Bajar libro - CIPAE

Comité de Iglesias
cantidades de dinero a distintos medios de comunicación en concepto de publicidad para la entidad, hecho
que la Ley 1297/98 prohibe a las empresas estatales sin competidores. A mediados de mayo un grupo de
diputados y sindicalistas de Yacyretá denunció a la Fiscalía que el embalse (lago) de la presa habría sido
operado en forma ilegal en un lapso de 10 años, produciendo un fraude financiero para la entidad y miles de
familias paraguayas damnificadas, que se estima en 740 millones de dólares. Según normas bilaterales
vigentes, el embalse de la hidroeléctrica binacional, ubicada sobre el río Paraná en el eje Encarnación
(Paraguay) - Posadas (Argentina), no debe ser mayor a 76 metros sobre el nivel del mar hasta que se
completen obras sociales y medioambientales para proteger áreas afectadas por las inundaciones
causadas por el proyecto. La citada altura, o cota, se alcanzó en 1994, mientras que las reglas de juego
se fijaron en 1992, sobre la base del canje de instrumentos diplomáticos (notas reversales) entre el
Paraguay y la Argentina, dueños condóminos de la presa.
MÁS CASOS DE CORRUPCIÓN
A mediados de julio el juez Martín Ortega y el fiscal César Cáceres constataron que las mercaderías del
megacontrabando entregadas a un particular en carácter de depositario desaparecieron. El magistrado y
el agente del Ministerio Público se constituyeron en el lugar donde debían estar los productos
decomisados en abril del 2001 y que corresponde a un cargamento de cinco semirremolques que
transportaron millones de CDs, partes de computadoras y ropas usadas. El depositario de las mercaderías
incautadas era Estanislao Franco de Oliveira. El cargamento junto con los camiones fue incautado el 6 de
abril de 2001. Estos camiones son parte de los 12 vehículos repletos de mercaderías que ingresaron al país de
contrabando por las zonas de Itapúa y Pilar. El monto de los cargamentos desaparecidos sería de unos
6 millones de dólares. Pero no solamente desaparecieron las mercaderías y los camiones, sino que
también el expediente del megacontrabando desapareció de la oficina de Aduanas. Los cargamentos
debieron ser rematados por el Estado, pero con la desaparición de las mercaderías y del propio
expediente no se pudo realizar, lo cual privó al Estado la posibilidad de ingreso de importante suma de
dinero. A mediados de julio el fiscal Francisco Vergara ordenó la detención de Gerardo Colmán, ex
director administrativo del Ministerio Público, y José Galeano Yegros, ex encargado del depósito de la
fiscalía en el barrio San Pablo, por el robo de las mercaderías del megacontrabando. Se informaba
por la prensa sobre este caso que el fiscal general del Estado Osear Germán Latorre demostró total
desinterés para esclarecer el robo de tres camionadas de mercaderías del megacontrabando del depósito
del Ministerio Público de la capital. La publicación daba cuenta que el padre del fiscal, el abogado Diógenes
Latorre, abogó por la liberación de mercaderías del megacontrabando.
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