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Situación de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004
Por la prensa se informaba que el general retirado Galo Escobar posee unas 50 fincas que totalizan unas
2.100 hectáreas de tierra en Juan León Mallorquín, departamento del Alto Paraná. Son tierras del Estado
destinadas en la década del 60 a la reforma agraria. Una comisión vecinal de 150 familias, expulsadas
dos meses antes de la denuncia hecha en febrero, luego de denunciarse la posible existencia de tumbas
N.N. en su territorio, reclama recuperar las tierras "ilícitamente obtenidas".
En los años 70 y 80 como parte de una política de colonización de las regiones fronterizas, la dictadura
stronista transfirió, a través del IBR, una cantidad inmensa de tierras a poderosos del régimen y a
muchos empresarios brasileños. La distribución se hizo de la única manera en que operaba el régimen con
las tierras y con casi todas las cosas: negocios, prebendas, saqueos.
Por otra parte, las Fuerzas Armadas, con un total de 286.456 hectáreas de tierras en todo el país, es uno de
los feudos más voluminosos e improductivos. En total cuenta con 540 propiedades, de las cuales, tras
una acelerada tramitación, ha logrado legalizar 233. El gobierno, en su "interés" de disponer tierras para
campesinos, bien podría comenzar con un sector que tiene bien a mano, la estructura castrense.
En las tierras que el IBR quiere recuperar están instaladas estancias y grandes cultivos agrícolas, decía
el titular de la entidad, Ing. Erico Ibáñez. Los inmuebles que serían las tierras malhabidas quedaron
en manos de grandes productores por razones que se investigarán para determinar la situación de las
mismas e intentar recuperarlas.
El vicepresidente de la República Luis Castiglioni anunciaba en mayo pasado que investigarán la
tenencia ilegal de las tierras en los departamentos de San Pedro y Caaguazú. Decía que nadie sabe la
situación real de muchos asentamientos y colonias creadas por otros gobiernos. Con esa tarea nos
encontraremos con grandes sorpresas, decía.
El senador del Partido País Solidario, José Nicolás Morinigo, presentó un proyecto de ley "que sanciona
al vendedor y comprador de derecheras". A propósito del conflicto campesino, se mencionaba que
la venta de derecheras constituye uno de los factores que agrava la crisis en el campo. Se da que el
campesino beneficiado con un inmueble de parte del IBR para su explotación agrícola, se instala en el
lugar y luego de acabar con la reserva forestal vende su "derecho" sobre las tierras y nuevamente se une
a otros grupos a reclamar tierras al Estado. La propuesta de Morinigo castiga con pena privativa de
libertad hasta cinco años al que induzca o favorezca la compraventa de lotes agrícolas o fracciones
fiscales y con cinco años de pensa privativa de libertad la participación del funcionario público en los
delitos tipificados.
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