
148

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
del lugar, explotando sin ningún control los recursos naturales de la zona. Además de depredar nuestro
río, los "visitantes" ni siquiera realizan compras en al zona, ya que todo lo necesario para su consumo
durante la estadía en el Paraguay lo adquieren en el Brasil. Pablino Bogado, poblador de Cerrito, afirmó
que se está depredando y a mansalva toda la costa del Paraná, sin que se tomen medidas firmes para evitar
que acaben con los recursos naturales de la zona. Dijo que anteriormente funcionarios que realizaban el
control en Yabebyry solo se dedicaban a coimear. Agregó que los brasileños ya han dejado sin peces el río
Paraguay y ahora quieren hacer lo mismo en la zona del río Paraná.
El presidente de la República Nicanor Duarte Frutos apoya la implementación de la deforestación
cero y la pesca cero en el país, incluso es partidario de suspender por completo la venta de animales al exterior,
según afirmaciones del ministro del Ambiente, Ing. Alfredo Molinas. Estas declaraciones las hizo durante
el lanzamiento de la veda pesquera, que abarca del 1 de noviembre al 20 de diciembre en aguas
compartidas con Argentina y hasta el 31 de enero de 2005 en aguas compartidas con el Brasil.
Entidades ambientalistas se oponen a la intención del Ministerio de Agricultura de liberar el comercio
paraguayo a la soja transgénica. Coinciden con el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente) en que los genes modificados pueden pasar descontroladamente de una especie a
otra, lo que implica un riesgo real para la salud humana. Solicitaron mantener la prohibición en el
país y el etiquetado obligatorio de alimentos elaborados con productos transgénicos.
Luego de cuatro años y siete meses de lucha, vecinos de Rincón'i, jurisdicción de Ybycuí, departamento de
Paraguarí, ganaron el juicio por contaminación ambiental a la empresa transnacional Delta & Pine. En el
caso han sido condenados el Ing. Agr. Nery Guzmán Rivas, asesor de la empresa en Paraguay, como
responsable directo, a dos años de prisión y Julio César Chávez, propietario del predio, en donde fueron
depositados los desechos tóxicos, a un año y tres meses, como cómplice por el delito de contaminación. La
pena de prisión queda suspendida por el lapso de tres años a prueba. Estas personas durante ese tiempo
no deberán cambiar de domicilio sin avisar al juzgado ni salir del país sin autorización. Además,
tienen que presentarse cada tres meses a firmar en el juzgado y aportar la suma de Gs. 200 millones, de
los cuales a Guzmán Rivas corresponde abonar la suma de Gs. 120 millones y a Chávez Gs. 80 millones.
Un grave accidente que atenta contra el medio ambiente y la vida de las personas ocurrió el 11 de
noviembre cuando un camión repleto de agroquímicos fosforados (21.000 litros más 6.000 kilos) volcó y
por poco causa una catástrofe en plena zona urbana y comercial del distrito de Capiatá, departamento
Central. El accidente se produjo cuando el conductor
149

Comité de Iglesias
perdió el control del rodado sobre la pista mojada. Al volcarse el camión que transportaba el líquido tóxico
buena parte de los mismos se derramó y con la "ayuda" de la lluvia que caía en ese momento se cree que el
líquido fue a parar en el arroyo de Capiatá que a la vez alimenta el lago Ypacaraí.
La peligrosa carga iba transportada sin ninguna medida de seguridad ni control, tampoco iba bajo carpa,
pese a la lluvia. La mercancía -que está prohibida en el Brasil, pero todavía se utiliza en el Paraguay- fue
embarcada en el puerto de Caacupemí, Zeballos Cue, y debía ser entregada a la Cooperativa de
Producción Agroindustrial Santa María Ltda. Los agrotóxicos venían de China Continental, importados
por la firma Novara.
Los pesticidas organofosforados que se esparcieron son absorbidos por el cuerpo humano por todas las vías
y especialmente a través de la inhalación. Incluso se consideran sustancias cancerígenas a largo plazo. La
fiscal ambiental de turno, María Bernarda Alvarez, dispuso la detención preventiva del conductor Claudio
Osear Ruiz Díaz y ordenó que se realice un peritaje del vehículo para determinar las condiciones en que se
encontraba, porque el chofer argumentó que no le respondieron los frenos cuando perdió el control. También
dispuso la detención de Luis Lezcano, secretario del despachante, y David Carvallo, de la transportadora.
POBREZA
La percepción que se tiene es que en el Paraguay la pobreza aumenta cada día más. Esto es así teniendo
en cuenta la relación con las necesidades básicas y con los índices de desempleo y subempleo así
como con el hecho de que el crecimiento de la población en los últimos años es superior al crecimiento de
la producción de bienes y servicios. En el período 2000-2004 la sumatoria del crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) es inferior a la del aumento demográfico.
El Paraguay es el país que menor presupuesto destina a gastos sociales para combatir la extrema pobreza.
El presupuesto general de gastos de la nación del año 2004 incluyó solo 3 millones de dólares para
combatir en forma directa la extrema pobreza, reveló a medios periodísticos Julio Fernández, coordinador
del proyecto Gasto Social en el Presupuesto, emprendido por PNUD y UNICEF.
En tanto que los recursos para el combate a la desnutrición no fueron previstos en el proyecto de
presupuesto para el año 2005, alertaba Julio Fernández Frutos, coordinador técnico del denominado
"Proyecto Gasto Social en el Paraguay", que cuenta con el apoyo de PNUD y Unicef. Explicaba que en
el Paraguay hay 35.000 niños afectados por la
150

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
desnutrición y 140.000 en riesgo de desnutrición. Fue durante el primer Foro Invertir en la Gente,
que busca promover un debate amplio sobre el presupuesto 2005, a fin de poner un mayor énfasis en
el gasto social. El objetivo fue analizar las posibilidades y limitaciones del presupuesto, así como las
iniciativas que permitan hacer posible un gasto público con rostro humano.
De acuerdo a las estimaciones del proyecto gasto social en el presupuesto, el presupuesto 2004 no
permitirá avanzar suficientemente hacia el cumplimiento de los cinco objetivos de desarrollo del milenio
considerados prioritarios. Los objetivos son: educación inicial y escolar básica; atención primaria de
salud; agua potable y saneamiento básico; pobreza extrema, y desnutrición.
Un informe elaborado por el organismo internacional Social Watch, revelaba que el Paraguay
destina apenas 140 dólares por habitante en el denominado gasto social, mientras que el promedio en
América Latina es de 696 dólares por habitante. El material denominado "Miedos y miserias, obstáculos a la
seguridad humana", en el capítulo dedicado al Paraguay informa que en la década de los 90 el presupuesto
general de la nación ha registrado un crecimiento sostenido en el campo social, sobre todo en educación,
sin embargo, advierte que ha sido insuficiente para reducir sustancialmente la brecha social, teniendo en
cuenta los bajísimos niveles en inversión pública en el área social. Advierte también que desde al año 2000
se ha revertido la tendencia de crecimiento sostenido pero insuficiente del gasto social y ha empezado a
retroceder. Menciona como ejemplo que en año 2004 el gasto social contempla una caída del 11 por
ciento en el gasto social respecto al ejercicio anterior. A mediados de mayo informaba el vicepresidente de
la República Ing. Luis Castiglioni que el gobierno precisaba de un fondo global de aproximadamente 160
millones de dólares para combatir la pobreza y la exclusión social y llevar adelante un plan estratégico
de desarrollo social. Al entonces ministro de la Secretaría de Acción Social, Silvio Ovelar no se le ocurrió
mejor idea que recurrir nuevamente al gobierno de China Taiwán a pedir una donación. Habló de 5
millones de dólares para el desarrollo de uno de los proyectos de la "Red de Protección Social", a
implementarse a partir del año 2005. Esta solicitud y compromiso de otorgar se concretó semanas
después en ocasión de la visita a ese país asiático del presidente de la República Nicanor Duarte Frutos.
Si el Paraguay no destina mayores recursos al área social corre serio riesgo de ser sólo un exportador de
pobreza, ya que se encuentra en medio de dos grandes como Argentina y Brasil que invierten mucho
más fondos en estos sectores. Así se expresó Nils-Arne Kastberg, director regional de UNICEF para
América Latina y el Caribe. El gasto social en el año 2004 constituyó el 38 por ciento del presupuesto
de la administración central, que debería aumentar al 50 por ciento. Pues el resto de los países del
Mercosur destina entre el 60 y 75 por ciento.
151

Comité de Iglesias
El director de Unicef afirmaba que el único modo de romper con la pobreza hereditaria es terminar, por
lo menos la educación secundaria y aseguraba que con las ganancias generadas por las represas Itaipú
y Yacyretá en 18 días se puede reducir notoriamente la malnutrición infantil.
En el Paraguay alrededor de 35.000 niños menores de 5 años padecen de desnutrición (el 5 por ciento de la
población de edad). Este problema también afecta al 30 por ciento de las embarazadas y 141.000 niños
están en la franja de riesgo de desnutrición. Pero no es imposible lograr un cambio en los niveles de mal
nutrición, con medidas sencillas como la fortificación de la harina y la yodación de la sal, se puede lograr
mejorar la condición de vida, según la óptica de Nils-Arne Kastberg.
El obispo del departamento San Pedro, una de las zonas más pobres y donde se dan desigualdades
extremas, Mons. Fernando Lugo, clamaba en una de sus homilías que se deje de mentir al pueblo
sampedrano, porque también esas son formas de someter a la esclavitud, reflexionando sobre la libertad
y la búsqueda de la verdad. "No puede ser que una capital departamental siga por tanto tiempo sufriendo las
consecuencias de las mentiras, nadie como los sampedranos tienen este tipo de ataduras", manifestó. Instó a
las autoridades a no seguir engañando con "caramelos" al pueblo. "Es doloroso observar la pobreza, la
enfermedad, la ignorancia; no podemos profesar con tranquilidad la fe en medio de tantas injusticias",
denunciaba el obispo.
En tanto que el obispo de Coronel Oviedo, Mons. Juan Bautista Gavilán, afirmaba que el hambre se está
apoderando de la población y condenaba la inacción del gobierno para la implementar una política que
de solución al problema de la falta de tierra que motiva la invasión de labriegos a propiedades privadas.
Durante la 45° Asamblea Nacional de la Conferencia de Religiosos del Paraguay (Conferpar) el
debate se centró en la realidad nacional y eclesial. Advirtieron que la pobreza, la inseguridad y la
violencia desmoronan los valores del pueblo. Ante esa realidad exhortaron a dar una respuesta evangélica
al momento crítico a través de la solidaridad. Corrupción cero es la clave para aminorar la pobreza en un
país, afirmaba en julio pasado Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del Proyecto Oportunidades de
México, durante el foro internacional sobre exclusión social donde se habló de experiencias exitosas de
lucha contra la pobreza. El foro se realizó en Asunción con la participación de técnicos en temas sociales
de México, Chile, Brasil, Nicaragua y Paraguay. Las políticas sociales que explicaron los delegados
internacionales demuestran que la clave del desarrollo de un país y la reducción de las desigualdades pasan
por el combate a la corrupción.
152

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Los robos al Estado, considerando sólo los ocurridos durante los últimos 10 años, alcanzan sumas que de
haber sido dirigidas a cubrir las necesidades de la población hubieran contribuido a elevar
considerablemente el nivel de vida de la población, según publicaciones del diario Ultima Hora. La
corrupción es uno de los factores principales que mantiene al país sumido en la pobreza y en el atraso, y la
debilidad de las instituciones -entre ellos la justicia ordinaria y los organismos de control oficiales-
favorece que este cáncer no solo no pueda ser extirpado sino que siga creciendo para desgracia de la
ciudadanía.
Un recuento de los casos de corrupción más resonantes de los últimos 10 años revela que en el país se han
despilfarrado por lo menos 740 millones de dólares. Si a esta cifra se le suma la asistencia financiera
del Banco Central del Paraguay a bancos y el pago a ahorristas, la suma total está alrededor de los
2.000 millones de dólares. Una cifra nada despreciable que pudo haberse utilizado para cubrir las
necesidades más sentidas de la población. Con la suma robada al Estado en los últimos años, considerando
solo los casos más resonantes, se podría duplicar el presupuesto destinado (2004) a salud y educación.
Con los 740 millones de dólares podrían construirse, por ejemplo, 10 puentes sobre el río Paraná; 12 veces
la franja costera en el bañado norte de la capital; 8.200 kilómetros de empedrados; y 1174.640 aulas.
La oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) dio a conocer un informe
señalando que el Paraguay descendió en la escala de calificación del índice de Desarrollo Humano (IDH). El
Paraguay fue relegado del lugar 83 al 89 en la calificación. El documento refiere que en el Mercosur, Paraguay
ocupa la más baja posición en la clasificación del IDH. Argentina y Uruguay se ubicaron en las posiciones más
altas en la región.
Menciona que nuevas formas de discriminación con expresiones de intolerancia, racismo y violencia
azotan a las sociedades de nuestros días. Agrega que la globalización debe servir para la unidad, pero se
la utiliza como elemento de dominación económica y para justificar la inacción de los países pobres.
A fines de julio la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) dio a conocer
resultados de la Encuesta Permanente de Hogares del año 2003. Señala que cerca de 2 millones 346 mil
paraguayos viven en condiciones de pobreza (41,4 por ciento), debido a que sus ingresos son inferiores al
costo de una canasta básica de consumo. En el área rural la pobreza alcanza en el mismo periodo al 43,4
por ciento de sus habitantes, mientras que en el urbano representa el 39,8 por ciento. El informe señala
que la pobreza disminuyó en los números, pero no en la población. Explica que esa reducción de la
pobreza fue solamente en las cifras, ya que los que realmente aumentaron sus ingresos son aquellos que
están dentro del 10 por ciento más rico de la población, que concentra el
153

Comité de Iglesias
40 por ciento de los ingresos, lo que significa una altísima desigualdad en los ingresos. Ese sector de
mayores ingresos tenía un ingreso promedio de 1.500.000 guaraníes, lo que en el 2003 pasó a 1.900.000
guaraníes.
La Secretaría de Acción Social (S AS) admitía a mediados de noviembre que tiene problemas para la
ejecución del millonario plan de crédito para el combate a la pobreza en los departamentos de Itapúa,
Misiones y Ñeembucú, conocido como PRODECO (Proyecto de Desarrollo Comunitario), que apunta a
mejorar la calidad de vida de familias de extrema pobreza en estas regiones. El presupuesto total del
proyecto es de 11.180.000 dólares, distribuidos en detalles se tiene que 9.000.000 de dólares es un
préstamo del Banco Mundial; 1.150.000 dólares, aporte del gobierno; 1.030.000 dólares, valoración
monetaria, aporte beneficiarios en los subproyectos. El único desembolso hecho hasta mediados de
noviembre es de 900.000 dólares; monto utilizado a la fecha es de 792.726,05 dólares. La diputada liberal
por el departamento de Misiones, Juana Del Puerto, afirmaba al respecto que el proyecto Prodeco "es
inviable y, en vez de combatir la pobreza, va a empobrecer más al país, que tiene que pagar el crédito
millonario".
La Secretaría de Acción Social y el Servicio Nacional de Promoción Profesional firmaron un acuerdo para
capacitar a 3.700 familias (18.000 personas) de los sectores pobres para mejorar sus condiciones de vida.
En el proyecto se prevé la inversión de 9 millones de dólares provenientes del Banco Mundial.
Desde el gobierno se informaba a mediados de junio que disminuyó la pobreza en un tres por ciento (unos
80.000 menos pobres) por la creación de fuentes de trabajo. El entonces titular de la Secretaría de Acción Social
(SAS) Silvio Ovelar, fue quien dio la información. El consejo de delegados de la Central Nacional de
Trabajadores (CNT) rechazó las expresiones del funcionario estatal. Por el contrario, sostienen que la
pobreza y el desempleo van en franco aumento día a día. "Nos causó risa lo expresado por Ovelar. Es una
falacia, una mentira más de este gobierno que sigue engañando a la gente. Crecen todos los días el
desempleo y la violencia por falta de trabajo", expresó Juan Torales, secretario general del gremio.
Unas 84 familias de la capital afectadas por la crecida del río Paraguay fueron beneficiadas con la entrega
de productos confiscados por la Dirección General de Aduanas para el consumo diario y buscar de esa
forma mitigar la crítica situación por la que les tocó vivir en el mes de julio. Se entregaron comestibles,
prendas de vestir, frazadas, acompañado todo esto por atención médica y entrega de medicamentos. Para
esta emergencia se integró la denominada cruzada de la solidaridad, liderada por el Comité de Emergencia
Nacional y varias instituciones del Estado.
154

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
A principios de noviembre la Secretaría del Ambiente con el apoyo de la Fiscalía del Medio
Ambiente, decomisó 4.000 kilos de surubí y 90 kilos de dorado congelados en la pescadería "Juventud"
de Coratei, distrito de Ayolas, departamento de Misiones, que estaba operando clandestinamente. El
cargamento estaba por ser enviado al Brasil, según refiere la publicación. El comercio no tenía
habilitación de la SEAM y no se contaba con documentos sobre el transporte de los pescados.
INDÍGENAS
Con motivo de recordarse el 512 aniversario del descubrimiento de América, considerado por los
indígenas del continente el inicio del despojo de sus tierras, varios grupos de nativos llegaron hasta la
capital para expresar su inquietud sobre la situación que atraviesan. La Coordinadora de Líderes Indígenas
del Bajo Chaco (CLINBch), que reúne a cuatro etnias, emitió un comunicado que califica aquel
descubrimiento como un atropello a sus pueblos, pero aclara que seguirán con la lucha hasta alcanzar una
vida digna basada en el acceso a la tierra propia, salud, educación y respeto a sus culturas. El documento
suscrito por líderes sanapana, tobas quom, nivaclé y enxet exige al gobierno el reconocimiento de los
derechos de los nativos. Se quejan de la total indefensión en que se encuentran en el departamento de
Presidente Hayes, donde son atropellados y asesinados, sin que haya una investigación y castigo a los
culpables.
Indígenas que participaron de la Plenaria de la Comisión por la Autodeterminación de los Pueblos
Indígenas (CAPÍ), pidieron al gobierno el rechazo de la implantación del Área de Libre Comercio de las
Américas (ALCA), porque discrimina y excluye a sus pueblos. Los nativos marcharon hasta el
Parlamento donde entregaron la nota. El texto señala que el ALCA es un proyecto que viola derechos
fundamentales de los pueblos indígenas, en especial en lo concerniente a al defensa de los recursos
naturales, la agricultura diversificada para autoconsumo y el derecho colectivo sobre los conocimientos
tradicionales. Exigieron el respeto incondicional al habitat tradicional por parte de la sociedad no indígena y
de las propias autoridades. Reclamaron especial atención al pedido de tierra de la comunidad de Puerto
Colón y otras comunidades del país con amenaza de invasión o desalojo forzado. Exigieron igualmente el
esclarecimiento y castigo de los responsables del asesinato del líder indígena pái tavyterá Luciano
González, ocurrido el 23 de setiembre en la localidad fronteriza con el Brasil, Capitán Bado, así como el
asesinato del ayoreo Abujei Chiquenoi, ocurrido en Laguna Pora, departamento de Boquerón.
Indígenas mbya de la comunidad de Arroyo Claro, de Alto Verá, Itapúa, realizaron una asamblea en la
que reiteraron al IBR la reubicación de un grupo de campesinos que
155

Comité de Iglesias
invadieron sus tierras. Los nativos están preocupados por la presencia de los labriegos, que les arrinconan en
una pequeña fracción sin la posibilidad de extender sus cultivos.
Campesinos que invadieron las tierras de la comunidad mbya San Juan Hovy siguen robando rollos de la
propiedad que está a nombre de los nativos de J. E. Estigarribia. En esa localidad del departamento de
Caaguazú los aborígenes tienen 719 hectáreas de tierra. Dentro de las mismas mantienen una reserva
forestal de 350 hectáreas, de donde los invasores extraen con total impunidad los rollos que comercializan
en los aserraderos de la zona.
Unas 1.182 hectáreas de tierra de las colonias indígenas Tacuapú, Bajada Guazú y Cerro Pytá fueron
arrendadas por los mismos líderes comunitarios a productores brasileños. Se informaba que conocidos
políticos se convirtieron en nexos con colonos brasileños que han convertido las tierras en grandes
cultivos de oleaginosa y mandioca. En tanto, el titular del INDI, Osear Centurión, anunció la
realización de una intervención en las comunidades afectadas. La Ley 904/81 dice que la fracción no
podrá ser embargada, enajenada, arrendada a terceros, ni comprometida en garantía real de crédito o en
parte. (Art. 17). En tanto que el artículo 64 de la Constitución Nacional establece que los pueblos indígenas
tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la
conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida. El Estado les proveerá gratuitamente de estas
tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de
garantizar obligaciones contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo.
Los líderes que suscribieron el contrato de arrendamiento son Marcial Ortiz y Marciano Benítez. El
contratante es Agustín Espinóla Rotela. El acuerdo tendrá vigencia de un plazo de 6 años. Espínola
Rotela es un político que no obtuvo los votos suficientes para ser diputado. Este alquila el terreno en
forma fraccionada a los colonos brasileños Mario Tertulio Rodríguez, Darci Blas y su hermano Jerson
Ricardi Matei.
El arrendamiento se produjo bajo tentadoras promesas de parte de los colonos brasileños a indígenas.
Construcción de viviendas, tendido eléctrico, tajamares para cría de peces, mecanización y
aprovechamiento de 50 hectáreas de sojapor zafra, constituyeron las promesas.
Unos 60 campesinos presuntamente manejados por movimientos políticos invadieron tierras pertenecientes
hace 30 años a la parcialidad indígena Ava Guaraní en el departamento del Alto Paraná, decía una
información divulgada a inicios de mayo y que se hacía eco de la denuncia del Ing. Ottmar Hahn,
presidente de la Unión Agrícola Nacional (UAN). El asentamiento indígena está ubicado en el lugar
denominado Vaca Reta de la compañía Itakyry. Allí se encuentran instaladas desde hace 30 años una
comunidad indígena conformada por
156

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
más de 50 familias de la citada parcialidad. La información reflexionaba que el hecho ni siquiera tiene
una explicación filosófica, ya que un pobre no puede invadir a otro pobre.
Indígenas aché del asentamiento de Chupapou se vieron amenazados de que sus tierras serían invadidos
por campesinos. Los mismos manifestaron a través de la prensa que están dispuestos a dar sus vidas en
defensa de sus tierras ancestrales y expropiadas a favor de ellos. El predio está ubicado en la zona de
Villa Ygatymí, departamento de Canindeyú, donde a 11 kilómetros del lugar residen unos 400 nativos.
Los sin tierras están en la zona desde el 27 de octubre a 800 metros del lugar donde residen los ache. El
cacique José Mbepurangi dijo que derramarán su sangre si necesario fuera en defensa de sus derechos.
Indígenas de la parcialidad aché se declararon "en pie de guerra" ante la inminente invasión de presuntos
sintierras de la zona de la colonia Chupapou, Curuguaty. El reporte de la prensa mencionó que unos 90
nativos "carapintadas" y con flechas cubren el área boscosa de 8 mil hectáreas ocupadas desde hace más de
12 años. Los líderes exigieron al gobierno fin a las amenazas de sin tierras que por tercera vez pretenden
invadir el inmueble. Un grupo de silvícolas que contactó con ayoreos de Campo Loro, Chaco, lo hizo
por miedo al hombre blanco y luchas fatales contra tigres, informaba la prensa a principios de marzo de
este año. La toldería sufrió seis bajas en los últimos años y los enfermos fueron abandonados o enterrados
vivos, según sus costumbres. El contacto entre ayoreos de Campo Loro y totobiegosode silvícolas se realizó
en presencia del antropólogo Amadeo Benz. Relataban los totobiegosode vivían en constante estado de
miedo, varios de sus miembros fallecieron en luchas contra tigres y también comenzaron a sentirse
acorralados por los coñones (hombre blanco) y sus topadoras. La apertura de picadas e instalación de
pasturas disminuyó constantemente su habitat natural. A la constante disminución del habitat natural se sumó
el hambre, últimamente sobre todo por la sequía y la imposibilidad de recurrir a otros lugares en busca de
alimentos.
Líderes indígenas de las parcialidades Maka y Tobas Quom afirmaron a mediados de julio que ellos ya
no se dejarán más embaucar por los falsos políticos del Bajo Chaco que solo desean fundir la empresa
Acepar, que da trabajo a miles de personas y brinda ayuda social a las comunidades nativas.
El Instituto Nacional del Indígena (INDI) realizó a mediados de julio un taller con reducido grupo de
indígenas del Chaco Central para recabar inquietudes del sector y reformular la política indigenista del
país y modernizar la institución. La modernización consiste en mejorar el equipamiento, la
infraestructura, capacitación de técnicos para el cumplimiento de la misión institucional.
157

Comité de Iglesias
A fines de octubre se publicaba por la prensa que la educación de indígenas en el Chaco pasaba por su
peor momento a pesar de las inversiones destinadas desde las gobernaciones. La sequía, destrucción de los
cultivos y la falta de más asistencia hacen que los niños abandonen las escuelas en busca de sustento,
decía el reporte del corresponsal del diario Ultima Hora del Chaco. En cifras el material periodístico señala
que 4.518 niños y jóvenes indígenas del Chaco, comprendidos entre los 5 y 19 años, asistieron alguna
vez a una escuela y 3.016 nunca pisaron un aula; 8.518 escolares asisten actualmente a las escuelas y
7.947 llegaron a completar la Educación Escolar Básica en el año 2002; 42.964 indígenas de diversas etnias
pueblan los tres departamentos de la región Occidental.
Un tema que data de hace tiempo pero que las autoridades respectivas ignoran olímpicamente
es el de la prostitución de menores indígenas en el Chaco paraguayo. A principios de noviembre el diario
Ultima Hora realizó una serie de notas sobre este tema. Decía que crece la prostitución en Filadelfia y que
muchas niñas indígenas de 12 años de edad se ofrecen a cambio de "cualquier cosa", empujadas por la
miseria y el hambre. Se hablaba de la propagación del virus VIH del sida por la región debido a que no se
utilizan preservativos. Decía la publicación que hay 17 casos de VIH confirmados en Boquerón y que
habría varios "no declarados".
A raíz de una violenta expulsión de su asentamiento que sufrieron indígenas de la Comunidad
Indígena Kelyenmagategma del Pueblo Enxet el 29 de agosto por civiles armados, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dispuso solicitar al Gobierno del Paraguay proteger la vida
e integridad física de los miembros de la citada comunidad indígena, respetando su identidad cultural y su
especial relación con el territorio ancestral; brindar ayuda humanitaria a los miembros de la
comunidad, en especial garantizar el acceso a los servicios básicos de salud, alimentación y educación a
los niños de la comunidad; asegurar que los beneficiarios puedan continuar habitando el territorio
ancestral reclamado sin ningún tipo de coacción o amenaza, hasta tanto los órganos del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos hayan adoptado una decisión definitiva sobre el asunto;
abstenerse de restringir ilegalmente el derecho de libre circulación de los miembros de la Comunidad
Kelyenmagategma, e investigar los hechos que motivan la solicitud de medidas cautelares. Estas
medidas deberán acordarse en consulta con los interesados y tendrán una vigencia de 6 meses, al final de
los cuales la Comisión decidirá si procede continuar con ellas o archivarlas.
El gobierno cumplirá con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para la comunidad indígena de Puerto Colón, Chaco, informó Julio Duarte, director de Derechos
Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de participar de una reunión interinstitucional.
158

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
A fines de octubre indígenas enxet de la comunidad Naranjaty anunciaron que realizarán tres días de
fiesta para celebrar la recuperación de sus tierras ancenstrales. Tuvieron que pasar 25 años para los
nativos recuperen su territorio que estaba en poder de los militares. Se trata de una parte la estancia Pedernal,
explotada por las Fuerzas Armadas. En noviembre de 1996 se había iniciado el expediente administrativo
ante el Instituto de Bienestar Rural (IBR) sobre 15.000 hectáreas de tierra, una parte de la estancia que
cuenta con una superficie de 46.307 hectáreas.
Por la prensa se informaba que en Boquerón hay familias indígenas que no comen cada día. El hambre
incide en el infanticidio y es causa de la mala política gubernamental, según afirmaba la enfermera
española Teresa Mayoral, del equipo de salud del Vicariato Apostólico del Pilcomayo. Lamentó que
actualmente haya familias indígenas que no tienen qué comer cada día, sufren hambre y esto les conlleva a
prácticas de infanticidio.
Durante esa época crítica del año en que arreciaba la sequía en la zona del Chaco en varias
comunidades decían no haber recibido víveres del Comité de Emergencia Nacional. Sin embargo, y en esa
misma época se realizaba en la zona el rally chaqueño, evento que contaba con infraestructura del Estado
como ambulancias, helicópteros, etc.
DERECHOS HUMANOS
La situación de los derechos humanos en el Paraguay sigue siendo crítica y hasta se podría afirmar
que ha empeorado sustancialmente. Esto es así porque el ciudadano paraguayo diariamente ve
violentado sus derechos de diversas formas por parte de organismos del Estado. El maltrato y tortura se
siguen dando en procedimientos policiales. Hubo denuncias de trato indignante que se da a la gente
cuando realiza gestiones en reparticiones públicas. Los derechos humanos son violentados cuando
miles de niños deambulan por la vía pública sin que el Estado haga nada para garantizarles el derecho a la
educación, a la salud, a la diversión y a un hogar seguro. También hay violación de derechos del
hombre cuando cada día más crece la pobreza, no hay fuente de trabajo e importante número de
personas se ven obligadas a emigrar fuera del país en busca de mejores horizontes. Se dan violaciones
de derechos humanos contra los indígenas que cada día se ven avasallados en sus derechos a la tierra
y al respeto a su cultura. Hay violaciones diarias cuando la gente acude a centros hospitalarios y no
encuentra remedio y en muchos casos no recibe atención adecuada. Otras formas de violar los derechos de
la persona son cuando no recibe una educación adecuada, cuando hay maestras que enseñan sin percibir un
solo peso del Estado. Ante esta pequeña muestra de la realidad cotidiana
159

Comité de Iglesias
existen reparticiones del Estado cuyos funcionarios ostentan descaradamente sus "riquezas" desplazándose
en costosos y lujosos vehículos que son solventados con el dinero del contribuyente. Hay violación de
los derechos humanos con campesinos que carecen de tierra para labrar su futuro y el de su familia. Hay
igualmente violación de los derechos humanos cuando hay insensibilidad, soberbia, corrupción e
impunidad de parte de los gobernantes y responsables de la conducción y administración del Estado
paraguayo. La persona se ve violentada en sus derechos cuando a diario se encuentra con la violencia, la
inseguridad que cada día va aumentando debido a la falta de respuesta del Gobierno a los graves problemas
sociales que afecta a una gran mayoría.
Un informe del gobierno de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el Paraguay en
el año 2003 señala que la corrupción e ineficiencia del Poder Judicial y además citó casos específicos de
impunidad por asesinatos cometidos por la Policía y las fuerzas militares. Menciona incidentes de torturas y
abuso de reclusos condenados y otros detenidos, incluido un caso no resuelto de rapto y tortura de dos
sospechosos de secuestro, presuntamente dirigido por dos agentes gubernamentales.
Un joven que estuvo detenido en la comisaría 7ma. Metropolitana del barrio Bernardino Caballero de
Asunción, denuncia que fue objeto de maltratos físicos de parte de agentes de esa dependencia policial. El
denunciante es Enrique Javier Caballero, de 22 años. El mismo cayó preso el 31 de diciembre del 2003
por intento de robo y según su madre, María Celeste Caballero, fue golpeado brutalmente por los
agentes en su presencia. Cuatro efectivos policiales de la comisaría 7ma del distrito La Colmena,
departamento de Paraguarí, fueron denunciados ante la fiscalía de la capital departamental por el supuesto
hecho punible de abuso en el ejercicio de las funciones. El denunciante es Andrés Candía Sosa, quien
afirmó haber sido víctima de torturas físicas en la comisaría local por agentes ebrios. Los denunciados
son: el Crio. Diosnel Ferreira, jefe de la unidad, y los demás efectivos Estanislao Martínez, Carlos
Mayeregger, Ismael Ruiz Díaz y Luis González. La versión policial señala que en ningún momento
Candía fue torturado y que prueba de ello es que antes de ser remitido a la fiscalía pasaron por el hospital
regional de Paraguarí, para que se le expidiera un diagnóstico médico. Este caso tuvo otras graves
derivaciones como el asesinato de una asistente fiscala que interinaba la unidad número 2 de seis
balazos disparados por el suboficial Mayeregger. La crónica periodística señalaba que el policía reaccionó
con ira contra la funcionaría que impulsaba una investigación por tortura formulada por un abigeo, Andrés
Candía Sosa, y que tiene al citado agente policial como uno de los procesados.
Ert San Pedro de Ycuamandyyu Virgilio Jiménez, acusado de ser testigo de un hecho de tentativa de
homicidio, denunció a la fiscalía haber sufrido una violenta intervención policial en la compañía
Rosario Loma. Relató que a la 1:30 cuatro hombres armados
160

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
irrumpieron con violencia en su domicilio, dos con uniforme para para'i y otros de civil, quienes forzaron
la puerta y lo sacaron de su domicilio a empellones. Lo llevaron a unos 30 kilómetros de su vivienda,
hasta la comisaría de Puerto Antequera, en donde le sometieron a maltratos físicos, lo golpearon
con cachiporra, patadas y golpes de puño, después de cubrirle con bolsas de polietileno en la cabeza. La
fotografía publicada en los medios impresos muestra los rastros de brutales golpes recibidos en su rostro.
El ciudadano Jorge Escurra presentó ante la Fiscalía de Derechos Humanos una denuncia contra los
efectivos de la comisaría 21 a , suboficial Mermes Benítez, suboficial Gilberto Quintana y oficial ayudante
Walter Romero, por los hechos punibles de privación ilegítima agravado de libertad, torturas, coacción,
lesión corporal grave, amenaza, retención de documento personal, robo y abuso de autoridad. El caso
fue derivado al fiscal Juan de Rosa Avalos para su investigación correspondiente.
La demora de unas horas en la entrega de una carga de la empresa Transportadora Guarany S.R.L. en sus
depósitos de Ciudad del Este, le valió una tremenda golpiza de sus propios patrones al conductor que tenía
a su cargo el traslado. El afectado es Marciano Capdevila, quien denunció tortura de los propios dueños de
la empresa donde trabaja, miembros de la familia de Nelva Vda. De Careaga, ante la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Dijo que prefirió hacer la denuncia en Diputados porque
cree que la Policía y la Fiscalía son cómplices de sus empleadores.
PROCESOS POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El activista de derechos humanos Martín Aliñada se quejó de que la cancillería brasileña no autoriza la
extradición del dictador Alfredo Stroessner al Paraguay porque el derrocado dictador entregó Itaipú
(hidroeléctrica paraguayo-brasileña) al Brasil. Decía que la actitud del vecino país responde a una especie de
contraprestación a la entrega de nuestra soberanía. Sostiene que Stroessner no puede ser beneficiado con el
asilo porque tiene orden de captura internacional y es un prófugo de la justicia paraguaya.
En julio pasado el juez penal paraguayo Gustavo Santander, viajó a la Argentina con el objeto de
buscar más coordinación con sus pares de ese país para investigar el Operativo Cóndor. Santander tiene a
su cargo la investigación por la represión ilegal durante el citado operativo en los años 70 y 80 en el Cono
Sur del continente. La Argentina prometió a Paraguay cooperar para aclarar la desaparición forzada de
compatriotas durante ese operativo.
161

Comité de Iglesias
La causa por la Operación Cóndor se abrió en nuestro país en 1997, con denuncias de organismos
defensores de derechos humanos que actualmente integran o están representados en la Comisión Verdad y
Justicia. Las figuras comprometidas por las denuncias relativas a la Operación Cóndor en Paraguay son el
Gral. Alejandro Fretes Cávalos y militares del Segundo Comando de Ejército, pero no se descarta que, por
responsabilidad jerárquica, se llegue a imputar al ex dictador Alfredo Stroessner, asilado en Brasil
desde el 5 de febrero de 1989.
A mediados de julio de este año la justicia argentina confirmó el pedido de captura internacional del
ex dictador paraguayo Alfredo Stroessner y de otros altos militares argentinos, así como la detención del
ex hombre fuerte de Chile, Augusto Pinochet, para enfrentar juicios por sus responsabilidades en el
tristemente llamado "Plan Cóndor". La información señalaba que hace tres años la justicia argentina había
solicitado sin éxito la extradición de los ex dictadores Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner y Hugo
Bánzer Suárez de Bolivia. También se investigó al ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger,
por su presunto conocimiento del mecanismo represivo en Sudamérica.
A principios de noviembre el Ejército de Chile por primera vez tras la derrota del dictador Augusto Pinochet,
admitió su responsabilidad como institución en los crímenes cometidos durante la dictadura del general
Pinochet. "El Ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades
que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado", expresa
un documento suscrito por el comandante en jefe de la principal rama de las Fuerzas Armadas de ese país,
general Juan Emilio Cheyre.
Por otra parte, en la segunda quincena de mayo la Cámara de Senadores integró la terna de candidatos a
defensor del pueblo incluyendo en el grupo al que fuera el primer defensor del pueblo Manuel María Páez
Monges, juntamente con Erna Rolón y Soledad Villagra. Varias organizaciones de derechos humanos y
algunos senadores expresaron su desacuerdo con la inclusión nuevamente de Páez Monges en la tema.
También fue integrada la terna para la defensoría del pueblo adjunta. El tratamiento de este tema fue
congelado a partir de entonces hasta fines de octubre, ocasión en que la Cámara de Diputados reeligió
a Páez Monges y a Edgar Villalba como adjunto.
A fines de mayo la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) pidió ante la
Cámara de Diputados el juicio político del defensor del pueblo Manuel María Páez Monges, por mal
desempeño de funciones. La entidad que nuclea a varias organizaciones acusa a Páez Monges de ocuparse
escasamente de problemas diarios como el maltrato a soldados o de denuncias de jubilados y pensionados
del IPS que le fueron
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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
arrimadas. También sostienen que antes que facilitar que las víctimas de la dictadura de Stroessner
cobre sus indemnizaciones, una interpretación personal de la ley por Páez Monges las traba.
Una joven que es sostén del hogar vendiendo remedios yuyos resultó mutilada las dos piernas por la
locura de un ómnibus que la atropello en la capital del país. Se trata de Gloria Mabel Sosa de 18 años,
quien salía a la calle con una canasta de yuyos a los 8 años trabajando al lado de su mamá hasta que la
misma quedó gravemente enferma. La joven siguió en el puesto para sostener la casa. Pero el 18 de
agosto pasado un ómnibus de la empresa Cerro Koi (Areguá) volcó sobre ella y tuvieron que
amputarle las piernas. El chofer, Eladio Fulgencio Aguilera Otto, está libre de culpa y pena gracias a los
camaristas de la impunidad integrada por Carlos Bray, Tomás Damián Cárdenas y Gustavo Ocampos. Los
mismos entendieron que el fiscal José Luis Silva no tenía jurisdicción y dejó sin efecto todas las
medidas cautelares impuestas al chofer. Este tenía arresto domiciliario previo pago de una fianza de Gs.
50 millones dispuesto por el juez Pedro Mayor Martínez. Este año la Corte Interamericana de Derechos
Humanos aplicó una millonada multa al Estado paraguayo por el caso "Panchito López". El Estado
paraguayo deberá pagar U$S 3.659.000, según el fallo dictado por la CIDH en el caso del Centro de
Reeducación de Menores. El caso refiere a las condiciones carcelarias infrahumanas a que fue sometido
un número aproximado de 4.000 niños que pasaron por ese instituto entre 1996 y 2001. La población del
Panchito López tenía capacidad para 15 internos, sin embargo albergaba entre 200 y 3 00 niños al mismo
tiempo. La sentencia responsabilizó al Paraguay de violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al
debido proceso y a la protección judicial, todos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la cual ha sido firmada y ratificada por el Paraguay. Estas condiciones derivaron en tres
incendios en los que murieron doce internos y más de 40 resultaron heridos. El último incendio destruyó
completamente el Panchito López, lo cual obligó al Estado a cerrarlo.
La sentencia de la CIDH también obligó al Estado paraguayo a abonar más de 35 mil dólares al Ing.
Ricardo Gañese, quien había sido querellado por el ex presidente de la República Juan Carlos
Wasmosy. Este había sido acusado de hechos de corrupción en Itaipú. Fue durante una campaña
electoral en la que ambos eran candidatos a presidente de la República.
163

Comité de Iglesias
1. MARIO SCHAERER PRONO PASTOR CORONEL (25 años)
LUCILO BENITEZ (25 años)
JUAN MARTÍNEZ (25 años)
CAMILO ALMADA (25 años)
GRAL BRITEZ BORGES (5 años)
2. ALBERTO ALGRE PORTILLO (víctima) PASTOR CORONEL (8 años)
LUCILO BENITEZ (8 años)
3. Ligas Agrarias PASTOR CORONEL (25 años)
LUCILO BENITEZ (25 años)
AGUSTÍN BELLOTO (12 años +6 meses)
4. AMILCAR OVIEDO (víctima) LUCILO BENITEZ (12 años)
CAMILO ALMADA (12 años)
5. JULIÁN CUBAS (víctima) LUCILO BENITEZ (12 años)
CAMILO ALMADA (12 años)
6. RODOLFO Y BENJAMÍN PASTOR CORONEL (25 años)
RAMÍREZ VILLALBA (víctima) JUAN MARTÍNEZ (12 años + 6 meses)
ALBERTO CANTERO (12 años + 6 meses)
LUCILO BENITEZ (12 años + 6 meses)
CAMILO ALMADA ( 12 años + 6 meses)
AGUSTÍN BELLOTO (12 años + 6 meses)
7. MIGUEL ÁNGEL SOLER (víctima) PASTOR CORONEL (16 años + 6 meses)
LUCILO BENITEZ (16 años + 6 meses)
JUAN MARTÍNEZ (16 años + 6 meses)
CAMILO ALMADA (16 años + 6 meses )
8. CARLOS MANCUELLO PASTOR CORONEL ( 17 años)
LUCILO BENITEZ (13 años + 9 meses)
CAMILO ALMADA (13 años + 9 meses)
ALBERTO CANTERO (15 años)
AGUSTÍN BELLOTO (15 años)
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CASOS CONDENADOS
CASOS TRAMITADOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CASOS TRAMITADOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
9. AGUSTÍN GOIBURU (Victima) SIN SENTENCIA
10. CELESTINA PÉREZ DE ALMADA SIN SENTENCIA
CASOS TRAMITADOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
1. PRIMERA S.D. N°. 92 de fecha 9 de noviembre de 2001, por la cual se condenó a:
1. NIÑO TRINIDAD RUIZ DÍAS A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 18
AÑOS
2. LIDIO RAMÓN TORALES A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE OCHO
AÑOS.
3. WALTER GAMARRA A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 25 AÑOS.
4. HÉCTOR MARTÍN FLORES A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 4 AÑOS.
5. NELSON ORLANDO CABALLERO A LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 3
AÑOS.
El CIPAE ha apelado y fundamentado esta sentencia en fecha 14 de junio del año 2.002, y la
Cámara de Apelaciones dilató la resolución y eso dio lugar a la solicitud de libertad
ambulatoria por llegar a los cinco años sin condena firme.
2. SEGUNDA SENTENCIA N°.323DEL 25 DE ABRIL DEL 2003, se condena a:
1. Aida Dianora Aquino Blazer a la pena de dos años de privación de libertad.
2. Alfredo Bernardo Florenciañez a 2 años de privación de libertad.
3. Carlos Duria Viveros a la pena privativa de libertad de 2 años.
4. Eduardo Rafael Meyer Baliero a la pena privativa de libertad de 1 año.
5. Nardi Manuel Gómez Cattebeke a la pena privativa de libertad de 5 años.
6. Enrique González Quintana a la pena privativa de libertad de 30 meses.
7. Octavio Manuel Gómez Martínez a la pena privativa de libertad de 2 años.
8. Mabel Cristina Escobar de Bogado a la pena privativa de libertad de 2 años.
SE ABSUELVE DE REPROCHE Y PENA A:
(22) RICHARD GÓMEZ, LUIS DANIEL SARQUIS, SEVER MONGES, ROBERTO
GONZÁLEZ BENITEZ, JUAN FÉLIX AGOSTA, RUBÉN CRISTIAN LEIVA, ALEJO
MONGES, ALCADIO, LIMPIO (=), DÁVALOS, CARLOS EGISTO MAGGI, AMADO
ENRIQUE YAMBAY, CESAR DURAN, CARLOS CUBAS VILDASOLA, ATILIO
MONGES CARLOS EGISTO MAGGI VERA, ROBERTO SEIFART Y MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ CASABIANCA. Esta S.D. fue apelada por el CIPAE
* POR A.I. N°. 18 DE JUNIO DE 2003 fue sobreseído provisionalmente el ex - Presidente
RAÚL CUBAS GRAU. EL FISCAL GENERAL ADJUNTO EN FECHA 23 de
Septiembre contesta la vista que se le corrió y NO APELA...v POR LA A.I. N°. 741 de
fecha 23 de abril del 2004, el Juez BEKER DISPONE LA LIBERTAD AMBULATORIA
DE NIÑO TRINIDAD RUIZ DIAZ.
165

Comité de Iglesias
COMISIÓN VERDAD Y JUSTICIA
Este año se instaló la Comisión Verdad y Justicia que tendrá a su cargo esclarecer las violaciones a los
derechos humanos ocurridos desde 1954 al 2003. Esto indudablemente significa un paso positivo para el
fin que se persigue. Sin embargo el punto negativo está en las trabas que se le van poniendo a esta comisión
desde estamentos del Estado paraguayo. Se publicaba en octubre que desde su instalación no ha
recibido un solo guaraní del presupuesto que le corresponde al año 2004. Cuando se estudió en el
Parlamento el presupuesto de la Comisión sufrió un recorte de parte de los legisladores, en un 67 por
ciento. De los más de 2.400 millones de guaraníes solicitados el presupuesto sancionado para el 2004
quedó en poco más de 967 millones. Para ese tiempo integrantes de la comisión sostenían que el presupuesto
para el año 2005 va por el mismo camino, pues antes de ingresar el proyecto al Parlamento en el
Ministerio de Hacienda el presupuesto de la comisión sufrió un recorte del 56 por ciento. De esta forma
el propio Estado paraguayo se encarga de impedir o dificultar el cumplimiento de la Ley 2.225/03.
La Comisión Verdad y Justicia está integrada por monseñor Mario Melanio Medina, quien preside; Jorge
Rolón Luna, Juan Díaz Bordenabe, Luis Casabianca, Juan Manuel Benítez Florentín, Miguel Ángel
Aquino, Yudith Rolón Jacquet, Margarita Duran Estragó.
Entre los temas que trata la comisión se encuentra: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales,
torturas y otras lesiones graves, exilios y otras violaciones de derechos humanos.
Por otra parte, desde este año víctimas de la dictadura empezaron a percibir del Estado dinero
correspondiente a indemnizaciones por los daños sufridos durante la dictadura stronista. Los pagos
correspondientes se realizaron de a poquito y prácticamente en cuotas. Esto fue luego de que las víctimas
nucleadas en una asociación hicieran reclamos públicos en varias ocasiones. "Siempre salen con la promesa
de que el dinero no fue presupuestado y que ahora incluirán en el presupuesto a través de
ampliaciones presupuestarias", expresaba uno de los integrantes del grupo.
Con motivo de recordarse el 3 de noviembre la fecha onomástica del dictador Alfredo Stroessner un
grupo de seguidores del ex hombre fuerte del Paraguay se reunieron en el local del Partido Colorado y
presentaron un libro cuyo autor, Juan Alberto Díaz de Espada, dedicó al ex dictador. El hecho constituyó
un acto público en el que reivindicaron la figura de Stroessner. Del acto tomaron parte las primeras
figuras de la dictadura como Mario Abdo Benítez, Adán Godoy Jiménez, Juan Manuel Frutos, Hirán
Delgado Von Leppel, Ramón Enrique Reverchon. Raúl Ernesto Villalba, Juan José Benítez Rickman,
Arsenio Basualdo, Graciela Stroessner y "Goli" Stroessner, entre otros.
166

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El libro presentado se titula "Salvemos al Partido. Ña Manda jey lo mita". En un momento dado algunos
referentes de la militancia stronista llegaron al colmo de increpar al presidente del Partido Colorado Herminio
Cáceres, que se encontraba en el lugar, porque el partido se está apartando de sus principios e
ideologías, al igual que el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos.
SITUACIÓN DE LA MUJER
La lucha por la igualdad de oportunidades en los diversos ámbitos de la vida es el eje principal de la
lucha de las mujeres del Paraguay para lograr una igualdad plena con los varones. Los derechos humanos
de la mujer son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena
participación en condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en
los planos nacional, regional e internacional, y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas
en el sexo son objetivos y derechos de la mujer, pero que en la práctica sigue en la postergación.
En nuestro país la violencia contra la mujer se ve materializada enfáticamente por la paternidad
irresponsable, la desigualdad en los espacios de ocupación de los cargos de decisión, el prejuicio basado
en el género en la administración de la justicia y en todos los aspectos de la vida política civil, económica,
social y cultural.
Informes publicados en la prensa local señalan que aproximadamente 2.532.491 personas constituyen la
población económicamente activa (PEA). De esa cifra, 62,1 por ciento son varones y 37,9 mujeres. El 43
por ciento de las mujeres jóvenes ha estado embarazada alguna vez. En el campo, la proporción de
mujeres embarazadas 2 veces o más es casi 13,2 por ciento superior que en las ciudades. La mayoría de
las mujeres de 25 a 29 años que vive en el campo ha tenido por lo menos un embarazo. En el Paraguay, 1
de cada 4 personas tiene entre 15 y 29 años de edad. El 40 por ciento de la población nacional tiene menos
de 15 años, y más del 40 por ciento del total de migrantes a nivel nacional tiene entre 15 y 29 años de
edad.
Un informe de la Secretaria de la Mujer consigna que la población desempleada total es de 349.991
personas, de esta cantidad 156.769 son hombres y 194.222 mujeres; la población sub ocupada total es de
617.406 personas, de esta cantidad 336.815 sonhombres y 280.588 mujeres. La población sub ocupada
visible es de 194.466 personas de esta cantidad 79.613 son hombres y 114.853 mujeres, con lo que se verifica
que la sub ocupación afecta más a las mujeres. La población sub ocupada invisible es de 422.973 personas,
siendo hombres 257.202 y mujeres 165.735, afectando esta cantidad levemente mayor a hombres.
167

Comité de Iglesias
En cuanto al cumplimiento o no de las metas de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo El
Cairo 1994, en cuanto a salud sexual y reproductiva, en nuestro país, según datos del Informe Estado
de la Población Mundial 2003, se tiene que la tasa de mortalidad debido a la maternidad es de 106 por
cada 100.000 nacidos vivos (una de las más altas de la región); porcentaje de analfabetismo femenino: 8
por ciento, mientras que el masculino es de 6 por ciento; alumbramientos por cada 1.000 mujeres de 15 a
19 años de edad: 75; prevalencia de uso de anticonceptivos: todos los métodos, 57; métodos
modernos, 48; tasa de fecundidad total: 3,84; porcentaje de partos atendidos por personal capacitado: 71
por ciento.
A mediados de abril publicaciones periodísticas hacían referencia al aumento de denuncias sobre violencia
intrafamiliar. Decía la información que a partir del año 2002, el número de denuncias que reciben los
centros de atención a víctimas de violencia intrafamiliar aumentó notablemente, y gracias a esto se pudo
determinar que el primer trimestre de este año se registró el mayor número de casos de violencia
sicológica y económica, según el informe presentado por el Servicio de Apoyo a la Mujer de la Secretaría
de la Mujer. Menciona que solamente durante el mes de marzo de este año recibieron 178 denuncias de
violencia intrafamiliar, entre las cuales se destacan las relacionadas con violencia sicológica y
económica.
Las mujeres jefas de hogar van en aumento. Llevan sobre sí toda la responsabilidad de la casa, los hijos,
el trabajo, etc. Con mayor vulnerabilidad en múltiples aspectos. Su autoestima es lo primero que
debe fortalecerse. Son el 30 por ciento en el área urbana y el 21 por ciento en el área rural. Las causas son
varias. Ausencia de la figura masculina, carencia o poco apoyo por parte del padre ausente, hecho que
redunde en un menor ingreso familiar. En la actualidad existen nuevas figuras de jefas de hogar.
Mujeres jóvenes, adolescentes, que aportan al sostén económico del hogar, dependiendo de ellas, en
algunos casos, sus padres adultos o hermanos menores.
Las jefas de hogar y sus hijos estarían conformando una nueva clase de familia, con derecho propio a
reclamar su legitimidad, señala una publicación periodística especializada en el tema femenino. Agrega que
las causas de la jefatura de hogar femenina son varias: divorcio, abandono del hogar por parte del marido,
viudez, el hecho de ser madre soltera, separación, decisión propia, entre otros. Además, la familia con
jefatura de hogar femenina padece de vulnerabilidad económica, con sus inevitables y múltiples
consecuencias.
SITUACIÓN DEL MENOR
La jueza María Teresa González de Daniel elevó ajuicio oral y público el proceso abierto al teniente de
navio Alejandro Monges por la brutal golpiza que dio a su hijastra Natalia E, de siete años. El militar fue
acusado por el Ministerio Público por delitos de maltrato
168

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
a menores y lesión graves. La magistrada también elevó la causa ajuicio oral para Arsenia Ferreira Paredes,
concubina de Monges y madre de la niña golpeada. La mujer fue acusada por la fiscalía en carácter de
cómplice, puesto que no solo omitió denunciar a su pareja, sino que además justificaba las brutales
golpizas que el militar daba a su hija tras afirmar que correspondía que fuera castigada y corregida por su
mal comportamiento.
Una niña de 12 años, hija de "brasiguayos" de la colonia Marangatú, distrito de Nueva Esperanza, fue
internada en el hospital regional de Salto del Guaira con rastros de haber sido sometida a extremos
maltratos físicos, informaba la prensa. El cuerpo de la víctima observaba marcas de violentos castigos y
quemaduras en todo el cuerpo y algunas de sus heridas estaban a punto de agusanarse. Según la
menor, el autor de la barbarie es su propio padre Joao María Amaral, quien la sometía sexualmente a
ella y a su hermana de tan solo 10 años de edad en forma sistemática, desde hace dos años
aproximadamente. La menor relató que logró escapar de su casa en horas de la madrugada después de
haber sido castigada brutalmente con una goma de bicicleta y atada por una planta de mango, por
resistirse a la propuesta sexual de su padre y fue rescatada por los vecinos quienes la trasladaron hasta
Salto del Guaira. "Una vez pensé que me quedé ciega cuando me pegó tanto por el ojo que se me hinchó
y dejé de ver. Otra vez me derramó agua caliente y durante mucho tiempo tuve que acostarme de una
sola forma por el dolor". Esta es una parte del relato de su calvario diario.
El fiscal Delio González Sánchez, titular de la unidad número dos de la fiscalía local, ordenó a la
policía que intensifique la búsqueda de Joao María Amaral, sindicado como responsable de los crueles
maltratos físicos y abuso sexual a los que sometió a su hija Paula A.F.
Un caso que afectó a la menor M.A.C. de 10 años, fue víctima de abuso sexual en la localidad de
Capiibary, departamento de San Pedro. La misma fue ultrajada sexualmente por un depravado de 47
años, de nombre Anastacio Martínez. El hecho ocurrió en el mes de enero de este año en la colonia
Tapia, segunda línea, del distrito de Capiibary. La historia de esta menor es similar a la de muchas
familias humildes, donde por falta de educación y mejores oportunidades se llenan de hijos, dejando
a uno de ellos como encargado de la casa para ir en busca del sustento diario. La extrema pobreza en la
que se desenvuelven los hace vulnerables a este tipo de situaciones, mientras el gobierno a través de las
instituciones responsables poco o nada hace al respecto.
En este caso la madre, Francisca Candía de Arias, se enteró del hecho 22 días después porque la menor
fue amenazada por su victimario para que no contase nada de lo sucedido. La niña quedó embarazada.
169

Comité de Iglesias
Un ejemplo de cómo la pobreza y la ignorancia golpea fuertemente a muchas familias es el caso de un
niño de 12 años que padece extrema desnutrición. Se trata de Carmelo Antonio, de 13 años que
padece severo cuadro de desnutrición. El mismo es oriundo de Capiibary, departamento de San Pedro.
Los padres del menor, Plácido Benítez y Demesia Riera, afirmaron que pese a los esfuerzos no pudieron
afrontar los dos años de tratamiento requerido por los médicos del hospital de Clínicas e Impro, por lo que
optaron por abandonar el tratamiento del menor. "Teníamos 10 hectáreas de terreno, pero nos vimos
obligados a vender la mitad para salvar la vida de nuestro penúltimo hijo", relataron ambos. Además de la
severa desnutrición, el niño especial padece de inflamaciones en las encías, por lo que solamente podía
recibir alimentos líquidos.
Dos niños de nacionalidad brasileña fueron secuestrados por el padre en la ciudad de San Pablo (Brasil) en
febrero de este año y traídos al Paraguay. El caso fue denunciado ante la Corte de Justicia del Brasil y ello
generó una petición formal a las autoridades de nuestro país en un intento de localizar al prófugo y
rescatar a las criaturas. Se trata de Arturo Rojas Boehler (6) y Guillermo Rojas Boehler (10), ambos hijos
de Genilma Boehler. Los menores fueron traídos por su padre, Eric Daniel Rojas Villalba, indigenista de
47 años sobre quien pesa una orden de captura en su contra dictada por la fiscala Carmen Cattoni. La madre
de los menores decía que sus hijos y el padre estaban protegidos por los hermanos de Eric, quienes son
miembros de la Policía Nacional. Incluso, se comentaba que el protector sería el entonces viceministro del
Interior, Eustaquio Colman.
A principios de noviembre la madre de los menores incluso llegó hasta Río de Janeiro donde se realizó
la denominada Cumbre de Río con la intención de entregar un reclamo a los presidentes de Brasil y
Paraguay, pidiendo justicia. Pese a que no se realizó la entrevista igual tuvo eco su acción, ya que el
presidente paraguayo Duarte Frutos ordenó a la Policía esclarecer el hecho lo antes posible.
Unos 9 gramos de marihuana prensada distribuidos en bolsitas fueron hallados en la mochila de una alumna de
12 años del colegio Dr. Juan Manuel Frutos de Mariano Roque Alonso. La niña alegó que la droga apareció
en su mochila que la noche antes fue utilizada por su hermano, quien tendría un amigo adicto a la
marihuana, según explicaciones de la directora del colegio, Gladys Diez Pérez.
Un plan operativo para sustraer de las calles a aproximadamente setenta niños que se encuentran en
estado de vulnerabilidad, fue anunciado por la presidencia de la República y la Secretaría Nacional de la
Niñez y la Adolescencia (SNNA). El plan tiene por objetivo implementar acciones focalizadas para la
atención de niños y adolescentes que se encuentran atravesando situaciones de alto riesgo, debido a
que están expuestos a la vulnerabilidad de sus derechos como menores.
170

Situación de les Derechos Humanos en e) Paraguay 2004
En coincidencia con el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, la ministra de la Niñez y la
Adolescencia, Mercedes Brítez de Buzó, decía que nuestro país está aplazado en materia de erradicación del
trabajo infantil y la lucha contra la prostitución de menores. Así como hay instituciones que bregan por la
erradicación del trabajo infantil, también hay organizaciones no gubernamentales que cuestionan la
intención de "criminalizar y satanizar" el trabajo de menores. Miembros de la Coordinación Nacional
de Niños/as Adolescentes Trabajadores (CONNATs) sostienen que la fecha impulsada por la OIT,
aliada con las centrales obreras, ONGs e instituciones gubernamentales, crean una imagen en la opinión
pública de "niños - pobres - calle - trabajo - delincuencia - problemas". El gobierno paraguayo
acordó a fines de junio in extenso y sin modificaciones el Plan Nacional de Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil y la Protección al Trabajo de los Adolescentes que, desde diciembre del año
pasado, viene impulsando la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. El proyecto tiene como
objetivo lograr, de forma paulatina, la eliminación del empleo de niños y, por otra parte, otorga todas las
garantías de protección al trabajo a los adolescentes.
Un informe divulgado por la prensa señala que solamente unas cuarenta ONGs de la infancia se
registraron en al Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, las estimaciones
hablan que existen unas 500 entidades sin fines de lucro que trabajan en el sector con millonarios
fondos recibidos del exterior.
Según un documento publicado por la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
divulgado a principios de febrero, en el Paraguay trabajan 241.945 niños y niñas de 10 a 17 años de
edad. Especifica que 100.000 tienen menos de 14 años, lo cual significa que uno de cada cuatro niños
paraguayos trabaja. Describe la situación de los niños y niñas que se ven en la necesidad de trabajar
con el fin de colaborar con el sustento diario de su familia, y en algunos casos del propio. Agrega que
cada niños trabaja 35 horas por semana, lo que impide o dificulta su asistencia a la escuela. Indica que 4
de cada 10 niños que trabajan no pueden estudiar. Explica que el 40 por ciento de los niños
trabajadores ayudan en la actividad agropecuaria y pesquera; el 30 por ciento de ellos realiza trabajos no
calificados, en los que se incluyen a vendedores de la calle, mensajeros, aprendices de la construcción,
labores en olerías o calerías; el 15 por ciento trabaja en servicios, vendedores de comercio o
mercados y el 11 por ciento es operario o artesano.
Esta descripción representa una grave violación de los derechos de los niños, dice el documento y
advierte que solo la adopción de políticas nacionales, con medidas efectivas de combate a la pobreza en los
ámbitos del desarrollo de medidas de protección y generación de ingresos para las familias, y la educación,
permitirán cambiar la realidad expuesta.
171

Comité de Iglesias
UNICEF también advertía que 133.000 niños de 5 a 14 años, están fuera del sistema educativo formal. Cree que el
Estado debería invertir un promedio de 26 millones de dólares adicionales para alcanzar una cobertura del 100
por ciento de la educación básica en el año 2015. Comparando el déficit que se tiene en esa inversión
señala el documento que equivale al 4,1% del gasto total en servicios personales del Estado. Para la entidad
una mayor inversión en la educación de todos los niños que habitan en Paraguay es una cuestión de
derechos humanos y una necesidad para que el país logre un mayor desarrollo social y económico que le
permita a futuro superar la pobreza y construir una sociedad más equitativa e inclusiva. A mediados de marzo
UNICEF describía la situación de la infancia en el Paraguay con una posición en la tabla de mortalidad
infantil de 99, de 193; esperanza de vida al nacer, 71 años; tasa de alfabetización de adultos, 93 %; tasa de
matriculación/asistencia a la enseñanza primaria, 92; niños huérfanos debido al sida, 2.000; número de
receptores de teléfonos, 26 por cada 1.000 habitantes; número de receptores de Internet, 1 por cada 1.000
habitantes; tasa de crecimiento anual de la población, 2,6%.
En Latinoamérica y el Caribe las estadísticas revelan que existen 17 millones de niños en edad de jugary
estudiar, pero que se ven obligados atrabajar. En muchos casos son víctimas de explotación sexual y
esclavitud. El informe divulgado por la agencia internacional AFP expresa que la contextura pequeña se
ajusta a los socavones mineros, sus dedos diminutos manipulan dinamita para fabricar petardos y su
fragilidad natural los vuelve más dóciles para las tareas domésticas. Cuando por milagro reciben un salario
los niños perciben hasta 80 por ciento menos que los adultos, realizan tareas peligrosas en ausencia de
las más elementales condiciones de seguridad y con frecuencia deben cumplir jornadas de 12 horas de labor.
Agrega que la problemática del trabajo infantil no solo se explica por la pobreza. El factor cultural desdibuja
el drama y los hace invisible para una sociedad que lo acepta como parte de la formación y el desarrollo de
aptitudes para la vida adulta.
Se anunció la presentación de un anteproyecto de ley en el que se castiga la inducción a pedir limosna
hasta con 60 días de arresto y establece otras sanciones para infracciones menores. El Código de
Contravenciones establece como sanción máxima el arresto, pero también prevé penas pecuniarias a fin de
reparar el daño social. La intención es no dejar impunes infracciones menores que se cometen
habitualmente como la inducción a menores a pedir limosnas, los disparos al aire; las acciones de los
"peajeros", las ralladuras de chaperías de los vehículos, disturbios en los espectáculos deportivos
artísticos y todo lo que incluya hechos de patoterismos.
La española María Jesús Conde, asesora de protección de la infancia de UNICEF para América Latina
y el Caribe, visitó el Paraguay para hacer un seguimiento de las medidas adoptadas por el gobierno para la
defensa y protección de los niños, a dos años de las sonadas denuncias de reclutamiento de menores en
los cuarteles, entre otros tantos casos. Decía que ante la realidad de que hay 241.000 niños que trabajan es
necesario un "castigo duro" para los adultos que contratan niños para trabajar.
172

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
El relator especial de las Naciones Unidas, Juan Miguel Petit, quien recorrió dos semanas el Paraguay,
manteniendo reuniones con autoridades, afirmaba que las penitenciarías de menores de Ciudad del Este, Cnel.
Oviedo y Pedro Juan Caballero, "son totalmente inadecuadas". Alarmado señalaba como grave y
preocupante la explotación sexual y la situación de los menores recluidos en las cárceles. El diagnóstico
pintado por Petit es el siguiente: explotación sexual de alto riesgo; iniciación sexual a temprana edad;
penitenciarías de menores en Cnel. Oviedo, Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, son totalmente
inadecuadas para lograr la reinserción social; hay más de 60.000 criaditas en Gran Asunción que están
expuestas; hogares para menores no son la solución; pobreza y debilidad institucional son una
combinación explosiva; y la pornografía infantil no está penalizada.
Un informe déla Policía Nacional departamento de Estadísticas sobre la violencia familiar de enero a
agosto del 2004 menciona los casos de lesión/arma de íuego, lesión/golpe de puño, lesión arma
contundente, coacción sexual, tentativa de coacción, homicidio, tentativa de homicidio, infanticidio,
filicidio, parricidio, fratricidio, fuga de menor y abandono de hogar. En las cifras totales se tiene 95 casos
de menores de hasta 12 años, correspondiendo 34 al sexto masculino y 61 al sexo femenino. En lo que
respecta a menores de 13 a 17 años se tiene un total de 109 casos, siendo 24 del sexo masculino y 85 del
sexo femenino. En el capítulo de homicidio doloso y lesión por tipo de armas, la Policía registra de enero a
agosto de este año 673 casos de homicidio doloso, correspondiendo 631 al sexo masculino y 42 al sexo
femenino. En lo que refiere a lesión, se tiene 2014 casos, correspondiendo 1.781 al sexo masculino y
233 al sexo femenino.
En la capital del país se observaba cada vez más niños que se exponen a los peligros del caótico y alocado
tránsito de la ciudad. Los menores ofrecen todo tipo de mercancías y realizan piruetas con el riesgo de
sufrir accidentes. Estimaciones indican que cerca de 300 menores duermen cada día en las calles de
Asunción, sin contar los que solo trabajan en la vía pública durante el día. "El fenómeno de la
infantilización de la pobreza es el que golpea tan dramáticamente a nuestros países y hace que sea
imprescindible la labor de los ministerios y secretarías de infancia", expresaba el consultor de la
Organización de Estados Americanos (OEA), Ariel Gustavo Forselledo.
Como parte de una campaña que apunta a erradicar la explotación sexual en el Mercosur, fue presentado
un estudio sobre "La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en las
legislaciones de Argentina, Brasil, Paraguay: Alternativas de armonización para el Mercosur".
El estudio analiza meticulosamente todas las legislaciones, tanto a nivel del Mercosur como de otros
países internacionales, con relación al tema de la explotación sexual, como el tráfico de personas, y contiene
un estudio de los códigos penales de los tres países mencionados.
173

Comité de Iglesias
Otro hecho preocupante que afecta a menores es la drogadicción, especialmente en la capital. Si bien
constituye un hecho casi normal para los usuarios de la Terminal de Ómnibus de Asunción, es realmente
lamentable observar la "escena" donde más de media docena de menores de edad se drogan desde
tempranas horas sin que ninguna autoridad tome cartas en el asunto, expresaba una serie de
publicaciones periodísticas sobre este tema.
Se mencionó que la Plaza de la Democracia de Asunción se constituyó en el lugar de cita permanente de
estudiantes y que, según denuncias publicadas en los medios periodísticos, los jóvenes consumen alcohol,
drogas e incluso mantienen relaciones íntimas. La concejala municipal de Asunción Gladys de Rodríguez
visitó el lugar y constató que varios jóvenes se desvestían en el área del centro municipal. "Además, vi a
alumnos de diferentes colegios uniformados, pero desvistiéndose y teniendo relaciones íntimas en la
zona del centro municipal, ubicado debajo de la plaza", advertía.
Otro tema sumamente preocupante al que las autoridades respectivas hacen la vista gorda es la presencia
de niños en los locales de video-juegos alquilados por la comuna en la referida plaza céntrica.
En los últimos tiempos se notaba cada vez más preocupante la aparición de casos de acoso y abuso sexual
en locales educativos del país. Uno de los casos que tuvo mucha repercusión en la prensa local fue el que
afectó a una niña de 14 años que a mediados de marzo tenía 37 semanas de gestación y la paternidad del
bebé se atribuyó a un profesor. Se trata de Luis María Zorrilla, profesor de la escuela Quintina Paredes
Silva de Mariano Roque Alonso.
Otro caso divulgado por la prensa fue el caso que involucró al profesor de química del colegio
Naciones Unidas, Luis Alberto Ramírez Verón, quien fue acusado por una alumna de acoso sexual.
A fines de junio se informaba que nueve lactantes fueron abandonados en la vía pública de Asunción.
El dato fue proporcionado por el director del Centro de Adopciones Domingo Pallares Sacarello. La
estadística revela que existe un promedio superior de más de 1 niño o niña por mes que es
abandonado/a por su madre, a los pocos días, o incluso horas después de haber dado a luz.
En la colonia Arapyahu, Capiibary, departamento de San Pedro, se detectó a un niño de 13 años con un
cuadro de desnutrición severa. El menor, según la publicación periodística, permanece postrado en una
cama en una precaria casa de esa ciudad. Los médicos locales no pueden brindar tratamiento
especializado por la carencia de recursos de sus padres que viven en una extrema pobreza. Los padres
del menor Carmelo Antonio relataron que el
174

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
niño nació normal, pero a un año padeció de un prolongado ataque cardíaco que lo convirtió casi en un
esqueleto y para más le crecieron las encías, lo que le dificulta ingerir alimentos sólidos. El niño es el quinto
hijo de la pareja. Se había internado por más de tres meses en el Inpro y en el Hospital de Clínicas, pero
por falta de dinero no pudo continuar con su tratamiento médico.
Los cuerpos acribillados a tiros de dos niños de la calle de nacionalidad paraguaya fueron hallados tirados a
un costado del asfaltado que une Ponta Pora, Brasil, con la ciudad Amambay. informaba la prensa el 6 de
noviembre pasado. Las sospechas señalan que los niños fueron aniquilados por agentes de la Policía
brasileña. Una de las víctimas fue identificada como Ángel Gabriel Ocampos, de 12 años. El otro es
Nicodemos Brizuela, de 10 años.
MIGRACIONES, TRÁFICO DE PERSONAS Y REFUGIADOS
La migración de pobladores rurales a las zonas urbanas es cada vez más frecuente, lo que ocasiona la
aparición y crecimiento de las villas miserias en los alrededores de centros urbanos con el lógico
crecimiento de conflictos sociales y pobreza. Datos estadísticos señalan que de 1982 la población rural que
era del 57,2 por ciento en el año 2002 bajó al 43,3 por ciento. En ese mismo tiempo la población urbana
que era del 42,8 por ciento en 1982, en el 2002 creció al 56,7 por ciento. Estas cifras preocupantes del
panorama de la migración rural tiene como principal motor la búsqueda de "mejores horizontes". El
problema tiene un rostro joven, según revela la investigación Juventud en Cifras 2003, pues el 40 por ciento
de la población que migró en los últimos 5 años tiene entre 15 y 19 años. En términos sencillos vemos que 4
de cada 10 desplazados pertenecen a la franja juvenil.
El sacerdote Alcides Salinas explicaba que la Iglesia Católica tiene una propuesta de reforma agraria
integral que permitirá a los campesinos mantener el arraigo. Se debe crear una vida digna para evitar
el desplazamiento de la población rural, señalaba y agregaba que para ello se deberán mejorar las
condiciones de vida de estas personas porque la migración interna se produce por la falta de los
recursos básicos. Sentenciaba que más que migración es un desplazamiento, es huir de una situación de
muerte, porque muchos campesinos están rodeados por las plantaciones de soja que les perjudica en su
salud, la falta de medios de supervivencia que les obliga a venir hacia la ciudad en busca de mejores
condiciones.
La dificultad e imposibilidad para acceder a servicios básicos como la electricidad, agua potable,
comunicación, oportunidades de trabajo se suman al escaso alcance de los
175

Comité de Iglesias
programas de educación, salud y vivienda para transformarse en una pesada carga para las poblaciones
rurales, especialmente jóvenes quienes finalmente optan por migrar buscando nuevos horizontes.
A principios de año se informaba por la prensa que la protección de la represa de Itaipú y de ciudadanos del
Brasil radicados en Paraguay (brasiguayos) constituyen prioridad para el Estado brasileño. Menciona que
una situación de peligro inminente para cualquiera de ellos es considerada hipótesis de conflicto armado
con Paraguay, que prevé inclusive la ocupación de Asunción. El área de seguridad establecida en torno
a Itaipú llega hasta Coronel Oviedo. Esto es lo que tiene preparado Brasil para el Paraguay, si llega a
considerar que sus intereses en Itaipú o sus colonos se encuentran en peligro, afirmaba el columnista Roque
González Vera en el diario ABC Color y remataba con el dicho de que entre países "no hay amigos
permanentes, sino intereses permanentes". Agregaba que el Brasil, por ningún motivo, permitirá que sus
ciudadanos en Paraguay y que la represa de Itaipú se encuentren en peligro.
Cinco ciudadanos de la República Popular de China (continental) fueron expulsados luego de que ingresaran
en forma ilegal al país a través de Infante Rivarola, Chaco. Los orientales deportados son Xu Kang, Yu Xian,
Xue Xiaolong, Ye Yunjian y una mujer identificada como Chen Li. Ninguno de ellos portaba
documentación en regla. Los mismos salieron de su país, pasaron por Irlanda y desde ahí viajaron hacia
Bolivia, desde donde intentaron ingresar a territorio paraguayo posiblemente para cruzar hacia el Brasil.
La presencia cada vez mayor de indocumentados, especialmente de nacionalidad brasileña, en el Chaco
Central fue tema de preocupación de autoridades de la zona. En una reunión realizada entre autoridades
de la zona se mencionó el caso de una menor que carece de documentación y fue aprehendida en la vía
pública de Loma Pyta, y tanto la fiscalía, juzgado, Gobernación como Migraciones acordaron coordinar
esfuerzos para expulsarla del país, decía la crónica periodística.
A principios de mayo se informaba por la prensa de la captura de un boliviano y un argentino junto
con 12 ciudadanos de la República Popular de China. Los mismos fueron retenidos en la terminal de
ómnibus de Asunción con documentos adulterados. De acuerdo a las informaciones publicadas los mismos
formarían parte de una red dedicada al tráfico de personas. El fiscal Rogelio Ortuzar interrogó a los
chinos quienes después fueron deportados a la Argentina. Se trata de Jian Liang Lin, Jian Ping Weng,
Jian Xing Lin, Xian Huang Lin, Zhen Jie Zhao, Zixian Weng, Zeng Fajan, Ke Dong Chen, Chang Huan
Zheng, Hong Ying G. Lin, Kiu Yung Lin y Shan Yung Yang, las tres últimas son mujeres. Los gestores son
Israel Escalera, argentino, y Ornar Sandoval Rojas, boliviano.
176

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
La prensa publicaba que unos 10 "chinos rojos" fueron capturados en una granja ubicada a orillas del lago
Acaray del kilómetro 9 de Ciudad del Este. El inmueble pertenece a un comerciante chino identificado
como Sing Chi See, también detenido. El hijo de este, Willy Seen, fue sindicado como el responsable del
caso que constituiría una violación a la ley de migraciones, pero que también podría ser tráfico de personas,
según el fiscal Rafael Blanco.
A fines de febrero cinco ciudadanos cubanos fueron detenidos y posteriormente expulsados por la Dirección
General de Migraciones, al comprobarse que ingresaron ilegalmente al país. Los extranjeros, decía la
crónica periodística, fueron capturados durante un operativo efectuado por agentes de Investigación de
Delitos en el hotel Río, de Asunción. Los mismos fueron identificados como Junier Torres López (27),
Alan Puerto Horta (21), Alberto Pérez Ñapóles (29), Hidiel García Hernández (22) y Javier
BarriosCastaño (21).
Un total de 10 peruanos que ingresaron al Paraguay con pasaportes venezolanos adulterados y que
pretendían viajar a Cancún, México, al hacerse pasar por integrantes de un equipo de bowling, fueron
detenidos en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Los extranjeros buscaban llegar finalmente
a Estados Unidos. Ellos son: Rodolfo Ibáñez Fortini, José Leonaldo Núñez Fernández, Hugo Antonio López
Torres, Belisario Prudencio Trujillo, Iván José Cruz Díaz, Cristian Enrique Córdoba Cifiíentes, Luis Enrique
Córdoba Loyola, Liz Marcela Villafana Huamar, Yoelia del Pilar Córdoba Cifuentes y Julio
César Sedamanos Enriquez. Los mismos, tras ser fichados, fueron expulsados del país.
Ocho ciudadanos brasileños de ambos sexos fueron detenidos al intentar abordar una aeronave que
los llevara indistamente a México o a los Estados Unidos de América. Todos tenían dos pasaportes
con las mismas fotografías y nombres, por lo que fueron demorados por la fiscalía. Los pasaportes de los
ocho brasileños aparecen con las mismas fotografías pero diferentes nombres. Fueron identificados con
estos nombres: Claudio Roberto Penido de Souza, Carlos Rafael de Cananas, Lidio Tomasio de Silva,
Claudia Leandra Denis Ferreira, Giani Paixao Pesoa, Marceline Santiago Pereira, Silvana María da
Silva, Rozan Gómez Da Silva, José Martín Aleixandre, Ricardo da Rosa Souza, Felipe García de Olivaira
Santos, Lienne Tomie Poco, Nair Simine Martins Batista, Rosangela De Oliveira Vasconcellos y Karine
Duarte de Moráis Silva.
Un análisis periodístico tras estos hechos ocurridos señalaba que los frágiles controles migratorios y la
facilidad para obtener documentos constituyen los principales estímulos que inducen a los migrantes a
suponer que el Paraguay es un "trampolín ideal" para llegar a Estados Unidos. Con esa reflexión
comulgan agentes vinculados a la investigación que derivó en la detención de personas extranjeras que
buscaban ir a los Estados Unidos con visas falsificadas.
177

Comité de Iglesias
El diputado liberal Osear González Drakeford denunció ante el vicepresidente de la República Ing.
Luis Castiglioni, la expedición irregular de miles de documentos de radicación a ciudadanos
extranjeros que trabajan en el lado paraguayo y luego pasan la frontera (Brasil) donde residen realmente.
Esta práctica se da en gran número de personas que por la mañana temprano cruzan de Foz de Yguazú a
Ciudad del Este a trabajar y luego retoman a su país.
Poner freno definitivo al tráfico de personas en la región es uno de los objetivos de las fuerzas de
seguridad del Mercosur. Así acordaron ministros del Interior del bloque, Perú, Bolivia y Chile. Este
acuerdo se dio precisamente en momentos en que en el Paraguay se reabre el debate con respecto a
mujeres adolescentes llevadas bajo engaños a España para ejercer la prostitución.
Tras tomar estado público algunos casos de mujeres que fueron llevadas a España con la promesa de
tener un trabajo seguro y que luego se encontraron que debían dedicarse a la prostitución, se tenía la
información de que unas 500 compatriotas se dedican a la prostitución en el país europeo. Ese
informe recibió el fiscal Pedro Alderete de la jurisdicción de Villarrica, a quien se le adjudicó la
investigación del caso de "trata de blancas" en el Paraguay.
Autoridades españolas confirmaban en mayo que 36 paraguayas que trabajan en burdeles en la provincia
de Cuenca viven en forma irregular en ese país europeo. Las mismas tenían caducos los tres meses de
permanencia legal y trabajar sin permiso laboral, señalaba el infonne remitido desde Madrid por el
embajador paraguayo en España, Julio César Frutos, a la canciller Leila Rachid.
Un cable de la agencia AFP informaba que la Policía española desarticuló dos redes que obligaban a
brasileñas, paraguayas, argentinas y colombianas a prostituirse. En la intervención de la policía
española se logró la detención de 17 responsables y 70 extranj eras en situación irregular.
Una red de tráfico de personas hacia España y Francia actúa en la zona de Ciudad del Este, según se
informaba por la prensa. La misma tendría la protección de efectivos policiales del puesto número 2
que está en el aeropuerto Guaraní de Minga Guazú, dice la información. Agrega que una de las mujeres que
estaba por viajar a España para prostituirse se negó a hacerlo y se escapó minutos antes de embarcar. Esto
ocurrió a fines de mayo.
Informaciones recabadas en España de paraguayos que residen en la Madre Patria señalan que la situación
laboral en ese país no es como todos piensan. Existen compatriotas que
178

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
están saliendo adelante como pueden y otros que cayeron en depresión porque vieron que la realidad era
otra. La soledad, lejos de la familia y escaso dinero en el bolsillo son las características de los
paraguayos que se las ingenian para vivir en ese país europeo.
En coincidencia con la difusión de la difícil situación que atraviesan paraguayas en España el Paraguay
aprobó la Convención de Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, según anunciaba en junio la canciller paraguaya Leila Rachid.
Para el gobierno de los Estados Unidos el Paraguay "no cumple en forma plena" con los estándares
mínimos para la eliminación del tráfico de niños y mujeres, según un informe divulgado por la Embajada
de ese país en el Paraguay. El documento focaliza Ciudad del Este como una región de tráfico. A criterio
de ese informe el Paraguay quedó en el listado de observación nivel dos, debido a que es país de origen
de mujeres y niños que son traficados a Argentina y España, con fines de explotación sexual y trabajo
forzado.
La trata de blancas, abusos sexuales y otros temas que tienen que ver con los derechos humanos, fueron
abordados entre la secretaria de repatriación Nicasia Maldonado Vda. De Solaeche y el funcionario del
Departamento de Estado de los EE.UU., Phillips Linderman.
Una red que presuntamente falsificaba visas y documentos para enviar personas a Estados Unidos y
España fue descubierta en un allanamiento efectuado en una vivienda ubicada en Fernando de la Mora.
El operativo permitió secuestrar numerosa documentación falsificada. La principal sospechosa del
grupo y dueña de la casa intervenida es Teresa Isabel Galeano de Benítez, de 45 años con antecedentes
por estafa.
A principios de año se informaba que unos 70 ciudadanos paraguayos que querían ingresar a la Argentina,
vía Encarnación, fueron rechazados al no demostrar solvencia económica. Las autoridades migratorias
argentinas exigieron que cada compatriota exhiba como mínimo 500 dólares americanos para
otorgarle el permiso de entrada por 90 días. La directora de la oficina regional de Migraciones, Marta
Velozo, criticó duramente la actitud de sus colegas argentinos, quienes "les bajaron como animales y les
mantuvieron vigilados por la gendarmería desde las cinco de la tarde hasta las 3 de la madrugada, sin
siquiera permitirles ir al baño". La Cancillería pidió un informe detallado al Consulado del Paraguay en
Posadas, Argentina, sobre la situación de los paraguayos.
A mediados de febrero se informaba que la Argentina no expulsará a los paraguayos indocumentados
que viven en ese país, según declaraciones del director general de Política Latinoamericana de la
Cancillería argentina, Roberto García Moritán. Se desconoce la
179

Comité de Iglesias
cantidad de indocumentados paraguayos residentes en la Argentina, pero según estimaciones de organismos no
gubernamentales, la cifra orilla los 450.000. La gran mayoría vive en el Gran Buenos Aires. Esta
afirmación fue ratificada por el presidente del vecino país Néstor Kirchner. Esa concesión permite a los
compatriotas no solo seguir trabajando, sino les da acceso a los servicios de primeros auxilios y atención en
hospitales, en casos de urgencias, informaba la canciller paraguaya, Leila Rachid.
Un grupo de músicos brasileños que visitaron el Paraguay denunciaron que funcionarios de Migraciones
de Ciudad del Este, solicitaron una coima de 250 dólares a los mismos. Antes ya habían sido obligados a
pagar una propina de 80 reales a aduaneros y portuarios apostados en el Puente de la Amistad. Este es una
de las claras incoherencias del gobierno de Duarte Frutos que pregona por los cuatro vientos que se
acabó la coima. Pues en la cabecera del Puente de la Amistad nada cambio. Los funcionarios públicos siguen
exigiendo fuertes sumas de dinero a los visitantes, según se publicaba en medios periodísticos a
principios de este año. En tanto que el entonces director de Migraciones, Carlos Machuca, afirmaba que en
la institución a su cargo disminuyó la corrupción.
Unas semanas después de estas afirmaciones se informaba por la prensa escrita que en la dependencia
estatal "subió" el precio de coimas para los extranjeros. Decía la información que como una vendetta
contra las denuncias, funcionarios de Migraciones enviados a la zona de Ciudad del Este desde
Asunción han subido las coimas de 30 dólares iniciales a 70 dólares a todos los extranjeros, en especial a
chinos y árabes, por carecer del certificado de retorno. Exigen el citado documento incluso a los que tienen
cédula paraguaya, quienes por reglamentos ya no precisan de dicho certificado.
A raíz de las denuncias de supuestas irregularidades atribuidas a funcionarios destacados en Ciudad del
Este se dispuso la intervención de la dependencia. La institución instruyó sumario a funcionarios
denunciados por hechos de corrupción y a casas comerciales y expulsó a extranjeros cuyas
documentaciones no se encontraban en regla. A mediados de julio nuevamente se dispuso la intervención
de Migraciones de Ciudad del Este. Esa era la tercera vez en menos de tres meses que la oficina de
Migraciones instalado en la cabecera del Puente de la Amistad es intervenida. Esta intervención se dio ya
bajo la administración del nuevo titular de Migraciones, Carlos Liseras, quien reemplazó a Machuca.
Se informaba igualmente que el entonces director de Migraciones, Carlos José Machuca Vidal, apañaba
a los funcionarios coimeros de la institución que están en la zona de Ciudad del Este. Eso se
desprende de la nota enviada al intendente de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún, donde dice que no
existen denuncias serias sobre hechos de corrupción que afecten a los funcionarios de dicha institución.
180

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Semanas después de la intervención de vuelta se publicaba en los medios periodísticos que
funcionarios de Migraciones de Ciudad del Este montaron todo un esquema para pedir coimas a los
extranjeros en la cabecera del Puente de la Amistad. El monto exigido es de 50 dólares, siempre
exigiendo el certificado de retorno.
El sacerdote scalabriniano Alcides Salinas, capellán de los migrantes, se quejó de la falta de una política
migratoria seria que facilite la legalización de los extranjeros. A consecuencia de este obstáculo
los trámites se prestan para la coima y es aprovechado por el funcionariado para robar al extranjero.
El nuevo titular de Migraciones, Carlos Liseras Osorio presentaba ante la prensa que más de mil
documentos entre carnets y formularios pertenecientes a extranjeros residentes en el país fueron
encontrados en una oficina contigua a la Secretaría General de la Dirección General de Migraciones. Este
informe fue presentado tras las intervenciones realizadas en las oficinas de Migraciones en Ciudad del
Este, Encarnación y Puerto Falcón.
A fines de octubre este funcionario denunciaba que es blanco de presiones políticas que buscan
reintegrar en sus cargos a cinco funcionarios que fueron trasladados a otras dependencias por no
tener la confianza de la Dirección.
A principios de noviembre el ministro del Interior Nelson Mora, informó que funcionarios de Migraciones
de la ciudad de Encarnación fueron cambiados, tras detectarse hechos de corrupción en esa repartición.
También informaba que el caso pasará a la justicia ordinaria para deslindar responsabilidades. La medida
alcanza especialmente a Marta Velozp y Zunilda Céspedes, ex directora y en ese entonces jefa de la
regional Encarnación. Las irregularidades detectadas fueron el cobro de dinero y el no ingreso a
la caja correspondiente. El informe señalaba igualmente que ya habían sido acumuladas más de 200
denuncias contra la responsable regional del ente, por la comisión de los supuestos hechos de estafa,
exacción y producción de documentos no auténticos.
Por otra parte, el gobierno de Fidel Castro no deja salir de Cuba a una paraguaya con su hija de seis
meses, porque su esposo es un disidente cubano, según se denunció desde La Habana y publicada en el
diario ABC Color. La afectada es Nidia Graciela Oviedo Ozuna. Esta solicitó sus documentos
internacionales para abandonar la isla con el objeto de reunirse en Paraguay con su esposo, el médico
Ramón Linares González. Tras la publicación de este hecho el gobierno de Cuba autorizó a la paraguaya
y su beba de seis meses salir de la isla caribeña, luego de tres meses de gestión y una fuerte presión de la
Cancillería nacional, se informaba días después.
181

Comité de Iglesias
Por la prensa se informaba que una misión técnica de Costa Rica visitó el Paraguay con el propósito de
invertir en azúcar orgánico. Sin embargo, al salir del país fueron maltratados y obligados a entonar el himno
de Costa Rica en un subsuelo del aeropuerto Silvio Pettirossi. Los afectados, Giselle Araya Cereño, Mayra
López Jiménez y Hugo Valdez, afirmaron que "nunca más" visitarán Paraguay, por el maltrato que
recibieron de parte de autoridades apostados en la terminal aérea. El inspector de Migraciones Christian
Bráez Arguello, afectado por la denuncia de los inversionistas costarricenses, dijo que efectivamente el
incidente ocurrió a partir de la duda que tenía en los pasaportes.
Migraciones tomó la drástica medida de separar de sus cargos a dos funcionarios que obraron en forma
negligente en este caso. La sanción afectó al inspector Christian Bráez y al encargado de la oficina de
Migraciones en el aeropuerto, Américo Penoni.
A fines de junio se informaba que en el Paraguay existen 30 refugiados de otros países, según datos
brindados por el consultor legal de las Naciones Unidas para Refugiados, Dr. Rodolfo Manuel Aseretto.
En la discriminación por nacionalidad se tiene que de los reconocidos como refugiados 13 son cubanos,
8 rusos, 6 vietnamitas, un alemán, un iraquí, una persona de Sierra Leona (África). En esa época estaban
en trámite de legalizar su calidad de refugiados 10 personas; 8 cubanos, un argentino y un venezolano.
Discriminando por sexo tanto los reconocidos como los que están en trámite, se tienen 23 del sexo masculino y
17 del sexo femenino.
Las Naciones Unidas solicitó al Paraguay en mayo pasado no devolver, extraditar o expulsar a los extranjeros
que quieren ingresar al país con fines de refugio. La solicitud fue realizada por el representante adjunto del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el Cono Sur, Agni
Castro Pita, a las autoridades fronterizas. En visita a Asunción Castro Pita y el consultor legal en Paraguay
del ACNUR, Dr. Rodolfo Manuel Aseretto, se reunieron con autoridades paraguayas de Migraciones,
Policía Nacional y de la Comisión Nacional de Refugiados para insistir más que nada en el buen trato a
los refugiados.
A fines de junio el Tribunal de Apelaciones declaró nula la sentencia judicial N° 0073/04 de fecha 2 de junio
dictada por el juez penal de garantías Juan Bogarín Fatecha, en la cual concede un amparo a estudiantes
argentinos contra la Dirección General de Migraciones. Encontraron defectos de forma en la resolución judicial,
por lo que todo el trámite deberá ser reiniciado ante el juzgado de primera instancia. El caso guarda relación
con el juicio "Ariel Sosa y otros contra la oficina regional de Migraciones s/amparo constitucional", promovida
por 12 estudiantes argentinos que asisten a una universidad local, bajo patrocinio de la abogada Primitiva Villalba
Ferrari, al que el juez Juan Bogarín Fatecha dio curso favorable.
182

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Según informe de la Dirección General de Migraciones hasta el 14 de octubre registró el ingreso de
1.685 solicitudes de admisión permanente y 460 solicitudes de admisión temporaria y sus prórrogas.
Se otorgaron un total de 2.407 admisiones permanentes y 429 admisiones temporarias y prórrogas.
SITUACIÓN DE PENITENCIARÍAS
A mediados de mayo la prensa publicaba datos sobre el número de reclusos en la principal cárcel del país,
Tacumbú. En ese penal había en ese tiempo 2.674 reclusos, de los cuales solo 513 tienen condena firme.
De los 2.674 reclusos, el 55 por ciento son reincidentes. De ese porcentaje, el 45 por ciento de los casos
corresponden a delitos contra el patrimonio. Agrega el informe que en Tacumbú hay 1.331 personas
recluidas por delitos contra el patrimonio (robo, asalto, abigeato, etc.), 493 detenidos por delitos contra
la integridad física (homicidio y lesión corporal), 183 presos por delitos contra la autonomía sexual y
169 recluidos por tráfico de drogas. Los demás internos soportan procesos por estafa, lesión de
confianza, producción de documentos no auténticos y extradición.
La cárcel de Tacumbú cuenta con cuatro pabellones de 400 celdas cada uno; son más de 2.600 los internos, un
promedio de 20 presos por celda. El penal cuenta con 90 guardias. Una fábrica de baldosa fue convertida en
dormitorio; una carpintería también fue convertida en una habitación, y una cancha de vóley también es
utilizada como dormitorio a cielo abierto.
No es una cuestión nueva afirmar que la cárcel de Tacumbú es un depósito humano donde los internos
viven como animales hacinados en una situación que multiplica el malestar o nerviosismo, elementos
propios para la generación de violencia. Esta prisión fue construida para albergar a 1.200 internos, pero a
principios de noviembre albergaba a 3.109 presos, en medio de un hacinamiento que es favorable para
transmisión de enfermedades y la generación de otros tipos de males como la violencia. El entonces
titular del centro penitenciario Julián Bemardet, comentaba que la solución del problema de
hacinamiento está en manos de los jueces, quienes son los verdaderos encargados de ordenar el lugar de
reclusión de los procesados. Señalaba que la mora judicial o la lentitud que se registran en los procesos
penales es otra de las causas del hacinamiento.
De un total de 486 presos entrevistados en Tacumbú por funcionarios del Ministerio de Justicia y
Trabajo, 127 reclusos están olvidados porque no tienen defensores públicos, ni conocen la situación de
sus respectivos procesos.
183

Comité de Iglesias
A fines de mayo se publicaba en medios escritos el detalle de la población penal del país por cárceles
regionales.
En total hasta la fecha mencionada se tenía un total de 5.365 personas recluidas en las cárceles del
país y la capacidad de las mismas es para albergar a 3.244 reclusos. Los presos que tienen condenas
son 1.275 del total de 5.365 personas.
A principios de febrero unos 60 convictos del penal de Tacumbú fueron trasladados a la cárcel de máxima
seguridad de Emboscada como parte de un plan que busca alternativas al problema del hacinamiento,
considerada una de las principales causas de los actos de violencia desatados dentro del presidio.
También un grupo de sicólogos inició trabajos sobre el perfil de presos de Tacumbú para iniciar la
clasificación, distribución y separación de los mismos, conforme a la situación jurídica de cada uno de
ellos.
A principios de año el ministro de Justicia y Trabajo Juan Darío Monges, anunciaba que los 500 reclusos
de la cárcel de Tacumbú que ya fueron condenados tienen la posibilidad de participar en cursos de
capacitación con el objetivo de que al insertarse de nuevo en la sociedad no vuelvan a delinquir.
Mencionaba que en el Brasil dio buenos resultados esa iniciativa y dijo estar interesado en aplicar en
nuestro país.
Tras un cateo realizado en la cárcel de Tacumbú los primeros días de febrero se decomisaron bebidas
alcohólicas, celulares y numerosas armas blancas. El ministro de Justicia anunciaba la apertura de un sumario
para investigar a los guardias de la prisión que son sospechados de permitir el ingreso de los objetos
decomisados. En el control realizado que fuera ordenado
184
Tacumbú: 2.680 reclusos y la capacidad es de 900, superpoblación, 1.78
Buen Pastor: 174 internas y la capacidad es de 200
Ciudad del Este: 547 internos y la capacidad es de 300, superpoblación, 247
Concepción: 238 internos y la capacidad es de 500
Encarnación: 469 internos y la capacidad es de 500
Cnel. Oviedo: 397 reclusos y la capacidad es de 200, superpoblación, 197
San Pedro: 94 internos y la capacidad es de 50, superpoblación, 44
Villarrica: 199 internos y la capacidad es de 150, superpoblación, 49
Misiones: 145 reclusos y la capacidad es de 100, superpoblación, 45
P.J. Caballero: 187 internos y la capacidad es de 80, superpoblación, 107
Juana M.Lara: 33 internos y la capacidad es de 64
Emboscada: 202 internos y la capacidad es de 200, superpoblación, 2

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
por la fiscala Mónica Fernández, se incautaron de los presos una botella de whisky, diez petacas de vidrio con caña
de marca, siete teléfonos celulares y una treintena de puñales de fabricación casera, punzones, espadines,
machetes, celulares y baterías para los teléfonos móviles.
También en el penal de máxima seguridad de Emboscada se realizó un cateo encontrándose 40 armas
blancas, entre puñales, cuchillos y punzones. Las autoridades explicaban que los últimos asesinatos
registrados en las penitenciarías y los robos de vehículos dirigidos desde los centros de detención
motivaron el procedimiento.
Lo cierto y lo concreto es que cada cierto tiempo se realizan este tipo de cáteos y los interventores se
encuentran con un arsenal de puñales, bebidas, celulares y otros objetos no permitidos a los reclusos
como ser las drogas. También se anuncian con bombos y platillos la realización de sumarios a quienes
son sospechados de dejar pasar los objetos, pero todo termina ahí. Cuando hay complicidad de
funcionarios del penal y sobre todo impunidad se seguirán requisando estos objetos y la violencia
interna que en varias ocasiones produjeron la muerte de internos seguirá siendo una lamentable práctica
en las cárceles del país.
Una estadística de víctimas que produjeron los incidentes en las cárceles revela que a fines de abril se
tenían 50 heridos, 9 fallecidos y 15 fugados. De los 50 heridos computados en prisiones del país, 36 se
produjeron en la cárcel de Tacumbú y de esa cantidad 25 solo en el mes de abril; de los 14 casos restantes
de heridas con arma blanca se registraron en los pabellones de la cárcel de "máxima seguridad" de
Emboscada; de los 9 casos de fallecimientos en las cárceles del territorio nacional en los primeros
cuatro meses del 2004, 7 fueron computados en Tacumbú y 2 en Emboscada; del total de fugas de
prisioneros este año, 3 se registraron en Tacumbú, 4 de la cárcel regional de Pedro Juan Caballero, 2 de
Encamación, 1 de Misiones, 1 de Concepción, 1 de Emboscada y 3 reclusas se escaparon del Buen Pastor.
Unos días después del cateo fue muerto baleado un convicto que intentó fugarse de la cárcel de
Tacumbú. La víctima fue Jorge Benegas Escurra, un joven preso sin condena. El intento de fuga se registró
en momentos en que se desarrollaba la visita rutinaria que los familiares y amigos realizan los días
martes. En el hecho resultaron heridos dos guardiacárceles. A raíz de este hecho las autoridades
penitenciarias reforzaron la seguridad en la cárcel de Tacumbú y también anunciaban la posibilidad de
aplicar un nuevo régimen de visitas a presos controlados por computadoras.
El 18 de mayo la prensa informaba que un convicto falleció y otros dos resultaron heridos en una trifulca
desatada en uno de los pabellones de la cárcel de "máxima seguridad" de Emboscada. Uno de los
involucrados es el conocido presidiario Joel Sixto Cabanas Cano
185

Comité de Iglesias
(34), uno de los miembros de la red que cobra rescate para devolver autos robados y que es dirigida desde
la prisión por el conocido autotraficante Hugo Insfrán Santacrúz. La víctima fatal fue individualizada
como Justiniano Monzón Benítez. Los heridos son: Cabanas Cano y Pablo Emanuel Samaniego Rojas.
Un convicto del penal de Tacumbú fue ultimado de 54 puñaladas por otros reclusos que lo sorprendieron
cuando se encontraba sentado en su celda del pabellón "D". La víctima fatal fue identificada como
Víctor Manuel Parini Mendieta (24), quien estaba imputado por homicidio doloso.
Otro interno asesinado en el penal de Tacumbú fue identificado como De los Santos Fetreira Benítez. El mismo fue
asesinado a puñaladas dentro de un sótano hasta donde los asesinos llegaron para hundir varias veces un puñal de
fabricación cacera en el abdomen de Ferreira Benítez.
A fines de agosto se informaba que dos convictos fueron asesinados a puñaladas y tres resultaron heridos
en sendos enfrentamientos registrados en el patio de recreo del penal de Emboscada, posiblemente como
consecuencia de una rivalidad mantenida entre pandillas de reclusos de ese centro penitenciario. Los
fallecidos fueron identificados como Miguel Ángel Silvero Ibarra (22), y Marcio Osmar Agüero Souza
(25).
Dos internas recluidas en el penal de Emboscada, sufrieron graves quemaduras al incendiarse una celda.
Las sospechas señalan que ambas provocaron el fuego. Una de ellas es Luz Marina Lezcano (22) y la
otra Norma Beatriz Ferreira (21).
A fines de octubre una interna de 15 años murió calcinada durante un incendio provocado en el interior de
la penitenciaría de mujeres "Casa del Buen Pastor". El siniestro formó parte de un frustrado plan de fuga
de otras tres reclusas. La fallecida fue identificada como Marian Noelia Ledesma, de Loma Pytá de
Asunción. Las responsables del penal señalaron que el incendio fue provocado intencionalmente por tres
de las internas del pabellón "Virgen de Fátima" que planeaban una fuga para la noche.
Una sorpresiva visita de miembros de la comisión de Derechos Humanos de Diputados encabezada por
la diputada Olga Ferreira de López y la ministra de la Mujer, María José Árgana, encontraron a seis
mujeres en insalubres celdas de prisión de Emboscada. Las mismas fueron acusadas de mala conducta en
la cárcel del Buen Pastor por lo que fueron trasladadas al penal de "máxima seguridad". Tanto la diputada
como la ministra de la mujer recibieron denuncias sobre presuntos maltratos, promiscuidad y prostitución.
Una de ellas, Marta Cañiza relató su caso en estos términos: "A mi me golpearon y después me
guantearon acá". Explicó que el "guanteo" consiste en la introducción violenta de
186

Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
varios dedos de una mano dentro del genital femenino. Otra reclusa, Claudia Aparecida Martínez, se
quejaba que hace meses estaba en la celda insalubre porque protestó por la "comida podrida" que
recibía. "Nadie me hace caso", decía en alusión a la embajada del Brasil en el Paraguay, país del cual es
originaria.
El alojamiento de mujeres en la prisión de varones de alta seguridad de Emboscada exige un
replanteamiento de la política penitenciaría, afirmaba la titular de la Secretaría de la Mujer, María José
Árgana Mateu.
En un nuevo hecho de fuga de la cárcel de Tacumbú perdió la vida uno de ellos. Se trata de Antonio
Asdrúbal Alvarez Samudio (37), quien sufrió severas fracturas tras arrojarse desde la altura del muro.
Los evadidos fueron identificados como Ever Daniel Villamayor Yegros (22) e Ignacio López Sosa (30).
En Encarnación, utilizando de rehén a un guardia, diez reclusos de la penitenciaría regional de Itapúa se
fugaron dejando un herido. Los fugados son: Claudio Soto, Juan Ramón Alarcón (alias "Profe"),
Orlando Benítez, Rogert Ayala Domínguez, Eduardo Javier Clerteaur, Leonor Casco Portal, Pablo
Gómez, Nelson Santacrúz, César Benítez y un ciudadano de nacionalidad uruguaya identificado como
Elvis "Karape".
El denominado Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Paraguay denunció ante la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados la caótica situación en que se encuentran las cárceles del
país y pidió la intermediación del organismo para buscar soluciones al problema.
A punta de revólveres, cinco convictos de la prisión de Coronel Oviedo, cuatro de ellos implicados en
el asalto a los móviles del Banco Nacional de Fomento, tomaron como rehén a un guardiacárcel y
luego se fugaron. Las investigaciones posteriores de rigor apuntaban a una eventual complicidad de
los guardiacárceles en el escape. Los fugados son: Alfredo Piris, Francisco Teodoro Cano (ex suboficial
de la Fope, unidad de élite de la Policía), Edgar Penayo Ríos y Roberto Carlos Panlagua. Los mismos
soportan proceso penal por su presunta participación en el robo de los 3.250 millones de guaraníes a
los móviles del BNF. El quinto en escaparse fue identificado como Severiano Ortiz López, procesado
por robo agravado.
Una auditoría del Ministerio de Justicia y Trabajo ordenado por el propio ministro reveló que 46 mil
millones de guaraníes de un total de 90 mil millones destinados a la construcción de cárceles fueron
desviados para otros fines, según se informaba el 2 de febrero. El multimillonario monto corresponde
al porcentaje de tasas judiciales que recibió la secretaría
187

Comité de Iglesias
de Estado entre febrero de 1996 y noviembre del 2003, lo que equivale a un promedio mensual de G.
951.430.536, según documentos que obran en la Corte Suprema de Justicia. En ese lapso estuvieron como
ministros de Justicia y Trabajo Sebastián González Insfrán, Juan Manuel Morales, Ángel Campos, Silvio
Ferreira y José Burro.
El ministro Monges prometió hacer el seguimiento del proceso de recuperación del millonario monto
que debió ser destinado a la construcción y mejoramiento de las cárceles del país. El principal sospechoso
del robo es el ex ministro y ex diputado Silvio Ferreira, quien hace más de un año se encuentra prófugo.
A mediados de noviembre el ministro de Justicia y Trabajo Juan Darío Monges solicitó la intervención de la
Contraloría para que audite su gestión ante publicaciones sobre posible sobrefacturación en la compra de
carne para reclusos. El ministro decidió separar del cargo al director de administración y finanzas,
Arcadio Cabrera Cabral. Se trata de uno de los que tuvieron a su cargo la licitación de alimentos para la
penitenciaría nacional de Tacumbú junto a Pablo Vargas, director financiero y Hugo Alvarenga, director de
la unidad de contrataciones públicas, y operador político del ministro en el distrito de Sapucai, su pueblo
natal, y Guido Burgos, auditor interno y sobrino del secretario de Estado.
El juez de ejecución de feria, Antonio Insfrán, visitó el penal de Tacumbú y constató que en esa
penitenciaría sigue una vieja práctica de tener un lugar cómodo para algunos y exhortó al director de la
cárcel Julián Bernadeth a que otorgue un trato igualitario a todos los presos. El magistrado observó que uno
de los pabellones ubicados en planta alta contaba con ciertas comodidades como acondicionar de aire.
Los ocupantes, la mayoría comerciantes, dijeron al juez que no pagan nada por ocupar ese lugar. Sin
embargo, es "vox populi" en el penal que se paga una determinada suma de dinero para ocupar un
cómodo lugar de reclusión.
El mismo magistrado visitó también la cárcel de alta seguridad de Emboscada, donde constató que
los internos se encuentran en una situación de aislamiento por la desorganización existente en las
direcciones de las cárceles, que someten a castigos a los presidiarios y no le hacen un seguimiento. En ese
reclusorio a principios de año se tenía una población de 136 adultos, 50 menores y 22 mujeres, separados
por pabellones. El periplo realizado por el juez Insfrán a principios de año incluyó también el Centro
Educativo Integral que es la cárcel de menores ubicada en Itauguá. En ese lugar había 90 internos que ya
alcanzaron la mayoría de edad, es decir los 18 años, incluso otros ya cumplieron los 20 años.
Tras concluir su recorrido por las cárceles del área metropolitana el juez Antonio Insfrán, señalaba la
necesidad de clasificar a los presos por su situación procesal, profesión y oficios para mejorar las
condiciones de vida en las cárceles. Además de la crítica situación
188

Situación de les Derechos Humanos en el Paraguay 2004
de los reclusos también observó la necesidad de que los funcionarios penitenciarios sean capacitados para
así lograr un adecuado tratamiento a los internos. Uno de los lugares visitados durante la feria judicial
fue la Agrupación Especializada, donde en ese momento contaba con 105 internos entre policías y civiles.
Señalaba que esa dependencia policial no puede funcionar como penitenciaría y en el futuro se tiene que
eliminar como tal.
Cinco internas de la cárcel de mujeres estuvieron a punto de incendiar un sector del penal y dejaron sin
electricidad tres pabellones durante un amotinamiento en el que tomaron por más de una hora el control de la
cárcel del Buen Pastor. Esto ocurría a principios de febrero. Fueron identificadas como cabecillas del atraco
Luis Marina Lezcano, alias "Kili" y Sonia Ferreira, conocida como "Romy". Las reclusas querían la
destitución de la directora de entonces Manan de Martínez o conseguir el traslado a la cárcel de máxima
seguridad de Emboscada, "donde pueden convivir con los hombres", según declararon en medio de la trifulca.
A finales de junio se fugó de la cárcel de mujeres del Buen Pastor Carmen María Villalba, procesada en el
caso del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. La acusación contra la misma es que se
desempeñó como la mujer encargada de suministrar alimentos y medicina a la de Debernardi durante su
secuestro. A raíz de este hecho el juez Pedro Darío Portillo procesó a la Lie. María Elena Cáceres de
Scappini, quien ejercía la dirección del citado penal cuando se produjo la fuga. Unas semanas después
Carmen Villalba fue recapturada junto a su marido Alcides Oviedo Brítez, quien sería el "cerebro" y
jefe operativo de la banda de captores.
La prensa local informaba a fines de julio que unos 17 ciudadanos de nacionalidad paraguaya que
están detenidos en una prisión de Chile, acusados de tráfico de estupefacientes, solicitaron ayuda
al gobierno paraguayo debido a que atraviesan distintas irregularidades y soportan tratos inhumanos. Los
mismos se encuentran recluidos en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur de Chile. "Muchos
de nosotros hemos sido objeto de vejaciones, malos tratos y una clara situación de discriminación por
parte de las autoridades chilenas, debido a que la mayoría de nosotros nos encontramos a punto de
cumplir nuestras condenas y, habiendo mantenido una buena conducta, no se nos ha otorgado", dice
el encabezamiento del escrito dirigido a las autoridades nacionales.
Cuatro reclusos de la cárcel regional de San Pedro del Ycuamandyyu, sindicados como cabecillas de un
intento de fuga masiva y que fue abortado por los guardiacárceles, iniciaron una huelga de hambre. Dos de
ellos se cosieron la boca en protesta por las medidas tomadas por las autoridades penitenciarias tras el
frustrado escape. Los cuatro se encuentran aislados y engrillados en una celda de mayor seguridad,
informa la prensa. Los mismos fueron identificados como Babi González, Christian Escobar, Eusebio
Maldonado e Isidro Palacios.
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Comité de Iglesias
Otro caso publicado por la prensa en esa zona del país señala que Miguel Ángel González Romero, de 18
años de edad, que ya registra tres entradas a la cárcel, se encuentra abandonado hasta por sus padres. El joven
reconoce que la cárcel antes que un reformatorio es una "escuela para la delincuencia", donde se aprenden
todos los vicios. El informe periodístico señala que la población penal de la cárcel de San Pedro está
compuesta en su mayoría por jóvenes. El ocio y la falta de mayor celeridad en los procesos hace que la
mayoría esté lejos de recuperarse y que una vez en libertad fácilmente reincidan y regresen a prisión.
A principios de febrero se informaba que por reclamar su derecho, Norma Portillo, fue despedida de la
penitenciaría regional de San Pedro y no se le permitió la entrada a la institución. Ella prestaba servicios desde
hacía más de un año como celadora. La misma fue responsabilizada por el director penitenciario de haber
ventilado algunas irregularidades que se registran en el penal, sobre todo en lo que se refiere a la contratación
del personal de seguridad.
Desde Pedro Juan Caballero, departamento del Amambay, se informaba que la futura sede de la cárcel
regional de esa ciudad está en total estado de abandono, solo los yuyales crecen en el lugar e irónicamente,
decía la crónica, es frecuentado por delincuentes que utilizan la construcción como un aguantadero.
Mientras la cárcel de esa ciudad, conocida como "el gallinero", que está preparada para albergar a 70
internos, en la actualidad cuenta con 181 convictos. El reclusorio, debido a la superpoblación y escasos
recursos económicos, se convierte en una bomba de tiempo.
El 8 de enero se publicaba por la prensa que un interno de la cárcel de Tacumbú en huelga de hambre hacia
más de tres meses y que se cosió la boca con alambre y se clavó las manos en reclamo de revisión de
su caso se encontraba con un cuadro delicado de salud. Se trata de Víctor Daniel González, de 24 años,
quien fue detenido por robo en San Lorenzo en febrero del 2002 y remitido a Tacumbú el 28 de marzo de
ese año. El reclamo del convicto es que no le concedieron la libertad después de que ya purgó su condena.
Unos 60 reclusos del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Encarnación se amotinaron y
exigieron el cambio del director del penal, Primo Román, a quien acusaron de malos tratos y de
mantenerlos mal alimentados. Esto ocurría a principios de abril. La inmediata respuesta policial desbarató
la protesta y 16 reclusos resultaron con contusiones durante un choque con los uniformados. Días después y
en represalia por haber denunciado malos tratos e irregularidades en la penitenciaría regional de
Encarnación, cuatro reclusos fueron trasladados al penal de máxima seguridad de Emboscada. Una
reclusa confirmó ante representantes de los derechos humanos y el juez de sentencia Guillermo Skanata,
haber sido víctima de acoso y abuso sexual por parte del director del penal, Primo Román. El acusado negó
enfáticamente la acusación y sostuvo que obedece a un plan urdido por reclusos y guardias quienes buscan
alejarlo del cargo, molestos por haber cortado el negocio de la venta de alcohol y drogas en el penal.
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CONCLUSIÓN
Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Este año que concluye encuentra al Paraguay sumido en una profunda corrupción, cada vez más
alarmante inseguridad, en una creciente pobreza y miseria que sigue azotando a gran parte de la
población y a un gobierno que es incapaz de encontrar fórmulas que ayuden a emerger a una
superficie con crecimiento económico, generación de empleo, mayor seguridad y equidad social.
A un año y medio de gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos este no logra dar un salto cualitativo
de las palabras a las acciones, no logra dar con la palanca del poder para producir las anunciadas
transformaciones para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. El aumento de la violencia y la
criminalidad dejan en situación de vulnerabilidad, inseguridad y sin defensa a la ciudadanía. Es
urgente que los poderes públicos diseñen e implementen un proyecto serio de país para dar respuesta a los
graves problemas y conflictos sociales relacionados con la tenencia y uso de la tierra y con la pobreza en
general en nuestro país. El gobierno no es capaz de atacar a las causas de fondo de los problemas que
desembocan en mayor criminalidad y violencia cada vez más creciente.
La corrupción sigue siendo uno de los problemas centrales de la gobernabilidad. Los organismos
oficiales encargados de combatir la corrupción no lo hacen y parecería que esa responsabilidad fue
transferida a los medios periodísticos. Este flagelo constituye uno de los más contundentes elementos que
cotidianamente hacen a la violación de los derechos humanos. En ese sentido la labor de la prensa es
sumamente destacable.
Sin embargo sectores del poder político y económico si bien todavía recurren a las amenazas a la vida y la
integridad del periodista y familiares y a veces hasta atentados, también recurren y cada vez con
mayor frecuencia, a acciones judiciales para tratar de trabar la acción investigadora y de denuncia de la
prensa en el Paraguay.
La justicia sigue siendo blanco de críticas de diferentes sectores de la sociedad debido a que ese derecho
no llega a la ciudadanía. Pese a los sustanciales cambios producidos en la cúpula judicial la Corte Suprema
de Justicia, que renovó a 6 de sus 9 miembros, sigue con los mismos vicios de antes. La deshonestidad de
jueces y fiscales y la desconfianza sobre el accionar de los mismos constituyen factores determinantes para
que la ciudadanía piense que en realidad no se dieron los cambios esperados.
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Comité de Iglesias
La desatención a los problemas rurales sigue siendo el foco principal de graves conflictos sociales. El
gobierno, en ese sentido, carece de un plan claro y creíble para atender esta situación que se arrastra
desde hace décadas. Este conflicto arrojó víctimas fatales del sector campesino como casi cada año.
Es alarmante el deterioro de la calidad de vida de la gente debido a la corrupción y al desprecio que
impera sobre el medio ambiente y los recursos naturales que cuenta este país.
La pobreza constituye un activo elemento que atenta contra el derecho de las personas. Miles de
paraguayos se ven privado de sus derechos a una vida digna con alimento, educación, salud, tierra,
vivienda y seguridad por la desidia e incapacidad de las autoridades administrativas del país.
En síntesis, se percibe un alarmante empeoramiento de los derechos humanos debido a que miles de
personas se ven diariamente violentados en sus derechos y garantías desde diversos organismos del
Estado. Siguen las torturas y tratos crueles y degradantes de parte de organismos de seguridad del
Estado.
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