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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Otra persona secuestrada que aún no fue rescatada, es el estudiante de abogacía correntino, Cristian
Schaerer, quien fue secuestrado el 21 de setiembre del año pasado. Sus padres también pagaron el
rescate pero el joven de 22 años no aparece.
Horacio Martín Lañe de Aguirre, de 17 años fue muerto en un asalto a su vivienda por un malviviente que
una vez consumado el robo advirtió a la familia asaltada, que se encontraban tendidas en el piso de la
vivienda, que nadie levante la mirada, instantes en que Horacio Martín levantó la cabeza para observar
al asaltante y este le disparó un balazo en la cabeza. Al día siguiente falleció el joven.
Este hecho más el secuestro de Aníbal Amin Riquelme conmocionó nuevamente a la ciudadanía que salió a las
calles a manifestarse reclamando, una vez más, seguridad a las autoridades y la destitución del fiscal general
del Estado, Osear Germán Latorre Cañete, sobre quien pesa sospechas de vinculaciones con la mafia.
Igualmente la Policía fue blanco de críticas.
Estos dos sucesos costaron el cargo al ministro del Interior Orlando Fiorotto, quien fue reemplazado por
el abogado Nelson Mora, quien se desempeñaba como procurador general de la República. En la
comandancia de la Policía Nacional Humberto Núñez fue destituido y en su reemplazo nombrado el
comisario Carlos Zelaya. La movida general en la Policía ubicó al cuestionado policía Roberto González
Cuquejo como titular de la dirección general de orden y seguridad. Días después fue relevado de ese cargo
ante una ola de protestas y críticas de diversos sectores de la sociedad. A González Cuquejo se lo
vincula con el secuestro y tortura de Juan Arrom y Anuncio Martí, supuestos secuestradores de María
Edith Bordón de Debernardi.
Una de las primeras medidas adoptadas por el comandante de la Policía Nacional, comisario Zelaya fue que
ningún jefe policial formule declaraciones a la prensa, excepto el vocero Santiago Velazco. La insólita
medida contradice a otra firmada años atrás por el ex jefe de Policía, Mario Agustín Sapriza, que se refería
precisamente a la búsqueda de los mecanismos para transparentar la gestión policial a partir de la apertura a
los medios periodísticos.
Asociaciones y consejos de padres de 25 instituciones educativas organizados en la Asamblea
Ciudadana, reclamaron seguridad por estar cansados de la inseguridad e impunidad por los casos de
asaltos, violaciones, secuestros y homicidios. Exigen a las autoridades resguardo para los estudiantes.
Eso es custodia policial en forma inmediata y permanente de todas las instituciones educativas públicas y
privadas del país. Con ello los padres buscan garantizar la vida, integridad física y psíquica de los
estudiantes. A fines de octubre estas asociaciones presentaron al presidente de la República como
reclamo la inmediata intervención y depuración de la Policía Nacional por el Poder Ejecutivo con la
fiscalización de una comisión ciudadana. También pidieron que el 10 por ciento del presupuesto militar
sea destinado a un plan de seguridad ciudadana.
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