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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
el Paraguay tiene una alta corrupción política y figura entre el 17 por ciento de los países que realizan
pagos irregulares en campañas políticas, entre el 41 por ciento de los países que tienen una prevalencia de
donaciones políticas ilegales y entre el 69 por ciento de los países que tienen un alto impacto en su política
como consecuencia de las donaciones.
El Paraguay también aparece como el país que tiene a los aduaneros y policías más corruptos de
Sudamérica en una guía de viñas, bodegas y vinos, editada para esta parte del continente y distribuida a
grandes e importantes empresarios de la región. "Entrar al Paraguay en un auto puede ser, desde los
primeros kilómetros, una experiencia disgustante: los aduaneros y policías más sinvergüenzas de Sudamérica
acosan al forastero demandando papeles y visas inexistentes y desconocidos en cualquier otro país
vecino, con el único propósito de hacerse de unos pocos miles de guaraníes para la cervecita". Esa
es la presentación que precede al relato de las experiencias vividas por un grupo de profesionales que
visitaron varias naciones del continente, entre ellos nuestro país, durante los primeros meses del año pasado.
El Paraguay se compromete ante Naciones Unidas a combatir la corrupción tanto en el sector público
como privado. El Poder Ejecutivo remitió al Congreso la convención de las Naciones Unidas firmada por
nuestro país el 9 de diciembre de 2003 en Mérida, México. El citado instrumento tiene por objetivo
promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de manera eficiente la corrupción en los
sectores público y privado. Obliga al Paraguay a facilitar y ayudar la cooperación internacional y la
asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, así como la recuperación de activos,
promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes
públicos. Este instrumento fue ratificado por el Congreso paraguayo.
Sin embargo, está visto que en la práctica, este tipo de instrumentos y leyes vigentes que apuntan al
combate a la corrupción tiene muy poco valor en nuestro país. Una muestra palpable fue la sanción de
un proyecto de ley sobre declaración pública de bienes y rentas de funcionarios en el que no se establecía
taxativamente la obligatoriedad del acceso público a los bienes. Esta propuesta, por desidia de
diputados del partido de gobierno, tuvo sanción automática. Como queriendo reparar el criticable gesto
de sus diputados el gobierno vetó la ley. Luego se presentaron otros proyectos en el que se garantizaba
el acceso público a los documentos de bienes y rentas de funcionarios. Actualmente sigue pendiente en
el Poder Legislativo este tema.
Hay otras muestras de esta incoherencia. Por ejemplo, la aprobación del proyecto de ley en el Senado que
tipifica y castiga los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Este es un nuevo
instrumento que salió "mutilado", ya que excluye de la normativa a los parlamentarios. Se aplica a toda
persona que cumpla una función pública o tenga
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